Mientras la ruta migratoria del Atlántico se sigue cobrando vidas, esta vez en el puerto, a escasos metros de la tierra, una de las ideas más escuchadas ha sido: “la desesperación y el pánico llevan a la gente a ahogarse”.

Esta afirmación busca una explicación simplista que pone, como en tantos otros naufragios, la culpa y la responsabilidad sobre las propias víctimas. La realidad es que asistimos de nuevo a muertes evitables. 

Pero ¿por qué no se habla de abrir investigaciones garantistas que puedan prevenir futuros naufragios? ¿Por qué no hay una respuesta institucional a tragedias que se repiten con patrones cada vez más evidentes?. ¿Qué pasó en el cayuco con 152 personas, entre ellas 45 mujeres y 29 niñas, niños y adolescentes? ¿Hicieron movimientos desesperados o eran fruto de indicaciones que estaban recibiendo? Las respuestas claras y veraces a lo que sucedió son la clave para que esto no se repita nunca más.

Por eso es importante hablar de muertes evitables y poner en el centro la prevención, y esto se consigue a través de investigaciones que  conduzcan a verificar si los protocolos cumplen todos los estándares para proteger la vida en esas condiciones de especial vulnerabilidad. Esta es la tercera vez que sucede un naufragio con estas características en El Hierro, y no tenemos que olvidar que en la primera tragedia, que se cobró la vida de 63 personas, la versión dada por las autoridades difería de la que ofrecieron los supervivientes. Una se pregunta si escucharles tal vez podría haber evitado estas muertes recientes.

Las siete fallecidas eran mujeres y niñas, y eso parece sorprender mucho a los medios y a las autoridades, que se atreven a hacer declaraciones puramente especulativas sobre su presencia en el cayuco y las causas de sus muertes. Claro que están las mujeres en las rutas migratorias y no solo cuando fallecen. Están presentes también cuando se las instrumentaliza, como en esta ocasión, porque invisibilizarlas o victimizarlas sin protegerlas forma parte de los discursos del odio y la deshumanización de las personas migrantes.

Y están las niñas, símbolo de esa infancia que no solo es víctima de las tragedias en el mar, sino que se ahoga en el mercadeo político del Gobierno y las comunidades autónomas. Abandonada, criminalizada y estigmatizada, como chivo expiatorio para seguir engrosando el racismo.

Queda aún un largo camino para las personas supervivientes y las familias de las fallecidas, en el que desearíamos que la administración pública estuviera realmente a la altura. Para ello, es fundamental que se proporcione un acompañamiento psicológico integral que ayude a aliviar el trauma. Igualmente, es necesario brindar las condiciones necesarias de información y apoyo a las familias, para permitir un proceso de duelo que, algún día, haga posible la sanación. Y es también imprescindible hacer posible un enterramiento digno, en el que se respete el derecho a la identidad de las personas fallecidas, los deseos de sus familiares y las creencias en las que vivieron.

Ayer volví  a mirar una fotografía tomada en el cementerio de la ciudad de La Frontera (tragué saliva al pensar en la cruel ironía del nombre). En ella aparece el  familiar de una de las víctimas del naufragio en las costas de El Hierro. Era el hermano de uno de los fallecidos. Tardó algunos días en poder viajar hasta allí: necesitaba arreglar permisos laborales, conseguir la información, organizar su vida… Cuando por fin llegó, su hermano ya había sido enterrado, no le habían esperado.

En la imagen, aparece solo, frente al nicho, acompañado por otro familiar. Ambos rezan. Después de esa visita, pidieron acercarse al lugar donde ocurrió la tragedia porque querían saber más, porque necesitaban saberlo todo. Como cualquier familia, buscaban poder dar sentido, construir un relato frente a tanto dolor.

Hoy siguen esperando los resultados de una prueba de ADN que ya lleva meses de retraso. Lo que no esperan, porque han aprendido a no hacerlo, es una respuesta institucional sobre lo que ocurrió aquel día.

Mientras, toca seguir recordando a todas las víctimas de las fronteras, cuya memoria vive en el corazón de sus seres queridos. Porque es de justicia no olvidar que muchas de las muertes son resultado de la ignominia de que no se activaran protocolos adecuados de búsqueda y rescate, una práctica que generaliza en la Europa fortaleza la omisión del deber de socorro y la desprotección de la vida.

La visita de Pedro Sánchez a Gambia, Senegal y Mauritania se cierra con ideas rancias bien conocidas porque ya se han implementado en el devenir de la migración desde el Norte de África. Nada nuevo en la ruta migratoria Atlántica después de treinta años, solo el sostenimiento de la perenne alianza de explotación, sufrimiento y muerte.

España lleva décadas hablando y ejecutando políticas de militarización en países fronterizos. Y como parte de estas, sorprendiendo de vez en cuando con deportaciones masivas usadas como golpe de efecto y que por cierto, son un gran negocio para las empresas que invierten en el control del movimiento. En 2006 Bakary e Ismail, el primero en silla de ruedas y el segundo un adolescente, se encontraron tirados en el desierto tras ser enviados desde Canarias a Mauritania junto a otros cientos, y así en un suma y sigue desde entonces.

Los impactos de estas medidas sobre las personas se camuflan como efectos colaterales de las luchas contra las mafias. Redes criminales que siguen creciendo porque los Estados han fracasado en su labor y simplemente las retroalimentan haciéndolas cada vez más fuertes. 

Al compás del terror, el viaje de Sánchez nos ha mostrado las “bondades” de las políticas de la compasión con discursos sobre rutas seguras, presentando a la migración circular como el culmen de las mismas. La circularidad no es la salvación de nadie, sino la representación de un sistema donde el reconocimiento de derechos y la seguridad está en las manos del explotador. Tal vez se debería preguntar a muchas jornaleras marroquíes cuyas vidas no han estado exentas de todo tipo de violencias durante su migración regular a los campos de fresas.

Da la sensación que cuando desde el norte global se difunden medidas no hay cuestionamiento, ni evaluación, como si fuesen verdades absolutas. Dogmas cuyo objetivo último es perpetuar un sistema para quienes se enriquecen con el sufrimiento, la explotación y la deshumanización de otras poblaciones. En El Ejido, durante la razzia del año 2000 contra las personas migrantes, se decía que éstas debían estar entre los invernaderos como los aperos de labranza, pero no visibles en las calles.

No se cuestionan los discursos ni las medidas porque nadie se escandaliza por las violaciones de derechos humanos que el control del movimiento de determinadas poblaciones está provocando, como si en estos treinta años y de forma callada un virus de inhumanidad se hubiese extendido de forma terrible. 

Estas supuestas verdades difundidas en acuerdos bilaterales no dejan espacio para desarrollar planteamientos que se abren camino desde el sur global, como la necesaria lucha contra el expolio y el extractivismo. Porque las poblaciones del Sahel y el África occidental están pidiendo controlar sus recursos naturales, y plantando cara a las herramientas de control neocolonial que aún persisten. Desde el sur se preguntan también ¿quién tiene la responsabilidad del cambio climático que cada año expulsa a más personas de sus hogares? Hace unos meses defensores del territorio me mostraban la foto de una mujer que yacía con un tiro en la cabeza al lado del río, ejecutada por grupos paramilitares vinculados a empresas extractivistas. Y es que las personas en África no tienen derecho a migrar pero tampoco a no migrar.

Sánchez no solo ha recuperado las medidas de siempre, sino que ha obviado a las miles de víctimas que han provocado esas propuestas políticas y evidentemente no ha tenido tiempo de hablar con representantes de familiares de las muertas y desaparecidas. Tal vez a Moncloa deberían llegar los listados de miles de personas que se fueron y nunca volvieron elaborados por alcaldes de barrios, comunas y aldeas en Mauritania, Senegal y Gambia.

¡Cuéntanos más cosas de su vida para poder humanizarles! !Manda fotos para humanizarles, porque si no, ya sabes! son frases que se repiten tras cada masacre.

¿Si no qué?, me pregunto, en otro día más en el que la frontera española acumula cadáveres.

¿De verdad hay que contar que un bebé es amado por su madre o que una pareja se conoció en el camino migratorio e hicieron el viaje juntos con esperanzas de futuro? ¿Hay que dar detalles sobre la vida privada para que la sociedad entienda que estar en una patera, permítanme la expresión, de mierda, es un riesgo para la vida y que cuando hay personas en peligro en aguas de rescate españolas los medios públicos tienen la obligación ir a protegerles? ¿De verdad hay que “humanizarles ” para que entiendan las instituciones y la sociedad que tienen derecho a vivir?. 

¿Cómo hemos llegado hasta ese punto? Llevamos muchas décadas aplicando en la frontera la política de deshumanización de la otredad, tal vez eso da potestad para entender como un bonito gesto reconocerles a la población en movimiento migajas de humanidad.  

No ha habido que hacer muchos esfuerzos para humanizar a cinco millonarios en un submarino turístico y entender que había que salvarles la vida. No ha habido que humanizar a cinco ricachones que por gusto hicieron ese viaje para poner medios ingentes en su búsqueda. Me viene a la memoria cómo una jueza de Ceuta decía, refiriéndose a la masacre de Tarajal, que no había que rescatar a los que se estaban ahogando frente a la playa, porque ellos mismos se habían puesto en riesgo.

Diecisiete horas tardó en ejecutarse otra masacre en aguas españolas, el día 21 de junio, durante todo ese tiempo, en una larga agonía, suplicaron por sus vidas tanto ellos como sus familiares. 

Por eso me pregunto si se cuestiona la humanidad en los políticos que han decidido establecer la omisión del deber de socorro como una práctica en la frontera. O la tienen quienes decidieron, tras haberles localizado con un avión doce horas antes de sus muertes, que la embarcación no tenía problemas y se dieron la vuelta sin rescatarles. Porque la situación de más de 60 personas encima de una goma neumática, la mayoría de ellos con los pies en el agua, hacinados, sin comida ni bebida en medio del Altántico, no fue considerada por una institución española de rescate como una emergencia de seguridad náutica. Así que mucho me temo que la decisión de no salvarles la vida tuvo más que ver con el color de la piel y la procedencia, que con la aplicación de los convenios de protección de la vida en el mar. Que esto va, como siempre en la frontera, de racismo institucional.

Volviendo a la humanidad, hablemos de la pasada noche, entre las llamadas que recibimos en el teléfono de alertas de nuestra organización Ca-minando fronteras, estaba la de un niño de 11 años. Preguntaba por su madre y su hermano mayor, lo hacía insistentemente. Poco a poco en cada comunicación nos fue explicando que él no había podido montar en la embarcación y que ahora estaba solo. Pasamos la noche charlando, es un crío muy educado y valiente, estaba solo y tenía un miedo terrible a perder a su familia. Nos decía, ¿pero van a ir a rescatarles verdad? Al día siguiente por la mañana se logró que alguien viniese a acompañarle, y siguió llamando cuando conoció el naufragio, su pregunta ahora es ¿están vivos?

Fíjense que en estos momentos a mí me cuesta humanizar a aquellos que le han hecho esto a su madre, porque imagino que para cualquier niño esas personas se convierten en monstruos que arrebatan vidas.

Así que les pido que se centren en el respeto a los derechos humanos, a las convenciones internacionales, en sus obligaciones democráticas y déjense de palabras vanas porque la humanidad viene puesta de nacimiento.

Tenemos que recordar que esto no es algo aislado, forma parte de un régimen establecido que pauta este tipo de “protocolos” para provocar muertes. Lo vimos en la masacre griega que costó la vida a más de 600 personas, entre ellas un centenar de niños y niñas.

¿Y ahora qué? Tras humanizarles un ratito para lavar conciencias, ¿qué es lo que sucede?. 

Pues a las familias les toca enterrar los pocos cadáveres recuperados o enfrentarse a un duelo eterno sin cuerpo. Asumir que las muertes de sus seres queridos quedarán impunes, borradas, sin justicia. Lo sabemos bien porque en dos días se cumple un año de la masacre de Melilla, y a pesar de haber visto las imágenes de la barbarie, los victimarios siguen provocando más muertes.

Ceuta y Douala están hermanadas por el dolor, la lucha y la resistencia.

Cada 6 de febrero 14 familias miran hacia la playa del Tarajal, rememoran la masacre de aquel día, y se unen para compartir el sufrimiento constante que desde hace ahora nueve años se ha instalado en sus vidas.

Este 2023 la conmemoración es en el barrio de Bonaberi, cerca del río Wouri. Faltarán algunos padres que se han ido muriendo durante este tiempo esperando respuestas, pero el testigo del sostenimiento de la memoria lo han heredado otros familiares: hijos, hermanas, sobrinos, tías, primos... Porque además del dolor, el deseo de justicia también se transmite de generación en generación. Es algo humano, lo hemos visto en otras masacres, algunas no tan lejanas en el espacio, como las asesinadas de la guerra civil española.

Así, con humanidad y memoria responden las familias a los ataques que como víctimas han recibido durante este tiempo desde los poderes político y judicial.

Por eso recordar es importante; para mí aquel día de 2014 se siente como si fuese hoy. En la retina están las imágenes de los cuerpos que quedaron en Marruecos postrados en las morgues, a los que se identificaron y enterraron en el cementerio de Tetuán. En la remembranza aparece Wafo, el padre de Armand, que llegó desde Camerún al hospital de Mdieq, y al ver el cuerpo de su hijo por primera vez señalaba una herida mortal en la cabeza mientras pedía llevárselo a su país para que descansara al lado de sus ancestras. Lo consiguió, fue el único de aquellos muchachos que volvió a su tierra y pudo ser enterrado con dignidad.

Los cuerpos que llegaron a Ceuta tuvieron menos suerte. Solo Nana Chimie Roger, que llevaba sus documentos, fue identificado; el resto sufrió la injusticia racista con la que las administraciones españolas reciben a las personas en frontera y las atraviesa, incluso cuando están muertas.

Porque en estos nueve años varios gobiernos y un puñado de jueces han contribuido a lanzar el mensaje de la deshumanización y la impunidad en la frontera. “Ni derecho a ser identificados después de haberlos matado”, clamaba un familiar.

Tarajal fue tan terrible que pensamos que sería un punto de inflexión, mostraba de una manera tan cruel las políticas de control de fronteras que muchas creímos que no se podría ir más lejos. Nos equivocamos, solo era el principio.

Si ante aquella masacre las administraciones de la “democracia” española pudieron sostener la impunidad, les ha sido fácil continuar construyendo un territorio fronterizo regado de muertes y desapariciones.

Y así ha sido, las víctimas de la Frontera Occidental Euroafricana han aumentado de forma terrible en estos años. El Observatorio del Colectivo Ca-minando Fronteras contabiliza 11.522 muertas y desaparecidas desde el 2018 en las rutas de acceso al Estado español, la mayoría de ellas en el mar. El Mediterráneo y el Atlántico son unas grandes fosas que se tragan más del 80% de los cadáveres, lo que contribuye a proteger la impunidad de los victimarios. Las rutas marítimas son tan peligrosas que solo tienen que dejarles morir. La omisión del deber de socorro es un arma letal que el año pasado acabó con 6 vidas al día.

Aunque los Estados ensayan mostrando la violencia en la frontera en un macabro ejercicio de pornografía del dolor dirigido a instalar la normalización de los ataques a las personas en movimiento. El pasado 24 de junio, Marruecos quería mostrar las imágenes de la masacre perpetrada en la frontera de Melilla y Nador. Nos escenificaron los gendarmes de este país lo que el ministro de Exteriores español pedía a la OTAN: que la migración fuese considerada como una “amenaza híbrida”, otro sueño húmedo de los constructores de la Europa fortaleza. El país alauita dejó claro que no había límites en esa guerra contra la población en movimiento y el Estado español y Europa asintieron sin pudor. A pesar de que estos meses el debate se ha centrado sobre si en ese 24 de junio hubo muertos en la línea divisoria de los dos países, lo cierto es que la responsabilidad de las muertes fue transnacional, como lo fueron de nuevo las acciones de omisión del deber de socorro.

Más de 100 personas fueron desaparecidas forzosas aquel día mientras estaban en manos de fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Las familias, la mayoría de ellas de Sudán, han lanzado búsquedas desesperadas que no han tenido ninguna respuesta hasta el momento.

Melilla y Darfour han quedado así también hermanadas por el dolor, la lucha y la resistencia.

Porque la memoria es la herramienta de combate de miles de familiares que buscan verdad, reparación, justicia y no repetición en las fronteras.

Porque en el río Wouri de Camerún se sienten hoy los gritos de dolor y resistencia que cortaron el silencio el 6 de febrero de 2014 en la playa de Tarajal.

La masacre de Melilla ha llevado la frontera a los medios, a las redes, a los debates políticos. Pasa de vez en cuando, que se hace más visible la violencia y las víctimas aparecen, como si fuese de repente o como si no pasara cada día que la frontera mata, violenta y destroza la vida. Me pregunto: ¿Para qué servirán estas imágenes que han circulado durante estos dos días? ¿Quién las grabó ahí, dentro, en el fragor de esa batalla? ¿Quién ha filtrado tantos vídeos y por qué? ¿Por qué querían que las viésemos?

¿Servirán esas imágenes para iniciar una investigación sobre los hechos y hacer justicia?

¿Se usarán para identificar a las víctimas, informar a las familias y enterrarlas con dignidad?

¿Y si solo sirven para hablar de mafias y sellar un pacto terrorífico de control migratorio? 

Cuando éramos chicas nos hacíamos hermanas de sangre pinchándonos con una aguja, nos parecía así que la amistad duraría para siempre. Pero claro, los gobiernos y sus intereses son otra cosa, y en los últimos tiempos los pactos fronterizos se rubrican con la sangre de los “otras, otros, otres”. Y en estos pensamientos me retuerzo cuando suena el teléfono. El prefijo es de Camerún, descuelgo y al otro lado me saluda una voz que reconozco inmediatamente. Es Bikai, el papá de Luc, una de las víctimas de Tarajal. “¿Cómo estás Helena?, ¿todo bien?, ¿la familia? Lo vi ayer en las noticias”. Se queda un momento en silencio. Sé que se refiere a la tragedia de Melilla. “He visto las imágenes, otra vez una desgracia… y de lo nuestro nada al final, no hay forma de encontrar justificación”. Se me hiela la sangre y aguanto para no llorar, Bikai siempre me ha producido una especial ternura.

Lo que ha visto en la frontera de Melilla le ha dolido en lo más profundo de su alma porque de alguna manera ha revivido la muerte de su hijo. “¿Ya se sabe quiénes son? ¿Las familias lo saben?”, pregunta. Conoce muy bien lo importante que es identificar un cadáver, lo urgente de informar a las familias y lo necesario que es enterrar a las víctimas con dignidad. Terminamos la conversación, me dice que el domingo rezará por las almas de estos jóvenes, como lo hace cada día por la de su hijo. No solo él está inquieto. Las imágenes de la tragedia de Melilla se han difundido por muchos países africanos y están teniendo un impacto terrible entre las comunidades migrantes que viven en Marruecos.

El miedo siempre está presente en la diáspora migratoria, pero en los últimos meses se ha convertido en irrespirable. Desde el nuevo acuerdo entre España y Marruecos, las redadas, detenciones arbitrarias, identificaciones raciales, y otras medidas represivas contra la población migrante se han multiplicado y extendido en la cotidianidad que impide el más mínimo atisbo de vida. 

En Tánger, artistas africanos han sido detenidos y desplazados al sur cuando iban a comprar el pan, y a pesar de tener una tarjeta de residencia. En Laayoune, las mujeres denuncian haber sido desnudadas en las calles tras ser detenidas en sus casas para escarnio público, antes de ser deportadas en autobuses al desierto. En Agadir han sacado a las familias en medio del sueño de sus camas después de que los militares rompiesen las puertas para violar sus domicilios. En Tarfaya han atacado a los supervivientes de una patera, que llegó a costa después de haber perdido a seis personas a bordo, con una jauría de perros azuzada por la gendarmería. En Nador, la última semana ha sido especialmente terrible. El cerco a los asentamientos de los bosques, las maniobras de corte de acceso al agua potable y los suministros, y las redadas violentas donde las fuerzas de seguridad se acompañaban de grupos criminales para completar la faena, pronosticaban lo peor. Los muchachos estaban al límite de sus fuerzas físicas y mentales.

Presionarles hasta reventarles, obligarles a una huida hacia delante. ¿Con qué propósito? ¿Tal vez España pide pruebas de que se está haciendo el trabajo? ¿Puede ser esta una forma de rubricar el acuerdo frente a los movimientos que ha habido con Argelia?

Suena de nuevo el teléfono, que en estos dos días no para. “¿Helena? ¿Cómo estás? Dios mío, qué terrible, ¿has escuchado a Sánchez? Es como en 2005… otra vez”, me dice una compañera. Para las que llevamos tantos años en la frontera esa fecha supone un antes y un después, porque desde entonces los gobiernos no han tenido límites para escalar en violencia contra las personas migrantes.

El presidente ha rememorado aquellos días copiando el discurso de la gratitud del entonces ministro de exteriores, Moratinos. Además, Sánchez ha añadido el argumento de las mafias secundando el discurso del RNI, partido político que gobierna en Marruecos, mostrando así la sintonía política que les une. 

Llevo muchos años investigando sobre trata de seres humanos y trago saliva cuando los gobiernos, en vez de luchar contra los grupos criminales fuertes y poderosos, ven mafias en una masa de gente que corre con la consigna de sálvese quien pueda, pero eso daría para otro artículo. Hoy solo me queda pediros encarecidamente que sigamos trabajando y luchando por políticas de verdad, justicia, reparación y no repetición en la frontera. 

En los largos meses de la pandemia nos han llegado desde distintos puntos del planeta múltiples experiencias de trabajo y lucha que han situado la solidaridad, el cuidado, el apoyo mutuo, la protección comunitaria y la defensa de los bienes comunes del territorio como ejes centrales de la construcción de un mundo postCOVID-19. No es una novedad: antes de la pandemia, en muchos lugares los pueblos intentaban resistir y organizarse priorizando el mantenimiento de vidas justas y dignas, pero el virus ha visibilizado las enormes desigualdades y las formas más crueles de persecución que sufren quienes llevan años apostando por ese cambio de paradigma político y económico.

Es el caso de las comunidades lencas y garífunas, organizadas en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y en el OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), que sabían muy bien cuáles eran los riesgos de defender la vida desde mucho antes de que la emergencia sanitaria comenzara. Los territorios donde habitan han sido históricamente atacados por los intereses de empresas transnacionales que expolian la naturaleza y amenazan la supervivencia de comunidades y pueblos originarios. La lógica económica de la extracción mata gente, expectativas, culturas, tierras y aguas.

El asesinato de Berta Cáceres, una de las lideresas más conocidas del COPINH, marcó un punto de inflexión en la visibilidad de la magnitud de los procesos de acumulación por desposesión, de su violencia sobre los territorios y los cuerpos, especialmente los de las mujeres, las niñas y las personas más vulnerables. También mostró la resistencia, la resiliencia y el tenaz mantenimiento de modelos alternativos que protagonizan los pueblos originarios.

Durante estos meses, la OFRANEH y el COPINH han seguido haciendo lo que siempre han hecho: afrontar la lucha contra el virus cuidando la vida y custodiando la dignidad de sus pueblos frente a la hostilidad colonial de unos intereses económicos depredadores. Ante la fragilidad de los servicios públicos hondureños, debilitados por las políticas neoliberales, incapacitadas para asegurar el derecho a la salud de toda la población, estas organizaciones han desarrollado una estrategia de protección basada en el apoyo mutuo y la salud comunitaria. Para los pueblos lencas y garífunas, “que nadie se quede atrás” no es solo una consigna, es una forma de lucha por la que pagan un alto precio: el aumento del hostigamiento justo en el momento en el que la crisis sanitaria afecta de la forma más cruda a sus territorios.

En plena pandemia, mientras la organización garífuna hacía enormes esfuerzos para garantizar la salud y frenar al virus, las comunidades han sido acosadas, se les ha amenazado con quemar sus cosechas y una de las lagunas que les procuraban alimentos ha sido envenenada. Si luchar contra el virus ya es enormemente difícil, como estamos viendo en España, imaginen hacerlo jugándose la vida, acosados por la violencia de ese maridaje que conforman las autoridades, las grandes empresas y el crimen organizado. En mayo, la OFRANEH recibió la noticia del asesinato de su compañero Edwin Fernández, y en julio la del secuestro de cinco personas, cuatro de ellas garífunas que defienden el territorio. Desde 2019, diez integrantes de la organización han sido asesinados con total impunidad.

Resulta muy doloroso contar que, a la vez que la OFRANEH y el COPINH han tomado medidas para fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar que nadie se quede sin comer durante la pandemia, han tenido que poner en marcha una campaña internacional para protegerse de unas agresiones que se producen con la complicidad del Gobierno hondureño. Más de 100 organizaciones de todo el mundo se han unido a través de la campaña #SusVidasSonNuestrasVidas para alertar de la violencia que estas comunidades están enfrentando, pero también aprender de sus luchas y reconocer que las alternativas de vida que están impulsando son una oportunidad para construir un mundo mejor. Lamentablemente, por el momento esto no ha conseguido frenar los ataques ni movilizar al Gobierno hondureño.

Es más, durante el estado de emergencia se ha aprobado el Decreto Ejecutivo PCM 030-2020 que permite la venta de tierras nacionales y ejidales, convirtiendo los territorios en mercancías, y se ha continuado con el proyecto de ‘Ciudades Modelo’, contrarias a un modelo democrático de gobernanza. La doctrina del shock tiene aquí su aplicación particular. La emergencia sanitaria se ha usado para fortalecer el autoritarismo y reprimir las estrategias de supervivencia y defensa del territorio que defienden los pueblos lencas y garífunas. La violación a derechos humanos está poniendo en riesgo la vida y la integridad de los pueblos y afectando especialmente a las mujeres, que están padeciendo la feminización de la pobreza, la restricción de sus derechos sexuales y reproductivos, el incremento de su carga de trabajo y la obligación de confinarse a menudo con sus agresores.

La Unión Europea ha destinado una importante cantidad de fondos a Honduras para la protección de personas defensoras de derechos humanos. A la vista de lo que está sucediendo no parece que estos recursos se estén empleando para este objetivo, así como la lucha contra la impunidad y los compromisos adquiridos en materia de igualdad de género. Dado que no se están cumpliendo las salvaguardas pertinentes, la UE debería suspender los programas de cooperación con las autoridades hondureñas, así como su Acuerdo de Asociación con Honduras.

Lo que está pasando en este país no nos puede ser ajeno. No podemos permanecer pasivas ante los riesgos que enfrentan las personas que defienden la vida. Solo desde la corresponsabilidad y tejiendo redes de solidaridad lograremos frenar al virus y hacer frente a la imposición de modelos de vida que son el resultado de políticas de tierra quemada. El cuidado, la protección, el reparto y la cautela son los cimientos para reconstruir lo común en un planeta con límites ya superados. Esta es la nueva normalidad que queremos y la única que, además, puede sostenerse en el tiempo. 

Esta es la historia real de Keita (nombre ficticio). Nunca ha estado en Europa, pero este territorio le ha marcado la vida para siempre.

El 23 de diciembre de 2019 lanzó una alerta buscando a su mujer y su hijo de tres meses de edad. Según las informaciones que le habían sido proporcionadas, su familia había llegado a Tenerife, en las islas Canarias, después de salir desde la ciudad de Dakhla el día 18 de ese mismo mes. Pero él estaba inquieto por el silencio de su mujer, que no daba señales de vida.

Otros guineanos le explicaron que era normal porque al llegar en patera las personas son detenidas e incluso privadas de libertad. Pero Keita tenía tantas ganas de volver a oír la voz de su amada que la inquietud le llevó a buscarla.

Ha pasado un mes, y Keita sigue sin noticias de su familia. Ni él, ni otros tantos seres queridos de las personas que surcaron el mar en aquella patera.

Mariam debía viajar en la embarcación, salieron cuatro aquella noche, pero según contó a Keita, le dieron ganas de orinar en mitad de la oscuridad, en el desierto; y cuando volvió, la patera se había ido con su hijo de 12 años a bordo. Se montó en la siguiente, esperando encontrarle a su llegada a Las Palmas. Desgraciadamente, no fue así. Mariam se paseó con la foto de su niño haciendo la señal de la victoria, iba preguntando a las ONG que la atendieron hasta que un abogado la llevó a la comisaría. El niño no constaba en los registros de llegadas.

Según los datos del monitoreo de la Frontera Occidental Europea, de nuestro Colectivo Caminando Fronteras, en la también denominada Frontera Sur 893 personas han muerto o desaparecido en el mar durante el año 2019 en el intento de llegar a costas españolas.

Superan en 50 a las víctimas reportadas en 2018, que ascendían a 843.

Mientras, el Gobierno español y Frontex, entidad encargada del control de las rutas migratorias europeas, se daban golpes de pecho por los datos que indican una reducción del más del 50% en las llegadas de migrantes al Estado español por vía marítima.

¿Cómo entonces pueden haber aumentado las muertes? ¿Quién es responsable de la dejación de la Defensa del Derecho a la Vida en las rutas migratorias?

¿Cómo es posible que 893 víctimas, entre ellas 83 niños y niñas, como el hijo de Keita y Mariam hayan quedado terriblemente invisibilizadas?.

Serían preguntas importantes, que podrían abrir informativos, pero el discurso del descenso en las llegadas es el único que llena portadas, y por qué no decirlo, incluso da votos.

No importan las 893 personas, porque sus muertes proporcionan cada vez más dinero a las empresas encargadas del control migratorio. Las víctimas son solo una mercancía que viene a engrosar los beneficios empresariales ocultos tras los crecientes discursos del odio.

Pero volvamos a Keita. Ayer de nuevo preguntaba al teléfono del Colectivo Caminando Fronteras por su familia, buscando respuestas que seguramente nunca llegarán. Lo hace cada día, algunas veces se disculpa porque no quiere molestar. Su voz suena cada vez más apocada .“¿Es posible que suceda un naufragio y las autoridades no sepan nada, no estén al corriente? ¿Se los puede tragar el agua?, repite desde hace una semana, como señal de que ha perdido prácticamente la esperanza. ”Ha pasado más de un mes, tal vez si están encerrados en algún lugar, una cárcel y no tienen teléfono, pero si no no...“, afirma sin atreverse a finalizar la frase.

Al menos 16 embarcaciones han desaparecido en el mar sin dejar rastro durante el año 2019. Los rumores sobre el encarcelamiento en Argelia de las 73 personas de una patera desvanecida en la zona de Alborán a finales de noviembre, han ido alimentando la esperanza de sus familiares. Historias, muchas de ellas absurdas, pero que ante la falta de informaciones oficiales, se convierten en el solo sustento para mitigar el dolor de la pérdida.

Keita ha ido durante este mes cambiando la foto del perfil de Whatssap, imágenes de su mujer y su hijo tuneadas con mensajes y corazones. Unos cuantos días tuvo incluso la palabra Allah escrita en árabe, porque decía que rezaba mucho para que el todopoderoso no les abandonase en el mar.

Y tiene toda la razón, cada vez más salir en una patera depende de la suerte o tal vez de Dios, porque la probabilidad de morir se ha acrecentado en las rutas migratorias hacia el Estado español. Las víctimas han aumentado porque se las va dejando morir: reduciendo los efectivos de Salvamento Marítimo, dejando campar a sus anchas a Frontex y su visión de la migración que la equipara al terrorismo o al tráfico de drogas. Dejarlas morir justificando órdenes y medidas políticas para no defender el derecho a la vida de personas como el hijo y la mujer de Keita.

En el año 2012 comenzaron a cavar un fosa. Estaba hecha para mí, querían enterrarme en ella.

Primero sería yo, pero después ¿quién sabe?, se podría amoldar a tantas otras compañeras que defienden derechos...

No tenía constancia de ella, se cavaba bajo mis pies sin que fuese consciente, y no pude defenderme mientras se construía.

Fue en el 2017 cuando me empujaron y caí. Todo se tambaleó bajo mis piernas.

Mi vida se cubrió de oscuridad. En la fosa, abajo, en lo más profundo, todo estaba frío.

La UCRIF, policía de control de fronteras española, junto a Frontex, habían usado las palas más demoledoras, las más horribles, las menos democráticas para construir la fosa.

Cuando supe que la habían hecho para que pasase mi vida en ella, cuando leí los argumentos para hacerla, me faltaron las fuerzas, pero ya estaba dentro, en el fondo.

Me sentía tan pequeña. Las fosas siempre son frías y huelen a muerte, el mismo olor que tantas veces ha venido desde el mar Mediterráneo.

Muerte, porque Europa hace políticas de muerte.

Como he dicho antes la fosa era estrecha, fría y  asfixiante. Ahí fui consciente del tremendo odio y dolor podían generar los que fabricaron mi dossier. Un odio además muy machista porque los informes de la UCRIF estaban llenos de referencias a mi condición de mujer, que nada tenían que ver con los delitos de los que se me quería acusar.

Un odio muy colonial porque pensaron, que si la justicia española no me encausaba, sí lo haría Marruecos, un país del sur global. Así, no sería la bella Europa de los derechos humanos quien se mancharía las manos.

Lo peor que podía pasarme al estar en el fondo de ese agujero era sentirme sola, pero a mí no me dejaron ni un solo momento.

Comenzaron a rodear la fosa la familia, las amigas, las organizaciones aliadas, las comunidades migrantes. Surgieron compañeras de todos los lugares, de todas las condiciones, que de una forma u otra se fueron pertrechando alrededor de aquel agujero.

Trajeron flores para plantar, ideas para resistir y amor para luchar.

Y por el arte de magia que tiene la vida, la fosa iba cambiando y convirtiéndose en una trinchera.

El aire se fue haciendo respirable y llenamos ese tiempo y ese espacio de llantos, pero también de risas.

Me dije que tendría que vivir así, y me senté a escuchar. Intenté llenar de vida y de cotidianidad la lucha supliendo con el amor de tantas personas los derechos que se iban perdiendo por el camino.

Aprendía a ser Defensora, palabra que siempre me pareció enorme. Pero sobre todo aprendí a ver a mi alrededor a otras defensoras tejiendo sororidades.

Me vinieron todas las enseñanzas de resistencia y fuerza de mi bisabuela, abuela y madre. De aquella Andalucía pobre y digna de mujeres que la construyeron también desde las trincheras.

El archivo definitivo de la investigación que se inició contra mí, nos encuentra más fuertes que nunca. Creyendo en la vida mucho más que antes.

Sabiendo que tenemos la capacidad de convertir las fosas de muerte en trincheras de vida.

Hoy me llegaban felicitaciones de muchos lugares, de muchas personas diferentes. Me impresionaban las voces que lloraban de alegría.

Mi caso, ya no es mi caso, es el de tanta gente.

Esta victoria no me pertenece. Es algo enorme y en ella hay tantas luchadoras implicadas.

Los pueblos que se mueven están hoy de enhorabuena porque de alguna forma se les reconoce el derecho a vivir. Llevamos tantos años escuchando que se les puede matar, que pueden morir, simplemente por buscar una vida mejor.

Esta victoria no me pertenece, y en esta nuestra trinchera vamos a continuar todas construyendo otros pensamientos para poner la vida en el centro.

Ahora lo que era una fosa es un lugar precioso. Así que hay que respirar hondo y seguir luchando para convertir en espacio de vida también el Mediterráneo.

Gracias de verdad, por muchas luchas, muchas veces juntas, muchas gracias por Defenderme.

Las nuevas medidas para la militarización de la frontera sur convertirán a Salvamento Marítimo en una pieza clave para el control migratorio. Así, estas resoluciones hacen un uso fraudulento del servicio público, cuyo objetivo es la salvaguarda de la vida en el mar y no la ejecución de sistemas de control del movimiento.

Debemos enmarcar este cambio que enfrenta Salvamento Marítimo en las políticas globales europeas de “gestión de la vida humana en las fronteras”,  que sabemos han optado por varias estrategias de muerte selectiva en estas últimas décadas.

Una de ellas ha sido el uso directo de material militar implementado y favorecido por los intereses de las industrias armamentísticas del norte global. Es decir, ejecutar a las personas migrantes en los tránsitos y en los intentos de cruce; ya sea por acciones de los militares de los Estados o por la violencia de las organizaciones criminales.

Y otra de las políticas, tal vez incluso más eficaz que la primera, pasa por no asesinar directamente a las personas que se mueven, pero sí por dejarlas morir.  

La muerte como principio último del control fronterizo entra dentro del concepto de necropolítica acuñado por Achille Mbembe. Este pensador camerunés explica que los “regímenes políticos en el mundo actual obedecen a la premisa de hacer morir y dejar vivir” y sitúa la aparición de estas estrategias de control sobre la vida en la colonización.

Si no lo evitamos, Salvamento Marítimo se convertirá en un actor más con poder para generar muerte dentro de la frontera, aunque este hecho ataque a la base fundamental de su servicio, que es la defensa del derecho a la vida. Salvamento Marítimo de España ha sido, hasta el momento, un pequeño oasis de vida en las políticas de muerte de la Fronteras europeas.

El Mediterráneo occidental es un claro ejemplo de a quiénes se deja morir en el mar. El pasado 1 de febrero la justicia italiana abrió una investigación a los guardacostas de este país bajo la sospecha de no haber prestado asistencia en un naufragio de mediados de enero donde murieron 117 personas.

No es la primera vez que un servicio público europeo deja morir lentamente a naúfragos en el Mediterráneo, estableciendo así un Estado de excepción en el que los derechos de las personas migrantes dependen directamente de directrices militares y de control.

Para justificar este cambio en el rumbo de Salvamento basta con crear categorías de naúfragos con un marcado sesgo racial que son presentados como enemigos ficticios ante la población española.

Así, el racismo institucional es clave para que se tomen este tipo de medidas, porque los mensajes que se han vertido durante décadas de las personas que llegan en patera permiten su muerte y la criminalización de Salvamento Marítimo por defender su derecho a la vida.

Explica Mbembe que se construye “la percepción de la existencia del otro como un atentado a mi propia vida, como una amenaza mortal o un peligro absoluto cuya eliminación reforzaría mi potencial de vida y de seguridad”. Por lo tanto, no rescatar “al otro” o no poner los medios para que sea rescatado es representado como una protección del Estado hacia su ciudadanía.

Así, llegados a este punto, cualquier medida política encaminada a dejarles ahogarse es totalmente asumible por el sistema democrático español y no es ya monopolio de los discursos de extrema derecha. Porque en la necropolítica que vivimos en nuestras fronteras marítimas los cuerpos racializados, los cuerpos que no son privilegiados por razón de su nacimiento, son mercancías, son desechables, y los grupos de personas migrantes que transitan los mares pueden ser fácilmente eliminados.

Por eso, durante estos años, hemos defendido a Salvamento Marítimo, pero sobre todo a las personas que trabajan en este servicio y que no quieren aceptar que se pervierta su labor. Trabajadoras que quieren seguir defendiendo el derecho a la vida de cualquier náufrago con los mejores medios y con la misma fuerza.

Por eso, durante estos años, hemos visto cómo las comunidades migrantes y las familias se organizaban para poder alertar de situaciones de riesgo en el mar. Porque nadie como ellos saben que sus vidas no importan en las fronteras y porque nadie como ellos sabe cómo se resiste ante esas políticas de muerte.

“Si los hijos blancos de aquellos que dejaron de buscar a mi hijo negro estuviesen en el mar, estuviesen en peligro. Si dependiese de mí buscarles, pondría todos los medios necesarios a mi alcance para encontrarles vivos. Porque ni siquiera a aquellos que dejaron de buscar a mi hijo les deseo que pasen por el calvario por el que mi familia está pasando”, padre de un desaparecido en 2018 en el Estrecho de Gibraltar.

Recibo una llamada de teléfono desde Francia. Es familiar de una mujer que ha llegado en una patera. “Ayudadnos. Mi prima me ha enviado un mensaje que ha llegado a España. Tuvieron problemas en su embarcación y ha perdido a sus dos hijos, una niña de cuatro años y un bebé de doce meses”.

A continuación, me enviaba la foto de los dos pequeños, están sonrientes en uno de los bosques de Marruecos. En aquella instantánea aparecen llenos de vida como cualquiera de nuestros hijos.

Aminata (nombre ficticio), mamá de los niños, “no habla francés, se encuentra en shock y está muerta de miedo”, relataba la prima. Por eso, lo primero que hizo la mamá fue llamar a sus familiares, y buscó ayuda en gente cercana.

No puedo imaginarme el dolor, el desconsuelo de esa madre. Escuché siempre la misma letanía de todas las mujeres de mi familia, “lo peor que le puede pasar a una mamá es que sus hijos mueran antes que ella”.

Así que mientras intercambiamos información con la familia, me pregunto: ¿Cómo es un sistema de acogida que no es capaz de identificar a una madre que acaba de perder a sus dos hijos?

Otra vez, como tantas durante estos años, siento una rabia terrible y sigo sin explicarme cómo no se pone en marcha el protocolo de víctimas de tragedias que contempla la ley española. Llevamos décadas rogando, exigiendo, suplicando, y sobre todo escuchando los gritos de dignidad de muchas mujeres en las fronteras.

En estos tiempos que tan difícil es hablar de derechos humanos, hemos sido interpeladas por los estados por pedir que Aminata y muchas otras sean tratadas como personas. Incluso los trabajadores del sistema de acogida se han sentido ofendidos porque al final se hacen esfuerzos desde las grietas que les deja el sistema.

Pero tenemos que dejar de hablar de las pequeñas migajas que reparten los privilegiados y asumir que la ley de extranjería impone visiones inhumanas de las otras personas. Que eso va calando y construyendo un imaginario en el que es posible y real el auge de la extrema derecha.

Porque los discursos del odio se sienten cómodos en un sistema institucional que es ya racista, y en el que violar los derechos humanos de otras personas es un privilegio más de las perversas relaciones de poder que se establecen en las Fronteras.

Si durante treinta años de llegadas de personas que se juegan la vida en el Mediterráneo se sigue recibiendo así a las madres víctimas de tragedias qué mensaje se está enviando a la sociedad.

Este año tuve la enorme suerte de entrevistar a más de cien mujeres migrantes para un informe de Alianza Por la Solidaridad llamado Alzando Voces. En él, una de las madres decía: “a las mujeres migrantes nos sitúan entre los sentimientos de compasión y los de rechazo. Es verdad que somos víctimas de muchas violaciones de derechos, es verdad que somos negras y hay mucho racismo. Pero pedimos ser tratadas como personas, ser apoyadas, somos fuertes, somos poderosas y tenemos mucho que aportar”.

Al final las mujeres que participaron en el informe interpelan a revisar el concepto de humanitarismo para que sea lo más parecido a humanidad; en lugar de ser un confuso espacio donde se mezclan la pena y la criminalización de quienes demandan derechos.

Junto a los dos pequeños víctimas de la tragedia viajaba su madre pero también otras personas. Muchas de ellas han pasado la noche detenidas en comisaría y esperan la decisión del Ministerio del Interior español sobre si serán expulsados a Marruecos.

Ninguno de ellas ha tenido la asistencia adecuada al nivel del horror de la tragedia vivida. “Pensaba en la frontera como algo normal, como esta habitación. Un lugar donde hay entradas y salidas, que no está sucio. No sé, antes de salir lo imaginé así. Hoy he visto las fronteras y lo que nos hacen. En las fronteras siempre están los bandidos, hasta los que te deben proteger son bandidos. Es un lugar de violencia”, mujer migrante informe Alzando Voces.

Mientras escribía esto el teléfono seguía sonando, dos pateras con diez y doce personas continuaban desaparecidas desde el viernes en el Estrecho de Gibraltar. Los familiares no han encontrado respuestas oficiales, relatos con los que saber la verdad.

Muchas familias no pasarán la navidad con sus seres queridos, pero como dice otra de las compañeras del informe Alzando Voces, “Vivo como el viento, en la dirección que sopla. Cuando me levanto por la mañana no sé qué pasará durante el día, si comeremos, qué haremos. Pero sí sé que saldré adelante”.

Hay como un silencio en la Frontera Sur desde la muerte de Hayat.

Como si toda esta semana hubiésemos retenido la respiración de forma colectiva.

Como si uno de los disparos que la alcanzó en el pecho, nos hubiese tocado a todas dejándonos sin poder respirar.

Hay un silencio tras los disparos que mataron a Hayat en medio del mar Mediterráneo. Dicen que le alcanzaron dos, el segundo en el vientre, ese espacio del cuerpo de las mujeres en el que se aloja el poder de dar la vida.

Vida, vida, vida, esa que nos roban en las fronteras.

Hayat vida, vida Hayat. Y es que por efecto de la puñetera providencia Hayat, el nombre de esa niña sobre la que dispararon, significa VIDA.

Estamos en silencio en la Frontera Sur, en parte por miedo, ese que nos hace conscientes de la violencia y la fuerza del enemigo que está dispuesto a propagar muerte.

Caminábamos durante todo este verano hacia el abismo y llegó en forma de disparos. Han ido sembrando un reguero de personas muertas y desaparecidas. Seguimos recordando a las tres embarcaciones que se desvanecieron en Alborán sin dejar rastro. Ciento cincuenta y una personas que como Hayat, nos dejaron un gran silencio tras sus gritos pidiendo auxilio.

Han construido un nuevo concepto del derecho a la vida para las personas que transitan por las fronteras. Un discurso racista que decide quién debe vivir y quién puede morir.

Golpes al derecho a la vida ejecutados por decisiones políticas que matan.

En estos años he oído hablar a los marinos de Salvamento a los que he conocido que el derecho a la vida en los mares era tan antiguo como el hecho de comenzar a surcarlos. Y que también era tan universal que nada importa de dónde vienes, a dónde vas, el por qué estás allí, ni quién eres.

Esto ha sido incorporado al derecho internacional consuetidinario y se reconoce la obligación de los estados de garantizar los servicios de búsqueda y de rescate.

Un derecho que de forma específica se dice debe ser protegido en tiempos de paz y en tiempos de guerra.

Pero parece que no en tiempos de movimiento, en tiempos de migraciones.

Durante mi procedimiento judicial el juez me preguntó, “¿sabe usted que cuándo llama para alertar de una patera que se hunde quienes están en ella son ilegales y están cometiendo un delito?”. Le contesté, “no sé qué documentación tienen, ni siquiera se cómo se llaman, lo que sé es que Marruecos y España tienen la obligación de poner todos los medios para rescatarlos y de coordinarse de forma eficaz para conseguirlo”.

Desde este verano se han dado pasos para todo lo contrario. Se ha reforzado la cooperación militar para el control migratorio sin acuerdos reales sobre la defensa del derecho a la vida. Miles de euros para material militar invertido en desplazamientos forzosos a las personas que se encuentran cerca de las fronteras españolas, y nada para salvar sus vidas.

Hemos visto a trabajadores de los servicios públicos de Salvamento Marítimo pedir refuerzos dentro de las embarcaciones. También hemos leído la necesidad de tener más manos para los aviones, y lo importante que es este medio y sus radares para localizar de forma efectiva a las personas que piden auxilio desde el mar.

Pero España y sus políticas han hecho caso omiso. Para limpiar su imagen han ofrecido una solución más barata y discriminatoria. Que las ONGs que ya se encargan de la acogida se encarguen también de su rescate.

Por un lado esto favorece ir dando pasos hacia la privatización del servicio público de Salvamento Marítimo. Y por otro nos muestra que hay dos derechos a la vida en el mar, y que el de las personas migrantes vale mucho menos, y no es del todo responsabilidad del estado.

Las personas en la Frontera Sur están hoy más amenazadas que nunca. Me parece haber vuelto a 2005, cuando gobernando los mismos, dispararon sobre Roger, Pepe, Cisse y tantos otros compañeros en las vallas de Ceuta y Melilla.

Así que, aunque nos quieran mostrar otra cosa, España va en la misma dirección que Italia, construyendo políticas racistas alrededor de lo más primario y fundamental que es la defensa del derecho a la vida. Si un yate lleno de europeos se hundiese en el Estrecho no será un mando militar el que se se encargue de coordinar el rescate, ni tendrá en sus manos decidir si están más arriba del paralelo del 35,50 para ir a salvarles.

Tampoco me creeré la lógica humanitarista que maquilla el racismo institucional hasta que un crucero lleno de americanos se hunda en Alborán y la responsabilidad de salvar sus vidas dependa de una ONG.

Porque todas las vidas importan y tienen que tener las mismas garantías para su salvaguarda, en tiempos de paz, de guerra y de migraciones.

Y hasta que recuperemos eso tengo la convicción de que fueron muchos los que han puesto el dedo en el gatillo del arma que reventó el pecho y el vientre de Hayat.

Alex es un amigo. El sábado pasado hablábamos por teléfono cuando los militares le sorprendieron en su casa de Tánger donde vive con otros colegas y su cuñada embarazada de ocho meses. Estaba contándome que había muchas redadas y de repente oí las voces de militares, las mujeres gritando y a uno de sus amigos diciendo “no corráis, no forcéis, dejaos hacer tranquilos para evitar problemas”.

Después se cortó la llamada.

Alex logró comunicar conmigo de nuevo, me dijo que iba en uno de los buses que les desplazan al sur, pero que no sabía a dónde. Muchos transportes repletos de gente. Empezó a reírse cuando le pregunté si iba esposado. “Querida no me preguntes cosas que me dan vergüenza, aquí voy atado junto a uno que no conozco de nada, pero estoy bien”.

Hablamos al teléfono una vez más, y oía a un camerunés (lo supe inmediatamente por su acento) hablar con un militar. El camerunés hablaba de África, el militar también. “Somos hermanos africanos, pero cumplo órdenes”, escuché de fondo. En la voz del marroquí se atisbaba cierta resignación. A veces, en las distancias cortas, los seres humanos se encuentran.

Había quedado con Alex para tomar un cuscús este viernes, y lo último que me dijo cuando notó mi voz de preocupación fue “tranquila que el viernes nos tomamos el cuscús”.

Después fueron tres días sin noticias, el teléfono de Alex no funcionaba, como el de muchos otros.

Las detenciones se producen en todas las ciudades del norte cercanas a la Frontera española. Las casas son clausuradas, y los buses no cesan de salir hacia Tiznit, Agadir, Casablanca, Dakhla.

En medio de esta locura hemos visto un vídeo que ha circulado en todas las redes sociales de africanos.

No sé si llegaste a verlo, Pedro. El vídeo mostraba a dos personas malheridas en el suelo, gente llorando, policías y una ambulancia. No quise compartirlo por respeto a las familias y a aquellas dos víctimas.

El teléfono sonó al tercer día. Alex había llegado a Tánger. Me dijo que estaba muerto de cansancio. “Me desplazaron a un pueblo en la zona de Agadir. Llegamos de madrugada. Había dos senegaleses que querían volver a Tánger también. No les conocía pero estamos todos en la misma mierda, así que echamos a andar y llegamos a Agadir. De allí cogimos un bus. Y ya no me preguntes más que sabes que no me gusta hablar de la mendicidad y esas cosas”. Me contó esto después de insistirle mucho porque lo primero que hizo fue preguntarme por una amiga enferma, por mi trabajo y por la familia.

Alex había, vuelto pero su casa estaba clausurada. No encontró nada, ni su colchón, ni su ropa, ni el cepillo de dientes, de repente volver a cero. Le molestaba mucho que se habían llevado también el regalo que me compró por mi cumpleaños.

Ahora duerme, como muchos otros, en los bosques próximos a la ciudad, saliendo por la noche para comprar algo en las pequeñas tiendas de las proximidades. Hombres, mujeres y niños, niñas, con residencia, demandantes de asilo, todos en la misma situación.

Pedro, quiero que sepas que Alex está contento a pesar de todo porque está vivo. Él, como muchos otros, conoce la historia de Moumoune.

Porque, ¿sabes?, al final reconocimos a uno de los chicos malheridos del vídeo. Un maliense de 16 años al que su hermano buscaba desesperadamente después de ver las imágenes de aquel vídeo en las redes sociales.

“Le detuvieron cuando llevaba bolsas a las personas que hacía la compra. Así ganaba algo de dinero para vivir. Le detuvieron intentando sobrevivir, y murió. Pero es Dios nuestra fuerza”, me dijo el hermano cuando al fin encontramos a Moumoune.

En una morgue, Pedro, allí está ese cuerpo apenas saliendo a la vida. Su compañero, al que estaba esposado, y al que aún no hemos podido identificar, acaba de morir hace unas horas tras pasar varios días en coma. Ha fallecido solo y lo único que nos obsesiona es poder encontrar a la familia, poder recuperar su memoria.

Alex me ha dicho hoy que pensaba que las redadas eran debidas al partido Barça-Sevilla, pero que entre los migrantes hablan mucho de los millones de euros que Europa ha dado a Marruecos. Lo explica preocupado, pero de vez en cuando le sale una sonrisa, se ríe con los amigos, se ríe de la mierda que viven, se ríen del dolor, de la muerte. “Somos soldados en una guerra que no hemos elegido”, dice el mejor amigo de Alex.

Guerra, Pedro, esa es la palabra clave. Durante estos días he pensado de dónde salían tantas balsas de plástico para cruzar el Estrecho, quién se enriquecía con ello. Ahora pienso de dónde salen tantas esposas, quién se enriquece con ello.

Guerra ejecutada en algunas ocasiones por otros, siguiendo la tradición de esa Europa colonial y omnipotente.

Así que, Pedro, recuerdo perfectamente cuando en 2005 Moratinos se felicitaba por el control migratorio durante la crisis de las vallas.

Y en 2018 de nuevo te veo a ti sonreír dando la mano a Merkel. Guardaba un poco de estúpida esperanza, tras la promesa de terminar con las devoluciones en caliente y el gesto del Aquarius. Pero la realidad es la que es.

Me vas a perdonar, Pedro, si termino diciéndote que tu sonrisa y la de Merkel no le llegan ni a la suela de los zapatos a la de Alex y sus amigos.

Las suyas son las de la fuerza y la valentía, las vuestras solo provocan guerra y muerte.

Con el Aquarius se me viene a la memoria imágenes no tan lejanas de barcos llenos de personas huyendo de guerras, hacinadas y buscando un puerto seguro. El periplo de esta embarcación y la situación de las fronteras europeas son cada vez más una realidad propia de una ficción distópica. Y como toda buena narrativa apocalíptica,  también en este caso se muestra una falsa sociedad feliz, que se sostiene sobre el sufrimiento y el dolor de los otros.

El Ministro del Interior italiano, el racista Matteo Salvini, digno personaje de una distopía, aplaude el “buen corazón del gobierno español” por ofrecerse a la acogida de las 629 personas rescatadas en el Mediterráneo por el buque Aquarius. Entre risas el mandatario italiano hace referencia al discurso del “buenismo” , que tan socorrido es cuando los xenófobos hablan de personas en movimiento. Pero es que situaciones como la del Aquarius deben ser resueltas con los marcos legales de Defensa de los Derechos Humanos.

Europa lleva tiempo violando la Convención de la Organización Internacional Marítima, así como la de Hamburgo de 1979.  La omisión de socorro a náufragos es un delito, pero desgraciadamente es una realidad cuando los que se ahogan son personas migrantes. No es una cuestión de buenismo, ni de regalarles la vida, ni de salvársela, ni de ser omnipotentes y decidir quién vive y quién muere en el Mediterráneo. Es le pese a quien le pese una cuestión de derechos en un mar en guerra.

El cierre de los puertos italianos al Aquarius ha sido calificado como una “victoria” también por el ministro italiano. Puede ser la primera vez que de forma más prepotente se escenifica desde un dirigente europeo la guerra de fronteras. Estamos acostumbradas a verla en las trincheras mismas, batallada por los funcionarios del control fronterizo que responden a las órdenes de los dirigentes.

En las vallas de Ceuta y Melilla se decide a cada salto qué cortes de las concertinas son lo suficientemente profundos para no efectuar una devolución en caliente. Y nos hemos acostumbrado a ver escenas terribles de personas apaleadas devueltas a un país tercero.

En todo el Mediterráneo el auxilio a embarcaciones en peligro es atravesado por los Convenios bilaterales con países terceros a los que Europa paga por hacerse cargo de las personas como si fuesen mercancías. Dando prioridad al control migratorio por encima del derecho a la vida. En algunas de esas transacciones se ha asistido durante estos años, de forma impasible, a la pérdida de vidas humanas.

Le agradezco a Salvini la obscenidad de su discurso bélico porque tengo esperanza de que sirva para abrirnos mucho más los ojos. Está dispuesto a dejar morir a 629 personas y a muchas más, ante la tibia reacción de los dirigentes europeos, que finalmente son responsables de los crímenes de las fronteras.

Por otro lado también he visto muestras de felicidad en las redes por la reacción del gobierno español y la de alcaldes y dirigentes de otros territorios del estado. Me escribía una amiga en un mensaje: “Estoy emocionada con la acogida del barco italiano. Qué bien, por una vez puedo estar orgullosa de mi país”.

Celebro el ofrecimiento, una luz en medio de tanta oscuridad, pero son tantos años con procesos de “acogida” desafortunados, dolorosos y  racistas, que sólo espero, en esta ocasión, se repare el daño que se les está haciendo a las personas del Aquarius. Y lo deseo de corazón tras ver deambular, en las últimas semanas, por las calles de distintas ciudades del estado a personas recién llegadas en pateras a Andalucía y que han sido abandonadas tras ser filiadas por la policía.

Han estado durmiendo en el suelo en las Ramblas de Almería, hicieron de la Plaza de Catalunya en Barcelona su cama durante varios días, y anduvieron sin rumbo desde la comisaría de Algeciras para refugiarse en las inmediaciones de la estación de autobuses.  En Granada las organizaciones sociales tuvieron que organizarse para buscar un lugar digno a más de 60 personas trasladadas desde la patera llegada a Motril a las calles de la ciudad.

Recuerdo todas las llamadas que nos han hecho preguntándonos a dónde podían ir, o quién les podría orientar en ese mundo nuevo al que habían llegado. Otra vez la distopía, como si el sistema de acogida hubiese desbordado y no pudiese dar respuesta a la situación.

Porque les ha gustado desde hace treinta años a los políticos españoles la palabra “avalancha”, y así se han instalado en ella, sin previsiones, sin políticas que hagan de los derechos humanos para todas las personas la bandera de una democracia que se precie.

Y tras las políticas de la “avalancha” y la “guerra de fronteras”, vienen las de la “explotación”. No quiero acabar este artículo sin un recuerdo a la memoria de Soumaila Sacko, defensor de derechos de las personas migrantes y jornalero, asesinado por el racismo en Italia. Sacko luchaba por aquellos que trabajan como esclavos en jornadas de 12 horas cobrando 25 euros al día. Luchas que se repiten también en el estado español, como aquella que han iniciado las jornaleras marroquíes de Huelva.

Mi reconocimiento a estas luchas y a la memoria de las víctimas. Porque por muchos Salvinis que aparezcan, crecerán más Sackos para darles respuesta.

El final del camino, de este camino, puede ser el ingreso en prisión

Pienso que llegaré ante el juez, me mirará, le explicaré y entenderá todo.

Quería dar las gracias por esa oleada de cariño, solidaridad y compromiso con la defensa del derecho a la vida que he recibido de miles de personas. Me reconforta saber que estáis ahí y vuestro amor me sostendrá ante el tribunal si me flaquean las fuerzas. No puedo creer cómo he llegado a esta situación en la que se me tacha de criminal por hacer llamadas a servicios de Salvamento Marítimo. 

Me miro en casa al lado de mi perro, mi gata, con la mesa camilla puesta y después de recoger a mi hija de teatro. Me paro en la foto de mi hijo cuando era pequeño y en las cenizas de mi madre que presiden el pequeño altarcito improvisado en casa.

He hecho una llamada a Salvamento Marítimo para saber algo de la patera desaparecida desde hacía dos días, y desgraciadamente me explican que hay un fallecido. Entonces se me caen las lágrimas por otra muerte más. Le digo a uno de los controladores de Almería que tal vez esta sea una de las últimas llamadas que les hago. 

Recuerdo en el año 2007 mi primera alerta a esta torre de control de una patera desaparecida. Conozco todas las voces de los trabajadores, tras las que se esconden un gran empeño y profesionalidad para salvaguardar el derecho a la vida en el mar.

Paseo mi mente por los recuerdos de los naufragios. Me vienen a ella los gemelos de Sisco, la pequeña Jenny, el niño Samuel, todos ahogados y algunos tragados por el mar. Y en 2014 aquella navidad donde murieron las mamás abrazadas a sus hijos. Así las encontré cuando fui a visitar la morgue de Tánger dentro de aquellas bolsas negras, aún con las ropas empapadas en agua. 

Pienso en mi madre enfadada cuando, mientras comíamos, las llamadas de familiares alertando de pateras se sucedían sin parar. Me decía “vaya, hija mía, vaya trabajillo que te has buscado. Que ni ganas nada ni te dejan comer, ni dormir”. Esa era mi madre con el humor negro almeriense, pero orgullosa siempre de lo que hacía su hija. Ella decía que heredé esta forma de ser de mi abuelo, su padre. 

Mi niña me devuelve a la realidad, me saca de mis pensamientos diciéndome “no llores, cuando lloras me hace sentir insegura, pienso que lo peor puede pasar”. Así me doy cuenta de que me caen lágrimas a borbotones por la cara. 

Vuelve a sonar el teléfono. Es el hermano de una de las mujeres que viajan en la patera donde ha habido un fallecido. Quiere saber si es un hombre o una mujer la persona muerta. Le digo que un hombre y respira tranquilo pensando en su hermana, pero acto seguido me dice “mucha fuerza por lo que estás viviendo. Has salvado tantas vidas que Dios te ama, todos te queremos, eres como una parte nuestra, de la familia, eres África. Esta noche nuestras oraciones serán para ti”. 

Intento hacerme consciente de todas las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante todo el día. En uno de los mensajes leo “En las redes la solidaridad contigo es impresionante. Te mando un beso enorme y espero que mañana las cosas salgan bien. Estamos muy atentas”. 

Desde el miércoles pasado cuando me notificaron a declarar ante el tribunal, muchas personas se han dejado la piel para estar a mi lado. Han trabajado día y noche para ver la parte jurídica, difundir la solidaridad en las redes, y sostenerme para que no me cayese durante el camino. 

Mi hijo es una de ellas, una persona valiente y humana que me da la fuerza para seguir luchando. Así, remonto la moral diciéndome a mí misma que una madre debe ser ejemplo hasta el final para su descendencia. 

Salvar vidas no es un delito y pienso que eso debería entenderlo cualquier persona en el mundo, sea cual sea su ideología. Por eso no logro comprender cómo han llegado tan lejos con esto. 

El final del camino, de este camino, puede ser el ingreso en prisión. Las que me conocen saben de mi carácter positivo, y por lo tanto no puedo dejar de seguir confiando en la justicia. 

Pienso que llegaré ante el juez, me mirará, le explicaré y entenderá todo. Y finalmente todas seguiremos llamando a Salvamento cuando sea necesario para salvar vidas.

Sentí inquietud al conocer que 464 personas recién llegadas desde el Mediterráneo a la Región de Murcia iban a ser ingresadas en la prisión de Archidona en Málaga. Como ciudadana me dolió, pero no me sorprendió que el ministro Zoido y una red de jueces tomasen la decisión de encerrar en celdas a personas que no han cometido ningún delito.

Los CIEs siempre han sido cárceles racistas, pero este giro hacia un establecimiento penitenciario oficialmente reconocido es un golpe de efecto, la escenificación de que todo es posible en aras del control del territorio.

Un par de días antes de llegarme esta noticia, nos habían llamado catorce compañeros, porque tras remar durante horas en el Estrecho, la policía les había dejado en la calle tras entregarles la orden de expulsión. La primera noche en el Estado español la pasaron bajo unos soportales durmiendo en el suelo.

“Estamos la calle y no tenemos nada, salvo la ropa que nos dieron al bajar de la patera. Una chica que estaba en el grupo pidió dormir en la comisaría. A una mujer sola, de noche, durmiendo en la calle le podría pasar de todo. Desde esta mañana vamos de asociación en asociación pidiendo cualquier ayuda que puedan prestarnos, pero nos dicen que debería habernos derivado la policía, que si no lo hacen el sistema de acogida humanitaria no se activa. La policía nos decía que no nos enviaban a ninguna asociación porque no había sitio donde ayudarnos. Sólo sé que siento todavía la sal del mar en mi piel”, explica G. abrumado por la situación.

Lo peor es que este relato no es una desgraciada y horrible anécdota. Escenas de este tipo se han repetido en Almería, Málaga y Motril en los últimos meses. Dicen las autoridades y así lo plasman los titulares de los medios que 20.000 personas han llegado por mar en 2017 al Estado español.

Dicen que el sistema de acogida está desbordado, y por ello hemos asistido a la toma de una serie de decisiones políticas que violan derechos humanos. Las personas con más posibilidades de ser deportadas van de la “patera a la celda”; y a otras con menos probabilidades de enviarlas a los países de origen se opta por la opción de la “patera a la calle”.

Legalmente, y sobre todo desde la perspectiva de democracias respetuosas con los derechos humanos tal vez no se sostengan estas decisiones tan injustas. Pero en la construcción que los distintos gobiernos del Estado español han hecho de las Fronteras como espacios de no derecho, todo tiene cabida.

Escuchamos en su momento al anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hablar de las Fronteras “chicle”, y explicar que una persona no está en territorio español hasta que no sobrepasa al último vigilante fronterizo.

Así que, ya la Frontera no es una línea que separa territorios, sino un espacio de excepción donde las “normas” son otras y no tienen necesariamente que responder a las del resto del Estado.

Hace tiempo que las prácticas de represión en estas zonas tienen unas garras tan largas como beneficios generan a las grandes empresas del control migratorio. Indra, Dragados, Siemens, Telefónica, Ferrovial y otras, ganan millones de euros a través de los servicios de vigilancia, control, detención y expulsión de personas migrantes.

De hecho, en el momento en el que escribo este artículo se pueden ver en redes sociales los vídeos de las últimas cuatro expulsiones en caliente sucedidas en la valla de Ceuta. Pese a la condena del TEDH que considera estas prácticas vulneradoras de derechos fundamentales. Sin pudor, ante la presencia de Cruz Roja a pie de valla, y sin temblar el pulso se ejecutan expulsiones sumarias y colectivas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las Fronteras espacios de no derecho de Ceuta y Melilla, presentes en nuestro imaginario en la última década se trasladan hoy a las costas de la península, por la ruta cada vez más latente del Mediterráneo.

El sistema ya estaba sembrado, el negocio preparado y las consignas racistas y xenófobas listas para permitir construir en Andalucía, Murcia, Cartagena y Baleares discursos de no derecho, espacios de control.

Decía el Delegado de Gobierno de Murcia que se estaba dando un ataque organizado contra la seguridad europea y por ende la española. Se refería en esta frase a las más de 40 pateras que llegaron desde Argelia con argelinos en ellas en un fin de semana. Nunca se preguntó el delegado qué está pasando en Argelia para que todas esas personas arriesgasen la vida en el mar, no le interesa saber de qué huyen.

Reflexionando sobre las palabras de este representante público, pienso que puede ser un ataque. Es posible que todo este movimiento de personas acabe siendo una respuesta contra algo.

Pero tal vez se equivoque el Delegado de Gobierno y la huida a través del Mediterráneo no sea una afrenta a Europa; sino un ataque a la pobreza, al neocolonialismo, a las desigualdades sociales, a las industrias de la predatorias, a las guerras.

Y si Europa y sus dirigentes se sienten atacados puede ser porque las políticas del viejo y caduco continente representen todo eso, y porque sus privilegios reposen sobre un sistema de injusticias sociales.

Pero creo que este representante del PP y el resto de partidos que comparten políticas racistas de control de Fronteras no deberían sufrir mucho. Indra y otras empresas a las que conocen muy bien sabrán sacar beneficio de su discurso xenófobo.

Hay mujeres que huyen con sus hijos de situaciones de violencia.

Hay mujeres que arropan a sus niñas con una capa de amor para que no vean el horror de las fronteras.

Las podemos ver cruzando el Sáhara con sus grandes vientres de madres, y protegiendo a sus bebés del cansancio del camino. Algunas veces marchan caminando entre la arena llevando en sus espaldas a los hijos queridos.

Otras murieron con ellos en brazos presas de la sed y del sol abrasador del desierto.

En los semáforos de muchas ciudades del Norte de Africa las madres piden limosna para comprar pañales, arroz, algún yogur… medicamentos para cuando las niñas caen enfermas.

Puedes verlas viviendo en los bosques próximos a Melilla, huyendo con sus hijos durante las redadas. Reconstruyendo sus vidas después de que todo lo que tenían haya sido arrasado por el fuego de los militares.

De noche bajan acantilados con sus hijas atadas al pecho antes de entrar en la patera.

Hay madres coraje que son negras.

Women's Link nos ha desvelado la historia de Oumo, una mujer costamarfileña que protegió y amó a su hijo durante el tránsito migratorio, pero que le fue arrebatado por las políticas racistas de la Frontera sur.

Cinco meses, con sus horas, sus minutos y sus segundos interminables, lleva esta madre separada de su niño.

Un crío feliz a pesar del camino migratorio, a pesar de vivir en un ghetto, a pesar de los pesares. Porque de que el niño mantuviese una sonrisa permanente se encargaban su madre y su tía. Se había criado con las dos.

Oumo, enferma, asediada por las redadas en los montes de Nador, decidió un día que el niño intentase llegar a Melilla junto a su hermana. No se perdona esa decisión que tomó con el único fin de protegerle.

El pequeño entró en la patera, el pequeño vio cómo la Guardia Civil intentaba devolverles en caliente, el pequeño gritó cuando su tía cayó al agua, el pequeño suplicaba a los guardias que no pegasen al hombre que le llevaba en brazos.

La tía se despertó en el hospital, la llevaron al CETI, pero allí no estaba su sobrino. La informaron de que le encontrarían en el Servicio de Protección de Menores de Melilla. Pidió verle y no la dejaron, pidió un test de ADN y no lo hicieron.

Oumo, enferma, desesperada, asediada por las redadas, decidió coger otra patera. Pero la embarcación no iba a Melilla. Intentaron llegar a la Isla de Alborán, y allí sufrieron un naufragio. Vio morir a tres personas, dos de ellas, una madre y su hija.

Cuando llegó a las costas andaluzas, aún bajo el shock de haber visto la muerte cernirse sobre ella, lo primero que gritó fue el nombre de su hijo. Contó la historia, y la policía la llevó al Centro de Internamiento de Algeciras.

Desde allí llamó de nuevo a su hermana y también en el CIE explicó el relato y el dolor de estar separada de su niño.

La administración le pidió documentos para demostrar su maternidad, y ella los tenía todos. Los acompañó de cientos de fotos. Para las autoridades de Melilla esto no era suficiente, ni siquiera para dejarle hablar por teléfono con el niño. Fue su cumpleaños y no pudo llamarle.

Pidieron un test de ADN y Oumo hizo dos, uno con saliva y otro con sangre. Los resultaron fueron positivos.

No era suficiente. Menores en Melilla quería sólo la muestra, no aceptaban los resultados del test hecho en otra Comunidad.

De la diligencia debida, las administraciones pasaron al maltrato, al racismo encubierto bajo la excusa de la protección del interés superior del menor.

No es el único caso de madres que gritan pidiendo sus hijos perdidos en la violencia institucional de las fronteras.

Una mujer nigeriana recuperaba hace poco a su bebé de apenas un año, del que fue separada cuando un test de ADN dio negativo. Sorprendía el resultado porque la madre mostró fotos embarazada, el certificado de haber dado a luz, y muchas imágenes de ella y el bebé mientras este crecía. Separados durante un mes y medio, mientras se pedía una segunda prueba, ni siquiera los servicios de protección la dejaron ver al niño bajo supervisión. El segundo examen dio positivo y desveló que la administración española había cometido un fallo en la cadena de custodia y por eso el primer resultado había sido negativo.

Melilla debe devolver su hijo a Oumo cuanto antes. Muchas personas sabemos que esa ciudad se ha convertido en un agujero negro para los derechos humanos, donde el maltrato, el racismo y la desprotección de las personas que llegan a su territorio es palpable.

Pero no sólo eso, el Estado español debe además reparar el daño hecho a estas madres y a sus hijos e hijas. Y la justicia tiene la responsabilidad de investigar y condenar a los responsables de ejecutar políticas que atentan contra los derechos fundamentales.

Poco o nada ha dicho el ministro Zoido sobre los hechos que ocasionaron las muertes de Karnelie Masiona, Bebé Luza, Clemance Lelo, Dalloba, Aminatou, Pasience Mavungu y Merveille Dimona, cuando intentaban llegar a Melilla.

Aunque hay varias cosas claras en las escasas explicaciones de Zoido. La primera es el desdén y el desinterés del que habla de la tragedia y de sus víctimas. La segunda es que la versión dada ante el Senado por el ministro ha sido diferente a la que explicó en la Comisión de Interior y a la que el Ministerio del Interior dio a los periodistas los días posteriores a la tragedia.

Estas explicaciones de los responsables del control migratorio eran esperadas por los familiares de estas mujeres, que hasta el momento sólo han podido escuchar el relato de los supervivientes.

Una y otra vez durante estos días los que escaparon con vida de la tragedia narran con horror los hechos. El shock postraumático les impide dormir y comer, pero a pesar de ello participaron en el duelo de Pasience, la primera mujer enterrada en Rabat el día 9 de septiembre.

Repiten los supervivientes, de distintas nacionalidades y procedencias, las mismas historias como si de un mantra de dolor se tratase: “nos bloquearon los españoles… nos perseguían los marroquíes… se movían las dos patrulleras con fuerza y eso provocaba olas que desestabilizaban la zodiac… nos tiramos al agua para llegar a nado a la playa que estaba muy cerca… se murieron por nada, tiraron la zodiac con la cuerda… no son rescates, son devoluciones y así murieron nuestras hermanas”.

Zoido ha dicho lo mismo que la Guardia Civil. No saben nada de las muertes y que ellos lo que hicieron fue participar en un “rescate”. Dice el ministro, en una de sus versiones, que la patrullera de la Marina perseguía a la patera cuando la Guardia Civil llegó. Entonces ¿era un rescate o una persecución?

Tal vez mejores explicaciones hubieran sido necesarias para la memoria de estas mujeres y para la dignidad de un país que se dice democrático. Por ejemplo, ¿dónde estaba exactamente la patera?, ¿quién les llamó para intervenir?, ¿cuánto duró la intervención?, ¿qué vieron durante ella?, ¿cuántos agentes estaban allí?, ¿quiénes son esos agentes?, y, sobre todo, ¿dónde están las imágenes de las cámaras de control migratorio y las comunicaciones de los Guardias Civiles que aportarían luz a la tragedia?

Eso sí, el ministro ha hecho como en otras ocasiones, mostrar una foto con los ganchos que las personas utilizan para agarrarse a las vallas y poder trepar. Imagen que resume la política del Estado sobre las fronteras en la idea macabra de que el control del territorio está por encima del derecho a la vida.

Nada más ver la foto del gancho en la mano de Zoido me ha venido a la cabeza una historia que siempre contaba mi abuela a mi madre cuando era pequeña. Seguro que al señor ministro le suena, puesto que uno de los protagonistas era un señorito andaluz.

Mi madre de mayor repetía la historia y me la contaba junto a mi abuela, como una forma de mantener la tradición oral y de homenaje a la memoria de tantas víctimas olvidadas. Era un relato que siempre dio miedo a mi madre.

Vivía mi abuela en un cortijo y uno de los hijos del vecino murió tiroteado por una escopeta. El niño salió a buscar leña para hacer fuego, con la mala fortuna de coger las pequeñas ramitas, que sus manos de seis años podían cargar, dentro de la linde de los terrenos del señorito. El guarda de la finca le tiró a bocajarro. El padre del niño sólo pudo recoger su pequeño cuerpo que fue enterrado sin pasar por la iglesia porque el cura se negó a darle sepultura, también como forma de escarmiento.

El guarda fue llevado al cuartelillo de la Guardia Civil y liberado inmediatamente cuando el señorito hizo presencia en el lugar.

La Guardia Civil criminalizó al padre delante de todo el pueblo por haber criado a un niño ladrón.

Mi abuela siempre terminaba la historia recordándole a mi madre que las lindes de las tierras de los ricos nunca debían atravesarse. Siempre tuvo mi abuela miedo a que la pobreza la hiciese perder a sus hijos.

La historia de mi abuela nos resulta hoy un horror, pero fue durante mucho tiempo una realidad social aceptada, que formaba parte de la legalidad vigente.

Ahora aceptamos muertes como fuesen normales, como si legalizar una disposición sobre “rechazos en frontera” justificase todo tipo de violencia, incluida la muerte.

No es cierto que la seguridad del territorio esté por encima de los derechos humanos, del derecho a la vida.

No es cierto que los señoritos tengan derecho a matar a aquellos que atraviesan sus lindes.

Diez días de amenazas por hablar de una mentira más de las versiones oficiales sobre la Frontera Sur. Acoso y derribo por decir que un funcionario de un estado democrático no podía recibir a patadas a personas migrantes que huyen mientras pasan al lado de una inoperativa oficina de asilo. Este es un ejemplo más de la situación de excepción de derechos gravísima que se vive en las fronteras españolas.

Imaginad si una persona que ha tenido el privilegio de nacer a este lado de la frontera, con capacidad por lo tanto de denunciar dicha violencia, puede ser acosada durante diez largos días, cuál es la situación de las personas invisibilizadas que transitan por estos espacios. Cómo el dolor de la violencia de las políticas de control y negocio tienen impacto en sus cuerpos y en sus vidas.

¿Cómo hemos llegado a la situación de tener miedo a gritar que no se pueden vulnerar Derechos fundamentales bajo la consigna del control del territorio? ¿Cómo hemos llegado a una situación en la que desde las redes sociales haya quienes piden ametrallar a las personas y electrificar las vallas de Ceuta y Melilla por las que transitan? ¿Cómo hemos llegado a permitir que uno los mayores sindicatos de la policía pueda participar en una cadena de ‘tuits’ que incita a la violencia contra personas migrantes, españoles racializados y mujeres?

Los estándares de protección de Derechos Humanos están bajando de forma preocupante en el Estado español, mientras que el racismo y la intolerancia crecen alimentados por las propias políticas del sistema. Es por ello que la criminalización de quienes apostamos por otra construcción social es algo que se viene maquinado desde las instituciones.

Lo hemos visto en otros países, pero también aquí, donde desde el ministro Zoido hasta sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil vinculan la migración con criminalidad y la defensa de Derechos en zonas de frontera se equipara al tráfico de seres humanos. No es sólo la pistola y la bala con la que realizan las amenazas lo que genera miedo. Hay algo peor. Es la impunidad ante la violencia que permite ver morir a 15 personas en una playa de Ceuta y que todo un Estado proteja a los responsables.

Quiero dar las gracias a toda la gente que ha participado en la ola  de solidaridad que las amenazas, incluidas las de muerte, han generado. Quiero creer que la sociedad española ha dado un paso al frente porque conciben su responsabilidad de exigir al Estado su compromiso con la democracia, incluso en las fronteras. Una ciudadanía comprometida que entienda que el control fronterizo es un negocio para empresas vinculadas con la venta de armamento. Una de ellas Indra, la misma que está siendo investigada por traficar con nuestra democracia.

Me quedo sobre todo con el cariño mostrado por muchas personas migrantes, luchadoras, y que han desarrollado estrategias para soportar la violencia de unas fronteras.

También me siento orgullosa porque el comunicado lanzado por la organización Ca-minando Fronteras, en la que milito, sigue teniendo adhesiones y ya ha superado más de ciento veinte. Entre ellas muchas organizaciones, de distintos territorios del Estado español, pero otras de distintas zonas de frontera del mundo, donde los patrones de represión se repiten.

Sobre todo me ha sorprendido cómo, a través de esas muestras de solidaridad, las organizaciones y las personas que militan en ellas, revivían durante toda la jornada sus propias experiencias de represión, y que forman parte del cotidiano de sus vidas y su activismo. Se puede decir que hoy muchas personas hemos salido del armario para denunciar a unas instituciones que nos señalan, persiguen y criminalizan.

Miro a Amadou y me gustaría poder explicarle por qué le han sido violados una lista infinita de derechos, entre ellos el derecho a la vida. No logro, sin sentir vergüenza, mencionar las políticas de externalización de fronteras. Intento buscar las palabras para transmitirle lo perverso del sistema europeo de control migratorio, ese que el 20 de junio “celebra” el día de las personas refugiadas.

Amadou está sentado en una silla de ruedas, los pies tremendamente hinchados hacen contraste con su cuerpo delgado y lleno de escaras. Tiene los labios y los ojos envueltos en llagas.

Amadou, 17 años, ha sobrevivido una semana en el mar. Salió con siete compañeros más en una embarcación de plástico a remos, desde Tánger, el domingo 4 de junio.

Al día siguiente de su partida murieron tres de sus amigos al ser tragados por las olas cuando la patera volcó. Quedaron cinco personas a la deriva, en medio del Estrecho de Gibraltar.

La doctora escucha su relato y le explica a Amadou que tiene que ser hospitalizado inmediatamente, tiene mucha fiebre y seguramente una infección interna. 

Amadou se rompe en un llanto recordando a su madre, como lo haría cualquier adolescente, y rememora cómo bebía agua del mar y sus orines para sobrevivir. Está acompañado de otro amigo que también compartió la travesía, aunque él no está tal mal como Amadou.

Ambos cuentan cómo perdieron el teléfono en el mar y no pudieron llamar para pedir auxilio. Los cinco náufragos soportaron tres días a la deriva. Entonces, relata que el miércoles 7 de junio vieron una embarcación, que según sus declaraciones, pertenecía a la Guardia Civil española. Los dos chicos dicen que algunos de los guardias se les acercaron en una zodiac  y les dieron tres botellas de agua y unas galletas. Estuvieron un tiempo a su alrededor, calculan que varias horas, pero dicen que después partieron dejándoles de nuevo a su suerte.

En la categoría establecida por Europa para las personas refugiadas Amadou es, a simple vista, un “inmigrante económico”. Las autoridades deberían hacerle una entrevista en la que tendría que desnudar su vida y aportar de forma cronológica, detallada, sin fisuras, una historia que justifique, según cánones europeos, la salida de su país. Pero él por el país de procedencia, por la forma de atravesar la frontera, parece, a priori, quedar fuera de la categoría de refugiado. 

Las palabras de los cuatro supervivientes de esta tragedia, que aseguran que los agentes les grabaron, describen la falta de asistencia en el mar por las autoridades españolas, denunciada por otros supervivientes de naufragios, de inmensa gravedad: ¿se dejó llevar la Guardia Civil, por la lógica del control de la frontera? ¿Es posible haber llegado a una situación tal que ni siquiera el derecho más básico a la vida deba ser respetado, mientras Europa celebra de forma hipócrita el derecho al asilo?

Quedan muchos interrogantes sobre esta tragedia y por ello Ca-minando fronteras ha presentado una queja a la Defensoría del Pueblo a petición de los supervivientes.

Tras oír el testimonio de estas personas, quiero pensar que los agentes españoles no les abandonaron del todo a su suerte, que llamarían al Centro de Operación Indalo que gestiona Frontex, o directamente a la Marina marroquí, para proceder a su devolución a Marruecos. Pero, sucediese como fuera, la verdad es que ningún estado socorrió a Amadou y sus amigos, como muchas otras veces, en esa frontera invisible y asesina del Mar Mediterráneo. 

Amadou y sus compañeros están vivos, pero saben que nadie les escuchará, ni les creerá, ni les reparará en su dolor, ni castigará a aquellos que lo causaron. Son ellos mismos quienes anunciarán la muerte a las familias de sus cuatro amigos fallecidos en el naufragio.

El concepto de asilo y el derecho que le asiste no han servido para proteger más a los refugiados, ni siquiera España ha cumplido con las cuotas de reasentamiento de aquellas personas a las que Europa sí les reconoce el acceso a ese derecho.

Un derecho de asilo hecho por y para europeos cuando más de 60 millones de civiles se desplazaron después de la II Guerra Mundial. Obsoleto ante las nuevas realidades y violencias del capitalismo global. ¿Cómo proteger, por ejemplo, a los miles de personas expulsadas del sistema porque éste se ha apropiado de los recursos y de las tierras? ¿Dónde está la protección a las personas sometidas a las esclavitudes del siglo XXI? ¿Quién protege a los seres humanos expulsados por sistemas económicos que permiten la concentración extrema de la riqueza y la destrucción de la biosfera?

El sistema de asilo es viejo, al igual que lo es Europa. Pero ni siquiera llegan a cumplir los políticos europeos sus anticuadas y eurocéntricas normas. Es más, de forma violenta, los distintos estados han usado el término de refugiado para ponerlo al servicio de la desprotección de otras personas que se mueven, aquellas que no llegan a esa categoría. Los llamados “inmigrantes económicos” quedan fuera de todo atisbo de ciudadanía y de protección, porque la pobreza es vendida como un pecado que cometen los propios pobres.

Sigo mirando atónita a Amadou, que se consume por la fiebre. Cuando, según él, la Guardia Civil les vió en el mar, aún eran cinco. La cuarta víctima falleció el domingo día once por la noche. “Me desperté e intenté despertarlo a él también, entonces me di cuenta de que estaba muerto”, relata el adolescente.

El lunes 12 de junio un barco de mercancías les avistó. Pasaron horas hasta que les rescataron. Dice Amadou que discutían a bordo, hasta que ellos, desesperados, pensando ser abandonados de nuevo, como había sucedido con la guardia civil, se tiraron al agua. Fue en ese momento cuando les lanzaron cuerdas, les sacaron del mar y avisaron a la Marina marroquí.

Trasladados a Larache, en Marruecos, los supervivientes del naufragio, durmieron en el suelo de dependencias policiales. Ninguna asistencia médica hasta cuatro días después.

Amadou intenta explicarme por qué salió de su país, justificar por qué necesita una protección que no ha recibido. Explicarme que es un adolescente medio muerto, pobre, negro y también un refugiado.

Paseando este viernes por Siracusa en Sicilia, encontré a un grupo de personas con banderas de distintos países. Me acerqué a una de ellas a preguntar y me explicó que eran gentes venidas de Ghana, Eritrea, Nigeria e Italia, y celebraban juntas la fiesta del pueblo.

Les seguí hasta unas escaleras que daban a una playa. Al ir bajando hasta la arena todo el mundo comenzaba a callarse.

Dentro del agua había una mujer con el cabello cubierto y un caftán que le cubría hasta los pies. En las manos llevaba ramos de flores e iba cortando cada una de ellas despacito y tirándolas al mar.

En la arena personas con distintos rasgos, de distintos orígenes, contemplaban su dolor en silencio. Lágrimas y rezos de varias confesiones religiosas la acompañaban pero ella sólo miraba al mar.

Al salir del agua se derrumbó en los brazos de quien parecía ser su hijo en un llanto que ya no cesará jamás en su vida.

El resto seguíamos contemplando en silencio, y en las caras de muchas de aquellas personas se sentía la comprensión de su sufrimiento, como si fuese un viejo conocido.

Me sentí traspasada por el dolor, pero arropada, y rodeada de una humanidad infinita. No quise preguntar qué naufragio del Mediterráneo Central se lloraba en esa ceremonia sin cuerpos.

En los albores de nuestra existencia, la humanidad se hizo manifiesta cuando comenzamos a enterrar a nuestros muertos. Cuando se nos hizo necesario sobrellevar la pérdida y tener ceremonias para respetar a aquellos que se fueron y mitigar nuestro dolor. Desgraciadamente a las víctimas de las fronteras y sus familias les negamos incluso este derecho, de reconocer y enterrar a sus seres queridos, en un intento de despojarles de la humanidad primigenia.

Recordé, en medio de los llantos de la playa, las palabras de la controladora de la Guardia Costera italiana ante la petición de auxilio de una embarcación donde murieron 268 personas hace ahora cuatro años.

Sé a ciencia cierta que la torre de control que respondió a esa llamada  no cumplió con su trabajo, con la obligación de gestionar y coordinarse con Malta para llevar a cabo el rescate.  Muy al contrario, la controladora italiana respondió a una persona que se ahogaba “llame a Malta”, y esa descoordinación, esa negligencia entre ambos países mató a cientos de personas, entre ellas 60 niños y niñas.

Si pienso en clave de legislaciones entiendo que Italia y Malta vulneraron el derecho a la vida de estas personas. Pero más allá de las leyes me horroriza la frialdad deshumanizada de las voces de los controladores de la Guardia Costera italiana.

También en la frontera española he encontrados voces como esta llenas de indiferencia, que después dejaban el rastro de la muerte por omisión del deber de socorro.

En el informe de Ca-minando Fronteras, organización en la que milito, se hace una memoria histórica de la guerra en las fronteras españolas, y las personas en movimiento, las que llaman pidiendo auxilio lo cuentan muy claramente. Explican cómo las compañeras fueron cayendo en el campo de batalla por acción y/u omisión de las autoridades españolas.

También lo ha reconocido el Gobierno español, de forma fría como la voz de la controladora italiana, ha explicado lo que ya sabíamos: que la Guardia Civil bloquea a las personas que transitan las fronteras españolas, primando el control del territorio sobre el derecho a la vida.

Tras las políticas europeas y la palabra Europa, hace cuatro años se escondieron  los controladores de la Guardia Costera italiana, sus jefes, el ministro y el presidente de Italia, para justificar la muerte de cientos de personas.

En el caso de España, tras la palabra Europa se esconden los guardias civiles que bloquean la patera, sus jefes, el ministro Zoido y Mariano Rajoy.

Poner nombres a las víctimas de estas políticas de guerra es una acción necesaria par conseguir verdad, reparación y justicia tanto para ellas como para sus familias. Igualmente importante es poner nombres a los verdugos que se esconden tras la palabra Europa.

Plantar cara a leyes que no respetan la humanidad se hace imprescindible, compendios legales hechos para sostener los privilegios y despojar a las víctimas de su condición de personas. Tal vez tengamos que llenar las cárceles de gentes que se opongan a las identificaciones racistas, de los que rescatan en el mar, de quienes gritan contra las devoluciones en caliente, y de una vez dejar de ser espectadores pasivos de estas atrocidades.

El mensaje para Indra y los lobbys empresariales de la guerra de las fronteras españolas, el mensaje para el PP y PSOE que aplicaron las políticas de la muerte. La advertencia para otros partidos políticos españoles cómplices de estas decisiones, tiene que ser que no tenemos miedo, que cada día lloramos a las personas muertas, que seguimos buscando a las desaparecidas, pero no olvidamos ni perdonamos a los verdugos.