La otra institución de la que ha sido desalojada CC es el cabildo de Tenerife. También en este caso es un socialista, el veteranísimo alcalde de Guía de Isora Pedro Martín que lleva un cuarto de siglo ostentando la vara de mando de su pueblo. Accede a la presidencia del gobierno insular después de una moción de censura. Pero ¿su llegada supone supone que habrá un viraje con respecto a CC y sus políticas corruptas y caciquiles? No lo parece. En una entrevista al periódico El Día (28.07.2019) deja bien claro que habrá cambios de nombres, pero no de proyectos ni de forma de gobernar, para que todo siga igual. Preguntado el flamante nuevo presidente por la situación del puerto de Granadilla contesta que “El Cabildo y el Gobierno de Canarias tienen que repensar qué rendimiento se le quiere sacar a una infraestructura tan costosa y tan poco aprovechada. Hay que decidir qué tipo de puerto queremos y no dejarlo languidecer. Espero que el Gobierno de Canarias no opte por el abandono.”Increíble pero cierto, el PSOE, CC y el PP lucharon contra viento y marea, nunca mejor dicho, para que se construyera el puerto, justificaban esta macroinversión por los miles de puestos de trabajo que generaría, decían que esta infraestructura serviría para descongestionar el puerto de Santa Cruz al asumir el tráfico de contenedores, que acogería a las industrias de reparación naval, las descargas de los buques gaseros para el suministro de la central eléctrica, las materias primas para las industrias que se instalaran en su entorno, etcétera, etcétera. A estas alturas, cuando lleva más de un año inaugurado, que el presidente del cabildo se pregunte qué hacer con ese puerto, parece un chiste de Gila, si no fuera por lo mucho que nos ha costado a los contribuyentes esta obra innecesaria e inviable. Mientras buscan la manera de sacar rendimiento al inservible puerto, los tres partidos que lo promovieron quieren hacer otro en la costa de Guía de Isora con el apoyo del cacique gomero. No les importa el impacto de este nuevo puerto en el litoral ni en el medio marino, el negocio es el negocio.

Ante el colapso de la movilidad en la isla en nuevo presidente tiene la misma solución que su antecesor: hacer más carreteras, más carriles en las autopistas y nada que implique el cambio del modelo de movilidad en la isla. Tenerife está por encima de la media europea de kilómetros de carreteras por kilómetro cuadrado de superficie, el problema no es la falta de carreteras, es el excesivo número de coches y las carencias del transporte público, de un plan de movilidad en la isla.

Tampoco dice nada sobre la capacidad de carga de la isla. El éxito de la política turística se mide por el incremento anual de visitantes, pero las matemáticas nos dicen que ningún crecimiento exponencial puede ser indefinido y, por tanto, cualquier gobernante responsable tendría que plantearse el límite, la cantidad de turistas compatible con la conservación de nuestra naturaleza y con la calidad de vida de sus habitantes. Parece que el asesor de los viejos, y nuevos gobernantes, es el actual presidente de la patronal de la construcción. (El anterior está en la cárcel por el caso de Las Teresitas, por delito ambiental cometidos en la explotación de áridos en Güímar y, además, está investigado por los sobornos en la construcción del puerto de Granadilla.) Este dirigente empresarial confunde el interés algunos empresarios por ganar dinero a toda costa, aunque sea infringiendo la ley y perjudicando el medio ambiente, con el interés general, pero desgraciadamente para los canarios los nuevos gobernantes coinciden con sus propuestas..

Eso sí, en los discursos están muy preocupados por el cambio climático pero los hechos demuestran que sus políticas van en dirección contraria, es el mismo rumbo que seguía CC. El colapso de la isla está asegurado.

La cueva número seis del complejo troglodita de Risco Caído ha sido presentada como el gran templo de los aborígenes, un preciso observatorio astronómico y un precedente, del cine, pues -según este empresario de la arqueología- el hueco que se encuentra en esta cueva aprovecha la entrada de la luz para proyectar imágenes en movimiento, son imágenes que cuenta un “relato” a lo largo del año, una técnica tan complicada, que no tiene equivalente en otras culturas de la antigüedad.

Ni aún buscando entre los observatorios astronómicos construido por otras culturas y en distintas épocas, encuentra su descubridor nada tan sofisticado como el templo-observatorio de Risco Caído, y ni tan siquiera los egipcios consiguieron igualarlo con emplazamiento de Abu Sinbel, declarado patrimonio de la humanidad en 1974. Aunque Julio Cuenca no lo cita (¿?) hay otro artículo sobre Risco Caído que tiene como autor a José Barrios, profesor de Matemáticas en la ULL y doctor en Historia: Barrios García, J. (2017). Algunas consideraciones sobre las políticas de protección del patrimonio arqueoastronómico de Gran Canaria: los casos de Cuatro Puertas y Risco Caído. XXII Coloquio de Historia Canario-Americana (2016), XXII-140. La tesis de este investigador versó sobre los Sistemas de numeración y calendarios de las poblaciones bereberes de Gran Canaria y Tenerife en los siglos XIV-XV.

Publicó sus primeros trabajos de arqueastronomía y el mundo aborigen en los años ochenta. Uno de sus artículos tuvo especial trascendencia para la historiografía canaria. En él demostraba que el “salmo guanche”, que había sido traducido del amazigh al español actual por el filólogo y cualificado representante de esta ideología (que no ciencia) de la historia nacionalista Ignacio Reyes, era en realidad una frase escrita en el lenguaje de los indios hurones de Canadá. Según el doctor Barrios, todo el sustento científico que se ha utilizado para elaborar el dossier sobre Risco Caído es el susodicho estudio de Julio Cuenca, un señor que no tiene acreditado ningún conocimiento científico sobre astronomía.

La lectura de artículo resulta esclarecedora porque revela una forma de actuar que lleva muchos años instalada en la investigación arqueológica canaria: cada grupo va por su cuenta, no hay líneas de comunicación, se ignoran hasta en la bibliografía, basta leer el trabajo de Julio Cuenca para comprobarlo. A pesar de los reiterados intentos de José Barrios, el promotor de Risco Caído se negó sistemáticamente a aportar las pruebas del supuesto calendario, no están ni en su artículo ni en el información que se envió a los organismos internacionales.

En esta situación, caracterizada por la enorme difusión mediática de Risco Caído, resulta increíble que un elemento del patrimonio arqueológico de Gran Canaria haya recibido tan alto reconocimiento y no se haya oído a ninguno de los catedráticos de las universidades canarias unirse a la ola de que han saturado estos día los medios de comunicación: Ni una sola palabra de Carmen del Arco, Antonio Tejera, Pablo Atoche ni de sus colegas de departamento. Tampoco he leído nada de otros eminentes investigadores como Alfredo Mederos o José Farrujia. ¿Qué opinan los doctos en el tema de arqueología canaria? ¿Tiene base científica tanto despliegue publicitario?

Uno de los problemas que me tropecé como profesor de historia es la visión fabricada por los partidarios de utilizarla con interpretaciones ideológicas actuales. Lo sufrí durante el franquismo y siempre me propuse alejarme de esa interpretaciones, ceñirme a los hechos comprobados y, por supuesto, que no se deben juzgar ni interpretar los del pasado con valores actuales. Es lo que ha ocurrido en este caso y la responsabilidad hay que buscarla en las ideologías basadas en el etnicismo nacionalista, el que sirve de justificación para que se gasten una parte importante del presupuesto destinado a conservación de todo el patrimonio de las islas (incluido el observatorio astronómico indígena de Cuatro Puertas, en Telde) en buscar el reconocimiento de los organismos internacionales de algo con tan poca base científica como Risco Caído. El artículo del periodista Pepe Alemán, que lleva por título La Historia Recuperada, es un ejemplo de que se puede ser un excelente periodista y un mal historiador. El caso de Risco Caído no es un caso de historia recuperada, es un ejemplo de historia manipulada por el nacionalismo. Mientras tanto, el patrimonio aborigen sufriendo la escasez de presupuesto y la insensatez de sus responsables.

Lo único cierto es que -como siempre- recurrimos a las vías reconocidas en el estado de derecho y eso nunca puede ser entendido como coacción o amenaza; son los jueces ,y no la empresa, los que dictaminan los que es legal y lo que no lo es. Los opositores lo único que hemos hecho es, manifestar nuestras razones a la opinión pública al amparo de la libertad de expresión y recurrir a las instancias correspondiente cuando hemos observado que conculca, como ocurre con esta obra, la legalidad vigente y un daño irreparable el interés general. Por eso hemos pedido un nuevo deslinde del dominio público-terrestre apoyados en un estudio geomorfológico de la zona afectada que avalaba nuestra petición de la nueva delimitación. Hemos promovido campañas y manifestaciones en contra de la construcción del hotel, es decir hemos ejercido nuestros derechos constitucionales ¿Estas son las amenazas que denuncia esta empresa en su comunicado?

Atan y Salvar la Tejita denunciaron en la Demarcación de Costas el comienzo de las obras en la parcela afectada cuando ya se había aprobado el proyecto del nuevo deslinde por que que, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Costas este organismo debe tomar “con carácter inmediato la adopción de las medidas que correspondan para la protección de bienes que pudieran ser integrantes del dominio público marítimo-terrestre cuya determinación se pretende desvirtuar como consecuencia de las obras iniciadas en la finca indicada en el cuerpo de este escrito.

Por si esto fuera poco, la propia Demarcación de Costas decia: (El Día 9 junio) “La construcción del hotel La Tejita Beach Club Resort en las parcelas C y D del plan parcial Costabella, de Sotavento (Granadilla de Abona), que realiza la empresa Construcción, Promoción y Derivados, SA (Grupo Viqueira) ”afectan a la servidumbre de tránsito y protección del deslinde marítimo y terrestre vigente“, según confirmó a El Día la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica.” y anunciaba un levantamiento topográfico que le permita ubicar las instalaciones del complejo hotelero en construcción respecto al deslinde en tramitación y que La Dirección General adoptaría las medidas necesarias. ¿Señores de Viqueira, Costas también los amenaza? No constituye ninguna amenazo o coacción opinar que hay valores superiores al legítimo lucro empresarial cuando este van en contra del interés general.

La conservación de nuestra biodiversidad y nuestra paisajes emblemático, cada vez más amenazados por la reducción de sus hábitats, ocasionan un deterioro que va en contra del futuro de la actividad turística. Una isla al punto del colapso deja de atractiva para los visitantes, la calidad de su oferta baja muchísimo lo que se refleja en el empleo y en las cuentas del sector. Como ven, señores partidarios de seguir degradando nuestros escasos espacios protegidos, los que nos oponemos tenemos razones y argumentos jurídicos y otra forma de entender el futuro de la actividad turística.

ATAN tiene casi medio sigo de existencia, muchos pleitos en todas las instancias judiciales, contamos con sentencias que avalan nuestros recursos, pero también hemos sufrido denuncias por injurias y calumnias pero todas han sido archivadas por los jueces. No nos preocupan sus amenazas, nos preocupa el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Seguiremos con nuestra oposición a la construcción del hotel sin más armas que nuestros argumentos y, por supuesto, sin ningún miedo a sus querellas.

ATAN recurrió la sentencia del TSJC y también fue rechazado por el Tribunal Supremo que condenó en costa a nuestra asociación a pagar una cifra superior a los tres mil euros, algo que supuso más de la mitad de nuestro presupuesto anual. Un golpe económico muy fuerte para una asociación que solo se nutre de las aportaciones de sus socios, y no acepta nada que ponga condiciones a su independencia.

Hace unos, días la Cadena Ser, informaba de las declaraciones del responsable de la empresa Tenerife Shipyards dedicada al mantenimiento de las plataformas petrolíferas en las que “recuerda que los informes del Observatorio Ambiental del Puerto revelan que en la zona los vientos superan los 20 nudos durante más de la mitad del año.” Increible pero cierto, con los mismos datos se llegaban a conclusiones distintas, contradictorias e incompatibles entre sí. El Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, estuvo dirigido por el ecólogo y defensor de la necesidad de un puerto, aunque ello supusiera sumir graves costos ambientales, el doctor Antonio Machado Carrillo.

En el informe del año 2010 este señor afirmaba que “el proyecto de una nueva infraestructura portuaria en Granadilla, las instituciones legitimadas de la sociedad han otorgado prioridad al interés económico y social sobre el ambiental y han aceptado el impacto negativo sobre el medio natural como coste ambiental insoslayable del proyecto, al considerar que no hay otras alternativas factibles”. Tanto es así que este Observatorio reconocía , sin rubor alguno, que en la construcción se empleaban áridos procedentes de canteras ilegales. Por si esto fuera poco, el director del OAG afirmaba en una entrevista: “Ha tenido un valor positivo muy importante. Hasta ahora las obras públicas se hacían con cierta frivolidad ambiental, seguramente por tradición desde la época de Franco, donde nadie rechistaba, porque si se equivocaba el ingeniero se equivocaba Franco, siguiendo la cadena, y el jefe del Estado no podía errar. Granadilla, en ese sentido, ha sido un punto de inflexión, se ha cambiado de mentalidad.” Tiene razón, Granadilla debe ser un punto de inflexión, es intolerable que estos señores no supieran el impacto que ocasionaba el viento en la operatividad de ese puerto. Lo que hace falta es que los informes del impacto ambiental de las obras públicas se hagan de manera más honesta y con más conocimiento de lo que es el medio ambiente. Los hechos demuestran quién tenía razón y quienes, como el OAG, los utilizaron para justificar una decisión disparatada desde el punto de vista ambiental y económico.

El director del OAG es un experto entomólogo especializado en escarabajos, pero su labor al frente de este organismo ha demostrado que sabe poco del impacto que ocasionan estas obras sobre el medio ambiente y ni los condicionantes que el medio ambiente impone a un puerto de esas características. Nada dijo sobre el desplazamiento a Granadilla de las plataformas petrolíferas, ninguna objeción al tráfico de gaseros para abastecer a las plantas suministradoras de electricidad y, sin embargo, los hechos vienen a demostrar que el puerto es inviable por un condicionante que caracteriza ambientalmente a esta zona: el viento. Cuando tomó posesión de su cargo Antonio Machado, dijo (dejando así claro lo mucho que se aprecia) que él era la garantía de la independencia del OAG. Pero la realidad demuestra que solo era el mascarón de proa de los partidarios de la construcción del puerto. Los partidarios del sí al puerto consideraron que era el más capacitado para enfrentarse a los científicos de la universidad, a los ecologistas y a todos los que se oponían a esta obra. Pero fue incapaz de “observar” el suministro de áridos ilegales ni de interpretar correctamente los datos meteorológicos. Según la legislación española los buques gasísticos no pueden operar en el puerto si el viento supera en la escala de Beaufort el grado 5 (vientos entre 29 y 38 km por hora). Por lo tanto, en base a los datos disponibles incluidos los aportados por el OAG, este puerto no es operativo más de la mitad del año para estos buques ni para los grandes portacontenedores.

Los responsables de la empresa que se dedica a la reparación de las plataformas, afirman que la autoridad portuaria les presionó para que trasladaran su actividad al nuevo puerto, una vez que fue inaugurado un ventoso día por el ex-presidente M. Rajoy. Ricardo Melchior, cuando era presidente del cabildo y, posteriormente como responsable de la Autoridad portuaria, dijo que el puerto de Santa Cruz se destinaba a los cruceros, al tráfico de pasajeros y graneles y que se trasladaría al de Granadilla el resto de las actividades portuarias; entre ellas todas las relacionadas con la reparación y mantenimiento de barcos y plataformas. Incluso estaba decidido que el dique flotante se ubicara en el puerto de Granadilla. La negativa de las empresas, y su amenaza de irse al puerto de Las Palmas, les obligó a cambiar de decisión. El traslado suponía la desaparición de la reparación naval en Tenerife y de sus centenares de puestos de trabajo.

Se empeñaron, contra viento y marea, en construir el puerto, ignorando que si escupes contra el viento el escupitajo te cae en la cara. Según la sentencia del TSJC el puerto de Granadilla es legalmente una ampliación (?) del puerto de Santa Cruz que cuesta al contribuyente más de 300 millones de euros, además los tres mil de ATAN. Los hechos demuestran que teníamos razón, que los datos validan el informe pericial y dejan en ridículo la sentencia del TSJC.

Siguiendo el ejemplo de su maestro, (don Pepito, no Antonio Plasencia) todas las semanas el periódico El Día publica las nuevas homilías del dirigente patronal, pero sustituye el tema de la independencia por el ataque a los ecologistas y, en esto, sigue las directrices del delincuente y anterior presidente de los constructores. Pero mantiene, al igual que el fallecido ex director de El Día, la misma y absurda opinión sobre los habitantes de Gran Canaria. El día 8 de abril afirmaba en su artículo que “Tenerife tocada, pero no hundida”. De entrada deja bien claro que para él los intereses de los que vivimos en Tenerife coinciden con el de los constructores. Vamos a ver señor Izquierdo, ¿su antecesor en el cargo defendía los intereses de Tenerife cuando se enriqueció explotando durante años las canteras de Güímar y, además, sin importarle que supusiera un atentado irreversible al medio ambiente? ¿Está en la cárcel por defender Tenerife o por haber sido elemento decisivo en el caso de corrupción de Las Teresitas?

Hay algo en lo que le doy la razón al señor Izquierdo, coincido con su afirmación de que no se planifica bien, pero se olvida de señalar a los responsables de tan nefasta planificación y que no son otros, obviamente, que los responsables de las instituciones públicas durante esos años. Ejemplos de esa mala planificación no faltan precisamente: basta leerse los planes energéticos de Canarias para contrastarlo, o la cantidad de obras hidráulicas inútiles fruto de esa mala planificación como ha sido la construcción de presas o el plan de balsas. Hay que sumar los puertos mal diseñados como fue la dársena comercial o directamente innecesarios, como el de Granadilla; una obra que se planificó como un gran puerto para instalar industrias pesadas, grandes centrales eléctricas térmicas abastecidas con carbón y, posteriormente gas, luego se dijo que sería un puerto para los grandes porta-contenedores y servicios de mercancías dejando el puerto de Santa Cruz como zona de ocio y estación de cruceros turísticos y, por último, como gran centro de reparaciones de las plataformas petrolíferas que afeaban el puerto de la capital. Pero ya, ni eso. Las empresas no quieren trasladarse al nuevo puerto. No será porque no se lo advirtieran a los planificadores y a los empresarios de la construcción de un puerto inútil y, aún así, se empeñaron en construirlo.

Aunque, como se deduce del artículo del presidente de Fepeco, eso no les importa, ellos ya ganaron mucho dinero con la construcción y los únicos que perdemos somos los contribuyentes junto con el patrimonio natural de la isla.

Es evidente que sus propuestas de movilidad ante el colapso circulatorio diario es, de nuevo, una clara muestra de la ceguera de confundir el interés lógico por los beneficios con el interés de la sociedad. Desde los años cincuenta se sabe que las ampliaciones de las autopistas no son la solución a los atascos, sino la causa: cuanto más se favorece la movilidad en vehículos privados mayor es el atasco y, máxime, en una isla tan pequeña. No hacen falta más carreteras, sobran coches. Falta planificar el futuro de la movilidad en la isla que, desde luego no pasa por facilitar el crecimiento de vehículos privados.

Está claro que a los dirigentes de la patronal nuestro patrimonio natural le ha importado bien poco como ha demostrado, sentencia judicial por medio, Antonio Plasencia. Así que la pretendida ironía del señor Izquierdo diciendo que los escarabajos no son un obstáculo para ejecutar las obras en Gran Canaria, no es sino la demostración palpable de que no entiende el valor, ni tan siquiera económico, del patrimonio natural de la isla. Ya está bien de hablar de lo que no sabe, de dar lecciones cuando lo que debería hacer el señor Izquierdo es dar explicaciones de la gestión del anterior presidente y dejar de lado las paranoicas conspiraciones de ecologistas y de los “noistas” para perjudicar a Tenerife y favorecer a Gran Canaria. Está claro que en Tenerife hay, por lo menos, una crisis de liderazgo en la patronal de la construcción, los escritos de su presidente lo demuestran.

Coalición Canaria ha presidido los gobiernos del Archipiélago desde hace más de veinte años, por lo tanto es este partido el máximo, pero no el único, responsable de la situación actual. Hablan de crisis cuando la cifra de turistas deja de crecer y, cuando es al contrario, lo presentan como la prueba de su buena gestión, nos dicen que ya superamos los doce millones de visitante y creciendo. El espacio en las islas no aumenta y, tampoco lo hacen los escasos recursos de Canarias, por el contrario aumentan la población necesaria para abastecer de mano de obra el mercado laboral, las viviendas, la sanidad, el gasto en educación y todas las infraestructuras necesarias para mantener este constante incremento. La política turística en Canarias claramente solo tiene un objetivo: aumentar su cifra año tras año realizando costosas campañas publicitarias para atraer a nuevos nichos de mercado, como es el de los practicantes de deportes de riesgo o de ultra-resistencia. Para ello, no han dudado en poner a su servicio el patrimonio colectivo de los espacios protegidos y convertirlo es parques temáticos, como denuncian los vecinos de Anaga. No importa que los planes de gestión prohíban muchas de estas actividades al colisionar con el objetivo de la conservación, ellos siempre encuentran la manera de saltarse la norma. Este es el caso de la prueba de ultra-resistencia Bluetrail en El Teide; o de las numerosas competiciones en El Médano, Anaga o Teno. La pregunta es obvia: ¿Cuál es el límite de turistas que tienen previsto?

En las dos islas capitalinas algunos partidos, entre ellos CC, apuestan por los trenes para solucionar el problema de la movilidad y, por supuesto, por la ampliación o la construcción de nuevos kilómetros de autopistas. En el año 2011 Canaria tenía una proporción de unos 700 vehículos por cada mil habitantes, en el 2017 la proporción había ascendido hasta casi 800. Si asignamos un tamaño medio a cada vehículo de entre tres y cuatro metros, significa que en Tenerife, si se pusieran en fila, ocuparían varias veces el total del kilometraje de las carreteras de la isla, tendrían que ponerse unos encima de otros. ¿Cuántos coches más caben en cada isla?

La propuesta de los trenes es tan disparatada, es como si los supermercados utilizaran camiones de treinta toneladas para hacer el reparto domiciliario de las compras. La islas son demasiado pequeñas para basar su movilidad en la combinación vehículo privado y trenes. La línea que cubriría una distancia mayor, la del sur de Tenerife, apenas rebasaría los 60 km, demasiado corta para para este tipo de transporte guiado. Si a eso le añadimos que, con paradas, la velocidad media no puede ser muy alta, que es una infraestructura muy cara, que requiere muchos años de amortización, separa con una barrera la franja litoral del interior de la isla, ocasiona un fuertísimo impacto ambiental y discurre lejos de los núcleos tradicionales de población, no parece tratar de solucionar el problema de la movilidad con trenes sea una buena idea. Los únicos que salen ganando son los accionistas de las constructoras y los “asociados políticamente”. Recurrir a los trenes y más carreteras es lo mismo que si tratamos de solucionar las goteras que hay en nuestra casa y, en lugar de reparar el techo, ponemos cubos más grandes para recogerla. Las causas del colapso circulatorio no es la insuficiencia de la red de carreteras, sino el incremento constante de los vehículos y la apuesta de los gobiernos canarios por el transporte privado y que ha dejado al público como subsidiario, solo para los que no tienen coche. Eso sí, las administraciones públicas dedican grandes cantidades de dinero a estudiar, por ejemplo, el problema de la masificación de coches en El Teide cuando el parque carece, y desde hace muchos años, de un servicio de transporte público que merezca tal nombre. Otra prueba es la disminución de la escasa oferta pública los fines de semana en el parque rural de Anaga, una decisión que contribuye decisivamente al colapso circulatorio que afecta a este espacio protegido los días de máxima afluencia de visitantes.

Hace pocos días era noticia que la empresa OHL, la constructora del ilegal “mamotreto” en San Andrés y el empresario Antonio Plasencia, ex presidente de la patronal de la construcción provincial, condenado por las extracciones ilegales de Güímar y actualmente cumpliendo condena por el caso de corrupción de Las Teresitas, están implicados en sobornos para obtener la concesión de la obra del dique exterior del Puerto de Granadilla. Dos casos, el de Las Teresitas y el puerto de Granadilla, que ejemplifican el tipo de crecimiento que han auspiciado desde los partidos gobernantes y por un sector del empresariado. Un modelo en el que siempre están los mismos perjudicados, en primer lugar, el de la mayoría de los ciudadanos que tenemos que pagar el sobre-costo de los sobornos y de las obras innecesarias y, además, esta gestión corrupta también perjudica a nuestro patrimonio natural. (La construcción del puerto de Granadilla se abasteció con áridos procedentes de canteras ilegales lo que ocasionó el picoteos de muchas zonas del sur de la Isla.) Pero, como hay que seguir pedaleando para no caernos de la bicicleta de crecimiento económico, ahora proponen construir más puertos, Fonsalía en Tenerife y la ampliación del Puerto de Las Nieves de Agaete. Son proyectos que tienen un fin en si mismos, el negocio es construirlo, no satisfacer una demanda de la sociedad. La afirmación no es gratuita como demuestra el puerto de Tazacorte o el aeropuerto de La Gomera.

Es verdad que a veces las denuncias prosperan en los tribunales y algunos de los implicados, no todos, terminan en la cárcel (como le ha ocurrido al antaño poderoso ex dirigente de CC Miguel Zerolo, (ex-alcalde de Santa Cruz y ex-vipresidente del Gobierno de Canarias) pero eso no los disuade, ni les hace ver que tienen que cambiar su modelo económico, aunque los hechos digan que ese camino nos conduce al precipicio. Para ellos, el negocio es el negocio.

Su desembocadura ha sufrido importantes modificaciones impuestas por el urbanismo y las recientes realizaciones portuarias, algunas de las cuales sumen en la perplejidad al ciudadano de a pie que, desconocedor de las profundas razones técnicas o políticas que las han motivado, solo concluye de su observación inmediata la fatuidad de algunos proyectos o la dudosa rentabilidad de las cuantiosas inversiones“.

El cronista de Santa Cruz acertó al calificar de fatuos proyectos como el de la vía del Barranco de Santos y el Hotel Escuela, obra de los arquitectos Palerm y Tabares. Luis Cola se quedó perplejo ante las razones políticas que llevaron a este desaguisado tan caro, tan poco respetuoso con el patrimonio histórico de la ciudad y tan poco útil. Lo de caro no tiene discusión, pues con un presupuesto inicial de 19,1 millones de euros pasó a costar más de 130 millones, una enorme suma a pagar por los vecinos durante muchos años. Pero nunca sabremos quiénes son los responsables del brutal incremento del presupuesto, aunque sí se sabe a quiénes les vino muy bien un costo tan abultado.

El trazado (según informaciones periodísticas no desmentidas) afectó a los terrenos de la familia de uno de ellos y, por tanto, sus parientes se beneficiaron con sustanciosas indemnizaciones. Pero no es lo único que afecta a la deontología profesional, mucho más grave es que estos profesionales fueran al mismo tiempo los redactores del Plan General de la ciudad, el mismo que dejaba un montón de viviendas fuera de ordenación y permitía el derribo de importantes muestras del patrimonio inmobiliario de la ciudad. Como Juan Palomo: Yo me lo guiso, yo me lo como.

Afortunadamente, la Justicia ha decretado la ilegalidad de su PGO. Como lamentaba el recordado Luis Cola, el paisaje de Santa Cruz cambió radicalmente con una obra que no tuvo en cuenta el riquísimo patrimonio natural, étnico e histórico del Barranco de Santos y que, además, ha resultado un fracaso.

En junio de 2010 se publicaba en 'La Opinión de Tenerife' la noticia de su inauguración: “Tras ocho años de obras y unos 90 millones de presupuesto, hoy se abre por fin al tráfico el viario del barranco de Santos, una carretera que está planificada para descongestionar el denso tráfico de Santa Cruz de Tenerife y que conecta el centro de la ciudad con el capitalino barrio de La Salud”.

Cuatro años más tarde el periodista Noé Ramón le dedicaba un documentado artículo en Canarias Ahora, bajo el título 'Los pecados del Barranco de Santos', que arroja mucha luz sobre esta obra. En concreto, sobre su principal objetivo escribe: “Pero lo cierto es que la Vía Arterial apenas es utilizada por los chicharreros. Cuatro años después de su inauguración no suma, ni mucho menos, un tráfico de vehículos que hubiese justificado tan elevado desembolso. Apenas 9.000 coches al día, frente a los 18.000 que, por ejemplo, pasan por la cercana avenida Islas Canarias. El Barranco de Santos es una especie de escultura lujosa pero inútil, hecha a mayor gloria de los arquitectos y de Zerolo, que pretendían mostrar al mundo una novedosa forma de abordar los barrancos”.

No hay más que asomarse a la vera del barranco para ver el calamitoso entorno de la infrautilizada vía y observar que la suciedad y el abandono predominan en el recorrido de lo que antaño fue parte dominante del paisaje urbano de la capital chicharrera.

Todo un símbolo: la planta introducida, el rabo de gato, es la que destaca en el cauce y en los escasos espacios ajardinados del entorno de la nueva carretera. El Hotel Escuela de Santa Cruz es otro proyecto de los mismos arquitectos, pero también es un perfecto ejemplo del mal urbanismo que no respeta la historia y el patrimonio cultural. Construido sobre la parte más baja del solar del antiguo colegio de Las Asuncionistas (hoy Parque Viera y Clavijo) y situado entre la calle San Sebastián y el límite con el barranco, supuso la destrucción irreversible de una gran parte de la segunda zona verde de la ciudad. Ocupa el 100% de la superficie entre las aceras y el cauce. Además, implicó la modificación del perfil topográfico de la ladera elevándolo más de 15 metros sobre su rasante natural y se construyeron muros con piedra basáltica, para después rellenar el trasdós con vertidos, y finalmente se añadió cal, para impedir el crecimiento de cualquier vegetación en la margen situada frente al hotel y se hicieron instalaciones públicas para ocio donde no existe posibilidad alguna de aparcamiento ni forma de llegar. Se trató la parte aledaña del barranco con mampostería vista, pavimentos de piedra natural que se están levantando por doquier, barandillas inexistentes en escalinatas de más de 50 peldaños... Si a esto sumamos que carece de zonas para la recepción de mercancías y suministros, que no tiene zona de aparcamiento y por ello han tenido que aumentar la superficie ocupada en detrimento del parque Viera y Clavijo, se entiende el negativo impacto que ha causado en la trama urbana de la ciudad.

Esta situación se ha visto agravada por otro disparate urbanístico que fue dejar, justo en frente del hotel, el estadio de fútbol Heliodoro Rodríguez López. San Sebastián es una vía crucial en la circulación de la ciudad, sin embargo cada vez que hay partido u otro acontecimiento en el estadio hay que cortarla al tráfico debido a la aglomeración humana que generan estos eventos. Por eso, en el antiguo Plan de Santa Cruz, el de 1957, se propuso convertir toda la zona, desde el estadio hasta el desaparecido “campito don Pelayo”, en área de deportes y con una ocupación residencial tipo ciudad jardín. Nada más aprobado el Plan General, el Ayuntamiento modificó las previsiones de toda la zona agrícola situada entre Reyes Católicos y la Salle con la finalidad de aumentar los volúmenes edificatorios, con la consecuente revalorización de los solares. Pero el dinero manda y los jardines no dan beneficios, como lo saben bien los responsables del anulado Plan General de Santa Cruz.

El cronista de Santa Cruz acertó al calificar de fatuos proyectos como el de la vía del barranco de Santos y el Hotel Escuela, obra de los arquitectos Palerm y Tabares. Luis Cola se quedó perplejo ante las razones políticas que llevaron a este desaguisado tan caro, tan poco respetuoso con el patrimonio histórico de la ciudad y tan poco útil. Lo de caro no tiene discusión, pues, con un presupuesto inicial de 19,1 millones de euros, pasó a costar más de 130 millones, una enorme suma a pagar por los vecinos durante muchos años.

Pero nunca sabremos quiénes son los responsables del brutal incremento del presupuesto, aunque si se sabe a quiénes les vino muy bien un costo tan abultado. El trazado (según informaciones periodísticas nos desmentidas) afectó a los terrenos de la familia de uno de ellos y, por tanto, sus parientes se beneficiaron con sustanciosas indemnizaciones.

Pero no es lo único que afecta a la deontología profesional. Mucho más grave es que estos profesionales fueran al mismo tiempo los redactores del Plan General de la ciudad, el mismo que dejaba un montón de viviendas fuera de ordenación y permitía el derribo de importantes muestras del patrimonio inmobiliario de la ciudad. Como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Afortunadamente, la Justicia ha decretado ilegalidad de su PGO.

Como lamentaba el recordado Luis Cola, el paisaje de Santa Cruz cambió radicalmente con una obra que no tuvo en cuenta el riquísimo patrimonio natural, étnico e histórico del barranco de Santos y que, además, ha resultado un fracaso. En junio del 2010 se publicaba en La Opinión de Tenerife la noticia de su inauguración: “Tras ocho años de obras y unos 90 millones de presupuesto, hoy se abre por fin al tráfico el viario del barranco de Santos, una carretera que está planificada para descongestionar el denso tráfico de Santa Cruz de Tenerife y que conecta el centro de la ciudad con el capitalino barrio de La Salud”.

Cuatro años más tarde, el periodista Noe Ramón le dedicaba un documentado artículo en canariasahora.com, bajo el título Los pecados del barranco de Santos, que arroja mucha luz sobre esta obra. En concreto, sobre su principal objetivo escribe: “Pero lo cierto es que la Vía Arterial apenas es utilizada por los chicharreros. Cuatro años después de su inauguración no suma, ni mucho menos, un tráfico de vehículos que hubiese justificado tan elevado desembolso. Apenas 9.000 coches al día, frente a los 18.000 que, por ejemplo, pasan por la cercana avenida Islas Canarias. El barranco de Santos es una especie de escultura lujosa pero inútil, hecha a mayor gloria de los arquitectos y de Zerolo, que pretendían mostrar al mundo una novedosa forma de abordar los barrancos”.

No hay más que asomarse a la vera del barranco para ver el calamitoso entorno de la infrautilizada vía y observar que la suciedad y el abandono predominan en el recorrido de lo que antaño fue parte dominante del paisaje urbano de la capital chicharrera. Todo un símbolo: la planta introducida, el rabo de gato, es la que destaca en el cauce y en los escasos espacios ajardinados del entorno de la nueva carretera.

El Hotel Escuela de Santa Cruz es otro proyecto de los mismos arquitectos, pero también es un perfecto ejemplo del mal urbanismo que no respeta la historia y el patrimonio cultural. Construido sobre la parte más baja del solar del antiguo colegio de Las Asuncionistas (hoy Parque Viera y Clavijo) y situado entre la calle San Sebastián y el límite con el barranco, supuso la destrucción irreversible de una gran parte de la segunda zona verde de la ciudad. Ocupa el 100% de la superficie entre las aceras y el cauce, además implicó la modificación del perfil topográfico de la ladera elevándolo más de 15 metros sobre su rasante natural y se construyeron muros con piedra basáltica, para después rellenar el trasdós con vertidos, y finalmente se añadió cal, para impedir el crecimiento de cualquier vegetación. Se hicieron instalaciones públicas para ocio donde no existe posibilidad alguna de aparcamiento ni forma de llegar. Se trató la parte aledaña del barranco con mampostería vista, pavimentos de piedra natural que se están levantando por doquier, barandillas inexistentes en escalinatas de mas de 50 peldaños... Si a esto sumamos que carece de zonas para la recepción de mercancías y suministros, que no tiene zona de aparcamiento y por ello han tenido que aumentar la superficie ocupada en detrimento del parque Viera y Clavijo, se entiende el negativo impacto que ha causado en la trama urbana de la ciudad.

Esta situación se ha visto agravada por otro disparate urbanístico que fue dejar, justo enfrente del hotel, el estadio de fútbol Heliodoro Rodríguez López. San Sebastián es una vía crucial en la circulación de la ciudad, sin embargo cada vez que hay partido u otro acontecimiento en el estadio hay que cortarla al tráfico debido a la aglomeración humana que generan estos eventos.

Por eso, en el antiguo Plan de Santa Cruz, el de 1957, se propuso convertir toda la zona, desde el estadio hasta el desaparecido “campito don Pelayo”, en área de deportes y con una ocupación residencial tipo ciudad jardín. Nada más aprobado el Plan General, el Ayuntamiento modificó las previsiones de toda la zona agrícola situada entre Reyes Católicos y La Salle con la finalidad de aumentar los volúmenes edificatorios, con la consecuente revalorización de los solares. Pero el dinero manda y los jardines no dan beneficios, como lo saben bien los responsables del anulado Plan General de Santa Cruz.

*Portavoz de ATAN

En un comunicado de Fepeco publicado en La Opinión en enero del 2009, este empresario criticaba el miedo que a su juicio tienen los políticos a los “grupúsculos ecologistas del no a todo y lo reiteraba en una entrevista hecha en julio del año siguiente: hay sectores que nosotros no consideramos ecologistas que, no se sabe por qué, dicen no a todo. Una cantinela que el actual presidente de la patronal de constructores tiene bien aprendida, no en vano fue el director-gerente de Fepeco con Antonio Plasencia. Es evidente que esta afirmación es solo una descalificación genérica, no un argumento. En los movimientos ecologistas nadie dice no a todo, si aceptamos esta disparatada acusación tendríamos que asumir que el ecologismo también dice no a la conservación del medio ambiente. No me extrañó que el actual presidente de los constructores en una entrevista en Mirame TV ensalzara la figura empresarial de Antonio Plasencia, justificara sus delitos y, casi con las mismas palabras, repitiera los ataques a los ecologistas del responsable del mayor atentado ambiental de cometido en Tenerife.

Otra de los lugares comunes que invoca el presidente de Fepeco es la de presentarse como defensor de los intereses de Tenerife cuando -y aquí no sospechas sino certezas- defiende los intereses de los constructores que, como indica la reciente historia de la isla, van en muchas ocasiones en contra del interés general de los tinerfeños. Ejemplos hay muchos y la mayoría tienen como personaje principal al anterior presidente de la patronal tinerfeña de la construcción. En año 2009 decía sobre las denuncias de los ecologista del caso de corrupción de Las Teresitas: A mí hasta ahora daño económico no me han hecho ninguno, pero moral bastante. Porque si usted está luchando en un sitio para ganar dinero como empresa; es triste que lo pongan hasta de ladrón. Pues teníamos razón, según los jueces, el ex presidente es un corrupto que buscaba con este negocio ganar dinero a cuenta del erario público y. para justificarlo, utilizaba el manido argumento de la creación de puestos de trabajo. Este señor criticaba la quiebra de muchas empresas durante la crisis porque sus dueños recurrieron al crédito bancario cuando él mismo recurrió, para comprar el frente de playa de las Teresitas, a un préstamo de la Caja de Ahorros aprobado en su consejo de administración (en contra del criterio del Banco de España). No es casualidad que formaran parte de este órgano empresarios y políticos condenados por este caso de corrupción. El préstamo se lo dieron a una empresa que ni siquiera estaba constituida legalmente y con solo dos socios: Antonio Plasencia y un peón que actuaba como testaferro de otro poderoso empresario tinerfeño. Señor Izquierdo los ecologistas efectivamente decimos no a la corrupción, no a las obras ilegales, no a las que atentan contra naturaleza y decimos un si rotundo a la subordinación del interés empresarial al general, al de la totalidad de la sociedad tinerfeña.

Se mostraba usted indignado por un informe desfavorable del proyecto del puerto de Fonsalía y lo atribuía a una política de bloqueo del gobierno de Pedro Sánchez a la construcción de más infraestructuras en la isla. Quieren construir otro puerto, no se conforman con haber construido el maga puerto de Granadilla, y a pocos kilómetros del problemático puerto de Los Cristianos. (Por cierto, donde están los miles de puestos de trabajo que prometieron) Construir simplemente para que unos señores ganen dinero a costa del contribuyente no una sospecha, es algo que los hechos demuestran. No es un problema exclusivo de Tenerife, el puerto de Arinaga es otra muestra de lo argumentado que era nuestro no, al igual que tenemos razón al oponernos a la ampliación del Puerto de Las Nieves en Agaete, pues la única demanda que lo justifica es el interés algunas empresas.

También denunciamos cuando se hizo la ampliación del muelle de Los Cristianos la carencia de las vías de acceso, pero políticos, constructores y promotores turísticos prefirieron urbanizar el entorno de las vías del servicio portuario. El resultado es que tenemos un puerto suficiente para la demanda de tráfico pero sin los accesos requeridos. De quién es la culpa ¿de los que según usted decimos no a todo? Fepeco es cómplice, y algunos de sus prominente socios actores activos, de la situación actual de colapso en la isla, de la destrucción irreversible de una parte de su territorio. No hay ninguna duda sobre las causas de la situación actual de Tenerife porque es el resultado predecible de su modelo económico, tal y como dijimos hace muchos años los que usted llama “los del no a todo”. A lo único que dicen sí claramente, es a ganar dinero aunque sea a costa del interés general, y esto no es una sospecha, es una evidencia.

Señor presidente de Fepeco, Tenerife somos todos, también los ecologistas y los constructores.

Añadió que esta Segunda Bienal tiene como eje conductor una visión del paisaje “desde el punto de vista integral” y destacó que éste “no sólo es un recurso natural, sino también un recurso económico y hay que ponerlo en valor desde esa doble perspectiva”. ¿Y para eso hace falta invertir dos millones de euros en una Segunda Bienal, para saber esa perogrullada? Dice el expresidente que el principal enemigo de la protección del paisaje es el crecimiento demográfico, nada dice de las políticas que propician la masificación incontrolada, de la utilización de las zonas protegidas como parques de juegos y deportes de riesgo, no menciona la destrucción de amplias zonas del litoral por puertos innecesarios y más urbanizaciones turísticas, ni las canteras ilegales, ni las carencias en el tratamiento de aguas residuales o la escasez de presupuesto para la conservación, etcétera, etcétera. Pensé que observar el paisaje y velar por su conservación sería la misión del observatorio del paisaje canario, no certificar el crecimiento demográfico, para eso no hace falta especialistas en paisaje ni dedicar millones de euros de dinero público.

En la presentación de este nuevo organismo del gobierno de Canarias, Rivero compareció acompañado por la consejera regional de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Milagros Luis Brito, y el director de la Bienal de Canarias, Juan Manuel Palerm. Éste afirmó que pretendía convertir a Canarias con la creación de este observatorio en un punto estratégico para la reflexión y el debate internacional sobre el paisaje. Un año antes, en marzo del 2008, fue nombrado director de la Bienal -tras la polémica decisión de dimitir los anteriores directores Virgilio Gutiérrez y Antonio Zayas- a propuesta de vice consejero de Cultura Alberto Delgado. Éste destacó del nuevo cargo que “le interesa mucho el debate, incluso político. La Bienal será una primera piedra para tratar el paisaje desde el punto de vista crítico.” (?) En una entrevista en La Provincia respondía así el catedrático de arquitectura de la ULPGC a la pregunta de porqué había aceptado el cargo “Es una oportunidad para buscar una organización entre los actores que intervenimos en el paisaje.” Pero cuando le preguntan “¿Tiene alguna idea de por dónde irá su proyecto?”Contesta “No. Ni idea.” Insiste, supongo que asombrado, el periodista: “¿Ni siquiera un esbozo? Me rondan muchas cosas por la cabeza. Me gustaría sentarme con muchos agentes que intervienen en el paisaje, por ejemplo con los cabildos.” ¡Y para algo que confiesa que no tiene ni idea le dan un presupuesto de 2.000.000 euros! Pero lo más asombroso está en la respuesta de este supuesto experto en paisaje cuando el periodista le pide que defina el manido concepto: “Podría acudir al diccionario para responderle, pero me parece una frivolidad. Hablando sobre el paisaje de Castilla, José Hierro dijo una cosa muy bonita, que es que en la autarquía española Castilla era el fin del mundo hasta que una serie de gente empezó a escribir sobre los campos quemados de Castilla. El horror y lo atroz era esa visión esperpéntica casi, hasta que aparecieron no sé cuántos señores intelectuales o no intelectuales, sino gente sensible y reflexiva. A partir de ahí todo el mundo ha descubierto que Castilla es maravillosa. En Canarias tenemos un gran problema: Manolo Padorno hizo mucho por esto y también Pedro García Cabrera, pero no hay tantos escritores que hayan profundizado en la reflexión sobre el paisaje en Canarias. Todavía no hemos llegado, pero tenemos unos actores reales, por ejemplo arquitectos y artistas, que están demostrando que han llegado individualmente. Pero a nivel colectivo a nivel social... Creo que la Bienal tiene que contribuir a ello.” Incapaz de explicar un concepto, sobre el que existe una extensa y más que centenaria bibliografía ( está claro este “experto” la desconoce porque nunca la cita) contesta algo que no parece qué tenga relación con la pregunta y, además, con una prosa ininteligible. A canarias, en su opinión, le faltan escritores que reflexionen sobre el paisaje. Si esto fuera así, no se entiende que el Observatorio no destine sus presupuestos a concursos literarios.

El Observatorio es, por tanto, uno de los frutos de esa reflexión de la Bienal. Un año reflexionando le sirvió para decir galimatías dignas de Rajoy: “transmitir al ciudadano este debate entendiendo que esta Bienal no pretende hablar de todo sobre paisaje, sino profundizar hasta cuándo el imaginario sobre paisaje y territorio es capaz de implicarse y establecerse en coherencia con la producción del territorio creando y actuando como seres humanos dentro del paisaje”. Pero lo más interesante es abrir la página que tiene en Internet y ver lo que este organismo pública ha hecho con su llamativo presupuesto, prácticamente nada; ha sido y es tirar el dinero público para beneficiar a amigos del poder que confunden lo público con lo privado.

Diez años más tarde, organizan una jornadas sobre turismo y paisaje que es más de lo mismo. Solo hay que leer lo que pone en su presentación para saber que hay muchas mejores cosas en las que invertir el dinero público, sobre todo en el mundo de la ciencia. Un congreso sobre el paisaje organizado por arquitectos y para arquitectos con el añadido de otros, pero pocos, profesionales académicos y ningún escritor o artista conocido. Estas jornadas se presentan utilizando frases que, por su inconfundible estilo, pertenecen a las reflexiones del señor Palerm: “Ese estereotipo deviene en una idea de identidad territorial y social para toda la ciudadanía, generando una visión compleja sobre el territorio que desemboca en una relación no menos compleja con el mismo. La percepción del territorio y el constructo cultural que podríamos denominar Paisaje de Canarias se sustenta entre unas claves territoriales mesurables y reconocibles y un perenne estado de aspiración común a toda la población. A esto se suma la memoria colectiva de un paisaje que probablemente no existió tal y como se recuerda y que estuvo ligado a sistemas productivos ya fallidos. La comprensión de estas claves puede parecer de escaso interés y sin embargo es la falta de una estrategia clara y la falta de análisis de estas cuestiones lo que ha propiciado el fracaso de muchas políticas de planificación y gestión turística cuando hablamos de paisaje y sostenibilidad y por lo tanto en su base, de territorio y sociedad urbana y rural.” Cuando nombraron al señor Palerm le preguntaron sobre Tindaya y dijo que es una oportunidad perdida, que le parecía bien el puerto de Granadilla y que el asunto de Las Teresitas se había sacado de contexto (de qué contexto nos preguntamos los lectores?).

En la página del Observatorio, entre las escasa publicaciones que figuran, hay una que se titula Paisaje Litoral de Canarias, pero señor experto ¿existe un paisaje litoral en Canarias? ¿A qué llama usted paisaje? ¿Cuáles son los resultados de estos diez años de reflexión sobre el paisaje? ¿Cuánto ha costado al contribuyente? En diez años no vieron en su observatorio lo que ocurría con las explotaciones de áridos en Güímar? ¿Cuál ha sido su contribución al debate sobre el puerto de Granadilla o a la ampliación del de Agaete? ¿Sabe usted algo sobre el patrimonio natural de Canarias y la importancia de su conservación? Es evidente que sabe tanto de la naturaleza canaria como de paisaje: nada. Reflexionar con los ojos cerrados puede ser una buena medida para meditar en la intimidad un tema, pero una pésima solución cuando lo que se pretende es hablar de paisaje y territorio.

Otra confusión que no ha querido resolver la izquierda es la de establecer claramente quién o quiénes son los titulares de los derechos fundamentales, si los individuos o las colectividades. Tampoco ha abundado la reflexión sobre las diferencias, y vías de resolución de los conflictos que puedan surgir para establecer la prevalencia. Esto queda muy claro en el caso del los nacionalismos pues aceptan la idea de que el derecho de autodeterminación de los pueblo prevalece y lo argumentan por ser un derecho que hunde sus raíces en la historia, que es previo a la democracia y anterior al Siglo de la Luces. Justifican los partidos de izquierda el derecho de autodeterminación de los pueblos con el establecido por la ONU para resolver el grave problema creado por los países europeos cuando colonizaron gran parte del mundo. Cuando llegó el momento de independizarse tras la tragedia de la 2ª Guerra Mundial, las nuevas naciones tuvieron que aceptar que sus fronteras eran las heredadas del colonialismo y éste las trazó sin tener en cuenta la existencia de sociedades aglutinadas en torno a la cultura, el idioma, la religión o cualquier forma de diferenciar a un conjunto de individuos, a una sociedad, frente a otra. Eso fue así porque nunca se ha podido definir con precisión el concepto “pueblo”, ha resultado imposible incluir en los textos legales una palabra por admitir tantas acepciones, tantas interpretaciones, que no puede tener concreción jurídica. Además, la derecha más conservadora ha asumido, como una de sus principales señas de identidad, la identificación de patria con nación, con pueblo. Para estos partidos, el pueblo, la nación, la patria, están por encima de los derechos de los ciudadanos y por eso es inherente a las ideologías conservadoras establecer las diferencias con los otros, con los que nos son de mi pueblo.

Las ideologías de izquierda modernas nacieron en el siglo XVIII con el término libertad por bandera. Una palabra que significaba aspirar a una sociedad igualitaria y para serlo, su Ley Suprema debe reconocer la igualdad jurídica de sus miembros y amparar los derechos de los ciudadanos. La Nación (que no patria), es una sociedad en la que sus miembros (independientemente de sus creencias, idiomas, etnias o costumbres) deciden vivir bajo una ley común que garantiza sus derechos frente a la arbitrariedad. En el siglo XIX los teóricos de la izquierda, en base a esos principios, se proclamaban internacionalistas y, en su mayoría, abominaban de términos como patria, religión o monarquía. Frente a eso, las ideologías conservadoras inventan el concepto de patria (hasta el siglo anterior se pertenecía a una monarquía, independientemente de otras consideraciones territoriales, lingüísticas o religiosas). Como aglutinante del nuevo concepto pusieron el acento en las diferencias con los otros y tuvieron mucho éxito. Se dieron cuenta que a la hora de tomar decisiones colectivas las emociones tienen más peso que los argumentos basados en la razón. Los prolegómenos de la I Guerra Mundial fueron clarificadores pues en esos años, las izquierdas abandonaron el internacionalismo, la solidaridad de clase, para incorporar a su discurso ideológico el “derecho de los pueblos”, el nacionalismo, el apoyo a la patria por encima de la solidaridad entre los proletarios del mundo. El enemigo no es el sistema capitalista, son los de enfrente, los que hablan distinto, rezan a dioses diferentes o tienen costumbres que no entendemos.

Cuando acabó la Gran Guerra, dos grandes novedades trastocaron Europa: la revolución rusa y el triunfo del nacionalismo; tanto, que fue propuesto como elemento clave para el trazado de las nuevas fronteras surgidas con la derrota de los imperios europeos. El comunismo, que se puso en práctica en la Rusia revolucionaria, dejó en el camino los fundamentos del pensamiento progresista que no son otra cosa que la igualdad y la defensa de los derechos democráticos para todos sin excepción. El resultado fue la dictadura del proletariado y la transformación de una ideología política en una nueva forma de religión sin dioses, pero con libros sagrados, padres fundadores, reliquias, procesiones, cadáveres incorruptos, herejes, etcétera, etcétera, y que apelaba a los sentimientos para justificar la ausencia de libertades y de derechos democráticos de sus ciudadanos. Así se entiende que en la URSS el tema del nacionalismos tuviera entre sus teóricos al mismísimo Stalin y que impuso incluirlo en la constitución (la primera del mundo en incluir el derecho a la autodeterminación de los pueblo en su articulado) o que apelara a la “Madre Patria” en la guerra contra los nacional-socialistas alemanes.

Al término de la Segunda Guerra Mundial se hizo evidente el enorme daño que el nacionalismo había infringido a la humanidad y obligando a muchos dirigentes y pensadores políticos a buscar la manera de limitar las consecuencias de convertir unos sentimientos en ideología política. Para eso crearon un organismo internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU), que supusiera la progresiva aceptación por parte de los países miembros de los derechos humanos y, también para expresar así una meta colectiva: la utopía de un mundo sin fronteras. En la Europa de la posguerra esa idea caló y dio lugar al Mercado Común y después a la Unión Europea.

Pero la ONU tuvo que hacer frente a la descolonización, a un proceso que permitiera a los habitantes de los territorios colonizados decidir su futuro sin la tutela interesada de sus metrópolis. Éstas no cedieron fácilmente, su oposición dio lugar al nacimiento de los Movimientos de Liberación Nacional y que, en su mayoría, fueron apoyados por la URSS con armas y con mucha retórica izquierdista, pero siempre en función de sus intereses de gran potencia. Esta lucha por la descolonización tiene otra cara: la revolucionaria. Había que conseguir la independencia pero también la revolución. El grupo armado se hace con el poder para imponer sus convicciones al resto de los ciudadanos y, para eso, sobra la democracia y los derechos humanos, bastan las armas. Muchos de los que consiguieron llegar al poder se convirtieron en dictadores con discursos “progresistas”. Afortunadamente también se dieron casos como el de Mandela.

Por desgracia, todavía hay sectores de la izquierda que siguen pensando que el llamado derecho “a decidir” es uno de los derechos democráticos básicos. Si en el país vasco esa concepción derivó en un grupo terrorista, eso sí con palabrería de izquierda y hechos propios de la extrema derecha; en Cataluña ha unificado a la derecha conservadora y corrupta tradicional con la extrema izquierda que se dice anticapitalista. Les une que todos ponen la prioridad en la independencia y en su rechazo (en alguno de sus miembros más teórico que real) a la violencia, en el recurso al voto del pueblo catalán que, según los independentistas, es quién ha de decidir lo que ellos quieren que decidan y eso está por encima de cualquier otra norma. Pero el problema para el pensamiento de izquierda sigue siendo el mismo: ¿quienes son el pueblo catalán? ¿Todos los que nacen en un determinado territorio? ¿los que residen? ¿interesa igual la independencia a los ricos que a los pobres o a los inmigrantes? ¿En qué se benefician los menos favorecidos con la independencia? En la Europa sin fronteras ¿tiene sentido poner una nueva?

Es evidente que hay una incompatibilidad frontal entre los principios que debe sustentar el pensamiento de izquierda y el sentimiento nacionalista, que no ideología. La igualdad y el respeto a los derechos humanos no tiene nada que ver con los sentimientos, están por encima de ellos, pero éstos sí tienen que ver con el nacionalismo, con las banderas y con lo bonito que es mi pueblo. No hay mucho margen para el optimismo cuando uno de las personas con mayor crédito intelectual en el partido de Podemos, el diputado Errejón, dice, ante el auge del nacionalismo españolista, que la izquierda debe asumir el concepto de patria. Así nos va.

La izquierda lo que en mi opinión debe asumir es que no puede trasgredir sus valores básicos con la justificación de ganar votos. No es admisible desde el pensamiento progresista dar medallas y reconocimiento a Vírgenes como han hecho en Cádiz. Tampoco se puede justificar saltarse el respeto de los derechos humanos para mantener puestos de trabajos. Una sociedad gobernada por partidos de izquierda debe ser laica y defensora de los derechos básicos de los individuos, tanto como marco base de la convivencia social como para el desarrollo de su programa político.

Los problemas que genera el turismo tienen que ver, en primer lugar, con las políticas del sector, en segundo lugar con las condiciones del mercado emisor y con las que ofrece la oferta. En el caso de Canarias está claro que sus principales activos son su clima, cercanía a los mercados emisores y su patrimonio natural y cultural. Pero también tiene serias limitaciones que inciden en la actividad turística: su limitada superficie, acompañada de una gran biodiversidad, y una gran densidad de población, especialmente en las dos islas centrales. Esa es realidad es que debe servir de guía a las acciones del gobierno canario para conseguir que esta actividad económica aporte una parte sustancial de la riqueza regional y, al mismo tiempo, consiga minimizar sus efectos negativos. Lo primero que debe tener en cuenta los responsables públicas es que el número de turistas tiene un límite porque el espacio no crece en función de la demanda. Pero la realidad es bien otra, el Gobierno mide el éxito en función del crecimiento de visitantes, el mismo modelo de se utilizaba en época de ministro de Información y Turismo, el ex ministro del dictador Franco Manuel Fraga. El resultado de esta política turística es el colapso de los sistemas viarios, la degradación de nuestro territorio y la merma de la biodiversidad de las islas. Una política que ha convertido en parques temáticos los espacios protegidos y que, además, ha propiciado la transformación de nuestros paisajes en función de los intereses empresariales. Eso es algo que salta a la vista en la destrucción del litoral y en urbanismo depredador como se observa en las zonas que acogen a los visitantes.

Nunca se han preocupado en saber cuál es la capacidad de carga que tienen las islas, el lema ha sido, y es, cuantos más mejor, no hay límites para los responsables de las instituciones. Canarias ya supera los 12 millones de visitantes de los cuales más de la mitad corresponde a Tenerife y es en esta isla donde se ven claramente las consecuencias de este modelo turístico desde la cumbre hasta la arena. El parque nacional del Teide está colapsado y la razón es bien sencilla y fácil de comprender porque es el resultado de sus más de cuatro millones de visitantes (Superamos a Yellowstone, primer parque nacional del mundo) que acceden mayoritariamente en vehículos privados y que tienen que utilizar los márgenes de las carreteras para aparcar. Pero la única preocupación del cabildo de la isla, responsable de su gestión, es buscar la manera de maximizar los ingresos, no la conservación de sus valores naturales. El accidente del teleférico dejó en evidencia que el cabildo, accionista mayoritario, permite que suban mucha más gente que la recomendada por el Patronato para evitar el deterioro de la cima del Teide. La costa de la isla ha visto como las construcciones ilegales en el dominio público no han hecho sino crecer amparadas en la vista gorda de las autoridades y el silencio del Observatorio del Paisaje. Anaga es otro ejemplo de espacio protegido y convertido en parque lúdico, en cancha de deportes de riesgo, a costa de su conservación y en perjuicio de sus habitantes. De tal manera, que se da la paradoja de cuanto más visitantes, más vecinos abandonan sus tierras y con ello van desapareciendo los paisajes tradicionales del macizo.

Por sus dimensiones y profundidad, los hoyos de Güímar demuestran lo poco que le interesa a nuestros gobernantes el paisaje, la biodiversidad y la calidad de vida de sus habitantes. Décadas de silencio, de mirar para otro lado, hizo posible que las extracciones de áridos siguieran adelante a pesar de las denuncias de vecinos, científicos y asociaciones conservacionistas, tuvo que ser la justicia la que paralizara este disparate ambiental.

La opción de la carretera y el vehículo privado ha dado lugar a un cambio sustancial del paisaje y ha abocado la movilidad al colapso y como única solución solo se les ocurre a nuestras autoridades construir más carreteras y proponer algo que ocasiona un fuerte impacto paisajístico para no solucionar nada y empeorarlo todo: los trenes. Si a esto se le suma la los nuevos puertos, especialmente el de Granadilla, las nuevas urbanizaciones turísticas y residenciales, se comprende los evidente: se ha sobrepasado los límites, hemos masificado el territorio, alterado irreversiblemente nuestros paisajes y empeorado la calidad de vida de los residentes. Eso sí, los beneficios de unos pocos han aumentado exponencialmente, incluidos los muchos que viven de sustanciosos sueldos de organismos y empresas públicas creados ad hoc.

En los últimos años se han producidos cambios, prácticamente irreversibles, del paisaje vegetal de las islas. Es verdad que ya no se producen talas en nuestros bosques, como las que dieron lugar al nacimiento de Atan al principio de la década de los setenta del pasado siglo, pero la falta de control en la entrada de especies exóticas ha propiciado que algunas de estas especies se conviertan en invasoras desplazando la flora (y por tanto la fauna asociada) propia de las islas. El caso más llamativo es el ocasionado por la especie denominada “rabo de gato”, una gramínea que esta colonizando las zonas bajas de las islas. Entró como planta ornamental, y por la desidia de nuestras autoridades y la ceguera de los observatorios gubernamentales, en la actualidad es la planta que configura zonas que antaño eran emblemática por su biodiversidad. Es el caso del Andén Verde en Gran Canaria o amplias zonas de toda la costa de Tenerife.

Un turismo sostenible es aquel que parte de la premisa de aceptar los límites que nos impone la naturaleza, y ésta no funciona al dictado de la ley de la oferta y la demanda. Es un tipo de turismo incompatible con los hoteles de cinco estrellas rodeados de un medio ambiente de una, y bajando. En Canarias por ahora tenemos un clima y un patrimonio natural que nos hubiese podido convertir en el caviar de la oferta turística, pero lo han vendido como si fuera la de perros calientes y, mientras tanto, invertimos dinero público en jornadas y en muchas palabrerías sobre el turismo sostenible.

Esto viene a cuento por lo que ocurre en nuestro archipiélago, en el que parece que nuestros responsables políticos y empresariales claramente han optado por lo irracional. Si el tráfico está colapsado no hay que ir a la causa: el crecimiento exponencial del parque de vehículos que nos ha llevado a tener más kilómetros de coches que de carreteras. Por el contrario, han preferido encomendar la solución a la Virgen de Candelaria a cambio de nombrarla -sin elecciones por medio- Presidenta de Honor del Cabildo de Tenerife.

A 31 de diciembre de 1900 Canarias tenía una población residente de 357.601 personas, en el año 2.000 alcanzaba los 1.750.673 habitantes, en ese mismo periodo de tiempo en el conjunto del país se pasó de 18.616.630 personas a 40.847.371, apenas se duplicó. En poco tiempo Canarias pasó de saldo de migratorio negativo a ser receptora de inmigrantes como resultado de una demanda del basada en un crecimiento desaforado del sector inmobiliario y turístico. Satisfacerla implicó que muchas empresas justificaran el uso y el abuso de los recursos naturales y, también, que los responsables de las instituciones públicas no los obligaran a cumplir las leyes que protegen esos recursos . Un ejemplo fácil de ver son las enormes cicatrices en forma grandes embudos que perforan el Valle de Güímar, algo que, a pesar de sus enormes dimensiones y de las décadas de explotación intensiva, no vieron los sucesivos presidentes de gobierno, del cabildo o los alcaldes. Como también llama la atención que uno de los condenado por este delito ambiental, fuera al mismo tiempo presidente de la federación de empresarios constructores de Tenerife. Todo se justifica(ba) por los puestos de trabajo y porque así aseguran mantener el fuerte incremento de la demanda. ¡Es el mercado! diría Rato

Desde hace años se sabe que el colapso de las principales vías de comunicación de la isla sería un hecho cierto a corto plazo. No hace falta tener dotes de profeta bíblico para augurarlo: es una evidencia que es imposible igualar el incremento del parque automovilístico y el crecimiento del las carreteras en función de la demanda. Hace mucho tiempo que las cifras de kilómetros de coches superó el kilometraje de nuestras principales vías de comunicación. Obviamente, la solución al problema de la movilidad tiene que venir por el lado del causante del problema. Aceptar la premisa de la imposibilidad física y social de incrementar el número de carriles y nuevas carreteras, implica modificar el sistema, en poner en funcionamiento otro que asegure el futuro basado en el transporte público y en las energías renovables. Dada las dimensiones de la isla, la guagua, en sus distintas versiones, es el vehículo que mejor puede cumplir esa función, algo que no pueden hacer los sistemas basados en el transporte guiado como es el tren.

Con un sistema viario que funcione, el usuario sabe a que hora tiene que salir para llegar a determinada sitio a la hora prevista. Eso es posible conseguirlo simplemente reservando uno de los carriles al uso exclusivo del transporte público: las guaguas llegarían con puntualidad, en un tiempo que recordaría la época en la que donde “directa” tardaba 20 minutos desde el Cabildo a la Universidad. El que quiera usar su vehículo privado que aguante las colas.

Sin embargo, los defensores del crecimiento indefinido, los partidarios de construir indefinidamente más infraestructuras, más carreteras y autovías para resolver el problema de la movilidad en la isla son de la opinión contraria, algo que siempre ha dejado meridianamente claro el actual presidente de la Fepeco, Oscar Izquierdo, en sus habituales artículo en prensa. En su último escrito decía: “Es necesario poner las bases de un desarrollo sostenible, que satisfaga las necesidades presentes, sin comprometer las capacidades y potencialidades de las futuras generaciones, basado en un crecimiento equilibrado que va unido a una defensa medioambiental racional y alejada de cualquier fundamentalismo que, por cierto, tanto daño ha hecho en Canarias y especialmente en Tenerife. La presencia de la construcción, que siempre es vida, tiene una importancia cuantitativa directa e indirecta en el sistema económico y, principalmente, en la creación de empleo.” Ahora resulta que los constructores son los que definen qué es racional en las luchas por el medio ambiente y atribuye a los “fundamentalistas del conservacionismo” haber causado mucho daño a la isla. No señor Izquierdo, no fuimos nosotros, fue el anterior presidente de su asociación el que ha sido condenado por haber causado el mayor atentado ambiental cometido en la historia de la isla y por participar en primera línea en el caso de corrupción de Las Teresitas. Atan denunció durante décadas las extracciones de áridos de Güímar y el entonces presidente de los constructores también nos descalificaba con los mismos argumentos, pero los hechos son los hechos.

Lo que resulta irracional es el actual sistema de movilidad. Las dos variables que lo ocasionan, número de vehículos y kilómetros de carreteras, no se pueden incrementar simultáneamente, pues lo único que se consigue es convivir con el colapso y con las obras para solucionarlo. La isla no va a aumentar de tamaño, por mucha y grande que sea la demanda de espacio, por tanto lo que Tenerife necesita con urgencia es un plan de movilidad en el que prime el interés general sobre el de los importadores de vehículos y el de los constructores. Nos evitaríamos muchos daños, multas y, además, así estaríamos al día con las Directivas Europeas.

Esta fue la herencia que recibieron los ganadores de las primeras elecciones municipales en 1979. El nuevo alcalde, Manuel Hermoso, estaba a la cabeza de un grupo independiente que se estaba quedando sin acomodo por la crisis de la UCD, y necesitaban nuevas siglas -no una nueva ideología- para seguir ostentando cargos públicos y fundaron la Agrupación Tinerfeña Independiente, ATI.

Desde aquella época hasta el día de hoy, han ocupado las poltronas municipales aunque en el camino hayan cambiado de nombre, manteniendo siempre la misma ideología conservadora adornada con una pintura de nacionalismo para diferenciarse de la derecha tradicional y atraerse a los votantes que tienen esta creencia, este sentimiento, como ideología política. Son ellos responsables, con la ayuda en distintas etapas del Partido Popular y del Partido Socialista canario, de todo lo que ha ocurrido durante todos estos años con la playa de Las Teresitas. Durante los mandatos de Manuel Hermoso y de su tapado Miguel Zerolo se llevaron a cabo las tropelías con las que engañaron a los propietarios de los terrenos, involucraron a CajaCanarias en un préstamo temerario y llenaron los bolsillos de políticos, funcionarios, arquitectos y, sobre todo, de dos empresarios: Antonio Plasencia e Ignacio González.

El sucesor en la alcaldía de Miguel Zerolo, José Manuel Bermúdez, hijo de un concejal de la época de Manuel Hermoso -perfecto ejemplo de político profesional que ha vivido siempre del erario sin desempeñar otro trabajo en su vida que los muy bien remunerados cargos públicos-, nunca ha reconocido las tropelías cometidas por sus antecesores, por el contrario ha defendido sus nefastas gestiones y siempre se ha negado a dar explicaciones a los vecinos.

ATAN denunció en su momento la construcción de unos aparcamientos en la entrada de la playa por su manifiesta ilegalidad. El Ayuntamiento hizo caso omiso, pero esta vez la Justicia cumplió su función y ordenó el derribo de esta obra bautizada por los vecinos como el Mamotreto. Los chicharreros pagamos su construcción y también su derribo; los responsables del desaguisado, los políticos de Coalición Canaria, los que no fueron condenados, siguen cobrando sus sustanciosos sueldos sin asumir, tampoco en este caso, ninguna responsabilidad.

Decenas de millones de euros se generaron gracias a Las Teresitas, pero la playa sigue igual que en la época de Franco, excepto que ahora las palmeras son más grandes. Los terrenos del frente de playa, por los que el Ayuntamiento pagó una desorbitada cantidad de dinero, pese a ser en su mayor parte ganados al mar y, por ende, de titularidad pública, son ahora auténticos basureros llenos de plásticos, envases y desperdicios de todo tipo, incluido los que genera su utilización como retretes, ya que los gestores municipales no han demostrado ninguna preocupación por dotar a La Teresitas de los servicios mínimos que requiere una playa usada por vecinos y turistas.

Después de tantos años sigue sin alumbrado, carece de servicio de megafonía, de servicios higiénicos suficientes y con la calidad mínima exigible. La vigilancia no es la apropiada y en cuanto cae la noche la playa se convierte en un territorio sin ley. La escollera norte hace mucho tiempo que los temporales arruinaron su estructura, sobre todo la parte orientada a barlovento; la plancha de cemento que la cubría está convertida en ruinas peligrosas para los que se atreven a pasear por ella y los trampolines que dan a la playa reducidos a restos de hormigón adosados a la escollera.

El Ayuntamiento no se ha preocupado de dotar de las mínimas infraestructuras a la playa pues carece de alcantarillado y tampoco tiene líneas de suministro eléctrico. A pesar de ello, los responsables del municipio han permitido la instalación de quioscos que ocupan una parte importante de la arena de la playa con sus mesas y hamacas, cosa que no autorizaron a los antiguos chiringuitos, y, para más inri, les permiten funcionar con grupos electrógenos y les han construido unos pozos negros para dotarlos de servicios higiénicos para sus clientes, algo que no han hecho para los usuarios de la playa.

La catastrófica situación de La Teresitas es la herencia de la gestión de ATI-CC caracterizada por la corrupción y por gobernar en beneficio de unos pocos a costa de la mayoría. Eso sí, para encubrirlo utilizan el nacionalismo, las banderas y nombran presidenta honoraria del cabildo a la virgen de Candelaria.

Lo primero que me ha llamado la atención es la contradicción entre lo que dicen en la contraportada: “En este libro analizamos un conjunto de datos que confirman, de manera evidente, el origen norteafricano de las antiguas poblaciones canarias, como ya lo habían afirmado los primeros historiadores del quinientos, quienes asociaron su poblamiento con etnias bereberes que fueron deportadas a este archipiélago, como consecuencia de los castigos infligidos a distintas comunidades rebeldes por su reiterado enfrentamiento con el poder de Roma.” Por el contrario, en el prólogo los autores afirman que “su libro es deudor de las dificultades que sigue planteando un tema que aún se halla envuelto en un mar de dudas.”

El origen norteafricano de las poblaciones pre-europeas de las islas está reconocido por la mayoría de los investigadores, en este aspecto no parece haber disputa; es el cuándo y el cómo lo que está sometido a debate y discusión. Cuando arribaron al Archipiélago los primeros pobladores resulta la incógnita, aparentemente, más fácil de resolver, la ciencia pude determinar la antigüedad de los restos arqueológicos con diversas técnicas, la más conocida es la del carbono 14. Según estos autores la cronología que aportan estas dataciones confirman de manera indubitada, que el poblamiento de todas las islas tuvo lugar en la segunda mitad del siglo primero antes de nuestra era, sin embargo pocas páginas más adelante dice que el poblamiento pudo haberse producido en una fecha cercana al cambio de era pero que se trata solo de una hipótesis. Esta clara contradicción se pone en evidencia en el listado de su cronología de las culturas canarias en las que incluye la Cueva de La Palmera de Tijarafe datada en el 200 a.n.e. En Tenerife son varias las dataciones que aportan en el listado y que son anteriores a nuestra era: En Buenavista del Norte el nivel II del yacimiento de La Estaca, en la Cueva de Las Arenas en Barranco Hondo que da fechas de la primera mitad del último milenio a.n.e., a las que se suman las dataciones de la Cueva de los Guanches, la de Las Palomas y la de don Gaspar, todas éstas localizadas en Icod de Los Vinos. Sobre esta evidencia se limitan a decir que “mantienen una prudente reserva a la vista de estos datos porque resultan bastante excepcionales en el conjunto de las fechas conocidas hasta ahora en el Archipiélago” Pero el hecho de considerarlas excepcionales no las convierte en dataciones erróneas y, mientras no puedan demostrar lo contrario, el carbono 14 confirma que varios siglos anteriores a la expansión del imperio romano ya había gente en algunas islas.

Llama poderosamente la atención que en el listado de las dataciones no figuren las obtenidas por el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Pablo Atoche y la investigadora Ángeles Ramírez en la excavación de Buenavista en Lanzarotey que tampoco incluyan ninguna referencia bibliográfica de sus trabajos en esta isla. Cómo no es posible que los autores del libro desconozcan los resultados de estas excavaciones y las numerosas publicaciones que han originado, solo cabe pensar que la omisión es deliberada, algo inadmisible en un trabajo académico en el que solo admite la refutación científica, nunca la ocultación de los datos que no les gustan o cuadran con sus tesis. Así, Atoche y Ramírez dicen en uno de sus artículos: “En Canarias ni las fuentes literarias clásicas greco-latinas, los textos etnohistóricos o la más reciente actividad arqueológica han documentado presencia humana efectiva con anterioridad al siglo X a.C.; entre ese límite y el siglo XV d.C. se desarrolla el periodo protohistórico, un espacio temporal durante el cual en Lanzarote se sucedieron procesos culturales que en la actualidad es posible delimitar cronológicamente con la ayuda de 46 referencias de C14 obtenidas y contrastadas en tres laboratorios, el de Groningen (Centrum voor Isotopen Onderzoek. Rijksuniversiteit Groningen), BETA (Beta Analytic Radiocarbn Dating Laboratory. Florida) y UBA (14CHRONO Centre. Queen’s University. Belfast. Northern Ireland).” De acuerdo con estos datos “El yacimiento de Buenavista constituye la prueba de la temprana presencia en Lanzarote de un grupo humano plenamente establecido en la isla en el siglo X a.C., asociado a un contexto material caracterizado, entre otros elementos, por la presencia de artefactos de procedencia cultural fenicio-púnica.”

García y Tejera afirman, para negar la presencia de fenicios y púnicos en las islas, que “hasta el momento, como decimos, no se ha encontrado ningún testimonio arqueológico que nos permita aseverar tal hecho, ya que todos los elementos materiales señalados los consideramos pertenecientes a las culturas aborígenes de este Archipiélago.” Sin embargo en la excavación de Buenavista y el Bebederoen Lanzarote los investigadores Atoche y Ramírez destacan el hallazgo de “varias decenas de fragmentos cerámicos modelados a torno pertenecientes a distintos recipientes (ánforas y otros contenedores) y una terracota, varias piezas metálicas correspondientes a objetos elaborados en bronce, cobre y hierro, además de un abalorio de vidrio, todo ello inmerso en una secuencia estratigráfica y cronológica que nos sitúa en el ámbito de la cultura fenicio-púnica establecida desde finales del II milenio a.n.e.” Aún en el caso de considerar los autores de este libro que esas afirmaciones no tienen base científica, ni materiales arqueológicos que las avalen, no pueden ignorarlas al escribir un libro sobre el poblamiento de las Islas, en todo caso tendrían que demostrar que el resultado de las excavaciones en Lanzarote son un fraude deliberado de un catedrático de la universidad de Las Palmas y de una investigadora, pero no lo hacen, se limitan a condenarlos al ostracismo.

Otro hecho, el hallazgo de restos de una instalación romana dedicada a la extracción de púrpura en la isla de Lobos , y que los autores del libro solo nombran de pasada y de manera confusa, es una prueba que desmonta la tesis de un poblamiento fruto del desplazamiento forzado de tribus levantiscas norteafricanas. La catedrática de la ULL y directora de la investigación, la doctora del Arco, data este yacimiento en el siglo 1 a.n.e. lo que implica que los romanos navegaban a las islas orientales y explotaban sus riquezas con anterioridad a la expedición ordenada por Juba II.

Creo que libros como éste no contribuyen a mejorar el conocimiento de la historia de Canarias, solo sirven como ejemplo de una manera de actuar poco compatible con  lo que debe ser un trabajo de investigación histórica. En resumen, es un libro prescindible para los que estamos interesados en la historia canaria.

Por el contrario, durante décadas las administraciones públicas han propiciado y amparado canteras ilegales. El caso más llamativo es de las localizadas en Güímar permitidas por los responsables públicos hasta que la justicia, después de décadas de denuncias, ha terminado paralizandolas y condenando por delito ambiental a sus propietarios. Está claro que estas canteras ilegales pueden funcionar durante años porque las administraciones públicas han sido incapaces de ordenar este sector ni hacer cumplir la legalidad, por el contrario, y como ha ocurrido con el puerto de Granadilla, son los principales compradores de áridos ilegales.

Lo ocurrido en Taguluche de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, es un ejemplo perfecto de como los partidos políticos que gobiernan las instituciones anteponen los interese particulares a los generales. A finales de la última década del pasado siglo este municipio gomera estaba gobernado por CC y el cabildo en manos del PSOE. Sus respectivos dirigentes, el fallecido alcalde Esteban Bethencourt y Casimiro Curbelo (que continúa ostentando el cargo) encarnaban a la perfección la figura del cacique que repartían prebendas a cambio de votos y utilizaban sus cargos políticos para hacer suculentos negocios en estrecha alianza con los empresarios locales. Decidieron expoliar el agua de los manantiales que se utilizaban para el riego y construir una planta para el embotellado, pero tras muchos años años de batalla judicial, el ayuntamiento de Valle Gran Rey fue condenado a derribar la planta y a devolver a su estado original la zona afectada.

La otra iniciativa de estos caciques fue pedir dinero a la UE para construir una pista agrícola para acceder al vecino barranco de Guariñén. Evidentemente no tenían ninguna intención de convertir esos áridos terrenos en una zona de cultivo, como prueba que no tuvieran previsto ningún tipo de red de abastecimiento ni contaran con los caudales necesarios, pues la única disponible era el agua de los nacientes localizados en el espacio protegido de El Lomo del Carretón, con un caudal insuficiente para cubrir las necesidades de los regantes de Taguluche. La “pista forestal” en realidad era el paso previo para construir una urbanización turística, pero par hacerla necesitaban una cantera. Al constructor y al ayuntamiento, con el visto bueno del cabildo y del Gobierno de Canarias, no se les ocurrió otra cosa que extraer las piedras necesarias del Lomo del Carretón. Esto ocurría en el año 1998.

En junio de este año 2018 el Juzgado nº 7 de Santa Cruz de La Palma dictaba sentencia el procedimiento abreviado nº 0000132/2012. y, como hecho probado, dice: “En fecha que no consta, el Cabildo de La Gomera encomendó la realización de la pista de Guariñén a Pedro Luis Darías Rodríguez, mayor de edad, que era un constructor importante en La Gomera, el cual, aprovechando que la misma se encontraba cerca de la carretera de acceso a Taguluche, acordó verbalmente con miembros de la Corporación local de Valle Gran Rey, siendo Juan Eustaquio Dorta Correa Concejal de Hacienda y Teniente Alcalde, proceder a la extracción de áridos en el lugar conocido como Risco Liso, sobre la carretera, dentro de los límites del Monumento Natural Lomo del Carretón, incluido en la Red Canaria de Espacios Protegidos y catalogado como Área de Sensibilidad Ecológica, ya que como en el lugar se hablan producido frecuentes desprendimientos de material sobre la vía el Ayuntamiento de Valle Gran Rey estaba interesado en intervenir en el talud, de modo que en virtud del acuerdo alcanzado Pedro Luis acometió la ejecución del desmonte gratuitamente, dispuso de la piedra que extrajo y vertió los áridos más pequeños por la ladera del otro lado de la carretera.”

Como relata la sentencia los vecinos hicieron un requerimiento notarial para que se paralizase la obra. También el Seprona denunció por vía administrativa, pero el ayuntamiento y el constructor hicieron caso omiso a esta clarísima infracción de la ley de conservación de Espacios Naturales y de Flora y Fauna Silvestre. A pesar de todo esto siguieron con el desmonte y tuvo que ser el juez de San Sebastián de La Gomera el que acordara la paralización cautelar. Justo veinte años más tarde la Justicia ha fallado en este procedimiento abreviado, pero como dice la propia sentencia “concurre con el carácter de muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21 nº 6 del CP ya que la actuación típica se inició el 23 de marzo de 1998, las diligencias se incoaron el 5 de junio de 1998, la instrucción finalizó el 18 de septiembre de 2002, el escrito de acusación pública se presentó el 20 de agosto de 2003 y el de acusación popular ( entonces particular ) el 19 de julio de 2007, dictándose el auto de apertura de juicio oral el 20 de septiembre de 2011 y acordándose la remisión a este juzgado el 3 de mayo de 2012, siendo los intervalos entre las fechas expuestas tan significativos que hacen innecesaria una mayor valoración.”

A pesar del atenuante por el excesivo retraso en el procedimiento, se condena al constructor “como responsable de un delito tipificado en el art. 325 del CP a 45 días de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de 3 meses, con obligación además de indemnizar a la Administración Pública que ostente la titularidad del Monumento Natural del Lomo del Carretón en Taguluche, Valle Gran Rey, La Gomera, en 34.979 €y de pagar las costas procesales.” Se absuelve al entonces teniente de alcalde al considerar que fue responsabilidad del que era alcalde en aquel momento Esteban Bethencourt, ya fallecido.

Han tenido que transcurrir dos décadas para que la Justicia sentenciara en un caso tan evidente de actuación caciquil, pero esa misma lentitud del Poder Judicial ha beneficiado a los delincuentes y les anima, dada las escasas penas, a seguir actuando de la misma manera. Esta es una de las razones que explican la proliferación de canteras ilegales que picotean impunemente el territorio. La otra consecuencia del mal funcionamiento de la Justicia es la impunidad de la que gozan los políticos que propician, permiten y amparan este tipo de actuaciones.

Cuando en Atan recibimos la convocatoria de reunión del Patronato para el pasado 18 de abril, nos quedamos sorprendido porque no venía acompañada de ninguna información previa, ni siquiera la que se comprometió a facilitar en la anterior convocatoria, como fue el extenso documento estratégico sobre el turismo en Anaga. Este trabajo fue encargado por Turismo de Tenerife y un resumen fue expuesto en diciembre por sus autores al final de la larguísima reunión de la Junta. El orden del día de la nueva reunión se limitaba a informes del presidente y de la directora del Parque, además de los obligatorios: aprobación del acta anterior y ruegos y preguntas.

En el acta entregada se eludía la mala educación del consejero al calificarme de impertinente por lo que señalé su ausencia y se tomó el acuerdo de añadirlo al acta. A partir de este momento la reunión alcanzó características propias del surrealismo, el presidente no volvió a hablar ni a actuar como moderador. Intervenciones larguísimas, discusiones entre los asistentes, pero el presidente mudo, ni hubo acuerdos ni dio explicaciones. Se las pedimos sobre las carencias del transporte público, el colapso de tráfico, el impacto turístico, los controles sobre las especies exóticas, la cantera situada frente a a la dársena pero que según el proyecto es de restauración y no de explotación, pero todo fue inútil. El consejero, a diferencia de la reunión anterior, había optado por el silencio: ustedes digan lo que quieran que yo hago lo que me da la gana.

Según el acta de la sesión de diciembre se informó “de la situación del plan para erradicar estos animales asilvestrados, señalando que se elaboró la guía para repartir a todos los ganaderos, y que a continuación se enviarán cartas a los mismos, instándolos a que retiren del medio natural el ganado que tengan suelto y sin control. Además, se publicarán bandos municipales para advertir a posibles propietarios a los que no se haya podido notificar personalmente. Los borradores de bando serán enviados a los ayuntamientos, para que sean éstos quienes los publiquen. Transcurridos dos meses desde la publicación de los bandos se realizará una primera apañada y luego se procederá al control cinegético mediante profesionales contratados, ya que los cazadores han manifestado que no están interesados en colaborar.” Pues qué bien, cuatro meses después no han hecho absolutamente nada. Preguntado por esta situación no contestó el consejero, lo hizo el representante del ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Correa, con una explicación digna de los hermanos Marx: No lo han publicado porque este bando requiere la labor de muchos funcionarios, de los servicios técnicos, jurídicos y no recuerdo cuantos más, y que por eso no habían podido tramitar el susodicho bando. Cuando le dije que no era aceptable esta tardanza para publicar un bando se enfadó un poco y me dijo que me llamaría para que lo hiciera yo. Sé cómo hacerlo en muy poco tiempo, me bastaría copiar el que hizo el ayuntamiento de Buenavista del Norte y cambiarle el encabezado y la firma, pero no soy concejal y solo represento a los colectivos conservacionistas en el Parque Rural de Anaga.

Aunque no sean aceptables las formas, hay que agradecer que el concejal de Santa Cruz respondiese, al contrario del mudo consejero socialista de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife.

Está claro que este consejero socialista no se diferencia de sus predecesores, no cree en la participación ciudadana, la transparencia solo le sirve para adornar sus discursos pero no para dar la cara por su gestión y por eso no contesta ni se explica aunque esa sea su obligación como cargo público.

A principios de la última década del siglo pasado Atan, en su análisis de la situación ambiental de la isla, señalaba como principales problemas a resolver por los gestores públicos el tratamiento de los residuos, la movilidad de sus habitantes, el aprovisionamiento de aguas, energía, y áridos, la creciente urbanización del litoral y medianías, la gestión de los espacios protegidos y la conservación de los variados ecosistemas insulares. Después de tantos años los problemas, en algunos casos, son los mismos. Los responsables de la institución no han resuelto, o por lo menos paliado, alguno de ellos, por el contrario casi todos se han agravado.

En el haber sólo encontramos la eliminación de los vertederos incontrolados y una mejora sustancial en la recogida de los residuos sólidos, aunque queda mucho por hacer en el tratamiento de este tipo de “basura”. Sin embargo nuestra denuncias de aquello años no sirvieron de nada y ha continuado el vertido de aguas residuales no tratadas al mar y el número de emisarios incontrolados supone el 70% del total.

Denunciamos. en su momento, dos casos que son de desgraciada actualidad: el emisario del Polígono Industrial de Güímar y el de Las Américas, pero todavía siguen vertiendo aguas contaminadas al mar poniendo en peligro la actividad turística. También denunciamos el problema del abastecimiento de una materia tan imprescindible como son los áridos, la necesidad de un plan que permitiera el suministro con el menor impacto posible en el territorio y cumpliendo todos los requisitos legales.

Nada, no se hizo nada, los responsables del Cabildo en esos años miraron para otro lado. El desordenado y rapidísimo crecimiento urbanístico permitió el suministro de canteras ilegales que causaron un enorme destrozo ambiental, graves costes sociales y unos hoyos que nunca vieron los responsables del Cabildo, a pesar de sus enormes dimensiones y de la condena de sus propietarios por delito ambiental.

El resultado de esta política de ojos cerrados es el picoteo del territorio de manera incontrolada para satisfacer la demanda de áridos por parte de grandes infraestructuras, como el puerto de Granadilla, y de las constructoras privadas.

En el caso de la energía basta constatar que el porcentaje de las renovables es prácticamente el mismo que en los años noventa.

El fracaso de la política de movilidad se observa claramente en el colapso diario de las vías de comunicación. Las soluciones son las mismas que adoptaron en el pasado y que, evidentemente, han fracasado: el aumento de los carriles en las autopistas, la construcción de sistemas guiados y, asombrosamente, reducir y encarecer el transporte por guagua.

Ahora el Cabildo se está gastando un montón de dinero es los estudios para construir una línea férrea entre el área metropolitana y la zona turística de la isla, poco más de 60 km, añadir más carriles a la autopista y encarecer el transporte del servicio público de guaguas. Siguen el mismo modelo que antaño, ignorando soluciones de futuro para el colapso circulatorio que sufre la isla.

La gestión de los espacios naturales tampoco merece el aprobado, más allá de los efectos que tuvo dejarlos fuera del afán urbanizador de la época de la explosión inmobiliaria. Los resultados obtenidos son muy modestos y existe una razón lógica para ello: los gobernantes de Coalición Canaria, los socialistas y los conservadores, han tenido como objetivo prioritario rentabilizar estos espacios y convertirlos es parques turísticos aunque sea a costa de la conservación.

Durante el mandato de Adán Martín, la Consejera Dulce Xerach propuso, en el Patronato del Teide, la construcción de un hotel de cinco estrellas en Las Cañadas cuyo anteproyecto fue realizado por el arquitecto Fernando Marín Menis; otro Consejero del mismo partido propuso “renovar la sangre” de los muflones soltando nuevos ejemplares; el Consejero Rodríguez Brito propuso celebrar una etapa del rally París-Dakar dentro del parque, también planearon un centro comercial en el Portillo y, por supuesto, cobrar por los “servicios”, el aparcamiento o los accesos.

Desde hace muchos años la conservación y la divulgación siempre han ocupado un lugar secundario para los dirigentes del Cabildo. En el Teide “manda” más la Consejería de Turismo que la de Medio Ambiente.

Se encuentra en trámite de información pública el Reglamento del Parque Nacional del Teide y, al mismo tiempo. se está organizando la participación ciudadana para el Plan Rector de Uso y Gestión, pero el Reglamento que ha aprobado el Cabildo, norma de menor rango jurídico, impone unas medidas que son competencia del PRUG, lo que vacía de contenido la gran parte de la participación ciudadana para la redacción del nuevo plan para El Teide.

El Reglamento pone de manifiesto la idea que tiene el Cabildo de lo que es un Parque Nacional y sus objetivos y, para esta institución, su explotación como recurso turístico es lo fundamental; la conservación y la divulgación de los valores del parque no es lo que les interesa. Una de las medidas pretende cobrar por acceder a los centros de visitantes, unas estructuras, financiadas con dinero público, destinas a explicar a los visitantes la riqueza de la gea, la fauna, la vegetación, los ecosistemas o la historia del Parque Nacional.

Un problema señalado desde hace más de veinte años es el caos que provoca la afluencia de visitantes en coches particulares que ocupan los pocos aparcamientos existentes y las cunetas de la carretera. La solución que propone el Cabildo no va a servir para nada pues no aborda el problema. Cobrar por aparcar en los pocos sitios de Las Cañadas que está permitido y poner obstáculos para que los coches no lo hagan en las cunetas no resuelve el problema, a no ser que el Cabildo tenga pensado aumentar la superficie de aparcamientos en el interior del parque. ¿Qué ocurrirá cuando cientos de coches lleguen al Parque y no tengan ni siquiera la opción de parar para sacar una foto?.

El transporte público es el gran olvidado en el Reglamento del Cabildo, no se incentiva su uso poniendo lanzaderas interiores y una comunicación frecuente y directa desde los principales núcleos urbanos. El coste del billete debería incluir la gratuidad de todos los servicios del Parque y la prioridad, acompañada de descuentos, para utilizar el teleférico.

Conseguir que no suban tantos vehículos es la opción más rentable. Desgraciadamente no es así, por eso casi llegaron a convertir en símbolo del Parque “dos copas de champán entrecruzadas”.

*Eustaquio Villalba es portavoz de Atan.

En junio del año 2016 usted fue entrevistada en el programa “Roscas y Kotufas” de la Radio Autonómica. El entrevistador, Kiko Barroso, hace una introducción donde da por hecho que este proyecto del Organismo autónomo de Parques Nacionales es una buena noticia para el Hierro y, en su primera respuesta, usted deja claro lo contrario: su vehemente oposición. Pero también deja patente que sustituye los argumentos por juicios de intenciones cuando atribuye a intereses electoralistas la presentación del proyecto por el Gobierno -que estaba en funciones en aquellos momentos- como si por ello rebatiera los argumentos contenidos en los informes que avalan la creación de este parque nacional. El segundo falso argumento en contra del parque marítimo es que la población del Hierro no ha sido consultada, pero usted no especifica qué es lo que hay que consultar ni como se hará esa participación del pueblo herreño. Tampoco dice si esa consulta es vinculante o si, por el contrario, la decisión final corresponde de la presidenta. Posteriormente lo ha aclarado: la última palabra la tiene Belén Allende.

El resto de la entrevista se rellena con la utilización de otros casos, totalmente ajenos a la propuesta de parque marítimo, para justificar su oposición, una oposición, que por otra parte, nunca explicita claramente su negativa. El caso de la poco acertada propuesta de topónimo para el volcán submarino, lo usa para justificar su postura contraria a que su Isla cuente con el primer parque marítimo de España y le sirve para denunciar el abandono que está sumida la Isla y para ello no ha dudado en utilizar el término de “godismo”, lo que deja en evidencia la solidez de sus argumentos. El resto son directamente mentiras, señora Presidenta. La propuesta de Parque Nacional, la figura de protección más importante que tenemos en la legislación nacional e internacional, es un reconocimiento, un premio, al buen estado de conservación de un fragmento de espacio, continental o marítimo, por sus valores geológicos, biológicos y la buena salud de sus ecosistemas y paisajes. Como usted misma dice, ese es el caso del Hierro, el excelente estado de conservación de su mar es lo que ha merecido que reúna todas las características para que sea el primer parque marítimo del país, Evidentemente cualquier figura jurídica de protección implica tomar medidas para su correcta conservación y en esto, señora presidenta, el caso de su isla lo ilustra perfectamente. Tanto gran parte del territorio y el litoral herreño está protegido por la Ley canaria de espacios naturales y la Red Natura 2000 de la UE que reconoce su importancia con siete Lugares de interés comunitario que abarcan casi la mitad de una isla que, además, es Reserva de la Biosfera. Lógicamente, todas estas figuras jurídicas implican limitaciones, como bien sabe la señora presidenta y el conjunto de la población herreña sin necesidad de ninguna consulta. En cuanto a las trabas burocráticas debe preguntarles a sus socios de Gobierno que son quienes han creado el entramado burocrático que está ahogando a los ciudadanos de toda Canarias, no solo a los herreños.

A la pregunta del periodista en que perjudica a los herreños un parque nacional usted ha contestado que ya ha visitado otros parques terrestres como el de El Teide y afirma tajantemente que en esos parques está prohibido todo lo que se refiere a la movilidad y que será obligatorio pedir permiso para todo. Pues no señora Allende, eso es directamente mentira. Los parque nacionales canarios, desde la sentencia del TC que avaló la gestión de estos espacios por las comunidades autónomas, dependen del Gobierno de Canarias y, en concreto el de El Teide, lo gestiona el Cabildo de Tenerife. Debería preguntar a su presidente, que también es presidente del Patronato del Parque Nacional de El Teide, para que le informara de la realidad de lo que es contar con un territorio protegido por la declaración de Parque Nacional. La sede del Cabildo tinerfeño no está a 2000 Km del parque (La distancia es uno de los criterios que usted usa para descalificar a los funcionarios del Organismo Autónomo de Parque Nacionales que elaboraron los informes). Además, tenga en cuenta que estaban a mucho más distancia del Hierro los que aprobaron en las instituciones comunitarias los siete Lugares de Interés Comunitario (Lic) de la isla. Tampoco es cierto, y eso es una obviedad, que la Isla no reciba un duro del Estado.

Al único sector afectado que usted alude en sus declaraciones es al sector pesquero pero, por una entrevista al presidente de la cofradía de pescadores de La Restinga, me he enterado que son sesenta familias las que viven de forma directa de la pesca y que ellos mismos solicitaron las restricciones. En palabras de su presidente “Siempre creímos que no sólo teníamos que asegurarnos el sustento y el de nuestras familias, sino que teníamos el deber de asegurar el de las generaciones venideras”. También me entero que en El Hierro sólo existen dos zonas permitidas de pesca con fusil, aunque ellos han demandado ante el Estado que esas zonas se reduzcan a una y que la práctica de este deporte sólo se permita dos días a la semana. El Hierro es la única isla del Archipiélago en la que está prohibido el arte de redes de enmalle, el uso de nasas para capturar pescado, el palangre de orilla y las pandorgas para la pesca de viejas. No le ha ido mal al sector en los últimos años pues pasó de las 110 Tm del año 2007 a las casi 320 del año 2016. ¿Dónde está el problema señora presidenta? ¿Qué va a estar prohibido -que ya no lo esté- a causa del merecido parque nacional marítimo del Hierro? Eso no lo dice usted en su entrevista ni en sus declaraciones posteriores. En cuanto a lo que pueda afectar a la idiosincrasia de los herreños, pregunte usted a los gomeros, conejeros, palmeros o tinerfeños en qué les ha cambiado su idiosincrasia (¿?) el hecho de convivir con un parque nacional. Yellowstone exhibe con orgullo ser el primer parque nacional del mundo, usted considera que contar con el primer parque marino de España es un peligro indeterminado para sus vecinos.

Quizás, señora Allende, esté más interesadas por otro tipo de limitaciones, y a esas no las alude en sus entrevistas, como las que podrían afectar a la franja litoral, objeto del deseo de inversores inmobiliarios. ¿Porqué se empeña en facilitar el acceso a la zona de Orchilla con una carretera asfaltada absolutamente innecesaria y que conllevaría el aumento de la carga sobre una zona extremadamente frágil y hasta ahora bien conservada? ¿Está relacionado esta obra con la posibilidad de construir una urbanización?

Señora Presidenta, hasta ahora no he podido leer ni escuchar ningún argumento que justifique su negativa al reconocimiento del buen estado de conservación de su isla. ¿Podría usted negar que haya intenciones de autorizar la urbanización de zonas afectadas por la declaración de parque nacional?

Ignoraba el señor consejero que esta instalación de cría de truchas incumplía las más elementales normas sanitarias, que el cabildo era un vendedor de pescado sin control veterinario, las aguas utilizadas en la crianza de los peces era vertida en los canales de consumo sin que previamente fueran tratadas, no sabía que se utilizaban antibióticos para la prevención de enfermedades en los peces sin ningún tipo de control por parte de su consejería y, por supuesto, ignoraba que estos productos junto con los excrementos y restos de los piensos utilizados para su alimentación terminaban siendo distribuidos para su consumo por el canal del Norte, todo esto ha sido una sorpresa para el pluriempleado consejero de Medio Ambiente del cabildo de Tenerife.

Fue la consejería de Sanidad, ante la gravedad de la situación ordenó el cierre de la factoría, el informe del técnico fue demoledor y no cabía otra opción que el cierre inmediato. La consejería del cabildo se lo tomó al pié de la letra y, con una celeridad que no tuvo en años, acató la orden a su modo y manera: ignorando la normativa. Cerró el grifo que suministraba el agua corriente para la cría de las trucha, dejó que los peces murieran lentamente de asfixia en las aguas estancadas. Ciudadanos que observaron esta situación los denunciaron al Seprona. Como resultado de esta denuncia el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava ha citado a declarar en calidad de investigados por un presunto delito contra la salud pública al Cabildo de Tenerife y a tres técnicos insulares y citados como testigos los agentes del Seprona, al inspector de Sanidad que ordenó el cierra, a un responsable de Emmasa y al jefe del servicio de Fauna del Cabildo. Lo que significa que los responsables del cabildo, su presidente, los consejero de Medio Ambiente y el Aguas tendrán que asumir sus responsabilidades y no escudarse en los técnicos

Esta situación no es nueva, el año pasado en consejero Valbuena estuvo ausente en el conflicto que generó el anuncio de una carrera de coches en el parque rural de Anaga, su inhibición ante una propuesta que chocaba frontalmente con la normativa de este espacio protegido, este señor propició que la consejería tardara meses en pronunciarse y en aplicar la normativa hasta pocos días antes del anunciado evento automovilístico y se prohibiera la carrera. Las consecuencia de su desaparición de facto (en este caso no puede alegar ignorancia puesto que, entre otros, Atan denunció que era una actividad incompatible con los fines de un espacio protegido, también pidió información a la consejería y realizó múltiples actividades denunciando el tema) fue que los organizadores perdieron el dinero invertido, algo que no hubiera sucedido si el consejero hubiera actuado como le exige el cargo. El ayuntamiento de La Laguna tuvo que retirar de su página en Internet el anuncio de la carrera y se produjo una innecesariamente un conflicto que no habría existido si al todavía consejero de Medio Ambiente hubiese tenido tiempo -pero esos meses él estaba de vacaciones- para escuchar a sus técnicos y resolver, ante que se convirtiera en un problema y en motivo de enfrentamientos y de agrios debates.

El cabildo de Tenerife, gestor de los espacios protegidos de la isla, tiene unos objetivos claros: lo prioritario es convertirlos en parques temáticos turísticos rentables, para ello no han dudado en ofertarlos como los lugares adecuados para la práctica de deportes de riesgo, previo pago de una entrada, por supuesto. Para el cabildo lo importante es cobrar por los aparcamientos y no controlar la capacidad de carga que tienen estos espacios, incluso pretenden cobrar por entrar en los centros de visitantes, como ya propone para el Parque Nacional del Teide, cuando debían hacer todo los contrario que nos es otra cosa que fomentar la visita a los centros que sirven para interpretar sus paisajes, su historia y la riqueza de la gea, fauna y flora de estos lugares. Por eso el cabildo de Tenerife invierte mucho más en pistas y senderos turístico que en la conservación de sus valores naturales y en hacer frente a las necesidades de las poblaciones que viven en estos espacios. Por ejemplo ¿cómo es posible que los pagos de Anaga no tengan resuelto el problemas de sus aguas residuales? Qué esta comarca siga perdiendo población es indicativo de la mala gestión que se ha hecho.

El cabildo está investigado por su responsabilidad en el caso concreto de la piscifactoría, pero esto es solo la muestra de la pésima gestión medioambiental que hacen Coalición Canaria y el Partido Socialista. Un gestión que por lo visto no requiere que su responsable le dedique todo su tiempo, aunque ello suponga ignorar lo que, como consejero debía conocer.