Artículo en colaboración con Eurasianet.es

Los bombardeos de la aviación rusa en apoyo del gobierno de Siria han introducido un nuevo elemento en un conflicto ya de por sí complejo; con el problema añadido de que estos ataques causen nuevas víctimas civiles e intensifiquen el flujo de refugiados. El Kremlin ha optado, como hizo antes en Ucrania, por una acción sorpresiva basada en hechos consumados que Putin ha llegado a calificar — retomando el concepto introducido por la Administración de Bush — de “ataque preventivo” contra el ISIS, ya que este podría llegar a alcanzar la propia Rusia en el futuro.

Se trata formalmente de una intervención legal, a petición del Estado sirio y contra un grupo terrorista que actúa en su territorio; sin embargo, es probable que en la práctica los ataques se extiendan a todos los grupos que combaten contra el régimen, ya que el Kremlin engloba a todos en la categoría de “terroristas”. Por otra parte, los riesgos son evidentes si no se establece una coordinación entre los bombardeos de Rusia y los que realizan las potencias occidentales. Es probable que la reunión de Obama y Putin durante la Asamblea General de Naciones Unidas haya sentado las bases de un acuerdo tácito que permita, si no actuar de forma conjunta, al menos no interferirse mutuamente en sus respectivas campañas militares contra los yihadistas. No obstante, el clima de hostilidad generado en torno a Ucrania va a dificultar sin duda alcanzar compromisos duraderos en este nuevo escenario.

Para analizar en profundidad la intervención rusa, debemos ir más allá de los acontecimientos inmediatos e identificar los objetivos últimos que persigue Moscú. No es aconsejable deducir la estrategia política de un Estado a partir de la mera descripción de tácticas militares o armamento empleado sobre el terreno, ya que existe la tentación de seleccionar aquellos datos técnicos que confirmen nuestras hipótesis previas, omitiendo el elemento subjetivo de intencionalidad que dota de significado a la utilización de dichos instrumentos. El caso de Ucrania es paradigmático: la presencia de tropas rusas en el Donbass se ha presentado en ocasiones como inicio de una supuesta “nueva Guerra Fría” rusa contra Occidente, aunque la misma realidad se pueda explicar igualmente como represalia de Moscú tras el derrocamiento de su aliado Yanukovich, en el marco de un conflicto exclusivamente bilateral.

La intervención en Siria se enmarca, por tanto, en unos intereses nacionales de política exterior que Rusia ha tratado de defender de forma estable y sostenida en el tiempo, utilizando en cada momento los instrumentos que mejor se han adaptado a las circunstancias. Estos intereses son principalmente la lucha contra el terrorismo y la defensa del principio de soberanía; y en mucha menor medida, la alianza particular con el régimen de Bashar Al-Asad o la base naval de Tartús.

Lucha contra el terrorismo. No es sólo un argumento utilizado ahora para justificar los bombardeos: la amenaza del yihadismo ha ocupado un lugar prioritario en todos los documentos estratégicos de Rusia de las últimas dos décadas, vinculada a un conflicto interno —la lucha por la independencia de Chechenia— que acabó siendo apropiado por un islamismo radical importado del exterior. La respuesta militar rusa alimentó un ciclo de acción-reacción que continúa hasta hoy, con una precaria estabilidad brutalmente mantenida por el líder checheno Ramzan Kadirov. Sin embargo, el riesgo de un recrudecimiento de la violencia —tanto en el propio Cáucaso norte, como en forma de nuevos atentados en el resto del país— sigue estando muy presente en los cálculos del Kremlin.

La guerra civil en Siria, al igual que anteriores conflictos como los de Afganistán o Irak, ha servido como foco de atracción de yihadistas de distintos países que se han unido a la lucha del ISIS o el Frente Al-Nusra, rama local de Al Qaeda: entre ellos, más de 2.000 ciudadanos rusos. Según algunas informaciones, inicialmente Rusia pudo haber facilitado la partida de estos voluntarios con la esperanza —en lo que, de ser cierto, habría sido un error garrafal de cálculo— de reducir así el terrorismo en su propio territorio. Sin embargo, la consolidación del ISIS ha hecho temer a Moscú que el autoproclamado “califato” llegue a convertirse en base de operaciones para planificar atentados en Rusia, de la misma forma que Al Qaeda planificó el 11-S desde su refugio en el Afganistán de los talibanes. Existen otros dos factores que refuerzan la percepción del Kremlin de que los yihadistas de Siria son una amenaza directa a su propia seguridad: el juramento de lealtad de distintos grupos del Emirato del Cáucaso al “califa” Abu Bakr Al-Baghdadi, y el posible retorno a Rusia de los voluntarios que se encuentran luchando allí actualmente, con entrenamiento y experiencia que podrían aplicar en su país.

El discurso ruso sobre Siria resucita los viejos argumentos utilizados en Chechenia, según los cuales Rusia sería la principal barrera de contención frente a la expansión yihadista en todo el mundo; de la cual estaría defendiendo también —como ha afirmado Putin con frecuencia— a un Occidente ingrato que criticaría a Moscú en lugar de colaborar frente a un enemigo común. Esta idea fue especialmente repetida con la “guerra contra el terrorismo” de EE.UU. tras el 11-S, acogida por Putin como prueba de Washington aceptaba por fin las tesis rusas. Y también ha aparecido, de nuevo, en el reciente discurso de Putin a la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que siguiendo la misma lógica reclamaba al resto de países que se unieran a su lucha contra el ISIS.

Defensa de la soberanía del Estado. Además de neutralizar una amenaza objetiva como el terrorismo, Moscú defiende también las reglas que considera —desde su punto de vista— imprescindibles para el mantenimiento del statu quo internacional. Mientras que algunos países como EEUU reivindican principios liberales como la “responsabilidad de proteger”, que permitiría intervenir contra un Estado que masacre a su propia población, Rusia considera como única norma de moralidad en las relaciones internacionales la no injerencia en asuntos internos: los Estados son soberanos para decidir libremente sobre su territorio y población, sin interferencias. Así, para Moscú lo que se está dirimiendo realmente en Siria no es la continuidad de un régimen aliado, sino la transformación de unas reglas del juego ya puestas en cuestión con las intervenciones occidentales en Kosovo, Irak o Libia. Putin está defendiendo con esto un interés nacional mantenido por su país incluso antes de su llegada al poder: recordemos, por ejemplo, la durísima oposición de Yeltsin a los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia.

No obstante, cuesta creer que el responsable de las injerencias más flagrantes en un país europeo en los últimos años —la anexión de Crimea y la intervención en el Donbass— se vea realmente a sí mismo como un defensor de la soberanía de los Estados. ¿Se trata, entonces, de mera propaganda para encubrir ambiciones menos confesables? Por supuesto, pero sólo en parte. El comportamiento del Kremlin en Ucrania responde tanto a una mentalidad imperialista hacia sus antiguos compatriotas como a las propias circunstancias del Euromaidán: un gobierno no reconocido por Rusia como autoridad legítima, al haber surgido de una toma del poder revolucionaria en lugar de un proceso electoral. Esta ilegalidad real fue aprovechada por Moscú para presentar a Ucrania como un “cuasi-Estado fallido”, en una interpretación ciertamente elástica del concepto; abriendo la puerta a su propia “intervención humanitaria” para defender a los rusos étnicos de esa supuesta amenaza.

Sin embargo, estas circunstancias no existen en el caso de Siria. Los dirigentes rusos, siempre proclives a las teorías conspirativas, están realmente convencidos de que el argumento humanitario es una mera excusa occidental para derrocar al presidente Asad, al igual que habrían hecho antes con Yanukovich en Ucrania. Ambos serían dirigentes plenamente legítimos para Moscú, según ese concepto tradicional de la soberanía que otorgaría libertad al gobernante para cometer cualquier abuso en su territorio.

La alianza con Damasco y la base de Tartús. A diferencia de los puntos anteriores, preservar la alianza con Asad no es un objetivo irrenunciable para el Kremlin, sino que se entiende solamente en función de las otras prioridades. Moscú se niega por principio a un derrocamiento por la fuerza del presidente sirio, pero ha señalado en el pasado que estaría abierta a discutir su salida negociada del poder, por ejemplo mediante su exilio en territorio ruso. En cuanto a la base naval de Tartús, su importancia estratégica para la Armada rusa es relativamente menor y no justifica por sí misma la posición de Rusia desde el inicio del conflicto.

Por tanto, el escenario más temido por Putin no es el de un cambio político en Siria; sino el de un vacío de poder tras un hundimiento súbito del régimen, que pueda ser ocupado por los grupos radicales y convertir el país en un “Estado fallido”. Tal vez esta función meramente instrumental de Assad en la estrategia del Kremlin, como simple muro de contención frente al yihadismo, pueda ser aprovechada para lograr una solución intermedia: un relevo en la presidencia pactado entre Damasco, Moscú y Washington que pusiera fin a la guerra civil e iniciase una transición ordenada. Continuando al mismo tiempo, claro está, la ofensiva internacional contra el ISIS hasta su derrota final.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

¿Es la Grecia de SYRIZA un “caballo de Troya” de Putin para influir desde dentro en la UE? Aunque muy repetida estos días, la idea tampoco es nueva: un informe del think tank ECFR de 2007 ya usaba este símil refiriéndose al país heleno —gobernado entonces por el centroderecha de Nueva Democracia—, situándolo junto con Chipre como los dos Estados miembros más próximos a Moscú; aunque con un peso reducido en las posiciones comunes de la Unión. Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de una “conexión rusa” que explique las decisiones de Grecia a partir de ahora?

Aparte de vínculos culturales e históricos, como el cristianismo ortodoxo, existen importantes lazos comerciales. Rusia es el principal exportador a Grecia, por encima de Alemania, y le suministra dos tercios del gas natural que consume. La compañía rusa Gazprom llegó a considerar la adquisición de DEPA, el monopolio público griego abierto a la privatización; aunque finalmente retiró su oferta. Atenas ya consiguió el pasado año una rebaja del 15% en el precio del gas, debido a sus dificultades económicas; pero está negociando en este momento con Moscú una flexibilización de las cláusulas “take or pay” en los contratos vigentes, que le obligarían a pagar una penalización de 100 millones de euros al haberse reducido su consumo como resultado de la crisis. Por tanto, existe una dependencia energética que, si bien no es tan acusada como la de otros países europeos que reciben la práctica totalidad de su gas de Gazprom, sí es suficiente para condicionar su relación en el ámbito político.

Las sanciones y contrasanciones entre la UE y Rusia a raíz del conflicto de Ucrania han dañado seriamente a la ya maltrecha economía griega. El turismo, que representa el 16% del PIB griego, se ha visto perjudicado por la depreciación del rublo y la consiguiente disminución del número de turistas rusos, uno de los mercados emisores más atractivos y de crecimiento más rápido. En cuanto al embargo ruso de exportaciones agroalimentarias europeas, Grecia no es en general uno de los países más afectados, salvo en productos concretos como la fresa o el melocotón: la mitad y un cuarto de su producción, respectivamente, tenían como destino Rusia. A esto se añaden los efectos negativos en los precios de la saturación del mercado interno por el excedente resultante. Moscú se ha mostrado receptiva también a considerar una hipotética petición griega de ayuda financiera, que podría ser útil para Atenas como complemento a la proporcionada por la troika; aunque los problemas internos de la economía rusa harían difícil poner en práctica esta opción. Todo esto contribuye a explicar, en parte, la oposición de Atenas a nuevas sanciones contra Moscú.

En cuanto a la política exterior, Tsipras ha realizado críticas muy duras al gobierno ucraniano surgido del Euromaidán, enfatizando —probablemente en exceso— el protagonismo de la ultraderecha xenófoba en la revolución y después entre las nuevas autoridades de Kiev; un argumento en el que coincide sustancialmente con otros partidos con los que comparte grupo en el Parlamento Europeo, como IU o Podemos. Esta retórica es recibida muy negativamente por otros países de la UE que se han situado claramente del lado ucraniano en su conflicto armado con Rusia; los cuales acusan a Grecia de emplear idénticos argumentos a los difundidos por Moscú como justificación de su invasión de Crimea y el Donbass. Pero más que de una SYRIZA prorrusa per se, que considerase legítima la intervención militar contra Ucrania, se trata ante todo de una mera continuación de sus críticas a Bruselas acerca de las políticas de austeridad, que les lleva a mostrarse igualmente opuestos a otras posiciones europeas en el marco de su estrategia para presionar a la Unión. Existe también una cierta inercia de la Guerra Fría —apreciable entre algunos sectores de la izquierda europea— al percibir erróneamente a Moscú como protección frente a la hegemonía estadounidense; olvidando los valores ultraconservadores y el capitalismo oligárquico en los que se apoya el régimen de Putin. En el caso de Ucrania, la propaganda del Kremlin presentando su intervención como una “lucha antifascista” ha llegado a atraer voluntarios comunistas de diversos países, que luchan junto a combatientes procedentes de la ultraderecha rusa.

En cuanto a la conexión ideológica, han existido reuniones de miembros de SYRIZA y de su socio ANEL con Alexander Dugin, académico ruso conocido por su defensa de la teoría conocida como eurasianismo. Las ideas eurasianistas, de larga tradición en la extrema derecha rusa, engloban un nacionalismo radical basado en el temor a la supuesta influencia destructiva de Occidente, reivindicando en cambio la superioridad de una “civilización eurasiática” que legitimaría la expansión imperial de Rusia en el espacio de la antigua URSS. Sin embargo, hay que decir también que el eurasianismo tiene una escasa influencia real en el reducido círculo del Kremlin —mucho más pragmático que ideológico— donde se toman las decisiones, precisamente por vincularse a los delirios conspiranoicos de figuras marginales como Dugin. Lo que está sucediendo a partir del conflicto de Ucrania es que el Kremlin emplea una retórica mucho más agresiva, tomando argumentos geopolíticos ya empleados antes por los eurasianistas; pero lo hace como mero instrumento propagandístico para difundir una imagen amenazadora de Occidente. Esto no implica en modo alguno que Dugin esté dictando la política exterior rusa; de hecho, éste ha impulsado en el pasado movimientos radicales de oposición como el Partido Nacional-Bolchevique creado junto al escritor Eduard Limonov; y se ha quejado recientemente en público de no ser escuchado en los círculos de poder.

Los contactos con Rusia de SYRIZA se explican así, más que por una adhesión ideológica a la doctrina eurasianista —a la que tampoco se puede adscribir realmente al propio Putin, como hemos visto—, por su trayectoria de búsqueda de apoyos internacionales desde la oposición, en una línea de crítica generalizada a EE.UU. y la UE en la que existen ciertamente coincidencias discursivas con Moscú. Sin embargo, sería exagerado incluir a la formación de Tsipras en un supuesto eje de movimientos radicales europeos de extrema izquierda y extrema derecha directamente controlados por el Kremlin: más aún, cuando uno de los principales rivales de la coalición de Tsipras es la formación neonazi Amanecer Dorado, mucho más similar a la ultraderecha rusa tanto en ideas como en tácticas. El mayor riesgo de actuar como “caballo de Troya” ruso lo puede representar no tanto SYRIZA —que ya está mostrándose más pragmática desde que ocupa el gobierno— como su socio de gobierno ANEL: su populismo nacional-patriótico y xenófobo crea un lenguaje común con Moscú que, unido a la personalidad de su líder Panos Kammenos, ahora ministro de Defensa, dará seguramente numerosos titulares en el futuro.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

En las viñetas de la prensa occidental, Rusia suele aparecer como un gran oso que engulle a Ucrania, azuzado por un fornido Putin; mientras los demás países contemplan impotentes la escena. Tan popular es esta metáfora, que hasta el propio presidente ruso daba su propia versión en la última de sus maratonianas ruedas de prensa anuales: Rusia es “el oso que protege su taigá”, el bosque de su hábitat natural, frente a los intrusos. Un mensaje que, a la vista de su papel en la crisis ucraniana, deja lugar a pocas dudas.

Más allá de su función humorística, estas representaciones culturales reflejan la imagen predominante en el discurso social acerca de los demás países, y sus diferencias con el nuestro. Delimitar quiénes son los otros nos permite encontrar nuestra propia identidad y establecer quiénes son como nosotros, frente a los potenciales adversarios a los que atribuimos características opuestas: diplomacia frente a guerra, democracia frente a dictadura, civilización frente a barbarie, Occidente frente a… Para los académicos de las Relaciones Internacionales, la construcción social de las identidades ha centrado nuestro principal debate en los últimos años.

Rusia es un claro ejemplo de cómo estas imágenes de los Estados condicionan nuestra interpretación de sus acciones. La metáfora del oso nos hace entender la agresividad de Moscú como el comportamiento instintivo de un depredador; pero a la vez irracional, lo que hace imposible cualquier negociación. Frente a un actor con el que no compartimos un lenguaje común, y cuya naturaleza le empujaría siempre a atacar, la fuerza sería la única respuesta eficaz. Sin embargo, esta simplificación ignora los motivos del Kremlin desde el punto de vista de sus propios intereses, atribuyéndolos a impulsos agresivos sin explicación lógica. Y en segundo lugar, evita cuestionarse en qué medida otros países podrían haber modificado ese comportamiento, si se trata de un cálculo racional y no de una reacción inevitable.

Esta perspectiva arroja algo de luz sobre la aparente inconsciencia de Putin hacia la grave situación de la economía rusa, golpeada tanto por la caída del precio del petróleo como por el hundimiento del rublo y las sanciones internacionales; incluso permitiéndose afirmar que la crisis “no durará más de dos años”. Pero es que en la mentalidad de Putin tampoco existe otra alternativa que asumir el coste de sus últimas acciones, por elevado que sea. En su visión del mundo, Rusia es una gran potencia que lucha por sobrevivir en un entorno plagado de enemigos, que tratan de “encadenar al oso y arrancarle sus dientes y garras” sometiéndolo al dictado de otras potencias más poderosas. Una idea con tintes de paranoia, pero que surge de su propia experiencia vital, al haber asistido en primera persona a la disolución de dos Estados —la RDA y después la URSS— que corrieron esa suerte por sus propias debilidades.

¿No utiliza también el Kremlin este recurso como instrumento de propaganda, acusando a Occidente de todos los males para eludir sus propias responsabilidades? Sin ninguna duda. Pero es igualmente cierto que el presidente ruso cree realmente estar afrontando una amenaza existencial, iniciada con las sucesivas ampliaciones de la OTAN y más recientemente con el Euromaidán, que Moscú percibió como una nueva “revolución de colores” instigada por Occidente con el único fin de debilitarla. Esta sensación de vulnerabilidad como “fortaleza asediada”, en un entorno ferozmente competitivo en el que sólo los Estados más fuertes sobreviven, explica la conmoción causada en el Kremlin por el derrocamiento de su socio Yanukovich el pasado febrero. Al saberse impotente para detener el cambio político en el país vecino, Putin vio hacerse realidad su mayor temor: perder su credibilidad ante Occidente como una gran potencia cuyos intereses debían ser respetados, y que tampoco aceptaría injerencias en su propio territorio.

La anexión de Crimea y la posterior intervención en el Donbass —claramente contraproducentes desde una lógica de respeto a la legalidad internacional, o promoción de una imagen fiable ante los socios comerciales e inversores extranjeros— sólo se explican así como represalia ejemplarizante para disuadir a Occidente de nuevas intervenciones en países aliados. Una interpretación sesgada, es cierto, de la revolución en Kiev, que pese a recibir un innegable apoyo de EE.UU. y la UE no fue orquestada por estos, sino que surgió del descontento social ante un régimen corrupto; y sólo después acabaría derivando en revuelta por los intereses de las fuerzas políticas locales, que aprovecharon la protesta para tomar el poder. Pero en el imaginario colectivo de los líderes rusos, en el que los ciudadanos carecen de intereses propios, los movimientos de contestación social —tanto en Ucrania como en la propia Rusia— han de ser siempre “quintas columnas” de otros actores más poderosos.

Para el Kremlin, el conflicto de Ucrania no se trata de una pugna sobre determinados valores, como lo define por ejemplo la UE; sino de una competición entre los Estados más fuertes —como EE.UU.— y otras potencias más vulnerables como Rusia, que corren el riesgo de quedar a merced de los anteriores. A lo largo del último año, el progresivo aislamiento de Moscú ha ido aumentando esta sensación de debilidad, lo que ha contribuido a polarizar la dicotomía entre su identidad y la de Occidente. En etapas anteriores, Putin se limitaba a defender valores conservadores tradicionales —como el patriotismo, el Estado fuerte o el sentido de colectividad frente al individualismo—, pero reivindicando al mismo tiempo el papel de Rusia en la herencia cultural europea, que justificaría su influencia en una Europa política no limitada a la UE. Ahora, en cambio, el Kremlin está recuperando los argumentos del nacionalismo radical conocido como eurasianismo, cuya visión maniquea de una civilización rusa incompatible con Occidente encaja con lo que Putin considera que ha ocurrido en Ucrania.

Y esto nos lleva al factor principal, sin el cual las élites rusas no serían capaces de sostener esta visión de los intereses nacionales: la identidad de Rusia como una “gran potencia fuerte y respetada” —y no la de “socio fiable y cumplidor de la legalidad internacional”— es compartida por la mayoría de los ciudadanos, nos guste o no. Como podemos ver en el gráfico, desde la vuelta de Putin a la presidencia en marzo de 2012, el cambio de tendencia más claro se produce precisamente a raíz del Euromaidán, y especialmente tras la anexión de Crimea, que ha dado lugar a un drástico repunte de la popularidad del presidente y en la valoración del rumbo del país, superiores al 80% y al 50% respectivamente. La mayoría de la población, aunque por una diferencia menor —45% frente al 34%—, apoya también la intervención de tropas rusas en el conflicto, oficialmente no reconocida.

Este respaldo social a la política exterior, influido naturalmente por el control estatal sobre la televisión y otros medios, hace difícil pensar que el Kremlin vaya a ceder a corto plazo a las presiones occidentales. Por el contrario, es mucho más probable que se trate de alentar el patriotismo de los rusos frente al aislamiento exterior, confiando en que Occidente volverá al business as usual cuando necesite la cooperación de Rusia en otros asuntos. En cualquier caso, la experiencia nos demuestra que plantear los conflictos como un juego de suma cero —como se hizo en su momento con Ucrania, cuyo acercamiento a la UE se presentó imprudentemente como una victoria geopolítica sobre Moscú—, en lugar de intentar compatibilizar los intereses, favorece este tipo de respuestas agresivas por parte de Rusia; siempre propensa a reaccionar como un oso acorralado y herido cuando se considera ignorada.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

El análisis de las elecciones parlamentarias celebradas en Ucrania el 26 de octubre ofrece resultados muy dispares, dependiendo de la perspectiva que se adopte. Por un lado, los que interpretan la competencia política dentro de ese país en clave ideológica —pugna por el acercamiento a los valores representados por la UE— consideran que los ciudadanos han decidido apoyar claramente estas reformas. El triunfo de las opciones consideradas “proeuropeas” es, en efecto, incontestable: los tres primeros partidos, el Frente Popular del primer ministro Arseniy Yatseniuk, el Bloque Poroshenko del actual presidente y el partido Autoayuda del alcalde de Lviv, suman más del 50% de los votos.

Al mismo tiempo, los partidos de extrema derecha nacionalista han quedado fuera de la Rada Suprema al no superar la barrera del 5% en el reparto a nivel nacional; sólo el Partido Radical del populista Oleg Lyashko, conocido por sus detenciones ilegales y malos tratos a supuestos “colaboracionistas” con Rusia, ha entrado con un exiguo 7,4%. No obstante, algunos dirigentes de grupos minoritarios fascistas —como Dmitro Yarosh, del Sector de Derechas, o Andriy Biletskiy, de la Asamblea Social-Nacional y comandante del Batallón Azov— han conseguido un escaño individual, en la otra mitad de la cámara que se elige en distritos por sistema mayoritario.

Sin embargo, estos resultados confirman también la profunda fragmentación territorial y alertan de nuevas crisis de inestabilidad política. El Bloque de Oposición —sucesor del Partido de las Regiones del depuesto presidente Yanukovich— ha obtenido menos del 10%; mientras que el Partido Comunista, con menos del 4%, ni siquiera ha entrado en la Rada. Ambos eran tradicionalmente los representantes de las regiones del este y sur que los rebeldes identifican con “Nueva Rusia”; su caída no se explica por un trasvase del voto hacia los partidos nacionalistas ucranianos o “proeuropeos”, sino por la desvinculación de los votantes respecto a la política nacional y su desconfianza hacia todas las formaciones. Así, la participación en esas regiones ha sido claramente inferior a la del resto, con menos de un 50%. Esta alta abstención es más acentuada en Donetsk y Lugansk, donde sólo acudió a las urnas un 32%; entre otras razones, por ser el escenario del conflicto armado y por haber impedido los separatistas votar en las zonas controladas por ellos.

Cada una de estas perspectivas aporta un enfoque complementario, pero por sí solas son insuficientes para comprender la complejidad de la situación. Y es que, si hay algo que han evidenciado estos comicios, es que el alto grado de desafección con las formaciones políticas y opciones electorales es un fenómeno transversal en el conjunto del país, lejos de ser exclusivo del este y el sur. En un contexto de tanta tensión y polarización política como el actual, la participación en toda Ucrania ha alcanzado un magro 52%, con apenas seis regiones de un total de 26 —en especial, las más identificadas con el nacionalismo ucraniano— llegando al 60%. Sólo el 11% de las personas con derecho a voto ha apoyado al presidente, y sumando todas las opciones electorales “reformistas” y proeuropeas, alcanzan un mero 34% de los ucranianos. Unido esto a la elevada dispersión del voto, no se puede concluir que exista un apoyo tan sólido de la ciudadanía ucraniana a las actuales autoridades.

Esta desafección se explica por el sentimiento muy extendido de decepción ante las promesas incumplidas de regenerar la política, en las que tantas esperanzas se pusieron con el triunfo del Maidán. Un ejemplo son las nuevas leyes de “depuración” de los funcionarios nombrados en la presidencia de Yanukovich, convertidas en su día en una de las principales reivindicaciones de los manifestantes en Kiev, y que se han continuado exigiendo después con nuevas movilizaciones. Pero independientemente de la cuestionable eficacia o legitimidad de estas medidas —posible puerta abierta a venganzas personales y políticas—, muchas de las prácticas corruptas del pasado se mantienen: por ejemplo, en la confección de listas de candidatos a las elecciones, donde empresarios locales financian la campaña del partido a cambio de uno de los primeros puestos, sin otro objetivo que defender sus propios intereses económicos. Un fenómeno que afecta negativamente, como es lógico, a la credibilidad de las instituciones elegidas de esta forma.

La fractura o cleavage más importante no es ya, por tanto, el regional; sino el que se produce entre la ciudadanía y la élite política. Un horizonte de inestabilidad en el que no puede descartarse que salte de nuevo la chispa de los enfrentamientos violentos en las calles, alentada por oportunistas de distinto signo como alternativa a los canales institucionales; más aún, en un contexto de crisis económica y continua degradación de las condiciones de vida, donde los ucranianos están teniendo que asumir un duro programa de ajuste a cambio de la ayuda económica occidental. La apuesta “proeuropea” en las urnas ha estado sin duda condicionada por esta percepción de que el país depende completamente de la UE, la cual es ya el único vecino al que pueden recurrir en busca de apoyo: por ejemplo, recibiendo de ella el suministro de gas que Kiev no puede permitirse comprar directamente a Moscú.

¿Qué consecuencias tendrán los resultados electorales para la guerra en las regiones del Donbass? Las élites actualmente en el poder se han visto respaldadas, tanto en el interior de Ucrania como en el ámbito internacional, como una apuesta por la estabilidad y la seguridad frente a la amenaza de Rusia. Pero si tenemos en cuenta la desafección ciudadana hacia las instituciones y la clase política, así como el previsible descontento con el impacto social de los ajustes económicos, es probable que la gobernabilidad se demuestre más complicada de lo que parecen augurar estas amplias mayorías. En ese contexto, Kiev tendría un claro incentivo para rehuir una solución dialogada que deteriorase aún más su imagen a los ojos de los ciudadanos, apareciendo como débil frente a Rusia. Más aún, en un debate político en el que el discurso nacionalista-patriótico ha sido incorporado por todos los grandes partidos para evitar perder votos frente a los grupos ultranacionalistas minoritarios.

No obstante, el escenario en el Donbass parece ya depender poco de las decisiones que adopte Kiev, para convertirse en un “conflicto congelado” como el de otros territorios del espacio postsoviético. Ucrania no es capaz de recuperar estas regiones militarmente enfrentándose a las tropas rusas; mientras que el Kremlin se limita a mantener el statu quo actual, con las “Repúblicas Populares” de Donetsk y Lugansk separadas de facto del resto del país, pero sin ampliar su extensión o incorporarlas de momento a Rusia. El conflicto armado seguirá siendo así un serio foco de inestabilidad, lo cual, unido a la crisis socioeconómica, las carencias del Estado de Derecho y la desafección ciudadana resultante, nos obliga a moderar el optimismo —quizás excesivo— depositado en ese programa reformista proeuropeo.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

Como es lógico, en el breve plazo transcurrido desde la tragedia del vuelo MH17 de Malaysia Airlines que sobrevolaba territorio ucraniano, los interrogantes no resueltos superan en mucho a las escasas certezas. 298 muertos y un clima de acusaciones cruzadas entre el gobierno de Kiev, el de Moscú y los separatistas de las “Repúblicas Populares” de Donetsk y Lugansk (que reivindican la independencia del territorio históricamente conocido como Novorossiya o Nueva Rusia) llaman a la más absoluta de las cautelas. Por ello, se ha de entender éste como un análisis de urgencia en el que aportar algunas claves que permitan aventurar un relato de lo ocurrido (necesariamente provisional) y de sus implicaciones.

1. ¿Quién derribó el avión y por qué?

Uno de los pocos aspectos sobre los que existe ya cierto acuerdo es el derribo del avión utilizando un misil tierra-aire. La trayectoria de la caída de la aeronave, sus restos y los de los propios pasajeros descartan una avería, así como un impacto aire-aire: es decir, el vuelo MH17 no fue atacado por un caza.

El Boeing 777 sobrevolaba Donetsk a 10.600 metros de altitud cuando fue derribado. Entre el armamento pesado disponible en la zona, únicamente un sistema de misiles antiaéreos de tipo Buk-M1 (denominado SA-11 Gadfly en la nomenclatura de la OTAN) sería capaz de haberlo alcanzado; sobre esto también existe consenso. Tanto Ucrania como Rusia poseen unidades Buk-M1, aunque las instaladas en territorio ruso no llegaron a tener al avión dentro de su radio de alcance. Pero sí lo tuvo la unidad (una o varias, según diversas fuentes, incluidas rusas) que poseían desde hacía semanas los separatistas.

Dentro del cruce de acusaciones a tres bandas entre ucranianos, separatistas y rusos, han surgido múltiples teorías; algunas de ellas ciertamente conspirativas o propagandísticas, sin pruebas concluyentes que las sustenten. Desde Moscú se ha afirmado, por ejemplo, que los Buk-M1 ucranianos fueron utilizados en el horario de la catástrofe, y habrían disparado pensando que lo hacían contra una aeronave rusa; incluso podrían haberlo hecho creyendo que se trataba del avión presidencial de Putin. La televisión estatal rusa RT difundió también las declaraciones de un supuesto controlador aéreo español del aeropuerto de Kiev (cuya identidad y credibilidad son dudosas, a la vista de anteriores comentarios), afirmando que dos cazas ucranianos escoltaron al avión de Malaysia Airlines para sospechosamente abandonarlo minutos antes del ataque. A día de hoy, la cuenta en Twitter de esta persona aparece cerrada.

El gobierno ucraniano, por su parte, apuntó en las primeras horas a la posibilidad de un derribo por un caza ruso, o por baterías Buk-M1 desde territorio ruso; si bien después han concentrado sus acusaciones en el uso de estos sistemas por los separatistas, apoyándose en una grabación difundida por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Aunque esta fuente tampoco sea en modo alguno imparcial, en ella se oye a miembros de las milicias conversar sobre el vuelo MH17 creyendo inicialmente que era un avión militar ucraniano; lo que parece coherente con otras informaciones de las que disponemos.

La gravedad del suceso, su repercusión internacional y la imposibilidad de ofrecer una justificación moral para un ataque a un vuelo de pasajeros nos conduce a pensar que, con independencia de la veracidad de la grabación previa, se trató de un error de los separatistas. Tanto el ejército ucraniano como el ruso cuentan con la tecnología necesaria para identificar cualquier aeronave, y es además improbable que cualquiera de los dos apuntase a un avión que transitaba por una concurrida ruta comercial.

Por otro lado, las milicias rebeldes ya habían disparado y alcanzado antes a varios aviones de la fuerza aérea ucraniana. El mismo día del siniestro, el líder militar de los separatistas (el mercenario ruso Igor Girkin, alias Strelkov) se jactaba en las redes sociales de haber derribado dos aviones, uno de ellos todavía sin identificar; para después eliminar dichos mensajes:

Como se ha apuntado, es poco probable que los atacantes supieran que era un avión de pasajeros, ya que no sólo no ganarían nada en términos militares con su derribo, sino que verían deslegitimados sus argumentos en favor de la independencia ante la opinión pública. Hay que recordar además que las milicias separatistas tampoco son un ejército profesional: algunos de sus miembros son voluntarios o mercenarios con experiencia en combate, pero pueden carecer de la formación y la tecnología necesarias para emplear eficazmente un sistema de misiles tierra-aire, identificando claramente los blancos.

2. ¿Quién proporcionó el misil?

Hay dos posibilidades: que fuera suministrado directamente por Moscú o que fuese obtenido de un arsenal ucraniano. La primera sería coherente con lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, ya que se ha observado a los milicianos disparar MANPADS (misiles más pequeños y portátiles, empleados por ejemplo contra helicópteros) cuyo origen parece ser ruso. Para los separatistas, la frontera con Rusia es su principal vía de abastecimiento, tanto de financiación o equipamiento militar como de combatientes.

Sin embargo, un medio ruso informó a finales de junio que las milicias habían capturado una base de la defensa aérea ucraniana con sistemas Buk-M1, los mismos empleados en este caso. En cambio, otros expertos como Mark Galeotti consideran que esto último habría sido una simple estratagema propagandística, y que los misiles fueron proporcionados por los rusos. Lo que parece seguro es que se trata de un sistema avanzado y complejo de manejar; por lo que también quedaría por dilucidar si fue acompañado por personal capacitado para utilizarlo (en cuyo caso se trataría de un error mucho mayor), o fue operado directamente por miembros de las milicias separatistas.

3. ¿Por qué no se cerró el espacio aéreo de una zona de guerra?

La cadena de responsabilidades políticas, legales y económicas no concluirá en el hipotético momento en que se conozca la autoría del disparo. Es difícil explicarse cómo permanecía abierto el espacio aéreo de una región en guerra donde se habían producido previamente derribos de aviones, por más que fueran militares; o por qué Kiev no desvió las rutas comerciales para impedir el paso por el Donbass una vez supo que los rebeldes contaban con misiles de alcance superior a los 20.000 metros. En la semana anterior, distintos vuelos que atravesaban rutas similares habían desviado su trayecto; si bien es cierto que otros no lo hicieron, incluso siendo de las mismas compañías.

Con respecto al vuelo MH17, se ha abierto una batalla de responsabilidades entre Malaysia Airlines y distintas organizaciones de control aéreo europeas e internacionales. Tanto Eurocontrol como la empresa aseguran que el avión volaba 300 metros por encima de la zona de exclusión aérea fijada por las autoridades ucranianas. Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) advirtió ya en abril que la zona era insegura en su totalidad. Con todo, la principal pugna va a producirse en torno a cómo y quién va a desarrollar la investigación de la catástrofe, especialmente en cuanto al acceso a las cajas negras encontradas por los separatistas.

4. ¿Cómo va a influir este suceso en el conflicto de Ucrania?

Desde principios de mayo especialmente, ha quedado patente que las capacidades del ejército separatista (la Milicia Popular del Donbass) dependían de la ayuda económica, suministros, armamento y voluntarios o mercenarios procedentes del otro lado de la frontera. Así, con independencia de la implicación directa de las autoridades rusas en este abastecimiento, en el momento en que éstas tuvieran una determinación firme por dificultarlo o impedirlo, el aparato militar de Nueva Rusia quedaría herido de muerte y con él la misma entidad secesionista. Putin ha tenido y tiene en su mano “cerrar el grifo”, y con ello poner una fecha aproximada de fin del conflicto armado tal como lo conocemos.

¿Por qué no lo ha hecho? ¿qué objetivos persigue?, y, sobre todo, ¿estaría dispuesto a intervenir directamente dependiendo del contexto? Son preguntas que ya nos planteábamos antes de lo sucedido con el vuelo MH17, entendiendo que había tres opciones en las preferencias del Kremlin:

El derribo del Boeing 777 puede suponer un vuelco en los acontecimientos. Si nuestra hipótesis provisional (y la de otros autores) es correcta, la Milicia Popular del Donbass habría abatido por error el vuelo de Malaysia Airlines; pero utilizando una batería Buk-M1 que opera en sus manos gracias en alguna medida a Rusia, bien por haber sido transportada desde territorio ruso, por haber proporcionado Moscú entrenamiento para su uso, o por ambos motivos. Incluso si se tratase de un arma capturada por los rebeldes al ejército ucraniano, el apoyo sostenido que han recibido de Rusia en todos los ámbitos sitúa a ésta en una posición ciertamente incómoda ante la opinión pública internacional, como colaboradora indirecta de la tragedia.

Dado que Rusia y EE UU tienen medios tecnológicos suficientes para conocer quién fue el responsable del ataque, el presidente ruso podría verse forzado a desvincularse progresivamente de los separatistas, para evitar tanto un refuerzo de las sanciones como un deterioro irreversible de su imagen internacional (ya gravemente dañada en los últimos meses). Este repliegue podría traducirse en la disminución de los suministros que reciben los rebeldes a través de la frontera; lo cual, si bien tampoco causaría su inmediata desmovilización, les condenaría antes o después a la derrota. Una opción que sin duda no es la deseada por Putin, en tanto que supondría realizar concesiones para alcanzar una solución dialogada; pero que sin duda sería preferible a prolongar indefinidamente esta crisis, que ya parece haber escapado a su control.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

En el contexto actual no se pueden celebrar unas elecciones de ámbito estatal que cuenten con un mínimo de garantías procedimentales. A escasamente un mes de la primera vuelta de los comicios es dudoso que estos tengan lugar en la fecha y forma previstos, esto es, una elección presidencial que no incorpore la consulta sobre la federalización del Estado o la elección de gobernadores regionales. Por el momento, entre las concesiones del gobierno provisional figuran un aumento de la descentralización política y fiscal así como la oficialidad del ruso. No la federalización del país; la cual, en todo caso según Kiev, solo llegaría mediante un referéndum de ámbito estatal y no local, tal como demandan los rebeldes prorrusos.

De hecho, el gobierno de la autoproclamada República Popular de Donetsk convocó inicialmente un referéndum de autodeterminación para el 11 de mayo; sin embargo el 21 de abril dicho gobierno anunció la intención de promover una Federación de Repúblicas Populares junto con Lugansk, Jarkiv y Odesa.

En cuanto a las elecciones presidenciales, independientemente de su fecha, se deben destacar dos elementos que los principales candidatos sin duda tienen en mente. Si la identidad nacional, como en anteriores comicios, continúa siendo la principal fractura política que determina el voto en Ucrania, la salida de facto de los votantes de Crimea del censo obliga a renovar la estrategia electoral por dos motivos. Inicialmente supone que una victoria de una candidatura suroriental, como las que tradicionalmente han sido las del PCU y el Partido de las Regiones, no cuenta con un electorado lo suficientemente numeroso para ganar las elecciones presidenciales. De tal modo, si anteriormente los candidatos del este y oeste se disputaban la victoria en la segunda vuelta esencialmente en las regiones centrales, a partir de ahora se puede producir un desplazamiento hacia el este de la disputa, muy probablemente, entre dos candidatos de corte occidental. En esta primera elección presidencial las posibilidades de que así suceda son mayores al carecer hoy el Partido de las Regiones de un liderazgo claro y encontrarse cerca de su disolución.

Este nuevo escenario no ha pasado inadvertido a los ojos de los dos principales candidatos a la presidencia: el oligarca y exministro tanto con Yúschenko como con Yanukóvich, Petro Poroshenko, y la ex primera ministra conocida previamente como princesa del gas, Yulia Timoshenko. El primero ha buscado presentarse en todo momento como el candidato del consenso y la unidad, tratando de desmarcarse desde la formación del gobierno provisional de las decisiones más identitarias y buscando una candidatura unificada con el apoyo de Klitschko, el líder opositor a Yanukóvich con más apoyo electoral en el sur y este del país. Incluso ha invitado de manera velada a su archienemiga Yulia a formar parte de su candidatura. Por su parte, Timoshenko, desfondada en las encuestas, decidió dar un golpe de timón a su candidatura la semana pasada con una visita a Donetsk en busca de diálogo con los rebeldes prorrusos, previa critica a su vez a la “operación antiterrorista” anunciada por el presidente en funciones Turchínov, y apoyada por el primer ministro Yatseniuk, ambos miembros de Patria, el partido de Timoshenko. La ex primera ministra, oriunda de la región oriental de Dnipropetovsk, no llegó a ningún acuerdo con los rebeldes, pero aprovecho para realizar un primer acto de campaña al ofrecer una rueda de prensa en idioma ruso en Donetsk.

En cualquier caso, salga quien salga vencedor de la contienda electoral, queda claro que si el Euromaidan sirvió para derrocar a Yanukóvich no ha servido para renovar a la élite política, ya que es la vieja guardia oligárquica la que sigue repartiéndose el poder.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

La declaración de Ginebra es un acuerdo de mínimos para la “desescalada” de la tensión sobre el terreno, con el fin de evitar una guerra civil en Ucrania en la que podría intervenir también Rusia del lado de los rebeldes. El texto, por los profundos desacuerdos entre sus firmantes (EE.UU., la UE, Ucrania y Rusia), contiene numerosas ambigüedades que harán difícil su implementación. Con independencia de ello, el tímido optimismo que generó la reunión de Ginebra duró menos de 48 horas a causa de los enfrentamientos en Sloviansk, donde fallecieron al menos tres personas.

En primer lugar, aunque en el texto todas las partes se comprometen a no emplear la fuerza, al desalojo de los edificios ocupados y al desarme de los grupos ilegales, las milicias prorrusas se oponen por el momento a cumplir estas condiciones, argumentando que no participaron en la cumbre y siguen una estrategia propia no dictada por Rusia. Además, estos grupos ponen dos condiciones que para Kiev no estaban incluidas en el acuerdo de Ginebra: el desmantelamiento de los grupos armados pro-Maidán como el Sector de Derechas, y el desalojo de la zona central de Kiev ocupada por los manifestantes desde noviembre.

Por otra parte, el gobierno ucraniano promete una amnistía para todos los rebeldes, salvo quienes hayan cometido “delitos graves”. Esta definición no especifica si se trata de delitos de sangre o también de cualquier otro crimen considerado especialmente serio, como el terrorismo o el separatismo; en los cuales, según Kiev, habrían incurrido todos los participantes en la sublevación.

El logro más relevante es que, por primera vez, Kiev acepta buscar consensos en el conjunto del país para una reforma constitucional. Una solución de compromiso podría incluir la cesión de competencias a las regiones, la elección popular de los líderes regionales y la cooficialidad del ruso en las regiones del sur y del este. Sin embargo, esta solución dialogada no será posible a no ser que previamente se desarmen las milicias, se desalojen los edificios institucionales y se constituyan ejecutivos regionales con alguna base de legitimidad que sirvan como interlocutores a Kiev.

En cualquier caso, es improbable que la escalada de tensión del conflicto avance hasta un punto en el que ya no sea posible dar cabida a los principales elementos de la declaración de Ginebra. Ello se debe tanto a motivos externos como internos. Entre los primeros destaca, sobre todo, que la voluntad de Rusia no parece ser la de anexionar unas regiones a las que Putin se refirió esta semana con su denominación zarista, “Nueva Rusia”; sino la de forzar la federalización de Ucrania para mantener su influencia en el país vecino mediante la acción de los representantes del este y sur en las instituciones regionales y centrales. Entre los factores internos sobresalen dos: por un lado la incapacidad manifiesta del gobierno de Kiev para ejercer la autoridad en varias regiones del este y sur, lo que, unido al precedente de Crimea, ha favorecido una tendencia sostenida hacia las concesiones a las demandas orientales. Por otro lado, la mayoría social del sur y este de Ucrania no es separatista y no desea la guerra. Tampoco son esos objetivos de los principales oligarcas del Donbás, con la excepción, quizás, de Yanukóvich y su círculo conocido como “La Familia”. Tanto la sociedad como las élites asisten al desafío separatista de forma pasiva, esperando a los réditos del mismo por medio de las soluciones intermedias (como el Estado Federal o el reconocimiento de la cooficialidad del ruso) que finalmente se acuerden con Kiev. Independientemente de que se trate o no de preferencias rusas, la “finlandización” (neutralidad) y la federalización de Ucrania son el mejor escenario para lograr la estabilidad interna.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

La Administración estadounidense ha apoyado sin reservas al gobierno provisional liderado por Patria (el partido de Yulia Timoshenko y el actual primer ministro Arseni Yatseniuk), que contó con ayuda estadounidense ya desde las protestas en Kiev. Washington considera que Rusia es la responsable de los levantamientos armados en el este de Ucrania, y por tanto ya no es posible cooperar con ella aunque se mantenga abierto el diálogo; por el contrario, se están considerando distintas opciones para reforzar la presencia militar de la OTAN en Europa Oriental, como nueva “política de contención” ante una Rusia expansionista. De momento, la Alianza Atlántica ha iniciado una misión de patrulla en el Báltico y se enviarán tropas estadounidenses a Estonia, Letonia, Lituania y Polonia atendiendo a las demandas de estos países.

En cuanto a la UE, la prioridad ha sido mantener el anunciado rumbo prooccidental de Ucrania tras la revolución del Maidán, reconociendo inmediatamente a las nuevas autoridades pese al incumplimiento del acuerdo alcanzado el 21 de febrero con mediación europea (que obligaba a incluir al partido de Yanukovich en un gobierno provisional y mantener a éste como presidente hasta unas elecciones a celebrar antes de fin de año). Europa, junto con el FMI, ha prometido ayuda financiera para rescatar al país de la bancarrota a cambio de un duro programa de ajuste del gasto público.

Para afianzar estos compromisos, se han firmado incluso los apartados de carácter político del Acuerdo de Asociación (que rechazó Yanukovich en noviembre) sin esperar a la celebración de las elecciones presidenciales en mayo. Con esto se condiciona inevitablemente la orientación del país en los próximos años, a pesar de que el actual gobierno tenga carácter provisional y no haya sido legitimado en las urnas por los ciudadanos.

Aunque algunos Estados miembros como Alemania se hayan mostrado reacios a continuar presionando a Moscú mediante sanciones, la diplomacia común de la UE se ha limitado a respaldar las propuestas estadounidenses sin ofrecer ninguna posición diferenciada. Así quedó de manifiesto en la rueda de prensa conjunta tras la cumbre de Ginebra (organizada a iniciativa de Washington), en la que la Alta Representante Catherine Ashton se limitó a corroborar cada una de las declaraciones de su homólogo estadounidense, el Secretario de Estado John Kerry.

Video Rueda de prensa de John Kerry sobre la situación en Ucrania

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

El actual ejecutivo ha ignorado de forma imprudente el descontento acumulado en las regiones del sur y este del país, donde la mayoría de la población considera ilegítima la toma del poder por el Maidán; aunque tampoco reconozcan ya al depuesto presidente Yanukóvich. Por parte de Kiev ha existido una gran resistencia a descentralizar el poder (las regiones no eligen a sus propios gobernadores, sino que estos son nombrados directamente por el gobierno central), con el argumento de que facilitaría el control de Rusia sobre esos territorios. Esto ha creado una sensación de agravio entre muchos ucranianos de habla rusa, que han sentido que se ignoraban sus intereses y su identidad cultural diferenciada pese a tratarse de las regiones que más aportan al presupuesto del conjunto del Estado.

Al principio, las autoridades se mostraron incapaces de reaccionar ante la oleada de insurrecciones en el este. Los rebeldes trataron de presentarse como un “Maidán prorruso”, desafiando a Kiev a utilizar contra ellos la fuerza igual que Yanukovich lo hizo contra los manifestantes. En algunos casos, la propia policía se unió a los levantamientos. Esta parálisis del gobierno permitió que los milicianos se organizaran levantando barricadas y preparándose para un ataque, haciendo así difícil desalojarlos sin que se produjera un baño de sangre.

Cuando finalmente el gobierno decidió lanzar una operación (calificada como “antiterrorista”) con tropas del Ministerio del Interior y de las fuerzas armadas, el resultado fue un absoluto fracaso: varios blindados del ejército ucraniano se negaron a disparar contra sus compatriotas y se pasaron con sus vehículos al bando rebelde. Tras la firma del acuerdo de Ginebra, Kiev suspendió inicialmente estas operaciones; aunque los acontecimientos posteriores (negativa de las milicias a desarmarse o desalojar los edificios ocupados, y hallazgo del cadáver de un concejal del partido Patria, supuestamente asesinado por los rebeldes) han llevado al presidente interino Turchinov a anunciar su reanudación. El acuerdo parece quedar así roto por ambas partes.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

No se trata del mismo escenario que Crimea, la cual fue invadida por soldados rusos de uniforme, aunque se quitaron las insignias para que no pudiera implicarse a Moscú (Putin ha reconocido finalmente que se trataba de su ejército). Como se ha dicho Rusia está apoyando a las milicias, aunque sin involucrar sus propias tropas. El Kremlin también ha desplegado su aparato propagandístico presentando a los ucranianos prorrusos como víctimas de un ataque injustificado (o incluso un plan de genocidio) iniciado por las autoridades de Kiev, a las que identifican con los sectores más radicales surgidos del Maidán. Por ejemplo, los medios rusos acusaron a los paramilitares fascistas conocidos como Sector de Derechas del tiroteo del domingo de Pascua en la localidad de Sloviansk, con la única prueba de una tarjeta de visita encontrada en la zona y supuestamente perteneciente a su líder Dmitro Yarosh.

Declaración de Dmitro Yarosh, jefe del Sector de Derechas, al pueblo de Ucrania

Putin ha afirmado hasta ahora que su objetivo es proteger el derecho de esa población a “decidir su futuro”, aunque parece aceptar que esta solución pueda darse dentro del Estado ucraniano, con una nueva Constitución acordada ente todas las fuerzas políticas que suponga la federalización de Ucrania y conceda el autogobierno a estas regiones. Sin embargo, Moscú sigue manteniendo la amenaza de una intervención militar si Kiev no atendiera a estas demandas.

Las acciones han estado lideradas por el colectivo separatista “República de Donetsk”

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

Entre quienes forman la amalgama de lo que conocemos como los rebeldes prorrusos hay que diferenciar entre los activistas, las milicias y aquellos que prestan apoyo. Entre el primer grupo habría que introducir a los militantes de organizaciones que han tomado parte activa desde el inicio en la toma de los edificios gubernamentales u otras acciones operativas. Las acciones han estado lideradas por el colectivo separatista “República de Donetsk”, prohibido desde 2007, cuyo líder, Andrei Purgin, fue arrestado semanas antes, siendo sustituido por Pavel Gubarev, quien se autoproclamó Gobernador Popular de Donetsk antes de ser igualmente detenido. Gubarev y otros miembros de las organizaciones implicadas han pertenecido a colectivos ultranacionalistas rusos de corte neonazi como la Unidad Nacional Rusa. Pero entre quienes iniciaron las ocupaciones y quien actualmente las incorpora tras la proclamación de la “República Popular de Donetsk” ya no hay mucha semejanza, ya que activistas de otros colectivos y partidos se han sumado a ella, incluyendo miembros a título individual del PR, Partido Comunista (PCU), Soyuz o el Frente del Trabajo entre otros. En cualquier caso, las movilizaciones más numerosas se sitúan entre los 3.000 y 5.000 participantes en ciudades que, como Donetsk, superan el millón de habitantes.

Bandera de la Autoproclamada República Popular de Donestk

Así que no es difícil comprender que dentro del movimiento el grupo más relevante es su brazo armado, la Milicia Popular del Donbás. Sobre su naturaleza, la propaganda del Maidán y EE.UU. están difundiendo que las sublevaciones están siendo ejecutadas por tropas rusas en lugar de población local; lo cual es desmentido rotundamente por los corresponsales sobre el terreno. Otra cuestión es que Rusia apoya intensamente a las milicias, aunque sin enviar sus propias tropas: probablemente utiliza a sus agentes de inteligencia para suministrar información, dinero o incluso armas a los prorrusos. Entre los milicianos armados destaca la presencia de ex miembros de las fuerzas antidisturbios Berkut, tristemente célebres por su participación en la represión del Euromaidán y desmanteladas por el gobierno provisional; milicias locales de Crimea, así como de veteranos de la guerra de Afganistán.

Video en el que las milicias de autodefensa de Crimea confirman su participación en las revueltas del este de Ucrania

Distritos de la región de Donetsk en los que hay edificios gubernamentales bajo control prorruso

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

La fractura regional de Ucrania no es un mito como algunos se empeñan en sostener. Esta fractura queda patente en las encuestas sobre el apoyo al Euromaidán tanto en su inicio como en su final, sobre la legitimidad al nuevo gobierno provisional, acerca de la entrada de Ucrania en la OTAN, y en cuanto al acercamiento a la UE si ello supusiera un alejamiento de Rusia. En todos estos asuntos las diferencias regionales se sitúan entre el 40-50%. Así que quienes advertimos la fuerza centrífuga que inevitablemente desencadenaría el movimiento de Kiev, ni estamos sorprendidos por las sublevaciones en el este ni las entendemos como resultado de un conflicto entre potencias exteriores. No obstante, la crisis ucraniana no se debe solo a la compleja construcción histórica de su Estado, sino a decisiones de los principales actores políticos (internos y externos) implicados. La responsabilidad de Yanukóvich, de la UE, o de Rusia en el conjunto de la crisis es inequívoca, pero para entender la presente situación de soberanía múltiple en el Estado ucraniano hay que prestar atención a tres claves: las decisiones del gobierno provisional que han contribuido a la polarización social del país, el contexto por el cual se abre una oportunidad política para los rebeldes prorrusos, y la debilidad del Estado que impide neutralizar el desafío de éstos últimos.

Entre los pecados del gobierno provisional de Kiev cabe destacar dos originales, y otros tres cometidos en el curso de su gobierno que no son precisamente veniales. Los pecados originales del gobierno de Kiev, producidos en su concepción, fueron no haber respetado el acuerdo con Yanukóvich del 21 de febrero y formar un día después un gobierno cuya composición, además de integrar a la ultraderecha, era tan excluyente a nivel regional como el anterior gobierno de Yanukóvich. La UE, EE.UU. y Rusia no lo han puesto fácil, pero ya con el gobierno en funcionamiento, antes de la ilegal invasión y anexión de Crimea por Rusia, hubo dos decisiones desafortunadas, por un lado la abolición de la ley que reconocía la cooficialidad del ruso en las regiones donde su uso es mayoritario (posteriormente revocada), y la designación de dos oligarcas afines a los políticos naranjas como gobernadores de Dniepropetrovsk y Donetsk. Una acción que disgustó a la sociedad oriental, harta de la oligarquía, e intranquilizó a los oligarcas cercanos al Partido de las Regiones. Inmediatamente después de la anexión de Crimea, Kiev y Bruselas firmaron la parte política del Acuerdo de Asociación con la UE y seguidamente se hizo lo propio con el rescate del FMI. Todo ello cuando la población oriental, empresarios y trabajadores, tienen el convencimiento de que su industria y minería son los sectores que más van a sufrir a consecuencia del acuerdo con la UE.

Mapa del origen regional de los ministros en el gobierno de Yatseniuk

Habiendo en el este y sur de Ucrania un fuerte sentimiento de exclusión de las instituciones centrales; en torno a lo acontecido en Crimea se dieron cuatro factores que proporcionaron una oportunidad política para desafiar a Kiev. En primer lugar, se percibió que tanto Kiev y Occidente por un lado, como Rusia por el otro, daban por bueno el intercambio de Crimea por el control del resto de Ucrania, lo que causó alarma en el este. En segundo lugar, en Crimea se había mostrado una estrategia de movilización y desestabilización de gran impacto para la que no era necesario tener cientos de miles de manifestantes: la toma directa por la fuerza de edificios gubernamentales. En tercer lugar, Kiev había mostrado una gran debilidad para ejercer su autoridad y las fuerzas de seguridad una profunda división interna. Finalmente, el censo electoral sin los votantes de Crimea prácticamente inhabilita de ahora en adelante una victoria oriental en las elecciones presidenciales. Por todo ello, con las elecciones programadas para el 25 de mayo, era ahora o nunca.

Toma de edificio gubernamental en Mariupol (Donetsk) el 13 de abril

La tercera de las claves apuntadas, la debilidad del Estado para neutralizar un desafío a su soberanía, se ha manifestado principalmente en el rechazo de la burocracia local a cumplir las órdenes de las instituciones centrales, siendo especialmente grave la actuación de fiscales y cuerpos de seguridad, por no hablar de las continuas deserciones en el ejército. Es en este aspecto, y no tanto engrosando las movilizaciones prorrusas que apenas alcanzan los varios miles de participantes, en el que el desafecto al gobierno de Kiev y la polarización son decisivos. En el este “rebelde” la inacción explica más que la acción.

Video en el que se puede ver el momento en el que la policía se pasa al bando rebelde en Odesa

Los escenarios que se plantean en Ucrania son extremadamente peligrosos y sujetos a una gran volatilidad

La imagen que nos está llegando estos días de las protestas en Ucrania, trágicamente marcadas por el elevado número de víctimas, no refleja adecuadamente la complejidad del conflicto. Aunque la narrativa predominante es en parte correcta, se corre el riesgo de omitir otros datos que presentan una realidad mucho más contradictoria, alejada del romanticismo aparente en la lucha para quien se acerca a este país por primera vez.

En primer lugar, al situar el foco sobre la capital (los sucesos en el Maidan y sus inmediaciones) ocultamos la gran diversidad regional, de la que Kiev no es representativa. Recordemos que la sociedad ucraniana está claramente dividida entre un oeste y centro (capital incluida) que identifica la nación ucraniana con esta lengua y vota por la actual oposición; y un este y sur de población rusoparlante, que combina su identidad ucraniana con la cultura rusa y apoya en su mayoría al partido del presidente Viktor Yanukóvich. La distribución territorial del voto (fig. 1) coincide con la división etnolingüística (fig. 2), y se explica en gran parte por ella.

Pese a que el movimiento de protesta ha atraído a manifestantes de fuera de Kiev, y se ha extendido también a otras partes de Ucrania, la fractura geográfica se mantiene. Por ejemplo, las víctimas entre los opositores (según datos de estos, fig. 3) procedían de las regiones occidentales y centrales; mientras que los policías fallecidos eran originarios del centro y este.

Esta polarización no permite, por tanto, hablar de una nación unida frente al gobierno. Gran parte de la sociedad ucraniana se ha opuesto a las demandas del Maidan (un 70% en el este y el 80% en el sur están en contra, en comparación con el 20% en el oeste); aunque el descontento con la gestión de la crisis por el presidente se ha extendido a sus partidarios. El corrupto Yanukóvich (político con escasa propensión al diálogo, curtido en su juventud en las cárceles soviéticas por delitos comunes) es, pese a su responsabilidad en la represión, un presidente elegido democráticamente hace sólo cuatro años por el 49%, en unas elecciones calificadas como limpias por los observadores internacionales. Para la población del este, su Partido de las Regiones representa la defensa de sus intereses frente al oeste, ante el que se han sentido discriminados. Toda solución política al conflicto debería necesariamente contar con la opinión de esta parte de la sociedad, o correr el riesgo de fracturar definitivamente al país.

En el campo opositor, ahora dispuesto a tomar el poder, encontramos actores con objetivos contrapuestos. Como es sabido, la protesta (que rebautizó la plaza de la Independencia o Maidan Nezalezhnosti de Kiev como Euromaidan) tuvo como detonante la decisión del presidente de congelar la firma de un Acuerdo de Asociación y libre comercio con la UE; lo que muchos ciudadanos interpretaron como el fin de sus aspiraciones de prosperidad en un futuro como miembros de la Unión, aunque esto no se había ofrecido en ningún momento por parte de Bruselas. Esta primera movilización representaba sobre todo a una sociedad indignada frente al enriquecimiento obsceno de sus gobernantes, aliados con los oligarcas empresariales para explotar a un país sumido en una grave crisis económica.

Ya entonces, la heterogeneidad del Maidan se hizo evidente entre los partidos que se pusieron a la cabeza de las manifestaciones, con posiciones ideológicas que abarcan desde el centroderecha de Patria o UDAR hasta el ultranacionalismo de Libertad (Svoboda). Así, mientras que Arseni Yatseniuk y el excampeón de boxeo Vitali Kitschkó, líderes de los dos primeros, podrían ofrecer a Occidente una imagen de alternativa democrática, el discurso xenófobo del dirigente de Svoboda Oleh Tyahnybok contradice frontalmente los valores representados por la UE.

El progresivo giro del Maidan hacia la lucha violenta fue resultado de la autoritaria decisión de Yanukóvich de restringir el derecho de manifestación (mediante una ley ahora derogada), que convenció a parte de los manifestantes de la inutilidad de protestar pacíficamente. En este nuevo clima han tenido su auge grupos como el ultraderechista Sector de Derechas (Praviy Sektor), que organizó la unidad paramilitar de “autodefensa” del Maidan; y cuyos líderes han declarado en varias entrevistas que están armados y pretenden tomar el poder por la fuerza, mediante una revolución nacionalista que elimine toda influencia rusa. También se unió a la protesta un grupo tan llamativo como los ultras de los clubes de fútbol, que se presentaron como protección frente a los matones pagados por el gobierno en apoyo de la policía, conocidos como titushki.

Esta minoría de ultranacionalistas se ha aprovechado de las protestas para generalizar las tácticas de guerrilla urbana, como los cócteles Molotov; incluso se han observado algunas armas de fuego entre los manifestantes. Por parte de la policía, la represión brutal e indiscriminada (con francotiradores que han causado las numerosas bajas civiles) ha creado un caldo de cultivo idóneo para esta radicalización, cohesionando a los opositores frente a la tragedia y alentándoles a continuar luchando. Al mismo tiempo, la influencia de los partidos de oposición en el Maidan se ha ido reduciendo, al cobrar el movimiento una dinámica propia que no responde a una planificación desde arriba.

Los escenarios a corto plazo están sujetos a una gran volatilidad. El acuerdo alcanzado con la mediación de varios ministros europeos quedó obsoleto al día siguiente, al huir Yanukóvich y otros altos cargos de la capital, y comenzar la oposición a aprobar reformas en el Parlamento. Pero el gran riesgo es que ninguno de estos actores (tampoco la UE y Rusia, cuya influencia es limitada sobre el terreno) pueda controlar por completo la situación. Un gobierno encabezado por Klitschkó, Yatseniuk o la recién liberada Yulia Timoshenko (quien podría aspirar a recuperar su protagonismo, pese a su enfermedad) no sería necesariamente aceptado por todos los manifestantes: muchos, incluyendo la minoría ultraderechista, no se sienten representados por unos políticos a los que también perciben como corruptos y ajenos a su lucha en las calles.

En cuanto a las regiones rusoparlantes del este, si son marginadas de la toma de decisiones por las nuevas autoridades es muy posible que inicien su propio movimiento de protesta, e incluso decidan avanzar hacia su separación del resto. Un futuro de conflicto civil enquistado que por desgracia, pese a las imágenes que vemos estos días, tendría mucho más de tragedia para todo el país que de victoria épica.