La cuestión es antigua y se remonta al inicio de la formación de nuestro sistema democrático de relaciones laborales. El Decreto ley 17/1977 introducía en nuestro ordenamiento la figura del despido objetivo que aplicaba la técnica de la rescisión unilateral individual indemnizada a determinados actos del trabajador que no suponían incumplimiento del contrato pero que implicaban dificultades sobrevenidas en la ejecución del proyecto contractual pactado. El legislador de la transición quiso aprovechar esta figura para introducir en ella, muy al gusto de la época, un instrumento de lucha contra el absentismo. Para ello ideó una causa de extinción objetiva en la que se castigaba con la pérdida del empleo a la pequeña morbilidad –menos de tres semanas consecutivas– siempre que estas faltas de asistencia intermitentes tuvieran una repercusión negativa en la asiduidad del resto de la plantilla, de forma que se expulsara de la empresa a quienes habían liderado una conducta absentista que había sido seguida por un porcentaje significativo de miembros de la plantilla.

Ya en aquel momento una buena parte de la doctrina cuestionó la idoneidad de esta medida para combatir el absentismo laboral, en gran parte motivado por otras causas que tenían más que ver con la repetición y monotonía del trabajo o la seguridad y salud de las condiciones laborales. De hecho, la norma –que se incorporaría al Estatuto de los Trabajadores como el art. 52 c) de dicho texto legal– no tuvo apenas recorrido práctico y la jurisprudencia tendió a declarar improcedentes los despidos que invocaban esta causa ante la necesidad de acompasar la inasistencia individual con la colectiva.

La reforma del 2012 vino a cambiar este cuadro eliminando el nivel de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo como componente del tipo legal, y en consecuencia, haciendo gravitar el despido exclusivamente en la conducta individual de un trabajador que se ausentara del trabajo por enfermedad en un determinado porcentaje de días en relación con su propio historial de absentismo medido a lo largo de un año. Con ello se imponía un cambio de perspectiva muy importante porque la causa del despido consistía exclusivamente en faltar al trabajo por estar enfermo, borrando cualquier relación con el contexto de la organización productiva y por tanto con lo que podría conectar “adecuada y proporcionalmente”, como explica la doctrina del Tribunal de Justicia europeo, con una planificación empresarial contra el absentismo.

La configuración de la causa extintiva como respuesta a las faltas de asistencia del trabajador que se enferma reiteradamente compromete los derechos de éste al cuidado de la salud y de su propia integridad que resultan amenazadas, por el mero hecho de la enfermedad, con la pérdida del puesto de trabajo. O, lo que es lo mismo, no puede considerarse justificada en tales términos la decisión unilateral del empresario de rescindir el contrato de trabajo.

La situación cobró una alarmante celebridad merced a la STC 118/2019, de 16 de octubre, que consideró, de forma bastante tosca, adecuada a la Constitución esta figura sobre la base de un “legítimo interés de empresa de paliar la onerosidad de las ausencias al trabajo”, un “gravamen económico” que se conectaba con la cláusula de la “defensa de la productividad” del art. 38 CE y que se imponía en todo caso, sin ningún matiz, frente al derecho al trabajo y el derecho a la salud y a la vida de las personas que enfermaban durante el trabajo.

La sentencia generó un aluvión de críticas, dos votos particulares muy bien articulados, entre ellos aquel que advertía de la posible discriminación indirecta por razón de sexo ante el previsible incremento de bajas por enfermedad de corta duración o por cargas familiares ante la situación de doble jornada laboral y familiar de las mujeres, y, en fin, una cierta situación de alarma social que se plasmó en manifestaciones nutridas convocadas por los sindicatos para exigir la derogación de ese precepto y su elevación a reivindicación política mantenida en los programas de gobierno.

Es evidente que la modificación que hizo la reforma del 2012 del art. 52 c) ET no era compatible con un marco democrático de relaciones laborales. Transformó un precepto que asumía una visión organizativa general de la empresa sobre el nivel de absentismo en su plantilla, en una norma que castigaba la mera falta justificada de asistencia individual al trabajo por enfermedad, haciéndola depender de la arbitrariedad empresarial que no resultaba modulada ni por las circunstancias personales del enfermo ni por el contexto en el que se producía el absentismo.

La invocación a la defensa de la productividad no puede efectuarse con independencia de la valoración de la posición subjetiva de quienes ven lesionados el derecho a la salud y el derecho al trabajo, y el escrutinio democrático de esa acción obliga a ponderar de manera decisiva el respeto de los derechos fundamentales que deben considerarse prevalentes. Por eso la derogación del precepto reformado en el 2012 es una buena noticia indicativa de un cambio legislativo más acorde con una visión equilibrada de las relaciones de trabajo y respetuosa de los derechos fundamentales derivados del trabajo.

El 24 de enero se cumplen cuarenta años del asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha, y naturalmente se están acelerando los actos que rinden homenaje a aquellos luchadores por la libertad que murieron por defender los derechos de los trabajadores y que militaban en CCOO y en el PCE. La Fundación Abogados de Atocha otorgará su premio este año al pintor Juan Genovés, el pintor del cuadro emblemático de la reconciliación nacional – El abrazo- que constituyó el eje de la política del PCE a partir de los años sesenta. Posteriormente, se celebrará un acto multitudinario el 15 de febrero, en el Teatro Monumental.

Los asesinos de los abogados de Atocha eran pistoleros y militantes fascistas de grupos de extrema derecha, pero detrás de ellos había fuerzas importantes que jamás fueron investigadas, ni en los cuerpos de seguridad del Estado ni en los poderes económicos más ligados al mantenimiento del franquismo – el llamado búnker – que contaba con decisivos consensos en el ejército y en la judicatura.

El crimen fue condenado naturalmente por el gobierno de UCD y la impresionante manifestación de duelo en el entierro de los abogados de Atocha fue el detonante de la legalización del PCE y el decisivo encarrilamiento de la transición política hacia las elecciones generales que construirían un nuevo sistema democrático y generarían una Constitución acorde con él. Es por tanto un crimen que pretendía impedir la democracia, castigando precisamente a quienes defendían a los trabajadores frente a la dictadura, y señalando a las dos organizaciones que se habían destacado en la lucha antifranquista, las Comisiones Obreras y el Partido Comunista.

Uno de los que fueron fusilados contra la pared del despacho de Atocha fue Ángel Rodríguez Leal. Era natural de un pequeño pueblo de Cuenca, y trabajador de Telefónica de donde fue despedido, llevó su caso a los abogados de CCOO y se quedó en el despacho como administrativo, para organizar los documentos del mismo. Había nacido el 26 de enero de 1951 y fue asesinado dos días antes de cumplir los veintiséis años.

Hace tan solo unos años, en su pueblo el Ayuntamiento dio su nombre a un parque. Ahora, cuando se cumplen 40 años de su asesinato, la coalición de izquierda del pueblo ha querido colocar una placa en su memoria. La respuesta del alcalde, del Partido Popular, ha sido la de prohibirlo. Las razones las explica Público.es y El diario.es.

“Es nuestro deber procurar no herir sensibilidades de ninguna tendencia política en aras de preservar nuestra convivencia pacífica de todos los vecinos del municipio”. Con esta excusa ha despachado el alcalde de Casasimarro (PP), la petición de colocar una placa en reconocimiento de las víctimas de la matanza de Atocha.

La propuesta fue realizada por Ahora Casasimarro y buscaba honrar especialmente a Ángel Rodríguez Leal, una de las víctimas de aquel brutal episodio de la transición española y vecino de esta localidad castellano manchega.

La respuesta del alcalde ha sido facilitada a través de un escrito, con fecha 23 de diciembre, en el que señala que denegar la instalación de dicha placa “no implica un posicionamiento concreto de la Corporación” teniendo en cuenta que el vecino Angel Rodriguez Leal ya tiene el nombre de un parque, fijado por la anterior corporación que gobernaba este municipio , sin que la corporación actual haya procedido a su cambio. “Este hecho denota la necesaria imparcialidad que debe primar en un gobierno como el nuestro, que lo es, de todos los vecinos de Casasimarro, independientemente de su orientación política”, dice el texto.

El alcalde de Casasimarro entiende que hay que ser imparcial frente a los asesinatos y que por tanto hay que impedir que se honre la memoria de un vecino de la localidad que dio su vida por la construcción de la democracia. Entiende que hay que situarse en la equidistancia entre los asesinos y los asesinados, porque no quiere herir sensibilidades “de ninguna tendencia política”, aunque ya sabemos cual es la única tendencia política que puede sentirse aludida, la que justifica el crimen de Atocha como un hecho necesario para frenar la conformación de un sistema democrático en nuestro país. Y le parece un acto de bonhomía política no haber quitado el nombre del vecino que fue asesinado por el fascismo en plena transición política, lo que implícitamente entiende que formaría parte del bagaje político del Partido que representa.

El alcalde no quiere herir la sensibilidad política de los asesinos y de los fascistas, de quienes defendieron la dictadura mediante las torturas, las delaciones, los disparos mortales. Al hacer eso el alcalde del PP se coloca contra la democracia, es un personaje abyecto que carece de cualquier legitimidad para poder seguir considerándose una autoridad democrática en ningún lugar.

El Partido Popular debe exigirle la dimisión inmediata, los partidos políticos democráticos preparar un importante acto político para poner la plaza solicitada en el mismo lugar en el que el alcalde ha decidido negarlo, y convocar a personalidades y dirigentes de los mismos para que acudan al pueblo de Angel Rodríguez Leal, a reivindicar su memoria y la de la lucha de tantos hombres y mujeres por la democracia y las libertades. No le arrebatemos, cuarenta años después de su muerte a manos de pistoleros fascistas, su dignidad de ciudadano y de trabajador que creyó en el futuro mejor que nos esperaba a todos tras la caída de la cruel dictadura franquista.

Hay una contradicción entre la interpretación constitucional del piquete como contenido esencial del derecho de huelga y su incriminación penal, basada esencialmente en denuncias policiales

La movilización social que se está desplegando en torno al enjuiciamiento de los ocho dirigentes sindicales de Airbus permite dar visibilidad a esta contradicción evidente

La huelga es la expresión concreta del conflicto que enfrenta a los trabajadores con el sistema capitalista, no a los trabajadores y los empresarios como consecuencia de su ligamen contractual. Es un fenómeno de libertad. El huelguista se libera del trabajo explotado mediante el rechazo – temporal – del mismo. Es un hecho de subversión de la normalidad productiva que busca la alteración o el cambio de la situación anterior para obtener una mejor relación de fuerzas respecto de la tutela de los intereses de los trabajadores. El Estado democrático y social reconoce la huelga como un derecho fundamental de las personas que trabajan.

El derecho de huelga está actualmente bajo presión. En España, la huelga ha sido el único mecanismo al que el sindicato ha podido recurrir como defensa frente a la aplicación de las “reformas estructurales” puestas en marcha a partir de las políticas de austeridad. Las huelgas generales convocadas – tres entre 2012 y 2013, además de la huelga general de la enseñanza en 2013 – se han visto acompañadas de numerosos conflictos locales, y luchas de empresa que se han prolongado junto con la aplicación de las nuevas medidas desbaratadoras del empleo.

El derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución no ha sido desarrollado legislativamente, como sí ha sucedido con la libertad sindical, y esta anomalía ha sido solventada por una copiosa doctrina del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios que han configurado los límites y el contenido del derecho en unos términos compatibles con la democracia. Dentro de esta doctrina constitucional, el piquete de huelga, que pretende lograr una adhesión lo más general posible de los trabajadores en el ámbito sometido a la convocatoria de huelga y a la vez obtener la mayor visibilidad social y ciudadana del conflicto, dándolo a conocer y recabando la solidaridad de todas las personas, es un elemento central en la dinámica y el desarrollo de la huelga. En esta figura del piquete no sólo está en juego el derecho de huelga, de la que constituye una expresión directa, sino también la libertad de información y el propio derecho de manifestación en los piquetes masivos. La doctrina del Tribunal Constitucional (STC 120/1983 y la STC 137/1997) ha establecido que la acción que lleva a cabo el piquete forma parte del contenido esencial del derecho de huelga, pues la proyección exterior de la huelga forma parte indisoluble del derecho, y “el piquete de huelguistas, con sus funciones de propaganda, información o persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar el trabajo, integra el contenido del derecho reconocido en el art. 28.2 CE”.

El derecho penal ha recogido en sus textos un delito especial que incrimina los comportamientos coactivos que pudieran realizarse en el marco de estos piquetes de huelga, un texto que proviene de 1976 y que prácticamente sin modificaciones se ha mantenido en el Código Penal de 1995 y ha subsistido hasta la última reforma del año pasado obra del Ministerio Gallardón. El uso antisindical de este precepto resulta evidente al impulsarse directamente por el ministerio fiscal la incoación de sumarios contra dirigentes sindicales y activistas que participaron en la huelga general del 2010, y, de forma más reducida, sobre la del 2012.

Hay una contradicción evidente entre la regulación conforme a la Constitución del derecho de huelga y del piquete como contenido esencial de este derecho y la incriminación penal, basada esencialmente en la denuncia policial, de esta forma de expresión del conflicto. El caso Airbus es emblemático al respecto, y el juicio que se celebrará a partir del 9 de febrero, permitirá comprobar hasta qué punto la exacerbación de la vertiente represiva puede ser compatible con un sistema democrático que establece el conflicto como un punto clave en un itinerario progresivo hacia la consecución de la igualdad efectiva.

La movilización social que se está desplegando en torno a la persecución penal de los ocho dirigentes sindicales de Airbus permite dar visibilidad a esta contradicción evidente. La sanción prevista en el art. 315.3 – al margen de los problemas de prueba y de autoría que se sustanciarán en el juicio oral – resulta claramente desproporcionada respecto de los hechos incriminados y debe interpretarse de forma especialmente restrictiva, teniendo en cuenta la doctrina constitucional existente sobre el derecho de huelga, así como el deber del juez de interpretar las normas – especialmente las penales – de manera funcional a la preservación del derecho fundamental en riesgo, como ha señalado Jueces para la democracia.

Hay asimismo un amplio consenso en la derogación de este precepto penal y de aquellos otros preceptos criminalizadores que han constituido la excusa para el plan represivo del poder público. No es una exageración afirmar que en el juicio que comienza el martes 9 de febrero en Getafe hay mucho en juego. La huelga no es un delito, sino un valor central de la democracia que debe ser preservado con todas nuestras fuerzas.

La historia de la represión franquista debe acompañarse de la recuperación de su memoria

El reconocimiento de la memoria histórica y la necesidad de su recuperación cobra fuerza en España a partir del 2004 y se positiviza en la muy insuficiente Ley 52/2007, que con posterioridad ha sido prácticamente anulada por el gobierno del PP cortando cualquier ayuda pública a las asociaciones que realizan actividades de recuperación de la misma. Ha habido un importante esfuerzo por hacer visible el odio y la brutalidad de la represión de los sublevados contra la República, el inmenso dolor y sufrimiento infligido a millares de personas por su ideología o pertenencia de clase. Y se puede decir que este esfuerzo por restablecer una narrativa histórica negada por el discurso oficial ha resultado eficaz, especialmente en lo que se refiere a la guerra civil y a la intensa represión subsiguiente hasta 1945, incluida la ejercida contra la guerrilla y el maquis de esos años.

Sin embargo el franquismo continuó siendo un régimen represivo y autoritario hasta el final de sus días, y la transición a la democracia se acompañó de una fuerte violencia represiva. El golpe de estado en 1981 es la fecha de cierre de estos procesos. Sin embargo este largo período histórico no ha sido analizado ni examinado con la atención que se merece. De esta manera se ha podido localizar toda la violencia del régimen en los primeros años de su existencia, afirmando que a partir de los años cincuenta, se relajó el grado de coacción sobre la población civil y la opresión política y económica se “normalizaron” en un contexto no democrático ciertamente, pero más “permisivo”. Es el discurso que habla de “dictablanda” como forma de describir lo que sucedía.

Nada más lejos de la realidad, y bastaría con mencionar la represión y las torturas de Asturias en 1962 o el fusilamiento de Julián Grimau para comprender que el franquismo tenía inscrito en su ADN esa violencia homicida que nunca le abandonó. A partir de 1969, tras el estado de excepción, esta característica se extendió y profundizó ante una resistencia ciudadana, política y social, cada día más amplia.

La historia de la represión franquista debe acompañarse de la recuperación de su memoria. El proyecto Punto Final. Memorias de la Transición (1968-1982) pretende documentar este espacio. Y lo hace justamente desde la recopilación de los testimonios de lucha y represión en torno a los movimientos sindicales, estudiantiles y vecinales con especial énfasis en las historias de vida de aquellos que sufrieron persecución, cárcel, exilio, torturas o muertes durante esta larga noche de piedra. El proyecto queda dividido en cinco capítulos que cubren la totalidad de la geografía del Estado. Hasta el momento se ha completado la grabación de entrevistas y escenarios en las áreas de a) Madrid, b) País Vasco y c) Zona Noroste: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León. El ciclo se completará con las zonas d) Cataluña, Aragón y País Valenciá; y e) Zona Sur: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias. Dentro de ellas se cubre también el exilio.

Es un proyecto que persigue recobrar la historia a partir de la narración de las diversas historias de las personas que las vivieron y que permiten reconstruir y hacer visible no sólo el riesgo y el valor de éstas, su compromiso político y su capacidad de movilización, sino la terrible resistencia del franquismo a abandonar su espacio vital de impunidad y de coacción. En estos tiempos en donde se examina la transición política como una sucesión de movimientos gimnásticos calificados en su corrección por árbitros exigentes, es fundamental rescatar del olvido a muchos de los protagonistas de las luchas que forzaron la democracia, sacando del cono de sombra gentes y dinámicas sociales en un periodo decisivo, de 1969 a 1982, y exhibir públicamente la memoria colectiva de quienes lucharon en aquel tiempo pensando que era posible el socialismo y la libertad.

El Tribunal Constitucional ha rechazado la primera cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. Con ello, ha hecho un regalo al Gobierno y ha lanzado un mensaje a los jueces que pretendan cuestionarla.

El Partido Popular ha hecho de la reforma laboral, desarrollada en fases sucesivas desde 2002 hasta su último hito normativo, el Real Decreto-Ley 16/2013, un elemento central de su modelo de política laboral y de gobernanza de lo social. Por eso le era muy importante garantizar que ese edificio normativo no fuera modificado ni puesto en cuestión. Ha abolido el diálogo social con los sindicatos como forma tosca de impedir cualquier negociación de los efectos de la reforma y se muestra extremadamente crítico ante los múltiples ejemplos de control judicial que mantiene ciertas garantías en el empleo de los trabajadores y de las trabajadoras contra los objetivos pretendidos por la norma.

Una preocupación importante en esta línea ha sido la de asegurar que la reforma no pudiera ser declarada inconstitucional en alguna de sus partes, como pretende un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) y aún no resuelto.

Pero el texto legal del Gobierno ha planteado también dudas de constitucionalidad a los jueces. Uno de ellos, de hecho, ha planteado al TC la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 3/2012 al entender que se trataba de una norma no amparada por las situaciones de urgente necesidad y que dañaba derechos fundamentales. El precedente de una sentencia del Tribunal (la STC 68/2007), que declaró inconstitucional por estos motivos el Real Decreto-Ley 5/2002 de la reforma laboral del gobierno Aznar, permitía pensar que esta doctrina se iba a mantener.

Como se sabe, no ha sido así. La mayoría del TC ha decidido inadmitir a trámite la cuestión planteada por el magistrado del Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid y convalidar el uso de la vía extraordinaria y de urgente necesidad como una opción legítima de política legislativa que no vulnera derechos o libertades fundamentales. Pero la decisión del Tribunal Constitucional es anómala desde muchos puntos de vista. Ante todo, por la forma de expresarse. El TC se reúne en pleno y decide inadmitir la cuestión planteada por el magistrado al ser “manifiestamente infundada”. Para demostrar que se trataba de una cuestión “sin fundamento”, el Auto emplea cuarenta y seis folios, es discutido por el Pleno del Tribunal y su decisión es objetada por dos votos particulares de amplio alcance, uno de los cuales defiende justamente la posición contraria: que el Real Decreto-Ley 3/2012 es inconstitucional. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional declara infundada la cuestión porque tenía prisa por hacer pública su decisión de fondo sobre la reforma laboral.

Esta decisión de fondo, desde luego, tiene que ver con el reconocimiento de la constitucionalidad de la reforma laboral. Por el momento, sin embargo, el TC se ha limitado en avalar la utilización del decreto-ley en este proceso. En febrero se cumplían dos años de la reforma. El Tribunal Constitucional se ha apresurado, pues, a hacer un amable regalo de cumpleaños al Gobierno. Por otra parte, ha logrado desprestigiar y “desincentivar” indirectamente las iniciativas de los jueces y magistrados que están encontrando en la interpretación y enjuiciamiento de las normas de la reforma laboral numerosos puntos de conflicto con las normas constitucionales e internacionales, argumentos que define como “políticos” frente a los “estrictamente jurídicos” de su decisión.

Esa urgencia por declarar que el gobierno ha utilizado bien la figura del decreto-ley se aparta decididamente de lo que ha constituido una doctrina asentada del TC sobre los recursos de inconstitucionalidad. Según una no discutida práctica, la cuestión debía ser admitida a trámite y enjuiciada una vez que se hubiera rebatido y resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 3/2012. El Auto del TC, no obstante, se aparta de su propia doctrina porque le es políticamente urgente “dar una señal” sobre la validez de la reforma y convalidar de forma general la actuación de un gobierno legislador que se justifica retóricamente por razones de urgente necesidad.

Como se ha subrayado recientemente, desde el año 2012 se han aprobado una cincuentena de decretos-leyes que el Congreso ha convalidado sin apenas discusión parlamentaria. Solo unos pocos han iniciado su tramitación como leyes, con daño para el parlamentarismo, la participación de las minorías y la publicidad como base de la discusión de las normas. Prácticamente toda la materia laboral es objeto de regulación por decreto-ley. Pero para el TC el uso exhaustivo de este instrumento es una simple manifestación de política legislativa que desde la perspectiva constitucional no genera duda alguna.

No es difícil concebir cuál va a ser el sentido de las decisiones del TC en adelante sobre la reforma laboral. La “discrecionalidad” del Gobierno y la “opción de política legislativa” del mismo serán tenidos en cuenta como elementos justificativos “desde la estricta perspectiva constitucional” con la que enjuicia ahora este Tribunal. No es sin embargo seguro que una apropiación tan evidente del TC por parte del Partido Popular no genere un amplio rechazo que deslegitime a este órgano frente a los trabajadores y la ciudadanía en general. Tanta complacencia ante la destrucción de los derechos individuales y colectivos en el trabajo no puede ni debe ser admitida.