Todos los partidos políticos, todas las instituciones y todos los colectivos empresariales y sociales han coincidido en Baleares en torno a una idea: no permitir que se ponga en riesgo su forma de vida por los intereses de una multinacional petrolera. Efectivamente, es exactamente el mismo planteamiento que en Canarias venimos defendiendo desde hace años. Con la diferencia de que aquí hay una partido político que se ha convertido (no todo) en portavoz de los intereses de una multinacional petrolera y donde está representado, presiona a favor de ella.

No es inesperada la unidad de allí. Sí lo es el servilismo de los petroleros de Canarias. Lo normal es lo que hace el empresariado de Baleares en defensa de su mar y de su actividad turística. Lo raro es que aquí no pase en la misma medida.

Cierto es que a fuerza de ver irregularidades y cosas extrañas nos hemos acostumbrado a creerlas normales. Pero en una sociedad que se considera moderna no lo deberían ser.

No es normal que el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, se persone este jueves en el Ministerio de Medio Ambiente para impedir que los responsables de Medio Ambiente informen libremente a las autoridades de las Islas sobre la tramitación del expediente del Estudio de Impacto Ambiental, en el que participan Ayuntamientos, Cabildos, Gobierno y múltiples entidades canarias.

Por supuesto que no deberíamos aceptar que los responsables de Medio Ambiente lleven copia del expediente a esa reunión, y sea el delegado petrolero de Soria el que impida que se lo dejen ver a los canarios.

Me niego a considerar admisible que Soria, y su tentáculo, anuncien las fechas en las que la multinacional petrolera recibirá unas autorizaciones para perforar. Porque, si aceptamos el principio de legalidad en el trámite administrativo, aún no se sabe si saldrá adelante o no en el Ministerio de Medio Ambiente.

Es injustificable que no se nos quiera decir qué documentos e informes le faltan a Repsol en su expediente de impacto ambiental.

De ningún modo podemos aceptar que mientras que en Canarias la exposición al público del Estudio de Impacto Ambiental se hace durante las vacaciones agosto de 2013 y sin prórrogas, en Baleares se elige enero de 2014 y con prórroga concedida a solicitud de las autoridades locales. ¿Ustedes entienden el porqué de la diferencia en el trato?

Desde mi punto de vista, tampoco es lógico que a Baleares se les anuncie un posible trámite de evaluación de impacto ambiental estratégica desde el primer momento, y en Canarias se nos niegue y se opte por evaluaciones parciales de cada paso del proyecto. Es un poco largo explicar qué implica eso pero, para entendernos, es como si hubieran hecho una papilla para que la tragáramos mejor. Sin darnos cuenta.

Quizás no hayamos sido capaces de explicarlo bien. El proyecto petrolero a que hacemos referencia se remonta a tres décadas. De repente Repsol accedió a las concesiones en Canarias y rápidamente comercializó el 50% con otras dos multinacionales con oficinas en Australia (Woodside) y Alemania (RWE). Pese a las reiteradas peguntas, nadie dice a cambio de qué.

Todo fue anormalmente rápido y sencillo para los petroleros. Tanto, que ni si quiera había una correlación numérica de los documentos que integraban el expediente. Ustedes saben lo que eso posibilita. ¿No?

El Tribunal Supremo suspendió en 2004 los permisos ante una denuncia del Cabildo de Lanzarote y del PSOE porque, sencillamente, el Estado y Repsol habían incumplido el procedimiento administrativo. Eso es: incumplieron hasta con un expediente que estaba sin foliar. ¿Les parece razonable?

En 2012, y con el PP de nuevo en Madrid, lo primero que hizo el Ministerio de Industria fue poner a un ex alto cargo de Repsol al frente del departamento encargado. Recuperó el expediente de hacía tres décadas, que había tumbado el Supremo, y para darle visos de legalidad dictaron modificaciones que supuestamente no afectaban a la autorización original y subsanaban los defectos.

¿Quieren saber qué modificó el PP a comienzos de 2012? Dos cosas. Eliminaron el requisito previo de consulta con las administraciones canarias, que sí estaba en los borradores anteriores. Y sustituyeron la autorización de hacer hasta dos perforaciones por una nueva fórmula: 'al menos dos'.

Ante la oleada de malestar ciudadano que se estaba levantando en Canarias, y la convocatoria de una manifestación para el 24 de Marzo de 2012, el Ministerio aceleró los trámites y sólo 48 horas antes de la manifestación concedió la autorización a las multinacionales recogiendo todos estos cambios. Fallaron: la ola fue aún mayor de lo esperado.

¿Se inmutaron Soria, Industria y el PP? No. Rajoy quizás sí, porque desde entonces ha preferido no visitar estas islas. Soria lo tomó como un ataque personal y reaccionó como suele: compartió mesa y mantel con la directiva de las petroleras, asistió a conferencias petroleras, viajes petroleros a Sudamérica, inauguraciones de oficinas petroleras...

Con el tiempo, entendimos cómo el PP había dejado el Ministerio en manos de alguien tan democrático como Soria: revisen el peso que en las cuentas de Génova 13 (ya no sé bien si en A o en B) alcanzaron las donaciones al PP canario en el último año electoral. Todo está muy clarito. Es lo que cuesta una maleta ministerial.

Así las cosas, el Gobierno del PP se ha encontrado con ocho recursos para parar las autorizaciones ante el Tribunal Supremo, avalados por una veintena de organizaciones e instituciones. Se ha topado con iniciativas de todo tipo ante las instituciones europeas. Con acciones en el Parlamento y el Senado de prácticamente todos los grupos políticos que no funcionan monolíticamente.

Los petroleros respondieron como saben: dinero para una fabulosa campaña mediática en Canarias y un jerifalte insultando desde un hotel de Las Palmas.

A la oposición, sin embargo, se han ido sumando decenas de colectivos científicos, ecologistas, ciudadanos, estudiantes, turoperadores, agentes de viajes y profesionales del sector turístico en nuestros principales mercados emisores.

Por actualizar. La lucha anti petrolera se centra ahora en el Tribunal Supremo: el 1 de abril. Antes de ese día la energía y la inteligencia ciudadana debe hacer frente al petróleo y al peso de los petrodólares.

Y, mientras, acordar entre todos un retiro soriano, alejado de todo lo que pueda ser susceptible de contaminar.

Un accidente cardiovascular en Fuerteventura, u otra isla no capitalina, implica (de nuevo en el mejor de los casos) el traslado rápido hasta el servicio de Urgencias del Hospital Insular.

Allí, si lo aconseja la correspondiente evaluación con electrocardiograma incluido, se aplicará una primera acción a través de la fibrinólisis. Para entendernos: inyectar un fármaco destinado a facilitar la circulación de la sangre por las venas y, en la medida de lo posible, luchar contra la necrosis o muerte celular que se deriva de la obstrucción. No obstante, el recurso a la fibrinólisis también conlleva riesgos añadidos para el paciente.

El fármaco permite poder alargar la espera hasta ser atendido en una unidad de Hemodinámica: que no existe en los hospitales de las islas no capitalinas.

Por lo tanto, el problema se complica cuando, tras la fibrinólisis, es necesario el traslado del paciente a la unidad de Hemodinámica del Hospital de referencia (en el caso majorero, a Gran Canaria) para realizar el cateterismo que permita localizar la posible obstrucción de la arteria y colocar el STENT (un mecanismo que mantiene abierta la arteria).

O bien intervenir con cirugía si las estrecheces de las arterias están en sitios muy delicados, y así facilitar que el flujo sanguíneo llegue al corazón infartado.

Los pasos son los siguientes. Desde los hospitales de las islas no capitalinas se llama a los de referencia en Tenerife y Gran Canaria para que autoricen el traslado…. Que (de nuevo en el mejor de los casos), se realizará a través de helicóptero. Lo que podría implicar, al menos, 4 o 5 horas hasta llegar al Hospital de referencia.

¿Saben lo que ocurre realmente? Pues que ese traslado no es inmediato (si por inmediato consideramos las 4 o 5 horas a que me refería). Sino que debe esperar a que haya camas libres en las respectivas unidades de Hemodinámica de los hospitales de Tenerife y Gran Canaria… un día… 48 horas… tres días… Hasta un máximo de 4 o 5 días nos dice Sanidad. Aunque varios pacientes nos han llegado a señalar esperas por el traslado de hasta 13 días.

Recordemos que cuanto antes se abra la arteria ocluida es mejor para el paciente: hay más posibilidades de que sobreviva. Además, las secuelas, si se practica el cateterismo de forma urgente, pueden ser mucho menores en infartos agudos.

Es decir, al riesgo inicial que se deriva de la aplicación de la fibrinólisis hay que sumar también el relacionado con la espera y el propio traslado. Por no decir de la angustia de pasar días esperando por una plaza en el Hospital de referencia, sabiendo que cada hora puede ser vital.

Ahora bien. Pongámonos en el lugar de un paciente con una dolencia cardiovascular en Gran Canaria o Tenerife. Acude al respectivo servicio de Urgencias, se le diagnostica con un electrocardiograma y en el servicio médico correspondiente se le hace un cateterismo preventivo. En la mayoría de los casos, sin necesidad de recurrir a la fibrinólisis y sin asumir por lo tanto los riesgos que se derivan de ella. Y, por supuesto, en un tiempo mucho más reducido.

Si no hay camas disponibles en la unidad correspondiente, inmediatamente se le habilita una temporal en otra ubicación. Pero no se le deja en espera por el cateterismo durante días y días.

Ya digo que hablo a partir de lo que me comentan los propios enfermos y tras consultar también a especialistas. Seguro que he cometido muchos errores por mi afán de explicar el problema lo más claro posible.

Aún así, estoy seguro de que la diferencia entre días y horas es vital. Hablamos de supervivencia, pero también de calidad de vida. Porque las secuelas derivadas de la espera durante días para recibir el tratamiento en el Hospital de referencia cuando haya plaza libre pueden ser irrecuperables.

Es imprescindible el funcionamiento de unidades de Hemodinámica en las islas no capitalinas. Pero hasta que estén abiertas, es urgente la activación de un protocolo que agilice de forma inmediata el traslado de los pacientes hasta los hospitales de referencia. Exactamente en las mismas condiciones que si el paciente procede de una isla capitalina.

Que a la distancia y la insularidad no tengamos que seguir sumando las complicaciones para acceder a una plaza en los Hospitales de referencia, simplemente porque venimos de otra isla.

El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ya ha demostrado de sobra su eficacia y disponibilidad para atender la demandas sanitarias de la islas no capitalinas. Sólo en Fuerteventura, en menos de un año ha puesto en marcha el CAU de Gran Tarajal, el proyecto del búnker de Oncología, la ampliación del servicio médico de la ambulancia medicalizada de Morro Jable, la ampliación del Centro de Salud de Corralejo, y la contratación de varios especialistas médicos y bastantes profesionales sanitarios.

Y tenemos también el compromiso de financiar la Unidad de Hemodinámica en 2018. Pero lo que planteó aquí no es tanto cuestión de recursos, sino de organización. Mientras se pone en marcha Hemodinámica hay que reordenar el proceso de activación de recursos, los protocolos y las decisiones, para reducir los tiempos de espera y traslado. Para que los vecinos de las islas no capitalinas tengan las mismas opciones de acceso a este tipo de tratamientos que el resto.

En esta paridad nos va la vida.

El objetivo de su acción es acabar con los supuestos beneficiarios del actual sistema electoral, que según su mantra particular han sido: CC, ASG y AHI.

Vayamos al caso práctico de Fuerteventura, que es el que mejor conozco.

¿Qué resultados ha deparado esa oscura maquinaria electoral en estos años?

Pues la maléfica Triple Paridad ha proporcionado victorias al Parlamento para CC, PSOE y PP.

Sí. Eso es.

En 2007/11 el triplismo no era molesto porque… el PSOE fue la lista más votada al Parlamento por los majoreros.

Por supuesto que en 2003/2007 tampoco había ni que tratar el tema… el PP fue el preferido por los votantes majoreros con 3 actas. Y en 1995 más de lo mismo: reparto equitativo entre PP, PSOE y CC.

Nadie hablaba entonces en Fuerteventura de quitar representatividad a las islas no capitalinas.

¿No estaban sensibilizados en el PSOE con las carencias tripleparitarias cuando durante décadas, elección tras elección, ganaban la mayoría de las actas en La Gomera? ¿O es que le florecieron los prejuicios tras perder a Casimiro Curbelo y su equipo?

¿En 2011 o en 1995 no molestaba el sistema electoral a PSOE y PP cuando consiguieron acabar con la 'hegemonía' de AHI al Parlamento?

¿Y el PP, tan perniciosa es esa estructura electoral antidemocrática que le ha proporcionado en 2015 los mejores resultados de su historia en La Palma?

¿No le molestaba el sistema a los líderes de NC cuando Román Rodríguez accedió desde las filas de CC a la presidencia del Gobierno con los votos de los diputados triplistas?

Por encima de interpretaciones, lo que sí que está claro es que las 3 actas que ASG obtuvo en La Gomera en 2015, las 3 de CC en Lanzarote, La Palma y Fuerteventura y las 2 mayoritarias de El Hierro están allí: en cada pueblo, en cada calle, en cada casa... a disposición de quien quiera ir a buscarlas. Y consiga convencer a los votantes de que su propuesta electoral es la mejor.

En los diseminados majoreros están muchos de los vecinos que en 2015 dieron las 3 actas a CC. Hay que recorrerlos para conocer a su gente. Es inútil tuitear promesas de manual desde un despacho en Las Palmas.

Disputar las actas a ASG requiere ir a cada pueblo, patear cada curva de los caminos gomeros.

Escuchar, es el primer verbo que hay que saber conjugar fuera de las capitales.

Trepando las pendientes que conducen a las casas de los votantes palmeros están los votos al Parlamento. No hay secretos. Lo que hay son bancales, horas de riego y cuestas por donde cargar piñas de plátanos.

Y muchas demandas que gestionar.

Esa es la razón de ser de los votos logrados. No la Triple Paridad que ahora denigran quienes desde sus atriles en Santa Cruz o Las Palmas quieren restar peso electoral a los vecinos de las islas no capitalinas.

Si quieren los votos tienen que venir a buscarlos aquí. Elaborar programas electorales y de gobierno adaptados a la realidad de cada isla. Atender a los vecinos y ofrecer respuestas a sus demandas.

Deben rendir cuentas del trabajo en cada pueblo, porque ordeñar cabras a las seis de la mañana o limpiar habitaciones de hotel no deja demasiado tiempo para interesarse por las peripecias Profiden de los políticos que viven en facebook.

La Triple Paridad contra la que ahora se embiste, sobre todo desde las capitales, seguro que es mejorable.

Personalmente abogo por eliminar los topes y dejar una única paridad: igual número de diputados entre islas capitalinas y no capitalinas. Rompamos la paridad entre provincias y entre las dos islas capitalinas. Comparto también que la reforma del sistema electoral canario debe debatirse y acordar en Canarias, sin imposiciones meseteñas.

También creo, y defiendo, que no debe haber pasos atrás en la historia.

Quienes en el último cuarto del pasado siglo fueron capaces de hacerse valer para conseguir, por primera vez, que las islas no capitalinas tuvieran igual número de parlamentarios que las capitalinas, son el ejemplo a seguir. No merecen que se traicione ahora su trabajo despreciando los logros obtenidos.

De ninguna de las maneras debemos aceptar que se reste representatividad a las islas no capitalinas. Ni siquiera con esa lista regional que parece efecto de las turbulencias del Binter sobre políticos que de Martes a Jueves se transmutan en adalides capitalinos.

Todas ellas parecen razones muy juiciosas para romper Canarias. Levantar barreras y prometer enemistades insalvables para el resto del siglo.

¿Puedo aportar algunas ideas más?

En la prensa de estos días nos encontramos con una ocurrente propuesta del defenestrado Delegado del Gobierno en Canarias. Consiste en que los Presupuestos del Estado para 2017 incluirán dos partidas específicas para carreteras en Canarias, con sus nombres y apellidos: las obras de la carretera de La Aldea (Gran Canaria) y el anillo insular (Tenerife). Financiación nominada que además se extraería de la dotación presupuestaria prevista para el Convenio de Carreteras con todo el Archipiélago.

Fantástico. ¿No les parece?

De repente Canarias debe renunciar a sus competencias en carreteras. Olvida las prioridades y criterios establecidos en el Convenio de Carreteras desde hace años y asume que, en caso de haber bajas en las obras, esas cantidades no se podrán destinar a otros proyectos de las Islas.

En resumen, que la vía Delegación de Gobierno proporciona un atajo privilegiado para que las dos islas capitalinas aseguren la financiación de sus obras a costa del resto.

¿Se acuerdan de la triple (doble) paridad? ¿Entienden ahora por qué es imprescindible?

La ocurrencia del perseguidor de banderas (que rápidamente fue secundada y hasta aplaudida por políticos capitalinos de todos los colores) pone sobre la mesa un concepto de Canarias muy revelador: fuera de Tenerife y Gran Canaria sólo hay mar y peñascos varios.

Con toda seguridad las obras de Tenerife y Gran Canaria son prioritarias. Imprescindibles en su isla. Muy necesarias para una mejor movilidad. No lo cuestiono.

Pero ¿no hay ninguna obra prioritaria en carreteras para los vecinos de Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma o Fuerteventura? ¿Ninguna de las nuevas vías de estas islas merecen igual trato? ¿Por qué no se puede nominar la financiación en los Presupuestos del Estado para 2017 del eje viario majorero?, por poner un ejemplo...

La semana ha sido entretenida en argumentos para la Canarias desmontable.

El último Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas nos trajo otro ejemplo.

Estábamos soñando con algún atisbo de planificación inversora en el nuevo muelle de La Hondura de Puerto del Rosario... O al menos una leve mejora en las condiciones de atraque en el muelle actual... Y nos encontramos con que lo que ocupa a la Autoridad Portuaria es hacer de organismo intermedio para solicitar un préstamo a Puertos del Estado, a través del Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que permita atacar con mayor celeridad el soterramiento de la Avenida Marítima de Las Palmas.

De nuevo ¡fantástico! Lo han conseguido.

Esos son los argumentos que dan pié a reivindicaciones como la de las instituciones conejeras por una gestión insular de los puertos.

¿Dónde quedó el compromiso de la Autoridad Portuaria para ir avanzando en el proyecto de La Hondura? ¿No se dan cuenta que con farolas, aceras y promesas de una playa por entregas ya no contentan a los majoreros? ¿Y no se les ha ocurrido pedir el crédito ese para dignificar la avenida marítima de Puerto del Rosario y las conducciones de combustible por todo su frente?

Ejemplos hay de sobra y en múltiples áreas.

¿Saben ustedes que Red Eléctrica está sembrando Fuerteventura de grandes torres eléctricas en contra de la opinión de todas las instituciones majoreras? ¿En Gran Canaria sí se asume la decisión de las instituciones sobre la regasificadora, pero los majoreros tenemos que convivir con las grandes eléctricas campando a sus anchas por tableros y gavias?

No sé si se será cosa mía, pero creo que mientras la Canarias desmontable avanza con propuestas de este tipo, la reacción está consiguiendo anudar mejor los lazos de la Canarias real. La del diálogo entre islas de igual a igual, sin necesidad de la intermediación de ombliguismos capitalinos. La que defiende la paridad en el Parlamento, por muchos manifiestos apocalípticos que se difundan desde las capitales, alimentados por sus círculos de poder.

Esta conciencia de las islas avanza como reacción a las propuestas de quienes promueven la Canarias desmontable.

La ocupación media estimada para los próximos 12 meses está por encima del 80%. En el acumulado, hay islas que suman un crecimiento turístico de entorno al 15%, sólo en los dos últimos años. Una de las consecuencias es la subida de precios, que algunos sitúan entre un 1% y un 5%. De previsiones de gasto en destino y beneficios empresariales aún no sabemos nada, pero se esperan optimistas. ¿Habrá aumento de sueldos?

Pero hay otra cara en el mercado del supuesto éxito turístico. La externalización de plantillas no es una moda coyuntural de gestión empresarial. Amenaza con implantarse indefinidamente. Nació como recurso ocasional para proporcionar respuestas flexibles a demandas temporales, y se ha convertido en una herramienta de maximización de beneficios a costa de condiciones laborables.

De esta manera, aumenta sin parar la subcontratación de tareas a empresas de trabajo temporal dentro de los propios establecimientos turísticos, gracias a la permisibilidad de la legislación laboral del funesto gobierno de Rajoy.

El fraccionamiento de los contratos es el otro ariete contra los trabajadores. Estos días lo comentábamos en el Parlamento de Canarias: la legislación actual es tan servil hacia los intereses de las grandes empresas, que facilita la conversión de empleos que durante décadas han sido estables y a jornada completa, en trabajos por horas o fracciones de jornada… Pero sin que ello implique una disminución de exigencias de rendimiento. A las camareras de piso, por poner un ejemplo, con contratos de media jornada se les reclama casi el mismo rendimiento que cuando tenían contrato a jornada completa. Y los sueldos no suben.

Las consecuencias que traerá a medio plazo esta dinámica de degradación de las condiciones laborales afectan también a la salud de las propias trabajadoras.

Comentábamos en el Parlamento que las condiciones laborales de las camareras de piso son tan duras que ninguna llega a jubilarse a los 65 años en su puesto de trabajo, porque las enfermedades relacionadas con su labor se lo impiden: contracturas crónicas, hernias discales, afecciones a la médula espinal, daños en el túnel carpiano, crisis de ansiedad permanente, estrés, depresiones crónicas, etc. ¿Qué ocurrirá en unos años con quienes a las condiciones que ya de por sí eran duras, han de añadir ahora los efectos derivados de la precarización del trabajo por la última reforma laboral?.

¿Y las inspecciones laborales dónde están? Pues según lo que nos explican algunos representantes de trabajadores del sector, son pocas y se quedan en las pymes. Por poner un ejemplo: cuando alcanzan a los grandes establecimientos no hablan con los trabajadores ni contrastan la información que ofrece la empresa con la que ellos aportan.

No se pude generalizar, ya que hay dignísimas excepciones entre el empresariado, pero hay que reconocer que la degradación de la calidad laboral va en aumento.

Hay que buscar soluciones urgentes

El pasado mes de febrero los diputados de CC por Fuerteventura llevamos al Pleno del Parlamento una iniciativa para constituir un grupo de trabajo en el que participe el Gobierno, las administraciones locales, el sector empresarial y los representantes sindicales y sociales relacionados con el empleo turístico, del que puedan surgir acciones concretas y urgentes.

Un sello de garantía concedido por los propios representantes de los trabajadores que acredite a los establecimientos con óptimas condiciones laborales, puede ayudar. Exigir al Ministerio que amplíe y mejore las inspecciones laborales, también. Por supuesto que la derogación de la reforma laboral sería una de las medidas más importantes...

Pero el Gobierno de Canarias debe asumir ya esté mandato del Parlamento y comenzar a trabajar, porque estamos hablando del sector más importante de la economía canaria y cuyas condiciones laborales afectan a más familias.

Las administraciones canarias destinan muchos recursos públicos a promocionar en todo el mundo nuestro sector turístico. Invierten en traer líneas aéreas, en seguridad para los turistas y en acondicionamiento y limpieza de entornos turísticos. Ya es hora de que la sensibilidad social de los canarios hacia la actividad turística tenga también una respuesta en forma de respeto empresarial hacia las condiciones laborales.

La calidad del destino empieza porque los trabajadores puedan desarrollar sus funciones en un ambiente laboral óptimo. No podemos hablar de éxito turístico si no mejoran la condiciones laborales de los trabajadores del sector.

La ocupación media estimada para los próximos 12 meses está por encima del 80%. En el acumulado, hay islas que suman un crecimiento turístico de entorno al 15%, sólo en los dos últimos años. Una de las consecuencias es la subida de precios, que algunos sitúan entre un 1% y un 5%. De previsiones de gasto en destino y beneficios empresariales aún no sabemos nada, pero se esperan optimistas. ¿Habrá aumento de sueldos?

Pero hay otra cara en el mercado del supuesto éxito turístico. La externalización de plantillas no es una moda coyuntural de gestión empresarial. Amenaza con implantarse indefinidamente. Nació como recurso ocasional para proporcionar respuestas flexibles a demandas temporales, y se ha convertido en una herramienta de maximización de beneficios a costa de condiciones laborables.

De esta manera, aumenta sin parar la subcontratación de tareas a empresas de trabajo temporal dentro de los propios establecimientos turísticos, gracias a la permisibilidad de la legislación laboral del funesto gobierno de Rajoy.

El fraccionamiento de los contratos es el otro ariete contra los trabajadores. Estos días lo comentábamos en el Parlamento de Canarias: la legislación actual es tan servil hacia los intereses de las grandes empresas, que facilita la conversión de empleos que durante décadas han sido estables y a jornada completa, en trabajos por horas o fracciones de jornada… Pero sin que ello implique una disminución de exigencias de rendimiento. A las camareras de piso, por poner un ejemplo, con contratos de media jornada se les reclama casi el mismo rendimiento que cuando tenían contrato a jornada completa. Y los sueldos no suben.

Las consecuencias que traerá a medio plazo esta dinámica de degradación de las condiciones laborales afectan también a la salud de las propias trabajadoras.

Comentábamos en el Parlamento que las condiciones laborales de las camareras de piso son tan duras que ninguna llega a jubilarse a los 65 años en su puesto de trabajo, porque las enfermedades relacionadas con su labor se lo impiden: contracturas crónicas, hernias discales, afecciones a la médula espinal, daños en el túnel carpiano, crisis de ansiedad permanente, estrés, depresiones crónicas, etc. ¿Qué ocurrirá en unos años con quienes a las condiciones que ya de por sí eran duras, han de añadir ahora los efectos derivados de la precarización del trabajo por la última reforma laboral?

¿Y las inspecciones laborales dónde están? Pues según lo que nos explican algunos representantes de trabajadores del sector, son pocas y se quedan en las pymes. Por poner un ejemplo: cuando alcanzan a los grandes establecimientos no hablan con los trabajadores ni contrastan la información que ofrece la empresa con la que ellos aportan.

No se pude generalizar, ya que hay dignísimas excepciones entre el empresariado, pero hay que reconocer que la degradación de la calidad laboral va en aumento.

Hay que buscar soluciones urgentes

El pasado mes de febrero los diputados de CC por Fuerteventura llevamos al Pleno del Parlamento una iniciativa para constituir un grupo de trabajo en el que participe el Gobierno, las administraciones locales, el sector empresarial y los representantes sindicales y sociales relacionados con el empleo turístico, del que puedan surgir acciones concretas y urgentes.

Un sello de garantía concedido por los propios representantes de los trabajadores que acredite a los establecimientos con óptimas condiciones laborales, puede ayudar. Exigir al Ministerio que amplíe y mejore las inspecciones laborales, también. Por supuesto que la derogación de la reforma laboral sería una de las medidas más importantes...

Pero el Gobierno de Canarias debe asumir ya esté mandato del Parlamento y comenzar a trabajar, porque estamos hablando del sector más importante de la economía canaria y cuyas condiciones laborales afectan a más familias.

Las administraciones canarias destinan muchos recursos públicos a promocionar en todo el mundo nuestro sector turístico. Invierten en traer líneas aéreas, en seguridad para los turistas y en acondicionamiento y limpieza de entornos turísticos. Ya es hora de que la sensibilidad social de los canarios hacia la actividad turística tenga también una respuesta en forma de respeto empresarial hacia las condiciones laborales.

La calidad del destino empieza porque los trabajadores puedan desarrollar sus funciones en un ambiente laboral óptimo. No podemos hablar de éxito turístico si no mejoran la condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Dos siglos después, la pugna de las burguesías portuarias asentadas en torno a la actividad de los muelles de las dos islas capitalinas sigue pretendiendo hacer girar la vida política y social de Canarias

Dos siglos después, la pugna de las burguesías portuarias asentadas en torno a la actividad de los muelles de las dos islas capitalinas sigue pretendiendo hacer girar la vida política y social de Canarias en torno a sus demandas. Y exactamente igual que hace dos siglos, el argumento es el supuesto trato desigual, y el consiguiente beneficio/perjuicio, provocado por las decisiones del Gobierno de España hacia ambos puertos.

Esta lucha capitalina y burguesa que se articula a través de las respectivas Autoridades Portuarias tiene también otras consecuencias centenarias que se mantienen prácticamente inalterables: el desprecio hacia las demandas de desarrollo de los puertos de las islas no capitalinas.

Hablo de lo que conozco más de cerca, pero me temo que es algo generalizado en 5 islas del Archipiélago. Durante 12 años he tenido que convivir en la presidencia del Cabildo de Fuerteventura con una Autoridad Portuaria que sólo invierte en el muelle de la isla con las migajas de lo que le sobra en La Luz.

No es cuestión de quien presida la Autoridad Portuaria. Da igual quienes integren su consejo de administración. Hasta da igual qué partido político sea el que lleve el rumbo tanto en Canarias como en Madrid. Al final la maraña burocrática de la Autoridad Portuaria es tan densa por el lado de las islas no capitalinas, que hasta obtener inversión para dar una mano de pintura a los faros se convierte en un logro histórico. Por el lado de los grandes muelles canarios no es así: corren los presupuestos millonarios con una ligereza que hasta sorprende… y casi asusta.

Al final el resultado siempre es el mismo y lo sustentan desde la Autoridad Portuaria con el mismo argumento: no invertimos más en el muelle de Fuerteventura porque no hay tráfico de buques que lo demande. Y ya saben ustedes lo que creemos los majoreros: no hay más tráfico de mercancías y cruceros turísticos, porque el muelle no tiene suficiente espacio para acoger en condiciones su actividad.

Tenemos proyectos, acuerdos y decisiones locales de todo tipo para justificar la inversión, pero de nada sirve cuando topamos con la burocracia y los intereses que, en el fondo, piensan sólo en clave insular a la hora de proyectar: 100 metros de línea de atraque por década, eso es a lo que estamos condenados.

Ante esta dinámica centenaria quizás lo que haya que hacer es replantearse el orden organizativo. Igual que en su momento cada cabildo asumió la gestión de sus carreteras, y bien que desde entonces empezaron a haber más carreteras en las islas no capitalinas, a lo mejor es el momento de repensar el sentido de estructuras administrativas portuarias provinciales que no son capaces de ver más allá del horizonte de sus despachos capitalinos.

No sé si es esa será la mejor solución, pero lo que sí sé es que no debemos permitir que en Canarias sigamos comportándonos, funcionando y hasta sufriendo en materia de gestión de puertos como hace dos siglos. Algo habrá que cambiar. ¡Y ya!

La singularidad de la distribución territorial del poblamiento merece también un trato diferenciado en su representatividad

Con las recientes elecciones autonómicas se ha reactivado el debate recurrente sobre la oportunidad de acometer la reforma electoral en Canarias acabando con la triple paridad.

Quiero aportar alguna opinión al respecto, pero antes de entrar en materia, permítanme subrayar un recordatorio: cuatro días ante de las votaciones el Círculo de Empresarios de Gran Canaria puso en marcha una campaña de propaganda urgente con evidente trasfondo político contra CC, que acabó demostrando (igual que en el caso de otra anterior sobre las prospecciones petrolíferas) que el servilismo circular hacia el PP y Soria está muy alejado de la ciudadanía y, visto el 24M, también de los votos. No vale la pena profundizar sobre el interés urbanístico y cementero que el Círculo encierra en su argumentación. Sí, señalar el peligro que para la identidad autonómica conlleva el insularismo burgués y pleitista que les activa… si algún día encontraran con quien entenderse más allá de Soria.

Sobre la reforma electoral, comparto la necesidad de rebajar o eliminar topes electorales para acceder al Parlamento de Canarias. No sé muy bien cuál sería el límite, si es que debe haber alguno, pero evidentemente puede y debe hacerse.

Estoy también de acuerdo en valorar la posibilidad de eliminar la triple paridad… en dos de sus condicionantes: los referidos a la necesaria igualdad en el Parlamento del número de diputados procedentes de las dos provincias; y también al requisito de equilibrio numérico en la Cámara ente diputados procedentes de las islas capitalinas. ¿Estamos todos de acuerdo? No hay ninguna justificación lógica para mantener la tensión del pleitismo capitalino en el Parlamento de Canarias. Ni si quiera para mantener la tirantez interprovincial burguesa del siglo pasado.

Ahora bien, los vecinos de las islas no capitalinas, que acumulamos experiencias transmitidas por nuestros mayores, sabemos bien lo que significa que podamos elegir el mismo número de representantes al Parlamento que las dos islas capitalinas. Es una conquista histórica que llegó con el Estatuto de Autonomía y con la Democracia, y a la que, por responsabilidad generacional no estamos autorizados a renunciar, ni tenemos intención de hacerlo. Al menos quien escribe

Ni aquí, ni en ningún sitio, los votos de distintos ámbitos territoriales tienen idéntico valor representativo. La razón es bien sencilla. La singularidad de la distribución territorial del poblamiento merece también un trato diferenciado en su representatividad.

¿O acaso es casualidad que las verdaderas inversiones en materia de aguas, infraestructuras, educación o sanidad comenzaran a llegaran a las islas no capitalinas tras la creación de la Comunidad Autónoma y el establecimiento de la paridad?

La defensa de la igualdad entre islas capitalinas/no capitalinas es irrenunciable como herramienta que, bien ponderada, permite que la voz y el peso de estas islas sea valorado. Y es además la garantía de que en el Parlamento Canario, y a través suyo ante el Gobierno de Canarias y el de Madrid, los vecinos de las islas no capitalinas podemos opinar e influenciar sobre asuntos que afectan a nuestra propia forma de vida, por encima de imposiciones ajenas.

Un ejemplo reciente lo tenemos en la disputa por la implantación del desarrollo petrolero en aguas de las islas. Con un gobierno central sometido a los intereses de una multinacional y con unas instituciones empresariales capitalinas empichadas, sin el peso parlamentario y sin la contundencia de las instituciones locales habría sido casi imposible posicionar con claridad al Parlamento.

Igual que hace más de un siglo Manuel Velázquez y su Plebiscito plantearon una reformulación revolucionaria de la representatividad de las islas, unidas, pero no sometidas a los intereses de los grupos de poder capitalinos, lo que no podemos permitir ahora es que este avance revolucionario de la paridad sea perseguido y eliminado para plantear una nueva estructura de representatividad en el Parlamento que, al fin y al cabo, conllevaría volver a lo de siempre: al centralismo capitalismo.

Contra el gigantismo del debate político y de las consignas que transmiten los círculos de poder capitalinos, debemos hacer valer más que nunca el localismo bien entendido como el derecho a opinar sobre nuestro entorno y nuestra forma de vida, y a que esa posición sea escuchada y atendida con el valor justo.

Y, sobre todo, lo que no podemos aplaudir son pasos atrás en la historia de estas islas como el que se plantea con el debate sobre la eliminación de la triple paridad. Si hay que eliminar paridades, que sean las que responden al arcaico equilibrio provincial y entre capitales alimentadas por un pleitismo burgués artificial, ideado y sostenido para desviar la atención social sobre los verdaderos problemas de Canarias.

Frente a los informes de Repsol/Soria, el 'Oleg Naydenov

responde cada día con la evidencia del piche

Con tres años y medio de perspectiva sobre la reactivación de las prospecciones petrolíferas en Canarias por el Gobierno del PP, y con el hundimiento del Oleg Naydenov aún coleando, hay varios apuntes que, si me permiten, me gustaría compartir.

La primera de las reflexiones es que ha quedado demostrado que no existen técnicas ni protocolos de actuación suficientemente seguros para evitar un daño ambiental considerable por el derrame de crudo en nuestras costas, tanto si el piche procede de un barco como de una perforación.

El Oleg Naydenov es la mejor prueba. Un barco que comenzó a arder dentro del muelle, para luego navegar sin rumbo en medio del Lic marino de Fuerteventura y, finalmente, acabar hundido a 4.000 metros de profundidad al sur de Gran Canaria.

Según el Ministerio y la Delegación de Gobierno, el Oleg Naydenov siempre ha estado monitorizado de mil maneras y se han aplicado todos los protocolos del mundo… Lo pueden justificar como quieran pero, al fin y al cabo, el barco se hundió sin ningún tipo de control eficaz.

También según la Delegación del Gobierno y el Ministerio, el pecio lleva un mes soltando 10 litros de combustible por hora a través de 8 grietas: 'hilitos de plastilina', en la jerga de Rajoy. Si hay que creer al Ministerio se cree, pero muchos pescadores y voluntarios piensan otra cosa. Sea como sea, la evidencia demuestra que se ha actuado mal.

El otro apunte es pura lógica. Si no han sido capaces de controlar un barco ardiendo dentro el muelle ¿cómo pensaban sofocar un posible derrame en un pozo petrolífero a 3.500 metros de profundidad mar adentro? ¿Era cierto entonces que existían todos los adelantos técnicos, protocolos, monitores y demás para evitar que la contaminación en los pozos de Repsol llegara a nuestras costas y afectara al ecosistema de la zona? Frente a los informes de Repsol/Soria, y las campañas de publicidad de Repsol (¿dónde están ahora?), el Oleg Naydenov responde cada día con la evidencia del piche.

Finalmente, hay muchas enseñanzas que sacar de la movilización social que durante estos tres años y medio (y también desde una década antes) ha reaccionado frente a los proyectos petrolíferos de la multinacional Repsol. Y también del activismo social que responde ante el piche del Oleg Naydenov.

Pero, desde mi punto de vista, una de las conclusiones más importantes es que hay una mayoría ciudadana que está muy sensibilizada con la conservación de nuestro entorno marino, y que ha fijado su defensa como una de las prioridades de esta sociedad.

A partir de ahora se podrán rediseñar todos los protocolos anticontaminación. Se comprarán más barreras anti hidrocarburos y equipos disolventes de piche. Todo se presentará junto a un video que contará que el Oleg Naydenov está muy bien sellado… Pero no será suficiente.

La sociedad canaria está implicada como nunca por la protección de los ecosistemas de sus costas. No es un capricho ni una moda. Es fruto de una evolución relacionada con la sensibilidad y el acceso a más y mejor información, que nos permite ser más críticos y exigentes.

Aunque el Ministerio no quiera extender el LIC a la zona de las prospecciones, lo cierto es que socialmente estas aguas tienen la máxima atención. Así lo han demostrado reiteradamente las mayores manifestaciones que nunca se han hecho en las Islas. Son las aguas protegidas por más gente en todo el planeta.

Es el momento de que desde las instituciones respondamos a esta sensibilidad social promoviendo herramientas administrativas que garanticen su conservación. Evidentemente, el compromiso pasa por descartar de forma definitiva las prospecciones en busca de hidrocarburos. Pero también por reordenar y asegurar el tránsito de grandes buques junto a nuestras costas (muchos de ellos petroleros), y aplicar medidas eficaces de control de vertidos al mar, incluso en los que hacemos desde los núcleos urbanos.

Pero en medio de la campaña electoral en que nos encontramos, es urgente que establezcamos barreas de protección democrática ante quienes no responden a esta necesidad social y mantienen activo el peligro de las perforaciones petrolíferas en Canarias. No a los pactos petroleros. Sí a la responsabilidad social con el medio marino.

No creo que el denominado manifiesto del Círculo de Empresarios de Gran Canaria refleje la opinión sincera ni si quiera de quien lo escribió

Otra de las características definitorias del pleitismo burgués que hemos sufrido en estas islas: su incomodidad con la Democracia

No creo que el denominado manifiesto del Círculo de Empresarios de Gran Canaria refleje la opinión sincera ni si quiera de quien lo escribió, por eso no le di demasiada importancia cuando lo leí por primera vez. Los encargos tienen eso: sólo responden a quién los idea, no a quienes los ejecutan. Este manifiesto, sobra decirlo, si a alguien retrata es a José Manuel Soria.

Ayer volví sobre el texto después de que me lo recordaran algunas personas indignadas. Tenían razón. Este tipo de cosas, por muy serviles que sean, no se pueden dejar pasar sin un comentario, aunque sea a título personal.

No sé por qué el Manifiesto de Soria no dice las cosas claras. El supuesto enfrentamiento entre islas o sectores a que alude tiene un nombre: pleito insular. Una característica: construcción artificial de los grupos burgueses de poder en las islas capitalinas. Una finalidad: reclamar aún más poder, influencias y beneficios para sus intereses. Y una forma de proceder: desviar continuamente la atención social de los problemas reales.

Los pleitistas trabajan intentando someter el funcionamiento de las administraciones a sus objetivos. Posturean con agravios y discrepancias entre islas para justificar la autoadjudicación de la representatividad social. Se erigen en locuaces salvapatrias. Y esconden tras argumentos populistas sus intereses finales: dinero y poder.

Cuando se encuentran con alguna administración que no se somete a sus intereses y a sus formas de proceder la acosan desde todos los frentes, como ocurre ahora con el Gobierno de Canarias. Aunque sus argumentos no sean demasiado democráticos.

Y ahí reside otra de las características definitorias del pleitismo burgués que hemos sufrido en estas islas: su incomodidad con la Democracia. A medida que la sociedad canaria ha ido ganando en democracia, los pleitistas están más arrugados. No entienden que ellos no son más que nadie, sino exactamente iguales a los demás. Sus intereses no tienen que ser prioridades para las administraciones. Sus deseos, ya no son ordenes. La Democracia, unida al paso del tiempo y a que la gente lee cada vez más y de forma más autónoma, genera al pleitismo estos problemas de adaptación.

Eso es precisamente lo que parece que no se ha entendido en el Manifiesto circular de José Manuel Soria. Lo repetiré por ver si sirve de algo. Lo que viene ocurriendo en Canarias es que una multinacional petrolera, impulsada por el Gobierno central, quiere desarrollar un proyecto petrolero frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote que han rechazado reiteradamente todos los ayuntamientos y los cabildos de las dos islas, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias. Que además ha sido contestado de forma multitudinaria en varias manifestaciones populares. Y que, por si fuera poco, ha generado una alarma sin precedentes en la comunidad científica.

Ante ello, lo que pedimos es simplemente que se escuche lo que decimos. ¿Por qué es más importante el proyecto de una multinacional que lo que dicen las instituciones democráticas? Tan complicado es que el Gobierno central haga o permita hacer una consulta popular para saber qué quieren los vecinos y vecinos de Canarias. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se quiere dialogar? ¿Por qué no se escucha a la gente? ¿Por qué le molesta al pleitismo que se consulte a la población?

Lo demás son circunloquios burgueses, caducados, pleitistas y serviles, que estoy seguro sólo responden al dictado del Ministro.

¡Hasta algunos prestigiosos geólogos se han ofrecido a firmar los estudios por encargo que justifiquen lo que haya que justificar! Será por informes pagados?

Tememos que lo siguiente sea un nuevo Real Decreto: ayudemos a esa pobre empresa maltratada en Argentina para que compense su balanza de beneficios con las extracciones en Fuerteventura y Lanzarote.

Reconozco que no soy especialista en la industria petrolera. Ni si quiera entiendo de ecosistemas marinos, de dinámicas de las mareas, de vientos o de sistemas de prevención ante potenciales riesgos de contaminación marina. Pero, aunque sea por experiencia política, algo sé de lo que quiere la gente de la calle.

Créanme, señores del PP, lo primero que la gente en Fuerteventura y Lanzarote no quiere son imposiciones. No quieren que una multinacional petrolera, apoyada en un ex empleado que hace y deshace en el Ministerio de Soria, venga ahora a cambiarles su forma de vida. La gente no quiere apostar por modelos económicos que hace 100 o 200 años eran la vanguardia mundial. Pero que hoy son ejemplo de caducidad, contaminación y del tiempo pasado.

La cita ciudadana de 24M fue un encuentro con el futuro. Una llamada de atención (a todos), en defensa de un nuevo modelo asociado a las energías renovables y frente al que ya no valen actitudes conformistas. Este cambio es responsabilidad de todos, comenzando en el día a día. Nacido de la aplicación de la lógica a la gestión de nuestros recursos y apuntalado con proyectos energéticos innovadores, punteros, que por una vez en nuestra historia nos acerquen a la vanguardia de los países más desarrollados.

¿Por qué repetir el modelo petrolero de hace 200 años cuando podemos apostar por la tecnología de las renovables en la que trabajan los países más desarrollados? ¿Porque lo manda una multinacional petrolera y sus terminales políticas?

Ahora, tras los patéticos intentos de desprestigiar a los manifestantes del 24M, la estrategia petrolera y pepera va a centrarse en el gota a gota petrolero. Cada día un argumento nuevo, que sus 'loritos' se encargan de repetir sin digerir. Cada dos días una invitación a conocer las bondades de la petroquímica de Tarragona, el diámetro de las brocas en las plataformas del Mar del Norte y hasta lo benéfico y democrático que ha sido el oro negro para el desarrollo de los emiratos árabes y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.

Frente a esta 'Guía Repsol', tenemos por delante herramientas administrativas, judiciales y hasta de gestión internacional a través de las instituciones europeas. Pero no nos equivoquemos, la herramienta más importante, la que concentrará todos los esfuerzos en esta lucha va a ser la coherencia de esta energía ciudadana de cambio. Frente a los proyectos petroleros de los despachos, la energía ciudadana sostenible.

Mario Cabrera