Este fin de semana Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hacerlo. El líder del PP ha llenado el Teatro Circo de Murcia, de propuestas populistas donde la inmigración ha vuelto a ser el número principal del show en la pista central, tratando de competir con el espectáculo de la competencia, dirigido por VOX.

Entre música épica, hemos visto como, ejerciendo de maestro de ceremonias, el gran mago Feijóo ha sacado de la chistera una fórmula mágica para resolver el fenómeno de las migraciones.

Sin embargo, parece que esa fórmula mágica no la tenían cuando el PP gobernaba. Las diferentes crisis migratorias vividas con José María Aznar y posteriormente con Mariano Rajoy fueron gestionadas bajo un mismo patrón: descontrol, falta de planificación, aumento de la irregularidad y una gran crisis humanitaria cuando en 2017 y 2018 España se convirtió en la principal ruta migratoria hacia Europa, con más de 60.000 llegadas en un solo año.

En el brillante manual de las migraciones del PP hay una serie de fórmulas que responden más a eslóganes populistas que a propuestas serias que aborden el fenómeno con profundidad. Un ejemplo de populismo punitivo: respuesta simplista a problemas complejos. 

Como punto de partida, Feijóo vuelve a enfocar las migraciones desde un punto de vista securitario, vinculando migración y delincuencia, lo que refuerza la estigmatización de las personas migrantes, obviando que se trata de nuestros vecinos, nuestras compañeras de trabajo, el niño que va a la misma clase que nuestros hijos, o parte de nuestras familias.

Para ello la propuesta engrasa la vieja fórmula de las expulsiones ante “la comisión de delitos por reincidencia”, incluso de personas con residencia legal. No se trata solo de una herramienta electoral, sino que es un mensaje cargado de implicaciones jurídicas, sociales y éticas que revela una deriva preocupante: tratar de convertir la gestión migratoria en una herramienta de miedo y exclusión que impacta en nuestro concepto de ciudadanía, vulnerando el marco de los derechos fundamentales. 

Jurídicamente, la propuesta choca con la Ley Orgánica de Extranjería y con la Directiva 2003/109/CE, que protege a los residentes de larga duración frente a expulsiones arbitrarias que podrían violar el principio de proporcionalidad. 

Aplicar una medida así implica que la residencia legal deja de ser un derecho estable y pasa a depender de un umbral de “conducta aceptable” definido políticamente. Esto debilita el concepto mismo de ciudadanía y normaliza una distinción entre ciudadanos de pleno derecho y ciudadanos condicionales y abre la puerta a graves retrocesos democráticos que vaciarían de contenido nuestros compromisos con la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

De este modo, cuando se erosionan las garantías básicas, no solo se pone en riesgo a las personas migrantes, sino a toda la ciudadanía, una señal de alarma sobre el rumbo democrático del país. 

Es la propia idea de ciudadanía y de Estado de derecho la que está en juego. Cuando el miedo y el populismo guían la política, los derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios condicionales.

Por otro lado, es irónico que el Partido Popular, compare la propuesta con el modelo canadiense. 

En Canadá, sin ser un modelo perfecto, la migración se concibe como una política de Estado planificada. Cada año se establecen cuotas transparentes de entrada para personas migrantes, refugiadas, estudiantes y familias. Las personas llegan a través de una política de visados clara y accesibles, y desde el primer momento existe un camino definido hacia la residencia permanente y la ciudadanía. La expulsión es excepcional y solo se contempla en casos extremos y con todas las garantías evaluando el impacto en la persona y su familia.

Canadá crea seguridad ofreciendo certezas. La propuesta de Feijóo genera inseguridad utilizando la expulsión como castigo y amenaza, partiendo de un marco restrictivo y punitivo. Por tanto, la diferencia no es solo jurídica: es una diferencia de modelo social. 

Por si fuera poco, el líder del PP también recurre a la idea de vincular el Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda obligatoria de empleo, como si la pobreza fuese un problema de voluntad individual, y no causa de estructuras injustas. 

Este planteamiento siembra la sospecha sobre quienes reciben ayudas, haciendo creer que las personas migrantes son las mayores perceptoras de prestaciones, pese a que los datos demuestran lo contrario, alimentando el discurso de la extrema derecha y enfrentando a los penúltimos contra los últimos.

No pasa desapercibido el guiño que se hace en el documento a las personas de origen hispano, convirtiendo la acogida de personas migrantes en un ‘casting’ a gusto del consumidor. 

Claramente, el modelo por el que apuesta el PP no es el de la inclusión, sino el de la asimilación condicionada: se acepta a quienes encajan con el modelo social dominante, mientras se margina o se criminaliza a quienes son percibidos como diferentes. 

Cada vez es más evidente que el Partido Popular está secuestrado por las políticas de la ultraderecha, y compite con VOX a través de sus medidas en materia migratoria. 

Pero estos mensajes no son neutros ni inocuos: son herramientas de racismo institucional con un mensaje político muy claro: hay vidas que valen menos y derechos que se pueden suspender con total impunidad. 

Frente a esta lógica, hay otra vía posible: ampliar derechos en lugar de recortarlos dando un paso al frente con una narrativa pública que reconozca la aportación positiva de las migraciones, apostando por la regularización de quienes ya forman parte de nuestras comunidades. 

La mejor respuesta a esta ofensiva racista es garantizar una ILP cuyo trámite fue aprobado por la mayoría del congreso con el voto favorable del Partido Popular.

Por ello, es urgente garantizar la regularización de medio millón de personas migrantes que contempla la ILP de Regularización Ya desde la pasada legislatura, medio millón de personas que se encuentran en nuestro país en situación irregular y que viven y aportan a nuestra sociedad. 

Esa es la forma de construir seguridad: desde la justicia y los derechos, no desde el castigo.

Un verano más, la inmigración se ha convertido en el eje del debate político en nuestro país. De nuevo, hemos escuchado los mismos mantras de siempre que la ultraderecha ha sabido colocar en el ranking del odio y que, desgraciadamente, el PP utiliza en su pugna con Vox pisándole los talones.

Querer sacar partido de las migraciones convirtiéndolas en el nuevo leitmotiv contra el gobierno, recurriendo a lemas como ‘el efecto llamada’ y ‘las deportaciones masivas’, alentando la campaña del miedo con binomios tan peligrosos como migración y seguridad -cuando los datos objetivos demuestran lo contrario-, no sólo es inhumano, sino profundamente irresponsable. 

Son los mismos que tratan de deshumanizar y estigmatizar a los etiquetados como MENA, menores no acompañados. En Canarias hay actualmente cerca de 6.000 niños y niñas sin referentes familiares, a los que es imposible brindarles una acogida digna y asegurar sus derechos porque el sistema de protección a la infancia en el archipiélago está desbordado. Los derechos de los niños y niñas no son una cuestión de caridad o solidaridad, están garantizados en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección del Menor, y son de obligado cumplimiento. Aquellas Comunidades Autónomas que se están negando al reparto y a la acogida, están obviando sus obligaciones jurídicas.

Grandes eslóganes y un viaje a África con relato cambiante

El manido discurso de la ´migración ordenada y regular’ es una propuesta vacía si no se acompaña de medidas alternativas, bien articuladas y realistas. Se trata de ofrecer vías legales y seguras, tanto temporales, como es el caso de los programas de migración circular anunciados por el presidente Sánchez, como estructurales para aquellas personas que no pueden volver a su país en un plazo concreto de tiempo. 

¿Podría un maliense o un sudanés que ha huido de la guerra en su país, volver en nueve meses a través del plan de migración circular? Por supuesto que no. Por tanto, estas personas seguirán optando por jugarse la vida en un cayuco para ponerse a salvo.

No es muy coherente que un día después de que Sánchez anunciara en Mauritania la propuesta de migración circular, España comenzara a imponer un nuevo visado de tránsito aeroportuario a los nacionales de Mauritania, sumándose a una larga lista de países en conflicto como Mali, Somalia, Siria, Burkina Faso, Afganistán o Palestina a quienes también se les exige.

Cuantos más visados de tránsito se requieran a nacionalidades procedentes de conflictos, más personas tendrán que arrojarse al mar y ponerse en manos de las redes de tráfico. No podemos olvidar que, en lo que llevamos de 2024, han fallecido o desaparecido 3 personas al día intentando alcanzar las Islas Canarias.

Hablemos claro: lo que verdaderamente fomenta la inmigración irregular es la imposibilidad de acceder a un visado, de poder optar a una plaza de reasentamiento, la imposibilidad de reagrupar a tu familia o de optar a alguna alternativa que no sea la de pagar a un traficante para llegar a Europa.

Tampoco es muy coherente que un día después de ofrecer un relato en positivo de las migraciones, el propio Sánchez abrazara el discurso de las deportaciones que tanto defiende la ultraderecha y el PP. 

La escalada retórica sobre este asunto, además de falsa, supone un incentivo para el odio, el racismo y el avance de la ultraderecha. Siendo realistas, se trata más de un discurso mediático que de una medida real y efectiva ya que no es fácilmente aplicable. En primer lugar, porque en muchos casos opera el principio de no devolución para quienes necesitan protección, y por otro lado, requiere de acuerdos bilaterales que no siempre son viables. 

Países como Alemania, Dinamarca o Reino Unido, que plantearon como medida estrella las deportaciones masivas, han reconocido las dificultades para ejecutarlas por las trabas legales, burocráticas y diplomáticas existentes.

Considerar que el anuncio de la expulsión de inmigrantes irregulares traslada ‘un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos’ según palabras del propio Sánchez, es demagógico y poco realista. Lo único que puede desactivar a las mafias es la puesta en marcha de vías legales que eviten su lucrativo negocio.

Por tanto, plantear propuestas aisladas sin un paquete transversal y multidimensional, es poner parches y repetir fracasos ya experimentados.

La semana pasada se cumplían 30 años desde que llegó la primera patera a Canarias. 

Durante estas tres décadas, hemos afrontado múltiples crisis migratorias gestionadas por distintos gobiernos tanto populares como socialistas y se han seguido cometiendo los mismos errores con respuestas centradas principalmente en el control de fronteras y afrontando el fenómeno con medidas puntuales y no con soluciones estructurales dimensionadas adecuadamente.

Desde entonces, miles de personas han desaparecido en esta travesía cada vez más transitada y cada vez más peligrosa.

El último pico de llegadas se lleva visibilizando desde julio de 2023, con un incremento significativo, principalmente a través de la ruta canaria, con más de 24.000 llegadas en los ocho primeros meses de este año. 

No podemos obviar que se trata de flujos mixtos, es decir, llegan tanto migrantes como personas que se ven obligadas a huir, susceptibles de recibir protección internacional: refugiadas y solicitantes de asilo.

Para una buena gestión migratoria, lo fundamental es poner sobre la mesa planes que aborden todas sus dimensiones, con propuestas que den respuesta a las diferentes realidades existentes, la de personas migrantes, refugiadas, menores y mujeres, obligadas a recurrir a la única alternativa real con la que cuentan para poder llegar a Europa: las redes de tráfico de personas.

En definitiva, para poder defender el lema de la ‘migración ordenada y regular’ se requiere de un plan estratégico con diferentes medidas y recursos suficientes, que pongan en el centro a las personas y no se dejen llevar por los intereses electorales y partidistas que utilizan este fenómeno para obtener rentabilidad electoral; medidas que faciliten que, las personas que lo necesitan y a las que necesitamos, puedan llegar de forma segura.

Porque a estas alturas, a nadie le cabe duda que la migración es un fenómeno estructural, inevitable y necesario.

El Banco de España anunciaba en abril que nuestro país necesitaría de aquí a 30 años en torno a 25 millones de inmigrantes para afrontar el envejecimiento y mantener nuestro Estado de Bienestar. Estamos hablando de más de 800.000 personas al año.

Porque tampoco cabe duda ni podemos obviar que, las sociedades que gestionan y acogen inmigración, se enfrentan a serias dificultades y desafíos que requieren de una buena gestión ante un fenómeno que es complejo. Pero que aquellas que no tienen migración, se enfrentan a problemas mucho mas graves todavía.

Una respuesta desigual

Teniendo en cuenta toda esa complejidad, es necesario preguntarse qué diferencia existe entre un refugiado ucraniano que huye de la guerra y un refugiado maliense que se encuentra en la misma situación, incluso más precaria y vulnerable, si cabe.

¿Por qué ofrecemos un tratamiento diferente a unos y a otros?

Europa acogió en un tiempo récord a cerca de 6 millones de personas procedentes de Ucrania. En España en concreto acogimos en torno a 200.000. ¿Se rompieron las costuras de Europa o de alguno de los Estados miembros que, solidariamente, abrieron sus puertas a aquellas personas? ¿Algún ciudadano vio amenazado su bienestar social o sus derechos con la llegada de esta cantidad de personas?

La respuesta es clara: No. Todo lo contrario. Nos hizo sentirnos orgullosos ofreciendo una respuesta contundente de acogida e integración a quienes necesitaban protección. 

Creíamos que aquella experiencia gestionada con éxito daba luz al camino a seguir. Sin embargo, el Pacto Migratorio aprobado por Europa al final de la pasada legislatura, vuelve a priorizar el control securitario, recurriendo a la fracasada estrategia de la externalización de fronteras para impedir que las personas lleguen.

En los últimos años hemos visto proliferar los acuerdos entre la UE y terceros países donde no se respetan los derechos humanos, para intentar contener los flujos migratorios. Una estrategia que no es nueva, que esta demostrado que no funciona y que, además, pone en riesgo la vida de miles de personas. 

Estos acuerdos suponen pagar cantidades millonarias a países para que ejerzan de gendarmes, aunque lo hagan bajo estrategias terribles. Bajo esa relación económica, los países van demandando más y más, utilizando la apertura o relajación del control fronterizo como medida de presión para conseguir mas beneficios.

Solo en 2024, la UE ha entregado 500 millones a Mauritania, 7.400 millones a Egipto y 1.000 millones a Líbano. 

Estos fondos, en manos de gobiernos dictatoriales o poco democráticos, tienen un enfoque cortoplacista y no recogen cláusulas de seguimiento y evaluación para garantizar avances que lleguen a la población.  No contemplan un enfoque de desarrollo, derechos humanos y democracia para combatir los verdaderos factores que obligan a las personas a migrar. 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo no es una solución para la gestión migratoria, ni para las personas, que sufrirán consecuencias devastadoras, ni para los países del sur como España, que soportamos la mayor presión de llegadas. 

En la presente legislatura europea tenemos dos años por delante para llevar a cabo la implementación y tratar de minimizar esos riesgos, tratando de reconducirlo para que el Pacto defienda el acceso al derecho de asilo, el respeto a los derechos humanos y el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados miembros como pilar fundamental del Sistema Europeo Común de Asilo. 

Nuestro país se juega mucho en esto. Lo acabamos de ver en los resultados de Alemania. Ante los discursos templados y timoratos para defender las migraciones, quien verdaderamente gana es la ultraderecha mientras pierde la cohesión social y, por tanto, la ciudadanía. 

España debe continuar defendiendo una política migratoria con un relato en positivo y firme. No se puede desligar el enfoque de los derechos humanos y las migraciones. Urgen políticas valientes, sin vaivenes discursivos para frenar el avance del odio. Porque el odio se combate demostrando las aportaciones positivas que conlleva ser una sociedad acogedora.

Un grupo de jóvenes procedentes de países como Sudán y Chad, donde persisten guerras cronificadas y olvidadas que ya no están en primera plana como la de Ucrania, trataron de acceder al territorio español a través de la valla de Melilla, para poder pedir protección internacional y poner su vida a salvo. Y digo poner su vida a salvo, porque estas personas no encuentran la protección necesaria y suficiente ni en su país de origen ni en nuestro país vecino, Marruecos, que ejerce un acoso y persecución inaceptable en el norte del país, contra las personas de origen subsahariano.

La mayor parte de estos jóvenes, si hubieran tenido la posibilidad de llegar a España por otras vías, hubiera tenido grandes opciones de recibir protección internacional, según podemos deducir de los datos de asilo publicados por el Ministerio del Interior. En 2021 la tasa reconocimiento positivo en nuestro país para personas procedentes de Chad fue del 82,14%, y las procedentes de Sudán obtuvieron un reconocimiento del 91,75%, datos que claramente demuestran que estos colectivos responden al perfil de refugiados.

El detalle de cómo se produjo la tragedia no se conoce con exactitud, pero de lo que sí hay constancia es que se produjo la omisión del deber de socorro y un trato inhumano por parte de la gendarmería marroquí hacia los cientos de personas heridas, desfallecidas o muertas, con la pasividad de las fuerzas del orden españolas. Autoridades españolas que también permitieron y facilitaron la entrada de la gendarmería marroquí a nuestro territorio al llevarse ‘ilegalmente’ a personas que ya se encontraban en España y que, según la normativa internacional y española, deben ser asistidas, contando con asistencia legal e intérprete para poder identificar adecuadamente posibles casos de vulnerabilidad. ¿Hay mayor vulnerabilidad que estar huyendo de una guerra?

Así mismo, ha sido vulnerado el principio de no-devolución, consagrado en el artículo 33 de la Convención de Ginebra, ratificada por España, y que cubre cualquier medida atribuible al Estado que pueda tener el efecto de devolver a una persona a un país donde su vida o libertad pueden verse amenazadas, o donde corra riesgo de persecución, incluyendo su intercepción, rechazo en la frontera o devolución indirecta. El principio de no devolución se debe aplicar también en situaciones de afluencia masiva como reconoce ACNUR y debe solucionarse con medidas que respeten los derechos humanos.

Las imágenes de la tragedia son de alta violencia. El uso indiscriminado de la fuerza para gestionar las migraciones y controlar las fronteras, con el fin de evitar que lleguen a territorio español personas que podrían ser susceptibles de protección internacional, es una barbaridad que ni la ciudadanía ni las organizaciones defensoras de derechos humanos podemos tolerar en un estado de Derecho. Este es el alto coste de la externalización de fronteras que se está practicando, poniendo en manos de un país como Marruecos, que no respeta los derechos humanos, la responsabilidad de controlarlas. Todo ello a cambio de un altísimo coste, tanto económico, como en materia de derechos humanos, como ha sido con el cambio de posición de España en relación al Sáhara Occidental.

Lo más irónico de lo ocurrido es que, a pocos metros de donde se produjo el trágico incidente donde han perdido la vida al menos 37 personas, existe una oficina habilitada para solicitar asilo en la frontera. Deberemos preguntarnos por qué este grupo de jóvenes optaron por jugarse la vida, en vez de acudir pacíficamente a solicitar asilo allí o al consulado de España en Nador, donde según el artículo 38 de la Ley de asilo, se contempla la posibilidad de facilitar la presentación de la solicitud de asilo en embajadas o consulados, cuando se formula fuera del territorio nacional y en un tercer país para ser trasladado de una forma segura hasta España y formalizar allí la solicitud de protección.

La respuesta es contundente a la vez que vergonzosa: la fuerza del orden marroquí no les permite el acercamiento, por lo que cabe preguntarse quién da la instrucción a Marruecos de impedirles el acceso a este puesto fronterizo en Melilla, para poder acceder de forma legal a solicitar asilo. Del mismo modo, España no tiene habilitada la posibilidad de recurrir a consulados en Marruecos para formalizar una solicitud de asilo, dejando en un vacío el contenido de la ley.

Tras esta terrible tragedia, donde se evidencia la impunidad que continúa existiendo en las fronteras, es necesario exigir responsabilidades ante una barbaridad de esta dimensión tras la pérdida de al menos 37 vidas que deben sumarse a las cientos de víctimas que se van acumulando en las fronteras. Urge una reflexión como país sobre el modelo de políticas migratorias y control de fronteras que queremos ejercer. Las palabras que no se demuestran con hechos, no sirven de nada.

Directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

La ruta de las Canarias no es nueva en el mapa de flujos migratorios. Tras la fuerte afluencia que se produjo en 2006, donde llegaron más de 31.000 personas a las islas, las llegadas por mar han estado siempre presentes aunque con diferentes ritmos de afluencia. Por tanto, como punto de partida, desde CEAR consideramos que no se puede hablar de estar viviendo una situación de emergencia, sino de un fenómeno estructural, y como tal, hay que abordarlo.

En el marco de estas variaciones, en septiembre de 2019 cuando se comienza a detectar un incremento de llegadas provocado por el cierre de la ruta del Estrecho y del Mar de Alborán como una muestra más de que cuando se cierra una ruta, otra más peligrosa se reactiva. Posteriormente, con el inicio de la pandemia, se produjo una caída de las llegadas debido al cierre de fronteras y a las dificultades de movilidad que se impusieron en todos los países. Pero, pasado el periodo de confinamiento más estricto, una vez se flexibilizan parcialmente las restricciones de movilidad en los países de la ruta migratoria, la afluencia vuelve a incrementarse progresivamente y a identificarse un perfil diferente de personas.

Sin lugar a dudas, la pandemia ha sido uno de los factores que ha provocado la intensificación de llegadas, llevando a muchas personas a iniciar un proyecto migratorio no previsto. La COVID-19 ha provocado la caída de las economías locales en los países de origen, dejando sin recursos a miles de personas que no tenían en su proyecto vital la idea de migrar y que, ante la profunda crisis acontecida, y careciendo en su país de un escudo social que pudiera protegerles, no han encontrado otra alternativa. Sin obviar, que los flujos migratorios son mixtos, y además de llegar personas buscando mejores oportunidades de vida, expulsados por la crisis, siguen llegando quienes huyen por otras causas y que responden a perfiles de los que consideramos susceptibles de recibir asilo o protección internacional.

De este modo, se ha cerrado el año 2020 con una cifra de 23.023 personas llegadas a las Islas. No se puede negar que la pandemia ha sido un enorme desafío para la gestión de estas llegadas, y se han hecho grandes esfuerzos para ello, pero no puede servir como disculpa para justificar determinadas malas prácticas que se han llevado a cabo, no tolerables en un estado de derecho. Lo sucedido en el puerto de Arguineguín no puede repetirse. Hemos visto a miles de personas hacinadas en un muelle, sin condiciones mínimas ni el distanciamiento social necesario, sin garantías de acceso a asistencia letrada e incumpliéndose los plazos de detención establecidos por la ley.

Mientras, lo que se proyectaba al exterior era una imagen de alarma y descoordinación que ha provocado una gran alarma social. Hay que tener en cuenta que el desempleo en estos momentos es un factor muy presente en la sociedad canaria, con alrededor de un tercio de su población en riesgo de pobreza y exclusión. Con ello, debemos hacer una reflexión de si se ha gestionado adecuadamente la información y el mensaje, pues la imagen de descontrol, sin una debida coordinación entre todos los actores implicados ha provocado hostilidad y rechazo social.

Es la primera vez que España va a poner en marcha campamentos de acogida y macrocentros en su territorio con carácter estable, pese a la opinión de las autoridades autonómicas insulares y locales, que siguen pidiendo traslados a la península en base al mecanismo de solidaridad territorial, sin contar tampoco con la opinión de la sociedad civil organizada y la ciudadanía. Porque debemos ser conscientes de que la acogida no consiste solamente en ofrecer techo y comida, y estará abocada al fracaso si se hace de espaldas a la ciudadanía. Porque la verdadera acogida e inclusión la facilita la sociedad que, sin la necesaria información sobre las propuestas y políticas llevadas a cabo, puede ser manipulada e intoxicada por los que no necesitan argumentos para sembrar el odio.

Si a esa falta de información, se le añade la imagen que les está llegando con la puesta en marcha de macrocampamentos donde se va a mantener indefinidamente a las personas recién llegadas, con cargo a fondos públicos, se genera el caldo de cultivo perfecto, para la utilización del delicado 'discurso de la competencia social' provocando reacciones impulsivas de quienes se encuentran en situación de precariedad y temen que se pongan ver en riesgo sus escasas oportunidades sociales y laborales, que ciertas voces manipuladoras, les anuncian les van a ser 'expoliadas por los recién llegados' pese a ser incierto. Frente a esto, la respuesta debería ser buscar fórmulas para reactivar nuestro maltrecho sistema de bienestar, cada vez más descapitalizado, garantizando así los derechos de todas las personas, no solo de una parte.

Hace unos meses la Comisión Europea presentó la propuesta del Pacto de Migraciones y Asilo. Pedro Sánchez, advirtió entonces que España “no podía aceptar que la gestión de las migraciones en Europa no se hiciera de manera global”, declarando su oposición a la propuesta de la Comisión, que llevaría a la creación de grandes campos de detención de migrantes y solicitantes de asilo en los puntos fronterizos de los países mediterráneos, es decir, Grecia, Italia y España, para convertirlos en puntos de identificación y expulsión. En aquel momento, el presidente calificó muy sensatamente, aquella propuesta como “inaceptable”.

Sin embargo, sorprendentemente, vemos que en Canarias se está poniendo en marcha esa misma política que desde España rechazábamos, impidiendo los traslados a la península, bloqueando 'sine die' a las personas migrantes contra su voluntad en un espacio territorial aislado, ultraperiférico y alejado del resto de Europa. No es una sorpresa para nadie, que los migrantes no quieren quedarse en Canarias. Las islas solo son para ellos un lugar de tránsito, un paso más dentro de un proyecto migratorio mucho más amplio, y ahora se encuentran atrapados allí, en esos campos de acogida y retención del Sur de Europa que rechazábamos como propuesta.

Y todo esto sucede, pese a que España cuenta con un programa estructural de 'Acogida Humanitaria para personas migrantes en situación de vulnerabilidad', que ha servido durante varias décadas como fórmula de descongestión en situaciones similares. Su puesta en marcha se llevó a cabo en 2006, con la llamada crisis de los cayucos, con el fin de dar respuesta y solución, a las llegadas de personas migrantes a las costas españolas, planificando una red de acogida y traslados por todo el territorio nacional, basándose en el principio de solidaridad territorial y evitando, con ello convertir las islas en grandes campos de retención. Por tanto, las decisiones de bloqueo que se han implementado, para evitar que las personas migrantes puedan cruzar al territorio continental, desvirtúan un programa que ha sido ejemplo y referencia para el resto de Europa y solución para España en diferentes ocasiones.

¿Y por qué este bloqueo? Por no generar efecto llamada, dicen. Algo tan demostrablemente falso, cuando lo que con ello se está generando, es un efecto sufrimiento en las personas que, en algunos casos, podrá llegar a ser irreparable. Abocados a la absoluta pasividad e incertidumbre, su salud mental sufre un rápido deterioro.

Para dar respuesta a la negativa de trasladarles a la península, se ha puesto en marcha el denominado Plan Canarias, con 7.000 plazas de emergencia ubicadas en las Islas, lo que, desde nuestro punto de vista, es una respuesta poco acertada. Inevitablemente, en los discursos encontramos como se está haciendo un paralelismo entre Canarias y otras islas europeas. Es cierto que Canarias no es Lesbos, ni Lampedusa, pero las políticas de bloqueo y policiales que se están llevando a cabo en estos territorios, por desgracia sí son las mismas, o al menos se parecen mucho. Y las consecuencias también.

Aunque creado de forma artificial, intoxicando con bulos, mentiras y medias verdades, y difundidas de forma intencionada en busca de un objetivo, el racismo se ha colado en parte de la población local. Una población que carece en muchos casos, de ver cubiertas sus propias necesidades.

El marco artificial de la xenofobia ha impedido que se hable de lo importante, mientras se van acumulando las personas atrapadas en las islas viendo como pasan las semanas en campos de acogida improvisados, con condiciones muy precarias y próximos en muchos casos, a barrios, cuyos vecinos, se sienten desinformados y amenazados.

Yassine, Moussa, Fatima, Ibrahima y muchos y muchas más, hasta llegar a las más de 9.500 personas que continúan bloqueadas en Canarias. Aproximadamente, la mitad de ellas son de origen subsahariano procedentes de Mali, Senegal, Camerún, costa de Marfil o Guinea Conakri, sin saber lo que les llevó a huir a cada una. Por ello, es necesario que, con independencia de su nacionalidad, puedan acceder en igualdad de condiciones al procedimiento de protección internacional, respetando el principio de no devolución y analizando sus circunstancias individuales que deben prevalecer ante la posible existencia de acuerdos de readmisión con el país de origen o de procedencia.

Acumular en Canarias a miles de personas, que van a permanecer sin tiempo determinado en una situación de pasividad y sin expectativas, puede provocar reacciones desesperadas como las que ya hemos visto, con horror, hace unos meses en el campo de Moria. Por ello, hay que buscar otro tipo de soluciones, y cualquiera de ellas pasan por no cronificar a las personas en las Islas Canarias. La más urgente es reactivar una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, sin discriminación por razones de nacionalidad, desde el archipiélago a la península, replanteándose un reparto de las plazas de acogida previstas en el Plan Canarias por todo el país, en base al principio de solidaridad territorial.

Así mismo, al igual que en otras ocasiones se han llevado a cabo reubicaciones desde Italia, Grecia o Malta a otros países de la UE, en aplicación del necesario principio de solidaridad europeo, en el marco de una gestión común de las migraciones y las fronteras europeas, si España considera que no puede acoger a este número de personas, que realmente no es tanto,  antes de dejar a las personas bloqueadas en las islas, podría recurrir a solicitar a la Comisión Europea su reubicación y distribución entre los estados miembro, evitando así el tan temible “efecto Lesbos”. Porque no podemos olvidar que cuando una persona llega a Arguineguín, Los Cristianos o Valverde, no es que esté tratando de llegar a Europa, sino que ya está en la Unión Europea.

¿De qué forma estamos dando respuesta a este desafío? ¿Desde políticas migratorias con la única óptica de mantener a personas retenidas e identificadas, pendientes de ser devueltas de acuerdo a los convenios de readmisión con terceros países, si es que en algún momento se pueden llevar a cabo? ¿Repitiendo el modelo de colaboración con terceros países, pese a que no respeten los derechos humanos, a cambio de sabrosas contraprestaciones económicas como las que llevaban consigo los acuerdos con Turquía o Libia?

Somos conscientes de lo complejo que es gestionar este reto y de los enormes esfuerzos que ya se han hecho para afrontarlos, pero no se pueden resolver desde una mirada unilateral, sin coordinación y por tanto sin cimientos que lo sostengan. El momento exige poner todo el talento sobre la mesa, con medidas estructurales, visión de largo plazo y estabilidad, para poder construir un futuro inclusivo, cuya base sea la justicia social.

Solo en Canarias en 2020 se registraron más de 3.900 solicitudes de asilo. Una parte de ellas de personas de origen africano que llegaron en pateras o cayucos. Más de 600 perdieron la vida en el intento de llegar, y muchos de ellos fueron niños. No sería mal momento, para repensar nuestras políticas migratorias y para activar vías legales y seguras, y en cumplimiento al artículo 38 de la Ley de Asilo, para permitir iniciar los trámites en las embajadas españolas en el exterior, evitando así que se vean obligados a arrojarse al mar para salvar sus vidas. Tampoco sería mal momento para generar alternativas que no criminalicen a las personas que necesitan emigrar y facilitar posibilidades reales para que lo puedan hacer. Ni desde luego sería mal momento para, de acuerdo con el compromiso de España con el Pacto Mundial de las Migraciones, permitir las condiciones para favorecer una migración legal, segura y ordenada.

Desde CEAR consideramos que estamos a tiempo de no caer en los errores de políticas que ya han demostrado ser un fracaso en otros territorios europeos, pero para ello se necesita coordinación, participación de todos los actores implicados y planificación para orientar un modelo de gestión migratoria con enfoque de derechos.

En el contexto de una pandemia en expansión, somos tan fuertes como la más débil de nosotras. Es hora de hacer lo que sea necesario, de ser implacable en la protección de todas las personas, y sobre todo a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Los estados deben garantizar que la atención preventiva, los servicios de salud, las medidas de protección social y otros bienes y servicios imprescindibles, como la información, estén disponibles y sean accesibles para toda la ciudadanía, independientemente de su situación administrativa. Siempre ha sido necesario y ahora es urgente reformar las políticas existentes que agravan el día a día de las personas con situaciones administrativas precarias.

Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo son particularmente susceptibles de sufrir las peores consecuencias de la COVID-19. Esta vulnerabilidad surge de respuestas insuficientes y políticas defectuosas que confinan a las personas en movimiento a condiciones de vida difíciles, ya sea en espacios que sufren sobreocupación (CETI) o que no son los adecuados para quienes solo han cometido una falta administrativa (CIE). Las abocan a la informalidad, desempeñando trabajos precarios que son clave, o al dejarlas fuera de los planes nacionales de respuesta y de las medidas de protección social. Esto hace que, aunque el impacto sanitario y económico afecte a toda la sociedad, estos grupos lo van a sufrir desproporcionadamente.

La pandemia está exponiendo nuestra intensa dependencia de los trabajadores y trabajadoras en ciertas ocupaciones, particularmente todas las personas empleadas en el sector de cuidados y en la producción y abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, formal o informalmente. Todas estamos agradecidas a las personas que trabajan en primera línea, desempeñando funciones esenciales que sirven al bien público, profesionales de la salud, productores y vendedores de bienes esenciales, trabajadores de la agricultura y la cadena alimentaria, trabajadores de limpieza y saneamiento, transportistas y muchos otros, especialmente en el sector de los cuidados. Muchas de estas personas son migrantes en situaciones administrativas diversas y son esenciales para la salud pública, la vida y los cuidados en esta crisis, arriesgando su propia salud y sus vidas para servir a la sociedad.

Las políticas excluyentes y la precaria situación de muchas personas migrantes, solicitantes de asilo y sus familias, pone en peligro su salud y sus vidas durante esta pandemia, y limita todo lo que pueden ofrecer como soluciones a esta crisis, desde la atención médica hasta la recuperación social y económica. Un enfoque totalmente inclusivo de toda la sociedad es esencial para una respuesta efectiva a esta pandemia.

La regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español que hemos reclamado más de 200 organizaciones y más de 40.000 firmas individuales es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas, incluidas las que enfrentan situaciones más vulnerables, pueden hacer frente a crisis sanitaria y económica desencadenada por la COVID-19, accediendo a la atención sanitaria necesaria y a las medidas de protección social que está poniendo en marcha el Gobierno. Así como la puesta en marcha de un ingreso mínimo es una de las medidas más eficaces para que la personas salgan de la pobreza, la regularización de las personas migrantes es la mejor forma de garantizar que estas medidas tan necesarias no dejan a nadie atrás.

Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo juntas, en igualdad de derechos y oportunidades como lo ha recomendado el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo. Por ello, interpelamos a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de manera integral, inclusiva y humana.

Vivimos tiempos difíciles para los más de 70 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares, pero también para quienes defienden sus derechos.

Las metáforas bélicas que se utilizan para hablar de las llegadas de personas que huyen son un reflejo de ello: avalancha, amenaza, salto con violencia, asalto a la valla, asalto a nuestras costas... Son expresiones que tratan de legitimar las erróneas políticas migratorias que se están llevando a cabo en todo el mundo y que solo tienen un único enfoque: el control de fronteras para evitar que lleguen, por encima de las vidas y los derechos.

El sociólogo Abdelmalek Sayad nos indicaba que las políticas migratorias funcionan como un espejo que refleja las problemáticas propias, permitiéndonos ver qué sociedad somos, qué sociedad estamos construyendo y qué sociedad queremos ser. Y en esa lógica, en los últimos años, el reflejo que nos devuelve nuestro espejo es bastante trágico y preocupante. Unas políticas migratorias que se materializan en la obsesión por blindar y externalizar las fronteras, cerrar puertos a los barcos de rescate o bloquear su salida, construir muros y alzar las vallas, suprimir las operaciones de rescate, criminalizar la solidaridad son solo algunas de las nefastas imágenes que nos devuelve ese espejo.

En el año 1989, había en Europa un total de 16 muros. En el año 2018, esta cifra se incrementó hasta 70. Más de 1000 km de vallas de las cuales, 25 de ellas se han construido en los últimos cinco años. Pero no podemos olvidar que la ineficacia de estos muros está demostrada. Por tanto, ¿qué función cumplen y para quién? Realmente los muros son simbólicos. A quienes huyen del terror y de la desesperación no les genera ningún miedo, pues lo que dejan detrás es mucho más terrible y es a lo que verdaderamente temen, pero a los que estamos 'dentro del muro' nos mantiene asustados por las supuestas amenazas que vienen del otro lado. De este modo, los muros tienen la función de hacernos sentir que nuestros gobiernos nos protegen de una supuesta 'invasión' que nos va a arrebatar nuestros escasos bienes.

En este contexto, y bajo ese caldo de cultivo, han ido surgiendo movimientos xenófobos que, aprovechando el malestar social, han convertido a las personas migrantes y refugiadas en la causa de todos los males. Sus discursos antiinmigración, aludiendo a la necesidad de cuidar 'lo nuestro', imaginando una sociedad unicultural, que ya no es más que la sombra de un pasado alejado de la globalización, de la que por otro lado somos consumidores sin prejuicios, han contaminado tóxicamente todo el debate político y social poniendo en riesgo la cohesión y la convivencia.

Ellos hablan sin tapujos, sin vergüenza sobre los 'males' que representan las personas refugiadas y migrantes y, sin embargo, los líderes políticos que defienden los derechos humanos y tienen una visión más abierta y progresista ante las migraciones han rebajado su posicionamiento para no exponerse públicamente. De este modo, están ganando la batalla los extremistas.

En un mundo como el actual, globalizado, la idea de volver a una sociedad bajo una única identidad homogénea es un artificio basado en un imaginario segregacionista y xenófobo, basándose en una idealización del pasado, imposible en el mundo de hoy. Estos discursos están chocando y chocarán con las limitaciones prácticas de la realidad, pues no tienen encaje en la actualidad, por lo que el engaño a los votantes de estos partidos se pondrá en evidencia.

Es necesario que hablemos con valentía, exponiéndonos y argumentando que una sociedad justa y decente debe cumplir con los derechos humanos y los compromisos internacionales, sin olvidar que muchas sociedades que fueron construidas con una importante aportación de personas migrantes y refugiadas, hoy, son las más prósperas y modernas de nuestro planeta.

Sin embargo, seguimos retrocediendo en cumplimiento de derechos y en las políticas migratorias y de asilo. Si tuviéramos que describir la gestión de las migraciones internacionales y el asilo en estos momentos, deberíamos decir que nos hemos instalado en un estado de permanente excepcionalidad.

Medidas provisionales que se ponen en marcha para solventar supuestas situaciones puntuales acaban convirtiéndose en permanentes, transformando las políticas de los gobiernos, incluso con prácticas que violan o bordean la legalidad a la vista de todos. Es el caso de las denominadas devoluciones 'en caliente'. Eso sí, siempre bajo una narrativa de legitimidad, construida sobre el discurso de la seguridad y del miedo al 'otro' al cual deshumanizamos intencionadamente para que sea más fácil arrebatarle los pocos derechos que se le otorgan, representándole como una amenaza, en defensa de 'lo nuestro'. De esta forma se vulneran tratados internacionales, y lo que haga falta.

Bajo ese paradigma, seguimos siendo testigos de la tragedia inadmisible de las muertes en el Mediterráneo. Más de 2.300 personas perdieron la vida en el mar en 2018, aumentando la tasa de muertes por llegada respecto a años anteriores: una de cada 52 personas que intentaron alcanzar las costas europeas fallecieron ahogadas. Desgraciadamente este año, este goteo trágico continúa creciendo.

Sin embargo, se ha construido un discurso político que sostiene que estas muertes solo se evitan luchando contra las redes de tráfico y no rescatando personas en el mar. Las muertes de las personas que intentan llegar a Europa se justifican como el efecto colateral de esos 'inhumanos traficantes de personas que se aprovechan de los más débiles'. Para acabar con ello –dicen–, la única solución es reforzar los controles migratorios y la persecución del tráfico. Entre tanto, ni una sola propuesta para habilitar vías legales y seguras ni una política de visados activa, que sería la única fórmula para arruinar ese boyante negocio que estamos permitiendo a los traficantes de personas.

El gobierno de Sánchez inició su andadura con lo que se ha denominado 'el espíritu del Aquarius'. Ahora, hace precisamente un año de aquella acogida que tuvo eco en toda Europa y que nos ilusionó como el símbolo de una nueva forma de enfocar las políticas migratorias en España y que esperábamos pudiera tener un efecto contagio en el resto de Europa. Además, ante el incremento de llegadas durante el verano, se pusieron en marcha numerosos recursos y centros para dar una mejor recepción y acogida a las personas que llegaban a las costas españolas, lo que mejoró también notablemente aquella situación de emergencia.

Sin embargo, meses después, hemos visto como nuestro país ponía otro tipo de obstáculos muy preocupantes que nos dejaron desconcertados, rechazando ofrecer puerto seguro a otros barcos, dificultando la salida de los barcos de rescate en el Mediterráneo de ONGs españolas, desempolvando un acuerdo con Marruecos del año 1992 para facilitar las devoluciones exprés, imponiendo visados de tránsito a nacionalidades susceptibles de recibir asilo como son palestinos y cameruneses, y manteniendo estos mismos visados a las personas de origen sirio.

Las largas colas y esperas para formalizar el asilo, las dificultades para acceder a la primera acogida, la dilatación en la resolución de los expedientes, el stock de expedientes sin resolver, son algunas de las cuestiones que ponen en evidencia que hay muchas cosas por hacer y mejorar en el sistema de asilo español.

Desde CEAR, en el Día Mundial del Refugiado, pedimos al nuevo gobierno de Sánchez que, en esta nueva legislatura, recupere el espíritu del Aquarius, tratando de liderar una nueva política migratoria en Europa y que, en base el Pacto Mundial sobre Refugiados de Naciones Unidas ratificado por España, promueva un Pacto de Estado por el Asilo poniendo el foco en las personas. Para ello, es necesario que seamos valientes, dejando de lado el miedo a los movimientos xenófobos que no pueden, ni deben, ganar esta partida, porque lo que está en juego es la decencia de nuestra sociedad.

“No se puede pretender aplicar la ley de la misma forma en Ceuta o en Melilla que en otros lugares”. 13/12/2014. Jorge Fernández Díaz, entonces ministro de Interior.

Tres años después, la falta de una investigación adecuada hace que aún se mantengan muchos interrogantes sobre lo que pasó aquella mañana del 6 de febrero de 2014 en la playa de El Tarajal de Ceuta, junto a la frontera con Marruecos y que esperamos se esclarezcan con la reapertura de la investigación sobre este caso, para que las muertes de al menos 14 personas no queden impunes.

1. ¿Quién dio la orden esa mañana? La investigación del primer juicio no aclaró quién dio la orden de disparar bolas de goma y de humo a las personas que trataban de llegar a nado a la orilla española. Según los testimonios de varios supervivientes, los agentes dispararon apuntando hacia las personas y hacia el humo de los botes.

2. ¿Quién decidió que, si se producía esa situación, se tenía que dar esa orden? En septiembre de 2013 entraron a nado 91 personas por esa misma ruta. En esa ocasión no se empleó ningún arma para “disuadir” a los migrantes para que no llegaran a tierra mientras estaban en el agua. Dado el cambio de comportamiento 5 meses después, esta llegada por esta vía pudo alarmar a las autoridades encargadas del control de la frontera y que decidieran un cambio en los criterios de actuación.

3. El ‘oráculo’ de dónde está la frontera. O dicho de otra forma: ¿dónde empieza España? Para justificar su actuación, la Guardia Civil argumenta que ninguno de los migrantes fallecidos estaba en España porque para cruzar la frontera tendrían que haber traspasado la línea donde están los propios agentes. Se trata de la primera frontera móvil de la que se tiene constancia y sirve además para convertir por arte de magia las ilegales devoluciones en simples “rechazos en frontera”. Quizás esa es la “singularidad” de la frontera de Ceuta y Melilla a la que se refería el ministro Jorge Fernández Díaz en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

4. ¿Qué significa que se haya reabierto el caso? Supone un gran paso, pero no definitivo. La Audiencia Provincial de Ceuta consideró que ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las investigaciones, que hasta ahora han sido insuficientes e ineficaces.

5. ¿Hubo alguna disculpa? Más allá de la vía judicial, desde el Gobierno no se ha dado ninguna disculpa o planteado ninguna indemnización a las familias de las víctimas.

El entonces director de la Guardia Civil afirmó días después de lo sucedido que la actuación había sido “impecable”. Hasta ahora nadie lo ha desautorizado.

6. ¿Podría volver a pasar? En el caso de que hubiera otra situación similar, el uso de las bolas de goma sí ha sido prohibido para entradas desde el agua. Pero ¿se podrían volver a utilizar pelotas o balas de goma y fumígenos o gases lacrimógenos? ¿Se podrían repetir devoluciones a Marruecos de personas que han alcanzado costas españolas? Imposible saberlo porque, tal y como denuncian asociaciones de la Policía y la Guardia Civil, no existe un protocolo de actuación para la utilización de material antidisturbios en el medio acuático, y menos con un uso tan contundente y desproporcionado.

La expansión del brote del virus ébola en África occidental se ha convertido en un nuevo argumento para estigmatizar a las personas migrantes que intentan llegar a Europa buscando protección o huyendo de la pobreza extrema. Esta vez no se trata del miedo a la supuesta invasión o el aumento de la inseguridad ciudadana provocada por las intencionadamente llamadas 'avalanchas masivas' o 'asaltos' a la valla. El nuevo estigma llega en forma de virus y, aún sin haber dado señales en nuestro país, está generando una epidemia de miedo.

Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, más de 2.700 personas han muerto a causa del ébola en África en los últimos 40 años, pero si esta cifra se pone en perspectiva, esta enfermedad está cuantitativamente lejos de las personas que mueren diariamente en África: 1.700 debido a la malaria o 4.100 en relación con el VIH, según estimaciones de la OMS.

Algunas voces se han mostrado críticas con la excesiva atención mediática de las últimas semanas, expresando su temor a que el último brote de ébola se quede en un hype mediático, es decir, un fenómeno que ha gozado de una sobrecobertura por parte de los medios de comunicación. No obstante, la propagación de esta enfermedad pone de manifiesto una triste realidad: la precaria y olvidada situación que se sufre en el África subsahariana.

No podemos obviar que el verdadero virus que sufre África es el hambre, son los conflictos armados, la falta de educación y de recursos sanitarios adecuados que, además, funcionan como agentes multiplicadores que alimentan y fomentan la propagación de esta enfermedad.

La espontánea campaña en redes sociales #giveustheserum (dadnos el suero) ha movilizado a numerosos tuiteros africanos que protestan por la discriminación sanitaria y pidiendo que les sea entregado el suero experimental que podría curar la enfermedad, al que solamente tienen acceso algunos países privilegiados. Paliar las consecuencias del ébola y prevenir su contagio es posible, solo es cuestión de voluntad política, por lo que la comunidad internacional y científica debe reaccionar responsablemente ante ello.

El miedo al virus en nuestras fronteras

En nuestro país las alarmas han sonado recientemente en diversos medios de comunicación, alertando sobre una eventual transmisión del virus en nuestras fronteras terrestres y marítimas, relacionada con la llegada de personas migrantes a las mismas.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) trabajamos de forma diaria y directa con personas que llegan a nuestro país huyendo de conflictos y violación de derechos humanos, es decir, solicitantes de asilo, apátridas, refugiadas o migrantes en situación de especial vulnerabilidad. Muchas de las personas que están llegando hasta Ceuta y Melilla responden a estos perfiles, es decir, podrían ser susceptibles de recibir protección internacional, podrían ser personas amparadas por la legislación nacional e internacional y a las que España debe ofrecer protección cumpliendo con sus obligaciones.

CEAR valora positivamente los esfuerzos para implementar protocolos destinados a la prevención de la trasmisión de la enfermedad en nuestro país, aunque tal y como coinciden la mayor parte de expertos, es importante destacar que es altamente improbable que una persona enferma de ébola pueda llegar saltando la valla de Melilla o en una embarcación en el Estrecho.

No obstante, situaciones como esta ponen de relieve el absurdo que supone excluir de la sanidad pública a amplios sectores de la población de origen extranjero en nuestro país. Y es que, en el muy improbable caso de que llegase o hubiese alguna persona contagiada, los obstáculos impuestos a algunas personas migrantes para acceder a nuestro sistema de salud dificultarían la prevención de la transmisión de la enfermedad. Es decir, las barreras a los derechos van contra todos y todas, y su ejercicio no es un regalo o concesión, sino la mejor forma de protección para toda la ciudadanía.

La principal razón por la que es improbable que a nuestras fronteras lleguen personas enfermas de ébola es que el trayecto migratorio de las personas de origen subsahariano que llegan a nuestro territorio puede durar hasta varios años, permaneciendo durante meses escondidos en Marruecos antes de saltar la valla, mientras que el periodo de incubación del virus ébola es de 21 días. Esto sin contar que es necesario gozar de unas condiciones físicas y de salud mínimas para poder saltar la valla o cruzar el Estrecho.

Desde CEAR hacemos un llamamiento a la responsabilidad, y confiamos en que la atención mediática dedicada al brote de esta enfermedad no revierta en un aumento del rechazo, ya existente, hacia las personas migrantes.

En este mismo sentido, desde CEAR queremos expresar nuestra especial preocupación por la posible repatriación de personas migrantes procedentes de países afectados por el ébola, como es el caso de Nigeria, a pesar de que Frontex, la agencia europea de fronteras, ha decidido cancelar estas repatriaciones de forma temporal.

Mientras nuestras preocupaciones como sociedad se circunscriban únicamente a nuestros límites territoriales y fronterizos, no podremos abordar las causas que provocan que la enfermedad se extienda por África o las causas que hacen que millones de personas al año se vean obligadas a abandonar sus países de origen como única alternativa para poder sobrevivir.

Ninguna frontera vale más que una vida humana. Ninguna frontera debe convertirse en el ataúd de aquellas personas que, huyendo de la guerra, la miseria o la muerte llegan a nuestras fronteras y se encuentran con la violación de los derechos humanos. Basta ya.

En nuestras fronteras se ejerce la violencia física contra quienes intentan cruzarlas utilizando material antidisturbios y métodos “disuasorios” como las concertinas. También se niega el auxilio a personas cuya vida peligra en el mar, se mueve la línea fronteriza de manera arbitraria y se producen devoluciones “en caliente” de los migrantes que consiguen llegar a nuestro territorio.

Estas prácticas no solo violan la legislación nacional e internacional (normativa española y europea de extranjería y asilo, Convenio Europeo de Derechos humanos, Convención de Ginebra...), sino que hieren a todas las personas que entienden que el control de las fronteras no puede anteponerse al respeto de los derechos humanos y al más básico sentido humanitario. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) no puede ni quiere mirar para otro lado. Nuestro papel estatuario nos lleva a defender a nuestro colectivo de atención y ante la gravedad de los hechos, ser la voz de los que no tienen voz.

Por medio de estohayquecortarlo.org CEAR hace un llamamiento a la ciudadanía para que firme la petición dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitando poner fin a las prácticas inhumanas llevadas a cabo en las fronteras de Ceuta y Melilla, la retirada de las concertinas y el respeto y cumplimiento de la legislación nacional e internacional. Las concertinas son el elemento más visible de la violencia en las fronteras y el símbolo del racismo institucional. Basta ya.

Los mensajes de alarma de las autoridades gubernamentales y ciertos medios de comunicación no hacen sino sembrar un mensaje erróneo, sesgado y malintencionado de las cifras de refugiados que a través de las fronteras de Ceuta y Melilla quieren entrar a España. ¿Es España realmente la puerta de entrada de los inmigrantes a Europa?

Las cifras son contundentes. Según el informe de Frontex, en 2012 el número de entradas irregulares por la ruta Oeste Mediterránea en la que se encuentran Ceuta y Melilla fue de 6.397, mientras que por la ruta Este-Mediterránea de Europa (Grecia, Bulgaria y Chipre) la entrada de inmigrantes fue de 37.224, casi 6 veces más.

Basta ya. Basta ya de mensajes capciosos que únicamente buscan sembrar miedo ante la llegada de personas que huyen de la violencia, la persecución y el hambre, la llegada del inmigrante, el refugiado, el apátrida y el solicitante de asilo.

#estohayquecortarlo y por ello, desde CEAR pedimos información veraz, fiel a los datos y sobre todo que el Gobierno respete y no vulnere los derechos humanos. Yo, como ciudadana, no quiero ser cómplice de la violación de los derechos humanos en las fronteras.

La presión por contener los flujos migratorios ha puesto de manifiesto, una vez más, las graves irregularidades que se están cometiendo en el control de nuestras fronteras. El trágico suceso del pasado 6 de febrero en Ceuta, donde 15 personas perdieron la vida y 23 fueron devueltas a Marruecos de forma irregular, pone de relieve el fracaso de las políticas migratorias y europeas obsesionadas por el blindaje de las fronteras.

El Presidente del Gobierno se está enfrentando a su segundo Debate de la Nación. Más allá de sus intereses políticos de cara a las elecciones europeas, la sociedad civil necesita recibir explicaciones sobre la tragedia ocurrida en Ceuta, aclarando todas las inaceptables contradicciones que se han ido poniendo en evidencia estos días atrás, así como el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de prácticas ilegales para justificar las expulsiones a través de la valla de Melilla que conocimos días antes. Todo lo anterior atenta gravemente contra los Derechos Humanos y vulnera los marcos normativos nacionales e internacionales.

La tragedia de Ceuta solo es una muestra de las muchas circunstancias que hay que explicar sobre lo que está ocurriendo en las fronteras españolas, impropio de un Estado de Derecho.

Mientras los migrantes se saltan la valla, las autoridades se saltan la ley.

Aquella madrugada los cuerpos de seguridad implicados actuaron intencionadamente, tanto por acción como por omisión, mientras 15 personas se ahogaban frente a ellos. La acción temeraria de utilizar material antidisturbioscontra personas que trataban de alcanzar la orilla, así como la omisión del deber de socorro, teniendo en cuenta la actitud de manifiesta pasividad ante la necesidad de asistencia humanitaria de estas personas, tendrá que ser explicada también por el Presidente.

Así mismo, la expulsión colectiva de las 23 personas que alcanzaron la playa pisando territorio español es contraria al artículo 4 del Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Ley de Extranjería y el ‘Principio de no Devolución’ establecido en la Convención de Ginebra de 1951. Estas personas fueron entregadas a las autoridades marroquíes sin haber tenido acceso al procedimiento establecido en la Ley: no se analizó de forma individualizada la situación de cada una de ellas; no se les dio la oportunidad de recurrir la decisión adoptada y no se les facilitó asistencia letrada ni de un intérprete en el procedimiento de devolución. Tampoco se les permitió pedir asilo, pese a que algunas de ellas procedían de países en conflicto.

Mientras los migrantes se saltan la valla, las autoridades se saltan la ley.

El Presidente del Gobierno debería explicar también los múltiples eufemismos que se han venido utilizando en torno a esta tragedia. No pueden aceptarse lo que el Ministro del Interior ha denominado, con mucha imaginación, “conceptos operativos de control” y que en la práctica suponen la movilidad de la línea fronteriza formada por los guardia civiles, vulnerando el cumplimiento de la ley para justificar devoluciones ilegales. También tendría que explicar las denominadas “devoluciones en caliente”, una práctica que vulnera la ley. Debería preparar bien su explicación sobre la priorización del Convenio bilateral con Marruecos frente a la Ley de Extranjería y la propia Constitución, dado que ningún tratado puede ser contrario a la legislación estatal. Necesitamos que nos aclare la diferencia que hizo el Ministro del Interior entre ‘fronteras jurídicas y fronteras políticas“, un concepto de Soberanía de España completamente discrecional y por tanto inseguro para cualquier ciudadano.

El Presidente del Gobierno debería dar la última y definitiva versión de los hechos, contar la verdad de lo ocurrido, depurar responsabilidades y comprometerse al cese inmediato de cualquier práctica que pueda poner en peligro la vida de las personas y que impida su acceso a la protección internacional. Muy al contrario, lo que se nos ha anunciado es una reforma más de la Ley de Extranjería. Desde CEAR consideramos innecesaria la reforma y esperamos que esta modificación normativa no aspire a dar cobertura legal a prácticas ilegales que, como ha manifestado el portavoz de la Comisión Europea, vulneraría la normativa comunitaria, que establece muy claramente que todo extranjero que llega a territorio de la UE tiene derecho a pedir asilo y las autoridades el deber de verificar si esa petición es procedente.

Por el momento, nada de esto ha sido aclarado. Es inaceptable que, pese a la gravedad de los hechos, el presidente del Gobierno no haya dado ninguna explicación sobre las preocupantes actuaciones de la tragedia de Ceuta, limitándose a citar colateralmente 'los hechos ocurridos en Ceuta y Melilla' sin profundizar en ello.

En la breve mención que hizo a la tragedia de Ceuta, utilizó el término 'cooperación' de una forma bastante confusa. Si el enfoque que pretendía buscaba apostar por la cooperación al desarrollo, tendrá que empezar por reactivar las políticas de cooperación española que entre 2012 y 2014 han descendido en más de un 70%, y enfocarlas a paliar las problemáticas que padecen los países de origen y que provocan los flujos migratorios y no tanto a la cooperación para el control fronterizo como ha planteado en su discurso.

Lo más preocupante no es tanto lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho y que toda la ciudadanía viene reclamando desde el pasado 6 de febrero: que se aclare lo ocurrido, que se expliquen las devoluciones ilegales, el uso de material antidisturbios contra seres humanos agotados, la omisión del deber de socorro, el impedimento de acceder al asilo y la vulneración de la ley y normativa europea.

Aunque los migrantes se salten la valla, el Gobierno no puede ni debería intentar saltarse la ley.