“No nacemos de la casualidad ni de una manera espontánea, esto se debe a un contexto específico” en las Islas a partir del que un colectivo de jóvenes “con sensibilidades y experiencias diferentes” ha decidido organizarse para “luchar contra la indiferencia y la normalización” del creciente fascismo que emerge en el contexto político y social grancanario. 

Los integrantes de Acción Antifascista de Gran Canaria toman con estas palabras la iniciativa para hacer frente al fascismo ante el todavía menor pero incipiente apoyo popular que esta ideología deudora del autoritarismo, el racismo o la xenofobia se está cobrando en la Isla en particular y en el Archipiélago en general. 

No en vano, su expresión partidista más evidente, Vox, experimentó en cuatro años una ganancia de más de 4.000 votos tanto en las elecciones autonómicas como en las municipales en Las Palmas de Gran Canaria, y de más de 1.000 en Telde (885 en las municipales), experimentando crecimientos de alrededor del 3%, superiores al 2% en el caso de las elecciones al Cabildo de Gran Canaria y de Tenerife.

En las generales de 2016, el partido de ultraderecha obtuvo en Canarias 881 votos al Congreso; en abril de 2019 alcanzó casi los 70.000 y más de 117.000 en los últimos comicios del pasado mes de noviembre (un 12,44 %), 133 veces más que en aquel 26 J.

Dos fueron las razones que ha llevado a la creación de Acción Antifascistas, señalan desde el movimiento social, relacionadas entre sí. La primera surge cuando detectan “una tendencia de despolitización tremenda, cada vez la gente está más dormida, entre redes sociales, televisión... A la gente le cuesta más organizarse, movilizarse y participar” en iniciativas u organizaciones que pongan freno al ascenso ultraderechista. La segunda, un encuentro organizado por Vox frente al que “diferentes compañeros intentamos hacer un acto de respuesta y nuestra capacidad de convocatoria fue un poco lamentable”.

“Después de la desmovilización del 15M, los movimientos sociales han ido en una constante fragmentación y desunión, al tiempo que los fascismos en toda Europa han ido apareciendo y creciendo”, señalan desde el colectivo. Ejemplo de ello son “los movimientos identitarios y ultranacionalistas”, caso, entre otros, del partido Jobbik en Hungría, de Alternativa para Alemania, de UKIP en Gran Bretaña, la Liga Norte en Italia o de la formación de mayor gravitación electoral de todas que en Francia representa el Frente Nacional.

Se hacen presentes en el centro y el norte europeos, en otro plano, grupos armados de carácter nacionalsocialista como el alemán Combat 18 (nacido en los años 90 del pasado siglo, hoy ilegalizado) o el Movimiento de Resistencia Nórdico, erigido en Suecia como partido político. “En nuestro contexto específico lo que tenemos es a Vox, ese conglomerado de distintos fascismos españoles”, subrayan: “Nacemos para combatir este fascismo”.

Frente a un abanico de riesgos

No se trata sólo de amenazas o agresiones de cabezas rapadas y de los discursos de odio proferidos por determinados cargos públicos. El movimiento antifascista que nace en Gran Canaria se propone dar impulso a un “tejido social” que sirva de contraparte a las ideas más reaccionarias “en todos los frentes y en todas sus vertientes” y “no sólo porque ataca a la clase trabajadora, sino porque, en específico, este fascismo es muy virulento con las mujeres, con las personas LGTBI y con las personas migrantes y racializadas”, subrayan desde el espacio ciudadano recién creado.

No se limitan, pues, a una “presencia en las calles, hacer propaganda y prevenir ciertas agresiones”. Los jóvenes militantes se desmarcan de una visión estrictamente identitaria o autorreferencial del antifascismo y lo conciben como un movimiento integral que permita “trabajar día a día en el discurso”, atendiendo al “caldo de cultivo que se da para que estos mensajes -de odio- calen en la sociedad”.

Bajo el ambiente que propicia este estado de cosas subyacen elementos yuxtapuestos que, para este colectivo, son los que lo hacen posible: el capitalismo, el patriarcado y el neocolonialismo.

Entre sus acciones concretas planean “trabajar contra el precio desorbitado de la vivienda para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de acceder a una”, y contra las casas de apuestas, “una lacra que está llevando a nuestros jóvenes a una adicción que parece que pasa de largo y que nadie hace nada”. Del mismo modo, trabajan en materias feministas y LGTBI “defendiendo todas sus causas”.

Privilegios y normalización

“Nace Vox porque la clase burguesa española, ante la posibilidad de perder sus privilegios, echa mano del fascismo para aplacar todo avance social que se pueda encontrar”, argumentan los antifascistas. “No sólo la desorganización que ha habido esta época es la que ha hecho que haya espacio para que nazcan estas agrupaciones, sino que los medios, con la constante normalización de su discurso de odio y la no oposición a sus mentiras, han hecho que estas personas se envalentonen más y vean que tienen espacios que realmente no son suyos”, pormenorizan.

Los integrantes de este movimiento recién creado circunscriben la tarea que se proponen al ámbito de la sociedad civil: “La experiencia histórica de lucha contra el fascismo nos ha dicho que donde se les para los pies es en las calles y no en las urnas”.

Aunque el movimiento tiene sentido, sobre todo, porque la situación no es irreversible en un momento actual que no alberga aún los extremos que en el viejo continente alcanzaron su cénit entre las décadas de los años 30 y los 40.

“El antifascismo en sí no es sólo una posición en la teoría, sino que hay unos puntos clave” que se propone abordar y que se concretan en un espacio de apoyo mutuo que aúne “más poder de convocatoria” frente a “una amenaza que es real, que está en las instituciones”. En pos de defenderse ante un peligro que recupera los ecos de “esa represión brutal”, ya antes acontecida, y que “se merece como mínimo el decir que esto no lo queremos”. “Estamos aquí porque ya existe una historia que no se debe volver a repetir”.

Asambleario, independiente, autogestionado

Acción Antifascista de Gran Canaria se mira en el espejo del movimiento antifascista griego, enterrador de Amanecer Dorado, el partido neonazi otrora emergente y con cierta prominencia parlamentaria en el país heleno: aquel “es el claro ejemplo al que hay que seguir en todas partes”.

En Grecia, tal y como se analiza en el libro Epidemia Ultra: La ola reaccionaria que contagia a Europa (autoeditado, 2019), la estrategia giró en torno a movilizaciones masivas, plataformas amplias, la persecución judicial y la confrontación callejera. Pero lo cierto es que los contextos divergen: Amanecer Dorado ha sido un partido con un brazo paramilitar; Vox comporta al momento una sola faceta partidista.

Desde el nuevo colectivo, en otro nivel, reivindican la herencia que recogen del antifascismo canario histórico que enfrentó los horrores de la persecución y el exterminio, cuyos muertos “siguen marginados y abandonados” en fosas comunes por gobiernos y administraciones de la era democrática, recuerdan. 

Su naturaleza es asamblearia e independiente, y se sostiene de manera autogestionada. “Nuestra pretensión no es ni acercarnos a las instituciones, ni formar parte de ellas ni hacer campaña política por ningún partido”, remarcan desde el colectivo.

De hecho, alertan sobre los riesgos que llevan aparejados poniendo el foco en ciertas dinámicas inherentes a las instituciones, por las que la ciudadanía es objeto de una violencia burocrática que reproduce la victimización de la que son objeto minorías y colectivos determinados y que, detallan, es fruto de un “paternalismo” y un “asistencialismo” que están “soterrados” y que son “invisibles a nuestros ojos”.

“Ellos -los fascismos- ya cuentan con el poder económico, judicial y estatal, y con los medios -de comunicación- para ganar fuerza. Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar los espacios de la calle y resistir contra ellos”.

El resultado, esperan, es cortocircuitar las lógicas de la atomización social que avocan a los planteamientos individualistas donde la única ayuda válida es la que se cosecha a solas, para dar cobijo a un objetivo común alcanzable gracias a la autoayuda colectiva.

“Esto es fruto de la pura paranoia”, afirmaba Gerardo, vendedor de snacks y chucherías en la céntrica Avenida 16 de Julio de La Paz, aquellas jornadas en que el clima de miedo y desconcierto se instaló en la ciudad de La Paz tras el derribo, el pasado 10 de noviembre, del Gobierno de Evo Morales.

Bregado en momentos de la historia boliviana que trajeron zafarrancho, agitación y los rigores de la escasez, Gerardo experimentaba entonces una semana en la que el tiempo de sueño escaseaba y abrumaba el exceso de tensión. En su barrio, Villa Copacabana, zona popular asentada en una de las laderas más reconocibles de la urbe andina, y conforme a una labrada sincronización, los vecindarios, uno a uno, se organizaron aquellos días en torno a hogueras nocturnas para velar contra un saqueo y una agresión invisibles que, entre la sospecha y la alarma que corrían como la pólvora, creyeron ver cernirse sobre sus hogares.

“En la noche -del domingo 10 de noviembre- oíamos gritos de alerta, hacían sonar sus silbatos, estuvimos en pura tensión hasta la madrugada, e igual lunes y martes. Pero cuando alguien decía sentir que venían grupos -de saqueadores-, no pasaba nada o no eran más que los propios vecinos de más allá, que tan oscuro no se ven bien”, explicaba Gerardo, con la cara marcada por el secuestro del sueño, cuando las jornadas de mayor preocupación habían ya dado paso a una cierta normalidad.

Aquellas tres noches del 10,11 y 12 de noviembre, los mismos grupos de vecinos, apostados en sus calles durante largas vigilias, llegaron a asustarse involuntariamente unos a otros en la oscuridad de la madrugada. Los avistamientos que se producían eran difusos, las siluetas y los fuegos de hoguera incrementaron la confusión y a ella se sumaban los ruidos y el ajetreo propios del vaivén de vigilantes. El temor a los saqueadores se retroalimentaba de una cuadra (manzana) a la contigua, y se dio un contagio del miedo que se propagó a la luz de las lumbres dispersas en el vecindario, hogueras que emergían sobre neumáticos en llamas, alimentadas durante horas a base de alcohol de farmacia y algo de combustible.

El domingo 10 de noviembre, las calles paceñas se vaciaron al apagarse el día como en el preludio de un bombardeo. El supermercado, calle arriba desde donde me encontraba, montó, en apenas 24 horas, un portón de metal con contrafuertes de madera para fortificarse frente a un augurado saqueo. Los vecinos se organizaban para bloquear los accesos a edificios y casas y cerraban el paso de escalinatas y de rampas de lado a lado, con láminas de calamina y hierro, maderas, alambres y mobiliario urbano e incluso doméstico.

Un europeo con cierta memoria evocaría en esos instantes la Noche de los Cristales Rotos, pero en este caso como si las víctimas potenciales se percatasen del inminente ataque. Un boliviano, por contra, espera que algo así pueda ocurrir en jornadas, como la de aquel domingo, cuando el presidente abandona su cargo bajo indicaciones precisas del Ejército. Una de esas noches en las que la ley se muestra ausente.

Algunos vigías eran enviados calle arriba a recabar información. Emprendían misión de reconocimiento, pero su vista alcanzaba apenas distancias cortas, lo que no es mucho en la sinuosidad de las villas paceñas, carentes de un alumbrado público potente o abundante. Sus incursiones cobraron, a su vez, formas amenazantes para otros vigilantes que las intuían o las adivinaban y estos, de igual modo, alertaban a sus propios círculos de los avistamientos. El estado de suspense y terror no podía disiparse, mientras la amenaza desteñía sus tintes más políticos hasta alcanzar un carácter netamente delictivo.

“Me da la leve sensación de que alguien ya ha creado la nueva raza de la humanidad: Los masistas”, resumía con ironía Alba, otra vecina paceña poniendo en evidencia el leitmotiv mediático que tras caer el Gobierno pregonó la llegada de una presunta venganza a manos de los seguidores de Morales y de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). “Es como que gritaran que ya viene el lobo y todos entran en pánico. Es una manipulación bien asquerosa, y todos sólo siguen, y gritan”, concluía la joven.

Entre bastidores, la operación de Estado adquirió, en etapas, diversos ropajes que dotaron de entidad a los eufemismos con que se iba vistiendo el quebrantamiento de la legalidad, en aras de asegurar su legitimación social.

Fueron noches de pasos acelerados tras las esquinas de los edificios, el correr apresurado hacia las casas y, antes de la medianoche, de los potentes pitidos que proferían los vigilantes que, como hicieran antaño los serenos, alertaban ante cualquier amenaza ni bien intuían movimiento en la lejanía o recibían mensajes de alarma en sus teléfonos celulares. Lo propio hacían los porteros en los edificios: al sonar de su silbato, el bullicio se apoderaba de los pasillos y las entreplantas: prisas, idas, venidas y estrépitos precipitaron la escalada de una congoja cada vez más cierta en el seno de los hogares, antes de que los padres de familia salieran a los portales y las aceras a defender, militarmente, vestíbulos y balaustradas propios.

La luz del día, por su parte, dejaba al descubierto una ciudad gris, sin autos en circulación, con la casi totalidad de los comercios cerrados. Y sus cruces de caminos, aún humeantes entre los restos carbonizados de las gomas que ardieron, amontonadas tras imponentes murallas de obstáculos que no fueron parapeto frente a ataque alguno. Aceras surcadas por viandantes que no levantaban demasiado la vista y se amontonaban, apesadumbrados por el sueño y la rigidez muscular, en lentas colas para comprar carne y alimentos perecederos. A esta tensa situación se sumaba la escasez de suministros que se iniciaría al cabo de la semana, en gran parte, “porque la gente está paranoica”, señalaba la propia Alba. Familias y profesionales llevaban al límite la demanda de combustible en las gasolineras y de alimentos en los mercados de abasto y en los supermercados, una problemática que crecía por mor del vigente bloqueo de carreteras. La manifestación de protesta que cerró el acceso a la central hidrocarburífera de Senkata, en la ciudad de El Alto, alargó un desabastecimiento de gasolina que recabaría el foco de los informativos nacionales antes de que los disparos del Ejécito le dieran punto y final.

La inacción policial, cómplice con la escalada de tensión

¿Falsa alarma? A pesar de las noches de pitidos y de aislados ecos metálicos de cacerolas y barandillas urbanas, que saltaban las alarmas, aquel irrevocable estado de alerta no fue preludio del atentado generalizado. Pareció entonces desvelarse algo así como una trama retorcida, casi cómica, en la que los urbanitas jugaban papeles carentes de un guión coherente.

La primera noche, el terror fue paralizante; la tercera se intuía que la amenaza no era tal y que en cada caso respondía al intento de grupos de delincuentes y de extracción marginal por rapiñar lo que la coyuntura anárquica pudiese brindarles.

Sí hubo quemas y destrozos localizados en El Alto, la empobrecida ciudad siamesa de La Paz, y también en comercios de la zona sur, el entorno de las élites y las clases altas paceñas. Se dieron de forma localizada y en lugares que en aquellas jornadas fueron abandonados por la fuerza policial, que se mostró inoperante en medio de una dispersión desorganizada que, a ojos de la población, quedó justificada por su necesidad de estar en todas partes para intervenir en cada foco de conflicto.

Los encontronazos civiles, muy aislados, enfrentaron excepcionalmente a vecinos con saqueadores. Nunca a bolivianos con diferencias políticas e ideológicas, salvo en las contadas ocasiones en que dos manifestaciones adversas se encontraron, siempre bajo un fuerte control de la Policía y cerca de los centros de poder institucional donde la protesta es históricamente frecuente.

La inacción policial reveló la complicidad de los uniformados respecto a aquel estado de cosas. No en vano, cuarteles policiales de peso terminaron la semana anterior rebelándose contra el Gobierno de Morales.

Mostrando su respaldo hacia la intervención policial y militar, algunos vecinos comenzaron a ondear banderas de Bolivia al pasar de las patrullas de uniformados que, en un ejercicio gestual más que profesional, proliferaron en las vías públicas de La Paz -sobre todo-, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Potosí.

En contraposición a la Wiphala, identitaria del pueblo aymara y la cultura andina, la bandera tricolor se ha erigido en el símbolo de la oposición contra el Gobierno del MAS. En aquellos días inciertos no fue extraño ver la insignia nacional ondear en ventanas y automóviles, y también en los bloqueos de calles; a pesar de que la bandera boliviana no era, hacía tiempo, patrimonio de pertenencias exclusivas, sino un nexo entre los significados diversos que entraña el ser boliviano. Su apropiación, ahora, no dejaba de significar la apuesta por revertir el sentido de la integración plurinacional.

Las manifestaciones que se multiplicaron tras el golpe de Estado comportaron un movimiento de protesta íntegramente pacífico, que recibió en cambio una represión violenta de alta intensidad de parte de las fuerzas del orden bolivianas, fundamentalmente en La Paz, El Alto y Cochabamba, pero también en Potosí y Santa Cruz.

Las detenciones policiales que obtuvieron publicidad mediática se hacían de día, y la prensa, también la partidaria de los sectores de oposición a Morales -una tendencia cada vez más uniforme-, informó de la presencia de delincuentes comunes infiltrados en manifestaciones de carácter político. El diario de tirada nacional radicado en La Paz, Página Siete, refirió que “30 delincuentes que se habrían camuflado entre los marchistas que descendieron desde de El Alto en una marcha que demandó el respeto a la Wiphala, el rechazo a la presidenta Jeanine Añez y a la renuncia de Evo Morales” fueron detenidos el 13 de noviembre. “Por robo agravado, lesiones gravísimas y actos vandálicos en La Paz”, también cayeron presas 24 personas entre el 11 y el 12 de noviembre.

En los teléfonos móviles de varios de los detenidos se hallaron “mensajes y fotografías que enviaban a grupos con el fin de alertar sobre la presencia de policías y para identificar objetivos para robar”, de acuerdo a la información del Departamento de Análisis Criminal de Inteligencia (DACI).

“Las hordas” no existieron, sino que escondían una pobreza desclasada que no se incorporó al consumo.

La incubadora mediática de una única matriz informativa

“Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”, decía Malcom X durante las luchas por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. Pues bien, la idea de un golpe de Estado brilló por su ausencia en la cobertura mediática de marchamo boliviano que se desplegó a partir del derrocamiento de Evo Morales. Ni siquiera se le dio cabida dentro de las declaraciones que las televisiones recogían de boca del exmandatario, cuando efectuó su primera comparecencia pública ante los medios en su recién iniciado asilo en México, el 13 de noviembre. El relato hablaba de transición, interinidad y constitucionalidad.

La oposición conservadora montó escenarios conflictivos y obstaculizadores, utilizando a los medios de comunicación masivos como sus herramientas políticas desde donde, incluso, se emitieron discursos racistas y xenófobos. Radios, revistas y canales de televisión concentrados en multimedios han disparado con noticias deslegitimadoras en las que afirman que los indios no pueden gobernar porque son “sucios, brutos y revoltosos”. Así se describe la reacción mediática que sucedió a la llegada al Gobierno del MAS, en 2006, en el estudio Los medios en Bolivia: mapa y legislación de los medios de comunicación.

Si pocos son los propietarios de medios, monolítico fue el enfoque. La prensa rehusó definir la violación del orden constitucional, cuya existencia negaba de raíz al ignorarla como tal.

Si en España, diarios como El País o El Mundo daban cuenta de su interés por soslayar la comisión de un golpe de Estado, en Bolivia, la telEvisión, la prensa y la radio tampoco dieron pábulo a la cuestión ni voz a los que lo denunciaban, salvo honrosas excepciones. Sí se dio espacio a “especialistas” que validaban cada movimiento golpista.

“Con Evo (Morales) en el Gobierno, yo trabajaba en un medio oficialista, pero era opositor”, publicaba recientemente Marco, argentino y boliviano a partes iguales, en sus redes sociales. Recordaba, así, sus días como editor en La Razón, diario de amplia tirada nacional radicado en La Paz. “Y nunca nadie me censuró. Ahora, en cambio, siento miedo”, confesaba seguidamente, consciente de que tan solo cuenta con el poder de la palabra.

Marco se lamentaba aquellos días sobre la tendenciosidad flagrante de la opinión publicada. El periodista y escritor me ilustró aquellos días acerca de la noticia sobre la filtración de unos audios radicalmente reveladores sobre la injerencia estadounidense en la situación boliviana, que desvelaba el portal Behind Back Doors. “Y no reconocerán -la generalidad del periodismo- la intromisión extranjera”, se resignaba.

Lenguaraz, crítico y acostumbrado a levantar polvareda con sus apelaciones a la incorrección, Marco hacía un diagnóstico sobre la cerrazón de sus colegas periodistas, incapaces de entrever perspectivas apenas divergentes de la versión oficial.

El derrocamiento de Morales vio nacer en las redes y en los foros la reivindicación de comportamientos racistas y clasistas, y su convalidación por parte de los profesionales de la información, fuera y dentro de sus puestos de trabajo. Empujado por los vientos que trajo, el fraude electoral atribuido a Morales tornó en un hecho incontrovertible para la prensa y su caída trató de instalarse, a ojos de la opinión pública, como su consecuencia lógica e inaplazable.

Un ejemplo paradigmático del sesgo informativo que marcaba el relato sobre el golpe, dentro y fuera de las fronteras bolivianas, fue la puesta en evidencia por varios investigadores de la creación artificial e intencionada de decenas de miles de cuentas de Twitter, con el fin de aumentar el seguimiento a los líderes opositores y de promover críticas contra Morales mediante bulos e informaciones falsas.

La viralidad del hashtag #EvoEsFraude resultó pintoresca en este sentido. Uno de sus comentarios más compartidos, obra del estudiante boliviano radicado en Barcelona, Eduardo Baeza, superó los 13.500 clicks de seguimiento. Baeza imputaba a Morales ser “jefe de un cártel del narcotráfico” vinculado al cártel de Sinaloa, en México, y aseguraba basarse en el documental Clandestino, del periodista español David Beriain. El reportero, Beriain, desmintió tal aserto y declaró que “en el documental no se afirma eso”.

La libertad de expresión, bajo amenaza

Ya fuera ejercida por parte de determinados grupos sociales, ya desde el Gobierno de facto y la Policía, la censura ha sido una constante. La represión, la incautación de equipos y la persecución han supuesto en paralelo un factor de importancia capital en la legitimación del status quo que irrumpió en Bolivia el 10 de noviembre.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha manifestado con frecuencia su desagrado con respecto a lo que ha llegado a calificar como el “encarnizamiento judicial” del que “pueden ser víctimas”, en Bolivia, “los periodistas molestos”. También ha afirmado que en virtud del Decreto Supremo 181 de 2009, promulgado por el Gobierno de Morales, el retiro de publicidad institucional a medios opositores ha encarnado “presiones financieras” que “tienen mucho peso”, ya que “Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica”. Partiendo de esta asociación, RSF pone en relación la presión que ejercía el Gobierno del MAS hacia las empresas mediáticas con la pobreza estructural del país. La ONG ha sido reiteradamente sancionada por la UNESCO y retirada de su lista de Organizaciones No Gubernamentales, sobre la base de sus “propósitos por descalificar a un número determinado de países”, primero, y por servirse de métodos “que no son compatibles con los valores de la UNESCO en el campo del periodismo”, después.

RSF se manifestó a razón de los presuntos ataque perpetrados desde las elecciones del 20 de octubre contra periódicos marcadamente opositores al MAS como La Opinión y Los Tiempos, de Cochabamba; Página Siete, de La Paz; El Deber, La Estrella del Oriente, El Día y El Mundo, de Santa Cruz. Su director para América Latina, Emmanuel Colombié, metió esta vez en el mismo saco a “los dirigentes políticos, el Ejército, la policía, los manifestantes, así como los líderes sindicales y de grupos indígenas”, como sujetos de dicho amedrentamiento. La organización, sin embargo, nunca apuntó a que la puesta en la picota del derecho a la libertad de prensa se hizo poderosamente visible con la toma de las redacciones y sedes de medios de comunicación estatales y privados por parte de grupos de choque contrarios al MAS, ya desde la mañana del domingo que acabó con la desaparición del Ejecutivo de Morales.

Las estatales Bolivia TV y la radio Patria Nueva fueron cercadas e intervenidas y sus periodistas amedrentados y obligados a abandonar sus puestos de trabajo. La radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) fue atacada y José Aramayo, el director de la Radio Comunitaria de la emisora, fue atado a un poste y amedrentado públicamente. El canal de televisión Unitel, en El Alto, sufrió otro ataque, según publicó la prensa local, achacado a simpatizantes del MAS, algo que desmintió el propio partido al poco de que la noticia fuera ampliamente difundida.

RSF ha tachado a Bolivia como un país donde los medios de comunicación sufrían “fuertes presiones” de manos del Gobierno del MAS, al menos desde 2013. Pero aún no se ha pronunciado sobre las actuaciones del hoy Gobierno de facto.

Las revelaciones que sobre RSF hizo en 2014 Salim Lamrani, doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de la Sorbona, acerca de la financiación que recibe del Gobierno de Estados Unidos mediante la National Endowment for Democracy, tal vez arrojen luz sobre los intereses que toman forma en la organización.

El atentado contra la integridad de la prensa y sus profesionales ha quedado patente desde la autoproclamación presidencial de Áñez. Las vejaciones sufridas el 29 de octubre por una estudiante en prácticas que fungía como reportera para el canal de televisión ATB en Cochabamba, y que como resultado sufrió un desmayo sin mayores repercusiones. En la misma ciudad se registró igualmente, el 7 de noviembre, el amedrentamiento por parte de miembros del grupo de choque Resistencia Cochala (organización parapolicial cuyos miembros circulan en motocicleta en actos de agresión, secuestro y amenaza) a una periodiosta del diario La Razón, se sumaban a las 11 agresiones contra trabajadores de seis medios registradas entre el miércoles 6 y el jueves 7 de noviembre, según reportaba entonces la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).

“El miércoles 6 de noviembre, el fotógrafo de la agencia internacional de noticias EFE, Jorge Ábrego; el periodista de la red privada de televisión Bolivisión, Martín Colque y su compañero Dante Berríos; el camarógrafo del canal de televisión ATB, Miguel Encinas, y el periodista Alejandro Mendoza; Alejandro Orellana y Álvaro Peña, del sitio web del diario Opinión; Cristina Cotari, del periódico Los Tiempos, además de Diego Viamont, Álvaro Alcón y César Baldelomar de la de televisión Red Uno fueron amenazados e impedidos de cumplir sus labores”, se enumera en lapatriaenlinea.com. “El periodista Martín Colque y el camarógrafo Dante Berríos de la red televisiva Bolivisión fueron esos días amenazados, los periodistas del diario Opinión Alejandro Orellana y Álvaro Peña también fueron forzados a suspender una transmisión en vivo”, continúa la noticia.

El parte de sucesos contra la libertad de prensa cobró su dimensión internacional con la agresión con gases lacrimógenos, por parte de un policía, de la que fue víctima la corresponsal argentina de Al Jazeera, Teresa Bo, que cubría una manifestación convocada contra los atropellos del Gobierno de facto y las fuerzas de seguridad.

Un acto flagrante contra la libertad de expresión fue la detención de Alexandro Fernández Mancilla, estudiante de Cine de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el 21 de noviembre. El joven documentaba en vídeo una marcha de protesta en La Paz de las familias de los asesinados en Senkata bajo el fuego de los militares. Un grupo de periodistas presentes en la detención cuestionaron la legitimidad de Mancilla como documentalista. El joven respondió a los reporteros que ponían en duda a “una persona que está indignada, porque la prensa no está haciendo su trabajo. No hay nadie que esté cubriendo estas movilizaciones”.

Los sucesos de detención se extendieron a un equipo de producción audiovisual que trabajaba en un estudio de grabación de propiedad pública, instalado en una céntrica estación de la red de teleférico, en La Paz, el 22 de noviembre. Sobre la base del aviso que dieron a la Policía determinados trabajadores de la Empresa Estatal de Transporte por cable, dos profesionales del sector audiovisual que se encontraban durante la inspección policial en sus instalaciones fueron detenidos bajo la sospecha de ser “guerreros digitales” que, declaró entonces el ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, se hallaban operando en el lugar “con fines políticos”, lo que resultaba “algo abusivo”.

El objeto de la inspección y las posteriores detenciones fueron unos vídeos que el Ejecutivo de Áñez debió ver como una amenaza ante la difusión que se cobraban en redes sociales. Su contenido no ha trascendido.

Un director de cine, cuya identidad se omite para evitar el compromiso de su libertad y que trabajaba en dichas oficinas en la producción de una serie web, confirmó que todos los equipos tecnológicos e informáticos allí instalados fueron confiscados para ser “auditados” en busca de datos con los que el Gobierno pueda, eventualmente, justificar la incriminación de los detenidos. “Hacer vídeos y compartirlos en las redes sociales no debería ser ilegal, no puedes ir a la cárcel por eso”, comentaba el cineasta, “Me preocupa mucho que la mayoría de las personas crean que vamos a tener elecciones transparentes cuando, directamente, si dices algo que ofende a la presidenta puedes terminar en la cárcel”.

Al momento de escribir estas líneas, la Defensoría del Pueblo ha registrado, un total de 26 casos de amenazas o agresiones contra periodistas durante la crisis que envolvió al golpe de Estado.

Destaca el incendio alevoso del domicilio de una profesional del sector, así como la obstaculización generalizada en el trabajo periodístico, la limitada cobertura de los conflictos y la vulneración de derechos fundamentales. En línea con la permanente negación de los hechos que ha venido mostrando y ante la creciente evidencia sobre el acoso y derribo a la libertad de expresión, el Gobierno de facto convocó el 4 de diciembre una comisión para investigar sucesos de persecución política e ideológica que, afirman quienes se alzan en sus portavoces, se registraron durante las tres legislaturas de Gobierno del MAS y que, presumen, alcanzan una cifra cercana a los 1.300 casos.

En cualquier caso, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, ha instado una vez más a Bolivia a que se abstenga de continuar con sus acciones para amordazar a cuantos periodistas e informantes escapan a su canon de legalidad.

El país transita hacia nuevas elecciones desde la anomia social e institucional en un régimen de facto dominado por las Fuerzas Armadas y la Policía

Una parte importante de las convenciones que sostenían la integración social en Bolivia se rompió inmediatamente después del derribo del expresidente Evo Morales

El caldo de cultivo guerracivilista entre posiciones partidarias y detractoras produjo focos de enfrentamiento civil que dieron pábulo a las voces que pedían la intervención de la Policía y el Ejército

Caído el Gobierno, la construcción social y mediática de la amenaza de venganza que se cobraría la población que constituye su apoyo social y político se conjugó, en un estado de incertidumbre, con la desinformación propagada en redes y medios de comunicación

Zozobra, tensión, angustia, incertidumbre. Aventurar un sonido mecánico en el cielo y al momento recibir el estruendo de un motor a reacción para asomarse a una ventana y vislumbrar, en la noche aún joven del martes 12 de noviembre, lo que ipso facto se reveló como la irrupción de dos cazas de la Fuerza Aérea Boliviana que sobrevolaban la sede de Gobierno. La estampa produjo de repente una desagradable sensación de irrealidad.

Durante 15 minutos, ejercieron su imponente amedrentamiento sobre la población, fuera cual fuese el color e ideología de cada cual, mientras la televisión mostraba imágenes de automóviles y de blindados de pequeño formato, como tanquetas, abandonando el Cuartel Ingavi, el destacamento largo tiempo pasivo situado en la ciudad de El Alto, justo al borde de la enorme hondonada que ahorma a la ciudad de La Paz.

La Paz se precia de su tradición rebelde. “Cuna de valientes, tumba de tiranos” reza uno de sus credos más identitarios, acreedor de su historia levantisca. Hoy, el movimiento no es tal, sino que los “milicos” desfilan de nuevo por las avenidas paceñas como hicieron cuando el dictador Hugo Banzer, en 1971, se apoderó del Estado, y el peso de su llegada pasó desapercibido en la rueda de prensa en la que el alto mando militar afirmaba ofrecer sus servicios para “pacificar” el país y proporcionar seguridad a las familias.

Las pasadas de aviones por sobre la ciudad de La Paz se vivieron tanto de día como de noche durante los días que sucedieron a la renuncia de Evo Morales. Fuente: Clarín

Buena parte de Sudamérica somatiza los últimos meses una ebullición política y social que se visibiliza en Chile, Ecuador, Haití y también en Colombia. Bolivia acababa de sumarse a la lista. El país altiplánico-amazónico atraviesa un estado de gobernabilidad anómalo que involucra a sus instituciones y se extiende a la sociedad.

La anomia se define como “estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales”, pero también como una enfermedad que se caracteriza por “la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas”. El concepto alude con certeza a la situación de un país donde la cohabitación entre etnias y razas, la convivencia entre naciones y pueblos que regía a partir de la promulgación de su Constitución Política del Estado (CPE) en 2009 se rompe de pronto con el descabezamiento de su Gobierno y donde el racismo y ciertos tintes de guerracivilismo afloran tan pronto en las redes sociales como en boca de su nuevo y autoproclamado Ejecutivo. Un país donde las versiones oficiales revirtieron la connotación innegable que tienen los golpes de Estado.

Conforme anunciaba el Ejército, ante las cámaras, la activación de sus operaciones conjuntas con la Policía Nacional de Bolivia, el rumor de su llegada a las calles antecedió al eco de las sirenas de los coches patrulla y a las imágenes televisadas de escuadrones motorizados descendiendo sobre la sede de Gobierno de Bolivia “para evitar sangre y luto a la familia boliviana”, adujo su general en el pronunciamiento.

Al momento, las imágenes en pantalla estremecen a quienes me acompañan: “Ya se armó la cagá”, se convenció inmediatamente Angie, la joven mitad chilena mitad boliviana que más pesimismo arrastra ante elestado de las cosas. La noche anterior, en medio de la angustia que recorría las calles donde proliferaban puntos de vigilia y barricadas, Angie durmió empuñando un cuchillo de cocina, pese a residir en el noveno piso de un céntrico edificio paceño custodiado por dos porteros que hacen guardias nocturnas. De acuerdo con su postura, la joven parecía predispuesta a resistir en una batalla inminente,aún por llegar al albur de una convicción oscilante entre el temor y el rechazo: “Los indios son unos salvajes”, aducía, y por tanto su venganza por el volteo del estado de las cosas sería terrible. La amenaza de represalias y persecuciones trajo el desvelo del sueño y aumentó el grado de incertidumbre que venía in crescendo desde las elecciones hasta el punto de querer anunciar una escalada hacia la guerra civil.

Apenas 24 horas antes, Evo Morales pasaba a la historia de Bolivia como un presidente trucho y maleante que promovió un fraude electoral para extender lo indecible su Gobierno antidemocrático con tintes autoritarios. Escribía el final de su historia en un clima de descontento que invadía cada vez más los ánimos desde que la Organización de Estados Americanos (OEA) señalara públicamente, antes incluso de dar efectivo término a la auditoría solicitada desde el propio Ejecutivo, que resultaba “improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”.

Morales se encontraba entonces fuera de La Paz y resguardado en la comunidad que le vio nacer como el dirigente sindical que fue. El expresidente se encontró en situación de caza y captura, sobre la base de una instrucción sin juez ni ley mediantes y formulada por Luis Fernando Camacho, gran empresario del departamento de Santa Cruz e instigador destacado del movimiento opositor. Entre la rebelión violenta y la cruzada religiosa, Camacho dictaba la orden desde la misma ciudad de La Paz y con la sola autoridad que su fama le profería. A un tiempo, la Policía le contradecía.

Seis días antes, el 4 de octubre, Morales sufría un percance sin heridos en el que el helicóptero donde viajaba tras inaugurar una carretera tuvo que aterrizar de emergencia por causa de un fallo en el rotor de cola. Más tarde, ya exiliado, reveló sus sospechas de que el suceso “no fue casual”. Tal vez el hecho le remitió a la historia. El general René Barrientos, primer militar que dio un golpe de Estado para acceder al poder en Bolivia como presidente de una Junta Militar en 1964, murió en un extraño accidente de helicóptero en abril de 1969. Barrientos trascendió porque bajo su orden se efectuó la ejecución sin juicio previo, el 9 de octubre del 67, del guerrillero Ché Guevara, capturado por el sus soldados en la provincia de Vallegrande.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, pudo certificar la primera fisura seria de su apoyo popular en 2016 cuando el entonces mandatario perdió por una diferencia de entre uno y poco más de dos puntos el referéndum convocado para dilucidar si se postularía, una vez más, a la presidencia. Lo hacía en un intento por ampliar su mandato más allá de los dos periodos de Gobierno que amparaba como máximo la legislación boliviana para un mismo candidato.

Aquella señal de declive se antojó insoslayable en términos de tendencia aun en medio de una campaña de derribo que no escatimaba en infundios ni descalificaciones hacia el político orureño. Morales saludó después la sentencia del Tribunal Constitucional que rehabilitó su candidatura presidencial con arreglo a la protección de sus derechos políticos y declaró “inconstitucionales” los artículos de la ley electoral boliviana que limitaban la cantidad de periodos continuos que puede tener cualquier autoridad boliviana electa. Morales, en inferioridad y ante unos oponentes sin reparos para hacer siempre trampas, incumplió las mismas leyes que dio a luz la prédica de los movimientos de base que un día lo auparon al Palacio de Gobierno.

Con esos antecedentes se desencadenó una escalada de acciones que han violentado el orden constituido. Y algo en ello resulta cabalmente preciso en su aparente espontaneidad. El Euromaidán ucraniano y las “revoluciones de colores” acuden a la mente por comportar movimientos revestidos de un aura democratizadora. Pero las raíces subyacentes divergen taxativamente.

El orden democrático en Bolivia se siente ausente y sobreviene, tras la caída del dirigente, la constatación carnal de un terror palpable, aunque difuso. La extrañeza invade los ánimos y la madrugada del domingo 10 de noviembre, desintegrado el Gobierno a través de una inusitada concatenación de dimisiones en un lapso de 24 horas, trae el presagio de una Bolivia que no será ya la misma que se dejaba conocer hasta ese momento.

Hoy, al final de los dos meses más negros a los que los bolivianos asisten desde que el país emprendiera el Proceso de Cambio en 2006, salvo excepciones remarcables, resulta certero señalar que Bolivia se somete a un régimen donde el poder de facto está en manos de las Fuerzas Armadas, en primer término, y de la Policía en segundo. Y donde un Gobierno no elegido por el voto popular legitima las arbitrariedades del actuar policial y militar implantando en el país un estado de sitio por la vía de los hechos.

El objeto principal de la represión es la población rural en un país donde “el proceso de urbanización ha connotado una acentuación de la división técnica y social del trabajo entre campo y ciudad, así como un incremento de las desigualdades interregionales”, tal y como se aborda en el trabajo académico de 1999 Urbanización, Pobreza y Redistribución Espacial de la Población Boliviana. A los 10 días de su sanción, el Gobierno derogó el decreto que dejaba impunes los actos de los uniformados, pero el poder ya había hablado por la boca de sus fusiles.

Naciones Unidas debió verle las orejas al lobo y puso en marcha, el 14 de noviembre, el envío de un mediador, el diplomático francés Jean Arnault, con el fin de “apoyar los esfuerzos para lograr una solución pacífica a la crisis”, que anunció el 23 de noviembre un acuerdo a tres partes firmado entre el Gobierno de facto, el MAS y la Conferencia Episcopal de Bolivia.

Actualmente existe un acuerdo para la celebración de elecciones en el mes de abril dem2020, en un lapso de 120 días pero, hasta esta conciliación, la población estuvo transida por una situación de parálisis en lo social y de vacío en lo institucional desde la que asistió a la vulneración de sus derechos fundamentales. Morales no podrá ser candidato desde que el 18 de diciembre la Fiscalía boliviana ordenó su detención tras ser acusado de sedición y terrorismo.

No bien se proclamaba el nuevo Gobierno, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, alertaba sobre las declaraciones de la que era nombrada ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, respecto a la identificación que hacía el Ejecutivo de “periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición”, a los que instó a “responder a la ley boliviana”, incluyendo indistintamente a nacionales y extranjeros, principalmente argentinos que vinieron a cubrir la crisis que irrumpió con toda la fuerza el 10 de noviembre.

Antes de escribir estas líneas, las fuerzas de seguridad bolivianas ya participaron, al menos, en 1.504 detenciones, de las que 106 permanecen en vigor de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el más visible organismo del país en la denuncia de los actos de violación de los derechos de la población registrados las últimas ocho semanas. La Defensoría ha sido objeto de “hostigamiento y violencia” en su delegación cochabambina en unos actos denunciados por la propia CIDH, a pesar de lo cual ha materializado un espacio de acercamientos que posibilita objetivos de paz comunes entre las partes sociales en conflicto. El cómputo general de la Defensoría arroja un registro de 716 heridos a manos de civiles y 116 casos documentados de represión policial. Treinta y cinco son los fallecidos.

La escalada de tensiones que se hizo nacional apuntando hacia La Paz

El conflicto es la cotidianeidad de La Paz. La protesta acostumbra a presentar dos fases sucesivas: inicia con una manifestación y, a falta de acuerdo, le siguen un paro -huelga- y un bloqueo de calles en la ciudad, y de vías de comunicación entre departamentos. La expresión política de este conflicto encontró un primer aliento en Santa Cruz y Cochabamba y sus dedos fueron apuntando hacia La Paz.

Comandada por el mentado Camacho, gran empresario, entonces líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz y figura ultra de proceso, y arengada por el político opositor a Morales con más apoyos, Carlos Mesa, de la coalición Comunidad Ciudadana, prendió primero la protesta entre las clases medias urbanas, en su mayoría estudiantes y personas dedicadas a profesiones liberales a los que se sumaron empresarios de toda magnitud. Los manifestantes se presentaban en las vías de las ciudades, a menudo, integrando grupos de familiares. Padres y madres se turnaban para acompañar a sus hijos en cada bloqueo callejero.

La sospecha de amaño precedió y sucedió a los comicios sin solución de continuidad. Una fuente “anónima” que “trabaja hace muchos años” en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trasladó la víspera de las elecciones, al portal Brújula Digital, la información de que algunos de sus vocales planeaban sabotear el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el recuento no oficial y preliminar de los votos, “el día de las elecciones”.

El cómputo oficial dio el 20 de octubre la victoria a Morales con el 47,08% de los votos, frente al expresidente Carlos Mesa, depositario del 36,51% de sufragios. De acuerdo con la Constitución, al superar el 40% y sacar al segundo una diferencia de diez puntos, Morales era reelegido en primera vuelta. Pero Mesa denunció una comisión de fraude antes incluso de que se anunciasen los resultados oficiales y exigió una segunda vuelta, a tenor de que la ventaja de Morales alcanzaba apenas la magnitud requerida para hacerlo de nuevo presidente.

En ese clima, dos días después de las elecciones, la OEA acometía su auditoría electoral a petición de un Gobierno cuyo presidente se mostró dispuesto a ir a una segunda vuelta en caso de demostrarse la presunta trampa. Poco después, ante la progresión del conflicto social, el propio Morales anticipó públicamente la gestación de un golpe de Estado, mientras que la derecha y los sectores sociales que lo enfrenteban radicalizaron sus acciones de protesta y exigían su renuncia en el seno de un movimiento opositor que había rechazado en un principio la propia intervención de la OEA. Poco antes de abandonar su cargo, Morales convocó a unas nuevas elecciones para promover la distensión social, pero Mesa mantuvo su llamado a ocupar las calles y rechazó que Morales y su exvicepresidente, Álvaro García Linera, pudiesen en todo caso concurrir como candidatos.

Tras la atropellada desintegración del Gobierno, la protesta cambió de bando y pasó a ser, por contra, de campesinos y comunidades indígenas del Altiplano, de los valles interandinos, y de la región del Chapare, principalmente. Pero también de sectores sociales radicados en El Alto, tercera urbe en población de Bolivia, temida a menudo por los gobernantes dada su fuerte gravitación político-social. Tres días y cuatro noches, las ciudades del Eje Troncal del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) fueron testigo de cómo el miedo atenazó los corazones de la gente. Pero el miedo no era fundado.

“¿Sabes qué? La gente echó al Evo (Morales), celebró como si fuera la victoria más grande y no se están dando cuenta de lo que se está armando”, denunciaba entonces Alba, en sosegada conversación. Residente del paceño barrio de Sopocachi, la joven arqueóloga se mostraba preocupada tras el derribo del Gobierno: “De todas las otras personas de derecha -más allá de las cabezas visibles que han representado dentrodel país la oposición a Morales y su Gobierno-, hasta (Donald) Trump y (Jair) Bolsonaro están ahí metiendo sus manos, celebrando que el Evo (Morales) haya salido. Otra vez quieren entrarse a Bolivia y lo están haciendo”.

El país se veía desde las elecciones de octubre bloqueado incluso en sus pequeñas expresiones. Las calles eran surcadas por barricadas y por cierres del paso a cada intersección: calaminas, vallas mobiliarios público, contenedores y alambre cortan lo mismo avenidas de gran calado en el centro paceño y en sus distintas zonas que los accesos a edificios, viviendas y garajes. Igual, en El Alto y en Cochabamba.

“Y la razón por la que me siento tan desesperada es porque no sé qué hacer”, prosigue Alba,“ni siquiera discutiendo con las personas que tengo cerca, o hablando o charlando, no funciona”, paralizados por el miedo. Y el miedo es el combustible del odio.

Miguel, funcionario del Gobierno extinto, es un damnificado por la sustitución de trabajadores públicos que el nuevo Ejecutivo efectúa en toda la Administración. Su oficina, como las otras, es custodiada por efectivos militares que dan el cierre a la jornada, cada día, a las 18 horas. El Ministerio de Gobierno, de hecho, fue desalojado por los militares “con los funcionarios saliendo con las manos detrás de la cabeza”, anunciaba el joven trabajador del Estado, presagiando que tal vez pudiera ocurrirle lo mismo a él y a su equipo.

En aquellas jornadas inciertas, Miguel dio igualmente cuenta del relato de otro funcionario público que describía, en su blog, el encuentro con un taxista llamado Humberto, en las jornadas inmediatas a la ruptura institucional que trajo el 10 de noviembre. El bloguero, en su publicación, reseña cómo aquel laburante, perplejo y al mismo tiempo invadido por la rabia, dio fe de un episodio en el que “un grupo de policías llegó” a Rosales, barrio popular de La Paz, y comenzó a golpear las puertas de los domicilios. La mayoría de la gente, describe, aguardó dentro de sus casas hasta que de una “salió un muchacho enojado y alevoso”, que “reclamó a las fuerzas del orden la violencia con la que estaban tocando su puerta. A cambio recibió un balazo en el pecho. Humberto esperó, junto con otros vecinos, a que las fuerzas del orden se movieran de la zona y en cuanto pudo corrió a casa del muchacho que recibió el balazo. Murió en sus manos. Desde ese día la gente de Rosales decidió no salir más a reclamar nada”.

La Policía, en rebeldía, dispara a quemarropa a los olvidados de Bolivia. Extraño concepto para una rebelión.

Y sin embargo, el testimonio de aquel encuentro refleja reconciliación. De acuerdo con la publicación, Humberto confesaba al funcionario que “le daba mucho sentimiento saber que no es la clase social lo que nos separa, que él siente impotencia al pensar que los mestizos blancos de la ciudad y los indígenas estamos destinados a enfrentarnos en este momento de nuestra historia. No les miento -prosigue el relato-, Humberto lloraba desconsoladamente al punto que se abrazó de mí y sólo repetía ‘gracias, gracias, gracias”.

La utilidad política de un terror amorfo e indeterminado

“Hordas masistas de #EvoAsesino en Calacoto -barrio de las élites paceñas- saqueando tiendas y quemando la propiedad privada... ayuda por favor” o “así las hordas masistas saquean en el barrio de Calacoto en zona sur de la capital La Paz”. Son relatos sumarios publicados en aquellas horas oscuras y agraciados con un fuerte predicamento en redes. Sus autoras: la licenciada en Trabajo Social, Katya Jimena López y una tal Teresa Durán -cuya cuenta de Twitter aparece como “temporalmente restringida” por “actividad inusual”-, respectivamente. El canal: sus redes sociales.

Alrededor de epígonos, como ellas dos, del pseudosaber que se propaga por el solo titular, la gracia de la instantaneidad del click -sin pretensiones, o como parte de una guerra informativa premeditadamente servida- y en torno a una pantalla de teléfono móvil, la noche entregaba su trono al reino de las bestias. Sobre todo, a raíz de la viralidad que cobró en redes, el lunes 11 de noviembre, un vídeo en el que, lo que semejaba un escuadrón de desaforados vecinos de El Alto, en formación militar y enarbolando banderas wiphalas (hoy el símbolo referencia del pueblo aymara), emprendían una marcha multitudinaria al trote y al grito de “¡ahora sí, guerra civil!”. Se difundió que aquel grupo se dirigía hacia La Paz y que sus intenciones eran tan nocivas como las consignas que proferían a su paso daban a entender. Lo cierto es que la información carecía de fuentes fiables y que mensajes como estos otorgaron el pábulo exacto a los imaginarios más aterradores, previamente instalados.

El presidente dimitía y el mismo día la crisis se desataba en sus dimensiones más psicológicas. Con precisión quirúrgica, se bosquejó en la prensa y en las redes la existencia de una amenaza difusa circunscrita a los saqueos que son, por otra parte, una constante en Bolivia cuando emergen los tiempos de desorden o de ruptura político-social e institucional.

Así es como se ha pergeñado un pronunciamiento militar que encontró en la opinión pública el entorno propicio para justificar un presunto orden sobre el caos.

Pero, ¿qué o quiénes eran la amenaza? En la televisión se mostraba indistintamente, una imagen tras otra, a los grupos que protagonizaban las protestas, pero también a los delincuentes detenidos durante aquellas jornadas por la Policía. Los unos mostraban su repudio político y social, y los otros perpetraron incendios de instalaciones de buses, de supermercados e incluso de comisarías de Policía. ¿Campesinos en marcha reclamando justicia o gentes inmersas en la delincuencia habitual? Bajo el imperio del miedo, la distinción era indiferente mediáticamente hablando. Y sin embargo, los pobres que delinquen, destrozan y saquean habitan entre nosotros en las grandes ciudades. Son sus vecinos y no los habitantes de las comunidades rurales, que acuden de forma más o menos organizada a los centros del poder político de la nación en el transcurso de acciones de protesta. No es lo mismo.

Gran parte de la población urbana asimiló que ambos grupos se definían por una total equivalencia. Que, al fin, eran todos masistas: adeptos de Morales con intereses vinculados a las cuotas de poder propias de su Gobierno y de su partido, el MAS. El masista era -y es- un otro cuya otredad ponía en jaque un modo de vida. Diríase incluso que a la civilización misma.

Atropello a las libertades

Una incubadora mediática instauró la idea de una “invasión de los indios”, venidos desde el Altiplano hacia el municipio de El Alto para asediar La Paz, y desde los campos y los montes para quemar Cochabamba. Saqueo, robo, incendio y violación. “Las ciudades han estado constantemente en una situación tan cómoda porque, a lo largo de toda la historia, es gente del campo la que ha venido a luchar”, razonaba Alba, de nuevo. “Es gente del campo que está marchando ahora da por seguro que les vamos a quitar tierras, que les vamos a quitar su libertad, ¡están marchando mujeres que piensan que les van a quitar las oportunidades a sus hijos! Pero la gente de la ciudad no lo ve así, solamente ve estos orcos. Es terrible”.

La chica verbalizaba su desazón después de asistir a una charla de Silvia Rivera, socióloga, activista e historiadora boliviana que el domingo 17 de noviembre anunció públicamente una demanda contra la mentada ministra de Comunicación del Gobierno de facto, Lizárraga. Lo hizo “por el uso indebido” de su “participación en el parlamento de las mujeres -evento de protesta previo-, completamente fuera de contexto, como si estuviera de acuerdo con la política de terror que ha desatado su Gobierno contra la población”, había expresado la propia Rivera.

El encuentro fue un intento por insuflar oxígeno a las personas que se oponen al autoritarismo y las maneras racistas y discriminatorias con que el Gobierno de facto está dirigiendo los designios de Bolivia. Alba se mostraba firme en sus convicciones: “Lo que ahorita tenemos que hacer es encontrarnos y aliarnos, apoyarnos, porque esto no se puede tragar solo, está muy duro. Tengo amigos con los que he estado en el colegio, que si publico algo en Facebook me atacan, me responden '¡no¡ Necesitamos que estén aquí afuera (el Ejército y la Policía), porque van a venir los narcos a atacarnos con armas'. Es una desesperación horrible”.

El Chapare, donde se originó el movimientos campesino y cocalero del que emergió el Morales líder sindical, es una región afectada en medida considerable por el narcotráfico. Esto es un pretexto, a menudo, para formular acusaciones recurrentes en las que se tacha de “narco” lo que tenga que ver con las bases del movimiento cocalero y campesino, las cuales constituyen el apoyo social del Movimiento Al Socialismo.

“Tenemos que aferrarnos a nosotros, agarrarnos y apoyarnos. Esto es un atropello contra todas las libertades ciudadanas que tenemos y la gente no se está dado cuenta, porque les han dicho que les van a venir a matar y es por eso que los policías están ahí, los militares están ahí: Si no nos empezamos a informar, esto va para largo”, se reafirmaba Alba.

En efecto: envuelta por la desinformación, gran parte la población boliviana acababa de iniciar un proceso de desvinculación de la realidad del que, dos meses después, no ha logrado emanciparse. La verdad resultó ser un convencimiento hallado en la pantalla del teléfono celular o a través de unos diodos luminosos.

“Esta filosofía ha trascendido de generación en generación y es justamente eso, transmitir el propio conocimiento”. Así describe Nicolás Delgado, profesor de origami en la ciudad de La Paz, Bolivia, la finalidad fundamental de esta disciplina. De entre los significados emanados de este arte, que se erige como una forma de vida en sí misma, “ha trascendido el tema de la paz”, prosigue el maestro, artífice y conductor de un taller de seis meses de duración que ha concluido con un acto de reconocimiento de la Alcaldía paceña a la labor social y artística del origamista y de sus 19 alumnos, que van desde los ocho años hasta edades más adultas.

En ese lapso de tiempo, los jóvenes aprendices han alcanzado niveles técnicos y creativos notables que se conjugan con la experiencia terapéutica que acompaña a esta peculiar manufactura, y que “sirve para hallar un espacio de paz” en un ejercicio de desarrollo que apela a lo espiritual.

El origami es el arte del plegado de papel. Ranas, grullas, mariposas, cisnes, dragones acuden a la mente cuando se piensa en origami; pero Delgado y sus alumnos ponen del revés el imaginario popular, apropiándose de la técnica para dar vida a todo un universo de diversidad en las formas y los significados. Este arte tiene alrededor de 1.400 años. Nace en Japón, en un marco simbólico y religioso. “Justamente aparece con la idea de trabajar el papel para la obtención de formas, partiendo de lo más abstracto hasta llegar a lo artístico”, describe Delgado.

Acunado por el sintoísmo, una rama nipona de la religión animista, mediante el origami “se realizaban ofrendas a partir de estas formas de papel”, describe Delgado, figuras que representaban animales y también formas poliédricas, concebidas para cobijar en ellas el aroma del incienso y de otros derivados de las plantas.

La historia misma del origami trasluce una “filosofía de la transmisión”, puntualiza Delgado, cuyo ejemplo es fiel reflejo de ello: enseña y divulga la técnica desde hace 24 años en Bolivia y más allá de sus fronteras, por ejemplo, en la televisión argentina, e impartiendo clases y talleres a escolares, adultos y personas mayores. Fue un Delgado niño el que recogió el testigo de manos de su madre; es el Delgado adulto quien hace lo propio con sus alumnos.

Así comparte “una pasión”, como él mismo argumenta: la del “arte en papel”, que experimentó en profundidad durante sus viajes a Japón y recuperó para difundirla en su Bolivia natal al crear la Sociedad Boliviana de Origami, de la que es fundador y presidente y con la que continúa “remando en un barquito de papel”, como él mismo indica. El caso de la Alcaldía, que presta ahora su apoyo al taller del origamista, es el que más orgullo le produce.

Delgado es oriundo de Tarija, de donde llegó con cuatro años a La Paz. El profesor rememora cómo en Navidad, en “un pequeño cuarto con bolsas de cemento”, su madre lo inició en la disciplina milenaria para montar todo un nacimiento, con su niño Jesús, su Virgen María, su San José, su mula y su buey. Un Belén hecho a base de papel y cuyas figuras fueron por vez primera fruto de su pericia con la papiroflexia.

“La Alcaldía ha reconocido este arte, lo que ha dado pie para que esté en diferentes espacios urbanos”, subraya Delgado, quien ha propiciado la celebración los pasados meses de octubre y noviembre del festival Origami por La Paz Maravillosa, con motivo del Día Mundial del Origami. “Pienso, como, duermo… todo lo que hago es pensando en origami”, confiesa. “Personalmente es un estilo de vida”. Delgado imparte clases de origami en el Colegio Ecológico Utasawa, radicado en la zona de Achumani. Allí transmite “el arte del origami ligado a una enseñanza del reciclaje”.

Mensaje de paz

Sadako Sasaki fue una niña japonesa que con dos años quedó expuesta al bombardeo atómico que tuvo una población civil como objetivo militar, realizado por Estados Unidos el seis de agosto de 1945 en la ciudad nipona de Hiroshima. Sasaki, que en el momento de recibir la radiación apenas comenzaba con la aventura del saber, contrajo leucemia como consecuencia del bombardeo y falleció al cabo de 10 años. No sin antes legar un mensaje que para los japoneses, dentro de su patrimonio sentimental e histórico, ha cristalizado en una idea sobre el componente ineludible de la paz y la esperanza en sí mismas.

Durante el desarrollo de la afección que sufrió, provocada por la radiación nuclear, la niña se propuso dar forma a mil grullas de papel. Mas quedó a medio camino al momento de fallecer al dejar hechas 644 figuras que la precoz artista fabricó como un acto de fe en la creencia japonesa de que, el autor de mil grullas de papel, sanaría sus enfermedades al finalizar su obra. “Sus compañeros de la escuela”, rememora Delgado, concluyeron las restantes grullas hasta alcanzar el millar y el anhelo de Sasaki: “Paz. No violencia”. Desde entonces, la grulla simboliza esa paz que Sasaki, y con ella el pueblo japonés, pregonó como una política de Estado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

“Trato de reflejar esto en los talleres”, relata Delgado: una filosofía sobre la paz y también sobre el cuidado del medio ambiente. Además, es terapéutico: “El hacer la figura tiene que ver con cómo te sientes en ese momento. Si tienes estrés, encuentras cómo descargarte. Es ese aura que te desprende de todo eso”, dice el profesor, que ya utilizó esta técnica con adultos mayores a través de ejercicios multidisciplinares en torno al origami y el tai-chi. La metodología del origami pasa por “concentrarte” y “tal vez así olvidarte” de ciertas sujeciones existenciales, desgrana. Una filosofía que transmite métodos de paz para alcanzarla en unos pliegos de papel.

Fusión

“Hoy en día estoy fusionando papel y plástico” y otras disciplinas como la pintura, la escultura y las matemáticas, explica Delgado, que relata cómo su tarea es instruir en la técnica para que el alumno “pueda crear lo que desea”. Se parte desde lo abstracto, de arrugar una hoja de papel para, mediante una serie de pasos, jalonar los pliegues hasta hacer tantas formas como la imaginación invente: complejos poliedros, esferas o incluso piezas de bisutería, como pendientes y collares. El grado de complejidad “no tiene límites”, sentencia Delgado.

En familia

Elizabeth Condori y Pedro Mérida son madre e hijo. “A mi hijo”, explica Condori, el origami “le da margen para que tenga mucha iniciativa”. La disciplina milenaria es un punto de encuentro donde madre e hijo se vinculan emocionalmente a través del arte, en un nexo que aúna la “versatilidad” del niño y la experiencia de la madre, como ella misma reconoce. Ambos aseguran que han consolidado su capacidad para cooperar entre sí a partir de esta actividad.

Pedro, que a sus 10 años explora las bondades del arte con su madre, extrae su propia lección acerca del origami a partir de la práctica misma: “Se tiene que ser paciente”, dice, no en vano “algunos origamistas tardan horas en hacer sus figuras”. El joven aprendiz señala sus obras mientras contabiliza el tiempo dedicado a ellas, desde los 15 minutos hasta la hora de duración. Y si bien no desdeña la importancia de cada obra, con independencia del tiempo requerido para su elaboración, subraya que el tiempo permite la agregación de detalles y, con ellos, más belleza en cada figura.

Estilo propio

La alumna Fabiola Laura Sirpa, al comenzar el curso, tomaba el origami como un hobby. Pero a medida que avanzaba en su aprendizaje surgió en ella la motivación para transmitir, a su vez, esta enseñanza a otras personas. Y es que el planteamiento del taller partió de la técnica hacia la elección de un estilo propio. Crear figuras que, en sus constructos, se alejan tanto o más de las formas orientales clásicas que acostumbramos a ver en los libros como distintas son las culturas boliviana y japonesa.

De entre las cualidades del origami, Sirpa destaca la belleza de los kusudamas, figuras geométricas de diversa factura y tan complejas como lados les quiera otorgar el origamista. Angulosas relucen con sus caleidoscópicos estampados las kusudamas o “esferas de la salud”, como se las llama en Japón, aclara la alumna. Allí se utilizan para aromatizar y generar ambientes relajantes. “Me gustan porque pueden constar de miles de piezas”, explica: “Vas pensando cómo armarlas y al principio no te sale, parece imposible. Pero al final el resultado es muy bonito”.

Premiados por el Gobierno municipal de La Paz

La alcaldía, por medio de la Dirección de Fomento a la Producción Artística Cultural del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, otorgó un certificado a cada uno de los 19 alumnos con el fin de poner en valor “el esfuerzo, la dedicación y el tiempo dedicado” al aprendizaje del origami en el taller oficiado por el maestro Nicolás Delgado, tal y como enunciaron los funcionarios municipales que hicieron entrega a los aprendices de los documentos. Los empleados municipales realizan un seguimiento periódico de los avances de los alumnos, que exponen sus creaciones.

“La idea de la Escuela Municipal de las Artes de La Paz es hacer formación de artistas”, explica Boris Clader, funcionario municipal, y de hacerlo a través de talleres con una incidencia teórica y práctica en las disciplinas del teatro, la danza, las artes plásticas o la música folclórica, como un impulso institucional para las iniciativas creadoras de los jóvenes paceños. Para ello, el Ayuntamiento cede instalaciones municipales y entrega los reconocimientos oficiales pertinentes al trabajo realizado. El taller de origami es “bienvenido” por la vehiculación que hace de una cultura oriental hacia contextos bolivianos, subraya el funcionario.

Machaca en aymara quiere decir “nuevo” y, sin embargo, sus poblaciones tienen un corazón antiguo, un acumulado de genealogías que se pierde en la memoria, pero que late todavía hoy con la intensidad de un adolescente enamorado.

Lo aymara como cultura, como forma de vida, como etnia o como pueblo, permea en un registro inveterado aunque perfectamente plausible en sus manifestaciones actuales que, en las localidades de la región machaqueña, se respiran en lo cotidiano dentro de una suerte de convivencia pacífica entre las cosas que trae la llamada globalización y las concepciones tradicionales sobre el vestir, el comer, el festejar, el relacionarse.

“Seguimos siendo un pueblo, el testimonio de que tenemos una cultura propia, distinta a la occidental. Un testimonio precolombino que, aunque ya muy modificado, nos permite contar algo que es propio” y que persiste, explica Gerardo Ichuta, oriundo de la región machaqueña y conocedor de sus gentes y sus costumbres. Entiende la lengua aymara, aunque apenas la habla.

Él, como lugareño, ejerce de cicerone en una visita y recorrido por la localidad altiplánica de Jesús de Machaca, sexta sección municipal de la provincia Ingavi en el departamento de La Paz, inserta en la región de Machaca, así denominada. San Andrés, Santiago, Santo Domingo, Santa Ana, son los principales municipios de esta región, que reparte sus poblaciones entre las provincias Ingavi, José Manuel Pando y Pacajes.

El comercio es un rasgo diferencial aymara que ha coadyuvado como fundamento de su hegemonía por sobre otros pueblos originarios de Bolivia, especifica Ichuta. “Los mestizos que comerciaban con la papa para llevarla a la ciudad hablaban aymara bien, estaban obligados para comerciar”. Y así prevaleció la lengua y junto a ella la cultura. Hay diferentes tradiciones, pero una misma línea.

Matices distintos integran las costumbres, lo que incluye los bailes y la comida. “Los aymaras de Machaca marcamos diferencias dentro de la cultura aymara. La región de Machaca tiene su forma de vestir, distinta de los aymaras de otros lados. Son formas de auto identificarse”, dice el machaqueño.

En lo que se refiere al municipio de Jesús de Machaca, este abarca alrededor de 17 ayllus, que constituyen la forma de organización social y territorial propia del territorio y de los Andes, más genéricamente, en base a vínculos de parentesco, idioma y culto comunes. Sin embargo, la división geográfica que rige oficialmente es la municipal. En esta rica diversidad poblacional de la región de Machaca se establece una jerarquía territorial que se dibuja desde las comunidades, en la base, pasando por los cantones y llegando hasta la demarcación de municipio.

En este contexto geográfico “se está imponiendo la demarcación occidental sobre la tradicional, ya que algunas comunidades se han acabado integrando en cantones, si bien otras permanecen aún como comunidades”, apunta Ichuta. “El mismo municipio de Jesús de Machaca es un pueblo colonial español en su origen, si bien se dio una fuerte migración a la ciudad con la reforma agraria (que data de 1954)”, que se tradujo en un desvanecimiento de la herencia mestiza. Su monumental iglesia queda como recuerdo de aquellos orígenes.

Y sin embargo “en algunos pueblos del Altiplano y los valles todavía quedan los mestizos y sus vestigios en forma de casas antiguas, casas con paredes grandes, con techos de teja al estilo español. Aunque Jesús de Machaca alberga hoy casas con puertas y ventanas pequeñas, coloridas”, desgrana el machaqueño.

En Jesús de Machaca, los vecinos celebraron largo tiempo su fiesta el día cinco de agosto de cada año, día del Niño San Salvador, una fiesta en la que no se inmiscuyen los comunarios. Ese día, igual que antaño, se congregan todos los residentes de Machaca y bailan morenadas y otras danzas folclóricas. Así es como se ha conformado la festividad desde la religión cristiana en el devenir de la región desde la colonización.

La danza del Kena Kena

Pero lo que especialmente llama la atención al profano en Jesús de Machaca es el baile del Kena Kena, en el que las comunidades del municipio (del mismo modo que ocurre en otros pueblos machaqueños) despliegan en la plaza principal sus cohortes de kena kenas, miembros de las comunidades que tocan sus flautas (kenas) de caña guiando a los danzantes; y entre ellos, el khusillo, un personaje bufonesco que hace mofas con sus gestos y su máscara esperpéntica mientras toca el tambor ante la concurrencia.

El festival está organizado por el municipio con un objetivo de reivindicativo de la identidad propia de la región de Machaca. El baile es exclusivo de Machaca y marca la diferencia en una suerte de cadena de valor del folclore andino. Aunque “el Kena Kena, ahora, se ha reducido a un concurso supervisado por el municipio, cuyas autoridades otorgan un premio al ayllu ganador”, expone Ichuta.

La música en el rito del Kena Kena es una expresión de celebración propia de la cultura aymara, que, tal y como se refiere en el libro La Danza Folklórica en Bolivia, obra de Antonio Paredes, etnógrafo boliviano, “presumiblemente sirvió en su época para alentar las virtudes guerreras del pueblo kolla” y, aunque “la música es triste, te puede servir para llorar o también para bailar”, señala Ichuta. Y es que la idea es expresar que “la vida y la muerte conviven juntas”. “Los cánticos”, sin embargo, “se han perdido”, continúa, “los aymaras no somos una cultura muy de canto”, si bien “queda” un resquicio en las entonaciones de “las personas mayores”, que recuperan líricas de antaño. Una cultura en la que, en principio, “el canto es para la mujer y la música para el hombre”, finaliza.

El concurso se enmarca en una feria de productos típicos de la región, como alimentos, vestidos y e instrumentos musicales propios del lugar, que se celebra el primer domingo de cada mes de octubre, con motivo de la festividad de la Virgen del Rosario. Si bien es cierto que la índole católica ha desaparecido por la paulatina reducción de la influencia eclesiástica, y sobre todo a raíz de un incidente que tuvo al párroco del municipio como protagonista en los años 20 del pasado siglo.

Los habitantes de Jesús de Machaca, conocedores de que el párroco celebraba presuntos rituales de iniciación al matrimonio que implicaban abusos sexuales, rechazaron su presencia en el pueblo. La presencia de la iglesia no ha vuelto a ser la misma.

Especial mención en estas fiestas merece la espectacularidad de los trajes de las autoridades, fieles a las leyes que rigen en sus ayllus. Los líderes, mallkus o jilacatas en el caso de los varones, mama thallas en el caso de las mujeres, se agrupan en cuatro representantes por comunidad, comandados por el mallku mayor. Los músicos portan una coraza rematada con piel de jaguar (qhawa) y los látigos (chicotes), que esgrimen en sincronizadas trayectorias durante las danza. También se adornan con plumas de loro verde, que es ch’akana si las portan en el torso o ch’ojñas si cuelgan de la parte trasera del pantalón. Estos ropajes se sustituyen por ponchos, dado que la caza de estos animales está vedada.

Entre las mujeres destaca el tocado negro, llamado montera, que lucen las mama thallas. El aguayo multicolor con fondo negro es típico de la región de Machaca, al igual que los ponchos rojo, azul y verde. Las autoridades, por su parte, deben portar esta vestimenta durante todo su mandato en todas sus exposiciones públicas, y “que la autoridad no porte la vestimenta es deshonroso, es como renegar del cargo que te han dado”, matiza Ichuta.

“Ha habido muchos bailes tradicionales que se han ido perdiendo, pero el Kena Kena ha sobrevivido”, apunta Ichuta, tal vez beneficiado en su competencia con otras manifestaciones culturales. Las comunidades acuden a ofrecer su mejor versión del baile propio de la región. “Cuando no se da esta competencia, algunos bailes tienden a desaparecer, porque no hay una motivación”, dice el machaqueño.

Si antes se bailaba por un motivo religioso, hoy el premio que otorga el municipio al considerado mejor baile es lo que azuza la inquietud por la práctica de bailes como el Kena Kena, “de hacerlo mejor, tratar de convocar a más gente”. “No le pasó lo mismo a la tarwila, una danza de Jesús de Machaca que se perdió y en la que las vestimentas eran de cuero de camélido, con plumas de parihuana del altiplano”. El Kena Kena es, pues, un grito de afirmación cultural.

Gastronomía

El cordero es el plato por excelencia en Jesús de Machaca el día de los kena kenas. Se sirve como timphu o como jakonta, sendos platos típicos de la región. El timphu: cordero cocido en olla y servido en ají. La jakota, en sopa. Las comunidades siembran en el apthapi un espacio compartido con sus congéneres donde comparten diversos alimentos dispuestos sobre el aguayo, en comunidad, para su provecho y disfrute.

El Chuño, la papa, el queso y la kispiña (galletas de quinua) son los protagonistas. En cuanto a la bebida, antes se estilaba la chicha, ahora impera la cerveza. Existe un “protocolo inicial” en la fiesta, una especie de norma no escrita, “las mujeres toman el 20%, el 30% de la cantidad de cerveza que toman los varones”, aunque “ya luego todos toman lo que les apetece”, destaca Ichuta, risueño.

Rodrigo Leite (1985, Pirassununga, São Paulo, Brasil) da a luz a su particular tránsito artístico y personal con Love Notes (2016, autoproducido), un trabajo expresionista mediante el que el artista marca distancia con una etapa entregada a la interpretación grupal, para adentrarse en un terreno de autor en el que conjuga aires de folk y dessert con el grunge, el indie o el rock&roll sintetizando sus propias fórmulas, aderezadas con ritmos brasileños.

En las composiciones “asoman las patitas Eddie Vedder, Ben Harper, Johnny Cash, José González, incluso los Beatles y también la música brasileña”, relata Leite, que a partir de Love Notes pasa del rock que solía engendrar a la guitarra en bandas como The Amaroses o The Buddha Mothers durante su etapa de residencia en Canarias, a componer desde estos otros géneros desde un plano “muy personal”, que casa con las circunstancias vitales de profundo cambio que ha ido experimentando en Barcelona, a donde se trasladó en 2013.

La génesis de Love Notes parte de “una serie de temas que parecían tener una conexión entre ellos, que explicaban por lo que había pasado y se adaptaban a un formato con el que podría moverme por los bares de Barcelona”, desgrana Leite. El disco es la materialización de “una cantidad importante de ideas” que ponen fin a una composición “compulsiva”, desatada en su mayor parte durante esta última “etapa de cambios en la que me mudé a Barcelona y en la que hubo un verdadero torrente de ideas”, profundiza el músico. “Además, decidí empezar con estas canciones íntimas, que simbolizaban este cambio vital, un nuevo comienzo”, continúa.

Intimidad lírica

Love Notes se presenta en siete cortes que desgranan la rica paleta de estilos de la que se vale Leite y con la que da forma a un alegato “muy personal”. Tal y como describe su autor las canciones: Let es “catártica”; Cold Wood, “un homenaje a mi compañera de seis cuerdas”; Soul Caress “habla de relativizar los problemas”; Love Notes remite a “la presión” en su sentido más humano y personal; Washing By, por su parte, apela al llanto “como alivio de esa presión auto impuesta”; Sweet Homes es un relato sobre “el circo mediático y nuestras vidas como espectadores”; y Animals filosofa acerca del “futuro incierto del hombre”.

Leite, como proyecto, “empezó solo en mi cabeza, pero poco a poco, a medida que lo he ido sacando fuera, felizmente me he ido cruzando con gente que se ha apuntado a colaborar”, apunta el artista. Le acompañan el también brasileño Renato Souza, al contrabajo, y las hermanas Irina y Leticia Rodríguez a los coros y la batería. “Leticia, además, ha jugado un enorme papel en este proyecto prestándose a volcar sus talentosas manos para ilustrar este trabajo y ayudándome a desarrollar el concepto del DSD”, detalla Leite.

Formato DSD (Disco Sin Disco)

Leite presenta su trabajo en un formato de creación propia que ha acuñado como Disco Sin disco (DSD). Es por esta aparente paradoja que Love Notes está disponible para escucha y descarga por adquisición en la web Bandcamp.com, pero también se pone a disposición, previa petición para envío, su contraparte en formato físico: “Un DSD es un disco sin disco, se trata del libro que acompaña a la música de Love Notes, con las letras e ilustraciones” concebidas para “cada canción, y es parte inseparable de la obra”, según el propio autor. Es una distribución alternativa para “artistas que no pueden permitirse la fabricación de vinilos o cedés y que quieren ofrecer algo tangible junto a la distribución digital”, añade Leite.

Love Notes ha sido costeado por el proprio autor, si bien contó con el apoyo económico de amigos y allegados. El disco ha sido llevado al directo en Barcelona por la banda y por el propio Leite en solitario, formato que se le hace “más cuesta arriba”, confiesa, pero al que se está adaptando al “conectar con la música” del álbum cada vez más.

Leite, más allá de la capital catalana, espera, en la medida en que el tiempo y los recursos se lo permitan, poder llevar Love Notes en directo por el sur de la geografía española y hasta las Islas Canarias, en el primer tercio de 2017.

“Queremos contribuir a un mundo donde cada hijo, donde cada hija sea deseado y deseada, sin sorpresas”. Así se expresaba el director de Marie Stopes International Bolivia, Ramiro Claure, en la presentación el pasado 29 de enero del Experminator, un videojuego cuyos retos se vinculan a aprendizaje y la formación en torno a la educación sexual y reproductiva.

Experminator, diversión con prevención es un juego para teléfonos móviles desarrollado por esta ONG de origen británico, que opera en  42 países del mundo mediante sus cerca de 600 centros, 1700 franquicias sociales y unidades móviles para el trabajo en terreno, principalmente de índole rural. Con este juego la organización se vuelca en una nueva línea de intervención, a través de las nuevas tecnologías, dentro de su trabajo en el ámbito de la divulgación de los métodos anticonceptivos y de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), enfocada hacia el público adolescente y juvenil. En apenas tres semanas, la aplicación ha sobrepasado las 20.000 descargas.

La educación es un elemento fundamental para garantizar el acceso pleno y libre al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, cuya prevalencia es garante para la realización personal y la consecución de una vida digna en las sociedades socialmente avanzadas.

Es la capacidad de acceder a una formación integral en el ámbito de estos derechos lo que proporciona la igualdad de oportunidades para asegurarse el efectivo ejercicio de estos derechos humanos e inalienables, con independencia de la procedencia o del estatus socioeconómico de las personas.

La realidad boliviana arroja unos datos que implican la necesidad de impulsar y desarrollar la formación en derechos sexuales y reproductivos entre los jóvenes:

Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2008), en Bolivia cerca del 18% de las adolescentes de entre los 15 y los 19 años ya es madre o está embarazada. De estos embarazos, al menos el 70% no fue planificado. En el área rural se observa un incremento del 22% en 2003 en adolescentes madres o embarazadas a un 25% en 2008. El embarazo y la maternidad en adolescentes se registra con mucha mayor frecuencia en mujeres adolescentes con menor acceso a educación, que viven en zonas rurales y en condiciones de pobreza. Una de cada tres adolescentes del quintil más pobre es madre o se encuentra embarazada, frente a una de cada 10 del quintil superior y con mayor acceso a la educación.

Para contrarrestar estas realidades, la actividad que Marie Stopes International Bolivia viene realizando en el país desde hace 22 años partió de la premisa de que la población boliviana posee la capacidad y las condiciones para satisfacer sus necesidades de salud sexual y reproductiva.

En este marco, la divulgación y la pedagogía sobre esta materia han vertebrado uno de los ejes fundamentales de sus planes de impulso de las políticas nacionales de salud y otorgando plena relevancia en la orientación y el asesoramiento para el embarazo, la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS-VIH) y el uso de métodos anticonceptivos.

Con esos mimbres, la organización ha trabajado desde 1994 en las áreas rurales y urbanas de todos los departamentos para procurar a la población el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva integrales y de calidad y promover el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, dando el soporte necesario para que las personas tengan la capacidad para organizar y disfrutar de su vida reproductiva y sexual.

Entretenimiento informado

El juego Experminator se plantea de un modo tan sencillo como entretenido. En él, el usuario maneja a Experminator, una suerte de héroe aguerrido que tendrá que lidiar, anticonceptivos en metralleta, con la oleada de espermatozoides que sin vacilación se dirigen al ovulo que nuestro héroe ha de custodiar por encima de todo. Rapidez de reflejos y concienciación se unen a la pericia para perfilar lo que hay que tener si se quiere afrontar el reto de Experminator. La intención, eficaz por lo atractiva que resulta para los adolescentes, es concienciar sobre la importancia de prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y cuáles son los métodos anticonceptivos que, a imagen de los que salen de la boca del arma de Experminator, pueden marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad.

“También queremos contribuir a que ni una persona más contraiga el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) por desinformación”, recalcaba a su vez el presidente de la ONG, Claure, un problema el de esta enfermedad con la que viven 12 de cada 10.000 bolivianos, según datos del Ministerio de Salud del país.

Experminator es un producto “hecho en Bolivia, para Bolivia y el mundo” con el que “hemos cambiado las aulas de la educación clásica para entrar a la información virtual”, sentenciaba el presidente de la ONG en Bolivia. Y es que la tecnología permite transformar el aprendizaje para hacerlo más permeable entre los jóvenes a través de métodos lúdicos e interactivos, que invitan al usuario a implicarse activamente en la prevención de los riesgos que conlleva una vida sexualmente activa.

Prolifera el 'smartphone'

El smatrphone, cuyo uso se ha generalizado entre la gente joven, pone a su alcance el conocimiento acerca de estas cuestiones que conectan con su día a día. Habida cuenta de que el 26% de la población boliviana hace ya uso de la telefonía inteligente, según datos de 2014 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) de aquel país, y que las operadoras nacionales de telefonía móvil recalcan que son los jóvenes los que más uso dan a estos dispositivos, el smartphone se revela como la herramienta idónea para conjugar divulgación y entretenimiento de una forma sencilla, cercana y ampliamente aceptada por la población que está más expuesta a los riesgos cuando el sexo se practica sin la información y prevención adecuadas.

Rafael Lechowsky (1985, Wroclaw Polonia), MC de raigambre zaragozana y ascendencia polaca, se presenta en las Islas para interpretar esta noche a las 19.30 horas, sobre las tablas del Paper Club en Las Palmas de Gran Canaria (calle Remedios, 10), y mañana sábado a las 20.00 horas, en el escenario del Aguere Cultural en Santa Cruz de Tenerife (calle Herradores, 45), el cóctel de hip hop entreverado con el jazz que le sirve de base e interpreta la banda de cuatro músicos que lo acompaña y con el que desvía su poesía al estrellarla con ecos de big band. Acompaña al maño sobre las tablas la banda local Divergentes, que se desenvuelve a partir del rap para alcanzar territorios propios del funk, el dubstep y el ska.

Enraizado en este mestizaje que pinta la extraña pareja de estilos, Lechowsky alumbró en 2007 el disco Donde Duele Inspira, primer larga duración del joven rapero y con el que rompió con los esquemas del género, no sólo mediante la implementación de cuerdas, vientos, percusión o piano, que se conjugan en líneas de improvisación instrumental y ritmos marcados, sino también al sortear estribillos con un verseo progresivo y aflojado de corsés.

“Llevo muchos años trabajando en mi nuevo trabajo. En mi perfeccionismo aspiro a una obra que coloque mi género en una posición de respeto, igual que yo respeto la palabra con la que trabajo”, definió el artista en conversación con este periódico. A Donde Duele Inspira le sucedieron ocho años que aún se agolpan para ver nacer ese segundo álbum al que alude y que ya viene bautizado como Quarcissus, del que dejará escuchar algunos cortes.

Lechowsky describió su desenvolvimiento artístico dentro del binomio hip hop-jazz como algo “cómodo” y que no le cuesta llevar a cabo dada su “naturaleza improvisadora”, un cariz que ambos géneros alcanzan a compartir. De hecho, el desarrollo generado a resultas de esta compatibilidad de caracteres hace que ambos géneros se retroalimenten y, como reconoció el rapero, se aporten “libertad, espontaneidad y profundidad” mutuamente.

Sobre el cliché que rodea al MC (Master of Ceremony, en inglés), tal vez el irradiado por la industria, de tipo duro y corredor de malas calles, Lechowsky se situó al margen del mismo: “No me identifico con la figura del MC estadounidense: me identifico con el trovador clásico, rimador de la tradición y del pueblo, busco una identidad que se corresponda en lugar y tiempo en el que vivo.

La ausencia de estribillos en su primer disco “fue una forma de rebelión contra lo establecido y al mismo tiempo un sentimiento de no necesidad de condicionar algo que ya de por sí desea ser libre”, explicó.

Narrativas

Para los que se acerquen a escuchar las canciones de Lechowsky, han de saber, más allá de su estilo, que la narrativa de sus canciones versan “estrictamente” sobre “lo vivido”, que no es otra cosa que “los viejos temas”, como “el amor, el tiempo o la muerte”, tal y como señaló el músico.

Este rapero de raíces mestizas, como su música, y que compone letra y parte del lado instrumental, bebe de los artistas que llevaron el rap a Zaragoza y crearon la rica escena que floreció allí a finales de los 90 y principios de los 2000, caso de Violadores del Verso, Rapsusklei, Hazhe, Kase O, Tinta China o los propios Flowklorikos, donde militó Lechowsky. Ellos “son los que me empujaron a la escritura”, reconoció el MC.

Tampoco le dolieron prendas para desmarcarse de posturas anti piratería, no en vano sus canciones se pueden descargar en su web, al tiempo que reivindicó que “el arte siempre fue libre” y que “es la industria la que vino y le puso precio”.

Divergentes

El contrapunto de la noche lo pondrán Divergentes, trío que componen Geño, Gékah y El Hombrecillo Verde en sus alter egos artísticos. Aún revueltos tras su baño de multitudes en la última edición del festival Viñarock, Divergentes se asoma a la escena nacional después de cerca de once años haciendo rap en las Islas y de tres maquetas (Síndrome de Diógenes (2009), Piedras del camino (2010) y Síndrome de Diógenes II). “Estamos trabajando en un nuevo trabajo, sin fecha prevista”, anunció el Hombrecillo Verde también en conversación con Canarias Ahora.

Las letras de Divergentes son un acicate para el público heterogéneo que se deja llevar por sus canciones, y así lo perciben los tres artistas que piensan que su música “gusta mucho fuera del rap” y “no solo por el contenido de las letras, que son combativas, sino porque nos atrevemos con ritmos más funkeros. Nos gusta mezclar y salirnos un poco del tiesto”, definió el Hombrecillo Verde. Las temáticas del grupo circundan la crítica social repleta de contenido político, “acorde con los tiempos que corren”, apreció el artista.

El repertorio del grupo se dejará oír esta noche en el escenario vegueteño en una muesca más horadada en la trayectoria de un trío que prevalece fiel a sus raíces sin desdeñar cambios que ahonden en otros espacios creativos.

Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano llevó a cabo lo que la mayoría de estudiosos e historiadores internacionales han definido como uno de los genocidios más grandes de toda la historia, al matar a una inmensa proporción de su reducida población armenia. En total más de un millón de armenios fueron asesinados. A día de hoy, Turquía niega este genocidio que se conmemora cada 24 de abril, mismo día que, en 1915, las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la comunidad de armenios en Estambul.

“Aun cuando el resto del mundo no pudo o quiso intervenir para librar a los judíos de Europa del destino acaecido a los armenios, ese mismo mundo decidió cambiar el rumbo inmediatamente después de la victoria militar y sustituir impunidad por castigo”. Así se expresaría el profesor de sociología, historiador y experto en el estudio del Genocidio Armenio, el turco Vahakn Dadrian, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en una cita que resulta paradigmática para valorar los posibles agravios comparativos presentes entre ambos genocidios cuando se cumple un siglo desde aquel holocausto perpetrado en 1915 contra la población que hoy radica en el pequeño país situado al sur de Georgia y al norte de Irán.

Aquel episodio de la historia, del que los adjetivos huyen para evitar su calificación, fue el colofón de una serie de persecuciones sufridas por el pueblo armenio que vivía dentro del Imperio Otomano (desmembrado y nucleizado en lo que hoy día es Turquía), y que produjeron una importante diáspora de armenios que desde entonces comenzaron a emigrar a otros países como España, Estados Unidos o países latinoamericanos.

Se trata del primer genocidio cometido en un siglo, el XX, en el que este crimen contra la humanidad se gestó en más de una ocasión al amparo de determinados regímenes a lo largo del globo.

La cuestión que se dilucida desde la opinión de numerosos intelectuales, políticos y colectivos de la sociedad civil y siempre sobre la base de una adscripción incondicional a los Derechos Humanos, es que el negacionismo sobre el Genocidio Armenio con que ha predicado Turquía desde el mismo momento de su comisión, debe ser dinamitado con arreglo a la noción de justicia universal. Reconocer los crímenes contra la humanidad exige una condena, y sus víctimas un reconocimiento. A día de hoy a los armenios se les ha hurtado ese derecho desde la comunidad internacional. Aunque el reconocimiento sí se ha establecido como condición sine qua non para una posible acogida de Turquía por parte de la Unión Europea.

En 1929, el que fuera primer ministro del Reino Unido durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, estableció en su libro, The World Crisis, las claves geopolíticas con connotaciones raciales y religiosas del proceso genocida: “No cabe duda de que ese crimen fue preparado y ejecutado por razones políticas. Se presentaba una ocasión para hacer desaparecer del país una raza cristiana que se oponía a las ambiciones turcas, que incluso mantenía aspiraciones que no podían ser satisfechas sino a costa de Turquía, y que estaba situada –geográficamente- entre los turcos y los pueblos musulmanes del Cáucaso. Es posible que el ataque inglés sobre los Dardanelos haya estimulado el furor sin piedad del gobierno turco. Los panturquistas pensaban que aun si Constantinopla (capital del Imperio Otomano) cayera y Turquía perdiera la guerra, la supresión de los armenios representaba una ventaja permanente para el porvenir de la raza turca”.

Hoy, el número de habitantes de la República de Armenia es de algo más de tres millones según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2011, si bien el pueblo armenio lo constituyen entre seis y siete millones actualmente, y menos de cinco millones viven en el país del sur del Cáucaso, país pequeño situado al sur de Georgia y al norte de Irán. El resto vive fuera, principalmente en Estados Unidos, Rusia, Francia, Líbano y Siria. Sus gentes provienen de Anatolia, de donde llegaron hace 2.500 años. Además, fue el primer Estado en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301, y culturalmente gozan de un idioma y alfabeto propios y una rica tradición cultural e intelectual. En el siglo XV, su territorio es asimilado por el Imperio Otomano, que en su espacio de tiempo de mayor auge se extendía desde el Mar Caspio hasta las cercanías de la ciudad de Viena.

El devenir del proceso que terminó en crimen

Los otomanos estaban organizados mediante un sistema de comunidades, donde cada ciudadano pertenecía a su propio grupo religioso, lo que les permitía una suerte de autogobierno derivado de los derechos que les otorgase el sultán, máxima autoridad imperial. Esta relación comprendía una sumisión al sultán con el pago de tributos y la obediencia, en un contexto en el que las prerrogativas para la población musulmana eran superiores a las de personas de otros credos, tales como armenios, griegos o judíos. Las minorías no musulmanas eran tachadas de infieles. Esta condición conllevaba un estatus social, político y jurídico distinto, que se proyectaba en una representación más precaria en las Cortes Islámicas, un pago de impuestos más elevado al de los musulmanes y la restricción en el acceso a los servicios militares o civiles.

Es a finales de los años 1800 cuando aflora cierta insatisfacción entre la población armenia, que comienza a imprimir una presión para forzar un cambio. El sultán Abdul Hamid II, en el trono entre 1876 y 1909, se comprometió a derribar cualquier reforma que facilitase la salida de esta estructura social o que permitiese obtener la independencia respecto a los otomanos o restituir de alguna manera la condición de ciudadano cuando esta conllevara el dejar de ser otomano. Las reivindicaciones armenias se intensifican a finales del siglo XIX, mientras el sultán resuelve convocar a su ejército personal como una amenaza constante frente a dichas tentativas contestatarias. De hecho, los hamidiye, como se llamaba este ejército especial, llevó a cabo el papel de ejecutor cometiendo numerosas matanzas entre la población a raíz de su creación. Estas matanzas se conocen como las masacres hamidianas y dieron comienzo a la opresión y agresión hacia los pobladores otomanos de origen armenio.

Estas operaciones de lesa humanidad se perpetuaron e instauraron como el ‘modus operandi’ del poder a la hora de imponer su criterio sobre la ciudadanía, y configuraron una suerte de cultura de la violencia en la que estos actos enunciados quedaban justificados. En aquel entonces, fuentes del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores y fuentes de la diplomacia francesa estimaron que cerca de 200.000 personas fueron asesinadas entre 1884 y 1886 en las masacres hamidianas, muertes que constituyeron el preámbulo de lo que acaecería en la segunda década del siglo XX.

En 1908, el movimiento político de los Jóvenes Turcos accedió al poder en el Imperio Otomano por medio de un golpe militar con el que depusieron al sultán como principal autoridad. Este movimiento partía de la base de que el establecimiento de una constitución y un parlamento era condición sine qua non para convertir el imperio en un pueblo civilizado y progresista y sujeto a derechos. La situación se trocó favorable hacia la consecución de mayores derechos para los llamados infieles, algo que se materializa en el caso de la posibilidad que se les otorgó a los armenios para entrar en las fuerzas armadas otomanas. Sin embargo, entre 1912 y 1913, las regiones bajo antiguo dominio otomano primordialmente cristianas, Grecia, Serbia, Rumanía y Bulgaria consolidan sus independencias del siglo anterior por la propia fuerza militar, lo que provoca la primera gran derrota bélica en el seno del imperio que los otomanos forjaron cinco siglos atrás. En cuestión de 15 días, los otomanos perdieron el 75% de su territorio en Europa del Este, algo que inocula el temor a la desintegración del imperio entre sus dirigentes, que ahora se acogen con mayor fiereza al sentimiento nacionalista.

El aumento de la inestabilidad territorial intensifica las tensiones sociales dentro del imperio, y el foco de dicha tensión se centra en las poblaciones cristianas. En 1912, se produjo el abandono de sus tierras de más de 100.000 habitantes griegos y búlgaros en dirección a Estambul, la capital otomana, en el contexto de las guerras de independencia de estos territorios. Allí son acogidos en mezquitas y calles de la ciudad y sufren el abandono de la administración imperial ante la ausencia de lugares de acogida para los refugiados, y esta situación dibuja un cuadro de incertidumbre sobre una población cuyos testimonios acerca del terror provocado por los cristianos en Bulgaria y Grecia siembran la sensación de que existía una persecución contra los musulmanes.

“Si pudiese contar todos los horrores perpetrados por el enemigo, incluso los cometidos aquí, cerca de Estambul, entenderíais qué les ha pasado a los pobres musulmanes que están tan lejos. Sin embargo, nuestra ira cada vez es mayor: Venganza, venganza, venganza. No hay otra palabra”. Fue Ismail Enver, uno de los líderes otomanos, quien pronunció estas palabras en ese contexto enrarecido.

En 1913, un ala nacionalista y radical turca se apodera del control del imperio un nuevo golpe militar, el Comité de Unión y Progreso (CUP), comandado por el triunvirato formado por Talat Pashá, ministro del interior, Enver Pashá, ministro de la Guerra y Cemal Pashá, ministro de la Marina. Con ellos aparece el panturquismo con una aspiración nacionalista proyectada sobre el territorio de Anatolia, que es la cuna de los armenios. De hecho, en opinión del teólogo evangelista y orientalista alemán, Johannes Lepsius, según una cita que de él hizo el historiador estadounidense Richard Hovannisian en 1984, los armenios eran, para los ideólogos panturquistas, “la mayor barrera racial entre los turcos otomanos y los pueblos turcos del Cáucaso y de Transcaucasia, el nuevo reino imaginario de los campeones del panturquismo”.

Los Jóvenes Turcos implantaron una nueva política educativa en 1913, basada en el nacionalismo turco radical. Ya en la Primera Guerra Mundial y después de provocar una revuelta árabe en los territorios de la península del Sinaí contra los otomanos, los británicos acabaron ocupando el sur de Anatolia al término de la guerra. Mientras, Armenia era el escenario de enfrentamientos entre rusos y otomanos, y aquellos invadieron las partes oriental y central de Anatolia entre 1915 y 1916; en 1917, los rusos se fueron del territorio por causa de la Revolución Rusa que se operó en el gigante eslavo. Fue durante esta lucha ruso-otomana cuando los turcos perpetraron el Genocidio Armenio.

Los genocidios armenios

Con el desmantelamiento del Imperio Otomano comenzaron a emerger los primeros signos de violencia otomana hacia los armenios. Serbia, Montenegro y Rumanía, y la de las regiones de Bulgaria, Rumelia y Macedonia obtenían definitivamente su independencia de los turcos. Y Rusia obtenía los territorios de Batumi, en Georgia, y Ardahan y Kars, en Armenia.

Ante estas operaciones geopolíticas, el sultán Abdul Hamid II comenzó a creer que los armenios podrían suponer un peligro añadido para la integridad territorial del Imperio Otomano, ya que a la autonomía de que gozaban provincias armenias como Van Erzerum o Kharpert y a la presencia rusa podría añadírsele una dinámica de reivindicaciones armenias como la ya acaecida con Bulgaria.

Entre tanto, las comunidades armenias dentro del Imperio Otomano no optaron en ese momento por buscar líneas independentistas, sino de reivindicación de derechos dentro del imperio. Con el ocaso del siglo XIX, la efervescencia política se dejó notar entre los armenios con el surgimiento de agrupaciones en la clandestinidad que sí se insertaban en una lucha de liberación nacional. La Federación Revolucionaria Armenia (FRA) encarnaba una organización tanto militar como política, que organizó revueltas como la de Sassoun en 1904 contra los otomanos. Las primeras víctimas armenias se encontraron entre las filas de la FRA, de donde fueron cayendo muertos o prisioneros miles de militantes entre 1890 y 1915 a manos del ejército otomano. Mientras que el amago de atentado con bomba de un grupo de armenios en el Banco Otomano en 1896 y el enfrentamiento de los armenios contra los kurdos en la Batalla de Janasor, del mismo año, irritaban al sultán Hamid II, quien respondió con nuevas matanzas contra grupos armenios en la periferia de Constantinopla. El número de víctimas armenias ascendía en 1896 a más de 300.000.

Ante la inestabilidad imperial, surge el movimiento de los Jóvenes Turcos en 1906 bajo las siglas del Comité de Unión y Progreso, con raíces universitarias y militares y postulados nacionalistas y reformistas. Con la anexión de Bosnia Herzegovina por parte del Imperio Austro-Húngaro, la chispa prendió entre los Jóvenes Turcos, que accedieron al poder otomano mediante un golpe de Estado en 1908, tras el que el sultán se ve forzado a promulgar una nueva constitución y una amnistía general a los presos y exiliados políticos.

El régimen turco se transforma entonces en una monarquía constitucional en la que los Jóvenes Turcos copan el Gobierno. Su Ejecutivo promueve la igualdad entre ciudadanos otomanos y declara las libertades de religión, prensa, pensamiento, reunión, expresión y circulación. Incluso los armenios acceden al Parlamento Otomano. El CUP vio en la Primera Guerra Mundial la oportunidad de aplicar dicho exterminio contra los armenios, para lo que contaban con el apoyo del partido, del ejército y de grupos especiales, como la estructura que pervivía de los hamidíes, a quienes se agregó la Organización especial, dirigida por los médicos Nazim y Beahedin y concebida para el exterminio. En enero de 1913, los Jóvenes Turcos dan un golpe de Estado exitoso para concentrar todo el poder entre los líderes panturquistas: Talaat Pashá, ministro del Interior, Enver Pashá, ministro de Guerra y Djemal Pashá, ministro de Marina.

Las derrotas militares del ejército otomano ante el ruso fueron un pretexto para que los Jóvenes Turcos acusaran a los armenios de traición y culparles de la derrota militar, puesto que estos se encontraban bajo la tutela tanto del ruso como del otomano. Los armenios del lado ruso fueron objeto del odio turco, un odio cuyos sujetos tomaron a la parte por el todo. Los armenios fueron tachados de traición.

Las detenciones, los asesinatos y las deportaciones de 1915

El Genocidio Armenio de 1915 es llevado a cabo por medio de un plan de deportación y un plan de exterminio de la población armenia bajo el dominio otomano. El primer paso fue la suspensión del funcionamiento del Parlamento y la instauración de la ley marcial. A esto le siguió la promulgación de la Ley Temporaria de Deportación, de mayo de 1915, y un programa de arrestos de los dirigentes armenios, que comenzó en Constantinopla el 23 de abril de 1915 con la detención de intelectuales, religiosos y comerciantes. La mayoría de ellos fueron asesinados para evitar que comandaran el contraataque armenio. Les siguieron los hombres armenios capaces de portar armas, y después las mujeres, ancianos y niños fueron expulsados y conducidos forzosamente hacia los desiertos de Siria y Mesopotamia bajo condiciones inhumanas concebidas premeditadamente para producir la muerte por inanición, agotamiento o enfermedad de las comitivas armenias. Durante el exilio, los armenios sufrieron ataques de bandas armadas, que perpetraron violaciones, raptos y robos.

Este procedimiento se aplicó con los armenios de Anatolia, primero, y con los de Cilicia, después. Tras la retirada de los rusos de la parte oriental de Armenia, los otomanos la invadieron y los armenios resistieron en la antes mencionada batalla de Sardarabad, en 1918, la contienda que desembocó en la independencia armenia.

En el proceso genocida de 1915 perdieron la vida en la deportación y los asesinatos 650 armenios con formación suficiente como para conformar una suerte de élite armenia. Con ello, los otomanos acabaron con la “cabeza pensante” del pueblo armenio. Prosiguieron con los varones para terminar con las mujeres, niños y ancianos. Los carteles en las calles de los pueblos informaban a los armenios de que serían llevados a lugares de reubicación en una zona de exclusión bélica con la finalidad de que alcanzaran su propia seguridad.

La verdadera intención otomana, sin embargo, quedó plasmada en un decreto del ministro de Guerra Enver Pashá, de 1915, en el que se mencionaba literalmente que el Gobierno Imperial había “ordenado el exterminio de toda la raza armenia”, se decretaba que los armenios mayores de cinco años debían “ser expulsados del país y sacrificados”, y los militares armenios ser llevados “a lugares desiertos y fusilados”.

Dado que, en estado de guerra el uso de municiones estaba limitado a las acciones de carácter bélico, los soldados otomanos tenían orden de usar armas blancas o proceder a ahogar a los armenios en el río Éufrates. Durante estas largas marchas, cientos de miles de armenios enfilaron las rutas de deportación programadas por los otomanos hacia el Mar Negro, donde eran ahogados a la fuerza (para el caso de los armenios al norte de Anatolia), o hacia el desierto de Der El Zor (para el de los de la zona central de Anatolia), donde les arrojaban a los pozos naturales y luego quemados. De los 2.100.000 de armenios que habitaban el Imperio Otomano en 1912, las estimaciones fijan en más de 1.500.000 la cifra de armenios asesinados y en 500.000 la cifra de armenios que lograron sobrevivir mediante la huida o el escondite. En 1927 y según datos del Patriarcado Armenio de Constantinopla, vivían 77.435 armenios en el territorio antes dominado por el Imperio Otomano, especialmente en la capital de la Turquía moderna, Estambul.

Cabe poner en valor la gesta, al término de la Primera Guerra Mundial, en la que los armenios enfrentaron los ataques de los otomanos en mayo de 1918, un enfrentamiento que culminó con la contención exitosa del avance turco en la batalla de Sardarabad. Y ante la inminencia de la declaración de la República de Azerbaiján por parte de los tártaros sobre un territorio que incluía parte de Armenia, sus poblaciones decidieron declarar su independencia el 28 de mayo de 1918. Este Estado armenio comprendía un territorio de 47.000 kilómetros cuadrados sobre las regiones de Kars y Ardahán y fue reconocido en primer lugar por la Argentina presidida por Hipólito Yrigoyen.

La postura turca sobre el genocidio

Sobre la postura oficial de Turquía, hay que mencionar que el negacionismo sobre el genocidio ha sido la constante históricamente. Esta negación se entabla en dos direcciones: una, la de los muertos y la responsabilidad por el crimen de genocidio; y dos, la negación de los supervivientes armenios como persona jurídica.

Contemporáneamente al acto de genocidio y las deportaciones en masa, las declaraciones oficiales y la prensa otomanas achacaron comportamientos desleales a los armenios por su presunta alianza con Rusia y lo que describieron como una rebelión armenia; de modo que la deportación ha quedado justificada para Turquía como garantía de la seguridad otomana. También se planteó el hecho de que existieron algunos excesos en este proceder por causa del contexto bélico. De acuerdo con las Memorias Póstumas de Talaat Pashá, ministro del Interior otomano durante las deportaciones, estas fueron concebidas sin una premeditación concreta para desencadenar el exterminio armenio, y lo más que achaca a la conducta otomana son abusos de autoridad debidos a la necesidad apremiante de evitar la fragmentación del imperio y evitar el caos en Anatolia.

Durante el período de entre guerras, Turquía utilizó la diplomacia para ejercer presión en la escena internacional de cara a opacar los hechos de 1915; ejemplo de ello fue el hecho de que forzó la suspensión de una producción cinematográfica estadounidense de la Metro-Goldwin-Mayer sobre las torturas a un grupo de armenios en Antioquia, para lo que presionó al Departamento de Estado norteamericano. Las prácticas negacionistas continuaron ante las conmemoraciones armenias del genocidio, una vez estas institucionalizaron como tradicional el recuerdo a la memoria de las víctimas el día 24 de abril de cada año. Turquía emprendió una política de subjetivismo histórico sobre los hechos de cara al exterior, por medio de la edición de textos que ocultaban el crimen de genocidio, amén de campañas propagandísticas de la prensa y el funcionariado turco, la creación de institutos de investigación histórica y el proselitismo intelectual a favor de la versión negacionista y también de la instauración de una versión oficial sobre la preeminencia cuantitativa histórica de la ciudadanía turca en Anatolia frente a la población armenia, o en todo caso sobre la más antigua prevalencia turca en la región.

A lo largo del siglo XX, el proceder oficial de Turquía trabajó en pos de ocultar el concepto de crimen de genocidio en las discusiones acerca de los hechos de 1915 y así evitar su tipificación jurídica como tal, mediante una serie de prácticas:

- Definir como indistintas a las víctimas de las masacres y a las bajas en contexto de guerra.

- Plantear el genocidio como una guerra civil en territorio otomano.

- Equiparar a las víctimas y a los victimarios en el marco de un conflicto.

- Subrayar el papel agresor de los armenios.

- Sustituir, en el caso de los hechos, la idea de genocidio por la de masacres aisladas y locales en forma de limpieza étnica.

- Convertir la deportación forzosa en un procedimiento legal de transferencia.

- La negación de un acto premeditado y planificado en el contexto de los hechos.

Por lo demás, Turquía no mantiene relaciones diplomáticas con Armenia por la insistencia de este país en que se reconozca el Genocidio Armenio. Turquía llevó además a cabo en 1993 el cierre unilateral de sus fronteras con Armenia.

Condolencias de Erdogan y postura actual de Turquía

El día 23 de abril de 2014, víspera del Día del Genocidio para los armenios, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, mostró una actitud inédita en las declaraciones oficiales del país euroasiático, por cuanto expresó su pesar y sus condolencias por los armenios que “perdieron sus vidas en el contexto de principios del siglo XX”, una declaración que omitió petición de perdón alguna. El mandatario turco habló de los “padecimientos en ese periodo al igual que los otros ciudadanos del Imperio Otomano” que sufrió el pueblo armenio, pero negó la conveniencia de “establecer jerarquías de dolor” y se postuló a favor de crear una comisión histórica conjunta para estudiar científicamente los hechos acaecidos en 1915.

Si bien la actitud turca se muestra más abierta, el núcleo de su discurso histórico acerca de los hechos de 1915 se mantiene al amparo del negacionismo sistemático con el que Turquía interpreta la tragedia armenia. Ese mismo día, manifestantes que conmemoraban el Genocidio Armenio quemaron banderas turcas tras las declaraciones de Erdogan.

El margen de reconocimiento internacional

Si la situación del reconocimiento en el caso turco se ha presentado históricamente plagada de obstáculos y discursos antagónicos para con el relato histórico por parte del Estado heredero del extinto Imperio Otomano, la panorámica tanto actual como precedente presenta una disparidad de posturas en el ámbito de los organismos internacionales. Entendida como una comunidad de Estados, en la que se operan los asuntos de índole supranacional e interestatal y las relaciones diplomáticas entre países, y cuyo órgano pertinente de expresión se traduce en la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional ha dado cinco muestras sobre su valoración del Genocidio Armenio. Así, más allá de la sentencia planteada desde Argentina, única en hallar culpable a Turquía, varios son los órganos de justicia y representación política que han definido el armenio como un caso de genocidio, como el Parlamento Europeo, el Tribunal Permanente de los Pueblos, de París, o el Consejo Mundial de Iglesias, en Vancouver.

En cuanto al reconocimiento de los Estados, el primero en hacerlo fue el de Uruguay que, a través de su Parlamento, declaró en 1965 el 24 de abril como Día de recordación de los mártires armenios. A Uruguay le siguieron algunos otros Estados, entre ellos destaca la aportación argentina con la primera jurisprudencia sobre una condena al Estado Turco (que no se aplicó de facto) y la ley francesa que pena el negacionismo sobre el Genocidio Armenio.

Pese a todo, el Genocidio Armenio, efectivamente, ni goza ni ha gozado del trato justo que debiera existir en la comunidad internacional y en concordancia con la gravedad de los hechos ocurridos en el territorio otomano y en Anatolia en 1915. El escaso y tardío reconocimiento de órganos internacionales, a saber, la ONU (en 1985) o el Parlamento Europeo (en 1987) se queda en el primer paso que requiere una acción de restitución de la dignidad humana, la justicia internacional y la integridad como pueblo perdidas por los armenios hace un siglo.

Reconocer la existencia de un delito es el preámbulo para entrar a perseguir a sus culpables, un papel que en el caso de un delito internacional de la máxima magnitud, como es el de genocidio, se encarga de cumplir la Corte Penal Internacional, máximo tribunal competente al efecto; no ha sido el caso ni parece que vaya a serlo, como sí lo ha sido con crímenes de genocidio posteriores. Véase el Holocausto judío, y los genocidios de Ruanda, Yugoslavia, Sierra Leona y Kampuchea Democrática.

Cabe mencionar que el delito de genocidio se inserta dentro del principio de jurisdicción universal, lo que permite su castigo por parte de un Estado dentro de cuyas fronteras no se haya cometido el crimen o no y aunque este no vaya contra sus ciudadanos o sea materializado por estos.

En ello tiene un peso específico tanto la no persecución de los criminales que auspiciaron el horror desatado contra los armenios en el contexto de la Primera Guerra Mundial, es decir, el Estado de Turquía, como la constatación del desequilibrio de poder entre Ankara y Ereván en el contexto internacional.

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La Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada en marzo por el Congreso y entrará en vigor el próximo uno de julio , mientras que la reforma del Código Penal quedó aprobada también en marzo por la Cámara baja , ambas con el único apoyo del Partido Popular (PP). Sendas medidas legislativas componen, junto al 'pacto antiyihadista' entre el PP y el Partido Socialista (PSOE), que trae al ordenamiento jurídico español la prisión permanente revisable , un trío de mordazas. “No sé si la gente es consciente de la pérdida de derechos que hemos experimentado en los últimos años” y de que tanto la llamada Ley mordaza como la reforma del Código Penal son un paso más “muy preocupante”, como explicaba la magistrada Virginia Peña, perteneciente a la asociación Jueces para la Democracia (JpD), en un encuentro organizado por la Asamblea Popular de Gran Canaria y la Plataforma Canaria Contra la Criminalización de la Protesta Ciudadana, en esa línea demoledora de los derechos civiles y políticos. Ello supone un escalón más de dificultad para la defensa de los derechos sociales por parte de los ciudadanos, derechos que en última instancia están siendo los más vulnerados.

La vuelta de tuerca del Gobierno concurre por estas dos vías legislativas. Con la una, el Ejecutivo consigue con la Ley de Seguridad Ciudadana “criminalizar acciones que tienen que ver con el derecho de manifestación y reunión, ligadas a hacer manifestaciones en sitios no adecuados o hacerlas de forma no adecuada o insultar a alguien en una manifestación”, explicaba la también juez, Carla Vallejo (JpD), en el citado encuentro. Y, en segundo lugar, con la reforma del Código Penal, se van a sustituir las faltas al “transformar en sanciones administrativas lo que antes eran faltas”, continúa la magistrada.

La Ley mordaza es una ley eminentemente sancionadora, que “se dedica a castigar determinadas conductas de acuerdo a la particular visión del Gobierno sobre el orden público”, como describe Vallejo (JpD). La Ley 1/92 (anterior legislación en materia de seguridad ciudadana) contenía 26 infracciones, mientras que la recién aprobada normativa incluye un total de 45 infracciones que son clasificadas en tres categorías: muy graves (sancionadas con una multa de entre 30.001 y 600.000 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y leves (de 100 a 600 euros). Se aumentan así exponencialmente las conductas consideradas contrarias a derecho.

El hecho de que se deje de castigar penalmente una conducta y pase a ser sólo una sanción administrativa pudiera parecer una menor punición. Pero “nada más lejos de la realidad, es infinitamente peor de lo que se estaba haciendo”, según matiza la propia Vallejo.

Lo que ocurre, explica la magistrada, es que se opera un trasvase de tipos punibles, antes contenidos en el Código Penal y enjuiciables en un juzgado de instrucción, por un magistrado que dirimiera el caso entre las dos partes. Así se daba un procedimiento con actores independientes en el que, ahora, por el contrario, se contemplan unas sanciones administrativas en base a los expedientes por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, los cuales son tramitados por la Delegación del Gobierno, que es la fuerza actuante. Es decir, una de las partes. Se le está dando a la Delegación del Gobierno, que actúa por criterios políticos, la facultad de resolver situaciones que afectan a ese poder político. “Al final las sanciones las impone el ministro (del Interior), pues el señor (Jorge) Fernández Díaz  será el que sancionará a quienes, en el ejercicio del derecho de la manifestación contra la Ley de Seguridad Ciudadana –por ejemplo-, insultaran o cometieran algún tipo de infracción. Está castigando la parte, no un tercero imparcial”, subraya la juez Vallejo.

Se quiebra el principio de igualdad

“En un juicio de faltas, el Tribunal Supremo ya ha dicho en muchas resoluciones que las declaraciones de los agentes de policía no tienen presunción de veracidad, es decir, son testigos como los que pueda presentar la contraparte en el juicio, y por lo tanto no se presume que lo que diga uno va a ser verdad sobre lo que diga otro”, desgrana la magistrada Vallejo, sino que se valora en el transcurso de juicio en función de lo que atesore mayor o menor credibilidad.

Esto se cae, pues el artículo 52 de la nueva ley recoge lo que instaura como presunción de veracidad de las actas y denuncias que hayan redactado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que implica que, salvo prueba en contrario, todo lo que dicen los agentes es cierto en materia de la Ley de Seguridad.

Sí es verdad que durante bastante tiempo, en los juzgados de lo penal se ha dicho que la declaración de los agentes tiene presunción de veracidad, también lo es que el Tribunal Supremo estableció al respecto que no se puede dar a una persona un carácter de testigo cualificado frente a otra. Esto es darle ventaja a una de las partes y rompe el principio de igualdad jurídica.

Las magistradas confiesan que, en los casos condenatorios con faltas en los que aplicaron la ley, impusieron multas de “como mucho 360 euros”, cuando ahora lo mínimo serán 100 euros y lo máximo 600.000, una cantidad que “en ningún escenario sería posible poner en un juicio de faltas”.

Recursos: afrontar las tasas

A parte del hecho de que es una de las partes la que sanciona en el procedimiento administrativo, luego, si se aspira a la revisión de un juez, el procedimiento pasa por presentar un recurso contencioso-administrativo, que conlleva el pago de tasas. Antes, con la jurisdicción penal, la tutela judicial se antojaba gratuita, amén de ofrecer la mentada seguridad de comparecer ante partes no contaminadas e independientes de los hechos que se trataban.

Los tipos de sanciones de la Ley mordaza, en su grado, aunque sí atienden a la falta de buena fe o la gravedad de los hechos, entre otras cuestiones, no contemplan la capacidad económica de la persona sancionada. La juez Vallejo subraya el hecho de que los magistrados, con anterioridad a la nueva ley, “teníamos una amplísima capacidad de graduar la cuantía de la multa atendiendo, como estipula el Código Penal –el texto legal que dispone las faltas- , a la capacidad económica de la persona”, algo que desaparece con la reforma de la ley.

Aunque la conducta ilícita sea la misma, “no resulta razonable que a una persona que vive con 400 euros y a otra con un alto nivel adquisitivo se les sancione con la misma cuantía de multa”, argumenta la magistrada integrante de JpD.

“Nosotras, en el ejercicio de nuestra acción jurisdiccional, no podemos imponerle a nadie una multa de 600.000 euros. Sin embargo, se va a permitir al poder político imponer una multa de hasta esa cuantía sin necesidad de que intervenga ningún juez”, más las tasas aplicables a cualquier recurso al que se quiera acoger el ciudadano.

Cabe mencionar, especialmente, que la sanción que contempla la nueva ley por manifestarse cerca del Congreso de los Diputados, cuando está vacío, significa la prohibición de toda manifestación ante estos edificios en realidad, toda vez que cuando están reunidos en su interior los representantes políticos esto ya era un delito.

En este contexto, también es de recibo recordar que ambas operaciones legislativas merecieron el pasado mes de febrero la crítica de cinco relatores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), al entender que las nuevas medidas del Gobierno pueden cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos .Ello tiempo después de que, el pasado diciembre, saliera a la luz el hecho de que el partido que sustenta al Ejecutivo falseara los datos sobre altercados callejeros con para justificar esta legislación. 

Reforma del Código Penal

El Código Penal (CP) de 1995 se ha visto sometido a más de una veintena de reformas, “conozco todas y cada una de las modificaciones pero no he visto nunca ninguna como esta”, apunta la jueza Peña. Si el actual CP tiene 639 artículos, esta nueva modificación  aborda más de 300 de ellos, lo que supone un cambio sustancial del mismo. “Se trata de una reforma profundamente sancionadora y profundamente retrógrada que nos sitúa… no me atrevo a decir en qué época o en qué año”, prácticamente en “épocas preconstitucionales”, zanja Peña.

El aumento de la potestad sancionadora que entrañan la Ley mordaza y la reforma del CP “está orquestado por una doble vía: Por un lado, se ha aumentado la potestad sancionadora en vía administrativa, pero también por la vía penal, donde se cargan mucho más las tintas”, dice Peña. Las multas de la Ley mordaza “se quedan cortas” al lado del incremento sancionador que se imprime al CP con esta reforma.

Con esta modificación, se produce, por una parte, la supresión, en principio celebrada por todos, del libro Tercero del Código Penal, relativo a las faltas. Y sin embargo, junto al desecho de las faltas como herramienta punitiva debiera darse “una salida a esa conflictividad social, que ahora encauzamos a través de los juicios de faltas y ahí es donde fracasa tanto la Ley mordaza como la reforma del CP”, aduce Peña. Y es que ahora se despoja a la justicia de “un cauce” para esos vecinos que se pelean, para esa gente que se insulta, los graffitis en las paredes y otra clase de “conductas tan leves”. De las muchas posibilidades, ha optado el poder político por dos: convertir las faltas en sanciones administrativas, como se ha dicho, y en delitos, “pero ahora los llama –el CP- delitos leves”, indica Peña. Ambas vías aumentan el castigo de estas conductas de carácter leve.

Se trata de infracciones que tenían una sanción leve que, ahora, o se castigan con multas “desorbitadas” o peor, se convierten en delito “con una serie de consecuencias accesorias”, entre ellas, la tenencia de antecedentes penales. Esto, como es sabido, conlleva la incapacidad para opositar, entre otras cosas. Un caso de intercambio de insultos entre vecinos podría acarrear, pues, estos antecedentes delictivos.

La magistrada Peña propone, a la luz del saber de los expertos en la materia, la vía de la mediación penal para resolver sobre estas conductas susceptibles de requerir un “encaje social”, un conflicto que no es grave y en el que se puede sentar a las dos partes y lograr un acercamiento de posturas sin necesidad de imponer una sanción.

Un encierro reivindicativo es un delito contra la intimidad

La reforma introduce la posibilidad de penalizar cualquier encierro con finalidad reivindicativa en un centro o establecimiento abierto al público como delitos contra la intimidad. Además, como ocurre con la Ley mordaza, la cuantía económica desaparece como elemento de discernimiento para establecer la pena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, donde las faltas pasan ahora a convertirse en delitos leves. Dos ejemplos en este caso serían los hurtos y los daños del patrimonio. De tal forma, se endurece la pena “a la gente que se lleva una cosa del Mercadona, de Decathlon o el Media Markt”, enumera la magistrada Peña, que son el común de los casos de faltas en los que suelen trabajar los propios jueces, “donde poner 300 euros es algo excepcional”. Ahora que se considerarán como delito leve, “las multas van a ser muy superiores”, lo que no está justificado “de acuerdo con nuestro actual nivel de vida”, sentencia la juez.

Tampoco las reivindicaciones con una finalidad social o laboral entraban dentro de la posibilidad de ser consideradas como susceptibles de conllevar la comisión de delitos de desórdenes públicos, “desórdenes sociales” como describe la magistrada. Pero esto también se ve alterado, pues ahora pueden incluirse en el ámbito de dicho delito ya que “han abierto tanto la interpretación, que ya cabe todo”, acredita Peña.

Colectivos como la Plataforma No Somos Delito hablan, respecto a otras afectaciones que produce la modificación, de que esta “convierte el apoyo cotidiano que se preste a una persona sin papeles en delito, establece que vender en la manta –en la vía pública- será nuevamente constitutivo de delito, que se pueda expulsar del país a personas con permiso de residencia” o “que el mero hecho de apoyar o difundir una manifestación pueda ser delito”. 

La seguridad privada se equipra a la policía

Los delitos de atentados contra la autoridad incluyen ahora como víctimas a los empleados de seguridad privada, a los que, según la Ley de Seguridad Privada , se les atribuye el carácter de auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad (lo que no les sitúa, pues, en el mismo rango). Y sin embargo, ahora se ponen al nivel de la autoridad pública que puede representar un policía, a los efectos de un delito de atentado. Lo importante: no se exige que el atentado produzca como resultado una lesión, ni siquiera la intención de lesionarlo, cuando antes era una falta. “Si te metiste con él –con la policía- ya es atentado. Como ustedes ven ya no se les va a poder decir absolutamente nada”. Aunque, en este caso, en el Derecho Penal, no se contempla la presunción de veracidad de la policía.

“Ellos –los agentes- siempre invocan un delito de atentado, pero nosotros –dice la juez Peña- decimos que una persona que en una manifestación hace conductas de resistencia pasiva, siempre –en el ejercicio de su jurisdicción- hemos establecido que, como mucho, podíamos ver una falta. Ahora la resistencia pasiva se va a poder considerar dentro del delito de atentado. Entonces, no cabe ninguna posibilidad de resistencia, ni activa ni pasiva: Se tienen que quedar en su casa, esa es la idea”, desentraña Peña.

En cuanto a los delitos de corrupción, “se lavan bien la cara”, comenta la juez. Si bien aumentan las penas, lo hacen sin que se dote al Poder Judicial de recursos para investigar dichos delitos con eficacia. “Encima nos amenazan con que nos aprueban una nueva modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para limitarnos a seis meses la investigación –en el caso de los sumarios judiciales más simples, de poco sirve el aumento de las penas. En la práctica no hacen falta más penas, sino la posibilidad de que esas investigaciones puedan llegar a término, y para eso hacen falta medios”, asegura Peña.

La reforma del CP cambia la tradicional clasificación de las infracciones penales con delitos graves, menos graves o faltas. Irrumpe ahora el delito leve que sustituye a parte de las faltas, “curiosamente son las faltas más habituales en la práctica”, como lesiones de escasa entidad (arañazos, por ejemplo). Si estos antes se resolvían con una multa de 40 euros, ahora pueden conllevar una pena de no menos de seis meses de cárcel. “Vamos a ver situaciones completamente disparatadas”, adelanta Peña.

La introducción de la prisión permanente revisable, “un eufemismo” al que no nombran como cadena perpetua porque “saben que entonces no es salvable conforme al artículo 25 de la Constitución”, da la bienvenida a “un concepto jurídico absolutamente indeterminado” pese a que “todos sabemos de lo que estamos hablando”, desgrana la misma juez.

La introducción de esta pena “contraviene un principio básico del derecho penal”, el principio de legalidad, esto es: que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué conductas son delictivas (el delito se aplica a las conductas más graves) y cuál es la consecuencia jurídica de dicha conducta. Ambas cosas deben poder conocerse antes de la realización de la conducta, lo que no se da en este caso, donde no queda claro quién lo revisa, ni del todo el cuándo se revisa, dice la juez Peña, si bien apunta a los 25 años como período a partir del cual se revisaría la reclusión carcelaria. Esta pena se prevé para delitos de terrorismo y “subtipos muy agravados de asesinato que prevén la posibilidad de imponerla”. Peña alega que no sería constitucional, pues “no podemos decir que nuestra Constitución prevé penas con la finalidad de reinsertar a la gente –como principio- y luego imponerle una prisión permanente revisable, que no sabemos cuánto dura desde el principio”. Se sabe el mínimo, 25 años, pero no el máximo.

Una reforma sin medios para los jueces

La juez Virginia Peña tacha a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la reforma de “chapuza” hecha “sin conciencia de cuánto trabajo va a llevar a la Administración tramitar las infracciones o a los juzgados tramitar estos delitos leves”. “Creo que no tienen conciencia de lo que supone en tiempo y en recursos tanto materiales como personales. Desde luego no nos van a aumentar el personal”, opina la magistrada.

Convertir en delitos leves estas infracciones “va a colapsar los juzgados”, dado que los juicios por faltas son numerosos. Estos “no llegan a 1.000 al año, pero si vamos sumando 900 casos cada juez, son muchos miles al año que ahora van a ser procedimientos por delito”, dice Peña. De esto se puede inferir que “un juzgado colapsado es un juzgado que no investiga la corrupción”, como explicita, su vez, Vallejo. En un juicio de faltas “perdíamos 10 minutos”, apunta Peña. “Nos va a llevar a dedicarles muchos meses a esas conductas leves”, finaliza la juez. El proceso pasará ahora por la toma de declaración a ambas partes por parte de un funcionario del juzgado de turno, cabe así mismo que se haga una tasación y una serie de imponderables propios de un proceso más complejo al que se le añade el que la reducción del límite de tiempo para la instrucción de los casos, “y si no pues al archivo”, alega Peña. 

Se amplía la libertad vigilada

La reforma también extiende “a muchísimos delitos” penas accesorias como la libertad vigilada, prohibir a alguien aproximarse a un lugar, persona o comunicarse con alguien, habitual en materia de violencia de género. Esto va en una dirección en la que “el legislador pretende generalizar la pena de libertad vigilada, hasta ahora existente en la Ley de menores”,  y que ahora “se quiere imponer en delitos comunes como algo normal”, tal y como especifica la propia Peña.

“En la práctica esto es inviable”, dice la juez, puesto que ya no se limita a la vigilancia de un asesino a su salida de prisión, sino a culpables de delitos comunes, como de lesiones, delitos contra la libertad, o robos. “Vamos a estar muchas personas vigiladas por cometer delitos comunes” y “no existen medios para eso”.

La magistrada ejemplifica lo que estima un sinsentido con un ejemplo real. Asegura haber ordenado, en sólo dos ocasiones, la vigilancia de una víctima de violencia de género para impedir que sufriera daño o fuera asesinada. Esto le costó mucho esfuerzo en el proceso, invertir “muchas horas” con los mandos policiales para vislumbrar una actuación efectiva y que se proporcionara a los agentes necesarios durante las horas adecuadas para esa vigilancia. De modo que resulta inviable plantear una generalización de la libertad vigilada en casos de delitos comunes. Es una situación excepcional que no se puede generalizar, sino que se aplica a casos especialmente graves. Un estudio de cuánto le costará al contribuyente también revelaría su inviabilidad, según Peña.

Medidas de seguridad, sin límite de años

Frente a la comisión de un delito existen dos sistemas de punición: el sistema armonista, que conlleva una pena, y el dualista, en el que también se puede aplicar una medida de seguridad, caso del español. Una medida de seguridad podría ser el internamiento de la persona en un centro psiquiátrico como alternativa de enfrentarse al delito. Si la pena pone de relieve la culpa, la medida de seguridad se centra en el carácter de peligrosidad del delincuente. “En caso de que apreciemos una circunstancia eximente a una persona enjuiciada, en caso de ser un enfermo mental que no es capaz de distinguir en su comportamiento y no se le impone una pena, se le impone entonces una medida de seguridad”, explica Peña. El límite de privación de libertad que conllevan las medidas de seguridad debía ser equivalentes (los mismos años) a los que conllevan las penas, pero esto varía con la reforma, que no pone límites a las medidas de seguridad. Si antes una vía recurrente utilizada por los abogados era la medida de seguridad, que deriva en mejores condiciones de reclusión, en lugar de una pena, “ahora no es tan buena idea. Con la pena me ponen 20 años y ya saldré, pero con la medida no sabes si van a ser 20 ó 40 años, o más”.

“Esto supone retrotraernos a la época de principios del siglo XX”, señala la magistrada Peña, cuando se dio el problema de la ingente cantidad de personas internadas en centros psiquiátricos sin control judicial. Por entonces, el Estado respondió con varias leyes que “permitieron que cientos de personas que llevaban vidas enteras internados en psiquiátricos por orden de un médico pudieran estar controladas por un juez”, rememora la juez. Se trata de un paradigma del despropósito dentro de esta reforma: la equiparación de penas entre los delincuentes que sometan a alguien a privación de libertad (la detención ilegal o el secuestro) y los que se derivan de matar a una persona (el homicidio). “Con todos los respetos, una cosa es quitar la vida y otra la libertad”, opina Peña. “Y te sale a cuenta matar”, apostilla Vallejo. Las magistradas no encuentran justificación a este aumento penológico.

Por último, las relaciones sexuales con menores de 16 años implicados quedan ahora al margen de la ley si no hay consentimiento del menor, cuando antes este mínimo estaba fijado en los 13 años. “Esto no lo han pensado mucho, o debe ser que los hijos de determinadas personas –aquellas en las que piensa el legislador- no se introducen en las relaciones sexuales hasta una edad tardía”, a diferencia “del común de los chicos de la calle”, deduce la propia Peña.

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“Cuesta distinguir la realidad cuando la vida no vale nada, cuando nada vale nada ya. Perdóname, porque yo he sido uno más, yo he sido otro más de los que su vista apartó, al pasar por tu lado quise disimular como si no fuera nada conmigo”. Es la sentencia que corona una canción que el grupo Soziedad Alkohólika dedica a las personas cuya habitación la constituye la acera, iluminada a la luz de un portal.

“Toda mi juventud trabajando para verme aquí ahora mismo. Y cómo pasa la gente, y te ignoran. Pasas por las instituciones tanto públicas como privadas y te ignoran”. Se trata del lamento de Javier, quien a sus 52 años compartía hasta hace unas semanas junto a su compañera, Antonia, de 51 años, el día a día en una situación de calle, pernoctando en la vía pública. Ambos encontraron una alternativa habitacional, donde se hospedan actualmente, una vez Javier encontró un empleo con el que sufragar los gastos. Este es un cuadro sobre la pobreza, la desigualdad, y el poder de las voluntades individuales cuando operan en sinergias colectivas, representado sobre el lienzo que soporta la experiencia de dos personas empujadas a la indigencia durante más de seis meses.

Pudiera parecer que lidiar con la pobreza, en el día a día, “como si no fuera nada con nosotros”, sirviese como un desinfectante que ataja de raíz la supuración de la herida provocada por el daño que se inflige a sí misma la sociedad, en su desigualdad. Una inveterada forma de alivio para relativizar ese daño que recae sobre las personas cuando nos damos cuenta, al echar una mirada a la calle, de que la dignidad no está ni mucho menos protegida, y que su condición está muy lejos de alcanzar la inmunidad. Pero para derribar con contundencia esta noción, que tiene efectos no más que paliativos, basta echar una mirada a los números. Tal y como se refleja, con datos del período 2007 a 2013, en el Informe sobre desarrollo y exclusión social en España de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), el Archipiélago se sume en un contexto de emergencia social dentro del período de crisis en el que se encuentra el país:

Y sin embargo, al trascender las estadísticas se alcanzan las cuestiones humanas, las historias personales. “No olvidemos nunca que las personas pobres son personas, y que a mí me parece que eso a veces en las cifras, en los programas, en los despachos, lo podemos olvidar sin mala voluntad pero con cierta facilidad”, como concluía el párroco del barrio madrileño de Entrevías, Javier Baeza, tras una mesa redonda en la que participó para el programa de La Tuerka Distrito Federal sobre exclusión social.

Javier y Antonia cogieron lo poco que tenían y desplegaron la caseta de campaña junto a una alameda, cerca del cementerio de Vegueta. Cuando llegaron, “había mucho toxicómano, estaba lleno, hace seis meses”, apunta ella. “Era una danza de agujas y de droga”, dice él. Entonces se pusieron manos a la obra para limpiar la acera, hoja de palma en mano, y se instalaron con la esperanza de encontrar con prontitud una solución digna para su situación. Frente a la tienda de campaña, en el muro que da cauce a los jardines de la avenida peatonal que los contempla, una caja con un pequeño monto de metales, principalmente cobre, da testimonio de la precariedad que sufre esta pareja. Él los utiliza como fuente de ingresos en sus eventuales intercambios con las chatarrerías del Polígono Industrial del Sebadal. Otra caja con algunos alimentos imperecederos, legumbres y comida enlatada, y una garrafa ya desgastada por su constante reutilización de la que se vale él para su aseo personal redundan en aquella sensación. Antonia, que ya a su paso por Galicia había vivido más de tres años en la calle, acude “de vez en cuando” a la casa de un familiar para disponer de una ducha caliente. Una amiga les lava la ropa.

“Nuestro calvario comienza en el edificio Astoria, en (el barrio de) Guanarteme. Nosotros nos vimos abocados a la calle casi desde el minuto cero de nuestro encuentro, porque ella tenía una pareja maltratadora”, un hombre que “estaba fuera de sí”, rememora Javier. “Yo perdí un trabajo, un proyecto que tenía y bueno, no tardó en venir una orden de desahucio, ni siquiera venía a nuestro nombre, venía a nombre de una empresa que la creo ficticia”, continúa. “El piso era de alquiler, a nombre del maltratador, nosotros dos estábamos de ‘okupas”, apunta Antonia. Él tuvo que “ponerlo en la calle” ante la situación. “El maltratador marchó y dejó de pagar y sobrevino el desahucio”, explica ella.

Javier plantea una alternativa a su situación: “Si hubiera algún colectivo que nos ofreciera trabajar en una finca cuidando plantas, animales o lo que fuese, nosotros cambiamos nuestro trabajo por techo, una ducha, una ropa limpia. No pedimos tanto, porque esto no es vida, esto es un papel (señala la caseta). Esto un día a cualquiera se le ocurre tirarnos un bote con alcohol y una cerilla y se acabó, y que nos coja durmiendo. Encima tenemos que tomar pastillas para poder dormir, porque a ver quién es capaz de dormir en la calle plácidamente”. Ella pide una oportunidad para encontrar una alternativa habitacional a cambio de “echar una mano”.

En este sentido, el antes mencionado cura de Entrevías, Baeza, subraya que “la urgencia se tiene que atender. Las personas y las instituciones no nos podemos relacionar desde las dificultades. Los ciudadanos, aunque sean pobres, tienen un montón de necesidades, pero” también “un montón de potencialidades. Yo creo que hay que ayudar a redescubrirlas y hacerlas emerger”. Para ello aboga por que “las políticas sociales sean más comunitarias, porque si no, lo que seguiremos haciendo es seguir fragmentando la ciudadanía”. Y es que se trata de “un problema social y socialmente tenemos que hacer frente a él”.

Y rubrica su argumento con una reflexión: “Claramente tiene que haber un cambio económico”, otra orientación. “Escuché la cifra de 78.000 millones de euros en paraísos fiscales” o “el informe anual de ayudas públicas, que dice que le Estado ha prestado a los bancos de cada español 2.990 euros”.

El tiempo ‘robado’ por la Administración: ‘burorrepresión’

“En su sentido extenso y blando, la ”burorrepresión“, pretendiendo controlar la potencial disfuncionalidad de sectores sociales que están inmersos en procesos de empobrecimiento y exclusión, adopta la forma de trabas burocráticas o legales que se convierten en graves impedimentos funcionales para los individuos y colectivos afectados”. Así se esboza este concepto desde los colectivos Yo Sí Sanidad Universal y la Plataforma por la Desobediencia Civil. Es lo que han padecido Javier y Antonia: “Nosotros hemos hecho una danza por todos los servicios sociales, Guanarteme, Cabildo, Ayuntamiento, con una carpeta (señala con las manos la gran voluminosidad de los documentos). Al final, casi nos ofrecen lo que yo llamé caridad burguesa”, describe Javier. Y continúa: “El trabajador social de Guanarteme me dijo que más bien es esto, lo que yo entendí como una caridad burguesa”, y él le dijo que “quiero que sepa, caballero, que yo no vine aquí a buscar caridad burguesa. Tengo a mi compañera con una enfermedad crónica dividida en cuatro pautas distintas, un trastorno ansioso-depresivo recurrente con el que no puede concentrarse ni en las cosas domésticas de la vida. Parece que unos se afeitaron para arriba y otros se afeitaron para abajo”, indica.

Javier acudió al Cabildo con el mismo problema de indigencia a resolver, a Cáritas y a la Cruz Roja, y se encontró, en cada caso, “con el agravante de que te dicen que ‘tienes que traerme papeles”. Y así, “todos esos papeles me hacen viajar, entrar en internet e ir a los bancos, gastar mucho tiempo que necesito para buscarme la comida del día a día. Yo me sostenía recogiendo metales por los contenedores, con una bolsa, recogiéndolos para ir corriendo al Sebadal y conseguir dinero para la comida del día a día y una garrafa de agua para la higiene”, una cantidad de 20 ó 30 euros al mes, especifica,

A los tres meses aproximadamente, aún sin respuesta, regresó otra vez a ese peregrinaje preguntando por su solicitud de alojamiento en los centros de acogida de la ciudad y la de alternativa habitacional. Ahora, a los seis meses, “volvemos a empezar” con el peregrinaje, prosigue Javier. En ese periodo de tiempo, tan sólo una trabajadora social de Cruz Roja visitó a la pareja en la calle. Y por fin, hacía una semana, apareció una trabajadora social del centro de acogida capitalino Gánigo de la calle Miguel Rosa, número 21. “A las alternativas que nos ofrecen en ese momento, prácticamente nosotros no podemos hacerles frente. Ellos nos hablan de pagarnos dos meses de alquiler, y nada más”, indica Javier. Tras seis meses, desde Gánigo se les ofrecía esta alternativa habitacional de 250 euros mensuales, que el centro sufragaría económicamente durante dos meses, lo que “nos parece demasiado escatimado para dos personas con una pauta como la que tenemos”. Ambos enfermos crónicos y sin ingresos. Él tiene un problema medular, de desplazamiento de cervicales y toma pastillas para el dolor. Ella padece un trastorno mental.

“Yo tenía medicación y esta trabajadora social (la de Gánigo) me venía a mí de madrugada a despertarme en torno a la una o a las dos de la mañana, cuando tengo tratamiento siquiátrico”, cuyos medicamentos obtiene a través de la Seguridad Social, como expone Antonia. “Esto es una injusticia por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento”, denuncia él. “Yo no duermo”, dice ella. Ambos apenas logran conciliar el sueño tres o cuatro horas al día por las exigencias horarias que requiere la toma de pastillas de Antonia. “Yo un poco más y quiero hasta morirme, no quiero vivir”, reconoce ella.

En este punto, es de recibo mencionar cómo se desenvuelve un trabajador social en su trato con las personas en situación de calle. Miguel Pérez Santana es educador de calle de Cáritas Diocesana y trabaja acompañando a las personas que se encuentran en la indigencia. Acompaña a voluntarios en el acercamiento a estas personas para generar una especia de relación, de vínculo con ellas, con el fin de facilitarles orientación, acompañamiento e información sobre recursos específicos para personas sin hogar. En la medida que los afectados vayan proponiendo, necesitando o demandando algún tipo de cambio en su situación, “nosotros les vamos facilitando información, acompañamiento en el acceso a los recursos”, desgrana Pérez.

“A mí no me gusta nunca hablar de perfiles, parece se puede generar un estereotipo de persona. Lo que sí define a todas las personas que están en esta situación es que detrás de cada una hay una situación distinta, una persona con una historia que posiblemente ha tenido situaciones traumáticas, desde encontrarse en un momento dado sin un trabajo, o que en algún momento haya habido algún tipo de separación o alguna o varias situaciones traumáticas que conducen a una situación así”. Detrás, expone, hay situaciones de salud mental, que o bien han conducido a la persona a una situación así o bien a la inversa, que esto sea la causa de la enfermedad. En muchos casos se trata de problemas “relacionados con el consumo de alcohol y drogodependencia”, añade Pérez.

Las capacidades del educador de calle lo facultan para el acompañamiento, el dedicarle tiempo a escuchar a estas personas y de esta forma poner a su alcance los recursos sanitarios de la población general, poner al día la documentación necesaria para que puedan acceder a estos recursos, la gestión y la tramitación de la documentación personal de cada uno de ellos, “orientarlos y si es necesario acompañarlos”. También, en lo referente a “ayudas económicas y prestaciones, les informamos y acompañamos”.

“Llega un momento en que esta persona se encuentra en una situación de indefensión aprendida”, asegura Pérez, “ven cómo por ellos solos les es difícil salir de esta situación, consideran que no van a poder hacerlo, digamos que después de varias situaciones traumáticas e intentarlo muchas veces, ven que por sí mismos no son capaces”. Por otro lado, continúa, “aparecen obstáculos que se ponen por falta de recursos, de invertir en recursos para estas personas, y también porque muchas veces se ignora y se obvia la situación de estas personas y se mira para otro lado. Todo sigue funcionando como si este problema no existiera. No hay una preocupación por enfrentarse a esta situación real que hay en la Isla de Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria concretamente”, finaliza el educador de calle.

No hay, pues, un ellos y un nosotros. La frontera es difusa, los grados de empobrecimiento y enriquecimiento, de despojo y de acumulación son múltiples. Cualquiera puede verse forzado a luchar por subsistir. Esa es la cuestión. Si el Estado es el garante de la justicia social, el Estado, integrado por el colectivo, hace dejación de sus funciones.

Los centros de acogida e inserción sociolaboral

Los centros de acogida de Las Palmas de Gran Canaria “no están adecuados y menos para la enfermedad que yo tengo”, denuncia Antonia, que asiente cuando Javier menciona que la ayuda desde la Administración local para darles alojamiento estuvo jalonada de impedimentos, y que lo centros, en su labor son, “completamente nulos”. Según su experiencia, “lo primero es que no alcanzan (con las plazas de alojamiento), el servicio social se lava las manos diciendo que no alcanza, tampoco ninguna institución, ni ONG. No hemos alcanzado, nos dicen”, como atestigua Javier.

Empero, recientemente nos topamos con la aseveración del alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, de que, en la ciudad palmense, que tiene una media de 80 personas que pasan la noche en la vía pública, estos no adolecen de una falta de recursos de acogida, sino que “prefieren dormir en la calle”. Dijo, a su vez, que el Ayuntamiento provee de los “recursos suficientes para acoger a todas las personas que, en un momento determinado, se pueden encontrar, efectivamente, sin hogar”. La Unidad de Inclusión de la Corporación local dispone de tres centros para personas sin hogar, con 118 plazas en total.

El refugio se da en los Centros de Acogida Municipal Gánigo, que posee 30 plazas, y El Lasso, con 38, más las 50 plazas del Centro Municipal de Inserción Sociolaboral La Isleta. Si el primero se limita al acogimiento de personas sin hogar, el segundo avanza en las pautas de abordaje del problema de la exclusión con “un proceso individualizado de recuperación personal orientado a la superación de las dificultades personales y/o sociales”, mientras que el tercero acoge a “las personas sin hogar que han iniciado su proceso de inserción social de forma voluntaria en el Centro Gánigo” y “su programa de intervención se concreta en completar la formación, búsqueda de empleo, apoyo psicosocial, trabajo de autoestima y de habilidades”, como se especifica en la web del Ayuntamiento capitalino.

Javier y Antonia no sólo no encontraron respuesta a su intemperie indefinida desde el Consistorio, sino que su acceso al alimento se convirtió en una cuestión de supervivencia. Como se mencionaba anteriormente, Javier acude dos o tres veces al mes a cambiar por dinero los metales que recolecta “para ir escapando y no pasar hambre”, mas este sistema entraña el riesgo de acarrear una sanción administrativa: “Me encontré con que hay una ordenanza del Ayuntamiento que, como te pillen revisando un contenedor, te ‘empluman’ 300 euros de multa”. Es así que recurren a “los repartos que se dan en los supermercados”, donde recogen la comida caducada o estropeada que estos establecimientos deciden desechar. “No podemos hacer fuego para cocinar, como es lógico”, dice Antonia, “comemos a base de pan y embutidos”, añade Javier.

El deterioro de los servicios sociales: hacia el subdesarrollo

Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), planteaba en un encuentro organizado por eldiario.es para presentar el documental 1 de cada 5 sobre la pobreza en España, producido por la ONG Ayuda en Acción, que en base a una investigación en la que participaron 1.500 trabajadores sociales de toda España, se constata que hay una incremento de la demanda de servicios sociales del 74%, “un aumento generalizado que, cuando hablamos de prestaciones que tienen que ver con lo económico”, caso de la emergencia social en la demanda de alimentos, “sería de un 200% o más”, dependiendo de cada Ayuntamiento.

La trabajadora añadía que “detrás de esto hay familias que casi en un 50% de los casos ni siquiera habían acudido a servicios sociales, en algunos casos lo habían hecho de manera puntual y en otros nunca. Ni siquiera sabían dónde estaban situados o qué tenían qué hacer e incluso recurrían a internet para saber qué hacer, porque no sabían que tenían un trabajador social de zona en su Ayuntamiento y nunca lo habían necesitado”. Constataba, además, que el endurecimiento de los requisitos para la Renta Mínima de Inserción (RMI) conduce a una espera de hasta los ocho o nueve meses hasta poder recibirla. “No podemos hacer una buena intervención social porque la calidad no se garantiza”, aseguraba Lima, “estamos desbordados en una atención puntual cuando ya hay un problema y nos estamos olvidando de las causas estructurales de ese problema y de cómo abordarlo y de hacer prevención”, de “tener una estrategia desde el Estado del Bienestar para abordar esas situaciones”.

Koldobi Velasco, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y miembro de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan), participada por colectivos sociales y sindicatos y en marcha desde 2010, ahonda en esta dirección que habla del deterioro de los servicios sociales en la Comunidad canaria. Los activistas de Redesscan han participado en la llamada Marea Naranja, erigida en la defensa de la integridad de los servicios sociales por todo el Estado a través de reivindicaciones públicas.

En el segundo Informe de la situación de los servicios sociales en Canarias de Redesscan, se plantea, a partir de una investigación de cómo están los indicadores del contexto social y económico y cómo están los indicadores de respuesta, “que en este periodo de emergencia social en el que estamos, con más del 74% de la población canaria con algún indicador de exclusión según la Fundación Foessa, se duplica la situación general de la privación material severa y el número de personas en situación de empobrecimiento”, afirma Velasco. Además, los activistas reflejan en su informe un aumento de la precariedad y un recrudecimiento del empobrecimiento, y que los servicios sociales públicos no están dando respuesta a las necesidades y los derechos de la ciudadanía más empobrecida, lo que “contribuye a aumentar la desprotección social y la desigualdad”, añade la activista.

En la investigación, se expone que hay un aumento en la demanda de servicios sociales en cada uno de los pueblos en Canarias del 40%, y que hay un recorte del 20% de las plantillas de este gremio, con la consiguiente reducción proporcional de los servicios. “Eso lleva a políticas asistenciales, residuales les llamamos, que no van dirigidas a toda la población, sino exclusivamente al colectivo de personas que tienen mayores grados de empobrecimiento, pero que ni siquiera llegan a todas las personas que tendrían derecho”, subraya la docente. En concreto y según Velasco, sólo alcanza para uno de cada 1.000 hogares que tendría derecho a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). “Hay 58.000 hogares en Canarias, según el Consejo Económico y Social (CES), sin ningún tipo de ingresos y la PCI llega a unos 5.800”.

Denuncia la militante social que “los servicios sociales, en la actualidad, están siendo arbitrarios y de caridad y no se están desarrollando por justicia, que es como tendría que ser”, cuando los servicios sociales tienen la función de garantizar el acceso a los derechos a todas las personas, garantizar la satisfacción de las necesidades y la redistribución de la riqueza. “Lo que hemos visto, haciendo una investigación general, es que actualmente los servicios sociales llegan, según datos de 2013, sólo al 17% de la población canaria, y no llega sino a un tercio del número de personas en situación de exclusión social, una de cada tres personas que están en una situación de urgente necesidad de atención”, pormenoriza Velasco.

En cuanto a las proporciones (establecidas en el análisis para 2014), “hay un trabajador social contratado por cada 16.000 habitantes, cinco veces menos de lo adecuado, según los ratios a nivel de todo el Estado. En Gran Canaria, hay un trabajador social por cada 25.000 habitantes”. A esto se añade la precariedad laboral y falta de continuidad en el trabajo de los equipos: “De cada tres personas que trabajan con remuneración en los servicios sociales, una es de plantilla y dos son eventuales” detalla la profesora.

En general, se trata de un desmantelamiento del nivel comunitario de los servicios sociales, un rasgo propio, este, “que es la puerta de entrada al resto de las situaciones que pudiera necesitar la gente, de una atención más especializada a situaciones de personas sin hogar, a problemas con las drogas, a necesidad de ayuda a domicilio, atención residencial”. Según datos de 2013, “29 euros por persona es lo que se invierte en los servicios sociales de ámbito municipal a nivel de barrios y pueblos” en el conjunto de las Islas. Desde Redesscan alertan de que con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, a 31 de diciembre de 2015 ya se debe cumplir con uno de los aspectos de esta norma, que va a dejar a 60 municipios sin competencias en servicios sociales, de un total de 88 municipios, por tener menos de 20.000 habitantes. “Más de 430.000 habitantes en Canarias se van a quedar sin derecho de acceso a los servicios sociales, próximos y cercanos, que son los municipales”, advierte Velasco.

Se incumple la Ley

Otra denuncia que emiten desde Redesscan es que la Ley de Servicios Sociales de 1987, de cuño canario, se incumple totalmente en las Islas, así como la Ley de PCI. Además, alertan de que no se aplica la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

“Después de analizar los presupuestos históricos del Gobierno de Canarias y de las distintas Administraciones públicas, constatamos que es insuficiente para dar respuesta a la situación social, que ha sufrido en cinco años recortes de un 30% en las partidas de actuaciones de protección y promoción social. En el Gobierno de Canarias, cuatro de cada 1000 euros son para servicios sociales, y hay un descenso de 80 millones desde 2010 a 2015 en todos los programas: cooperación al desarrollo, atención a personas drogodependientes, ejecución de medidas judiciales, prevención e intervención en el área de infancia, igualdad de oportunidad para mujeres o fomento de calidad de vida de los jóvenes”.

Velasco apunta, así mismo, que “ha habido un descenso de las partidas. En los servicios sociales municipales hay una inversión de 170 millones menos respecto a 2010”.

En lo genérico, desde Redesscan requieren el respeto a una máxima: “A más desigualdad, más política social basada en el derecho y la justicia”. La exigencia mínima es que se cumpla la ley: “Hay una violación de los derechos sociales y en concreto de los Derechos Humanos que es impresionante. Estamos preocupados con el paso del Estado Social al Estado penal y con esta criminalización o responsabilización de la pobreza. En el fondo, es un discurso de castigo a las personas más pobres y una ausencia de responsabilidad del Estado, como que no tiene que hacer efectiva ni la redistribución de la riqueza ni la garantía de derechos. Es un neofascismo peligrosísimo. Nosotras exigimos que haya un planteamiento de dar respuesta a la realidad, cada uno según su responsabilidad. El Estado tiene que ser garantista, no puede dejar abandonada a la gente que está sufriendo más esta crisis”, dice Velasco.

Surge aquí la cuestión de cómo es posible contemplar la posibilidad de que la irresponsabilidad del Estado en este ámbito conduce hacia el subdesarrollo. “La desigualdad nos lleva a situaciones de discriminación, de explotación y de injusticia, que en los parámetros sociales nos sitúan en Canarias, en concreto, en un regreso a los indicadores de desigualdad de hace cuatro décadas”, concreta la activista.

En Redesscan proponen “que se cumplan las funciones de los servicios sociales”, esto es: “Que haya una redistribución de la riqueza”. Para ello, propugnan “una renta básica que comience por los hogares sin ingresos, universal y suficiente (así la promueve la Red Renta Básica desde 2001). Y alertan sobre la privatización de los servicios públicos en las atenciones a domicilio y en los empleos de vigilancia de los centros de atención y acogida. Las mutuas, ”que andan buitreando“, dice Velasco, como perceptoras de funciones en el primero de los casos; la concesión de los servicios de vigilancia a la empresa Grupo Ralons, en lo referente al segundo de ellos.

Es del saber popular que “lo que tenemos es de los pobres y sólo lo que les damos se torna nuestro”. No en vano, a pesar de todo, la solidaridad es un bien común e irreductible. Javier y Antonia lograron salir de la situación de calle en la que se encontraban, una vez él encontró un empleo. Ahora pueden sufragar un alquiler y dormir entre cuatro paredes y bajo un techo que los cobije. Su intemperie forzada terminó, pero su vida en común continúa con más fuerza, si cabe, dotados ahora ambos de un poder fruto de la solidaridad como último resorte de su agredida dignidad.

En los peores momentos, este apoyo mutuo mantenía sus corazones calientes en medio del frío invernal. “Él me apoya mucho, me he venido abajo. La autoestima la tengo por los suelos. La familia también te rechaza. Como que les da vergüenza. A mi madre e hijos les da vergüenza verme así. Eso te lastima mucho más”, confesaba Antonia. “Otro agravante más. La familia te mira de lado”, añadía Javier, que al escuchar a Antonia, replicaba: “Si no es por eso, ella no estaría conmigo, porque yo soy la chispa que la levanta a ella”.

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Si la conocida como Ley mordaza se promulga, “la nación ibérica experimentará una regresión autoritaria lamentable que la colocará con un marco jurídico equiparable al de la franquista Ley de Orden Público –promulgada en 1959–, difícilmente compatible con la jurisprudencia de la Comunidad Europea contemporánea en materia de libre reunión y manifestación”. Con estas palabras se pronunciaba un artículo de opinión publicado en el diario mexicano La Jornada el pasado 12 de diciembre.

El Gobierno español logró el pasado 11 de diciembre que su nueva y anunciada concepción sobre la limitación de los derechos civiles fuera votada a favor en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría absoluta de que goza el grupo parlamentario que lo apoya, el Partido Popular (PP), además de la adhesión en este caso de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Aragonés. Así, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana obtiene el impulso necesario para seguir su tramitación en el Senado y entrar en vigor con probabilidad dada la también mayoría conservadora en la Cámara Alta.

Amordazado es el término con el que se caracterizó en su definición a sendas leyes inglesas de 1817, las Gagging Acts: la Treason Act (ley contra la traición) y la Seditious Meetings (ley contra los encuentros o actos de carácter sedicioso); la primera castigaba las tentativas y los planes de atentar contra la familia real británica y la segunda penalizaba las reuniones de más de 50 personas salvo que estuviesen aprobadas por un oficial y lo suficientemente acreditadas y notificadas por sus organizadores con antelación. Desde la publicación de los dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke en 1689 y la solemne Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia, hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, tanto los derechos civiles como los políticos han constituido un eje primordial en las luchas y las conquistas de los pueblos y la ciudadanía desde la Ilustración, logros que permiten la protección de las libertades individuales frente al poder público y privado y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Ahora la ciudadanía española ha etiquetado de mordaza al particular freno cuyo advenimiento reconoce en la mentada ley auspiciada desde la Moncloa.

Para sintetizar el contenido de la ley que pretende el Ejecutivo, mencionar que contempla un total de 45 infracciones, entre muy graves, graves y leves. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros (con tres grados de aplicación); las graves, con multa de 601 a 30.000 euros (con tres grados de aplicación también), y las leves, con multa de 100 a 600 euros. Las multas, además, podrán llevar aparejadas medidas como la retirada de armas o licencias, decomiso de los bienes, medios o instrumentos, suspensión temporal de permisos o autorizaciones, clausura de fábricas, locales o establecimientos hasta dos años.

Estas son algunas de las infracciones que tienen relación con el derecho a manifestación y reunión:

Como infracción muy grave:

Reunirse o manifestarse, sin comunicarlo o saltándose la prohibición, en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, entrar en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, e interferir en su funcionamiento cuando se generen riesgos para las personas o perjuicios en dicho funcionamiento. Los responsables serán los organizadores o promotores.

Como infracción grave:

Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas. Cuando no constituya infracción penal.

Perturbar de forma grave la seguridad ciudadana durante reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y las asambleas de las comunidades, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.

Desobedecer o resistirse a la autoridad, siempre que no sea delito. Negarse a identificarse ante ella (o sus agentes) o dar datos falsos o inexactos.

Negarse a disolver una reunión o manifestación cuando lo ordene la autoridad por no ser lícita, porque hay alteraciones o porque los asistentes hacen uso de uniformes paramilitares.

Perturbar una reunión o manifestación lícita. Siempre que no constituya infracción penal.

Entrar en infraestructuras o instalaciones de servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento. Siempre que no sea infracción muy grave.

Obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos que ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana.

Usar imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad “que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

Como infracción leve:

Celebrar reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público sin comunicarlas, sin garantizar en ellas el “buen orden” (los responsables son los organizadores) o saltándose su prohibición o cambio de recorrido decidido por la autoridad.

Saltarse, provocando “alteraciones menores”, las restricciones o los itinerarios en actos públicos, reuniones o manifestaciones.

Las faltas de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, cuando no sea constitutivo de infracción penal.

No tener DNI o pasaporte (documentación obligatoria) o no denunciar su sustracción o extravío.

Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo de daños a personas o bienes.

Remover vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo.

El poder del Estado frente a la libertad de los individuos

Las magistradas y miembros de la asociación Jueces para la Democracia, Virginia Peña y Carla Vallejo, en una charla ofrecida el pasado 17 de diciembre, organizada por la Asamblea Popular de Gran Canaria y la Plataforma Canaria Contra la Criminalización de la Protesta Ciudadana, analizaron la ley que está por venir y a cuyo espíritu definen como el de “ampliar el poder del Estado en contra de la libertad de los individuos”.

Ambas juezas pusieron en duda la pertinencia de los argumentos dados para la creación de la nueva ley, como la necesidad de renovarla por el paso del tiempo, adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nacida desde 1992 o la de responder a una presunta demanda de seguridad por parte de la ciudadanía. “Si nos vamos a los datos España no tiene un problema de seguridad ciudadana”, comentaba Carla Vallejo, quien basándose en el Estudio de la criminalidad en la Unión Europea (UE) de Eurostat de 2010 (datos posteriores no han sido recogidos por esta oficina estadística de la UE por considerarlos poco rigurosos), se explicaba exponiendo que “España es uno de los países más seguros de Europa. Su tasa de criminalidad es de 45 delitos por cada 1.000 habitantes”, sólo superada por Grecia y Portugal, aún con menos delincuencia. La magistrada expuso a su vez que la población reclusa española representa el doble de la europea: una media de 153 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media Europea es de 70.

Así mismo, Vallejo argumentó que la seguridad ciudadana nunca representó un problema de peso (entre los 10 primeros) para la población española en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). “A pesar de esto se ha iniciado una batería de reformas que a lo que vienen es a limitar los derechos principalmente referidos a la libertad de expresión y de manifestación”, la criminalización de la protesta social a través de la Ley de Seguridad Ciudadana en conjunción con la reforma del Código Penal. “No existe una demanda ciudadana de un mayor orden público. Sí existe una demanda por parte de determinados órganos de poder de imponer su propio concepto de orden público”, denunciaba la magistrada, que además subrayaba el marcado sesgo político del texto legal que, según su criterio, “se ha puesto al servicio de un determinado concepto del orden público”.

Según Vallejo, el nuevo texto legal “va en contra” de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la que juzga que “la defensa del orden público está para garantizar que todos podamos ejercer nuestros derechos y no al contrario como se hace aquí, donde se utiliza el orden público para limitar las libertades que todos tenemos derecho a ejercer”, expuso la juez: Se considera prioritario el orden en las calles a determinados derechos garantizados constitucionalmente.

Pero la clave, tal y como quiso poner en valor la magistrada Vallejo, radica en la presión ejercida por la contestación social y las críticas vertidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal o del Consejo General de la Abogacía (CGA) y sus informes acerca de la inconstitucionalidad de la norma en cuestión. Ambos factores “han sido determinantes”, adujo Vallejo, para las correcciones que del articulado ha ido haciendo el Gobierno, dando marcha atrás a muchos de los preceptos que pretendía introducir en primera instancia. Sobre todo, el segundo de esos factores, “una cosa que afortunadamente está funcionando en este país y que hay que reconocer: La acción ciudadana, el movimiento de grupos organizados que ahora mismo han despertado, además con un brío que hacía muchos años que no existía y que está diciendo basta”, gracias a lo que el texto “se ha corregido”, prosiguió la magistrada. Y concluyó: “Lo que tenemos es malo, pero pudo ser infinitamente peor”.

Las movilizaciones que molestan

Una persona fue detenida por grabar la actuación de la policía en el marco de una manifestación. Fue en la movilización que se llevó a cabo en Telde, el pasado 11 de junio de 2014, durante el pregón de las fiestas de San Juan, que dio el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a puerta cerrada en la ermita de San Pedro Mártir. Al conocer que Soria no accedería al edificio por la puerta principal, donde se aglomeraba el grueso de los manifestantes, un grupo reducido de estos buscó por dónde podía entrar el presidente del Partido Popular en Canarias a fin de “cambiar el sitio de la manifestación a un lugar donde por lo menos lo viera” el representante político objeto de la protesta, tal y como indica una persona que participó en la manifestación y que quiere quedar en el anonimato.

La manifestación se organizó para expresar el descontento de la parte de la población isleña que recrimina a Soria tanto posturas ideológicas, como su respaldo político a las prospecciones petrolíferas que llevó a cabo la multinacional petrolera Repsol y que finalmente han resultado vanas en sus esfuerzos por explotar el crudo encontrado en los fondos marinos próximos a Canarias . “¿Cómo puedes invitar al señor que se quiere cargar Canarias y la quiere saquear, como pregonero de las fiestas?” se cuestiona la misma fuente, “lo que habría que hacer es nombrarlo persona non grata”, añade.

Según la versión de este manifestante, no lograron ver a ningún político “porque ni hubo tiempo”. Lo que sí vieron según esta versión fue “a tres policías rodeando a tres señores con banderas independentistas” en “un lugar donde apenas había testigos”, un momento en el que uno de los manifestantes comenzó a grabar la escena con su teléfono móvil “para evitar que hubiera conflictos mayores y evitar que a esos señores los pudieran detener basándose en preceptos falsos”. La reacción de los policías fue la de instar al manifestante a que cesara el acto de grabar so pena de confiscar el susodicho teléfono y seguidamente ponerle contra la pared. Los funcionarios insisten en sus intenciones al tiempo que el manifestante porta su móvil, aún grabando, en la mano extendida contra la pared, cuando este decide lanzar el aparato para salvaguardarlo a un compañero manifestante cercano, quien lo coge al vuelo. La maniobra le cuesta la detención al primer manifestante, quien además no evita la confiscación de su teléfono móvil y es llevado a dependencias policiales, de donde sale recuperando el teléfono, al que se le ha extraído la tarjeta de memoria del aparato, según el manifestante.

El manifestante, uno de los detenidos durante el pregón del ministro Soria en Telde, quedó en libertad con cargos. La Policía le imputa tres delitos: agresión a la autoridad, desacato y resistencia a la detención. Aquella jornada estuvo también marcada por la agresión de un policía a otro manifestante, registrada en vídeo. Además, otras seis personas fueron detenidas por enfrentarse con piedras a los agentes antidisturbios, quienes dispararon pelotas de goma.

Noelia Sánchez, activista y militante de Ben Magec-Ecologistas en Acción participó en una manifestación el pasado 23 de junio de 2014, convocada en las redes sociales por la Coordinadora Canaria Contra las Prospecciones frente al edificio de la institución insular grancanaria. Allí se celebraba un pleno en el que la oposición formuló algunas cuestiones sobre la situación del petróleo y las prospecciones. Tras habérsele sido negada la entrada al pleno, objetivo principal de la concentración, y apoyada en la barandilla que da a la calle Bravo Murillo de la capital grancanaria, portando una pancarta junto a otras dos personas, Sánchez fue instada por un policía a retirarse de allí, “un sitio del que ¿por qué me tenía que quitar de ahí si no estaba haciendo nada, apoyada en un sitio en el que me apoyo prácticamente todos los días?”, se pregunta la activista. El policía “me cogió los datos” y “después me llegó esta multa”, comenta, que durante la protesta hizo uso del megáfono que llevaron para intensificar el tono de la misma. Sánchez recuerda que “a otro compañero de Telde que quiso entrar al pleno le prohibieron la entrada los de seguridad” y que tanto a él como a ella les llegó la misma multa que los acusa de “encabezar una manifestación no comunicada”, una sanción de 1.000 euros a cada uno. La multa fue recurrida por un compañero abogado ecologista y, una vez desestimado el recurso, volvió a recurrir y como lo hizo fuera de plazo se acogió a un recurso de alzada. “Cuando nos llegue la multa la idea es hacer alguna rueda de prensa”, anticipa Sánchez. Para ella existe “una desproporción absoluta” en la multa y el contenido de la misma falta a la verdad por cuanto “yo no soy promotora de ninguna concentración, yo fui como una persona más” y “no es un delito llevar un megáfono”, además de que “no pertenezco a ninguna organización convocante” y que de hecho no había ningún convocante en sí.

Respecto a la ley que quiere aprobar el Gobierno, Sánchez opina que “está hecha para desincentivar a la gente a que salga a la calle y además con sanciones administrativas que en la mayoría de los casos son más disuasorias, porque al final te cae una multa y tal y como está la cosa disuade más que por lo penal, que además es más garantista que lo administrativo”; “durante todas las acciones que se han hecho desde el movimiento ciudadano contra las prospecciones ha sido muy pacífico se ha identificado a mucha gente y están llegando muchas multas, es una estrategia silenciosa que se está utilizando”, denuncia la activista.

Por su parte, desde la Asociación de amigos de los tiburones y rayas de Canarias (Atiracan) y su experiencia en el ámbito del activismo ecologista creen, en palabras de su coordinador, Jesús Rodas, que la futurible ley “es anticonstitucional” y que su labor activista se sostiene en el artículo 45 de la Constitución, en el derecho a conservar y disfrutar del medio ambiente y el deber de protegerlo. La última acción significativa de este colectivo consistió en colgar una pancarta en el campanario de la Catedral Basílica de Santa Ana en contra de las prospecciones de Repsol.

Juande Fernández, portavoz de Greenpeace, alega por otro lado que la llamada “ley mordaza” les parece a su colectivo “un atentado contra la desobediencia civil, que es una herramienta dentro de la democracia, que en España seguiríamos teniendo una dictadura de no ser por la desobediencia civil, siempre pacífica”. “Que abran la posibilidad de que acaben denunciando a Greenpeace o a otros muchos colectivos, como Stop Desahucios, sin que un juez intervenga, sino que sea directamente la Administración con unas multas económicas muy fuertes”, prosigue Fernández, “es un atropello a la propia democracia y las reglas del juego democrático”. Un ejemplo de ello es, según el activista ecologista, el caso del atropello a la activista de Greenpeace en el área marítima donde se realizaron las prospecciones por parte de dos lanchas del Ejército Español, en el que “el Gobierno, cuando no le interesa, manda al ejército a defender los intereses de una multinacional contra civiles”, o “incluso la posibilidad de que a alguien que defiende al que van a desahuciar le metan una multa y utilicen el miedo a la población de ir a una manifestación”, añade.

Incluso asevera que habitualmente cuando las manifestaciones motivan la presencia ante un juez, estos “han entendido que nosotros estamos ejerciendo un derecho democrático de forma pacífica y que no ha lugar a una multa, como también ha pasado con los escraches o contra los desahucios”, y que “como esto al Gobierno no le está gustando, le lleva a cambiar las reglas del juego democrático”, lo que conllevará “un retroceso respecto a la situación actual y una pérdida por parte de los ciudadanos de la posibilidad de defender sus derechos ante la multitud de denuncias que hay de la policía por participar en manifestaciones no autorizadas”, concluye.

La policía y la presunción de veracidad

La abogada Isabel Saavedra, que tiene experiencia en la defensa jurídica de activistas y ha trabajado sobre estos asuntos en contextos de movilización social, arroja luz sobre la cuestión de las denuncias policiales y de su presunción de veracidad: “En los asuntos en que los agentes de policía denuncian a los particulares, nos encontramos con la existencia de la presunción de veracidad”, explica Saavedra, “es decir, que la declaración del agente ante el juez se presume veraz, pero esto no significa que no pueda destruirse dicha presunción con otro tipo de pruebas”. Es por ello que es tan importante que haya testigos o vídeos de lo sucedido y que se permita grabar las actuaciones policiales que se lleven a cabo en la calle, “con independencia de las restricciones que se hagan luego en cuanto a la publicación de dichos vídeos”, por respeto a la seguridad de los agentes, matiza Saavedra, “pero de manera que sí puedan ser utilizados como prueba en los juicios”, añade.

Y es que, “aunque la mayoría de las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan de forma impecable, no se puede negar la existencia de determinados abusos, en forma de atestados falsos, y en estos casos es muy difícil de contrarrestar sin otro tipo de pruebas”, afirma la jurista. Saavedra cita algunos ejemplos de este tipo de actuaciones que, insiste, “se dan de forma excepcional”, como el de una persona que fue imputada de atentado contra la autoridad en las protestas contra la reforma laboral de febrero de 2012, si bien en un vídeo de la cadena de televisión La Sexta se veía cómo era detenida por la policía tan sólo por gritarles que son “unos violentos”.

Otro caso que rememora la abogada es el de una pareja que, detenida por la Unidades de Intervención Policial (UIP), fue acusada de impedir una detención que, como se ve en un vídeo, ocurrió a varios metros de distancia de donde se encontraban. Recuerda, así mismo, otro caso en el que varios manifestantes fueron acusados de quitarle el casco a un policía durante las manifestaciones de la Marcha de la Dignidad del pasado 22 de marzo de 2014, mientras que, otra vez, un vídeo mostró que fue un compañero del cuerpo que le estaba atendiendo en el suelo quien le quitó el casco.

El atestado policial tiene, según el art. 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la categoría de una simple denuncia, pero, en la práctica y como desgrana Saavedra, es una denuncia derivada de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde 1981 y se le considera una prueba válida por encima de la presunción de inocencia, siempre que el agente de policía ratifique en el juicio la información detallada en el atestado.

Para la abogada, “la contundencia de la defensa en estos casos es vital, pues ya no se parte sólo de la presunción de inocencia del acusado, que debe ser destruida con pruebas acusatorias, sino que se parte de una presunción de veracidad del denunciante que debe ser destruida con pruebas de la defensa”. Además, añade, que “de acreditarse que existe falsedad en el atestado policial”, no imprecisiones o errores, sino en el caso de mentiras y falsedades, “debería deducirse testimonio para que dicho delito, recogido en el artículo 390 del Código Penal, sea debidamente castigado, y ahí cumple un papel importante también el Ministerio Fiscal”.

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“Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada -o hacer demasiado poco- nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta”. Por civilización, estas palabras extraídas del Manifiesto Última Llamada, emitido el pasado verano como una declamación contra la destrucción sistemática de las bases que sostienen a las sociedades humanas del planeta, se refieren a la nuestra: occidental, capitalista y desarrollada.

Son tres etiquetas que queman como tales a los firmantes de este documento, entre ellos Pedro Prieto, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos (AEREN). Prieto define el problema desde una postura anticapitalista, por cuanto “la crisis de civilización es la que pone en cuestión el modelo social prevalente en estos momentos. Si hay entre 180 y 200 países, registrados en las Naciones Unidas (ONU), de esos, aproximadamente 160 deben ser claramente países capitalistas”, una mayoría absoluta.

Un alegato anticapitalista, pero también anti-desarrollista: “Cuando se habla de países capitalistas siempre tendemos a mirar hacia Europa o hacia Estados Unidos, porque son los países capitalistas que se benefician del resto de países capitalistas, como Nigeria, que es un gran país capitalista, o Ghana, o Gabón. Tantos y tantos países capitalistas hay que funcionan muy mal, porque hay otros que están funcionando muy bien ya que tienen una gran habilidad y una gran capacidad militar, económica, financiera, de flujo de materiales y de generar contratos que son desiguales en sus términos”. Se trata del intercambio desigual de bienes y servicios (Norte-Sur), el que mientras “enriquece a algunos está empobreciendo a otros”, expone Prieto. Emerge aquí la teoría de la dependencia de los países del sur con los del norte (o de la periferia con el centro), acuñada ya entre los años 50 y 70 del siglo XX.

Como decíamos, la cuestión central del Manifiesto es la existencia de una crisis de civilización, una pluralidad de crisis, que son la social, la política, la económica, la financiera y, con mayor énfasis por su mayor importancia, la ecológica. Todas, además, tienen un carácter global. María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y también firmante del documento, explica cómo ya no sólo hablamos del exceso de CO2 en la atmósfera, del calentamiento global, de la neutralización de la resiliencia de los ecosistemas, de la dependencia y la no autosuficiencia energética y de la deforestación, sino de la posible irreversibilidad del proceso de destrucción en sí. Tal vez no haya vuelta atrás, pero, según Rodríguez Palop, “el grado en el que hemos sobrepasado un punto de no retorno es una discusión abierta entre los ecologistas. Algunos pensamos que aún podemos reaccionar, pero esto, por supuesto, depende de un diagnóstico que no es unánime y del sector del que hablemos, además del grado de confianza que tengamos en los mecanismos a nuestro alcance”. En cualquier caso, la también investigadora en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, deja claro que “nos jugamos la supervivencia” y que “muchas otras especies sobrevivirán, por ejemplo, al cambio climático... la nuestra no”.

Prieto y Rodríguez Palop son dos de los 258 firmantes del documento, entre los iniciales y los que se adhirieron después. Todos poseen mayor o menor relevancia pública y entre ellos se encuentran la activista pro Derechos Humanos Ada Colau, el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Roque Calero o el actor Juan Diego Botto, por citar tres nombres conocidos entre otros muchos de científicos, activistas, militantes y cargos políticos y sindicales y profesionales de reconocido prestigio. Ellos acuñan el Manifiesto junto a las en torno a 7.000 personas que lo respaldan hasta el momento, gracias al canal de firmas abierto en su página web; un Manifiesto cuyo promotor principal es el profesor de Filosofía Moral de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y poeta, Jorge Riechmann.

Al hilo de la irreversibilidad, Riechamnn habló en una entrevista para el programa ‘La Tuerka’ de una estimación de cinco años como tope para materializar soluciones contra este colapso, una cifra aproximativa, “como no puede ser de otra forma”, dice Rodríguez Palop, pero que “indica el grado de emergencia en el que nos encontramos”.

El sistema menos ecológico

“(…) la crisis ecológica no es un tema parcial sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos (…)”, se advierte en el Manifiesto, “estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible”. Pedro Prieto describe cuál fue el acicate para ponerse de acuerdo sobre cómo hacer pública la existencia de esta amenaza de muerte global. Los firmantes convenían que existe la imposibilidad de mantener el sistema actual, fundamentado en el desarrollo como objetivo primordial. “No podemos seguir así”, denuncia Prieto, un alegato unánime que se trasluce en el documento.

La denuncia surge por hechos contrastados, como que “más de la mitad de los bosques originales del planeta han desaparecido, fundamentalmente en los últimos 150 años”. El ritmo de destrucción neta de los bosques, según John Perlin (físico de la Universidad de California, Santa Bárbara), a nivel mundial, es del 1% anual, como apunta Prieto. “¿Hasta cuándo podemos seguir destrozando bosques en la Amazonia o en las selvas húmedas del sudeste asiático, o en África central?”, se pregunta el también ingeniero en telecomunicaciones. “No podemos seguir creciendo ‘ad infinitum’ en tierras de labor, ni seguir intensificando, como se presuponía con la ‘revolución verde’, la productividad por hectárea, porque el suelo es un organismo vivo, y su capa fértil necesita también descanso y recuperar en aportación de materia orgánica, la fertilidad del suelo, lo que el suelo te había dado”, prosigue.

El científico enumera una serie de disfunciones de los sistemas predominantes de producción. “Entender que la agricultura para producir el horror de los biocombustibles trata a la tierra como una fábrica es el gran error de la humanidad”. El suelo necesita descanso, barbecho, rotación, devolver el aporte que ahora no se devuelve, que sale de la tierra y termina en las grandes ciudades y luego en vertederos y no vuelve de nuevo a la tierra. “Esto es una maquinación terrible y tiene mal pronóstico”, advierte Prieto. El incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, los dióxidos de azufre y otros gases es directamente proporcional a la quema de combustibles fósiles. “Estamos emitiendo 30.000 millones de toneladas de carbón al año, porque quemamos 10.000 millones de toneladas de petróleo equivalente en combustibles fósiles de todo tipo”. El carbón es el que más se emite, por unidad de energía, después el petróleo y finalmente el gas. Aproximadamente se emiten tres toneladas de carbón por cada tonelada equivalente de petróleo que se quema. “A esto se suma que todos los mares están destrozados, los ríos de Europa bajan ya biológicamente muertos en su mayoría”, y el crecimiento se ampara en paliativos como “utilizar más depuradoras en los cauces que ya bajan muertos”. “Esto tiene que tener un límite y la gente tiene que entenderlo”, asevera Prieto. “Y si no lo entiende va a ser peor para todos nosotros”.

El planeta acoge a alrededor de 7.200 millones de seres humanos. Un factor que se presupone decisivo en la solución es el del reparto de la riqueza. Como subraya Rodríguez Palop, “La Tierra tiene una capacidad de carga que, de seguir en esta senda, vamos a sobrepasar con creces, pero lo más importante es la ecuación población frente a consumo”. Esto es así, alega la profesora, porque “no puede extenderse nuestro nivel de consumo a una población infinitamente mayor” y porque “la huella ecológica del sur, más poblado, es inferior a la del norte, precisamente porque el consumo es claramente menor y menos depredador”. El despropósito de la diferencia se neutraliza con el equilibrio, y sin embargo “hoy se acumulan las noticias que indican que la vía del crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta. El declive en la disponibilidad de energía barata, los escenarios catastróficos del cambio climático y las tensiones geopolíticas por los recursos muestran que las tendencias de progreso del pasado se están quebrando”, tal y como se invita a reflexionar en el Manifiesto.

El cenit del petróleo y la inestabilidad del sistema

Otro acuerdo mínimo de los firmantes del Manifiesto radica en el hecho de que “el crecimiento va a empezar a no ser posible por más tiempo, por lo menos a nivel global, aunque puedan darse crecimientos particulares de un país, de una región, de una zona o de un colectivo. En general, cualquier crecimiento de un grupo sería siempre en detrimento del resto de la población porque, a nivel general, posiblemente la actividad económica tenga muy difícil recuperación, dado que la energía empieza a no ser cada vez mayor a cada año que pasa, como hasta ahora”, como aduce Prieto. A partir de ahora disminuye. Quienes respaldan el Manifiesto y no han querido resignarse ante la crisis de civilización, concluyen que “en realidad, no va a haber más actividad económica a partir de ahora, a nivel global, sino que va a haber menos”. Ello en un contexto energético en el que la disponibilidad de energía neta a nivel mundial, sobre todo la del petróleo, que mueve el 95% del transporte mundial, ronda su punto culmen: su cenit.

¿Qué ocurriría si la disponibilidad de energía para la sociedad disminuyese progresivamente? La palabra colapso aflora de nuevo ante esta pregunta con connotaciones petrolíferas. La Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y del Gas (ASPO, en sus siglas en inglés), presente en más de 40 países, o la Universidad del Petróleo, en Pekín, China, con cerca de 300 científicos, han analizado ya el problema del cenit del petróleo, el momento más o menos prolongado en el tiempo de máxima producción de petróleo en el planeta. Su horizonte de producción. También se preocupan por el comienzo del declive en la producción y del consecuente aumento progresivo de la carestía del “oro negro” en base a las leyes de la oferta y la demanda. En ASPO han participado altos cargos, como el que fuera secretario de Energía del Gobierno estadounidense de Jimmy Carter y director de la CIA a comienzo de los años 70 del siglo pasado, James Schlesinger, o algunos parlamentarios suizos y ex ministros británicos y franceses.

Se trata, pues, de un problema abordado internacionalmente por otros colectivos que están planteando este mismo problema de la imposibilidad del crecimiento. Recientemente, Prieto ha participado en una conferencia internacional en Barbastro (Huesca), donde académicos de varios países como Italia y Estados Unidos han planteado la tesis similar sobre el inminente colapso de la civilización dada su extrema insostenibilidad.

‘Su’ economía, absurdo invento

“Dentro de unas pocas generaciones, nuestros descendientes recordarán el mundo industrial de hoy con una mezcla de sobrecogimiento, curiosidad y horror. Su pasado es nuestro futuro, una era de transición con recursos energéticos menguantes, de guerras por los recursos y de colapso industrial. Si las sociedades de dentro de un siglo han aprendido cómo vivir de forma pacífica, modesta y sostenida, tal vez sea porque el aviso contenido en este oportuno libro haya sido finalmente tomado en cuenta”. Esto es lo que el también escritor y ensayista Thom Hartamnn, escribía sobre la obra de Richard Heinberg, ‘The Party is Over: Oil, War and the Fate of industrial Societies’, que analiza las circunstancias del “pastel” energético vistas de un modo global y las consecuencias económico-financieras, sociales y medioambientales del futuro colapso del sistema energético (carbón, petróleo y gas) desde una perspectiva mundial.

El mundo no da más de sí. En los últimos 150 años, desde que existe la sociedad impulsada por la energía fósil, empezando por el carbón, siguiendo por el petróleo y continuando por el gas natural, los crecimientos del Producto Interior Bruto (PIB) y de la producción de bienes y servicios han ido siempre acompañados por el incremento del consumo de energía, y de un incremento proporcional de la población, que ha seguido multiplicándose cuando ha habido recursos base para que lo hiciera. El condicionamiento energético es el talón de Aquiles del desarrollismo económico establecido, herido de muerte cuando se cae el parámetro de la disponibilidad energética ante la escasez de recursos.

Y es que, explica Prieto, a esta crisis subyace un engaño electoralista disfrazado de economía que dura, al menos, siete u ocho años, “una crisis generalizada donde crecen uno o dos países, pero que el resto están en un problema gravísimo de falta de crecimiento”. La crisis empeora a fuerza de empeñarse en crecer, cuando la naturaleza le vuelve la espalda a la economía, miope y soberbia. “Aunque ahora el sistema económico no lo esté planteando así, el sistema biofísico, el que realmente gobierna el planeta, muchísimo más que cualquier ley económica, nos está diciendo que esto se está acabando, que la fiesta se acabó como se decía en el libro ‘The Party is Over’”.

¿Cabe, entonces, ignorar a la economía tal y como esta es planteada desde los gobiernos y sociedades del mundo desarrollado? Dichos planteamientos fuerzan tesis económicas ecologistas en el marco del capitalismo, o alternativas como el desarrollo sostenible. “Ya no hay tiempo para el desarrollo sostenible”, aclara Rodríguez Palop, “a mi modo de ver, el capitalismo verde es inaceptable e inviable, pero ahí están las alternativas que presentan los economistas ecológicos, como Martínez Alier, Oscar Carpintero (defensores de la economía ecológica) y otros: consumir menos para producir menos”.

La respuesta vendrá con medidas políticas y sociales. “Todo pasa por que la gente adquiera conciencia, porque ahora mismo no existe”, expresa Prieto. Aunque hay una cierta intuición de que algo va mal, reincide el olvido en su aparición, y con él “volvemos a lo que algunos del grupo promotor del Manifiesto llamamos el ‘business as usual’, seguimos llevando nuestra vida habitual, conduciendo vehículos a 40 kilómetros de donde vivimos todos los días para trabajar, ida y vuelta”. Seguir así es “paradójico y contradictorio”, resume el ingeniero.

Una viñeta de El Roto ilustra el oxímoron que entraña la perspectiva técnica que hegemoniza los modos de abordar este problema señalado por el Manifiesto. Un señor trajeado, con apariencia de especialista y calculadora en mano, concluye ante el lector que “la solución a la crisis es sencillísima: Sólo hay que consumir más para reactivar la economía, y consumir menos para no cargarnos el planeta”. Parece factible pensar que la calculadora está a punto de explotar en las manos de este técnico imaginario, que aúna los caracteres propios de las doctrinas económicas y sociales predominantes en las escuelas de pensamiento occidentales.

España y Canarias

El ‘Manifiesto Última Llamada’ forma ya parte ya, de forma actualizada, de los llamados históricos a entender que en un planeta finito los recursos no pueden crecer de forma infinita. “Mucha gente sigue siendo crítica de Malthus o con las declaraciones del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, publicados en 1972 por la pareja de científicos Donella y Dennis Meadows, y evidentemente, yo creo que no se equivocaron en la esencia” teórica, dice Prieto, una teoría concebida sobre esquemas globales.

En el caso de España, los despropósitos se reproducen. Un crecimiento del 3% anual y acumulativo, “que es a lo que aspira cualquier político que se precie en el mundo ortodoxo y en nuestra civilización, que se está extinguiendo sin que ellos se den cuenta”, continúa el científico, “da lugar a la duplicación de la producción de bienes y servicios cada 25 años, su multiplicación por cuatro cada medio siglo, y por 17 cada siglo. Yo no me imagino un país como este, que tenga 17 veces más kilómetros de carreteras asfaltadas, o 17 veces más puertos, aeropuertos o vehículos de los que circulan ahora, que son del orden de 30 millones para 46 millones de habitantes”. Las matemáticas no conducen a engaño.

Respecto a Canarias, cabe preguntarse: ¿Debemos en las Islas aspirar a la autosuficiencia energética mediante renovables como única opinión viable frente al desastre? En este caso, María Rodríguez Palop responde negativamente y con matices. Para la firmante del Manifiesto no es posible una autosuficiencia energética mediante las renovables mientras no se base en el ahorro energético. “Las renovables no pueden cubrir nuestros niveles de consumo energético”, subraya la docente, quien alude al problema de su dependencia indirecta del petróleo. “Eso no significa, obviamente, que no sea mejor, más limpia y más sostenible que todas las demás, y que, por tanto, apostar por tal fuente de energía no sea un buen principio”, matiza.

El planeta siente sus achaques, es sabido; se prevé el momento en el que se declare en huelga de humanidad. “Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos” como los ya citados, explicita el manifiesto. “Las soluciones tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como al declive energético, son insuficientes”, enuncia. Como también golpea las conciencias de quienes la escuchen: “El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades, y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra y la posibilidad de llamar ‘humana’ a la vida que seamos capaces de organizar después”.

Porque este sistema tiene una fecha de caducidad más allá de la cual las personas han de trascender.

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“Obscure trata sobre la mirada de las personas ciegas e invita a reflexionar acerca la carrera incesante de prejuicios y estereotipos que actualmente hacemos unos de otros sin ni siquiera conocernos”, es “un duelo entre el fotografiado y el fotógrafo”; busca “lo auténtico en el cara a cara”. Propone, en fin, una narrativa que pone frente al espectador a modelos invidentes y genera un impacto difícil de eludir a la primera, en un alarde de realismo desnudo. Aunque también desprenda matices mágicos entre sus claroscuros.

A la serie fotográfica Obscure, de Rubén Plasencia (1986; El Sauzal, Tenerife), quien define con aquellas primeras declaraciones su propia creación, más que calificarla como la ruptura del emergente artista isleño con los círculos de arte locales, cabe mejor presentarla como el gran salto adelante en su carrera, “lo más espectacular que he hecho”, según el autor.

Plasencia tan sólo ha necesitado de dos series (Obscure y la anterior, su primera muestra expuesta con La Mirada Cotidiana), de dos oportunidades de entrar en la sala de arte, para dar el salto internacional. El intercambio dialógico que plantea con los 16 retratos que integran Obscure repliega al público ante la persona ciega que, “al despedirse de su visión, busca formas más arcaicas de reconocer al ser humano, formas que llevan a descubrir la esencia verdadera del ser”, describe el isleño. El ciego se muestra aquí como un interlocutor que nos habla sin la obsesión que muchos videntes tenemos con la imagen.

De El Sauzal a Nantes, pasando por París

De El Sauzal a Nantes, pasando por ParísPaso a paso, Plasencia llega ahora a participar en Le voyage a Nantes, un programa turístico y cultural de la urbe francesa donde el sauzalero es uno de los siete artistas contemporáneos invitados a prestar sus piezas a un recorrido que transita por el casco histórico, donde se conjuga el interés patrimonial de la ciudad con la belleza visual creativa. Las obras del tinerfeño se mostraron en la ruta Le voyage a Nantes, junto a las de sus compañeros. Todos ellos fueron elegidos de entre los cerca de 40 creadores que expusieron en Circulation(s), el Festival de Fotografía Joven Europea que se celebró del 7 de febrero al 16 de marzo de este 2014 en su cuarta edición, en París. “Ha sido todo un privilegio exponer en Nantes, ya que el festival dura todo el verano y por él pasan miles de visitantes de todas partes del mundo atraídos por la original invitación que se ofrece para conocer la ciudad y la diversidad de eventos culturales y lúdicos que ofrece”, explica el creador.

Plasencia ha topado con maña con la suerte de escala que va de lo anónimo hasta lo célebre y que en ocasiones agarran con firmeza los artistas audaces en sus comienzos. Pues su camino hasta Nantes se podría definir con el paralelismo del juego de las muñecas rusas, en el que a la más pequeña, en el interior, se accede de la mano de sus mayores. Si para exponer en Nantes, el jurado de Le Voyage acudió a ojear al plantel de fotógrafos que expusieron en París para su selección, para llegar a la capital gala antes formó parte de los cerca de 30 creadores elegidos por el jurado de Circulation(s), a los que se les añadieron los que fueron invitados por una galería, una escuela de arte y el patrocinador de este festival que acogió el espacio de arte Centquatre de París.

En aquella ocasión, Plasencia fue el único español seleccionado para participar. Recientemente, desde Circulation(s) le han anunciado, para más inri, que su obra es merecedora del premio que le otorga una residencia de dos meses, con estudio y residencia pagados en París, para que realice un nuevo proyecto. Es el premio especial otorgado por el director del Centquatre a su obra predilecta del festival y con el cual apoya al artista para la realización de un nuevo trabajo bajo su supervisión. “Creo que me iré en febrero y marzo de 2015”, augura Plasencia con entusiasmo.

“La experiencia en Circulation(s) ha sido muy buena, una organización maravillosa, siempre pendientes de todos los artistas que allí estábamos”, conviene el isleño. Además, en la inauguración palpitaba en su ánimo el aliciente de exponer en París, una ciudad en la que, asegura, “se respira arte por cualquier esquina, dentro de un festival tan importante y un gran centro de arte y cultura como es el Centquatre”. El céntrico espacio de producción y residencias artísticas acogió la exposición Obscure hasta el pasado mes marzo, donde, dice Plasencia, obtuvo un reconocimiento “más a nivel internacional que nacional”, en España.

Ahora, en Nantes, ha recibido muchas felicitaciones y alguna que otra entrevista para medios de comunicación internacionales. Pero para él la experiencia en Circulation(s) “fue algo maravilloso” en cuanto a notoriedad. Tanto es así que su nombre y su obra aparecieron en varias publicaciones en grandes medios de comunicación como la BBC Mundo, Radio Televisión Española (RTVE) en el ámbito Nacional, en la revista Slate, el sitio web Business Insider y The Huffington Post, estos tres últimos medios con raíz en Nueva York y en Radio Francia Internacional (RFI) a nivel europeo o la revista Lens Magazine de China, entre otros. Fue algo poderosamente nuevo para él oír su obra en boca de tantos y cómo se iba generando una opinión mayoritariamente positiva. El tinerfeño tiene claro que “toda esta publicidad es muy importante para darme a conocer fuera y siempre lo agradezco muchísimo”.

Una vez alcanzado el derecho de admisión a las salas de arte en el centro de París, uno puede empequeñecerse en su rincón expositivo, temeroso, y rezar porque la gente se pare a mirar la propia obra; tal vez, escuchar algún que otro alago. O puede beber los vientos por su creación de tal modo que su perspectiva sobre la gran sala se eleve hacia el optimismo, y con humildad, pero confianza, uno se anime y tome parte del foro dinámico en que se transforman las galerías. Fue este el caso de Plasencia, quien recuerda que “el ambiente con el resto de artistas del festival fue muy bueno, a muchos los pude conocer e intercambiar impresiones y conocimientos con ellos”.

Alcanzar a formar el elenco artístico que da forma y color a Circulation(s) va en relación directa con el talento de los que son elegidos. El encuentro fotográfico parisino se presenta a sí mismo como promotor del “intercambio de experiencias mediante la movilidad de los profesionales europeos del mundo de la fotografía y de la imagen”, y por otro lado aspira a “promover el diálogo intercultural”. “Por mi parte, sí creo que ha habido una gran promoción cultural, ninguna de todas las entrevistas y publicaciones que me han hecho tantos medios internacionales habría sido posible de otro modo”, corrobora el fotógrafo, con la publicidad elogiosa en mayor o menor grado que ello implica.

Circulation(s) tiene otra faceta, más propia de lo comercial y crematístico, por cuanto se presenta como plataforma para enganchar con los mercados: sean galerías, coleccionistas privados o, como ha sido el caso del canario, poder aumentar el volumen del eco que en los medios de comunicación resuena sobre los artistas noveles y pujantes, que están trabajando día a día e intentando hacerse un hueco dentro del complicado mundo de la creación a nivel europeo. “La verdad es que desconozco cómo está el mercado español”, apunta Plasencia como contraste sobre el panorama patrio, “pero en España también hay buenos festivales para intentar promocionarse, como por ejemplo PhotoEpaña o Pa ta ta, en Granada”, enumera.

Y respecto a su juicio sobre el género que se expuso en París, al artista opta por la neutralidad en tanto “no podría quedarme con un artista solo, porque no sería justo, todos los trabajos eran muy buenos”. Parece que esta actitud fue recíproca entre los participantes ya que, asegura el artista, “también yo me llevé de ellos muy buenas críticas sobre mi trabajo”.

La calificación positiva que Plasencia hace de su obra Obscure se revela acorde con los guiños que le llegan desde los círculos del arte, donde no ha parado de cosechar premios y alegrías. Se trata de una obra cuyo primer paso lo dio en la edición de 2013 de PhotoEspaña, Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, el cual se erige anualmente en enclave primordial de las artes visuales en nuestro país y que fue su plataforma de despegue hasta París.

Obscure sucede a la serie La Mirada Cotidiana, la primera expuesta por Plasencia en mayo de 2012 en su pueblo natal, El Sauzal.

La luz desde la oscuridad

La luz desde la oscuridad“Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”. Así hablaba el literato portugués José Saramago en su novela Ensayo sobre la ceguera. Serviría de adecuado corolario para la serie Obscure, que por su definición, detallista del estigma clavado en los ojos del retratado ciego, ofrece sin ambages una perspectiva del invidente que al más pintado pasaría desapercibida; como si en su ceguera mental no fuese capaz de percibirla si quiera. Tal como se citaba al principio, Obscure concentra su poderío en el realismo de la imagen: primer plano del rostro e intercambio directo de miradas cara a cara. Y sin embargo se desprende con la misma fuerza la sensibilidad inherente a una carga empática con que la instantánea envuelve su presencia ante el espectador.

Ante la invisibilidad física del mundo para sus modelos, Plasencia se adentra en esta obra en nuevos espacios de trabajo y creación: “Las personas que retrataba partían de la base de que nunca van a ver esos retratos y a decir, qué feo me dejaste u oye, qué bien me has sacado”, describe el autor. “Algunos con los que trabajé no eran ciegos de nacimiento, tenían sentido de la percepción, simplemente les hablaba, te voy a retratar de perfil o tienes que girar la cabeza a la derecha, pero era muy fácil, me oían y respondían, porque tenían sentido de la percepción. Igual que nosotros nos buscaríamos con la mirada en todo momento”. Plasencia recuerda incluso el caso de un chico de 16 años “que no sabía nada del color ni de las formas”, porque era ciego genéticamente, y al que “tuve que orientar y ayudar a colocarse. Aunque no fue tan complicado”.

Su primera serie, La Mirada Cotidiana, tenía por objeto del objetivo de su cámara a personas sin techo, vagabundos. La temática social pareciera en Plasencia un mantra creativo que propone escenas que no se prodigan en la mayoría de las revistas. Mas Plasencia lo ve de otro modo: “Es cierto que es un lado más oscuro, pero no abordo el tema desde ese punto de vista. No voy a buscar la pobreza, que la gente diga qué pena. Retrato personas con un tipo de problema, pero no por ello lo hago de diferente manera que con algo más comercial”. Lo que el canario intentaba buscar con Obscure es “que fueran ellos mismos”. “Cuando nos ponemos delante de una cámara intentamos aparentar, y luego nos quejamos y decimos que salimos mal”, enuncia el artista; “claro”, prosigue, “es que no eres tú, y tanto si hacemos una payasada como si intentamos salir guapos no somos nosotros, estamos actuando”. Así que ahora quiso “buscar el otro extremo, como cuando robas una foto con un teleobjetivo a alguien que no se da cuenta: Lo sacarás tal y como es”. Aquí intenta buscar lo auténtico “en el cara a cara” y “a corta distancia”.

Por otro lado y a diferencia de La Mirada Cotidiana, “Obscure fue un proyecto más elaborado, hubo que prepararlo desde el principio, necesité ayuda de la Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles) para que me pusieran en contacto con estas personas”, puntualiza Plasencia. “Este trabajo fue mucho más enriquecedor en el aspecto personal. Se trataba de hablar con ellos y saber lo que pensaban. Creí que su ceguera iba a ser un tema más tabú, pero no, son como tú y como yo. Te hablan de cualquier cosa y es algo que yo no me esperaba”, prosigue. De esta forma las sesiones se sucedieron en un “aquí estoy yo, mírame a los ojos”. “Y ¿por qué no?”, se pregunta el fotógrafo, retórico: “Si lo he hecho con otros proyectos, en los que los ojos de los retratados son lo normal, por llamarlo así, por qué no con ellos, si son igual al fin y al cabo”.

“La peor ceguera es siempre la mental”, solía decir el mismo Saramago. Obscure podría ser una pequeña parte de la vacuna contra ese mal del hombre.

Parece claro que en la creación de Plasencia aflora la originalidad sin cortapisas. Mas los genios atesoran la historia de otros genios, y de entre ellos el joven artista escoge algunas fuentes: “Veo mucho, no sólo de fotografía, sino de todo lo que contenga imagen”, confiesa; “me baso en la pintura para crear un proyecto, en las luces y sombras de grandes artistas como Caravaggio, Jan Van Eyck o Leonardo Da Vinci”, exponentes universales del retrato. La pintura flamenca, la escultura clásica y los trabajos de los grandes fotógrafos retratistas contemporáneos y actuales como Richard Avedon, Irving Penn, Mark Laita o Martin Schoeller están también entre sus referentes. Por los objetivos de estos han pasado varias de las celebridades del siglo XX. Sus maestros directos, como ha mencionado en alguna ocasión: el fotógrafo profesional tinerfeño, profesor en el Instituto de La Guancha, Orlando Arocha. Él le enseñó la técnica. Y el fotógrafo de moda y publicidad, Alfonso Bravo; de él aprendió la parte artística.

La vida del artista

La vida del artistaSobre el asunto económico, sobre los clientes, el canario asegura que vio en Francia cómo “el dinero se mueve muchísimo, todo depende del caché y lo conocido que sea cada artista, la agencia o galería que lo represente, sus agentes…”. Pero “no hay más que darse una vuelta por el mítico festival parisino París Photo, que tiene lugar cada noviembre en el Grand Palais de París, y ver la cantidad de gente que compra obras de arte allí y las grandes cantidades de dinero que se pagan por obras, ya sean de artistas clásicos de la historia de la fotografía, como Richard Avedon o jóvenes fotógrafos emergentes de la actualidad”.

De otro lado, Plasencia apunta a que “las ciudades en las que el artista está mejor posicionado y sobre todo mejor tratado son las de siempre: París, Londres y Nueva York”. Afirma que “se nota y sobre todo se siente cómo te respetan y valoran en los festivales, al menos es lo que he apreciado en mi estancia en París estas últimas veces”.

A parte de los proyectos artísticos, Plasencia hace otro tipo de trabajos fotográficos para poder vivir, “a día de hoy no puedo vivir solamente de la parte artística, es muy complicado, además me interesan también otros ámbitos de la fotografía como la publicidad y los reportajes para medios de comunicación”, asegura. Y es que no se puede permitir vivir sólo de su arte, pues aunque “poder se puede, sobre todo en países en los que se apoya a los fotógrafos emergentes que destacan desde un primer momento con becas para estudios, proyectos, festivales”, en España y más concretamente en Canarias, “no diré que es imposible, pero si muy complicado, ya que al menos en mi caso he tocado en todas las puertas a mi alcance en lo que a Cultura se refiere a nivel regional y no he conseguido ayuda alguna para desarrollar nuevos proyectos o para poder seguir enviando trabajos a otros festivales”.

Esto contrasta con la situación de “muchos compañeros, por ejemplo, de Finlandia, Suiza, Holanda o Italia, que en Circulation(s) me contaban que en sus países recibían un gran apoyo y ayudas económicas para seguir creando y moviendo sus proyectos por festivales de todo el mundo”, dice el tinerfeño. Donde sí obtuvo apoyos fue en el Ayuntamiento de El Sauzal, que le pagó el billete para ir a París y ahora le ha cedido un local que utiliza como estudio, y en el que está manos a la obra con la vista en un nuevo reto. “Pero estas cosas no son competencia de un ayuntamiento, estas cosas deberían salir desde los ámbitos culturales, creo yo”, opina el artista.

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Tras una reunión en Fuerteventura llevada a cabo para acordar un plan de acción para la recuperación de la foca monje en el Atlántico oriental por especialistas de Mauritania, Marruecos, Portugal y España, “se ha llegado al acuerdo de aceptar la translocación como medida de conservación”, explica el biólogo Miguel Ángel Cedenilla, el primer paso para traer de vuelta a esta especie a las aguas canarias, de donde fue esquilmada definitivamente a lo largo del siglo pasado.

Cedenilla es biólogo y técnico de la Fundación CBD-Habitat, que lleva el proyecto de conservación de la foca monje de la colonia de Cabo Blanco, Mauritania, ahora mismo la mayor esperanza para la especie. “Somos un grupo pequeño, por lo que nos clasificamos en técnicos y un director de proyecto”, aclara este científico cuya misión profesional es salvar ni más ni menos que a una especie de su extinción.

“No hay nada consolidado, lo que está bien es que haya habido acuerdo con el grupo de implantación de la foca monje en el Atlántico. Hay muy buena voluntad por parte del Cabildo de Fuerteventura”, que ya han visitado, “tienen bastante voluntad de tirar para adelante”, continúa Cedenilla. “No existe ahora mismo ningún proyecto ni programa de reintroducción de la especie”, explica, pero sí ha habido una reunión del grupo de Trabajo del Plan de Acción de la Foca monje en el Atlántico oriental, en Fuerteventura, con representantes de los cuatro países implicados, Mauritania, Marruecos, Portugal y España, donde sí se ha hablado de ensayos de translocación de ejemplares para fundar nuevas colonias en las Zonas de Especial Conservación para la Foca Monje (Zefcm) del Plan, como medida de conservación de la especie. “Esto es un paso muy importante, que el grupo de trabajo esté de acuerdo en esto. Pero ahora queda por hacer todo el proyecto o programa de una posible reintroducción de la especie”. Cedenilla no quiere “mojarse”, pero augura la posibilidad de que en cinco años estemos hablando de los primeros individuos jóvenes habitando aguas canarias. Para ello es necesario un estudio de viabilidad en las posibles áreas que se elijan, tanto en el aspecto ecológico como social, pues “la sociedad debe participar y estar de acuerdo en ello, todos los sectores, incluidos los pescadores”. Y una vez obtenido los resultados, entonces sí, plantear un proyecto en firme. Para esto queda algún tiempo, pero está más cerca de lo que podamos pensar“, cree el técnico del proyecto de conservación de la Monachus monachus en las costas mauritanas. ”Hemos visto que va mejorando“, indica el científico respecto a ”un buen ritmo anual de crecimiento“ en la reserva. Este crecimiento alcanza una tasa considerable de aumento de focas: 120 animales en el año 2000 a 250 en la actualidad, más teniendo en cuenta que cada madre tiene máximo una cría por año como dificultad añadido a la alta mortandad de las crías. Muchas mueren en las cuevas donde se refugian cuando hay temporales y se chocan contra las paredes. Otras en recorridos exploratorios que las conducen a las redes de pesca donde quedan atrapadas.

La foca monje es la única especie de fósido (familia de los mamíferos que incluye a las focas, las morsas o los leones marinos) que hay en aguas españolas, en la Península y en Canarias. Su presencia se hacía notar, antes de su paulatina desaparición, por toda la costa mediterránea y el Mar Negro e incluso bajaba por el Atlántico oriental hasta Cabo Verde, incluyendo a los archipiélagos de Madeira, Cabo Verde y Canarias. “Las poblaciones fueron enormes, de miles de ejemplares”, corrobora el biólogo.

La mano del hombre es la causa directa de su drástica y peligrosa mengua en todos estos lugares, “se ha esquilmado intencionadamente”, comenta Cedenilla, “empezaron los colonizadores de las islas Canarias y Madeira desde el siglo XV para explotarlas comercialmente con la venta de su piel y de su grasa, y han ido a por ella hasta que se han cargado prácticamente todas las colonias hasta que en el siglo XVII ya dejó de ser rentable su captura, porque había muy poquitas y casi no las encontraban”. La pesca intensiva del Mediterráneo acabó con la mayoría de estos mamíferos en el 'Mare Nostrum'. Terminaron por refugiarse en los entramados de cuevas submarinas que allí abundan para poder subsistir hasta la fecha. Este refugio no lo hay en Canarias o Madeira, donde las focas habitaban un territorio “a cielo abierto formando grandes colonias”.

A partir de los siglos XIX y XX el problema pasó de la caza a discreción a la pesca. “Empezó el desarrollo de la pesca industrial y las focas se enmallaban en las redes, a parte de los pescadores que las mataban porque las veían como competidoras”, mas con el gran desarrollo hotelero que vino con el auge del sector turístico en los años 60, 70 y 80 terminó por culminar la faena: “El desarrollo de las construcciones en el litoral y la transformación artificial de la costa ha ido disminuyendo sus posibilidades de encontrar sitios tranquilos”, apunta el científico. Este apuntalamiento las erradicó de las costas españolas del Mediterráneo y Canarias.

La especie está en una situación que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga de grave peligro de extinción. Actualmente conforman colonias en Cabo Blanco, Mauritania, la más importante del mundo con cerca de 250 animales, Madeira, Portugal, con una población de entre 25 y 30 focas, y el resto se sitúa entre Grecia y Turquía, en el Mediterráneo oriental. Los lugares que acogieron tradicionalmente a la foca monje se convirtieron en hostiles con el paso del tiempo y aún al final también se las podía ver en la costa marroquí, e incluso hubo un reciente avistamiento en la costa de Libia.

El exterminio de la foca monje, si cabe esta palabra, se produjo con anterioridad a la aparición de las regulaciones que protegen a las especies y sus ecosistemas, “se ha llegado tarde”, dice Cenedilla, de modo que “ahora estamos muy volcados en los lugares donde queda” y “se está trabajando contrarreloj y en las peores situaciones, como dejar a un enfermo a punto de morir y decir: Ahora lo vamos a salvar”, expresa Cedenilla su deseo.

Las características de la foca, como mamífero marino, la dotan de una ambivalencia por la que habita y se desenvuelve tanto en tierra como en el mar. En las aguas encuentra su alimento, el pescado, y en tierra agradece las playas y las cuevas, donde conciben a las crías y encuentran refugio para su protección y desarrollo. “Es un requisito indispensable”, subraya Cedenilla. Sin embargo, la foca monje tiene la particularidad de que “es una de las pocas especies de pignípedos en aguas tropicales, siempre asociamos a los pignípedos con aguas frías, al norte o en cualquiera de los dos polos”. Esta y su hermana, la foca monje de Hawai, son las únicas que se arriman áreas calientes del globo.

La Isla de Lobos fue, recuerda Cedenilla, “un lugar que encontraron los colonizadores repleto de focas, había miles”, concretamente en la Playa de la Concha, “era de los sitios más destacados” con presencia de este animal. Y tal vez pueda recuperarlo.

En 1995 se iniciaron las actuaciones dirigidas a la reintroducción de la foca monje en Canarias, a través del proyecto Life, aprobado por la Comisión Europea en 1994 en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente a través de convenios con la Universidad de Las Palmas, la Universidad de Barcelona y la Asociación para el Estudio y Conservación de la Foca Monje (Isifer). Se estima que el regreso de la foca monje al Archipiélago canario y en concreto a Fuerteventura recuperaría un corredor natural genético con otras poblaciones de Mauritania y Madeira.

El proyecto en Mauritania

“Está en boca de todos mover grupos desde la colonia concentrada en Cabo Blanco, porque las epidemias, las mareas negras o las mareas rojas podrían llevar al traste a esa gran colonia”, explica Cedenilla, “la más nutrida y mejor estructurada socialmente de las que hay ahora mismo”. En 1997 hubo una marea roja de algas tóxicas que acabó con dos tercios de la población, que pasó de más de 300 animales estimados a apenas 100 individuos. Fue entonces cuando se frustró el proyecto Life para traerlas de vuelta a Canarias, “la población era tan mínima que era inviable extraer individuos de ella”, explica Cedenilla. Ha habido que esperar a la recuperación de la población que se está fraguando con éxito gracias a la creación de una reserva sin molestias para las focas, que se vigila diariamente en un área de seis kilómetros de largo donde se sitúan las cuevas de cría principales en la costa mauritana. La población casi se ha recuperado y alcanza las 250 focas.

El actor decisivo que auspicia la translocación de las focas es el problema de la poca supervivencia juvenil de la colonia mauritana. “Hay muy pocas focas que sobreviven al primer año de vida, y estamos sospechando que está interrelacionado con las artes de pesca. Cuando salen de la reserva van en plan exploratorio, no se alimentan bien y no saben defenderse de la redes y caen en ellas”. El científico explica que trabajan con la población más joven en cuanto terminan el período de lactancia, para capturar algunos ejemplares y trasladarlos a otros lugares a modo de ensayo para “intentar fijar individuos a una zona determinada”. Los científicos estiman que las translocaciones empezarán por extenderse en la misma costa mauritana, más al sur de Cabo Blanco, y al norte en la costa de Marruecos. “Estos experimentos nos van a dar pie para dar el salto a Canarias con una población pequeña e ir reforzando cada año o cada dos, porque no podemos llevar de golpe a muchos, serían apenas cinco o seis animales: Dos o tres machos y tres hembras”. Es así como la foca monje podrá seguir creciendo y a la vez diversificar poblaciones para evitar el colapso en caso de un accidente como el de la marea roja.

Los especialistas ven viable la reintroducción en términos científicos, pero son conscientes de que es igualmente necesario el compromiso de las administraciones locales y los habitantes que van a acoger a las focas. Mediante un plan de viabilidad que incluya el compromiso de las autoridades sobre el aseguramiento de las buenas condiciones para los animales y de la ausencia de peligros en la zona. Por ello Cedenilla pone el acento en la necesidad de “la aceptación social” y de que “todos los sectores sociales se comprometan a conservar y a defender esa colonia”; de lo contrario no duda en afirmar que “el proyecto fracasaría”.

Una relación bien avenida

La presencia de focas en Canarias “económicamente podría ser un valor añadido como atractivo turístico que seguramente genere más dinero que su falta. Es un atractivo para los visitantes y puede contribuir al motor económico que representa el turismo”, comenta Cedenilla.

En cuanto a la Monachus monachus, su regreso al Archipiélago le proporcionaría un medio ideal, concretamente el que pueden proporcionar dos Reservas de la Biosfera como Lanzarote y Fuerteventura. “El grado de protección que se ha dado en el pasado y la concordia que hay en el sentido de querer un desarrollo sostenible y conservar el medio natural como un valor”. El desencuentro entre Canarias y la foca monje puede terminar con un reencuentro feliz, y como dice Cedenilla, “les tenemos que dar un espacio y dejarlas tranquilas”. Luego puede pasar de todo y que la especie se adapte a nosotros y coja confianza, “si somos tolerante con ella, ella lo va a ser con nosotros”, apunta el científico; “no me extrañaría que acabara alguna foca durmiendo al lado de los turistas” si nos ganáramos esa confianza, a cambio de darles “tranquilidad” y respeto.

De hecho y en el marco de esta interrelación, el equipo de la Fundación CBD-Habitat da fe de una respuesta positiva concretamente de los pescadores de Fuerteventura, quienes han transmitido al equipo científico su defensa y apoyo de la creación de reservas marinas para poner coto a la desmesura que conlleva el uso de ciertas artes de pesca, que además están prohibidas como el uso de redes de pesca. “Ellos mismos se han dado cuenta de que si esquilman el medio marino no va a haber recursos ni para ellos ni para las focas, y las focas son un gran bio-indicador de la calidad ambiental de medio marino”, concreta Cedenilla.

Y es que el hecho de que la foca monje pueda sobrevivir es el mejor indicativo de la buena salud del entorno, prueba de una naturaleza fuerte y rica, en este caso también prolífica en variedad y calidad del pescado. La cuestión que plantean pues desde la ciencia y ya desde los propios pescadores es la explotación sostenible que coadyuve a la recuperación de todo el medio marino.

El funcionamiento de un ecosistema es fruto de la interrelación que existe entre todas las especies e individuos y de las condiciones ambientales y físico químicas que hay en ella. El ecosistema marino de las Islas sufrió un desajuste con la desaparición de la foca monje, pero la naturaleza misma produce los ajustes necesarios para el equilibrio. Es lo mismo que ocurriría en el caso del regreso de la Monachus monachus, “cuando aparecen individuos nuevos todo se altera un poco, hasta que se vuelve a reorganizar”, dice Cedenilla, y es aquí donde los ecosistemas encaran su prueba de fuego y muestran su capacidad de respuesta, lo que se denomina la resiliencia, el poder para recuperar e incluso aumentar la biodiversidad que puede acoger.

El proceso, de este modo, debe llevar continuos pasos adelante, pero han de ser firmes y aportar todas las garantías. Reconciliar entornos y seres vivos, más cuando en la ecuación se conjuga al ser humano, es trabajo de artesano. Los logros del equipo de la Fundación CBD-Habitat sólo se pueden medir en una perspectiva de cerca de 18 años, un enorme esfuerzo científico, físico y económico y los envites de la naturaleza, pocas veces previsibles y menos de ellas controlables. Poner en valor el trabajo y la lucha por la supervivencia de un ser vivo es complicado mediante palabras, aunque tal vez puedan aproximar los inapreciables méritos del proyecto, como el hecho de haber logrado ya un nacimiento en tierra, atesorar un control exhaustivo de la población que permite al equipo conocer todos los individuos de la reserva y disponer de un catálogo de investigación, o el hecho de que ahora pueden hacer el seguimiento de una foca desde que nace hasta que es adulto e incluso su muerte.

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“De qué sirve garantizar con una ley el derecho a la vida, si cuando una persona está enferma tú no la llevas a un hospital o no le das asistencia médica, que es lo que le pasó a Samba Martine, su derecho a la vida no se está garantizando y se muere”. De esta forma alude Patricia Orejudo, miembro desde 2011 de la Comisión Cerremos los CIE de la Organización No Gubernamental Ferrocarril Clandestino, al caso de la congoleña Martine, y así define la también jurista el cuadro que perfila el debate sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). El rechazo hacia los CIEs se ha reforzado por la orden de reapertura por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de la investigación penal sobre la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche. La mujer sufrió una meningitis en abril de 2011 estando retenida. Los presuntos responsables son dos médicos y dos sanitarios del mismo CIE de Aluche, así como la directora de la empresa que lo gestiona. Por otro lado, el pasado 15 de marzo de 2014, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIEs.

“Es cuestión de la voluntad de las personas encargadas de asistir a las personas internas para que sus derechos sean efectivos, y lo que no ha conseguido el Reglamento es establecer medios eficaces para garantizar el respeto de estos derechos”, continúa Orejudo en alusión a esta normativa reciente sobre el funcionamiento de estos centros, edificios públicos donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión para ser repatriados a sus países de origen.

Pero, ¿cuál es su verdadera naturaleza?, ¿están más cerca de lo que son las cárceles o su desregulación los sitúa en un limbo legal? Estos lugares se encuentran en tela de juicio por los testimonios acerca de las condiciones en que viven las personas internas, y más cuando Naciones Unidas (ONU) condenó en octubre de 2012 a España por detención arbitraria, discriminación racial y torturas en el CIE del madrileño barrio de Aluche, por el caso del interno magrebí llamado El Hadj, tal y como se documenta en la página 14 del Boletín digital de la ONG SOS Racismo Madrid, de enero de 2013. La ONU se basó en un informe de la comisión que estudió su caso, que concluyó que el interno fue sacado por policías de su habitación y conducido a un lugar fuera del alcance de las cámaras de seguridad del CIE, donde “le propinaron una severa paliza de la que resultó con serias heridas y contusiones que requirieron su tratamiento médico”. Lo último que ha salido a la luz sobre el centro de Aluche es la historia de una interna brasileña que, embarazada, estuvo 18 días interna cuando, como se dijo desde el Gobierno, según la ley en estos casos “se opta por otra de las medidas cautelares diferente a la de su internamiento en el CIE”.

En España hay ocho centros que dependen del Ministerio del Interior. Tal y como consta en la web del portal de investigación sobre la inmigración global, Global Detention Project (GDP), en Canarias hay tres: uno en Lanzarote (Guacimeta), con capacidad para 200 personas; otro en Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco), que puede albergar a 168; y otro en Santa Cruz de Tenerife (Hoya Fría), cuya ocupación máxima es de 238 personas. Hubo uno en Fuerteventura (El Matorral), con capacidad para 1.100 personas, que fue clausurado. En el caso del CIE madrileño, la capacidad es de 280 personas.

La figura de los CIEs ya se estableció con la Ley del 85 (Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, vigente hasta el uno de febrero de 2000), con la que se estableció la posibilidad de introducir a extranjeros en estos centros como medida cautelar en los procedimientos de deportación. “Lo natural es que se hubiese establecido un régimen de funcionamiento, que se hizo con una Orden Ministerial de 1999, esto es, 14 años de CIEs desregulados”, critica Orejeudo. Esta Orden “regulaba parcialmente algunos aspectos, mientras que otros fueron considerados ilegales, de forma que desde 1999 hasta 2009 los CIEs estuvieron operando con esta Orden”, continúa la docente. En 2009 se intentó dotar de más garantías a los centros, estableciendo los Juzgados de Instancia como reguladores de los CIEs. En ese momento se instó al Gobierno que adoptara un reglamento de funcionamiento, “y debió haberlo hecho en el plazo que le daba la Ley Orgánica” prosigue Orejudo, seis meses, pero tanto los Ejecutivos del Partido Socialista (PSOE) como del Partido Popular (PP) no lo adoptaron hasta este año.

El reglamento recién aprobado “intenta dar una regulación más o menos concreta, lo que pasa es que en muchos aspectos vuelve a permitir de nuevo la arbitrariedad de las propias direcciones de estos centros”, asegura la abogada y activista, arbitrariedad contenida en el establecimiento de normas de régimen interno. “Lo que ha venido ocurriendo es que el director del CIE ponía y disponía libremente, este Reglamento viene a ser un marco, pero hay otras cuestiones que se siguen dejando a la decisión de cada policía”, que decide cuestiones que, o bien no están reguladas específicamente en el Reglamento, como la cuestión de dónde internar a las personas trans-sexuales que aún no tienen el reconocimiento legal del cambio de sexo (hay módulos de hombre y de mujeres). El hecho de que se interne a personas en celdas de castigo, qué infracciones debe cometer para ello y cuánto tiempo debe estar en esa celda o por qué una persona puede o no ser derivada a un centro médico. “Tú no puedes establecer en un reglamento que las quejas se envíen al director del CIE, si el director luego se lo pasa por el forro, que es lo que nos dicen las personas internas ahora”. Orejudo explica cómo un joven argelino interno en el CIE de Aluche con el que trabaja, le ha comentado el hecho de que, pese a enviar al director del centro una carta “cada día”, la respuesta “nunca” ha llegado. “¿De qué sirve un reglamento que permita las quejas y las reclamaciones si luego les hacen ni caso? Ese es el problema”, se plantea la abogada.

Los CIEs siguen, pues, siendo lugares con escasa regulación en un contexto de personas privadas de libertad, “cuando decimos que los CIEs son peores que cárceles es por esto en gran medida, porque son opacos y no hay forma de saber por qué se adoptan este tipo de decisiones”.

Por otro lado, “creemos que el nuevo marco es en cierto modo inútil, porque recoge una serie de derechos de las personas internas que ya estaban establecidos en una Ley Orgánica, de rango superior a un Reglamento, y sin embargo estos derechos no se estaban garantizando, no había un solo derecho de la Ley Orgánica que no se estuviera infringiendo”, apunta Orejero. Es el caso del derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas, que “no se regulan pero que son de cajón si tú quieres respetar un derecho superior ”. Estas cuestiones quedan al arbitrio del director del CIE.

Como contrapunto, cabe decir que desde que se atribuyeron competencias de control de los CIEs a los Juzgados de Control, “se ha logrado que ordenen a las direcciones que si alguien te pide salir al servicio por la noche, no le digas que lo haga allí, delante de sus compañeros, que es lo que ocurría antes”, tal y como menciona la activista de Ferrocarril Clandestino. Cuando un interno entiende que están vulnerando algún derecho propio puede remitir una queja a este juzgado, personalmente o por medio de las ONG que trabajan en pro de sus derechos.

Hasta 2012, los CIEs no informaban del momento en el que un inmigrante debía ser deportado a su país de origen o de procedencia. Por el contrario, lo conducían a un avión en el que viajaba a su país sin tener la opción de avisar a sus familiares o amigos. En marzo de 2012 y después de la presión ejercida por diversas asociaciones y colectivos defensores de derechos de los inmigrantes en España, los juzgados de instrucción 6, 19 y 20 de Madrid, encargados del control del CIE, emitieron un auto por el que desde entonces se reconoce el derecho a informar al interesado de en qué momento será deportado.

En el documento, se especifica de esta forma: “En el CIE se deberán adoptar los medios necesarios para garantizar el derecho de los internos a conocer, con una antelación de 12 horas, el momento en que se va a producir la expulsión, el número de vuelo, la hora de llegada y la ciudad de destino, y al mismo tiempo se les deberá facilitar en ese lapso de tiempo los medios necesarios para poder realizar llamadas telefónicas con la finalidad de avisar a sus parientes o conocidos de España o de su país de su llegada, a fin de posibilitar la organización del regreso”.

Sin garantías

Por otro lado y más allá de la arbitrariedad fijada en el Reglamento respecto de las decisiones de esta índole por parte de la figura del director, Orejudo asegura que la ley también se incumple, por cuanto no se respeta la garantía del ejercicio de los derechos de las personas internas. La jurista subraya cómo los mecanismos establecidos no permiten hacer efectivos los derechos: “¿Cómo se garantiza el derecho a una salud mental si no se le permite ver a un psicólogo, si no hay un servicio de psicología en el CIE?”, “¿De qué sirve decir tengo derecho a la integridad física si luego te pego una paliza?”. También en esta línea: ¿cómo esclarecer los culpables de estas vejaciones cuando, según la activista, se deniegan las peticiones de las ONGs para que se establezcan comisiones independientes que investiguen los hechos que sustentan las acusaciones de torturas, un derecho de los presos que se amparan en el Protocolo de Estambul?

“Eso en los CIEs no existe, ha ocurrido que hubo malos tratos en el CIE de Zona Franca (Barcelona), donde aparecieron compañeras de una ONG con médicos y psicólogos independientes y les dijeron que no les dejaban entrar”, puntualiza la propia Orejero. Sobre el papel hay derechos, pero “cómo se ejercitan esos derechos y ese es el problema”, prosigue Orejudo, para quien lo que subyace es una cuestión de “racismo institucional” y una concepción de la persona interna como “delincuentes”, “criminales” o “animales”. Así pues, en la práctica, “el problema es la falta de voluntad para garantizar esos derechos”, una dejadez que Orejudo achaca a la política, si bien recuerda que Izquierda Unida ya exigió el cierre de los Centros de Internamientos para Extranjeros. En este punto, es de recibo mencionar que este periódico se ha dirigido a las instancias de la Policía establecidas para solicitar una información de su parte que ofrezca un contraste a este respecto, pero sin obtener respuesta.

Izquierda Unida exige su cierre

Cuestionado por este particular, el responsable de organización de Izquierda Unida Canaria (IUC), Lorenzo Garzón, recuerda que su partido ha articulado en su programa electoral para las recientes elecciones al Parlamento Europeo la exigencia sobre el cierre de los CIEs “dentro y fuera de la Unión Europea (UE)”, amén de la derogación de la llamada “Directiva de la vergüenza”, que permite a los países de la UE detener por periodos de hasta 18 meses a inmigrantes sin tarjeta de residencia. Garzón cree en la necesidad de “sancionar a aquellos países que teniendo acuerdos con la UE, restringen la libre circulación de las personas comunitarias”, y cita el caso de Suiza.

En su programa electoral, IU también aboga por “sancionar a los países que violen los principios de la protección internacional, como la devolución mediante la ejecución de expulsiones masivas, la privación de derechos básicos o la permisividad oficial con un clima de violencia”, así como por una “política de inmigración común e integradora, que incluya un compromiso con el asilo y la protección internacional, prohibiendo las prácticas restrictivas de los Estados miembros y fomentando instrumentos comunes de solidaridad”. Desde la coalición de izquierda se vincula el problema de la inmigración, que plantean como “factor normal de cualquier sociedad del siglo XXI”, con “el avance de la xenofobia y el racismo, reflejado con el avance electoral de la extrema derecha y en la violencia ejercida en las calles ante una impunidad que no se entendería sin el soterrado racismo institucional”, ante lo que propone una política desde la UE de “tolerancia cero” con los grupos “con discursos discriminatorios o xenófobos” mediante la eliminación de “cualquier ayuda o subvención de la UE” para estos colectivos.

El maltrato

Ione Belarra es activista de la ONG SOS Racismo y trabaja en la defensa de los derechos de las personas migrantes. Ella y sus compañeras voluntarias acuden a hablar con las personas internas del CIE de Aluche; su turno es por las mañanas, las tardes son para familiares y allegados de los internos. En dichas visitas, expone Belarra, “comprobamos que los abogados de oficio y de pago están haciendo bien su trabajo, que se han puesto todos los recursos correspondientes y se están cumpliendo los derechos de las personas que están dentro”. En base a este trabajo de campo, en SOS Racismo elaboran informes para respaldar las campañas de denuncia, pues “a día de hoy en el CIE se siguen cometiendo muchísimos abusos, tanto psicológicos como físicos”, y esto “es algo que llevamos años denunciando, el hecho de que los CIEs existan y en qué situación están las personas allí retenidas”, como recuerda la propia Belarra. Prueba de ello es la recién empezada campaña de boicot a la compañía aérea Air Europa, que fleta vuelos de deportación con un alto número de personas que salen de los CIEs españoles.

Llegados al momento de la deportación, la joven voluntaria de SOS Racismo explica cómo los maltratos “más sistemáticos” que han podido documentar “se dan en los traslados al aeropuerto” durante las devoluciones a los países de origen, un procedimiento en el que, “amparados por el Protocolo de Repatriaciones (de septiembre de 2007), que establece que la persona que va a ser deportada no debe resistirse, porque va a repercutir en su contra”, es “donde más abusos hay” por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Se dan en los aeropuertos, por zonas “donde no hay cámaras, no vigilancia”, añade Belarra. Los vuelos de “macro deportación”, como se definen desde los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes, son un contexto en el que se propinan “muchísimas palizas” a las personas procedentes de los CIEs. “Son vuelos sin civiles en los que solo va la tripulación del avión y el alrededor del doble de policías que de personas deportadas en los que hay muchísimos abusos”, continúa la integrante de SOS Racismo.

Para este colectivo, como para muchos otros análogos, la existencia de los CIEs es el problema en sí. Tanto “el hecho de privar de libertad a una persona que lo que ha hecho es cometer una falta administrativa, no tener papeles” como “las condiciones de vida en las que están allí” fundamentan esta postura: “Dadas las condiciones médicas que hay en el CIE de Aluche, el caso de Samba se podría volver a repetir, porque la supervisión médica está subcontratada, no hay ni mucho menos un médico las 24 horas, sólo atienden por la mañana y lo único que receta es paracetamol y agua para una población de riesgo con personas recién llegadas del África Subsahariana a través de Ceuta y Melilla, la posibilidad de que haya un brote, por ejemplo, de tuberculosis, es altísima”. Según Belarra, ante las quejas de los internos el personal “lo primero que piensa es que están fingiendo, y eso no es forma de prevenir enfermedades contagiosas ni de ningún tipo”. No son sólo las condiciones de vida, sino “la presión de que en cualquier momento puedes ser deportado a tu país o a la calle, sin poder despedirte de tu pareja, de tus amigos o de tu familia, sin saber lo que te va a pasar”.

Por lo demás, la voluntaria recuerda que las habitaciones de los internos permanecen cerradas de noche, y su acceso al servicio queda a merced de la voluntad de la policía durante estas horas; “tienen un pequeño lavabo en las habitaciones, y sí es cierto que hay algunos que hacen ahí sus necesidades”, apunta Belarra.

“Los CIEs, pese a lo que diga el Gobierno y según los datos que hemos podido constatar, en realidad no regulan nada, porque el año pasado únicamente la mitad de las personas internadas fueron expulsados finalmente del país”, resalta Belarra, “o sea que los CIEs ni siquiera cumplen su función de acoger a los que van a ser repatriados, son inútiles, a no ser que ese 50% le parezca un éxito al Estado español”. Es de este modo como desde SOS Racismo y en palabras de Belarra, “de entre las personas que son deportadas desde España, que el año pasado fueron en torno a 10.000, sólo la mitad provenían de CIEs, 5.000. No sirven para regular la cantidad de personas en situación irregular en España, es una forma de meter miedo que se suma al temor de quedarte sin papeles si no trabajas”, es “una intención de echar a la gente de manera indirecta”.

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“Considero que hay demasiada de esta clase de gente, que no va a ver deporte” o a satisfacer el orgullo “de un equipo al que nosotros admiramos”, dice la peñista de la UD Las Palmas Pino Hernández. Ella purga su dolor con esta reflexión y alega que “yo no perdono a esta gente ni muerta, porque hemos perdido la ilusión más grande que teníamos, ver a nuestro equipo en Primera”.

El pasado domingo 22 de junio la Unión Deportiva Las Palmas empataba a uno contra el Córdoba en el partido de vuelta, el decisivo, de la eliminatoria de ascenso a la Liga BBVA, la ansiada Primera División. Los hechos que ocurrieron aquel día en el Estadio de Gran Canaria son harto conocidos y pregonan la ignominia de la sociedad en determinados momentos donde el control y la razón se diluyen en el frenesí y el caos.

Las consecuencias deportivas, trágicas. Las legales y disciplinarias: varias multas al club amarillo que le obligaron a pagar un total de 180.000 euros. 90.000 por “deficiencias en las medidas de permanencia y desalojo de espectadores”, otros 90.000 por no controlar el movimiento de espectadores de diferentes sectores de las gradas hacia el sector de la grada naciente y no controlar el acceso de 500 aficionados al estadio antes de acabar el partido.

La Comisión Antiviolencia, además, propuso una multa de 60.000 euros para el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, “cuyas declaraciones generaron una dura reacción contra la labor policial y dificultaron la normal evacuación del recinto deportivo”, y 4.500 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a cada uno de los dos aficionados identificados quienes, antes del inicio del partido, “agredieron violentamente a un aficionado del equipo visitante provocándole heridas de diversa consideración que precisaron su traslado al hospital”.

El Comité de Competición ya ha amenazado con cerrar el Estadio de la UD en caso de reincidencia. La noticia reciente de la petición de prisión para tres de los “invasores” por parte de la fiscalía es un afluente más del caudaloso río de tinta que ha cosechado el club amarillo desde aquel día deshonroso. Es de recibo ahora dar voz a la gente, al aficionado, pulsar su opinión con el ánimo de despresurizar un dolor tan fuerte como aquel que nace del sentimiento, un rasgo humano que se escapa del raciocinio y pertenece en exclusiva a los asuntos del corazón. Una consulta de sus valoraciones es importante de cara a conocer el poso y las sensaciones que laten entre la masa social del club para poner de relieve su versión sobre lo que se ha calificado como bochorno, vergüenza, injusticia y oportunidad histórica maltrecha.

Pino Hernández Benítez es, además de responsable de la peña Pío Pío de Córdoba y UD Las Palmas, la presidenta de la Federación de Peñas de la UD Las Palmas, que integra a casi 14 peñas amarillas. “En estos momentos y después de reflexionarlo mucho, nadie pensaba, ni nosotros mismos, que se fuera a cometer la estupidez que se cometió”. Desde el descanso del partido, recuerda Hernández, “se oyó a algunas personas decir: Hay que tirarse al campo, preparados para tirarse al campo. Lo que no pensamos nunca era que había gente en la calle” que acabó entrando cuando el partido enfilaba su recta final. Y para la abanderada de las peñas amarillas, “la policía tenía que estar en cada acceso” para impedirlo. Así fue cómo, denuncia Hernández, la invasión vino de la mano de un grupo de “gamberros, ignorantes y borrachos” que “arrastraron a los inocentes que nos sentamos en las gradas, donde hay muchos muchachos que no saben y se tiran”.

En esta discusión entra, sin querer mojarse demasiado, José Hermógenes, de la peña leonesa de La Bañeza (un pueblo de la provincia castellana), tal vez con las mayores muestras de desencanto en este particular censo de opinión: “Hoy estamos hablando de eso y si hubiese entrado el gol de Apoño o el de Vicente...”, apunta el peñista leonés. Hermógenes cree que “hubo falta de seguridad. Hay cosas que se pueden prevenir”. “Cuando acabó el partido y ves a la gente de la peña llorando, con un dolor... No quiero recordarlo, estuve un par de días bastante mal, te quedas un poco helado”. José es de la UD desde crío, cuando “la época bonita de la Unión Deportiva”, cuando hace 40 años logró que su compañero en el seminario se aprendiera la alineación de Las Palmas de memoria, cuando jugaban Tonono, Juan Guedes, Germán Dévora o Paco Castellano. “Podría recitarla entera”, comenta orgulloso, “era fácil ser de Las Palmas, lo difícil es serlo hoy, que hay gente nueva, pero bueno, ahí estamos”. La pesadumbre se pega al ánimo con fuerza después de algo así.

Dentro de la polémica sobre la culpa de lo que acaeció aquella nefasta tarde en el Gran Canaria, el representante de la peña Ultra Naciente, Jonathan Alonso, aboga por la multilateralidad de la responsabilidad: “Hubo muchos factores desencadenantes de lo que pasó, desde la propia afición hasta la responsabilidad que tiene el club por la apertura de las puertas (cerca del final del partido), o el jefe de seguridad del Estadio”, y defiende la tesis de la imposibilidad de controlar “lo incontrolable”. Alonso cree que estas circunstancias individuales por separado no acarreaban riesgos para suponer un problema como el que se dio, pero que juntos todos los factores unidos al lleno absoluto del recinto más la estancia de aficionados fuera del mismo desencadenaron la tragedia. Incide Alonso así mismo en una dejadez de la policía local que permaneció “de espaldas a la gente que estaba fuera haciendo botellón” y una falta de “medios policiales” alrededor del estadio. La postura de Ultra Naciente descansa también y sobre todo, como por otra parte cabría esperar, en que la concentración policial se centró casi exclusivamente en el graderío donde se sitúa este grupo de aficionados en la grada naciente.

Responsabilidades

Donde Pino Hernández sí ve un borrón es en el papel que jugó la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, quien, a su parecer, “tiene que saber en todo momento cómo y cuándo se debe plantear la seguridad en un estadio”, y que “si hay más de 30.000 personas, eso avala para que no haya 20 ó 30 policías en la Grada Naciente y todo lo demás vacío”. Y añade que no tiene “nada ni en contra ni a favor de los ultras”. La delegada del Gobierno, arguye Hernández, “está para saber todos los peligros que puede acarrear un evento con demasiada gente como la que había, no se puede dejar con unos cuantos policías”. Porque Hernández exime a la seguridad privada de esta competencia, la de prevenir y actuar, que atribuye exclusivamente a la policía, y declara que “los seguritas no te pueden tocar”, tan sólo, dice la peñista, advertir o disuadir al invasor: “A mí me toca un segurita y lo denuncia al momento, tienen las manos atadas”, zanja Hernández. Su sentencia es que, para evitar la entrada a última hora de intrusos no deseados, “tenía que haber una patrulla en las puertas del estadio para avisar de que determinadas personas iban a hacer lo que hicieron”.

Por su parte, Alfonso del Pozo, madrileño aficionado al equipo amarillo “desde los cinco años” y perteneciente a la peña El Tractor Amarillo, achaca la culpa al club. “Después de analizarlo en frío, creo que fue una negligencia del club” y “la responsable es la directiva, lógicamente”. Del Pozo recuerda que “no es un hecho aislado” y que en la temporada 2005-2006 ocurrió lo mismo contra el Linares, pero que en aquel entonces “el resultado te acompañaba”. “La junta directiva con el presidente a la cabeza es la responsable”, opina el madrileño, y comenta cómo se sorprenden algunos conocidos suyos en Madrid cuando les dice que el presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, es el dueño de una empresa de seguridad, como es Seguridad Integral Canaria: “En casa del herrero, cuchillo de palo”, ironiza del Pozo, quien no duda que “la directiva tiene que dimitir” y no sólo por esto, sino “por su estado de cuentas” deficitario que hereda de la anterior directiva, dice, si bien matiza que “hay que reconocer que gracias a la labor de esta gente el club ha evitado la desa”.

Para del Poz,o “ninguna de las decisiones que envolvieron al partido fueron acertadas”, pero que la previsión del presidente Ramírez pecó de miopía, más cuando el máximo mandatario amarillo opera en el sector de la seguridad privada; “si puedo disponer de 50, 60, ó 100 guardas más, pues dispongo de ellos. Se te puede desbordar, pero tú has puesto los medios, no puedes ir con 25 policías ó 25 guardas jurados a controlar un perímetro tan grande”, finaliza del Pozo. El madrileño no confía en que se depuren responsabilidades, y se lamenta de que “tras un fracaso vienen nuevas promesas y se vuelve a ofrecer la posibilidad de la Primera División”, tal vez como un prototípico canto de sirena.

¿Se pudo prevenir o anticipar?

Se ha hablado de una posible sobreventa de entradas para el decisivo partido del ascenso a Primera División. “No creo que hubiera más gente de lo que el aforo permitió, a mí no me consta”, alega Pino Hernández. Hernández ve una falta de efectivos policiales y su inoperancia una vez se produjo la invasión. “Se vieron desbordados, saltó demasiada gente y menos mal que con la aparición del presidente de Las Palmas, Miguel Ángel, la cosa se apaciguó un poco. Valerón (Juan Carlos) intentó también parar un poco”, comenta la representante de los peñistas. En cuanto a la finalización del partido, Hernández desestima el pitido final como una posible salida a aquella encerrona, “pasara lo que pasara, perdimos, pero no podemos dar por finalizado un partido. Si el árbitro hubiera pitado el final, habría sido correcto, pero también habría sido incorrecto si el Córdoba hubiera perdido un minuto y medio por culpa de nosotros (la afición), sería una vergüenza a nivel nacional que se permitiera algo así”.

De otro lado, Alfonso del Pozo cree que “con las grandes masas de concentración de personas siempre las hay que no guardan el orden” y no pasa por alto cómo “en Madrid estamos acostumbrados a ver cómo todas las celebraciones acaban con altercados”. Por lo demás, echa en falta que se declarara el partido como de alto riesgo, lo que implica un mayor énfasis en la seguridad, y también que “el árbitro podía haber dado por bueno el resultado y haber pitado el final, nos hubiéramos ido al vestuario con el resultado a favor y los del Córdoba un poquito cabreados, pero ya está”.

Y no se queda ahí, pues para él “el árbitro con su decisión de no pitar antes, además de cometer una injusticia provocó un incidente de orden público”, aunque considera que “no podemos echar la culpa al árbitro”.

Para Hermógenes, por su parte, es difícil acertar con las responsabilidades, tanto más cuanto vio los sucesos desde la distancia y por televisión. Pero sí tiene claras dos cosas. Una, que para ajustar cuentas “están las cámaras de seguridad” que pudieron grabar a los sujetos de la invasión de campo. Y dos, “con todo lo que se diga, mucha gente de la que se tiró estaba dentro del campo”, más allá de la que pudo acceder al Estadio de Gran Canaria en las postrimerías del encuentro.

De otro lado, el representante de Ultra Naciente Jonathan Alonso opina que un modo de atajar la invasión debió ser la mayor celeridad en la actuación policial. “En el momento en el que saltó la primera persona, si la policía hubiese actuado en ese momento acordonando el recinto, no hubiese saltado nadie más”. Pero sí achaca la principal responsabilidad a cada uno de los que saltaron al campo, que “fueron mínimo 500 personas”, afirma el peñista, entre ellas, reconoce, algunos aficionados de Ultra Naciente, a quienes excusa porque “no se quedaron cuando acabó el partido, sino que se fueron del campo”. Suscribe también el que la Delegación del Gobierno debió prever que se trataba de una situación de máxima tensión y debió declarar el partido de alto riesgo, “aunque no fuera un derbi o un partido conflictivo entre aficiones”.

Alonso aboga por la división física entre los distintos sectores de la grada, “con barreras de metacrilato, por ejemplo”, como medida disuasoria y de control. Una división así, entre las zonas sur, curva, tribuna y naciente, cree el peñista, evitaría la libre circulación de los aficionados por el perímetro del campo y la mayor capacidad para controlar e identificar a quienes intentan saltar al terreno de juego, pues siempre se verían obligados a hacerlo desde su parcela.

El de Ultra Naciente recuerda que “hace un par de temporadas hablamos con el club y les propusimos declarar una grada de animación para la gente joven en la naciente y que se separara del resto”. Y aclara, eso sí, que la naciente es la única zona que está aislada del resto “por los dos puentes” de acceso. Los ultras pretendían con esta propuesta evitar que los aficionados ocuparan asientos que no les correspondían y usurpar localidades de tarifas superiores y en mejor situación. La petición fue oída pero la posible ejecución de la separación fue postergada dado que, según recuerda el aficionado, “va en contra de la ley de evacuación en recintos deportivos por ser medios físicos que impiden el paso entre personas”.

Cree Alonso que después de lo ocurrido tal vez la policía se muestre más flexible y permita al club acometer esta medida para delimitar los sectores de la grada. El problema es, añade, que el de Gran Canaria es un estadio con gradas en altura y que las vías de escape en caso de incendio se reducen a las salidas de emergencia y que en los estadios con gradas “a ras de suelo” siempre cabe un escape directo desde la grada “hacia el terreno de juego”. El peñista desvela, de hecho, que el planteamiento del club para la temporada que viene (2014-2015) es “sectorizar tanto sur y curva como tribuna y naciente”. En cuanto al por qué de la ausencia de responsables, Alonso se remite, como el asturiano Hermógenes, a las cámaras de vigilancia.

En cuanto a la falta de seguridad privada, achaca la responsabilidad al jefe de seguridad del estadio, quien en la reunión semanal que se celebra los jueves, previa a los partidos en el Gran Canaria, con el club, el Cabildo, la Policía Nacional y la Local y Protección Civil, es el encargado de adjudicar el número de efectivos de seguridad privada y su ubicación.

La falta de civismo

Una parte minoritaria, se dice, o quizás es lo que queremos creer, de los aficionados y espectadores de fútbol, parece que tienen un parco compromiso ciudadano, un sentido común que más pareciera el menos común de los sentidos, una ausencia de moralidad, de civismo.

La invasión infame y terrible es reflejo de ello. Pero la autocrítica entronca directamente con el sentido común, y con el fin de que la responsabilidad sea un bien compartido, los peñistas opinan sobre las velas que cada cual aguanta en este embrollo del “forofismo” y el amor por los colores.

Pino Hernández cree que los que saltaron al campo “no representan” en nada a la afición amarilla, que dio muestras de deportividad absoluta cuando aplaudía, ya finalizado el partido, a la pletórica hinchada cordobesa incrédula ante el premio inesperadamente sobrevenido. “Son gente que entra a un recinto deportivo como quien va a un festejo y para estropearlo”. La presidenta de los peñistas de la UD introduce aquí lo que para ella es un cariz predominante y hegemónico en esto de la afición futbolística: el machismo. “A esta gente por mucha educación que se le dé no es suficiente, pues se consideran muy machos”, denuncia Sánchez. Y recuerda un percance que sufrió durante el partido objeto de este reportaje, en su localidad (la primera fila del sector AB 28, cerca de la pista de atletismo), cuando uno de los “invasores” agarró una botella de refresco para tirársela desde el terreno de juego.

También recuerda eventuales golpes que uno de los que saltó al campo propinó a un jugador del Córdoba; “esa no es la afición que nosotros representamos cuando vamos a Córdoba”.

Sánchez, de hecho, aboga por la implantación del derecho de admisión articulado a través de controles de alcoholemia llevados a cabo por la policía: “El que entre con una mínima de alcohol se queda en su casa. No entra al estadio”, en la medida de que se convierte en un elemento incontrolable; y recuerda la presidenta de peñas, que “cuando vi que Valerón se adelantó en el césped y uno de estos fue hasta él lo primero que se me vino a la cabeza es que pueda llevar un arma, un cuchillo, y lo puede desgraciar para toda la vida”. Es una medida preventiva.

Por su parte, del Pozo cree que “el 95% de los que saltaron al campo fueron a celebrar la victoria, no a pegar a nadie”. Pero el “escándalo” y la “vergüenza” que soportó ante sus paisanos madrileños fue irremediable ante “una imagen lamentable”, como recuerda el peñista.

También Alonso, de Ultra Naciente, alude a la cuestión social y la “cultura que debe tener una sociedad” y que aquel día brilló por sus ausencia.

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El conocido como caso Canódromo, la cruzada judicial por la que la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) emprendió un camino de tribunales contra el uso que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue dándole al terreno que ocupaba el antiguo canódromo de la capital, ahora convertido en un parque, ha dado un nuevo y definitivo giro con la última sentencia al respecto del Tribunal Supremo. Esta cruzada es una historia de asimetría, responde a un relato sobre la desproporción, pero también se asimila al mito del pequeño contra el gigante, del pueblo contra el poder, de David contra Goliat; y la moraleja va directamente ligada con la noción de justicia.

El pasado 14 de marzo de 2014, la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia en firme por la que estimaba el recurso de casación interpuesto por Avecalta contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 27 de abril de 2012. Aquella sentencia se anulaba y se estimaba parcialmente el recurso entonces planteado, declarando la nulidad de la revisión del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria aprobada definitivamente por Orden de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de 26 de diciembre de 2000. Aquel Plan General contenía un apartado referente a la citada zona del Canódromo, ubicada sobre el Barranquillo Don Zoilo, que hace esquina con la calle Obispo Romo y Sor Simona. En él se definía a los terrenos del Canódromo como suelo urbano no consolidado. También se anulaba el Plan Especial de Ordenación El Canódromo, aprobado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2003. La sentencia del 14 de marzo del Supremo pone de relieve que tiene razón la recurrente cuando señala la ordenación aprobada por el Consistorio en 2000 suponía “un considerable incremento de la edificabilidad residencial en el ámbito del Canódromo” y que “el barrio de Schamann en el que se encuentra inserto el Canódromo es un área de edificabilidad agotada”.

La asociación Avecalta, presidida por la reivindicativa María de los Ángeles Sánchez, comenzó en 2003 con la protesta y el litigio judicial para reivindicar la ilegalidad de las obras del viejo canódromo, una iniciativa que fue respaldada por Nardy Barrios y el partido que preside, Compromiso por Gran Canaria, “porque entendíamos que era ilegal”, alega la propia Barrios.

“Hace diez años que surgió este problema y nadie le hacía caso”, dice la grancanaria: “Es el gran triunfo de unos vecinos que, sin dinero, han sido capaces de defender la legalidad, durante 10 años. Han ganado todos los pleitos excepto uno, que fue con el Supremo, y que ahora el Supremo al final les ha tenido que dar la razón”. La candidata a la alcaldía recuerda que sólo los miembros de Avecalta “han denunciado este tema y se han dado cuenta de que siempre lo público es lo que pierde, porque por 11 millones de euros hubieran podido expropiar y construir 10 parques en Schamann, como bien dicen los vecinos. Y han conseguido que se reconozca que aquella permuta y el Plan Especial de Reforma Interior del Canódromo fue una ilegalidad, tal como recoge por fin la sentencia del Supremo, que entra en el fondo del asunto, que no es recurrible y que anula por ilegal el Plan General de Las Palmas de Gran Canaria de 2000 y el Plan Especial del Canódromo. Y lo han hecho sin recursos y contra una maquinaria terrible, que es la del Ayuntamiento y la de la empresa (Realia), que se personó con un montón de abogados, dinero e informes frente a estos vecinos”.

Pero Barrios se pregunta: “¿Qué es lo que han ganado los vecinos?”. Barrios recuerda que “el Plan General de 2000 para Las Palmas de Gran Canaria ha recibido unos pequeños retoques, en el 2005 y en el 2012”. Se refiere a la Ley del Territorio de Canarias, que obligaba a los planes generales de los municipios a hacer modificaciones, en especial en lo referente al suelo. Por esta ley, el plan de 2000 ha permanecido prácticamente igual y las modificaciones han sido formales, no de fondo. “Por eso el plan del 2000 es la piedra angular de esta anormalidad y de esta ilegalidad, porque en la exposición de motivos se recogía que en la zona de Schamann, donde después se elaboró el Plan Especial del Canódromo, que el barrio de Ciudad Alta era la zona de toda Canarias más colmatada de viviendas, y con menos metros cuadrados de espacio verde”, desgrana Barrios. De ahí que aquel plan negara cualquier tipo de construcción nueva en la zona. Sin embargo, y aquí está el intríngulis del asunto, “al mismo tiempo que el Plan General daba estos motivos, el Ayuntamiento elaboró el Plan Especial del Canódromo, con el que, sorprendentemente, hace una recalificación del suelo y una zona que aparecía como un parque, una zona verde, la convierten en suelo urbano”. ¿Con qué finalidad? Barrios empieza por citar que el que se conoce ahora como el Parque del Canódromo, cuya empresa propietaria la había adquirido por 500 millones de pesetas, fue objeto de permuta al Ayuntamiento cuando el actual alcalde, Juan José Cardona, era concejal de Urbanismo. Con este convenio, la empresa Realia arreglaba el espacio del Canódromo poniéndole suelo, unos bancos, un parque infantil, el alumbrado público y una fuente. “El arreglo y la pavimentación del parque se valoraron en entre 300.000 y 400.000 euros, y a cambio el Ayuntamiento permutó el suelo”, rememora Barrios, donde hoy están los cadáveres arquitectónicos de las torres del Canódromo, en un terreno anexo al del Canódromo y que estaba calificado como espacio verde. Además se concedió a la empresa la licencia para construir dos torres de 15 alturas cada una, amén de dos solares más: uno en Almatriche, justo al lado de Hoya Andrea y dando a la carretera general, y otro en Las Torres.

Estos tres solares, Canódromo, Almatriche y Las Torres, fueron valorados en 11 millones de euros, “y sin embargo, lo que recibieron las arcas del Ayuntamiento capitalino fueron un parque que costó cerca de 500.000 euros más los citados arreglos que ascendieron a 300.000 euros, que nadie se lo cree que ascendieran a tanto” subraya Barrios. Es decir, que Realia obtuvo cerca 11 millones de beneficio en esta permuta, y a cambio, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y del barrio de Schamann, recibieron el actual parque, que ha sufrido un drástico lavado de cara en los últimos años, con la instalación de un ascensor desde el Barranco Don Zoilo hasta la calle Obispo Romo, totalmente remodelada.

Antecedentes

En los años 70 del siglo pasado, Schamann contaba con un canódromo profesional, en el que se acogían jornadas de carreras caninas al uso y una suerte de ambiente lúdico periódico que se materializaba en las apuestas de los paisanos, atentos a los movimientos del conejo mecánico que atraía la atención de los cánidos sobre un raíl. Esta costumbre menguó hasta desaparecer en la década siguiente y el recinto, de cerca de 20.000 metros cuadrados, se abandonó por completo. El deterioro invadió el lugar con el paso del tiempo mientras los propietarios trataban de venderlo al Ayuntamiento en un devenir de cambio de dueños, tentativas de expropiación e incluso una subasta reclamada por los antiguos trabajadores. En 1989, el Plan General de Ordenacición Urbanística decretado entonces adjudicó el uso deportivo de la zona, y en 1995, con José Manuel Soria (Partido Popular) como alcalde, el Consistorio retorna a las negociaciones para la compra sin mayor éxito que antes.

Entonces aparece la empresa Inprocansa, que se hace propietaria del Canódromo y propicia el interés del ejecutivo municipal comandado por Soria para comprar los terrenos. Aquí se opera el siguiente movimiento: El Plan General de 2000 cataloga la parcela como de uso dotacional y condiciona su desarrollo a la firma de un convenio urbanístico entre el nuevo propietario y el Consistorio, y determina también la posibilidad de sustraer una franja de terreno para uso residencial, pese a que la zona es de edificabilidad agotada. Con la llegada a la alcaldía de Pepa Luzardo (Partido Popular), el proyecto avanzó con la firma de un convenio por el que el Consistorio compraba a Inprocansa el Canódromo, lo que implicaba la cesión de suelo en distintos sectores de la ciudad.

Con la firma del convenio, en 2002, el intermediario Inprocansa vende las dos propiedades a Realia, transcurrido un mes y medio. Algunos vecinos de Schamann se revuelven entonces contra lo que consideran una ilegalidad, y al día siguiente de que Realia consiguiera los permisos municipales para construir dos torres residenciales de 15 plantas en el terreno anexo al Canódromo acude a denunciar el proceso en los juzgados, bajo el prisma de una más que posible irregularidad en la valoración económica del suelo que se hizo en el convenio y sobre la ilegalidad que supone la construcción de dos edificios de tamaña estatura en una zona saturada, en la que además alteraba el paisaje de forma drástica.

Mientras las sentencias que declaran nulo el Plan Especial y suspenden la licencia de obras se hacen firmes, se apura la construcción y se ultima uno de los dos edificios. Entonces accede el PSOE al Ayuntamiento capitalino, mientras una pena indemnizatoria acechaba a la inmobiliaria desde los tribunales. La empresa, al parecer, se presentaba como desconocedora de la compleja situación pese a haber obtenido una licencia para construir y ahora su imagen y economía corría peligro de descarrilar.

La decisión del Alto Tribunal

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, lo que viene a hacer es anular el Plan General de Las Palmas de Gran Canaria de 2000, pero las licencias en virtud de las cuales se construyeron las torres se dieron en base al Plan General de 2005. Ese Plan de 2005 no ha sido impugnado, de modo que esas licencias de construcción (de 2006) son válidas en puridad, “lo que pasa es que en base a esas licencias las obras tenían un plazo de dos años, prorrogable por otros dos, que acabó ya. Se prorrogó en 2008 con varias interrupciones en medio por las toma de medidas cautelares. Ahora hay que declarar la caducidad de esas licencias, y hay que dar una nueva licencia. La nueva licencia que se vaya a acordar se tiene que dar en base al Plan General que está en vigor hoy, el de 2012”, explica Yeray Alvarado, abogado que lleva la causa de Avecalta desde 2003. Este plan de 2012 sí que ha sido impugnado por los vecinos.

Sobre su recurso, ahora validado por el Supremo, Alvarado expone lo que él ha descrito como un juego de muñecas rusas: “El plan de 2012 lo que hace es asumir para el Canódromo la ordenación generada en 2005 por el Plan General, un plan que asumía lo dispuesto en el Plan Especial de 2003. El Plan de 2003, lo que hacía era desarrollar lo que decía el Plan de 2000. Luego el Plan de 2012 es una especie de muñeca rusa gigante que se traga otras muñecas”, a cada cual más pequeña, a saber: el Plan de 2005, el de 2003 y el de 2000. Es el de este último año el que contiene la ilegalidad. Si el Plan de 2005 asume la ordenación del Canódromo como la que venía establecida en el Plan Especial de 2003 y lo inserta como propio, como un área de planeamiento incorporado, el Plan General de 2005, aunque no se haya impugnado, es nulo, porque está incrustándose en una nulidad. “Porque igual el Tribunal Supremo dice que el Plan de 2003 es nulo, la ilegalidad sigue estando dentro del plan de 2012”, alega el letrado.

Del otro lado, el Ayuntamiento no ha respondido todavía, a la espera de que ofrezcan un contraargumento a raíz de que el Supremo haya dado la razón a Avecalta. “La sentencia del Supremo nos ha sacado del ataúd”, razona Alvarado sobre la causa de los vecinos; una causa que estaba “en el nicho, pudriéndose”, después de que les habían “declarado muertos” a los de Avecalta en su causa, pero “ahora el Supremo ha abierto el ataúd y nos ha resucitado”. A su parecer, “Realia invirtió en un producto de riesgo esperando obtener un alto beneficio económico y lo que ha pasado ahora es que al final se va a caer el castillo de naipes”. Y adelanta sobre una indemnización: “No puedes pedir una indemnización como si fuese un tercero de buena fe, que no sabía nada”. En todo caso, el abogado recuerda que “lo que los vecinos quieren, simplemente, es que no se construya en Schamann y que haya un derribo de las torres, los vecinos no quieren que esté eso allí”.

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Todas las formaciones quieren cambiarlo, pero el sistema electoral canario permanece tal y como lo dejaron el gobierno autonómico de Coalición Canaria (CC) y el Gobierno del Partido Popular (PP) y José María Aznar en 1996. La cuestión de su modificación siempre ha estado presente, y claro, un sistema electoral es la llave del poder, en este caso la del gobierno de la autonomía canaria. Cabe citar aquí que el Estatuto de Autonomía de Canarias proclama que el Parlamento es el órgano que representa al pueblo canario, titular del derecho a autogobernarse, y que por ello en él se toman las decisiones políticas más importantes: la elección del presidente del Gobierno y la aprobación de las Leyes, entre las que destaca la Ley del Presupuesto de cada año.

El sistema canario para entrar en el Parlamento autonómico se configura así: la Cámara regional está compuesta por 60 diputados. La circunscripción electoral es la isla. A su vez, cada circunscripción tiene su propia asignación de diputados. De acuerdo con esto, corresponden 15 a Gran Canaria, 15 a Tenerife, ocho a La Palma, ocho a Lanzarote, siete a Fuerteventura, cuatro a La Gomera y tres a El Hierro. Así mismo, en el Estatuto de Autonomía, aprobado en 1982, se establecía un doble tope electoral, tanto insular como autonómico, para acceder al Parlamento. Debería superarse el 20% de los votos insulares y el 3% de los autonómicos. Existen dos vías para cambiar las reglas. Una es la reforma estatutaria, la otra es aprobar una ley en el Parlamento Canario con una mayoría de dos tercios (40 votos de entre 60 totales).

En 1996, se operó un cambio en el Estatuto en el Congreso de los Diputados, con la oposición de gran parte del espectro político, por el que estas barreras ascendían a un mínimo del 30% de votos a nivel insular y del 6% a nivel regional. CC se forjó en base a los primigenios partidos independientes y pequeños que surgieron en las distintas islas del Archipiélago, cuya representatividad no alcanzaba a otorgarles puestos de poder por los escollos que suponen las barreras electorales, sobre todo insulares y más allá de la barrera regional del 3%, al principio, y del 6% tras la modificación, que superaron con holgura al agregar los apoyos antes dispersos sobre la línea de una agrupación autonómica.

“La doble C” se erige desde 1993 e ininterrumpidamente en partido gobernante de la Comunidad Autónoma Canaria tras acceder a él moción de censura mediante al gobierno de Jerónimo Saavedra, al frente del Partido Socialista (PCOE), que duró un año. Como el propio Saavedra declaró en 2013 para el programa periodístico independiente Awante! “se plantea el cambio del estatuto canario en el 96, pero no se varió el número de diputados del parlamento canario”. El actual Diputado del Común recordaba también el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la medida bilateral CC-PP a nivel nacional, y que “el Tribunal Constitucional se lavó las manos y dijo que le correspondía al Parlamento” decidir. Saavedra desentrañaba en el citado programa los motivos radicales del problema de la “desproporción entre el número de diputados que se eligen y la población”, un problema que “viene del Estatuto del 82 y del 'Pacto de Medinaceli', el fomento de la batalla interinsular” y entre capitales “que produjo desconfianza entre grandes y pequeñas y que forzó la ley”, una ley “producto del franquismo y el centralismo tanto estatal como regional y el mal estado de las islas menores”. El socialista recuerda así mismo la alteración del Estatuto en el 96 y cómo “en el avión de camino a Madrid se consensuó un aumento de las barreras que se aprobarían en el Congreso del 20% al 30%” en un pacto entre José Carlos Mauricio, portavoz de Coalición Canaria, que apoyaba junto a otros grupos nacionalistas al Gabinete Aznar en el Gobierno de la nación, y Mariano Rajoy, por entonces ministro de Administraciones Públicas“.

Una vez aclarado el contexto histórico y el establecimiento del sistema electoral a nivel institucional, es de recibo mencionar las reacciones ciudadanas contrarias, que primordialmente se materializan en la plataforma Demócratas para el Cambio. Tal y como lo describen en su página web, la plataforma surge cuando “ciudadanos y organizaciones de todos los ámbitos de la sociedad canaria nos reunimos en los salones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria el 5 de mayo de 2011, para manifestar nuestro rechazo al actual sistema electoral canario y exigir su reforma inmediata. Este rechazo y demanda de Reforma Electoral ha tenido que hacerse por medio de un Manifiesto, porque los partidos políticos de todos los colores que han tenido representación en nuestro Parlamento, han postergado durante 29 años - siete legislaturas -, esta muy necesaria reforma con todo tipo de excusas y dilaciones”. Esta plataforma denuncia también la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, que prohíbe a los canarios en su artículo segundo llevar a la Cámara una proposición de ley de reforma del régimen electoral. “Desde luego, no parece esta la manera de promover la democracia en Canarias. Y tampoco parece que sea una señal de alto carácter democrático exigir dos tercios del Parlamento para acometer este tipo de reformas”. Por ello reclaman que “no puede exigirse superar el 30% de los votos para que se tenga derecho a acceder a un escaño, ni que por supuesto se pueda tolerar que a una minoría poblacional del 17% se le asigne la mitad de una Cámara”, y sentencian:“Estos dos hechos son singulares de Canarias, no se conocen precedentes ni casos similares en democracia alguna”.

“No me extraña la respuesta de Coalición, sorprende la del PSOE”

“La nuestra es una propuesta de ley a la que luego se la puede enmendar, estamos abiertos a las enmiendas. Nosotros hemos puesto el 5% porque es la barrera de Cabildos y Ayuntamientos y es fácil de explicar, pero no tendríamos ningún inconveniente en que el mínimo sea del 3%”. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias (NC) y parlamentario autonómico critica directamente a Coalición Canaria y su llamada a la consulta política sobre el tema del petróleo, en contraposición al rechazo de la propuesta de NC, lo que, según el político licenciado en medicina, “pone en evidencia una contradicción absoluta, nunca se creyeron la democracia representativa, se van a creer la democracia más participativa”. “No me extraña la respuesta de Coalición, sorprende la del PSOE”, dice Rodríguez, y añade que “ahí manda Coalición Canaria y el Partido Socialista se ha doblegado claramente a los intereses de Coalición”

El líder de la formación de raigambre palmense sabe que “modificar la distribución de los diputados es difícil” y afirma que están dispuestos “a hablar de lo que ellos denominan circunscripción regional o canaria, nosotros pretendíamos un gesto”. Subraya en que con la bajada de las barreras electorales en cada isla “no le quitas nada a nadie, sólo incentivas la participación y puedes permitir que partidos que estén fuera entren” y aduce que este sería el pilar básico para un acuerdo de mínimos entre las formaciones políticas. “Nosotros hablamos de poner más diputados a Gran Canaria y Tenerife y eso rompe la triple paridad, podría ser más discutible, lo que es indiscutible es bajar los topes, ¿a quién perjudica bajar los topes? Dicen que no cambian las cosas, pues bájelos. También dicen que si bajáramos los topes al 5% como en ayuntamientos y cabildos, habría más o menos la misma representación”, declara el parlamentario autonómico parafraseando los argumentos que dice recibir de parte del Gobierno canario. “Coalición no va a cambiar nunca el sistema electoral porque gracias a él hegemonizan la política canaria y mantienen la unidad interna. Con la rebaja de los topes, los majoreros y los palmeros no necesitarían a ATI (Agrupación Tinerfeña de Independientes) para presentarse a las elecciones”, comenta Rodríguez, que recupera la crítica a la preponderancia de los chicharreros entre los cuadros de CC que él mismo criticó cuando militaba en las filas que ahora lidera Paulino Rivero, presidente de Canarias. El político también avisa: “Todas las encuestas plantean nuestro avance, por eso la propuesta no nos beneficia, a nosotros nos beneficiaría una distribución más proporcional, porque cada escaño que sacábamos en el 2011 representaba 27.000 votos, los que sacó el PP representó 12.000 votos, del PSOE, en torno a 11.000 votos, y de Coalición 10.000 votos. Para tener un escaño hemos tenido que triplicar el número de apoyo. Con la bajada de los topes no mejoramos nuestra representatividad, lo haríamos con la otra reforma, la de la proporcionalidad”.

Yo ya lo dije...

“En el 2000 se creó un grupo a propuesta mía, fui yo quien propuso crear un grupo de trabajo de todas las fuerzas políticas y por allí pasaron Izquierda Unida Canaria, Los Verdes, el Partido Nacionalista Canario para debatir en el parlamento. Las leyes se hacen en los parlamentos (se refiere al canario) y se necesitan 40 votos para aprobarla, y fracasó”. Román Rodríguez, autor de estas palabras, hace memoria: “Ha habido tres intentos de modificación y los tres fracasados, pero al menos los tres se debatieron ente las fuerzas políticas y entre los expertos, en el año 2001-2002, tuvimos una comisión de debate de este tema muy interesante, muy controvertida, en 2009 los socialistas lo intentaron con una propuesta igual que la nuestra que se admitió a trámite y luego decayó cuando el PSOE cambió la dirección del grupo parlamentario con la salida de Juan Fernando López Aguilar y Santiago Pérez”. “Nosotros hemos vuelto a reabrir el tema en el momento que creemos más necesario, porque ahora, el sistema político, el sistema de representación en el ámbito institucional, este modelo de representación está muy en crisis, por la corrupción, por la crisis económica”. La propuesta de NC parte “sobre la base sólo de bajar los topes (barreras electorales), porque no pudimos conciliar un acuerdo antes. Esto lo llevamos en el programa electoral, lo planteamos en el debate de investidura, todos respondieron que estaban dispuestos a hablarlo. Enviamos dos cartas al resto de los grupos para hablar sin condiciones de este tema, no respondieron entre 2012 y 2013, y al final hemos presentado la iniciativa en solitario. Ni siquiera han permitido su tramitación, cosa que sí se hizo en el 2001 y se hizo en el 2009”, denuncia Rodríguez que rememora cómo entonces “no fue posible porque no había mayorías políticas”.

El líder de NC justifica que él ejerciera como presidente del Gobierno de Canarias con un sistema que ahora critica: “Los socialistas han gobernado 20 años en España con Felipe González y Zapatero, habría que pensar que como no lo resolvieron todo no deben volver a gobernar nunca. Todos hemos sido elegidos por este sistema, por lo que ninguno podríamos criticarlo, es un argumento mediocre y propio de los que no están dispuestos a cambiar nada, no porque no lo piensen sino porque no les dejan”.

Lo que dice cada partido

En la tesitura de cambiar o no cambiar las reglas del juego para entrar en el Parlamento de Canarias, las formaciones isleñas se decantan por el cambio, cada uno con sus particularidades; y sin embargo este no se ha operado desde la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias pactada en 1993 entre Coalición Canaria y el Partido Popular, cuando José María Aznar era el presidente del Gobierno. Es este partido, a cuya cabeza en Canarias se encuentra el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, el grancanario José Manuel Soria, el único que no se ha prestado a ofrecer su versión al respecto del sistema electoral canario.

“Hacer una circunscripción regional y otra por islas”

El parlamentario regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Emilio Mayoral explica cómo su partido defiende la creación de una circunscripción regional, para lo que se debe reformar el Estatuto de Canarias, que sólo contempla una circunscripción de tipo local, por isla. Con la reforma, los socialistas aspiran a que se pueda elegir diputados a nivel regional en una sola lista, además de por islas en las listas insulares que ya existen, según dicen desde el partido, “con el propósito de fortalecer la idea y la sensación de que los canarios somos un único pueblo, y no la mera suma de siete pueblos distintos”. Esta lista regional sería votada por todos los canarios y a partir de ella se dilucidaría el candidato ganador a la presidencia de la comunidad autónoma.

El parlamento según el PSOE, tendría 70 diputados: 10 se elegirían en la circunscripción regional con una persona un voto, y 60 en la circunscripción insular, donde la proporcionalidad estaría sujeta a la territorialidad y la población de cada isla, como hasta ahora. “Es una forma de que exista una representación territorial por Isla y otra por población”, aclara Mayoral, que dice conjugar así el tema de la territorialidad con el del desfase poblacional entre islas mayores y menores. En cuanto a los diputados por isla, se adjudicarían de la siguiente forma: 15 diputados por Gran Canaria y 15 por Tenerife, ocho por Lanzarote y ocho por La Palma, siete por Fuerteventura, cuatro por la Gomera y tres por El Hierro. Un ciudadano grancanario votaría, pues, a los diputados que se presenten por su isla (15 en el caso de Gran Canaria) y luego elegiría entre las diferentes listas a los 10 aspirantes que se presentaran en la lista regional.

“Esta propuesta, que defendemos desde hace 15 años, no la han negado los demás partidos. En un debate reciente en el Parlamento un portavoz popular dijo que podría ser que se ajustase la reforma del estatuto e esta línea, que se pudiera crear la circunscripción regional”, recuerda el parlamentario Mayoral, quien sostiene negociar sólo la rebaja de las barreras electorales no es suficiente, que habría que reformarlo de pleno e incluir la modificación de la proporcionalidad en la representación por islas y materializar la susodicha circunscripción regional con 10 diputados. En cuanto a las barreras, “proponemos bajar del 30% al 15% a nivel insular y del 6% al 3% a nivel regional, una rebaja del 50% de las barreras electorales”, finaliza el parlamentario.

Sobre la reforma del 96, dicen los socialistas que “Coalición Canaria y el Partido Popular modificaron el sistema para empeorarlo definitivamente. Lo hicieron con plena conciencia y a su entera conveniencia”.

“Erradiquemos la barrera autonómica”

Para el coordinador general de Izquierda Unida Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, Echedey Morales, se debe plantear una “reforma mínima” en los siguientes términos: Una bajada de la barrera insular al 3% y la eliminación de la barrera autonómica, sin paliativos. Además, incrementar los escaños en el Parlamento de 60 a 69. Esos nueve diputados de más se repartirían con tres para Gran Canaria, tres para Tenerife, dos para Lanzarote y uno para Fuerteventura. “De esa forma habría más proporción en relación a la población”, dice Morales, que recuerda que con el sistema actual La Palma tiene ocho diputados y 15.000 habitantes menos que Fuerteventura, con siete diputados.

También abogan por un cambio de la fórmula de asignación de escaños (estatal), pasando del sistema D'Hondt a otro “más proporcional” como el Sainte-Laguë, un sistema que se aplica, por ejemplo, en Alemania, y que favorece a los partidos menos votados. Con él, a toda lista se le aplica un cociente mayor cada vez que gana un escaño, cociente que se recalcula a partir del nuevo número de escaños obtenidos en un proceso que se repite hasta completar la distribución de escaños. Proponen listas electorales cerradas y desbloqueadas, es decir, que la organización elija a sus candidatos y los electores, una vez escogida la opción que prefieren, eligen el orden de personas que quieren que estén en el parlamento. “De este modo se lograría una mayor capacidad de decisión de los electores y forzaría a todos los candidatos a buscar conexiones con sus entornos cercanos”, aclara Morales. La coalición propone, además, la introducción de un sistema revocatorio en el Parlamento, por el que con las firmas del 10% de los votantes se convocaría un referéndum para decidir si se disuelve la cámara y se convocan nuevas elecciones; el fortalecimiento de las Iniciativas de Legislación Popular (ILP) eliminando la obligación de debatir aquellas que ya cuentan con las firmas necesarias, para lo que “no se podrán hacer modificaciones sin la aceptación de la comisión promotora” y que en caso de aprobar el Parlamento una revisión que la comisión no aceptara, someterla a referéndum “para que la población escoja entre una u otra opción”. Durante el debate de la ILP “la comisión promotora debe poder participar”, añade Morales. Por último, proponen el sufragio para los ciudadanos extranjeros con cinco años de residencia y en situación regular, “bajo la premisa de aquí vivo aquí participo creemos que se debe incluir a los ciudadanos extranjeros que lleven aquí un tiempo razonable y que a todos los efectos deben soportar el sistema como uno más”.

“Hay que reducir diputados”

Desde el Consejo Territorial de Canarias de Unión Progreso y Democracia, delegación cuyo coordinador general es José Luis García Morera, creen que “la reforma a fondo de la ley electoral nacional exige una reforma constitucional previa que permita sustituir a la provincia por otra circunscripción de mayor escala que evite la deformación demográfico-territorial”. Aseguran que “nuestras propuestas, tanto a nivel nacional como autonómico, van en la línea de ajustarse al principio constitucional de que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a que su voto valga igual al de cualquiera y en cualquier parte, y a que la candidatura en que deposita su confianza tenga las mismas posibilidades que cualquier otra de acceder a la representación y cargos públicos”. Hablan también de listas desbloqueadas “de modo que los electores puedan

cambiar el orden de preferencia de los candidatos a votar, como paso previo a la instauración de las listas abiertas cuando el desarrollo tecnológico lo haga posible y práctico, garantizando el secreto del voto“, una modificación que se operaría a nivel del Estado.

En lo básico, en UPyD abogan por: “Reducir las barreras de manera que exista sólo una de un 3% regional ó 3% insular”; eliminar la triple paridad; reducir a 59 el número de diputados; mejorar la proporcionalidad incluyendo dos diputados por cada isla, “asegurando de esta forma la representatividad equilibrada de todas las islas, lo que supondría un total de 14 diputados”, a los que se sumarían los 45 restantes elegidos en una lista regional similar a la propuesta por el PSOE.

“Bajar las barreras es lo mínimo”

La propuesta de Nueva Canarias (NC), según Román Rodríguez es que sólo se tendrán en cuenta para la distribución de escaños en el Parlamento de Canarias aquellas candidaturas electorales que en la respectiva circunscripción insular hayan obtenido al menos el cinco por ciento de los votos válidos emitidos. “Estaríamos abiertos a fórmulas de mejora de la proporcionalidad”, dice Rodríguez, si bien “es muy difícil de discutir; nosotros estamos dispuestos a discutir la circunscripción canaria, a poner una cantidad por Isla y el resto en esa circunscripción canaria, a aumentar los diputados en las islas más pobladas, a redistribuir los que hay. Porque aprendimos la lección de 2000-2001, donde había muchas propuestas y ningún acuerdo, partimos ahora de lo básico, que es bajar las barreras”.

Tal y como lo argumenta el diputado en el Parlamento por NC, en la formación nacionalista abogan por cambiar el sistema electoral canario porque “hay un cuestionamiento del sistema electoral español y hay un gran debate sobre el propio sistema electoral español, y el nuestro es el que más dificultades tiene”. Rodríguez esgrime dos razones: “Es el menos proporcional y tiene unas barreras que no tiene nadie. Aunque pudiera haber una justificación histórica en la transición política en un intento de darle más peso a los territorios que a las personas, el secular abandono de las islas menores, en ese momento las barreras estaban pensadas para evitar la distorsión de la representación, pero han pasado más de 30 años, y aquello ha pasado de ser una disposición transitoria a una permanente”. El que fuera presidente de Canarias de 1999 a 2003, recuerda que “a nosotros no nos afecta, estamos dentro con una holgura muy importante, sacamos más de un 50% más de votos de lo que exige el tope llamado ”canario“, y lo hacemos porque creemos que hay fuerzas políticas que pudieran tener votos en el 2015 y se van a quedar fuera”. Con la ley que propone NC “queremos cumplir el compromiso electoral y lo que todos dijimos en el debate de investidura, y abrir el debate a todo el mundo, sólo faltaba que, porque las cosas están, no pudieran ser modificadas”, zanja Rodríguez.

“Rebajar al 3% en el Archipiélago y al 15% en cada isla”

El parlamentario de Coalición Canaria (CC) José Miguel Ruano entiende, tal y como lo expresó en su intervención parlamentaria sobre la última propuesta de Ley Electoral, que “es necesaria una reforma electoral que se adapte a la realidad demográfica actual y siga respetando el valor que la isla representa en un conjunto único”, que es “el Archipiélago Canario”. Para la reforma, abogan por cambiar el Estatuto y reducir al 3% la barrera en el Archipiélago y al 15% en el ámbito insular. La distribución por escaños entre islas se dejaría a la decisión legal posterior aprobada por mayoría de tres quintos en el Parlamento, así como la determinación de las circunscripciones, según el parlamentario de CC.

“Creemos, no obstante, que es mejor el modelo de barreras de 1982 que el establecido en 1996 y nosotros hemos incluido en nuestra propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía uno menos rígido incluso que aquel”, afirmaba Ruano en su intervención sobre las rebajas del 3% y el 15% anteriormente mencionadas. Y es que para CC, “cambiar, sin más, el sistema electoral sin profundizar en el modelo organizativo territorial sería desequilibrar Canarias en beneficio de las Islas más pobladas y en detrimento de las llamadas Islas periféricas que no se sentirían suficientemente representadas en el Parlamento Canario”.

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En 1993, el grupo pro-legalización, Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis (ARSEC), con sede en Barcelona, fue pionero en plantear la legalidad del cultivo de cannabis para el consumo colectivo de mayores de edad, al preguntar al fiscal antidrogas si la actividad podría pasar el aro de la ley. La respuesta fue que en principio, era legal. El primer club social de cannabis en España, el Club de Catadores de Cannabis de Barcelona (CCCB), se fundó en 2001. Entre 2001 y 2003, el Tribunal Supremo dictó resoluciones en varias ocasiones a favor de la despenalización de la posesión y el consumo de cannabis siempre y cuando no se hallara en ello un fin lucrativo.

Hoy, la asociación cannábica Beletén, arraigada en la zona del Puerto de la capital grancanaria, ha arrancado con pie firme en una isla donde se tiene constancia de otro colectivo, el Club Social de Cannabis (CSC) Mambo, también en la zona portuaria, y de otro que pasó a mejor vida, el de El Secadero, que estaba situado en Sardina del Sur. Este, por desavenencias entre sus socios, dejó de funcionar, si bien aún no se ha disuelto formalmente, ya que nunca se inscribieron en su momento las modificaciones correspondientes de la extinta junta directiva de la asociación.

Beletén se creó en 2009 y en ella hay cuatro trabajadores asalariados más un quinto en calidad de voluntario, y cerca de 130 socios, que en conjunto forman este club o asociación cannábica, en el que se hace una inversión mensual y se reparten tres cosechas de marihuana anuales entre estos socios. Así lo describe Rayco Ouviña, que preside la junta directiva y que además se encarga de parte de la gestión general y buena parte de la comisión de tesorería en un régimen a tiempo completo en el club. Para adherirse a Beletén, es requisito indispensable la recomendación previa de un socio, “no puedes contactarnos por internet ni nada de eso, tiene que avalarte alguien o tener alguna enfermedad para la que el cannabis está recomendado”, caso en el que el aval personal previo se deja de lado, aclara Ouviña.

El isleño comenta que el crecimiento de socios es “muy lento” y que “muchos se han ido dando de baja, porque han dejado de consumir o empiezan a cultivar y prácticamente ya no consumen (en el club), o porque se van a vivir fuera”. Así que, “entre los que entran y los que salen, crecemos un poquito”, lo cual “nos viene bien porque el cultivo colectivo lo hacemos en base a una demanda”, de modo que la sostenibilidad evita problemas tanto de escasez como de abundancia. “Lo preferimos así, yendo despacito”, revela Ouviña, quien también habla de un máximo de 200 socios activos como tope para Beletén, “nos parece que es suficiente y que lo lógico es favorecer que se formen otros clubes antes que seguir creciendo ilimitadamente, no es nuestra filosofía”, más bien “quedarnos en algo chiquitito”.

Ouviña y la asociación a la que representa constituyen un reducto de libertad, respeto y armonización para, con y hacia el cannabis y la marihuana en Gran Canaria. Como pertenecientes a la española Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) se erigen en representantes isleños de los valores de esta red asociativa, que “demanda un cambio en la legislación actual en materia de drogas para que sea más justa y eficaz”.

Asimismo la FAC abre un debate público sobre la participación de la sociedad civil en el diseño de dichas políticas. Para hacer frente a esta demanda, la FAC cuenta con una propuesta reguladora a todos los niveles basada en el cultivo personal y colectivo, este último a través de los Clubes Sociales de Cannabis o CSC, los cuales funcionan “democráticamente, sin ánimo de lucro y producen bajo demanda de un círculo cerrado de persona adultas que no pueden cultivárselo ellos mismos”, tal y como se postula en su página web. En esta página se describe, así mismo, que “la FAC participa en parlamentos autonómicos, nacionales y europeos, foros internacionales, talleres, debates e intervenciones en medios de comunicación. En el plano social cuenta con asesorías jurídicas y legales, conferencias, manifestaciones y diversas actividades a nivel lúdico y forma parte de la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD)”, lo que denota una posición de relativo poder como actor en ciertas plataformas de negociación y foros de discusión, caso de su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1998.

En la esfera política, Ouviña afirma que “con Izquierda Unida (IU) siempre ha habido cierta afinidad, ellos siempre nos han llevado en sus programas políticos, admiten una sugerencia, hay un acercamiento, facilidad”. Con otros partidos, según el momento: “Con el PP (Partido Popular) poco, otros parece que tienen un acercamiento pero después salen con otra cosa y es más complicado. El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) suele escucharnos mucho cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno bastante poco”, añade el isleño. Además, han tenido “algún acercamiento” con Ben Magec por la afinidad naturalista común y compartida.

En representación de Izquierda Unida Canaria (IUC), el joven militante Yoseba Farto, habla del uso industrial alternativo y potencial de la planta Cannabis sativa y del cáñamo que se extrae de ella, y fundamenta en ello la defensa de su legalización, aunque matiza que su partido “no aboga” ni por tener en cuenta esta característica como prioridad ni por dar la mayor importancia y la preponderancia al cáñamo como fuente de riqueza natural y de uso industrial. Sí pondera su valor como materia prima desaprovechada y desechada, y reclama que “el cannabis podría ser una de las patas de la industrialización del Estado español”. “Su estigmatización viene por cuestiones económicas, desde la irrupción del nailon, y las industrias del papel, más después de los biocombustibles”, alega Farto sobre el hecho de que las grandes empresas que trabajaban con estos recursos se enfrentaran al cultivo legal del cáñamo por intereses económicos en el pasado.

Para el activista pro-cannabis de IUC, es “una hipocresía tenerlo ilegalizado”, porque “no genera dependencia física, aunque sí psicológica” ni “daños permanentes, como el alcohol”. Sobre el uso recreativo, se decanta por defender su despenalización más allá del estigma social y moral: “¿Por qué no?”, cuestiona, retórico, “por supuesto”. Las asociaciones, añade Farto, “serían la forma más adecuada para llegar a una regularización y normalización total del cannabis, porque promueven un uso responsable y controlado, en círculos más o menos cerrados, garantizando una calidad y la responsabilidad en el consumo, tanto para la parte terapéutica como para la lúdica, aparte de hacer vida en común”, concreta el miembro de IUC. El joven militante no se olvida de los demás partidos: “Que quede constancia de que todos los partidos, menos el Partido Popular, están a favor de la regularización en teoría, pero no se lleva a la práctica, porque la relación entre las mafias y el poder es directa, las mafias de la droga tienen más poder que el propio Gobierno”.

La lucha contra la criminalización de una planta

Con la Ley sobre Protección de la Seguridad ciudadana de 1992, conocida como ‘Ley Corcuera’, aún vigente, cualquiera que sea descubierto con plantas, muchas o pocas, en su casa o en terrenos de su propiedad, va a parar ante el juez acusado de delito contra la salud pública. La inmensa mayoría se libra de la cárcel si no se logra demostrar que se dedicaba a vender. En España hay un vacío legal entre el derecho a consumir y el de abastecerse del que, en variadas ocasiones, la Policía se aprovecha para intervenir y abocar a un proceso por lo penal.

El abastecimiento compartido, en ese vacío, se ha impuesto como práctica permitida, de ahí que los clubes comenzaran haciendo compras compartidas, posteriormente sustituidas por el cultivo colectivo sin ánimo de lucro, a la postre también en connivencia con la legalidad. Las compras compartidas, subraya Ouviña, “no siempre son o han sido en el mercado negro, muchas veces compran a un conocido y le sacan así un poco de tener que acudir al mercado negro” a vender. Pero no olvida el perjuicio implícito de esta criminalización del cultivo, relegar el intercambio al pago con dinero no declarado y el desamparo en términos de seguridad laboral y social.

Beletén, que empezó funcionando con cultivos colectivos, sigue los pasos marcados por las veteranas asociaciones cannábicas arraigadas en la Península, sobre todo en Cataluña y Euskadi. Rayco Ouviña menciona que, fruto del contacto con otros clubes adscritos a la FAC, caso de exponentes catalanes pioneros, poseen una referencia legal de lo que puede ser un club cannábico. En concreto, unos socios catalanes fueron llevados a juicio al cuestionarse la licitud de su actividad y la Audiencia provincial de Tarragona dio la razón a la asociación.

Posteriormente, la Fiscalía les llevó al Tribunal Supremo, que condenó a multas a varios integrantes de la junta directiva e incluso a varios meses de cárcel, que finalmente ninguno cumplió por falta de antecedentes. Sus errores y sus aciertos conformaron la punta de lanza de estos colectivos y unas pautas legales validadas judicialmente a las que atenerse. En estos procesos se dilucidó la legalidad del cultivo colectivo frente al de carácter individual.

Así mismo, el Informe Muñoz y Soto, que emitió la Universidad de Málaga (UMA) y que se publicó en el Boletín Criminológico del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología en el año 2000 a petición de la Junta de Andalucía cuando buscaba encauzar legalmente el establecimiento de dispensarios terapéuticos de cannabis, es también poso de conocimiento para estas asociaciones. Estas interpretaciones no hacen distinción entre el consumo lúdico y el terapéutico, lo que permite ambos consumos en el ámbito controlado y cerrado de un club cannábico y en atención a la jurisprudencia sobre el cultivo colectivo e individual.

“La clave para el funcionamiento de las asociaciones es que no haya un beneficio”, en todo caso que las asociaciones provean de un salario a los trabajadores propios de los clubs al modo de una cooperativa. Álex Jiménez, autor de estas palabras, es un jurista grancanario que asesora a los clubes y asociaciones cannábicos para adecuar sus estatutos y actuaciones a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a los tribunales menores en torno a esa especie de ‘pseudojurisprudencia’, en la que se ampara la actividad de estas organizaciones, a falta de una normativa específica.

Para Jiménez, la circular emitida en verano de 2013 por la Fiscalía General fue una manera de declarar que van “a echarle la soga al cuello” a las asociaciones y clubes cannábicos, de “ir a por ellas”. En estos momentos, la Fiscalía ya ha contactado con los registros de asociaciones de Tenerife y Gran Canaria, según informa el jurista, para revisar punto por punto este censo de clubes cannábicos y, opina, “meterles mano e intervenirlas a todas” y obtener “multas súper jugosas” gracias a la llamada ‘Ley Mordaza’, si se aprueba: “El Estado, lo que ha optado, en vez de financiarse cobrando impuestos a este tipo de asociaciones, es decir ‘me las voy a pulir”, critica Jiménez.

El jurista denuncia, de otro lado, que los últimos cierres forzados y detenciones de miembros de clubes en Cataluña han sido por causa de un descontrol de las propias asociaciones, a las que se les ha ido de las manos: “En Barcelona se disparató, se ha llegado a anunciar a nivel turístico en Europa, creo que hay turoperadores en Italia que anuncian vacaciones en España, te ofrecen hacerte socio de un club durante una semana, un disparate”. Una banalización, un exceso en forma de ilegalidad en las competencias que estos clubes se atribuyen, aún no se sabe si en un estado de connivencia entre agencias de viaje y clubes cannábicos en Cataluña. Pagan justos por pecadores.

Eso es lo que ha generado los problemas y la llamada de atención de la Fiscalía. Se ha formado “un embudo” en el que caen todas las asociaciones en un mismo punto como foco de la jefatura superior del Ministerio Fiscal, caso contrario de lo que ocurría antes de aquellos despropósitos en forma de ‘holandificación’ turística como en Cataluña, en este caso con clubes cannábicos en lugar de coffe shops. “Si no es por esto, creo que se estaba avanzando hacia la legalización, de calle”, opina el jurista, que se lamenta ahora de que la Fiscalía lo que pretende, según la mentada circular, es estudiar con detalle los estatutos de los clubes para encontrar ilegalidades, pero también para poner a prueba su funcionamiento, precisamente bajo la sospecha de narcotráfico. “Esto levanta la veda de la calma y latranquilidad en este tipo de asociaciones y van a ver por dónde pueden hundirlas”. En todo caso, Jiménez redunda en la precipitación por parte de las asociaciones en el proceso por el que algunas, como Beletén, han optado por pagar a sus trabajadores, lo que a su juicio ha sido “un poco acelerado” a falta de un avance más pausado y cuidadoso en mitad de esta tempestad.

El factor económico

“No somos empresas, ni camellos, los trabajadores que estamos aquí cobramos un sueldito, no pretendemos hacernos ricos, ni mucho menos, con esto”, un salario acorde con el convenio canario para cada uno de los cuatro trabajadores, en el caso de Ouviña similar al del sector de oficinas y despachos, que recibe una contraprestación a las 40 horas semanales que invierte en el club. Con ella, dice, “me da para vivir”. Este salario no está obviamente asegurado por contrato y si la cosecha es mala, los recortes empiezan por los trabajadores y se salvaguarda el beneficio primero de los socios. Las cosechas son cuatrimestrales (tres al año), una cadencia superior a la media española gracias a las benignidades del clima subtropical isleño.

El club cannábico carece de ánimo de lucro por definición, y en el caso del pago a trabajadores, este dinero se extrae del aporte de los propios socios, que pagan una cuota que sufraga el coste del cultivo en proporción a lo que cada cual consuma, a su elección. El valor de las cosechas depende, claro está, de su calidad y cantidad, que no siempre es igual, de modo que “cada año hacemos una revisión de los costes, hacemos medias, miramos la cantidad producida y lo que nos está costando, más lo que gastamos en costes fijos”. Este total lo dividen entre los costes parciales y establecen, los gestores, una media de la cuota a pagar, que está sometida en cada ocasión al conocimiento y la aprobación de todos los socios.

El cálculo se hace a posteriori, si bien a priori se hace una previsión que tiende al alza “para no tener desequilibrios entre ingresos y gastos, aunque al final siempre es difícil de evitar”, reconoce el gestor de Beletén. En cuanto a la producción, Ouviña prefiere no decirla, pero sí reconoce que “no es tanta como la de algunos clubes de la península”, donde, recuerda el canario, “les han cogido 80 kilos, nosotros no producimos tanto y de entrada no tenemos tanto”. Claro que las cosechas en la Península son, por lo general, de una al año, y en las Islas la mayor cadencia de cosechas también lo es de repartos, “con lo cual nunca llegas a tener tanta cantidad junta”. Hay un máximo de cultivo permitido para no ser considerado narcotráfico, lo mismo en cuanto al reparto, para evitar el usufructo económico de las cuotas por parte de socios que pretendan intermediar con clientes externos. “Insistimos en que eso no lo hagan, incluso a beneficio cero, que si algún amigo quiere consumir, que prueben a hacerlo socio” de Beletén u otra asociación análoga.

En cuanto a los perfiles de los socios del club cannábico, en Beletén “tenemos desde el pibe universitario, de 19 a poco más de 20 años”, con presupuesto limitado que “nunca se gasta más de 50 euros al mes, algunos no mucho más”, dice Ouviña sobre un sector joven que se contrapone a “los socios terapéuticos mayores, que se gastan casi todas las semanas 100 euros”. Las cuotas son las siguientes: Para entrar al club hay que pagar 50 euros el primer año, más 30 euros anuales con posterioridad. Los socios que le dan un uso medicinal al consumo pagan 30 en todos los casos. Y si los costes se pagan equitativamente, las extracciones de aceites se priorizan para uso de los pacientes, caso también de las tinturas que se compran en el club y que se les dan sin coste alguno: “Ellos se traen el bote y se lo llevan, más que conseguir descuentos tratamos de darles complementos que sean gratis”, en una suerte de servicio social informal.

A falta de una normativa específica, “Ley mordaza”

Si se aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Beletén podrá perpetuar su actividad siempre y cuando acuda al mercado negro para proveerse del cannabis. El artículo 34, punto 23 del texto, referente a las infracciones (administrativas) muy graves, tipifica como tales “la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no constitutivos de delito”.

El cerco se estrecha, pues, más aún. “Vamos a tener que volver a acudir a la clandestinidad o irnos al mercado negro o procurar que no nos encuentren nuestros cultivos colectivos”, denuncia Ouviña, que pone en evidencia la imposibilidad de eludir el menudeo para coexistir con la ley como asociación: “Seríamos legales, todavía, si en vez de cultivar nosotros acudimos al mercado negro (adquisición colectiva), y lo que hacíamos precisamente era sacar a la gente del mercado negro, creo que hacíamos un bien a la sociedad, luchando contra el narcotráfico, que la gente tuviera algo decente y seguro”.

Por su parte, Álex Jiménez cree que “la legalización del cannabis generaría puestos de trabajo en un círculo (el de las asociaciones cannábicas) que está abocado al paro, personas que están en un círculo asocial”, a las que les va a costar más conseguir trabajo. “Estas asociaciones están pidiendo que se les reconozca desde hace 15 años, legalizando el cannabis evitaríamos la línea gris de si es o no una infracción” que pretende la Ley de Seguridad Ciudadana. “Está claro que hay asociaciones que son criminales” en tanto venden tanto a los socios como fuera del club, “eso es con lo que tiene que acabar le Estado y es lo que también quieren terminar las asociaciones”, continúa el letrado.

Hasta ahora “estás expuesto a que te intervenga la policía y vayas al juzgado que te toque, hay jueces que tienen esto muy claro y los hay que no, aunque lo que pasa en la mayoría de los casos es que se archiva”, porque “los jueces no están dispuestos a condenar por consumir, mientras no tengas un beneficio, el consumo colectivo hace 30 ó 40 años que es legal con una doctrina clara en España”.

La esperanza de Jiménez y algunos de sus colegas abogados que también trabajan con asociaciones cannábicas es que la ley que pretende implantar el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández, no se apruebe. Mientras, desde una perspectiva realista, ya piensan en prevenir a las asociaciones de cara a esta posible legislación. Como medidas de actuación, el letrado comenta que van a aconsejar a los clubes que continúen con los cultivos dentro del local, ya que la situación no puede variar demasiado en la praxis, dado que se antoja improbable que la policía obtenga una orden judicial para hacer un registro y poner una multa sobre un cultivo en un inmueble particular. “Eso es imposible, ningún juez va a dar una orden de entrada y registro para poner una multa”, sentencia Jiménez, “es inconstitucional para una sanción administrativa, los registros son para un delito penal”. El abogado cree que lo que sí puede ocurrir en el caso de que se apruebe la propuesta de Interior es que “la policía se saque de la manga una interpretación para hablar de un delito” en alguna de las actividades del club. “Que hagan un registro y te intervengan las plantas en la asociación y que”, entonces sí, “te pongan la multa administrativa a través de la Delegación del Gobierno”.

El razonamiento del Ejecutivo es, supone Jiménez, el de que acuda “la policía y se pare en la puerta del club a cachear a todo el que salga” y a sancionarlos con multas por tráfico de estupefacientes, “que pongan cuatro multas y a la quinta vayan a informar al juez de que allí la gente sale con droga y allí se trafica”. Según esta hipótesis, los socios comparecerían ante un juzgado penal, donde “archivarían la causa”, como ha ocurrido hasta ahora.

Pero, como se ha explicado, es la vía administrativa la que se pretende utilizar con la citada ley, que sustituiría a la vía penal para el tratamiento de las posibles ilicitudes en la actividad de los clubes cannábicos. “El Estado lo que ha dicho es ¿Qué los jueces archivan los temas que mando a los juzgados a través de las Fuerzas de Seguridad del Estado? Ahora esto te va a llegar por otro lado”, de modo que las asociaciones se enfrentan al castigo económico, multas de entre 1.000 y 30.000 euros y la clausura de la asociación en caso de que se imponga la sanción de la que se prevén, además, unos responsables solidarios. Esto significa que se puede declarar responsables a todos los socios de la asociación en cuestión con lo que “la multa la cobran” con mayor seguridad. “El lado positivo es que ya no se van a enfrentar a penas de cárcel. Puede haber una petición de prisión, inventarse una historia, pero al final las cosas hay que demostrarlas y lo lógico es que ninguna asociación que esté funcionando bien no vaya a sufrir una petición de cárcel”; así pues, trata de despenalizar pero se aplica un criterio economicista “para ahogarlos”, concluye Jiménez.

Posible inconstitucionalidad

Las recientes aseveraciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la inconstitucionalidad de gran parte del texto legal propuesto por el Gobierno pueden frenar su promulgación. El órgano de gobierno del Poder Judicial español publicó un informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), que en el plazo de un mes votará el pleno del Consejo, y que plantea que el texto elaborado por el Ministerio de Fernández Díaz establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial, además de rechazar que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público. También ve un cariz inconstitucional en la penalización de los escraches y en los métodos propuestos para los cacheos policiales y la detención por infringir normar, tanto penales como administrativas.

Ante la posibilidad de que se apruebe la propuesta del Gobierno, Álex Jiménez también incide en que si se diera ese caso “se van a ver obligadas”, las asociaciones, “a acudir al mercado negro” para obtener la marihuana. También pone el acento en el hecho de que, pese a todo, el contexto actual en el que impera la ‘Ley Corcuera’ es “admirado” desde Europa, según ha podido comprobar el letrado en reuniones que ha tenido con otros juristas europeos para hablar sobre la situación de los clubes y el cannabis en general. “Están asombrados con lo que hemos conseguido”, dice Jiménez, y recuerda que en Holanda lo que hay es “permisividad”, pero que “no está regulado el consumo como en España, que fue de los primeros países en legalizar el consumo, somos los más avanzados en este sentido en toda Europa”, zanja el abogado.

En la memoria de Jiménez prevalece el recuerdo de la orden ministerial que emitió uno de los ejecutivos de José María Aznar, cuando el Partido Popular gobernaba, con la que se pretendía prohibir la propia planta de marihuana entera, “400 plantas en España”, recuerda Jiménez, con sorna. El movimiento se declaró inconstitucional por defectos formales, “porque no se consultó con la Unión Europea esa orden y había que hacerlo”, tal y como consta en la legislación comunitaria derivada del Informe Catania, cuyo contenido se explicó en el reportaje El cannabis ante la perspectiva de la legalización. Las deficiencias legisladoras del PP parece que se reproducen en la nueva propuesta de Ley Orgánica.

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