La abolición del tope salarial a los banqueros o la eliminación del tipo de 45%, en el impuesto de la renta para los tramos de mayor riqueza, fueron recibidos con gran rechazo por parte de una población que está experimentado las peores cifras de inflación desde los años 80. Una inflación que se está cebando, como siempre, con el poder adquisitivo de las clases medias y populares.

La política de reducción fiscal llevó aparejado un enorme agujero presupuestario causado por la reducción drástica de ingresos: 45.000 millones de libras (Unos 52.000 millones de euros) menos para sanidad, educación, seguridad pública y una larga lista de medidas para sostener el Estado del Bienestar. 

La reacción negativa de los mercados no se hizo esperar; La libra se desplomó a su nivel más bajo desde 1985, respecto al dólar, y los tipos de interés y de préstamos hipotecarios se dispararon. A su vez, las recientes declaraciones del Gobernador del Banco de Inglaterra, afeando las medidas de Truss no hicieron más que echar leña al fuego. 

Se había dictado sentencia: dedo pulgar hacia abajo. Truss tenía los días contados. Y no, no fue una huelga general ni las manifestaciones ciudadanas las que acabaron con la primera ministra, fueron los mercados amigo. Sí, los mercados. 

El espectáculo bochornoso que ha venido después, con dimisiones, amenazas y conspiraciones que ha tenido como protagonista principal a Liz Truss y que antes tuvo a Boris Johnson, Theresa May y a David Cameron, es el resultado provocado por quienes se dejaron arrastrar por un populismo absurdo y de mercadillo que provocó el absoluto desastre que fue el Brexit. Los mismos que siempre dicen tener las recetas mágicas de la economía. ¡Que pase el siguiente!

De todo lo malo en la vida siempre se aprenden valiosas lecciones. Y seguro que Liz Truss aprendió una muy importante: que bajar los impuestos no genera riqueza, pero sí la destrucción del Estado del Bienestar que nos hace ser sociedad. Que subir los salarios no pone en riesgo la economía. Que las empresas no huyen de ningún sitio por tener que pagar lo que les corresponde, y que no por mucho repetir un mantra inventado, el mantra se convierte en real. En definitiva, que bajar impuestos es recaudar menos y abandonar lo único que nos queda cuando ya no queda nada: lo público. ¿Oyó señor Feijoó?

El anunciado triunfo de Giorgia Meloni es la confirmación de que la ultraderecha más peligrosa emerge de los rescoldos del descontento y la frustración, provocado por las sucesivas crisis económicas, los subsiguientes años de ajustes, recortes y políticas de austeridad que provocaron la pérdida de poder adquisitivo, aumento del paro y pobreza que expulsó a grandes masas de ciudadanos del sistema. Las condiciones óptimas para que se desarrollasen alternativas populistas de extrema derecha con un nivel de adhesión popular sin precedentes hasta ese momento.

Meloni es el resultado contemporáneo de años de adaptación y enmascaramiento del espacio de los fascistas que desfilaban con botas de cuero y camisas negras hacia Roma. Una adaptación basada en el mantra de patriotismo y proteccionismo dirigido a un sector muy concreto de la sociedad: las clases medidas y trabajadoras. 

Las mismas clases medias y trabajadoras que sufrieron el ataque directo de las políticas de austeridad que se aplicaron tras la crisis de 2008, y que hizo saltar por los aires el Estado del Bienestar. El dato es clarificador a la par que devastador; desde 2008, el número de millonarios ha crecido en la misma proporción que subían los índices de pobreza. La distribución de la riqueza se ha orientado hacia la acumulación por parte del 1% de la población del 82% de la riqueza total del planeta.

Desde entonces, y salvo alguna honrosa excepción como Portugal o España, los diferentes gobiernos liberales, conservadores, socialdemócratas o de la nueva izquierda, en toda Europa, no han querido o no han sabido resolver esas diferencias que se han ido acentuando con el paso de los años. 

En este escenario, el fascismo crece, sobre todo por el apoyo de las clases populares. Porque la ciudadanía ya no le tiene miedo, ya que, en realidad, lo que asusta al pueblo es el presente y el futuro más inmediato. Con salarios que se agotan el día 10 y porque el pago de hipotecas o alquileres se lleva el 60% de lo que gana una familia, las perspectivas de futuro son tan oscuras, que cualquier clavo ardiendo es bueno para agarrarse.

Lo ocurrido en Italia es otro aviso serio, si no es el último, para los demócratas europeos. O Europa empieza a aplicar políticas encaminadas a mejorar la situación de las clases medias y trabajadoras, sin que tenga que haber una guerra por medio, y deja de ser un mero ejecutor de las medidas neoliberales impuestas por la tecnocracia, o el futuro de las democracias estará en manos de quienes no creen en ella.

Feijoó llegó a asegurar que era “imprescindible” un plan de ahorro energético en España. Sin embargo, cuando el gobierno aprobó el decreto de ahorro energético, primero se mostró contrario para luego cambiar de estrategia, a toda prisa, pasando del rechazo frontal al reproche de que Sánchez no se hubiera sentado a consensuar el paquete de medidas con las comunidades autónomas.

El día que el Gobierno anunció que había conseguido pactar con Europa la “excepción ibérica”, poniendo un precio límite al gas para abaratar la factura eléctrica, el líder del PP lo tildó de “timo ibérico”. Sin embargo, cuando fue la Comisión Europea la que anunció la aplicación de un límite al precio del gas en todo el continente, lo consideró positivo. Es decir, si lo dijo Von der Leyen, bien, si lo dijo Sánchez, mal. Por ese entonces, sus asesores ya bailaban en la piscina al ritmo del “despechá” de Rosalía. 

La carrera frenética y sin sentido de Feijóo tuvo un nuevo episodio a finales de agosto. El líder del PP llevaba semanas quejándose de que el Gobierno no escuchaba sus propuestas para afrontar la crisis energética y acusaba al PSOE de llamarlos solo para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin contar con la oposición en otros ámbitos. 

La respuesta de los socialistas no se hizo esperar: Sánchez anunció que comparecería en el Senado para poder coincidir con el líder de los populares y debatir sobre las medidas para afrontar la crisis energética. La postura de Feijoó, como no podía ser menos, fue quejarse de que el Presidente iría al Senado solo a hablar de las medidas para afrontar la crisis energética. Vamos, que criticó lo que había pedido. A esas alturas del verano, mientras sus asesores seguían tomando el sol en la hamaca, ya nadie entendía nada. 

Y así fue como se llegó al debate del pasado martes en el Senado. Desde Génova, con los asesores ya reincorporados, se lanzaron a rebajar expectativas asumiendo que el marco, los tiempos del debate y la temática beneficiaban al Presidente, restándole importancia al cara a cara entre Feijoó y Sánchez, sabedores de que el líder del PP llegaba muy debilitado.

Un debate que no se salió del guion previsto; Muy desigual, con un líder de la oposición refugiado en algunas propuestas poco concretas, un Presidente que se ensañó con Feijoó y muchos reproches.

Sin duda, habrá un antes y un después de este verano en la trayectoria política del jefe de la oposición. Ha quedado claro que cuando el líder del PP es llevado entre algodones por sus asesores, proyecta una imagen convincente de hombre aseado, solvente y que sabe lo que dice. Sin embargo, cuando le toca ser él mismo, natural, espontáneo y sin consignas estratégicas, se le saltan todas las costuras. En definitiva, este verano ha dejado dos conclusiones: Una, que Feijoó pierde votos cada vez que habla, y la otra, que hay asesores que no deberían irse de vacaciones en agosto.

Estos datos son tan solo la punta del iceberg de un problema aún mayor en el que se ha instalado nuestra sociedad: La dictadura del positivismo. La imposición de una actitud falsamente positiva, en la que se generaliza un estado feliz y optimista sea cual sea la situación, silenciando nuestras emociones negativas.

Ya lo decía el escritor estadounidense Mark Manson en su obra “El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda”, del año 2018: “…Cualquier intento de escapar de lo negativo -evitarlo, sofocarlo o silenciarlo- fracasa. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso es un fracaso…”.

Poco a poco la dictadura del positivismo ha introducido en las mentes la necesidad de tener la certeza de que todo irá bien. Una burbuja irreal que nos evade de un mundo en el que vivimos rodeados de incertidumbre, de preguntas a las que no tenemos respuesta o problemas cuya solución no podemos o no estamos dispuestos a llevar a cabo.

Y en este ambiente de felicidad extrema, la manifestación de sentimientos negativos como tristeza, rabia o frustración, puede hacer sentir a quien los padece que es la excepción, que no encaja en la sociedad, provocando el aumento de los pensamientos negativos y exacerbando, todavía más, las emociones que le afligen.

La vida es muy dura y, si una persona está pasando por un momento difícil, puede ser más difícil sobrellevarlo si siente la presión social de tener que sentirse siempre feliz. La presión ante esa imposición social a no sentirse negativo, pueden llevar a las personas a la depresión y el suicidio.

La dictadura del positivismo ha invadido todo a nuestro alrededor; Agendas que nos dicen que somos la leche, que podemos con todo y que debemos soñar despiertos. Tazas que nos animan a que no abandonemos nuestros sueños o que podemos con todo porque somos la bomba, o fundas de móvil que nos dicen que siempre tenemos que estar de buen rollo. Sin embargo, toda esta sarta de mensajes simples genera falsas expectativas y confusión, porque en ese mundo idílico no hay cabida para las emociones negativas. Y, por tanto, no hay espacio para quienes sufren esas emociones negativas.

Es por ello que hay que insistir en que el suicidio no es solo un problema de salud mental. Es un drama que lastra, en silencio, a nuestra sociedad. Una tragedia que puede afectar a cualquiera, pero que se está cebando con toda una generación sin expectativas cuyo futuro se ha estancado por dos crisis, una guerra y una pandemia.

Pero sobre todo hay que reclamar el derecho a estar mal. A pedir la ayuda necesaria por estar pasando por un momento delicado sin que la persona se considere un despojo social por el simple hecho de estar triste, y a exigir que la sociedad preste esa ayuda sin establecer prejuicios de ningún tipo. No olvidemos que hay una persona ahí.

Ya lo hicieron no apoyando el real decreto-ley para reducir el IVA desde el 21% al 10% que benefició a los consumidores, votando en contra de la reforma laboral que ha estabilizado la vida a millones de trabajadores y no apoyando, tampoco, el anuncio de medidas fiscales sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas eléctricas que servirá para garantizar el Estado del Bienestar.

Un posicionamiento neoliberal que enmascaran con bajadas de impuestos que deterioran los servicios públicos y pone el punto de mira en los trabajadores y las clases populares, como objetivos prioritarios a quienes hacerles recaer la culpa de la crisis. 

Y todo ello lo acompañan con una suerte de fuegos artificiales mediáticos de exageradas respuestas y acusaciones de apocalipsis económico e infierno fiscal, como mantra para evitar que nuestro país pueda contar, de forma permanente, con los recursos necesarios para hacer políticas públicas que generen comunidad y conciencia pública. En eso, el viejo PP de Feijoó no ha cambiado nada con respecto al anterior nuevo PP de Casado. 

Sin embargo, todas esas medidas aplicadas por el gobierno, responden al sentido común y a un posicionamiento firme y decidido desde Europa. En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que no es precisamente un marxista, defendió el pasado mes de mayo la adopción de medidas como los “impuestos a los beneficios caídos del cielo” para mitigar los “inusuales altos precios” que están pagando los consumidores en su factura eléctrica.

El Gobierno británico aprobó, ese mismo mes, un impuesto del 25% a los productores de gas y petróleo y que recaudaría en torno a 5.000 millones de libras (aproximadamente unos 6.900 millones de euros al cambio actual) en los próximos 12 meses.

En esta misma línea, el Ejecutivo italiano ya aprobó el pasado mes de enero un impuesto a los beneficios obtenidos por las empresas de la producción eléctrica, situando su gravamen, también, en el 25% y con el objetivo de recaudar un total de 11.000 millones de euros a través de este tributo.

A principios de junio el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, anunció la entrada en vigor de un impuesto del 25% a los “beneficios caídos del cielo” que afectaría al sector energético, de banca y de telecomunicaciones del país. Y el pasado mes de octubre de 2021, el Gobierno búlgaro aprobó un impuesto a los beneficios generados por las compañías eléctricas que supondrían 225 millones de euros de ingresos para el Estado.

Siendo así la realidad de lo que nos rodea, la pregunta que me hago es ¿Por qué tanto interés de la derecha en que las medidas sociales no salgan adelante? Porque, claro, si no se redistribuye de manera equitativa la carga de la crisis en forma de impuestos, las clases más populares no podrán afrontar, ni siquiera, sus necesidades más básicas, y eso pondría en riesgo la paz social y generar un estallido social de dimensiones imprevisibles. Y ningún patriota quiere eso ¿Verdad? ¿O sí? 

Será interesante escuchar a los dirigentes del PP, desde el Congreso hasta el pueblo más pequeño de nuestro país, defender que las eléctricas y los bancos no paguen más impuestos para que sus vecinos tengan un mayor y mejor escudo social contra la crisis.

En clave interna, la organización de la Cumbre de la OTAN ha confirmado, definitivamente, a España en el escaparate internacional con la etiqueta de ser un país fiable y eficaz en la organización de eventos. Toda una bocanada de aire fresco que nos catapulta en los principales índices de presencia y reputación internacional y da lustre a una diplomacia española de capa caída con las sucesivas administraciones del Presidente Rajoy.

La celebración de la Final de la Copa Libertadores de fútbol, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o la propia cumbre de la OTAN han propiciado esa imagen impecable en contraposición, por ejemplo, con el desastre organizativo de París en la pasada final de la Champions League.

Los logros obtenidos por la delegación española son, también, indiscutibles. Se ha logrado la inclusión de la Ribera Mediterránea, el Sahel y el norte de África como una fuente de inestabilidad y un potencial elemento desestabilizador, reconociendo la amenaza a la “Integridad Territorial de los Aliados”, lo que implica una defensa implícita a la soberanía nacional de Ceuta y Melilla.

Y ha sido histórica, también, por los acuerdos alcanzados. La entrada de Suecia y Finlandia, el aumento del dos por ciento del gasto en defensa y las constantes referencias a China como un “desafío” y a Rusia como una “amenaza”, vislumbran lo que será la hoja de ruta de un nuevo e imprevisible escenario mundial.

De Madrid ha salido una OTAN más grande, más fuerte, más militarizada y con una visión global mucho más amplia que la que tenía hasta ahora, en un mundo dividido y polarizado que recuerda al viejo escenario de la Guerra Fría y que no tienen por qué coincidir con los intereses propios de la Unión Europea.

Pero que algo sea histórico no debe llevar aparejado, implícitamente en el imaginario colectivo, que sea precisamente bueno. Tras la cumbre de Madrid, parece que el viejo anhelo de una Europa como casa común de los pueblos, independiente y con su propia estrategia geopolítica en el mundo, deberá volver al cajón de los asuntos pendientes.

Sin embargo, es probable que esta medida no implique los mismos resultados para ambos escenarios. La inflación en Europa es consecuencia del aumento, sobre todo, de los costes energéticos, mientras que, en Estados Unidos, ha venido determinada por el aumento de la demanda.

En el caso estadounidense, un incremento de los tipos de interés sí que podría ayudar a frenar la inflación al encarecer el coste de los préstamos, disminuir la actividad económica y reducir la demanda de productos, lo que haría caer los precios. Esta medida solucionaría el problema sin provocar ninguna crisis económica.

En el caso europeo, un aumento de los tipos de interés podría permitir controlar la inflación, pero, al tratarse de una inflación provocada por la escasez originada por la crisis, existe un claro riesgo de que se produzca una desaceleración económica.

La potente escalada de precios en Europa se está convirtiendo en una seria amenaza para la recuperación económica tras la pandemia. La inflación ya se nota en los bolsillos del ciudadano en su día a día y los cálculos realizados por el economista Javier Ruiz, no son nada halagüeños.

En este sentido, por una hipoteca media de renegociación anual, se pagará 900 euros más al año. Por la factura de la luz con un 48% de subida, se pagará 500 euros más al año. Llenar el depósito de gasolina supondrá un gasto de en torno a 1.000 euros más al año. Sumándole, a ello, el incremento de un 8,7% de la cesta de la compra. En definitiva, vivir será 3.000 euros más caro al año.

Con este escenario, se acercan tiempos difíciles para las economías domésticas. Es el momento de empezar a hacer presupuestos familiares, recortar gastos con los que generar ahorros, hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y anticiparse a necesidades futuras como adquirir útiles escolares antes de que comience el nuevo curso. 

A nivel gubernamental, el gobierno de coalición debe seguir tomando medidas para paliar los efectos de estos precios disparados en los bolsillos de los ciudadanos. Control de subida de precios del alquiler, descuentos en el precio de la gasolina, estabilización laboral, subida de sueldos y nuevas fórmulas impositivas que controlen la desigualdad económica que generan estos escenarios. 

Se trata de poder convertir el sistema económico en algo más amable para todos y no en una suerte de jungla económica en la que sobrevive el más fuerte, como se demostró tras la crisis de 2007, con bajada de impuestos que provocaron pérdida de ingresos al Estado, recortes en servicios públicos básicos y expulsión del sistema que llevó a millones de ciudadanos a vivir en la pobreza extrema. Un escenario que ha lastrado la recuperación económica durante años, ya que un tercio de la población quedó excluida de ese crecimiento y la precariedad laboral supuso, por primera vez, un pasaporte directo a los índices de exclusión social. 

Y por supuesto, a nivel europeo, se hace más necesario que nunca que se busquen fórmulas para que la guerra en Ucrania, en cuyo origen se encuentra gran parte del problema, acabe de una vez. Si la guerra se enquista, los precios globales de los productos agrícolas y de la energía pueden mantenerse altos en cualquier escenario, lo que nos llevaría a un escenario totalmente impredecible. 

En definitiva, estimado lector, es el momento de ser precavidos con nuestra economía familiar para mitigar, de la mejor forma posible, este convulso escenario que nos toca vivir de nuevo.

El “terciopelo de los pobres” formó parte de una época grabada a fuego en la retina de los españoles y acompañó a una generación de políticos que modernizó España, propició grandes avances sociales, situó a nuestro país en el corazón de Europa y lo proyectó internacionalmente. La chaqueta de pana fue, sin duda alguna, sinónimos de conquistas sociales.

De las chaquetas de pana se pasó a las hombreras de los años ochenta. Y así, todos los que hemos nacido al calor de la democracia, y aquellos a quienes nos resultaron familiares las hombreras, crecimos con la comodidad de la herencia recibida. Se fueron apuntalando derechos y conquistando otros nuevos, pero siempre con la firme e incuestionable convicción de que los derechos sociales son inquebrantables.

Nada más lejos de la realidad. La burbuja de paz y quietud en la que plácidamente hemos convivido en los últimos tiempos se desinfla. La inestabilidad global, la polarización y el auge del fanatismo que creíamos sepultado desde el 30 de abril de 1945, hace que hasta las conquistas sociales estén en peligro.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revisar la doctrina “Roe vs Wade” por la que, desde 1973, es legal la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 23 semanas, puede hacer que el aborto en el país de las libertades pueda ser prohibido. Todo un terremoto político cuya onda expansiva ya empieza a sentirse en otros países.

En España, sin ir más lejos, los entusiastas del saludo romano han salido públicamente a apoyar una medida de similares características y a anunciar que llevarán las competencias autonómicas a sus límites, para impulsar modificaciones que limiten la interrupción de un embarazo. Envalentonados porque el PP no pone freno a su ideario reaccionario, están intentando renombrar conquistas sociales con nuevas etiquetas para presentarlas como algo negativo. Tras una retórica barroca y una puesta en escena desmedida, lo que se esconde es la firme intención de cercenar derechos fundamentales.

Empieza a ser necesario que la generación que ha vivido de la herencia de las conquistas sociales se mentalice: Los derechos se conquistan un día, pero se preservan todos. Dicen las personas entendidas en moda que para el otoño vuelve la chaqueta de pana, pero son tantos sus regresos, que realmente la pana nunca ha acabado de irse.

Si el espionaje a los políticos de nuestro país fuera una novela, ahora estaríamos en ese instante de la trama que todo está siendo agitado en la coctelera. Ese momento en el que, si el lector parpadea, se pierde en los matices.

Hay que reconocer que es una buena historia para una novela: Un Presidente de Gobierno espiado por un software de última generación; Unos políticos independentistas espiados por el gobierno; Una parte del gobierno exigiendo dimisiones y unos socios de investidura amenazando con hacer caer al gobierno.

Y es aquí, en esta última idea donde quiero pararme. Es totalmente entendible el cabreo que puedan tener los independentistas por haber sido espiados. Y es absolutamente comprensible que quieran saber quién dio la orden, por qué y desde cuándo se les está espiando.

Pero también es cierto que cualquier democracia que se precie, debe hacer prevalecer la seguridad nacional y la garantía de su unidad territorial mediante la obtención de información, siempre bajo amparo legal, que le haga tener una ventaja táctica de cara a posibles coyunturas. Cualquier país que se le venga a usted ahora a la cabeza espía, ha espiado y espiará. No tenga dudas. La información es poder.

Partiendo de esa realidad, por muy dura que pueda parecer, me parece absolutamente sorprendente que ERC pida altura de miras y responsabilidad de Estado cuando esa responsabilidad no está siendo recíproca. El chantaje de ERC al Gobierno para que se explique el espionaje o de lo contrario poner en jaque el exiguo apoyo parlamentario del Gobierno, es un peligroso juego de ruleta rusa.

No debemos olvidar que ese mismo partido, cuyo portavoz parlamentario no hace mucho dijo en el Congreso que la izquierda debía dejar de militar solo en la moral para hacerlo también en la utilidad, es el mismo que ahora está amenazando con volar una legislatura que ha permitido generar más de un millón de puestos de trabajo en el último año, superar los 20 millones de ocupados y que uno de cada dos contratos, ahora, sean indefinidos. Por no hablar de los 140.000 millones de euros en fondos europeos de recuperación económica para generar un nuevo modelo productivo que aún están por gestionar. Y eso no es, precisamente, militar en la utilidad.

Es notorio que el deterioro de relaciones es evidente. El Gobierno necesita depurar responsabilidades de Pegasus cuanto antes, pero ERC también debe tener cuidado con lo que desea, porque, mientras sigue debilitando al bloque de gobernabilidad, la derecha se recompone. Cada crisis de los socios de investidura refuerza un nuevo ciclo del bloque PP-Vox. En las elecciones de Andalucía, de junio, veremos si ese bloque se sigue reforzando. 

Que todo esto que seguimos sufriendo hoy día nos haría cambiar como sociedad y que valoraríamos como se merece el tener una sanidad pública que nos proteja y un Estado del Bienestar que vele por quienes menos oportunidades tienen.

Pero dos años después hemos salido siendo los mismos. Más viejos pero los mismos, al fin y al cabo. Unos cuantos carroñeros forrándose de millones de euros del erario público y un montón de gente que apenas llega a final de mes pagando la cuenta de la fiesta.

Da igual que haya una pandemia mundial, una guerra, una ola de calor o una tormenta de arena sahariana. Los salteadores de caminos siempre estarán ahí, ojo avizor para hacer una llamada de un millón de euros con el que traer mascarillas, gafas de sol o kufiyas con las que surtir al personal. Porque no hay nada más patriota que hacer negocios con las miserias humanas previo pago de suculentas comisiones.

Alberto Luceño y Luis Medina son ejemplos claros de lo que el neoliberalismo más salvaje puede llegar a engendrar: Personas egoístas, sin escrúpulos ni empatía capaces de hacer lo que sea para alimentar su individualismo.

Sin embargo, Alberto Luceño y Luis Medina, a quienes no podremos llamarles delincuentes hasta que no haya sentencia firme, pero sí podemos llamarles indecentes por los hechos probados, han conseguido, a diferencia de otros, lo que no se veía en nuestro país desde la consecución del mundial de fútbol de 2010: unir a todo el país, de nuevo, bajo una misma bandera. Esta vez, la del asco y la vergüenza ajena. Luceño y Medina son los Fábregas e Iniesta de la obscenidad celebrando el golazo que acaban de meter mientras se quitan la camiseta para mostrar el mensaje “Pa´ la saca”.

Pero no les bastó con eso. Para dejar el listón del patriotismo bien alto, en cuanto han podido, se han gastado el dinero en coches italianos, ingleses, alemanes y austriacos. Es verdad que se podían haber comprado un Seat Arona, pero ellos son comisionistas, no una familia de San Mateo que les acaba de tocar el Euromillón. Ellos son de apostar por la calidad. Siempre y cuando no los vendan ellos, por supuesto.

Como decía unas líneas más arriba, la pandemia no nos ha cambiado. El individualismo y el narcisismo siguen empapando a nuestra sociedad, contaminando e impregnando todo lo que toca. Y es ahí donde tipos como Medina y Luceño se sienten cómodos y seguros para actuar con total impunidad. Lo vemos cada día, en cada instancia de nuestra sociedad. Es un mal endémico que, tras la pandemia, parece estar en peligro de extensión.

Con una llegada de Marine Le Pen al Palacio del Elíseo, el papel pivotal de Francia en el presente y para el futuro de la Unión Europea se vería severamente comprometido, ya que la extrema derecha es partidaria de una reformulación drástica de la Unión, devolviéndola hacia algo parecido a sus inicios como simple comunidad económica y revirtiendo a los estados miembros todos los elementos de soberanía concedidos por éstos en el tratado de Lisboa.

El peligro de la llegada al poder de la extrema derecha a un país tan importante como Francia es no solo el riesgo del inicio del descoyuntamiento de la Unión Europea, sino también el del contagio a otros países y el desmantelamiento de los estados democráticos y sociales de derecho, así como de los sistemas de bienestar social, que son los signos distintivos de Europa tal y como la conocemos en la actualidad. 

Francia podría iniciar un camino similar al que están recorriendo Hungría y, un poco más rezagada, Polonia, y que estuvieron a punto de empezar Austria e Italia. Y eso es un grave peligro para nuestra convivencia.

El riesgo es de tal envergadura, que, aunque en la segunda vuelta gane Macron, el peligro de la llegada de la extrema derecha al poder simplemente podría retrasarse cinco años. 

El hundimiento de los partidos tradicionales es tan brutal que difícilmente encontrará solución a corto plazo; el alejamiento de los jóvenes de la política les puede echar con facilidad en los brazos de las consignas y promesas facilonas y falsas de la extrema derecha; y el presidente actual, que si gana no se podrá volver a presentar, no dispone de un partido político, sino de un movimiento laxo y heterogéneo, compuesto fundamentalmente por tecnócratas de los que no parece probable que surja un nuevo candidato que pueda plantar carta a la extrema derecha.

Y ante el escenario que se nos presenta, Europa sigue sin saber bien cómo tratar el fenómeno del auge del fascismo en los estados miembros de la unión. No hay coordinación ni una estrategia ordenada. En algunos países, como en Alemania, reina la idea de los “cordones democráticos” para excluirlas del poder. En otros, como España, la derecha tradicional del PP los mete en los gobiernos para asombro de Europa, como acaba de ocurrir recientemente en Castilla y León.

Se hace más necesario que nunca avanzar en la federalización europea, corregir el déficit democrático comunitario, regular mucho más a los mercados financieros, recuperar el modelo social hoy deteriorado y corregir las grandes diferencias de renta entre países europeos, sin olvidar algo crucial: fomentar un espíritu cívico solidario europeo.

Fue salir de la zona de confort gallega y en apenas un mes, a Alberto Nuñez Feijóo se le han saltado todas las costuras del traje de liberal moderado que, durante años, sus estrategas le han ido diseñando con gran acierto, todo sea dicho de paso.

Y es que, desde lo lejos que queda la Xunta y las políticas que allí se llevan a cabo, en el resto del país nos hemos quedado tan solo con una imagen acompañada de titulares telegráficos bien estructurados sobre política nacional.

Pero fue llegar a Madrid y empezar a poner más atención a sus afirmaciones, para darnos cuenta de que Feijóo representa, realmente, al viejo PP de siempre. De la “violencia intrafamiliar” a la mentira de que el Gobierno “se forra” con la subida de la gasolina, Feijóo empieza a mostrar su verdadero perfil: Ultraconservador y profundamente derechista. ¿Empezamos a entender ahora por qué la ultraderecha no tiene representación en Galicia?

En cuestiones como el aborto, Feijóo, en su etapa de Presidente de la Xunta, siempre mostró una cierta ambigüedad ante los medios de comunicación, pero en su gestión no dudó en subvencionar con dinero público a la organización antiabortista Red Madre. 

En materia educativa, aprovechó la aprobación de la LOMCE para aumentar la financiación a colegios del Opus Dei que segregan por sexo a los alumnos y que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo. Además, suprimió el programa de gratuidad de libros de texto para la enseñanza obligatoria

En su primer presupuesto como Presidente de la Xunta, en 2009, suprimió la partida del Fondo Extraordinario de Pensiones, dejando a más de 50.000 personas sin pensiones no contributivas en Galicia. Además, revisó a la baja las ayudas a la dependencia provocando que 40.000 dependientes vieran reducidas sus prestaciones y 18.000 dejaran de percibir ayudas directas. 

Para rematar, Feijóo impulsó una reforma de la Ley del Suelo y un Plan de Ordenación del Litoral de Galicia que acabó con la protección de la costa gallega y permitió la especulación inmobiliaria, la misma que nos llevó a la crisis de 2008, y el desarrollo de la industria marina intensiva en los espacios de la Red Natura, como en el caso del Cabo Touriñán.

Feijóo, el ya oficialmente líder del PP, llega a Madrid después de trece años al frente de la Xunta y una gestión política bien clara; Un 22,1% de los gallegos vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, más de uno de cada cinco, y se sitúa por primera vez desde 2009 por encima de la media estatal, del 21%, según los datos que se extraen del informe de 2021 sobre la situación de los ciudadanos más vulnerables económicamente, de la “Rede Galega contra a Pobreza”.

El informe pone el foco sobre la situación de los mayores de 65 años. Unas 404.000 personas, 71.0000 más que el año anterior, perciben unas pensiones que están por debajo del umbral de la pobreza. Son el 52,8% de los pensionistas de Galicia, lo que deja a la comunidad como la que tiene un porcentaje más alto de mayores cuyos ingresos no llegan al mínimo de referencia para considerar que no son pobres. Ésta es la alternativa del PP a Pedro Sánchez, la vieja política de siempre con nuevas caras.

Y es aquí, en el tratamiento que le damos a la información, donde más se agudiza esa inmediatez. La actualidad de una noticia dura lo que se tarda en leer una publicación de la red social del pájaro azul. Las noticias de primera hora de la mañana ya están desfasadas por la tarde, y las del día anterior forman parte de la historia.

Por eso, todas aquellas informaciones que empiezan a sucederse con el paso de los días, de las semanas o incluso los meses, por muy importantes que sean para nuestro devenir social, van quedando arrinconadas en nuestra materia gris para dar paso a otras mucho más recientes. Y al final terminamos por normalizar datos o informaciones que devorábamos cuando el suceso en cuestión era reciente.

Nos pasó con la pandemia. Los primeros días, el asombro por los datos de fallecidos nos estremecía. Incluso llegamos a pasar miedo, o por lo menos yo. Pero dos años después, que mueran en nuestro país 200 personas por covid al día, es una cifra más en esa adicción al corto plazo de nuestra sociedad.

Con la invasión de Ucrania, tengo la sensación que nos puede ocurrir algo similar. La guerra no parece que vaya a tener un final inmediato, y si a ello le sumamos que, al fin y al cabo, es una guerra que nos queda lejos, poco a poco iremos perdiendo la perspectiva de lo que está ocurriendo en Europa del Este.

Porque, reconozcámoslo, que la ciudad de Jersón haya quedado totalmente arrasada por la artillería rusa o que en la ciudad de Mariupol se esté matando indiscriminadamente a miles de personas, en el fondo no nos dice mucho. Sí, nos solidarizamos con las víctimas, con todo el pueblo de Ucrania y condenamos esta atrocidad. Pero en el fondo, no tenemos una equivalencia que nos haga ver la verdadera magnitud de la tragedia.

Ahora bien; ¿y si le digo que la ciudad de Jersón, esa que ha quedado reducida a escombros, tenía una población de 282.000 habitantes, casi el mismo número de paisanos que hay en Fuerteventura y Lanzarote?

O si les digo que la ciudad Mariupol tiene la mitad de habitantes que Gran Canaria, o que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado que el número de personas que han huido de Ucrania se cifra en 1,7 millones de personas, lo que equivaldría a que dos de cada tres canarios hubiera tenido que abandonar las islas.

Quizás, aun así, nos siga pareciendo que todo esto nos queda lejos, eso ya lo dejo a la percepción de cada cual. Pero al menos, que este ejercicio comparativo nos sirva para no perder la perspectiva de una tragedia que, con el paso del tiempo, es muy probable que quede sepultada por la inmediatez de la última hora que aparezca, como ya ocurrió con Afganistán, Etiopía, Yemen, Haití o Palestina.

Se condena la agresión a la soberanía nacional, pero se evita arremeter directamente contra Putin. Y en esto coinciden Le Pen, Salvini, los ultras alemanes y Santiago Abascal. Todos mantienen una conexión política evidente y comparten, al menos, tres rasgos ideológicos bien definidos: un nacionalismo exacerbado, un conservadurismo moral muy notable (matrimonio homosexual, eutanasia, derechos de las mujeres o modelos de familia) y una mirada escéptica y hostil hacia la Unión Europea.

Pero esto no es nuevo. Ya en 2014, en plena anexión de Crimea por parte de Rusia, el diario alemán Bild hizo público un documento procedente de los propios servicios de inteligencia rusos titulado Putin, líder del conservadurismo internacional, en el que se destapaba una estrategia para tejer una red europea de populismo de derechas a través de la cual influir en la política alemana, francesa y del sur de Europa.

La maniobra, diseñada por el Centro de Comunicaciones Estratégicas de Rusia, financiaría la creación y desarrollo de partidos de extrema derecha en el corazón de Europa, con el objetivo de desmembrar a la Unión Europea, que es vista desde el Kremlin como una amenaza estratégica desde que incluyó a buena parte de los países del este. 

En 2016, la ONU alertó del auge del fascismo en Europa y cómo los partidos tradicionales normalizaban un discurso ultranacionalista, conservador, identitario y racista de corte autoritario. ¿Les suena de algo?

Más recientemente, el Comité Especial de la Eurocámara, aprobó un informe titulado Interferencias extranjeras y desinformación, en el que también se alerta de la amenaza que supone, para los intereses de la UE, la fuerte vinculación y dependencia de la extrema derecha con Putin.

Y entre las bambalinas, orquestando la estrategia, se encuentra el analista y asesor de Putin, Aleksandr Dugin, quien ha sido el nexo de conexión del Kremlin con neofascismo húngaro del Jobbik, con los neonazis de Amanecer Dorado en Grecia, la extrema derecha austriaca del FPÖ, los flamencos de Vlaams Belang y o con el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, como así se explica en la obra Patriotas indignados de los autores Francisco Veiga, Carlos González-Villa, Steven Forti, Alfredo Sasso, Jelena Prokopljevic y Ramón Moles (Alianza Editorial, 2019).

La extrema derecha ha aprendido a mimetizarse con su entorno. Está dejando de raparse la cabeza y cada vez emplea menos el saludo romano; ahora se pone traje y corbata.

Y como asegura Steven Forti en otra de sus obras titulada Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla, el fascismo, disfrazado de democracia, no solo ha entrado en las instituciones y comienza a tener un mayor peso, sino que pulula por Internet y gangrena las redes sociales, normalizando así su discurso e ideología, para corroer la democracia desde dentro. De aquellos polvos, estos lodos.

Ya lo dijo, durante la primera guerra mundial, el senador estadounidense Hiram Johnson: “La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad”. Y la verdad es que Putin es uno de ellos.

Los puntos geográficos en los confines de la tierra se medían en semanas y todo parecía mucho más difícil. En 1888, Bertha Benz viajó 106 km desde Mannheim hasta Pforzheim, en Alemania, haciendo, de esta manera, el primer recorrido largo de un automóvil en la historia. Ahí, la impresión de las distancias empezó a cambiar para el ser humano. Los recorridos se hicieron más cortos, el mundo empezó a interconectarse y el planeta que habitamos, de pronto, se hizo más pequeño. 

Así, entre progresos, avances y descubrimientos, el ser humano, en mayor o menor medida, empezó a estandarizar, bajo unos parámetros mayoritariamente aceptados, la percepción de las distancias. 

Llegó la pandemia y con ella el shock que cambió nuestras vidas y marcará a toda una generación. Desde ese momento, todo aquello que estaba socialmente aceptado ya no era válido. Tener un contacto estrecho con alguien, que era síntoma de algo positivo y bien avenido, se convirtió en cuestión de días en algo negativo que estábamos obligados a evitar.

Ese hecho, aunque no se le preste la suficiente atención, ha modificado el sentido de nuestras vidas, los valores inculcados, las prioridades vitales y, por supuesto, la percepción de las cosas y la interpretación de las distancias.

Como si del descubrimiento de la piedra rosetta que abre la caja del conocimiento sobre la cuarta dimensión, donde el ser humano puede habitar en un estado de libre consciencia, la mayoría de la ciudadanía experimentó una nueva forma de interpretar las distancias. 

Y comprendieron que los seis metros de mesa que separaban a Putin de Macron, en realidad eran cientos de miles de kilómetros entre las ideas que representan a uno y otro. 

Que el trayecto que separa a Kiev de Moscú es menor si se ve desde Washington que desde Bruselas. Que para lo que Casado eran tres centímetros de longitud con Ayuso, para ella eran tres metros bajo tierra. O que Santiago de Compostela siempre estuvo más cerca de Madrid que Ávila. 

Lástima que ese don excepcional, que ha adquirido la mayoría de la ciudadanía, no haya también florecido en muchas de las personas que toman decisiones diarias que le afectan a usted y a mí. Quizás, muchas cosas que estamos viendo y leyendo, serían producto de las creativas mentes de escritores o guionistas.

La sucesión en la presidencia del PP de Madrid era un problema para Casado. Un problema que terminó por convertirse en un conflicto. Un conflicto que se intentó esconder pero que no se supo evitar, y que terminó por estallar, aquel día de febrero, en el momento más inesperado para los populares. 

Ni los analistas más viejos del lugar ni los estrategas más meticulosos recuerdan algo parecido. Una guerra total, retransmitida en directo y con acusaciones de espionaje, corrupción, nepotismo y tráfico de influencias. Una información que, recordemos, ya se manejaba en los despachos de Génova cuando iban a Bruselas a acusar al gobierno de España de corrupción con los fondos covid.

Una tormenta perfecta que se llevará por delante a una generación de políticos que venían a regenerar el centro derecha y que han terminado aplicando las mismas artimañas que les llevaron a perder el gobierno con una moción de censura.

El escenario de cara al futuro es, cuanto menos, difícil de dilucidar. El PP se ha roto y no hay arreglo posible. El combate resulta ya tan encarnizado, y la convivencia tan insoportable, que se ha llegado a un punto de no retorno. Y sabido es que, en todas las batallas, siempre hay víctimas en los dos bandos. 

El intento de encontrar munición que aplacase las aspiraciones nacionales de Ayuso puede acabar con su carrera política, pero también podría acabar con Casado, muy cuestionado en sus filas y como único salvavidas el que un juez vea motivos para imputar a Ayuso. Un salvavidas que tampoco le garantiza la supervivencia.

Y mientras tanto, Abascal se frota las manos; Crece en votos y reclama poder. Mal asunto sería, para nuestra democracia, que el contrapeso al gobierno progresista de Pedro Sánchez, que sin rival en la derecha tiene despejada su continuidad en Moncloa, fuera la extrema derecha.  

Ocho años después de aquella lluviosa tarde del 25 de diciembre de 1991, Putin alcanzó el poder en Rusia. El antiguo agente del KGB, que en 1989 vivió de manera traumática el derrumbe del muro de Berlín estando destinado en Alemania, llegó con la promesa de estabilidad y grandeza propios de los discursos ultra nacionalistas.

Por aquel entonces, Rusia era un país de turbulencias políticas y económicas, de capitalismo salvaje en el que unos pocos se hicieron fabulosamente ricos mientras la mayoría tuvo que subsistir con lo puesto y navegar por un sistema económico que desconocía. Una desigualdad feroz que no solo se mantiene, sino que se ha convertido en una de las piedras angulares que sostienen a Putin en el Kremlin, rodeado de su pléyade de fieles oligarcas.

Durante todos estos años, el choque emocional del colapso de la URSS ha marcado también gran parte de la política interna y externa del jefe del Kremlin. Su empeño en restaurar a Rusia como superpotencia, a pesar de su debilidad económica, marca muchos de sus movimientos en el tablero geopolítico global. Bajo esa premisa, el Kremlin ha extendido sus tentáculos por las antiguas repúblicas soviéticas para mantenerlas bajo su órbita.

Muchos y extensos son los ejemplos al respecto; En 2008, cuando Georgia anunció su intención de entrar en la OTAN, el ejército ruso respondió militarmente apoyando a las regiones de Osetia del Sur y Abjasia y en 2013, tras las protestas europeístas que derribaron al presidente aliado de Rusia en Ucrania, el Kremlin respondió apoyando a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y adhiriendo la península de Crimea.

Con la intención de Ucrania de entrar, esta vez sí, en la OTAN, el cambio de equilibrios estratégicos en Europa supone un duro golpe para el Kremlin, que vería amenazada su esfera de influencia en la región. Ante esto, Moscú busca a marchas forzadas renegociar el tablero geopolítico en Europa. ¿Cómo? Poniendo sobre la mesa el compromiso entre George Bush y Mijail Gorbachov, allá por 1990, en el que se cerraba la puerta a una ampliación de la OTAN a los antiguos países soviéticos. Un acuerdo que nunca se puso negro sobre blanco y que la OTAN considera inasumible.

¿Hay opciones todavía para la vía diplomática? La política, como dice el refrán, es el arte de lo posible. Sobre la mesa, tres exigencias incondicionales de Moscú: el fin de la expansión de la OTAN, que no se desplieguen más infraestructuras de la Alianza en Europa en la zona y la retirada de las infraestructuras militares desplegadas en Europa del Este después de 1997.

Las posibilidades de que la OTAN aplique las exigencias de Rusia son inexistentes. Como máximo, se podría esperar el anuncio una moratoria sobre la entrada de nuevos miembros en la OTAN, dejando fuera, de momento, a Ucrania. A cambio, la OTAN podría exigir un calendario de reducción de armas nucleares, el control de misiles de corto y medio alcance o mayor transparencia sobre maniobras militares.

En este momento, esas propuestas de máximos parecen inasumibles por ambas partes. Mientras tanto, el reloj corre y la escalada de tensiones aumenta de manera exponencial. ¿Aún habrá tiempo para que alguien desempolve el viejo teléfono rojo? Lo único claro de todo esto ¡quién nos lo iba a decir!, es que, como reza el maestro Joaquín Sabina en una de sus míticas canciones, “…El lunes, al café del desayuno, vuelve la guerra fría…”

Desde una perspectiva histórica, además, puede afirmarse sin temor a exagerar que esta Constitución supone el mayor logro colectivo de los dos últimos siglos en nuestro país. Un logro que es valorado, respetado y celebrado por las generaciones posteriores a las que, con ilusión y temor a lo desconocido, iniciaron el camino de las libertades colectivas en un momento de gran incertidumbre.

Cuarenta y tres años después de aquel hito, la sociedad ha cambiado, nuestro entorno social, político y económico ha cambiado, y la forma en la que los territorios se relacionan entre ellos y con el estado, también han cambiado. 

La España del siglo XXI, ya en nada se parece a aquel país que dibujaron los arquitectos de la Constitución de 1978. Los retos son ahora diferentes. 

Por aquel entonces, ni los proponentes ni quienes participaban en los intensos debates, imaginaron nunca, y tampoco se les puede reprochar, que el texto aprobado y refrendado en 1978 se debería enfrentar a la mayor crisis sanitaria del último siglo, ni que por la irresponsabilidad de quienes les sucederían, la elección del Presidente del Ejecutivo o del máximo órgano de representación del Poder Judicial serían bloqueados, interesadamente, poniendo en peligro el normal funcionamiento de las instituciones que ellos estaban debatiendo.

Estoy seguro que en la España que dibujaban en interminables comisiones, no se concebía un grado de descentralización territorial tan elevado como el actual y que, de facto, nos convierte en un estado federal. Ni que la España del futuro tuviera que enfrentarse a una emergencia climática que pone en riesgo la supervivencia de la propia especie humana.

La Constitución de 1978 necesita adaptarse a las nuevas realidades de un entorno en constante evolución, para que siga siendo igual de efectiva que lo ha sido hasta ahora. El éxito de toda Constitución reside en su capacidad de integración y adaptación a los cambios.

Frente al ideario de inmovilismo, petrificación y blindaje que desde sectores más conservadores se proclama, la experiencia demuestra que la manera más eficaz de asegurar la vigencia, la continuidad y la estabilidad de un texto constitucional consiste precisamente en promover su adaptación flexible a la realidad social de cada momento histórico. 

Ahora bien, entre la reforma de la Carta Magna y la apertura de un proceso constituyente como se exige desde otros sectores, resulta mucho más inteligente optar por la reforma derivada del pacto de 1978, que ya se asienta sobre una base de éxito: el Estado Social y Democrático de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la pluralidad ideológica, la unidad territorial y la descentralización política.

Sin duda alguna, mi generación y las posteriores estarán eternamente agradecidos a todos aquellos hombres y mujeres que tuvieron la valentía y el coraje de garantizarnos un futuro mejor. Pero ahora, a otra generación de mujeres y hombres, le toca revisar, retocar y adaptar ese mismo texto, para que las generaciones que venga, tengan su futuro garantizado bajo la premisa del legado recibido.

Christopher Rodríguez.

Técnico en Administración de Empresas.

Escritor, autor de la novela “El Lince”. Mercurio Editorial. Año 2020.

Esta es la demoledora conclusión de los magistrados de la Audiencia Nacional que se extrae de la sentencia, de 454 páginas, que condena al ex tesorero, Luís Bárcenas, a dos años más de cárcel y al partido como responsable civil subsidiario. Una sentencia que considera probada la existencia de una caja B en el PP y que se suma a la que condenó al partido como partícipe a título lucrativo en el caso Gurtel.

La sentencia conocida esta semana viene a corroborar, además, que la moción de censura contra Rajoy no fue una operación ilegítima como aseguraba el PP, sino que era una operación de higiene democrática más necesaria que nunca. No podía seguir en la presidencia del Gobierno el responsable de un partido condenado por corrupción.

Lejos de entonar el mea culpa, hacer un ejercicio de humildad y poner en funcionamiento las herramientas de control interno que eviten que esos hechos se vuelvan a producir, la estrategia de Pablo Casado es guardar silencio.

Para el líder del PP, esto forma parte del pasado, pero se olvida que son los tribunales los que le están recordando, una y otra vez, que la corrupción galopaba a sus anchas por las entrañas de un partido del que él formaba parte como miembro de la dirección nacional. La estrategia de no hacer ni decir nada que está siguiendo Casado ya ha demostrado que no funciona, como demostró Rajoy con la problemática social en Cataluña.

A esta hora en la que usted lee este artículo, la actual dirección se sigue sentando en despachos reformados con dinero en negro, pagado todo en dinero en metálico que salía de una caja fuerte del despacho de Bárcenas, por mucho que anunciaran a bombo y platillo que iban a vender la sede.

A esta hora, el líder del PP no ha salido a la palestra, aunque sólo sea para intentar defender la honorabilidad de su partido, o marcar distancias con épocas anteriores.

A esta hora, Casado sigue guardando silencio como si la sentencia no fuera con él y no condenaran a su partido, una vez más, por una corrupción sistematizada que les permitió presentarse dopado a las elecciones. Una actitud que no es, precisamente, una buena carta de credenciales para alguien que aspira a sentarse en el despacho principal del Palacio de la Moncloa.

El primero en dar el pistoletazo de salida fue Ciudadanos. 

Lastrado por las sucesivas estocadas electorales que lo han convertido en un partido casi residual, y con una guerra civil interna para dilucidar quién tenía más culpa de la debacle, aquel fin de semana de julio se cerró concluyendo que aún seguían “vivos” y que “no habrá fusión con el PP”, como manifestó Edmundo Bal al término del congreso.

Hablaron de todo. De todo lo que tenga que ver con la endogamia de los partidos políticos, y más cuando se encuentran en una posición de debilidad como la de los naranjas. Una oportunidad perdida para construir discursos y alternativas cercanas a la realidad de la ciudadanía.

Meses más tarde llegó el cónclave del PP. Un encuentro entre los conservadores que debía entronizar el liderazgo de Casado en la formación, y que terminó en una suerte de despropósitos como si quien hubiera organizado la fiesta hubiera sido la mismísima Ayuso.

La intención de los populares de hablar de la querida España, esta España nuestra, quedó en una suerte de salidas al paso y desmentidos diarios. La imputación de Sarkozy por financiación ilegal, las declaraciones de Vargas Llosa diciendo que lo importante no es que haya libertad, sino votar bien, la propuesta de Vidal-Quadras de cargarse el estado de las autonomías para asombro de los presidentes autonómicos del PP, y la ovación de Ayuso en el cierre de la convención, fue lo que quedó en la retina de la ciudadanía. Otra oportunidad perdida para buscar soluciones reales, factibles y prácticas para mejorar la vida de la ciudadanía.

Hace poco más de una semana, la extrema derecha celebró una feria en un ambiente muy folclórico y con aires retro. Banderas rojigualdas, Whiskys con agua y mucha testosterona, se entrelazaron con parques de bolas, camas elásticas y toros mecánicos.

Nada nuevo bajo el sol si no fuera porque predominó un preocupante negacionismo sobre todo aquello que huela a democracia. La fiesta sirvió para dibujar un país que solo está presente en el imaginario de su líder mesiánico y poner su ideario político en hora; Concretamente en 1936. 

Este fin de semana se está desarrollando el congreso de los socialistas en Valencia, quienes afrontan su cita con una paz interna y un liderazgo indiscutido como hacía muchos años no se veía en Ferraz. 

Una tranquilidad que les va a permitir dedicar mucho tiempo a decidir qué proyecto de país ofrecer a la ciudadanía. ¿Será una oportunidad para plantear soluciones innovadoras sobre las afecciones diarias de la gente? El lunes lo sabremos.

Christopher Rodríguez.

Técnico en Administración de Empresas.

Escritor, autor de la novela “El Lince”. Mercurio Editorial. Año 2020.