Desde que estalló la actual crisis económica, la internacionalización de sus negocios se ha convertido en prácticamente la única tabla de salvación para muchas empresas españolas. De hecho, las ventas hacia el extranjero han tirado de las cuentas del país en los últimos ejercicios, favorecidas por el aumento de competitividad que han experimentado las empresas, gracias en gran medida al abaratamiento de sus costes laborales propiciados por las sucesivas reformas laborales aprobadas por los Gobiernos anterior y actual.

Canarias no ha sido ajena a esta situación y, aunque el turismo ha sido el principal responsable de que el Producto Interior Bruto (PIB) de la región haya evolucionado de forma bastante más positiva que el nacional, las exportaciones de bienes producidos en las Islas tampoco han dejado de crecer en los últimos años. Así, según los datos recopilados por la Dirección General de Aduanas (DGA), en 2013 las empresas canarias vendieron al extranjero bienes por valor de 2.607 millones de euros en 2013, lo que supuso un aumento del 5,1% con respecto a la cifra alcanzada un año antes.

En los dos primeros meses de 2014, última cifra publicada por la DGA, las exportaciones del Archipiélago ascienden ya a 580.694 euros, de los que 428.679 corresponden a comercio con el extranjero, mientras que los 152.014 han tenido como destino el resto del territorio español. Estas cifras suponen un leve descenso con respecto a los dos primeros meses del año anterior, circunstancia que también se dio a comienzos de 2013 y que, sin embargo, no impidió que las exportaciones de las Islas cerraran el ejercicio de nuevo con un saldo positivo.

Pese a ello, el comercio exterior apenas supone un 6,7% del PIB del Archipiélago, cifra que contrasta con la aportación del turismo, cuyo peso relativo en las cuentas de las Islas se sitúa en el entorno del 30%, cifra que lo convierte en el actual motor económico del Archipiélago, además de reflejar su gran dependencia de este sector.

Dependencia excesiva

Durante toda su historia, la economía de Canarias ha estado marcada por su práctica dependencia de un monocultivo. Históricamente han sido productos como la caña de azúcar, la cochinilla, el tomate o el plátano y, en las últimas décadas, el turismo. Frente a ello, la actividad industrial apenas un supone entre un 7% y un 8% de la riqueza creada en el Archipiélago, mientras que la aportación de la agricultura al PIB —en el entorno del 4%— es casi testimonial.

A pesar de que desde 2012 el turismo atraviesa uno de sus mejores momentos, con altas ocupaciones hoteleras y bate récords de visitantes recibidos prácticamente mes tras mes, un vistazo a situaciones pasadas muestra que, con la actual distribución de la economía canaria, los efectos de una crisis en el sector podría ser catastrófica para las Islas. Por ello, todos los expertos aconsejan una mayor diversificación de la economía canaria. La situación geográfica del Archipiélago, esa que, tal y como nunca se cansan de repetir los líderes políticos de turno, lo convierten en una plataforma ideal para comerciar con Europa, África y América, es también la que sugiere que incrementar las exportaciones industriales y agrícolas podría ser una buena forma de lograrlo.

Por sus peculiares características geográficas, la balanza comercial de las islas siempre será negativa. En la actualidad, la balanza comercial de las islas presenta un saldo positivo en el sector servicios, gracias a la importante fuente de entrada de capital que supone la actividad turística, pero bastante más negativo en lo que respecta a los bienes. En 2012, las exportaciones del Archipiélago supusieron unos ingresos de aproximadamente 2.700 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a más de 4.800 millones, lo que arroja un saldo negativo de más de 2.100 millones, equivalentes a casi el 5,3% del PIB regional.

En cierta medida, esta situación es lógica. Un territorio pequeño, fragmentado, caracterizado por una orografía complicada con multitud de microclimas y densamente poblado nunca podrá exportar más de lo que importa. Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta el comercio exterior de las Islas es su excesiva concentración, ya que sus exportaciones se centran en muy pocos países y productos. La consecuencia de esto es que, una vez más, la economía del Archipiélago vuelve a ser muy vulnerable ante posibles crisis en los países compradores.

Así, excluyendo los productos comercializados en el resto del país, que en 2013 supuso el destino del 26,36% del comercio exterior de las Islas, según los datos de la DGA, la mayor parte de las exportaciones al extranjero van dirigidas a la Unión Europea, sumando un 34% del total. Países Bajos y Reino Unido son los principales clientes de las Islas en el continente europeo, seguidos de Alemania, Francia e Italia. Ya fuera de la UE, aunque con un volumen en el entorno del 5% del total de las exportaciones, se sitúa Suiza.

África y EE.UU., al alza

Marruecos y los países del África subsahariana son otros de los principales destinos de los productos fabricados en el Archipiélago, que, además, se revelan como los mercados con mayor crecimiento, fruto de los esfuerzos de instituciones y patronales canarias por lograr que las Islas se conviertan en la plataforma de entrada a un continente cuyo PIB creció un 4,7% tan solo en 2013. Según datos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, el pasado año las exportaciones de las empresas canarias a África alcanzaron los 273 millones de euros, lo que supone un incremento del 35% con respecto a 2012.

En total, las alrededor de 200 pequeñas y medianas empresas canarias implantadas en el continente vecino realizaron el pasado año 19.000 operaciones comerciales diferentes en África, según las cifras que maneja la organización cameral. Si las comparamos con las 131.417 operaciones totales contabilizadas por la DGA, son tan solo el 14,46%, cifra que refleja el gran potencial de crecimiento que aún poseen las relaciones comerciales de Canarias con África.

Otros estados, como China y Hong Kong, Israel, Cuba o Estados Unidos son destino también de algunas de las exportaciones del Archipiélago. De hecho, el comercio hacia este último país experimentó también un sensible incremento durante 2013. En concreto, según los datos oficiales, el aumento alcanzó el 47,4%, tras registrarse 1.629 operaciones por valor de 19,8 millones de euros. Con más de una decena de empresas de las Islas, entre las que destacan Destilerías Arehucas, la bodega Los Bermejos, varios productores de gofio o el grupo ganadero que comercializa los quesos Maxorata, instalados en el país, la tendencia al alza parece consolidarse. Solo en enero de este año, se registraron 167 operaciones, por valor de 1,9 millones de euros, que casi duplican el millón de euros obtenido por las 94 operaciones realizadas en el mismo mes de 2013.

Al igual que ocurre con los países de destino, las exportaciones canarias se caracterizan por estar muy concentradas en pocos productos, circunstancia que convierte en doblemente frágil la estructura del sector comercial exterior del Archipiélago. Contrariamente a lo que se podría pensar, las principales exportaciones de las Islas no corresponden a plátanos y tomates, los principales productos agrícolas que se cultivan en las Islas, sino a los combustibles y aceites minerales derivados del petróleo.

Dependencia de la refinería

Esta circunstancia se debe principalmente a dos motivos: la presencia de la refinería en Santa Cruz de Tenerife y la consolidación de los dos grandes puertos canarios como puntos de abastecimiento para los barcos que cubren las principales rutas marítimas del Atlántico. Solo en el primer semestre de 2012, las ventas de combustibles supusieron 35,7% de las exportaciones totales del Archipiélago.

A los productos derivados del petróleo le siguen, ahora sí, las exportaciones de vegetales como plátanos, tomates y plantas ornamentales. Maquinaria, materiales preciosos, pescados y crustáceos, barcos y artefactos flotantes, papel y cartón y material eléctrico completan la lista de los principales productos que venden las empresas de las Islas al exterior.

En lo que respecta al año pasado, el balance exportador refleja que la cifra creció gracias al empuje de las ventas de bienes clasificados como “otras mercancías”, que aumentaron un 42,6%, hasta alcanzar 1.530 millones de euros, y de bienes de equipo, que con un incremento del 13,4%, se situaron en 191 millones. En cambio, las exportaciones de productos energéticos cayeron un 38,9%, para quedarse en 436 millones de euros.

Por provincias, las exportaciones crecieron un 9,6% en Las Palmas, para totalizar 1.818 millones de euros, y se redujeron un 4,0% en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 788 millones.

La gran dependencia de las exportaciones canarias de los productos derivados del petróleo agravan aún más la situación del Archipiélago, ya que restringe su capacidad de reacción en caso de que se produjera algún tipo de crisis en ese sector. Pese a ello, las exportaciones de Canarias fueron en 2013 casi un 22% superiores a las registradas en 2008, año en el que se comenzaron a notar los efectos de la crisis económica y en el que ascendieron a 2.215 millones de euros.

Sin embargo, tanto empresarios como instituciones coinciden en que el sector exterior canario posee todavía un amplio recorrido de crecimiento, en el que debe aprovechar tanto las ventajas derivadas de su situación geográfica, como las oportunidades que ofrecen mercados emergentes como las economías del África occidental o algunos países de América Latina, cuyas economías se encuentran en clara expansión y demandan todo tipo de productos.

Para lograr alcanzar estos objetivos, los empresarios canarios se enfrentan al reto de fortalecer el casi inexistente tejido industrial y productivo de las Islas, a la vez que diversifican su producción y tratan de captar cuota en nuevos mercados. Solo esta triple conjunción de factores permitiría consolidar el crecimiento del sector exterior del Archipiélago, generar empleo y convertir la economía de la región en un poco menos dependiente de los avatares del turismo.

En el actual contexto de crisis económica, se antoja bastante complicado lograr estos objetivos sin una implicación de la Administración tendente a remover los obstáculos políticos y administrativos que impiden el despegue definitivo del sector exterior canario, sobre todo si se tiene en cuenta que debido a la escasa presencia de grandes grupos empresariales en el Archipiélago, esta responsabilidad recae principalmente en sus pymes.

Los pasos dados para facilitar el comercio con las Islas con la simplificación de los trámites al comercio electrónico con las Islas o la iniciativa demostrada por un importante número de emprendedores del Archipiélago en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, al poner en marcha exitosos proyectos desde Canarias y que cuentan con clientes en prácticamente todos los puntos del planeta, parecen indicar que existe la voluntad de avanzar por el buen camino. En la mano de todos ellos está recorrerlo con los menores contratiempos posibles.

A vueltas con el DUA

La popularización del comercio a través de Internet ha supuesto una auténtica revolución para miles de empresas de todos los tamaños, que han visto cómo, casi de la noche a la mañana, su mercado pasaba de estar limitado a su ámbito geográfico más cercano a abarcar prácticamente todo el mundo. Sin embargo, esta revolución, en lugar de una ventaja, ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para empresarios y consumidores de las Islas.

Aunque su finalidad teórica es paliar los efectos negativos de vivir en un territorio alejado y fragmentado, lo cierto es que las peculiaridades fiscales existentes entre el Archipiélago y el resto del país, derivadas de su Régimen Económico y Fiscal, han funcionado siempre como un freno al desarrollo de las exportaciones e importaciones de determinados productos. Los complicados y, en muchos casos, onerosos trámites aduaneros derivados de esas peculiaridades fiscales, unidos a un vacío legal del que se han aprovechado durante años las agencias de aduanas, son la causa de un problema que, al fin, parece estar a punto de solucionarse.

Tradicionalmente, el intercambio de bienes y servicios ha disfrutado en Canarias de una fiscalidad más ventajosa que en la España peninsular, un 7% de IGIC, frente a un 21% de IVA, en los tipos generales de ambos impuestos. Esto supone que, al efectuar una compra desde el Archipiélago a un proveedor de la Península —o viceversa—, para que los productos puedan atravesar la “frontera” entre ambos territorios es necesario declarar su valor y liquidar el impuesto que corresponda, esto es, el IGIC si el destino es Canarias o el IVA, si se trata de una exportación. Esta declaración se realiza a través del denominado Documento Único Administrativo (DUA), un trámite que, también tradicionalmente, han desarrollado las agencias de aduanas, empresas de transporte y Correos y cuya gestión suele disparar los gastos de esos envíos hasta el punto de encarecerlos hasta niveles que los convierten en una operación económicamente inviable.

Esto se debe a que, aunque es posible conocer de antemano cuál será el importe que corresponderá ingresar en concepto de IVA o IGIC, el cobro de la gestión del DUA queda al arbitrio de las agencias encargadas de tramitarlo que, además, no suelen comunicar su importe con carácter previo a los destinatarios de los envíos. El comprador siempre tiene la opción de gestionar él mismo este trámite, que es gratuito, ante la Administración, pero para ello necesita un número de referencia que debe ser facilitado por la agencia de aduanas. La práctica habitual es que, para facilitarlo, estas cobren una cantidad en concepto de cesión documental que puede llegar a ser superior a la que exigen por tramitar ellas mismas el DUA.

En este contexto, resulta prácticamente imposible conocer con antelación cuál va a ser la factura total de un pedido con origen o destino en Canarias. Esta incertidumbre ha generado multitud de incidencias, devoluciones de pedidos y situaciones abusivas que han llevado a una gran cantidad de tiendas online a excluir al Archipiélago de sus operaciones, entre ellas la del gigante informático Apple, y ha impedido a muchas empresas de las Islas poder ofrecer directamente sus productos al resto del mundo a través de Internet.

Consumidores y empresarios han venido denunciando esta situación durante largo tiempo. Una petición iniciada en diciembre de 2012 a través de la plataforma Change.org y que pretendía lograr la supresión del DUA superó el pasado mes de abril las 7.500 adhesiones. Antes de eso, el 27 de febrero, la Agencia Tributaria y la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias presentaron un convenio de colaboración destinado a paliar, al menos en parte, los posibles abusos cometidos por los intermediarios y abaratar los intercambios de comercio electrónico entre Canarias y la Península y el resto de la UE.

Así, desde abril cualquier envío dirigido a las Islas y gestionados por Correos puede ser gestionado directamente por su destinatario a través de la página web de la Agencia Tributaria. Sin embargo, aunque durante la presentación del procedimiento se aseguró que bastaría con poseer un certificado de firma o un DNI electrónico y liquidar el impuesto para retirar la mercancía sin efectuar ningún pago adicional, una gran cantidad de afectados han denunciado que Correos aplica una tasa de 4,75 en concepto de gastos de retención de los envíos en sus almacenes mientras se tramita el DUA. Además, esta nueva modalidad de liquidación no afecta a las empresas privadas de mensajería, que continúan aplicando sus propias tarifas por gestionar este trámite.

La situación podría cambiar radicalmente cuando entre en vigor la segunda fase prevista en el convenio suscrito entre las administraciones tributarias estatal y autonómicas y que sí podría suponer una auténtica revolución para el comercio electrónico con origen y destino en el Archipiélago. En concreto, esta nueva regulación supone la supresión a partir de julio del DUA de exportación para los envíos en los que el valor de la mercancía sea inferior a 10.000 euros, una medida que debería hacer despegar el comercio electrónico desde el Archipiélago, ya que según las estimaciones de la Consejería de Hacienda del Ejecutivo canario el límite impuesto permitirá que se beneficien de esta exención la práctica totalidad de los bienes comercializados a través de Internet.

En la práctica, esta medida, que también se aplicará a los envíos procedentes de la Península y que tengan como destino el Archipiélago, descarta la intervención de agentes intermediarios que, según el Gobierno autonómico, eran los principales responsables del encarecimiento de los envíos a y desde Canarias. El temor de comerciantes y consumidores es ahora que las empresas de mensajería intenten paliar la merma de ingresos que podría suponerles esta medida incrementando los precios de los envíos al Archipiélago. Los más optimistas, en cambio, apuestan por que la desaparición del DUA aumente el flujo del comercio electrónico con las Islas, lo que se traduciría en una mayor cantidad de envíos gestionada por las empresas de transporte. Algo que, en última instancia, significaría que, por primera vez desde la desaparición de los puertos francos, Canarias estaría mucho más cerca del resto de mundo.

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En 1959, el entonces senador demócrata John Fitzgerald Kennedy aseguró en un célebre discurso que la expresión con la que los chinos se refieren a la crisis está formada por dos palabras: peligro y oportunidad. Aunque esa afirmación es errónea, desde ese momento, la idea de que en chino crisis es igual a oportunidad quedó grabada en el imaginario colectivo, de forma que cada vez que un país se enfrenta a una crisis los más optimistas recurren a ella para tratar de convencerse de que siempre hay una salida.

Es cierto que la palabra con la que los chinos hacen referencia al concepto de crisis no significa oportunidad. Sin embargo, sí que es cierto que en muchas ocasiones las situaciones de crisis suponen la apertura de un abanico de oportunidades para muchas actividades que en una situación de crecimiento económico no habrían tenido posibilidad de desarrollarse. O que, incluso, habrían sido calificadas de descabelladas. El auge de los créditos entre particulares es un claro ejemplo de ello.

Una de las primeras consecuencias de la grave crisis económica que desde mitad de 2008 afecta a España —y que no conviene olvidar que tiene su origen en una crisis financiera internacional desatada en agosto del año anterior— fue una severa restricción del crédito por parte de las entidades financieras, que a lo largo de estos seis años ha estrangulado la economía de muchas familias y abocado a una gran cantidad de empresas a la bancarrota.

Sin embargo, durante todo este tiempo, la necesidad de obtener financiación ha seguido presente, lo que ha desembocado en el creciente auge de una serie de prácticas basadas en la economía colaborativa destinadas a facilitar recursos económicos a familias y empresas al margen de las entidades financieras, siguiendo un esquema P2P o P2B (people to people o people to business), es decir, un método de financiación en el que son los propios particulares quienes prestan financiación a otras personas o a empresas a cambio de escoger las operaciones en las que invierten y obtener una rentabilidad por su dinero.

Se trata del fenómeno conocido como crowdfunding, que ha crecido al calor de internet y que ha acaparado numerosos titulares después de que el pasado 28 de febrero el Consejo de Ministros anunciara su intención de regular las operaciones que se realizan a través de las plataformas especializadas en este tipo de préstamos e inversiones. El objetivo del anteproyecto de ley aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es dar seguridad a este nuevo mercado, a través de la sujeción a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España, además de controlar fiscalmente los fondos invertidos en estos instrumentos y evitar el blanqueo de capitales a través de este tipo de operaciones.

Un sector en crecimiento constante

La ausencia de regulación de este mercado hace imposible saber con certeza cuál es el volumen de fondos que se canaliza a través de operaciones entre particulares, más allá de las que puedan facilitar las propias plataformas. Y, aunque las cifras no son suficientes como para hacer una radiografía del sector, sí que sirven para dar una ligera idea de la creciente dimensión que ha adquirido en los últimos años. Según los datos que ofrece Comunitae, la primera plataforma de préstamos entre particulares abierta en España, desde 2009 sus usuarios han prestado casi 4,9 millones de euros y han recibido a cambio unos intereses cercanos a los 385.000 euros, con un índice de morosidad muy inferior al soportado por las entidades financieras, debido a que tan solo aprueban alrededor del 10% de las operaciones que se les plantean y estas son de pequeño importe y a un plazo reducido.

Más impresionante es el caso de LoanBook, una plataforma enfocada al préstamo a pymes y empresas que desde su lanzamiento en octubre de 2013 ya ha intermediado más de 800.000 euros en créditos, “posicionándose como líder entre las plataformas de crowdlending para pymes en España”, según señala su director de Créditos y Riesgos, Eloi Noya. En tan solo cinco meses, “una treintena de inversores han financiado conjuntamente 32 operaciones de préstamo a un plazo medio de 90 días, beneficiando a un total de 14 pymes”, con una rentabilidad de entre el 6% y el 7,5% y sin ninguna operación impagada, apunta Noya.

Otras plataformas con presencia en España son Zank, lanzada en noviembre del pasado año por tres emprendedores españoles que cuenta ya con 411 inversores que han financiado operaciones por un volumen de 30.000 euros, la alemana Lendico, que aterrizó en nuestro país el pasado 10 de febrero y cuenta ya con más de una veintena de operaciones en busca de financiación por un total de 125.000 euros.

Sin embargo, estas cifras palidecen frente a los casi 190 millones de euros que gestionó solo en enero la estadounidense Lending Club, fundada en 2006. A pesar de ello, el rápido crecimiento que este tipo de plataformas está experimentando en España lleva a sus responsables a ser optimistas y confiar en que “crezca con rapidez en los próximos años, como ya ha sucedido en países como el Reino Unido”, tal y como señala Eloi Noya.

Para el director de Créditos y Riesgos de LoanBook, “aunque España es uno de los países donde el crowdfunding ha tenido una mayor acogida como vehículo de financiación para empresas y proyectos, posiblemente por la crisis financiera y la necesidad de muchas personas de convertirse en emprendedores, las plataformas dedicadas al crowdlending todavía son escasas”. Sin embargo, a su juicio, su desarrollo será rápido “porque no solventan únicamente la necesidad de las pymes de acceder al crédito sino que suponen un interesante activo para los inversores”.

Necesidad de regulación

Por ello, la mayor parte de las plataformas dedicadas a gestionar préstamos entre particulares y a empresas consideran positivo para su negocio que el Gobierno fije unas reglas para el sector. Según Eloi Noya, es necesario articular una regulación específica, “al amparo de una Directiva Europea” que suponga “el desarrollo de plataformas más preparadas y mejore la confianza del inversor” respecto a esta forma de financiación colectiva.

En ese sentido, “las medidas acordadas por el Gobierno implican un reconocimiento a LoanBook y demás plataformas de estas características, como vehículo válido para acceder a la financiación por parte de las pymes”, asegura el directivo. En cualquier caso, aunque prefiere esperar a que se conozca la propuesta en profundidad para analizar su posible impacto, sí considera que “supondrá mejorar la seguridad del inversor en este campo y, en consecuencia, mejorar su confianza sorteando las reticencias que pueda tener al respecto”.

A pesar de este aparente consenso entre los responsables de las distintas plataformas de crowdlending que operan en España acerca de la necesidad de una normativa que las someta a una regulación que dé seguridad a los inversores, hay quienes no están muy de acuerdo con los términos avanzados por el ministro de Economía al término del Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero.

Entre los puntos más destacables de la norma se encuentra la obligatoriedad de que las plataformas se inscriban en los registros del Banco de España o de la CNMV, en función de su actividad y pasen a estar sujetas a su supervisión como requisito previo a su entrada en funcionamiento, la necesidad de que cumplan unos determinados requisitos de transparencia en su funcionamiento y de información a los inversores, así como la imposición de una serie de límites económicos a las operaciones a financiar y la fijación de una aportación máxima por cada inversor.

Aunque todas estas medidas parecen tener como objetivo proteger a los inversores ante posibles estafas y asegurarse de que sepan en todo momento en qué están invirtiendo su dinero, es precisamente la fijación de unos importes máximos la que ha despertado las críticas de algunos operadores. En concreto, las voces críticas consideran que la misma banca que con su negativa a financiar a las empresas ha contribuido a la expansión de este modelo de negocio ha presionado al Ejecutivo para que limite la capacidad de financiación de estas plataformas, con el objetivo de proteger su negocio y poniendo en riesgo la viabilidad de estas empresas.

Variedad de modelos

Esta diversidad de opiniones puede explicarse en la existencia de tres clases distintas de crowdfunding a las que la regulación propuesta por el Gobierno afecta de diferente manera. En primer lugar, existe el equity crowdfunding, sistema por el que una empresa obtiene financiación a través de inversores privados a cambio de convertirse en accionistas de la compañía. Junto a él se encuentra el crowdlending, figura en la que los inversores prestan dinero a cambio de recuperarlos un tiempo después junto con una rentabilidad pactada en el momento del préstamo, categoría a la que pertenecen todas las plataformas citadas con anterioridad.

Finalmente, existen las plataformas de crowdfunding a secas, en las que los inversores, generalmente conocidos como mecenas, apoyan económicamente un proyecto concreto a cambio de obtener un producto, servicio o recompensa. Este último modelo se corresponde con una compraventa condicionada, ya que el pago no se formaliza hasta que el proyecto no obtiene toda la financiación requerida, y, en principio, queda fuera de la regulación planteada por el Ejecutivo.

El objetivo de la normativa, por tanto, se circunscribe a las fórmulas de crowdlending, que presumiblemente quedaría bajo la supervisión del Banco de España, y equity crowdfunding, fiscalizado por la CNMV, y trata de armonizar la situación española con la de países como Estados Unidos, Francia, Alemania o Reino Unido, en los que este tipo de actividades cuentan con algún tipo de regulación.

El problema es que los límites económicos propuestos por el Gobierno resultan demasiado bajos a juicio de los responsables de las plataformas de equity crowdfunding que operan en España. En concreto, el proyecto de ley establece un límite a cada inversor, que solo podrá destinar un máximo de 3.000 euros a cada proyecto que decida apoyar, con un máximo anual de 6.000 euros por plataforma.

Para los responsables de las empresas dedicadas al equity crowdfunding, en lugar de aportar transparencia y estabilidad, estos límites pueden acabar con el sector, ya que su escasa cuantía puede hacer imposible que muchos proyectos alcancen la financiación que necesiten, por lo que reclaman un aumento de los topes en la fase de tramitación de la norma. Incluso, hay quienes exigen la eliminación del límite de inversión por plataforma, ya que lo consideran una restricción absurda.

Minimizar el riesgo

El Ejecutivo, en cambio, alega que estos límites, junto con el resto de la norma, contribuirán a minimizar el fraude en la práctica de esta actividad, así como a abrir una nueva vía alternativa para que las pymes puedan obtener financiación. En la búsqueda de esa protección, la propuesta normativa hace hincapié en la necesidad de que los inversores sean conscientes de los riesgos que conlleva participar en ese tipo de operaciones.

En el caso de las plataformas de crowdlending los límites propuestos no suponen un excesivo contratiempo, ya que en general las operaciones que financian no poseen una elevada cuantía y las aportaciones que realizan los inversores suelen oscilar entre los 25 euros de mínimo de Lendico, los 50 de plataformas como Comunitae o Zank o los 100 de LoanBook.

En lo que respecta a los riesgos de la inversión, en casi todas las plataformas, las propuestas de préstamos pasan por un filtro previo antes de que los inversores puedan decidir si las apoyan económicamente y, en todo caso, estos son los que deciden a qué proyecto personal o empresarial van a destinar su dinero. El riesgo de no recuperar la inversión existe, pero la capacidad de elegir en función de la solvencia, la duración del crédito y las garantías establecidas, así como el tipo de interés que se está dispuesto a recibir contribuyen a que sea el propio inversor quien decida el nivel de incertidumbre que está dispuesto a aceptar para su inversión.

En cualquier caso, tal y como señala el director de Créditos y Riesgos de LoanBook, el corto plazo que suelen presentar estas operaciones y la posibilidad de mantener una cartera diversificada, gracias al bajo importe de la inversión mínima y la inexistencia de comisiones por invertir, “permite reducir el riesgo considerablemente” y mantener un control de la inversión mucho mayor que el que ofrecen productos de inversión tradicionales, como los fondos de renta fija corporativa a corto plazo, con los que estas operaciones mantendrían ciertas similitudes y en los que el inversor no puede intervenir en su composición.

Aunque una crisis económica no sea necesariamente una oportunidad, el desarrollo del crowdlending ha supuesto una excelente alternativa no bancaria de financiación que ha permitido a muchas familias y pymes sobrevivir en un momento en el que los bancos prácticamente han renunciado a cumplir con su función de facilitar el crédito necesario para hacer avanzar la economía.

La regulación anunciada por el Gobierno nace con el objetivo de dotar a las plataformas que facilitan estas operaciones de la seguridad y transparencia necesarias para consolidar su actividad y asegurar su supervivencia en el momento el que las entidades financieras decidan abrir el grifo de la financiación. Solo el tiempo dirá si cumple con ese objetivo o acaba por ahogar uno de los pocos sectores que ha logrado crecer exponencialmente gracias a la oportunidad que le ha brindado la crisis.

La revolución del micromecenazgo

Las posibilidades que ofrece Internet para difundir información y permitir que lleguen a oídos de personas que de otra forma jamás sabrían de su existencia es la base que ha permitido el éxito de las plataformas de crowdfunding o micromecenazgo, en las que cientos o miles de personas se comprometen a financiar un proyecto determinado a cambio de recibir un incentivo en forma de bien o servicio, normalmente acompañado de un reconocimiento por su apoyo.

Plataformas como Kickstarter, Indiegogo o la española Lanzanos son los ejemplos más conocidos y exitosos de esta fórmula de micromecenazgo que, a pesar de ser conocido popularmente con el nombre genérico de crowdfunding, no se verá afectada por la regulación propuesta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Esto se debe a que la persona que decide invertir su dinero en un proyecto que busca financiación en estas plataformas en realidad lo que está haciendo no es una inversión, sino una reserva u orden de compra. Esa compra solo se hará efectiva si el proyecto en cuestión alcanza la financiación marcada por sus promotores, momento en el que la cantidad comprometida se cargará en la cuenta del comprador. Este tipo de operaciones, en las que se promete financiación a cambio del producto que se pretende fabricar, son consideradas una simple compraventa por la legislación española, por lo que su funcionamiento ya se encuentra regulado como cualquier otra compra por Internet.

Este tipo de micromecenazgo ha alcanzado gran popularidad en los últimos años, en los que se han desarrollado numerosos proyectos tecnológicos, artísticos o editoriales gracias a las aportaciones de miles de personas. Los ejemplos de proyectos nacidos en el ámbito internacional bajo el paraguas de estas plataformas son innumerables. Sin embargo, en España existen también varios ejemplos destacables, gracias a las plataformas que, como Lanzanos, Verkami o Goteo, enfocadas a distintos ámbitos operan desde el propio país.

La película El Cosmonauta es posiblemente el ejemplo más conocido y exitoso de micromecenazgo en España. Estrenada en 2013 después de casi cuatro años de trabajo, esta cinta de ciencia ficción logró recaudar más de 400.000 euros en la plataforma Lanzanos, gracias a las aportaciones de 4.500 personas que se convirtieron en 'productores' del filme. Además de un reconocimiento en la página oficial de El Cosmonauta, sus patrocinadores recibieron diferentes “recompensas” en función del importe de su colaboración.

Sin embargo, los casos de éxito en España van mucho más allá. Existen numerosos proyectos que han podido ver la luz gracias a las donaciones de particulares que se comprometían a su adquisición, que van desde trabajos musicales a libros o accesorios para móviles, pasando por publicaciones periódicas, como la revista editada por los autores del portal de divulgación científica Naukas, que ya ha conseguido financiar tres números a través del crowdfunding.

Pero este tipo de iniciativa tiene vida fuera de los proyectos con ánimo de lucro, ya que el micromecenazgo extiende también su ámbito de acción a la solidaridad. Un ejemplo es la iniciativa Hazloposible Microdonaciones de la Fundación Hazloposible, una plataforma que permite a las ONG reconocidas por el Estado recaudar dinero para proyectos concretos a través de su inscripción en la plataforma. Al igual que con las plataformas con ánimo de lucro, para que la donación sea efectiva es necesario que el proyecto alcance el mínimo de financiación establecido por la entidad que lo propone.

El trueque como fuente de financiación

El cierre del grifo del crédito por parte de la banca ha obligado a muchos empresarios a agudizar el ingenio para obtener la financiación necesaria para poder continuar adelante con sus negocios. Esta situación ha propiciado el nacimiento de diversas propuestas que, más allá de recurrir a la búsqueda de financiación colectiva o inversores privados, se basan en algo tan antiguo como el trueque, aplicado esta vez al intercambio de productos y servicios empresariales.

Esa es la filosofía de TrocoBuy, una plataforma de financiación empresarial no bancaria, que actualiza y adapta el concepto de los bancos de tiempo —un sistema en que las personas intercambian servicios y favores— al mundo empresarial. El objetivo de esta plataforma es facilitar el crédito entre empresas, pymes y autónomos de forma complementaria a las entidades bancarias. Para ello, el equipo de TrocoBuy elabora un estudio económico de los candidatos a entrar en el sistema y les asigna un crédito que oscila entre los 3.000 y los 300.000 euros, sin necesidad de avales ni plazo de amortización.

La plataforma funciona como un auténtico mercado del trueque global, en el que cada usuario puede adquirir productos o servicios ofertados por el resto de usuarios con cargo al crédito concedido, mientras que la reposición de las cantidades consumidas se hace mediante la venta de los productos o servicios producidos por la propia empresa. La principal ventaja de este sistema es que permite afrontar operaciones de caja sin afectar a la liquidez y sin tener que hacer frente a cuotas e intereses bancarios.

Junto a la cuenta de crédito, cada usuario dispone de forma automática de un escaparate online gratuito en el que ofrecer sus productos al resto de miembros de la plataforma

El sistema se sostiene gracias al cobro de una comisión del 3,75% por cada operación realizada. Según los responsables de TrocoBuy, esta comisión es el único gasto al que tienen que hacer frente sus usuarios y únicamente cuando cierran una operación de compra o venta.

Con presencia en España y Portugal, la plataforma, que ha sido reconocida con el Yared Award 2013 como la mejor innovación financiera de Europa, presta servicio a más de 8.800 empresas de todos los sectores, que ya han realizado más de 59.000 operaciones, y soporta una tasa de morosidad de tan solo el 0,14% —frente al entorno del 13% en el que se mueven las entidades financieras—, debido a la inexistencia de un plazo determinado para reponer el crédito consumido y a que el flujo de ventas de la plataforma se ve favorecido por la ausencia de necesidad de emplear dinero en efectivo.

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El miércoles 8 de enero, la Dirección General de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, publicaba en el Boletín Oficial del Estado un anuncio que ha disparado todas la alarmas en las instituciones de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, a la vez que volvía a poner en evidencia la fragilidad de la economía del Archipiélago en lo que a materia de transporte de mercancías se refiere.

El objeto de este anuncio, que desde entonces tiene en pie de guerra a los cabildos y representantes empresariales de esas tres islas, es la convocatoria, por la vía de urgencia, del concurso para gestionar la línea marítima de interés público que une la Península con el Archipiélago durante los dos próximos años. El problema es que, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, excluye de esa obligación de servicio público las escalas en los puertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Puesto que la línea marítima que une el puerto de Cádiz con Canarias es la principal vía de entrada de mercancías en el Archipiélago, dicha ruta posee la consideración de ruta marítima de interés público, lo que vulgarmente se conoce como “obligación de servicio público”. El objeto de esta declaración, que puede afectar tanto líneas marítimas como aéreas, es garantizar una cobertura mínima de aquellas rutas que, aún siendo consideradas de especial importancia, pueden resultar poco atractivas para los transportistas debido a su escasa -y, a veces, inexistente- rentabilidad.

A efectos prácticos, la declaración de interés público implica el pago de una subvención por parte del Estado, en el caso de las líneas que unen el Archipiélago con la Península, o del Gobierno de Canarias, en el caso de las interinsulares, para compensar las pérdidas que la explotación de ese recorrido podría ocasionar a las compañías navieras o aéreas. A cambio, estas últimas se comprometen a cumplir con una serie de obligaciones mínimas que vienen establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del concurso de adjudicación.

En el caso de la línea marítima Península-Canarias, el contrato estipula una dotación económica de tres millones de euros por dos años de servicios -comprendidos entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2016- y otros tres en caso de prorrogarse la adjudicación por dos años más. A cambio, la naviera se compromete a prestar “servicio marítimo regular de pasajeros, y vehículos en régimen de equipaje”, además de, en su caso, mercancías entre los puertos de “Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y Cádiz”, con una frecuencia semanal como mínimo, empleando para ello un buque con una antigüedad menor a 25 años.

Castigados por la doble insularidad

Castigados por la doble insularidadHasta ahora, la obligación de servicio público obligaba a Acciona Trasmediterránea, actual titular del servicio, a realizar escala, además de en los puertos de Gran Canaria y Tenerife, en los de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, obligación que ha desaparecido en el concurso recién convocado, que deja la posibilidad de hacer escala en esas islas a elección del operador.

La principal consecuencia de esta decisión podría ser un notable incremento en el precio de los productos que componen la cesta de la compra en estas islas, que, ya de por sí, la poseen bastante elevada. Si la naviera adjudicataria de la línea considera que la escala en esos puertos no le resulta rentable y decide suprimirla, las mercancías destinadas a Fuerteventura, Lanzarote y La Palma tendrían que ser desembarcadas en los puertos de Gran Canaria y Tenerife y embarcadas de nuevo en un buque que preste servicio en una línea interinsular con destino a las mismas.

El sobrecoste económico, así como el retraso en la entrega de las mercancías que conllevaría esta situación tendría que ser asumido por los empresarios y consumidores de esas islas que se verían una vez más castigados por la doble insularidad.

Por ello, no es de extrañar que tanto las instituciones como los agentes políticos y económicos de las tres islas se hayan movilizado nada más hacerse pública esta modificación en los criterios que venían siendo habituales y que puede lastrar aún más la difícil situación económica que atraviesan tres islas que reúnen casi un 16% de la población del Archipiélago.

Concurso desierto

Concurso desiertoPara los representantes de las tres islas afectadas, esta modificación es “inadmisible”, ya que en la práctica significará “que cuando interese se hará escala y cuando no, desaparecerá la escala”, según denunciaba el presidente del Cabildo de Fuerteventura Mario Cabrera, el pasado 11 de enero nada más conocer los términos establecidos por Fomento para la licitación de la gestión del servicio.

Ese mismo día, Cabrera se preguntaba qué había cambiado para que las tres islas no capitalinas, que tradicionalmente habían sido contempladas en la declaración de interés público, pasen a ser escalas opcionales en esta línea. La respuesta a esa cuestión puede encontrarse en el concurso convocado por el Ministerio que dirige Ana Pastor a mediados del pasado año. El 16 de julio, el director general de la Marina Mercante no tuvo más remedio que declararlo desierto, después de que ninguna naviera se presentase a la licitación, que, en aquella ocasión, sí incluía a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma como escalas obligadas.

La ausencia de ofertas obligó a Fomento a prorrogar durante seis meses el contrato vigente hasta entonces, mientras diseñaba y tramitaba un nuevo concurso que resultase más atractivo para las navieras. Además de una modificación en la dotación económica -de 4,7 millones de euros se ha pasado a seis-, en aquel momento los rumores apuntaban a la desaparición de la escala en las islas no capitalinas de la obligación de interés público, tal y como se ha confirmado con las nuevas bases en las que, simplemente, aportan un incremento en la puntuación de las ofertas presentadas.

Así, las ofertas que incluyan conectar con tres islas, además de con Tenerife y Gran Canaria, obtendrán 50 puntos, mientras que las que propongan una escala en dos serán recompensadas con 30 y, finalmente, las que solo establezcan una parada obtendrán una bonificación de 15 puntos en el concurso. Un sistema similar valora también la antigüedad del buque designado para cubrir la ruta.

Una decisión “inadmisible”

El cambio de estar incluidas en la obligación de servicio público a considerar las escalas en esas islas un mero criterio de valoración de las ofertas presentadas al concurso no han sentado nada bien en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, donde, con el paso de los días, lejos de calmarse, las aguas se han agitado cada vez más por algo que consideran una decisión “injusta”, “arbitraria” o “inadmisible”. Por ello, desde sus instituciones han anunciado una ofensiva que no cesará hasta que no se corrija la situación y se vuelva a adoptar el criterio anterior. Una rectificación que se antoja muy complicada, si se tiene en cuenta el talante poco dialogante que ha mostrado en otros asuntos el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, a lo que se une el hecho de que el plazo de presentación de ofertas finalizó el lunes 20 de enero y que el proceso de adjudicación se presume rápido, puesto que está previsto que el adjudicatario comience a explotar la línea el próximo 1 de abril.

La marítima es la principal vía de entrada y salida de mercancías de las islas. Según los datos de las Autoridades Portuarias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas recopilados por el Instituto de Estadística de Canarias, en 2012 los puertos canarios movieron casi 39,5 millones de toneladas de mercancías, mientras que hasta noviembre del pasado año la cifra alcanzó superó ligeramente los 32,3 millones de toneladas. De ellos, casi 18 correspondían a mercancías que excluían las importaciones a granel y los productos procedentes de la industria pesquera. El 55,4% de las mercancías que pasaron por los puertos canarios en 2013 eran productos directamente destinados al consumo de los particulares o las empresas del Archipiélago. De ahí que la exclusión de las islas menores en la obligación de servicio público haya despertado tanta preocupación.

Si bien es cierto que la declaración de interés público de una línea marítima solo afecta al transporte de pasajeros y vehículos en calidad de equipaje en una ruta que se considera estratégica, pero cuya explotación puede no resultar rentable económicamente debido a la escasa ocupación con la que suelen navegar los buques, precisamente es esa baja ocupación la que permite aprovechar los trayectos para transportar una mayor cantidad de mercancías. Aunque existen líneas dedicadas exclusivamente al transporte de mercancías entre las Islas y la Península, esta ruta supone también una importante vía en el tráfico de productos de consumo.

Al declarar la obligación de servicio público el Estado está asumiendo que esta va a generar pérdidas a la naviera, por lo que dota este requisito de una partida presupuestaria para compensarlas, pero, a cambio, obliga a la compañía adjudicataria a realizar un determinado número de viajes semanales y establece un límite máximo para las tarifas que se cobrarán a los viajeros —precisamente esta condición fue esgrimida por el Gobierno de Canarias para declarar de interés público las principales rutas aéreas que unen el Archipiélago con la Península y frenar así la escalada de precios iniciada tras la quiebra de la aerolínea Spanair, solicitud a la que se negó a el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy—. Sin embargo, en ocasiones, la cantidad asignada no resulta suficiente o los retrasos de la Administración en el pago convierten la ruta en una carga demasiado pesada para la empresa adjudicataria.

El precedente de El Hierro

Un claro ejemplo de esta situación lo encontramos en la línea marítima que une los puertos de Los Cristianos, en Tenerife, y el de La Estaca, en El Hierro, cuya adjudicación quedó desierta a comienzos de 2013 debido al escaso atractivo de la línea, la escasa cuantía de la licitación y las deudas que mantenía el Ejecutivo autonómico con las navieras Armas y Fred Olsen, adjudicatarias del servicio en anteriores licitaciones. El incumplimiento económico por parte del Gobierno —que, por ejemplo, en octubre de 2012 reconocía deudas correspondientes a los presupuestos de 2010, en los que solo se había consignado una cuarta parte de lo necesario— llevó a las navieras, que aseguraban atravesar una situación financiera delicada a causa de los impagos, a reducir drásticamente las conexiones con El Hierro, lo que desató todo tipo de protestas en la isla.

En esa ocasión, ninguna naviera se presentó al concurso y la Isla del Meridiano llegó a quedar incomunicada unos días por vía marítima regular, lo que suponía la imposibilidad de abastecer los comercios de la isla ni dar salida a la producción agrícola de la misma.

La crítica situación, que se sumaba a la crisis generada por la actividad del volcán submarino en la costa sur de la isla -que había ocasionado una sensible disminución en la llegada de turistas-, obligó al Gobierno de Paulino Rivero a prorrogar el contrato existente con la Naviera Armas mientras elaboraba un nuevo pliego de condiciones para la convocatoria de un nuevo concurso.

Ese concurso sería adjudicado el pasado mes de octubre a la única compañía que optaba al mismo y después de incrementar su dotación económica de tres a 4,5 millones de euros anuales y extenderlo hasta 2017, con la posibilidad de prorrogarlo dos años más. El aumento en el importe del contrato y la adjudicación en exclusiva fueron los elementos que esgrimió el Gobierno autonómico para asegurar que a partir de ese momento las conexiones marítimas con El Hierro gozarían de una regularidad y estabilidad de la que habían carecido prácticamente desde que la compañía Trasmediterránea decidió abandonar el tráfico interinsular en el Archipiélago.

Tras este último concurso, desde el pasado 20 de noviembre El Hierro ha visto cómo mejoraba sustancialmente su conectividad con Tenerife, ya que la empresa adjudicataria, Caflaja, una sociedad perteneciente al Grupo Armas, aseguraba un mínimo de 9.244 plazas semanales. De ellas, 6.600 corresponden al trayecto diario que une de domingo a sábado los puertos de La Estaca y Los Cristianos con el catamarán Alcántara Dos, propiedad de Acciona Trasmediterránea. Las 2.644 plazas restantes -1.322 por trayecto- se ofertarían en un buque que une una vez por semana la isla con Santa Cruz de Tenerife.

Exigencia de rectificación

Aunque finalmente la isla de El Hierro logró una mejora sustancial en las condiciones de la declaración de obligación de servicio público de su línea, todo parece indicar que la solución del conflicto que padecen Lanzarote, Fuerteventura y La Palma no va a ser tan satisfactoria.

Desde que se conoció la exclusión de esas tres islas en el servicio obligatorio, todos los estamentos políticos y empresariales han reclamado una rectificación al Ministerio de Fomento. Así, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés se dirigía a Ana Pastor para exigirle que corrigiera el “gravísimo agravio” que supone para Lanzarote su exclusión de la obligación de servicio público. Según San Ginés, factores como la insularidad y la consiguiente “dependencia económica de un número de productos determinados” evidencian “el enorme valor estratégico que para la economía canaria supone el transporte de pasajeros y el envío y recepción de mercancías por vía marítima”, por lo que considera irrenunciable una “modificación de las bases del concurso para que se garantice el mantenimiento de las operaciones” en la isla.

En una línea similar se ha manifestado el presidente del Cabildo de Fuerteventura, a quien se unió también el presidente de la Federación Canaria de Islas y del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, que instó a Fomento a “dialogar” con las instituciones y los colectivos empresariales palmeros, lanzaroteños y majoreros, a la vez que aseguró que se trata de una de decisión “que va a encarecer la cesta de la compra y hará que las economías insulares pierdan competitividad, además de aumentar la debilidad de los exportadores”.

La ofensiva contra esta decisión ha seguido adelante. Así, mientras el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, remitía una carta a la ministra de Fomento en la que alertaba de que las condiciones en las que se ha realizado la convocatoria suponen dejar “desasistidas unas conexiones vitales” para estas islas, lo que causará “un impacto social y económico negativo”, además de “poder generar un notorio incremento en el precio de los fletes para las islas no capitalinas” y atentar contra los principios constitucionales “relativos a la realización efectiva del principio de solidaridad y de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español”.

También se han pronunciado ante esta situación las Cámaras de Comercio que, en un hecho casi sin precedentes, condenaban de manera unánime la insensibilidad de Fomento. Según estos órganos, la medida podría suponer que la cesta de la compra en esas islas se incrementase hasta en un 50% con respecto a la de otras como Tenerife. Además, según los datos de las cámaras, dejar fuera de las escalas a las tres islas supondría un perjuicio económico “inasumible” para los empresarios, puesto que cada día de retraso en un contenedor implica coste de 500 euros en la refrigeración de la mercancía, cifra que llega a los 1.500 si se suma el transporte desde Los Cristianos a La Palma, por ejemplo.

Por ello, los presidentes de las entidades camerales aseguran que van a continuar luchando hasta que se logre una rectificación.

Solicitud de ayuda a Soria

Frente a esta unanimidad, que incluso llevó a la directora general de Transportes del Ejecutivo canario, Rosa Dávila, a pedir al ministro de Industria, José Manuel Soria, que promueva en el Consejo de Ministros la retirada del concurso por constituir “un ataque sin precedentes a la conectividad de las islas”, desde el Partido Popular de las islas se ha acusado a los nacionalistas y socialistas de “crear confusión” en torno a este concurso. Al menos, eso era lo que aseguraba en un comunicado el diputado conservador Francisco Cabrera, para quien la actitud “alarmista” está totalmente injustificada, a la vez que sostenía que la situación actual es “indiscutiblemente mucho mejor” que la existente “en la última etapa del Gobierno del PSOE”, cuando “se llegó incluso a poner en cuestión la única línea directa de enlace que existía entonces”.

Pese a las palabras de Cabrera, tanto el diputado nacionalista Pedro Quevedo como el senador socialista por la Comunidad Autónoma Domingo Fuentes han anunciado la adopción de diferentes iniciativas en sus respectivas cámaras para tratar de frenar el concurso con sus actuales condiciones.

El sueño imposible de Adán Martín

La lejanía con respecto al continente europeo y la fragmentación de su territorio son dos de los principales handicaps a los que se enfrenta el Archipiélago en materia de transportes. Contra el primero es muy difícil luchar, más allá de la subvención en los billetes de los residentes de las Islas y las ayudas al transporte de mercancías y la declaración de líneas de interés público. En el caso de las comunicaciones entre las Islas, los sucesivos Gobiernos autonómicos han declarado su mejora como una de sus principales prioridades, aunque ninguno luchó tanto por materializar esa pretensión como el presidido por Adán Martín entre los años 2003 y 2007.

Del desaparecido Martín fue la pretensión de crear una red de infraestructuras que permitiera recorrer los aproximadamente 629 kilómetros de trayecto existente entre la isla de la Graciosa y Santa Cruz de La Palma utilizando, al menos, dos medios de transporte e invirtiendo no más de doce horas en el viaje y, además, a un precio asequible.

Esta idea cristalizó en el Eje Transinsular de Infraestructuras del Transporte de Canarias, un ambicioso proyecto cuyo coste cifraba el propio Martín en más de 7.000 millones de euros días después de que la iniciativa fuese aprobada por su Gobierno, en diciembre de 2005. El plan, conocido popularmente como Eje Transinsular, preveía cuantiosas inversiones para los quince años posteriores en infraestructuras aéreas, portuarias y terrestres que permitirán mejorar la conectividad entre las siete islas. El Ejecutivo buscaba así hacer una realidad su eslogan Una Tierra única.

El plan incluía medidas como el desarrollo del Billete Único Canario, el fomento de nuevas tecnologías aplicadas al transporte, la potenciación y optimización de los transportes públicos existentes y el desarrollo de nuevos medios de transporte como los trenes de las islas de Tenerife y Gran Canaria. Asimismo, el plan preveía la finalización de vías terrestres ya en ejecución o la construcción de nuevas carreteras que contribuyeran a disminuir los tiempos de viaje dentro de las islas.

Del mismo modo, otro de los puntos estrella del Eje Transinsular era “garantizar una oferta mínima sin conculcar los principios de libre competencia”, a través de sistemas concesionales o declaración de obligaciones de servicio público, con las que “se garantizaría la conectividad interinsular marítima y aérea”.

A pesar de los numerosos detractores que tenía, el empeño de Martín llevó este plan hasta Bruselas, donde el presidente del Ejecutivo canario lo presentó ante el entonces vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes Jacques Barrot.

Fruto de esas gestiones, Martín consiguió que la UE financiara parte de las actuaciones de este plan con fondos del programa FEDER Canarias 2007-2013, atendiendo a su objetivo de reducir los costes adicionales que dificultan el desarrollo de regiones ultraperiféricas.

Sin embargo, las sucesivas reducciones presupuestarias en materia de infraestructuras a causa de la crisis económica, unida a la salida del propio Martín del Ejecutivo tras los comicios de 2007, para los que fue designado candidato Paulino Rivero, hicieron que este plan fuese poco a poco cayendo en el olvido. Así, a pesar de algunos intentos electoralistas de resurrección, la realidad es que, tal y como prueban las dificultades experimentadas para mantener a flote la línea marítima entre El Hierro y Tenerife, el Eje Transinsular no ha logrado cumplir con su función de mejorar los tiempos en los recorridos ni ha logrado articular “mecanismos que atenúen el coste de vivir en un territorio fragmentado y alejado”.

Con grandes infraestructuras, como el Puerto de Granadilla, el Anillo Insular de Tenerife o la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria aún sin concluir y otras, como el puerto de Arinaga, claramente infrautilizadas, el Eje Transinsular continúa siendo hoy el sueño imposible de Adán Martín.

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A pesar de encontrarse situado a apenas un centenar de kilómetros de las costas del Archipiélago, la atención que desde las Islas se ha prestado tradicionalmente al continente africano ha sido muy escasa. Sobre todo, desde los ámbitos económico y empresarial y político. Sin embargo, con una población de más de mil millones de clientes potenciales y la práctica totalidad de sus países experimentando un claro crecimiento económico a lo largo de los últimos años, África se ha convertido en un mercado tan atractivo como desconocido para el resto del mundo.

La privilegiada situación geográfica de Canarias, a medio camino entre Europa, América y su vecina África, convierte al Archipiélago en el enclave ideal para convertirse en el centro de distribución más importante del Atlántico Norte en el comercio con el continente vecino. Se trata de explotar el valor de los puertos y aeropuertos de las Islas como plataforma tricontinental, ese gran atractivo económico de Canarias que han vendido durante las últimas décadas, todas las administraciones públicas presentes en el Archipiélago, pero cuya materialización nunca termina de concretarse.

Conseguir posicionar a Canarias como puente de conexión entre Europa y América y África puede ser vital para la evolución de la economía en el Archipiélago en los próximos años. Frente a la crisis que azota a los principales países del mundo, en la actualidad, la práctica totalidad de los 54 estados que integran el continente africano registran crecimientos en sus cifras de Producto Interior Bruto (PIB) de forma continuada. Según las previsiones, casi la mitad de los países africanos registrará un crecimiento superior al 5% en el periodo comprendido entre 2007 y 2015. Del resto, apenas una decena no superará el 3%.

Partiendo de estas cifras no es de extrañar que los datos indiquen que la economía del conjunto de África creció un 4,2% en 2012 y que las perspectivas de futuro apunten a que estos crecimientos medios continuados del PIB del continente continúen más allá de los ejercicios cercanos, con una previsión del 4,7% para 2014, tal y como recoge la Memoria de 2012 de Casa África.

En este contexto de desarrollo del continente vecino, una buena gestión de las relaciones económicas entre África y Canarias, que permita desarrollar alianzas comerciales y materializar inversiones, además de potenciar al Archipiélago como centro proveedor de servicios a las empresas presentes en el continente, podría ser una solución muy efectiva para dinamizar la economía de las Islas y lograr que la marcha esta deje de depender casi exclusivamente del comportamiento del sector turístico. Desde esta perspectiva, saber aprovechar las oportunidades que brinda el desarrollo de África es el mayor reto al que se enfrentan empresarios e instituciones canarios.

Desconocimiento de la realidad africana

Del mismo modo que para las economía de las Islas, una apuesta decidida por África podría servir como una vía de crecimiento de negocio e, incluso, de supervivencia para muchas empresas del resto del país, ya que las oportunidades que ofrece el continente son enormes. Sin embargo, se enfrentan al grave problema de que España posee muy poco tejido empresarial en África, frente a otros países europeos que llevan varias décadas estableciendo lazos económicos con el continente.

El mayor freno para el desarrollo de ese tejido empresarial son los prejuicios. Según la jefa del Área de Economía y Empresa de Casa África, Ico Sánchez-Pinto González, el empresario español desconoce gran parte de la realidad económica africana.

El empresariado español “desconoce el mercado, la economía y situación política del continente”, por lo que es necesario realizar una labor pedagógica entre los empresarios para divulgar la realidad económica africana. En torno a África existen aún muchos prejuicios. “Todavía se tiene una imagen de inseguridad jurídica, de dificultades en las fronteras, aduaneras y de corrupción. Y la realidad es que en muchos países eso ha mejorado muchísimo y en otros ni siquiera existe”, asegura Sánchez-Pinto.

A pesar de ello, a la hora de plantearse una inversión en África es necesario tomar una serie de precauciones, puesto que no todos los países del continente ha evolucionado de la misma manera, lo que hace necesario estudiar muy bien todos los aspectos sociales, económicos y políticos antes de materializar el proyecto empresarial.

La percepción externa es distinta a la realidad que se vive sobre el terreno. Hay países en los que la estabilidad reinante permite desarrollar una presencia empresarial sin ningún tipo de sobresalto. Es el caso, por ejemplo, de Botsuana, un país del que apenas se escucha hablar en los medios de comunicación porque “posee un nivel de vida casi europeo, con estabilidad política, una tasa de crecimiento estable, una tasa de alfabetización altísima y buenas infraestructuras” que vive del turismo, sobre todo de safaris, apuntan desde Casa África.

Por ello, contar con un socio local que conozca el terreno, la legislación, los ritmos e incluso las costumbres sociales es una buena forma de desembarcar en el continente. Formar asociaciones público-privadas, para construir toda clase de infraestructuras y explotarlas a través de una concesión u optar a licitaciones internacionales para realizar proyectos impulsados por los distintos gobiernos del continente y que cuentan con financiación de organismos internacionales como el Banco Africano de Desarrollo son también otras maneras de entrar en África que, además, suponen una enorme oportunidad de negocio para las grandes empresas españolas, sobre todo en sectores como la energía e infraestructuras.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica, tradicionalmente en África no han existido grandes inversiones de compañías españolas. Prácticamente todas las grandes constructoras españolas tienen un proyecto en algún país africano, pero no posen un amplio despliegue. Esa ausencia de implantación de grandes empresas españolas -telecomunicaciones, banca, energía...- ha supuesto un freno a la entrada de otras más pequeñas a las que esa presencia podría haber abierto muchas puertas, señala Sánchez-Pinto.

Cambio de mirada

Esta situación ha comenzado a cambiar en los últimos años. Con la crisis, muchos empresarios han comenzado a mirar hacia África en busca de una salida para sus proyectos. Según los datos que manejan instituciones como el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) o Casa África, así como diversas consultoras especializadas, el número de personas y el perfil de los que se interesan por invertir en África ha aumentado desde 2008.

Así, se ha detectado un incremento del interés por el continente vecino en sectores como la construcción, que busca movilizar sus recursos, paralizados en España, agricultura, consultorías o servicios a telecomunicaciones. Además, el interés se extiende a empresas de todo tamaño, desde grandes corporaciones a pymes y emprendedores.

A pesar de este creciente interés, todos coinciden en señalar que aún es pronto para poder asegurar que el mismo se vea ya reflejado en las exportaciones a África. Sin embargo, es cierto que en los últimos años, estas no han dejado de incrementarse. Así, si en 2005 las exportaciones de bienes y servicios al continente vecino superaron ligeramente los 6.601 millones de euros, 2012 se cerró con algo más de 15.000, lo que supone un incremento del 128,68%, según los datos de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Administraciones públicas recogidos por el INE.

En lo que respecta a 2013, en los nueve primeros meses del año las exportaciones a África superaban ampliamente los 12.300 millones de euros, una cifra un 14,14% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, lo que, de mantenerse esa tónica, permitirá cerrar el ejercicio con una nueva cifra récord. Sin embargo, a pesar de estos crecimientos, las exportaciones dirigidas al continente africano siguen siendo muy escasas en comparación con la cifra global. De hecho, hasta septiembre, el volumen de negocio con este continente apenas supone todavía un 7,3% de las exportaciones totales de España, solo por encima de Oceanía. Es más, el valor de los bienes y servicios exportados desde España al continente europeo en cualquier mes de 2013 -salvo agosto- supera el acumulado de las dirigidas a África en los nueve primeros meses del año, según los datos ofrecidos por el INE.

El peso del pasado colonial

Uno de los principales obstáculos que se encuentran muchos empresarios españoles a la hora de entablar relaciones comerciales en África son las diferencias culturales, sobre todo en África occidental, donde la brecha cultural es muy grande y es necesario dotarse de mucha paciencia y casi imprescindible contar con muy buenos contactos locales para lograr cerrar un negocio.

A ello se une el hecho de que, por regla general, los empresarios españoles apenas hablan francés y tampoco dominan el inglés, los dos idiomas que por su pasado colonial se emplean en la zona. Precisamente el pasado colonial de estos países se convierte en una ventaja para el empresariado español con respecto a sus homólogos franceses o británicos que, sin embargo, no se está aprovechando.

La ausencia de un pasado colonial español en la zona propicia que el trato que se dispensa a los ciudadanos de nuestro país sea mejor que el que reciben los procedentes de sus antiguas metrópolis. A ello se suma, por ejemplo, la admiración que despiertan los éxitos deportivos cosechados en los últimos años por distintas selecciones y profesionales, lo que contribuye a que las delegaciones españolas sean muy bien recibidas. Sin embargo, la falta de preparación en idiomas y la ausencia de planes serios de externacionalización y estudios de mercado en muchas empresas interesadas en el continente impiden aprovechar esa ventaja y permite a la competencia francesa y británica seguir aumentando su presencia en la zona.

En el reverso de esta moneda se encuentra Guinea Ecuatorial, un país que despierta mucho interés entre el empresariado español por las grandes oportunidades de negocio que presenta, pero cuyo régimen político complica enormemente las relaciones comerciales con España. A pesar de contar con la ventaja de compartir el idioma, la difícil relación política entre ambos países a las relaciones comerciales y dificulta trámites tan esenciales como conseguir visados, lo que hace prácticamente imposible establecerse en el país.

Consolidar el transporte

Por mucho interés que puedan poner los empresarios españoles y canarios en abrir sus actividades a África, si no existen suficientes conexiones marítimas y aéreas, el desarrollo es imposible. Por ello, en los últimos años las administraciones han intentado fomentar la apertura de nuevas rutas que conviertan al Archipiélago en la deseada plataforma que conecte Europa, África y América.

Un ejemplo de la importancia de consolidar el transporte es Cabo Verde, que cuenta desde hace varios años con una comunicación aérea estable con Canarias, lo que ha propiciado el establecimiento de más de 60 pequeñas empresas en ese archipiélago, de las que la mayoría, además, proceden de las Islas, según apuntan desde Casa África.

Así, las distintas rutas de Binter Canarias a Cabo Verde, El Aaiún, Mauritania o Marruecos, a las que recientemente se han unido destinos como Senegal o Gambia y la apertura de nuevas rutas, como la de Royal Air Maroc que une los aeropuertos de Tenerife Norte y Casablanca, no solo reflejan el interés del empresariado de las islas por estos destinos africanos, sino que contribuyen a que esas relaciones comerciales puedan ser estables y prolongadas en el tiempo.

En los últimos años, el interés español se ha centrado en los países del norte y la parte occidental de África, donde la presencia de empresas comienza a ser significativa. Así, pese a que el volumen de exportaciones hacia el continente, aunque creciente, sigue siendo bastante modesto, es posible encontrar hasta cinco países africanos en el ranking de los 50 primeros territorios que reciben la mayor cantidad de exportaciones españolas. En esta lista, elaborada por el ICEX y actualizada el pasado mes de octubre, Marruecos ocupa la novena posición, con casi 4.724 millones de euros, mientras que Argelia, con 3.223 millones, alcanza el decimocuarto puesto. Más abajo se encuentran Sudáfrica (29º lugar), Egipto (40º) y Túnez (43º).

Junto a estos países, los intereses de las empresas españolas las han llevado a establecerse en Namibia, sobre todo en el sector pesquero y de tratamiento de pescado, mientras que Senegal ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial de empresas españolas, sobre todo en las especializadas en agricultura. Situación que, según las experiencias recopiladas por Casa África se ha repetido en Mauritania, en los márgenes del río Senegal, donde han rehabilitado campos de cultivo para la exportación de productos como pimientos verdes, melones o arroz.

Algo similar ocurre en el conjunto de África Occidental, donde hay una implantación cada vez mayor de empresas agrícolas, mientras que países como Sudáfrica, que registran un elevado crecimiento en el PIB, poseen un gran atractivo para empresas de construcción y transporte. Pero el atractivo del continente no termina en los sectores agrícolas, pesquero y de la construcción, sino que se extiende a otros mucho más sofisticados como el farmacéutico, donde un consorcio de instituciones internacionales pretende fomentar la producción farmaquímica en países como Ghana, o el de la alimentación, con empresas como la española Gallina Blanca, que tras casi 40 años de presencia en alrededor de 25 países del continente continúa aumentando su apuesta por África con la apertura de nuevas fábricas.

Por el contrario, en las zonas central y este del continente la presencia empresarial española es mucho menor, aunque en el este existen algunos proyectos ligados al sector turístico, con hoteles y paquetes vacacionales dirigidos principalmente a visitantes españoles, muchos de ellos impulsados por emprendedores que han escogido esos países para iniciar sus proyectos.

Diplomacia económica

La mayor presencia de empresarios españoles en el África occidental se explica en parte porque es la zona del continente en la que tradicionalmente ha centrado sus esfuerzos la diplomacia económica española y donde se continúan concentrando en la actualidad. En este sentido, la política exterior económica se centra en apoyar a las empresas a buscar mercados exteriores y asesorarlas durante el proceso de internacionalización, de la mano de instituciones como el ICEX o Casa África, en el caso concreto del continente vecino.

El apoyo institucional es fundamental, ya que para muchas empresas invertir en un continente como África es posiblemente una de las decisiones más importantes que tomarán durante toda su existencia. Las diferencias sociales y culturales existentes entre España y los distintos países africanos, así como el enorme desconocimiento del continente obligan a estudiar detalladamente cualquier operación comercial y, en bastantes ocasiones, acaban por frustrar la pretendida aventura empresarial.

En este contexto, contar con el asesoramiento de las instituciones públicas se convierte en un elemento fundamental para muchas empresas que desean abrir nuevos mercados en el continente vecino, que desde el año 2006 se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno español. Así, cualquier empresa que desee expandir su negocio a África tiene a su disposición una treintena de oficinas económicas y comerciales del ICEX en otros tantos países del continente, además de dos centros de negocios en Marruecos y Argelia. Desde estas sedes, el ICEX cumple con su misión de facilitar acuerdos y alianzas entre socios españoles y locales, además de organizar campañas para difundir la Marca España y prestar apoyo político a todas aquellas empresas presentes o interesadas en desembarcar en África.

El papel de Casa África

A la acción del ICEX se suma la labor de Casa África, un consorcio público con sede en la capital grancanaria y cuya creación, en 2006 por el primer Plan África, refleja la apuesta del Estado por el continente vecino. Esta institución, integrada por el Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, nació envuelta en una polémica acerca de la ubicación de su sede y las competencias que debía asumir, cuya principal consecuencia fue la escisión de la zona norteafricana de su ámbito de acción, pasando integrar Casa Árabe, mientras que Casa África centra sus acciones en el resto del continente.

Durante sus primeros años de funcionamiento, coincidiendo con la vigencia del I Plan África 2006-2009, el grueso de la actividad del consorcio estuvo centrado en aspectos culturales y sociales, mientras que tras la puesta en marcha del II Plan África 2009-2012, la labor la institución ha comenzado a hacer más hincapié en los aspectos económicos. Así, entre los objetivos previstos en la última revisión de este plan se encuentran la promoción de las relaciones comerciales y la inversión entre España y África y el desarrollo económico africano.

Tal y como refleja la Memoria 2012 de la institución, el pasado año se inició un proceso de potenciación de la actividad en el campo de la diplomacia económica del Estado y de refuerzo de la estrategia de la Marca España, con el objetivo de fomentar una mayor internacionalización de las empresas, “algo que sin duda incidirá en el crecimiento del PIB y una mayor generación de empleo en nuestro país”. Abrir puertas y tender puentes que contribuyan a la salida de la crisis es el objetivo final.

Para ello, la entidad difunde las oportunidades que ofrece el continente a profesionales, empresas e inversores españoles, a la vez que apoya la internacionalización de las empresas españolas que ya actúan o tienen interés en actuar en África y potencia la colaboración entre actores públicos y privados. Entre estas acciones destaca la organización de programas económicos como Investour -Foro Anual de Negocios e Inversiones Turísticos en África, celebrado en el marco de Fitur-, las jornadas sobre licitaciones y proyectos del Banco Africano de Desarrollo, celebradas en diversas ciudades de España en colaboración con las confederaciones de empresarios, o la presentación de informes de Perspectivas Económicas de África, así como el desarrollo de diversas jornadas monográficas, jornadas y desayunos económicos sobre países africanos, con la presencia de los embajadores españoles acreditados en ellos.

Siempre se ha dicho que en las relaciones comerciales con África está todo por hacer. Tradicionalmente, la mayor parte de los empresarios españoles nunca ha mirado hacia África y, cuando la crisis les ha obligado a hacerlo, han visto que con instituciones como Casa África el Estado ya había empezado a tender los puentes. Es cierto que queda mucho por hacer y que ese continente tan cercano y desconocido que parece comenzar a despertar ofrece muchas oportunidades de negocio. Pero también lo es que ya se ha recorrido una pequeña parte del camino.

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El pasado jueves 17 de octubre, el Congreso de los Diputados daba finalmente luz verde a la ley de Garantía de Suministro e Incremento de la Competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, un texto que según Gobierno busca “garantizar el suministro de energía eléctrica y su calidad al menor coste posible así como una mayor competencia y transparencia” en los sistemas eléctricos de Baleares, Ceuta, Melilla y, sobre todo, Canarias, pero que, como casi todas las iniciativas legislativas promovidas por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, ha nacido envuelto en una gran polémica.

Todos los grupos políticos, las distintas administraciones y los operadores y empresas del sector eléctrico coinciden en señalar desde hace varios años los muchos problemas que sufren los sistemas eléctricos del archipiélago y la necesidad de su urgente reforma. Sin embargo, una política errática del anterior Gobierno socialista y las discutidas decisiones del Ejecutivo de Rajoy, con la decisión de suprimir las ayudas a la instalación de fuentes de energía renovables a la cabeza, habían ido posponiendo una y otra vez la puesta en marcha de medidas concretas que permitieran solucionar esa preocupante situación.

La nueva ley plantea una única regulación aplicable a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, cuando sus necesidades son diferentes

Al menos, hasta el pasado 15 de marzo, cuando el Consejo de Ministros presentó un proyecto de ley que pretendía regular los sistemas energéticos insulares y extrapeninsulares, cuyas singularidades los convierten en mucho más vulnerables que el peninsular. La propuesta, que fue remitida al Congreso de los Diputados el día 20 de ese mismo mes, pretendía según su propia exposición de motivos garantizar “una mayor eficiencia técnica y económica del conjunto” de esos sistemas “que redunde simultáneamente en una mejora de la seguridad del suministro”. Sin embargo, una de las primeras críticas que cosechó el texto fue que plantease una única regulación aplicable a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, cuando las necesidades de todos ellos son completamente diferentes.

Un sistema al límite

En el caso concreto del Archipiélago, desde hace varios años se alerta de que los seis sistemas eléctricos de las islas ?cada isla posee su propio sistema independiente, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que están interconectadas? trabajan al límite de su capacidad, con la amenaza de sufrir un apagón total o “cero energético” en cualquier momento, tal y como ocurrió por tercera vez en cuatro años el pasado 3 de septiembre en la isla de La Palma. Tan solo la caída de la demanda de energía derivada de la crisis ha evitado que esta situación se haya producido con mayor frecuencia, pero una eventual recuperación económica pondría nuevamente el problema sobre la mesa.

A esta precaria situación se une una escasa penetración de las energías alternativas, a pesar de que todo el mundo coincide en señalar que las islas poseen unas condiciones inmejorables para estar a la vanguardia mundial de la implantación de este tipo de energías. Sin embargo, la no adjudicación de nuevos parques de aerogeneradores que incrementen la potencia de este tipo de energía, a consecuencia de las irregularidades detectadas en el concurso eólico de 2005 y la paralización del iniciado en 2007, unidas a la supresión de las primas a este tipo de energías decretada a comienzos del pasado año, han tenido como consecuencia que las renovables apenas satisficieran el 8% de la demanda energética del archipiélago en 2012, frente al 32% cubierto por este tipo de energías en el sistema peninsular.

Además, la enorme dependencia de las islas con respecto a los combustibles fósiles -principalmente fuel-oil-, que experimentan un constante aumento de precio, hace que la producción de electricidad en el archipiélago resulte mucho más cara que en el resto del país, lo que eleva los costes de producción, aumentando el llamado déficit tarifario -la diferencia entre lo que cuesta producir la energía y el precio que realmente paga el consumidor- y frenando la entrada de competidores en un sector teóricamente liberalizado desde hace alrededor de una década.

Una forma de acabar con esta situación de sobrecoste, que es asumido por la totalidad del sistema eléctrico español, es aumentar la competitividad y la eficiencia de los sistemas insulares. En la forma de llevar esto a cabo es donde empiezan los desacuerdos con el proyecto inicialmente presentado por el Gobierno. Quizá por ello, desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al frente del que se encuentra el canario José Manuel Soria, aseguraron desde un primer momento estar abiertos al diálogo con el Gobierno de las islas.

Fruto de estas negociaciones, que según la consejera de Industria del Ejecutivo canario se tradujeron en varios compromisos como el desbloqueo a la instalación de nuevos parques eólicos, el establecimiento de primas a instalación de energías renovables, o la inclusión de una excepción a la prohibición de que las empresas que posean más del 40% de la capacidad de generación pudieran optar a nuevas instalaciones de generación de energía en el articulado de la ley, que se plasmaron en una serie de enmiendas al texto legal presentadas por el propio Partido Popular durante la tramitación parlamentaria.

Sin embargo, estas concesiones no bastaron para que desde la oposición se haya seguido criticando duramente un texto que según el ministro de Industria establece un marco regulador positivo desde el punto de vista del incentivo a la generación de energías renovables en los sistemas insulares, para las que crea un nuevo régimen retributivo diferenciado, y además favorece al conjunto del sistema eléctrico español al propiciar una disminución de costes y posibilitar la reducción del déficit tarifario.

Medidas básicas

Para lograr sus objetivos de garantizar el suministro eléctrico e incrementar la competitividad de los sistemas, la ley aprobada el pasado 17 de octubre incluye ocho medidas básicas.

La nueva norma considera en Canarias un subsistema de gas natural dentro del sistema gasista español puesto que, a diferencia de Baleares, no se encuentra conectada con la Península a través de un gasoducto

La primera de ellas es conseguir unos parques de generación más eficientes. Para ello, la norma prevé posibilitar la introducción paulatina de nuevos sistemas de generación que sustituyan a los más ineficientes, de manera que se logre el abaratamiento del coste de generación. Del mismo modo, se pretende favorecer la entrada de nuevos operadores en estos sistemas, de forma que se incremente la competencia.

Por ello, la ley establece que no se podrán otorgar primas a nuevas instalaciones que sean titularidad de una empresa o grupo empresarial que posea un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40% en ese sistema insular. Sin embargo, esta norma no se aplicará a las inversiones de renovación y mejora de la eficiencia que no supongan aumento de capacidad siempre que se realicen en una central en explotación ni, de forma excepcional, al establecimiento de cualquier mecanismo de asignación de nueva capacidad de producción, cuando no hubiera otra empresa interesada en construir y explotar esas instalaciones.

En tercer lugar, la ley permite al Gobierno establecer mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de producción, con la finalidad de disminuir el coste de generación, previsión que, en la práctica, abre la puerta a la reintroducción de las primas a la instalación de energías renovables. Para poder acceder a estas retribuciones, la norma señala que será necesario obtener la aprobación de la Dirección General de Política Energética y Minas.

La ley establece también varias medidas para determinar el coste del combustible de generación de forma más transparente y objetiva, otorga funciones de control de la producción al Ministerio de Industria Energía y Turismo y al operador del sistema eléctrico, así como capacidad de actuación del Gobierno en casos de riesgo para garantizar el suministro de energía eléctrica, mediante la adopción de diferentes medidas.

Junto a ello, esta nueva normativa regula el funcionamiento y la finalidad de las estaciones de bombeo -como la central hidroeléctrica de Gorona del Viento en El Hierro- y la integración de la energía producida por las mismas en el sistema, así como diversos aspectos del funcionamiento de las plantas de regasificación en Canarias, comunidad a la que considera un subsistema de gas natural dentro del sistema gasista español puesto que, a diferencia de Baleares no se encuentra conectada con la Península a través de un gasoducto.

Finalmente, incluye una Disposición Final que modifica la ley General de Hidrocarburos, incluyendo en la misma la posibilidad de emplear tecnologías de fracturación hidraúlica o fracking para la extracción de petróleo y gas. Precisamente esta disposición, introducida en una enmienda durante el paso de la norma por el Senado, ha sido una de las mayores críticas a esta ley, ya que los posibles efectos negativos de este sistema de extracción de hidrocarburos, consistente en la rotura del subsuelo mediante la inyección de agua a alta presión, no han sido convenientemente estudiados. En concreto, tanto la oposición como numerosas organizaciones ecologistas han acusado al Gobierno de haber aprobado esta práctica “por la puerta de atrás”, al incluirla en una norma que poco tiene que ver con ella y hurtando así a la sociedad un debate acerca de la conveniencia de autorizar esta práctica.

Críticas a la regulación

La inclusión del fracking no es la única crítica que se hace a esta ley a la que muchos califican de “parche” y “oportunidad perdida” y que al regular de forma homogénea tres sistemas diferentes no parece contentar a nadie.

Así, durante el debate parlamentario, el diputado socialista Pablo Martín Peré aseguró que se había perdido la oportunidad de convertir a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en “ejemplos de sostenibilidad energética” y lamentó que el Gobierno “condene” al archipiélago a “continuar por la senda de las energías fósiles” al “impedir una verdadera implantación de un sistema de generación de renovables”.

Interpretación con la que coincidió el nacionalista Pedro Quevedo, que calificó la norma de “disparate conceptual” al “legislar sobre territorios que nada tienen que ver unos con otros” y “cuestionar el futuro” y el desarrollo de las energías renovables en las islas.

Tanto la oposición como numerosas organizaciones ecologistas han acusado al Gobierno de haber aprobado el uso del fracking “por la puerta de atrás”

La patronal eólica tampoco está de acuerdo con la visión popular de que la nueva normativa favorece la implantación de las energías alternativas en las islas, a pesar de que aseguran que en el archipiélago el coste de generación eólico es en la actualidad inferior al del resto de tecnologías.

Quizá esto llevó al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a defender ante José Manuel Soria que las energías fósiles son “el pasado” y que Canarias debe mirar “al futuro” con el desarrollo de las renovables, con el objetivo de que las islas puedan abastecerse solo de este tipo de energías. Rivero hizo estas declaraciones durante la inauguración del primer aerogenerador marino de España, desarrollado por la empresa Gamesa e instalado en el grancanario puerto de Arinaga. Este prototipo cuenta con un rotor de 128 metros de diámetro, una altura total de 154 metros y unas palas de 62,5 metros y su turbina es capaz de generar la energía necesaria para abastecer a 7.500 familias al año.

Apuesta por los saltos hidráulicos

La energía hidráulica sería otro de los puntos claves en este plan. Así, a la central ya construida en El Hierro y cuya demorada entrada en funcionamiento convertirá próximamente a la Isla del Meridiano en la primera del archipiélago en generar toda su electricidad de forma limpia, se suma la prevista construcción de la estación de bombeo entre las presas de Chira y Soria, a la que podría unirse otra ubicada entre las presas de Las Niñas y Soria y una tercera en La Aldea de San Nicolás, que se instalaría entre los embalses de La Candelaria, El Parralillo y El Caidero de La Niña, según recoge el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Corredores de Transporte de Energía Eléctrica (PTE 31), aprobado de forma definitiva el pasado mes de septiembre por el Cabildo de Gran Canaria.

En cualquier caso, este documento se limita a establecer la posibilidad de la instalación de dichas infraestructuras, sin fijar la necesidad de su construcción o su potencia, aunque los técnicos insulares estiman que las estaciones de Chira-Soria y Las Niñas podrían rondar los 200 megawatios, mientras que la central hidroeléctrica de La Aldea, cuya concreción dependería de la existencia de una demanda suficiente, podría alcanzar los 100 o 150 megawatios.

A pesar de estos avances, las centrales de Jinámar y Juan Grande, con 900 megawatios de potencia, seguirán siendo durante muchos años las encargadas de generar la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en Gran Canaria, situación que se repetirá en el resto de las islas, que, con la única y honrosa excepción de El Hierro, parecen condenadas a seguir dependiendo de los combustibles fósiles al menos en el medio plazo, pese a que cuentan con condiciones idóneas para la rápida implantación de toda clase de fuentes de energía limpias.

A diferencia de lo que ocurre en otros puntos turísticos de España, debido a sus excelentes condiciones climáticas durante todo el año, el verano no se corresponde con la temporada de máxima afluencia de turistas a las Islas Canarias.

Así, el pasado mes de agosto los aeropuertos de las islas recibieron 1.071.241 turistas, lo que supone un incremento del 5,55 % con respecto a los casi 1.016.000 registrados un año atrás, según los resultados provisionales de la Encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET).

Entre los meses de junio y agosto, los turistas que entraron por vía aérea al archipiélago alcanzaron los 2.935.855, cifra un 3,89 % superior a la alcanzada en los mismos meses de 2012. En total, en los ocho primeros meses de 2013 los aeropuertos canarios han registrado la entrada de 7.699.348 turistas, de los que 6.717.830 ?el 87,25 %? fueron extranjeros. En el mismo periodo del año anterior, las cifras ascendieron a 7.669.758 y 6.615.336, respectivamente.

En agosto, además, el turismo extranjero fue el principal responsable de la positiva cifra registrada, ya que, con los visitantes procedentes del Reino Unido a la cabeza, su número aumentó en un 6,05 %, frente al 2,83 % de crecimiento experimentado por los turistas procedentes de otros puntos de España.

Este aumento en la llegada de turistas al Archipiélago ha tenido como consecuencia un aumento de las pernoctaciones en los distintos establecimientos hoteleros de las islas. Así, según indican los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), en agosto su número se elevó en un 4,55 % con respecto al mismo mes del pasado año, tras registrarse más de seis millones de pernoctaciones. Sin embargo, mientras que el saldo es positivo en el caso de los turistas extranjeros, con un aumento del 7,7 %, los visitantes nacionales redujeron sus estancias hoteleras en un 5,66 %.

En línea con estos datos, en agosto se firmaron en el Archipiélago 17.871 contratos de trabajo ligados al sector turístico, de los que 6.582 correspondieron a actividades relacionadas con servicios de alojamiento, mientras que otros 6.806 estaban relacionados con actividades hosteleras de “servicios de comidas y bebidas”.

Por islas, Tenerife concentró algo más del 39,5 % de las contrataciones, con 7.071 contratos firmados, seguida por Gran Canaria y Lanzarote, con 6.199 y 2.144, respectivamente, según datos del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).

A pesar de ello, las listas de las oficinas del antiguo Inem aún registran algo más de 58.000 demandantes de empleo en el sector turístico, de los que algo más de un 80 % corresponden a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Inestabilidad africana

El buen comportamiento del turismo en unos meses en los que tradicionalmente la demanda es menor, empieza a ser achacado por parte de algunos empresarios al repunte de la inestabilidad en algunas zonas del norte de África. En concreto, apuntan a la delicada situación política que atraviesa Egipto, donde han vuelto a producirse duras revueltas en los últimos meses, como la principal causa de este notable aumento en la llegada de turistas extranjeros al Archipiélago durante el verano.

En 2011, el estallido de la llamada Primavera árabe propició que Canarias se anotase uno de los mejores ejercicios turísticos de su historia. Las revueltas, iniciadas en Túnez en diciembre de 2010 y e inmediatamente seguidas por las de Egipto, a finales del mes siguiente, provocaron el desplome de dos potentes destinos turísticos en clara competencia con el Archipiélago, con el consiguiente desvío de turistas a las islas.

La llamada Primavera árabe propició que Canarias se anotase uno de los mejores ejercicios turísticos de su historia.

La posterior desestabilización política de todo el norte de África, con los conflictos bélicos de Libia y Siria y protestas sociales en Marruecos y monarquías del entorno del Golfo Pérsico como Jordania o Arabia Saudí, contribuyeron a que durante todo 2011 Canarias continuara recibiendo una cifra récord de visitantes.

Las cifras registradas este verano parecen indicar que, de continuar la inestabilidad en un Egipto que aún no se había terminado de recuperar de los efectos de las revueltas de 2011, el Archipiélago puede volver a marcar cifras de ocupación histórica. Si los datos de julio y agosto ya son positivos, las previsiones más optimistas dentro de las patronales turísticas señalan que los mejores están aún por llegar. Basan esta afirmación en el hecho de que durante el verano, el Archipiélago ha competido con destinos que se encontraban en plena temporada alta, como el Levante español o Baleares, que también han visto cómo aumentaba la cifra de turistas que recibían. Sin embargo, durante los próximos meses, el clima convertirá a Canarias prácticamente en el único destino de su entorno capaz de ofrecer sol y playa a los visitantes que deseen escapar del frío invierno europeo.

El efecto de la Primavera árabe

La gran esperanza de los hosteleros isleños es volver a repetir la situación vivida en 2011, cuando el Archipiélago rozó los 12 millones de turistas recibidos ?más de 10 procedentes del extranjero?, frente a los algo más de 10,5 millones registrados un año antes, según los datos definitivos de la encuesta Frontur. Este crecimiento, del 13 %, contrasta enormemente con las previsiones iniciales del IET, que antes de desencadenarse la Primavera árabe estimaba un crecimiento en la llegada de turistas del uno %, valor similar al registrado en 2010.

Sin embargo, 2011 se cerró con la recepción de cuatro millones de turistas más respecto al año anterior, de los que alrededor de 1,5 escogieron las islas como destino final, lo que se tradujo en un crecimiento interanual del 7,6 % para el conjunto del Estado y el ya referido 13 % en el Archipiélago.

En su informe anual, el IET atribuyó este aumento a diversos “factores estructurales y coyunturales”, entre los que se encontraría el “trasvase de turistas desde Túnez y Egipto hacia España”. Así, según los datos manejados por este organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de los cuatro millones de turistas de más que visitaron España en aquel año, entre 1,6 y 2,1 millones habrían correspondido a visitantes desviados desde los países africanos con problemas, afirmación que parece avalar el hecho de que la llegada de turistas que habían adquirido paquetes vacacionales a través de turoperadores internacionales se disparasen a partir del segundo trimestre del año, coincidiendo con el máximo apogeo de las protestas en los países árabes.

En concreto, frente a un aumento de solo el 0,3 % en 2010, un año más tarde la llegada de visitantes vía paquete turístico se elevó hasta el 12,2 %, cifra que en Canarias se situó en un 24,1 %, incremento solo superado por el 33,6 % registrado en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, hace justo un año, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, desvinculaba el espectacular incremento de visitantes registrados por el Archipiélago de posibles “trasvases esporádicos de viajeros” desviados de destinos del norte de África u Oriente Medio y aseguraba que Canarias ya había consolidado sus cifras de turistas extranjeros, puesto que países como Egipto y Túnez habían mantenido sus niveles de visitantes extranjeros en los primeros meses del año, sin que se apreciara ya el efecto de las protestas en su industria turística.

2011 se cerró con la recepción de cuatro millones de turistas más respecto al año anterior

A pesar de ello, lo cierto es que en abril del pasado año las islas ya habían experimentado una significativa caída en el número de visitantes recibidos que, además, suponía el primer retroceso en términos interanuales sufrido desde diciembre de 2010 y, por tanto, desde el inicio de la inestabilidad en los destinos turísticos del norte de África. En concreto, Canarias recibió un 13,3 % menos de turistas internacionales que un año atrás, en pleno apogeo de las protestas.

Finalmente, mientras España firmaba el tercer mejor ejercicio de su historia, tras recibir alrededor de 57,9 millones de visitantes, lo que suponía un incremento del tres % con respecto al año anterior, el Archipiélago cerraba 2012 con un descenso de aproximadamente medio punto en el número de turistas extranjeros, tras registrar la llegada de algo más de 10.128.000 viajeros procedentes del exterior, unos 49.000 menos que el año anterior.

Perspectivas positivas

Pese a todo, hay que calificar los datos de este verano como positivos. En los primeros ocho meses de 2013, con 7.699.348 turistas, Canarias apenas ha experimentado un ligero repunte del 0,39 % en la llegada de visitantes, si bien la evolución de los tres últimos meses, unida a unas optimistas previsiones ligadas a la inestabilidad política que de nuevo vuelve a sacudir Egipto, permiten a los hoteleros confiar en cerrar un ejercicio al menos tan bueno como el de 2011, en un contexto en el que, además, los últimos datos publicados de la Encuesta sobre el Gasto Turístico, elaborada por el ISTAC y correspondientes al tercer trimestre del año, señalan un significativo repunte del gasto tanto en términos acumulados como interanuales.

En concreto, durante el mes de julio el gasto en las islas registró un aumento interanual del 8,9 %, hasta alcanzar los 911 millones de euros, mientras que en el acumulado de los siete primeros meses del año el incremento se situó en el 7,7 %, situándose en 6.240 millones de euros, lo que lo convierte en el segundo mejor dato del conjunto del país solo superado por Cataluña.

No obstante, para poder mantener estas cifras de visitantes, Canarias tiene que afrontar el difícil reto de fidelizar a esos turistas, algo que, sin una necesaria y profunda renovación de la oferta tanto alojativa como complementaria que aumente la competitividad del destino se antoja un objetivo muy complicado de lograr en un mercado en el que, probablemente, el sol y playa ya no es suficiente para ser competitivos.

Dejar pasar el tiempo sin definir un nuevo modelo de negocio para el sector y basar el crecimiento en una serie de sucesos temporales podría convertir el fin de esta nueva Primavera árabe en el comienzo de un duro invierno para el principal motor de la economía canaria.

¿SON FIABLES LOS DATOS?

La evolución de la cifra de desempleo y el crecimiento del PIB son los principales indicadores a los que cíclicamente se aferran los dirigentes para asegurar que ya se ve la luz al final del túnel.

Casi desde el mismo comienzo de la crisis económica, los sucesivos responsables políticos de las distintas administraciones públicas se han empeñado en buscar toda clase de indicadores económicos que pudiesen ser interpretados como brotes verdes que apuntaran hacia el inicio de una recuperación que, tras más de cinco años, parece no llegar nunca.

La evolución de la cifra de desempleo y el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) son los principales indicadores a los que cíclicamente se aferran los dirigentes de los Ejecutivos central y canario para asegurar que ya se ve la luz al final del túnel. Durante el pasado año, el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, repitió hasta la saciedad que la economía de las Islas había recuperado la senda del crecimiento, después de que el Archipiélago hubiese cerrado el año 2011 con un crecimiento del 2,6% en su PIB.

Según Rivero, este crecimiento, el mayor del Estado en ese año, demostraba que la economía isleña comenzaba a dar síntomas de reactivación y que, gracias a los ajustes realizados hasta entonces por su Ejecutivo, Canarias se encontraba en una posición idónea para encarar la salida de la crisis con mayor velocidad que el resto de regiones españolas. Sin embargo, gran parte de este tirón se debió al buen comportamiento registrado por el sector turístico, que vio cómo sus cifras mejoraban enormemente gracias al desvío de visitantes a las islas motivado por la inestabilidad política registrada en los mercados del norte de África durante la llamada Primavera árabe. Una vez finalizado ese efecto, el PIB del Archipiélago volvió a resentirse, registrando una caída en torno al 1% en 2012, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, esa previsión de recuperación económica, basada exclusivamente en un repunte circunstancial del PIB del Archipiélago parecía chocar frontalmente con un paro desbocado que solo el pasado año se incrementó en un 7,75%, al pasar las Islas de casi 342.000 desempleados en el último trimestre de 2011 a los más de 368.000 registrados a finales de 2012, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Cifra que, por otra parte, continuó elevándose en el primer trimestre de este año, periodo en el que Canarias alcanzó los 385.600 desempleados.

Esta contradicción entre los dos indicadores más empleados para justificar el comienzo del ansiado fin de la crisis económica pone de manifiesto que, aunque no dejan de ser válidos para analizar la coyuntura actual, los datos del paro y el PIB no son los únicos elementos a tener en cuenta a la hora de tratar de determinar hacia dónde se dirige la economía de las Islas. Junto a ellos, existen otros indicadores menos conocidos cuyo análisis conjunto puede ayudar a esclarecer de forma mucho más precisa si realmente los tan ansiados brotes verdes comienzan a germinar en la economía de las Islas.

El problema del desempleo

A pesar de que el índice de desempleo no es un indicador suficiente para determinar la salida de la crisis, es evidente que su importancia es capital, ya que la evolución del refleja de forma directa la forma en la que esta golpea directamente a la ciudadanía y, además, la falta de un puesto de trabajo y los consiguientes ingresos repercuten en otros indicadores y factores, como el consumo, que condicionan la evolución de la economía.

Sin embargo, el principal problema del paro es su cuantificación. En la actualidad, existen dos datos oficiales de desempleo. Uno viene dado por el número de personas registradas como demandantes de trabajo en las oficinas del Sistema Público de Empleo Estatal (SEPE) y la otra proviene de la Encuesta de Población Activa que cada tres meses elabora y publica el INE.

La recuperación económica prevista por el Gobierno canario, basada exclusivamente en un repunte circunstancial del PIB, choca con un paro desbocado.

De acuerdo con la primera fuente, el pasado mes de junio acabó con un total de 293.054 personas demandantes de empleo en el Archipiélago, lo que representaba un descenso del 1,12% con respecto a la cifra de mayo, aunque también un 0,82% más que el número de parados registrado doce meses antes.

El último dato de la EPA, publicado el pasado jueves 25 de julio, por contra, señala que el número de parados en Canarias se situó en 371.300 personas en el segundo trimestre del año, lo que sitúa la tasa de desempleo en el 33,69% de la población activa, tras registrarse un descenso de 14.300 personas con respecto al trimestre anterior. Por el contrario, la cifra de paro en el Archipiélago es ahora un 5% superior a la del segundo trimestre de 2012, lo que sitúa al Archipiélago como una de las comunidades autónomas con una mayor tasa de desempleo de todo el estado.

Entre las cifras ofrecidas por el SEPE y la EPA existe una diferencia de 78.246 personas. Esto se debe a la diferente metodología empleada para medir este dato. Así, mientras la estadística del SEPE recoge el número de demandantes efectivamente inscritos en las oficinas de empleo, la EPA se basa en una encuesta realizada por el personal del INE. Según la mayoría de los expertos, la cifra que arroja esta segunda, a pesar de provenir de una encuesta con el margen de error que ello conlleva, es mucho más fiable que la de demandantes inscritos, puesto que muchas personas pueden no estar inscritas en las oficinas del antiguo INEM pese a buscar empleo. Es más, un descenso del número de personas inscritas en esta lista no implica necesariamente un menor número de parados, ya que, después de agotar sus prestaciones económicas, muchas personas desisten de renovar su inscripción ante la falta de perspectivas de conseguir alguna oferta de empleo a través de este servicio.

Canarias continúa siendo una de las comunidades autónomas con mayor tasa de desempleo del Estado.

Por ello, otro indicador a tener en cuenta es la variación en el número de afiliados a la Seguridad Social, ya que refleja de forma mucho más fidedigna la evolución del empleo. En concreto, este indicador refleja el aumento o disminución de trabajadores que cotizan en la Tesorería General de la Seguridad Social. Así, en junio el número de medio de afiliados a la Seguridad Social en Canarias ascendió a 642.542 personas, frente a las 643.461 del mes anterior, lo que supone un descenso del 0,14%, mientras que la caída se eleva al 1,32% al compararla con los 651.002 afiliados medios registrados en el mes de enero.

En estos meses, la caída de la afiliación ha afectado tanto a los trabajadores asalariados ?que cotizan en el Régimen General? como a los autónomos, con un descenso en el número de cotizantes del 1,61 y del 0,32%, respectivamente entre enero y junio.

La divergencia entre el número medio de cotizantes, que refleja el promedio de trabajadores de alta en cada uno de los días laborables del mes, que en junio descendió un 1,4%, y el paro registrado en ese mismo mes, que también cayó un 1,12% muestra por qué la cifra de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Canario de Empleo no es un indicador infalible.

El papel del comercio al por menor

Junto a la evolución del empleo, otro de los indicadores fundamentales para detectar una reactivación de la economía es el consumo, ya que un incremento en las ventas de bienes y servicios supone no solo una mejora en los resultados de los distintos sectores productivos, sino que también indica un aumento de la confianza de los consumidores en la marcha de la economía, algo fundamental para poder salir de la crisis.

Sin embargo, un vistazo a este indicador mensual que elabora el INE a partir de los datos de ventas y empleo proporcionados por 12.500 empresas minoristas de todo el país no refleja una tendencia positiva. En concreto, en el Archipiélago este índice ha caído entre enero y mayo un 4,2% ?un 0,8% de media anual?, si bien las Islas son la comunidad autónoma donde menos han disminuido las ventas en el periodo, con la excepción de Baleares, que arroja un crecimiento en el índice del 2%.

En lo que respecta a la tasa de variación de la ocupación, en consonancia con la evolución de la cifra de paro, el empleo en el comercio minorista de las Islas disminuyó un 2,2% en los primeros cinco meses del año, que representa una tasa de variación anual del 1,2.

Venta de vehículos e hipotecas

La concesión de préstamos personales e hipotecarios, la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) o la evolución en las ventas de automóviles son otros de los indicadores que se pueden tener en cuenta para analizar la evolución de la economía, si bien este último indicador puede verse alterado por los diversos planes que en los últimos años han establecido los sucesivos gobiernos para incentivar la renovación del parque automovilístico.

En concreto, durante el pasado mes de junio se registraron 2.475 matriculaciones de vehículos en el Archipiélago, lo que supone un aumento del 7,5% con respecto al mismo mes de 2012, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). Sin embargo, y a pesar de la vigencia del plan PIVE, en los seis primeros meses del año, las entregas de vehículos en las Islas cayeron un 3,7% en comparación con el mismo periodo del pasado año, tras alcanzar las 11.041 unidades matriculadas.

Las ventas de vehículos usados, en cambio, registraron un aumento del 1,3% en las Islas en el primer semestre del año, frente al 5% de media nacional, según datos de concesionarios y vendedores.

Del mismo modo, la evolución de la concesión de préstamos hipotecarios permite discernir el nivel de confianza en la evolución de la economía tanto de los particulares que los solicitan como de las entidades financieras que los conceden. El último dato publicado, correspondiente al pasado mes de mayo arroja unas cifras en mínimos históricos, con una caída anual del 30,9%. En concreto, en ese mes se constituyeron tan solo 731 operaciones hipotecarias en el Archipiélago, un 1,7% menos que durante abril. En ese mes el importe medio de las operaciones se situó en 53.571 euros, lo que supone un descenso anual del 38%.

Producción comercial

Al igual que el consumo, también la producción industrial da cierta idea de hacia dónde se encamina la economía. Así, un empeoramiento de la misma hará que las empresas produzcan menos y una mejoría en sus mercados provocaría un aumento de la producción. Para determinar esta situación existe el Índice de producción industrial (IPI), un indicador elaborado por el INE que mide la evolución de la actividad productiva mensual, en diversos sectores industriales a partir de una encuesta realizada a unos 13.000 establecimientos con la que se obtiene información de casi un millar de productos representativos de las distintas ramas de actividad.

Este índice, que en mayo presentaba una tasa anual del -1,3% a nivel nacional, se alcanzó un 16,5% en Canarias, lo que supone el mayor incremento en la tasa anual registrado en ese mes, mientras que la media de los primeros cinco meses del año se situó en un 3,7%, con un índice de 80,3 puntos.

Cuestión de confianza

La percepción de la evolución de la economía es también importante a la hora de determinar los indicios de recuperación. Por ello es necesario prestar especial atención a los índices de confianza del consumidor y empresarial.

En el caso del primero, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), directamente dependiente del Gobierno central, no existen datos desagregados por comunidades autónomas, pero la cifra global del país, 61,8 puntos en junio, frente a los 50,8 registrados el mes anterior, reflejan una leve mejoría que, si se compara con los 50,6 que arrojaba en junio del pasado año, indican una percepción levemente optimista de la actual coyuntura económica, aunque muy alejada todavía de los 100 puntos que indicarían una percepción positiva por parte de los consumidores.

El INE muestra que la confianza empresarial en el Archipiélago aumentó un 0,8% en el tercer trimestre de 2013.

En lo que respecta a la confianza empresarial, por contra, la situación es contradictoria en función de los índices que se consulten. Así, según el elaborado por las Cámaras de Comercio, en el primer trimestre del año la confianza cayó en los indicadores de facturación, empleo e inversión, mientras que sólo aumentó, aunque levemente en el referido a la evolución de las exportaciones. Para la consultora Deloitte, en cambio, el Índice de Confianza Empresarial registró en junio una bajada de casi 10 puntos con respecto al mes anterior, situándose en 89.2 puntos de 250 posibles, si bien se encuentra 17 puntos por encima del registrado el mismo mes del pasado año.

Para encontrar datos específicos de Canarias es necesario volver a acudir al INE, que muestra que la confianza empresarial en las islas aumentó un 0,8% en el tercer trimestre de 2013, lo que sitúa al Archipiélago a la cola del optimismo empresarial del país, cuya media se encuentra en el 5,5%.

La importancia de la marcha del turismo

Entre la multitud de indicadores que pueden ayudar a diagnosticar la coyuntura económica actual y discernir la existencia de brotes verdes en un futuro cercano en el caso de Canarias es necesario tener muy en cuenta los referidos al sector turístico, ya sea la llegada de turistas a las islas, o los indicativos de pernoctaciones y gasto durante su estancia.

Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el pasado mes de junio el archipiélago recibió 711.735 turistas extranjeros a través de sus aeropuertos, lo que supone un incremento del 2,97% con respecto a los 691183 llegados en el mismo mes del pasado año. En lo que respecta a los turistas residentes en España, estos aumentaron en 8.211 personas, hasta alcanzar los 131.134, cifra un 6,68 superior al mes de junio de 2012.

Aún es pronto para saber si el presumible repunte en la llegada de turistas a Canarias servirá para propiciar una recuperación sostenible de la economía.

Estos datos positivos se acompañan de una ocupación hotelera del 66,4% durante el mes de mayo (último dato publicado por el INE), mes en el que el Archipiélago recibió un total de 796.506 turistas por vía aérea, de los que 687.691 eran extranjeros, frente a los 108.815 que residían en España. Además, según los datos del Istac, durante el primer trimestre del año el gasto turístico en el Archipiélago se incrementó en un 12,13% con respecto a los últimos tres meses de 2012.

Para los agentes turísticos, esta evolución del principal motor económico de las Islas puede mejorar aún más en los próximos meses, ya que, aseguran, Canarias aún no se está beneficiando del desvío de turistas debido a las nuevas revueltas registradas en países como Egipto o Turquía.

En cualquier caso, aún es pronto para saber si ese presumible repunte en la llegada de turistas al Archipiélago servirá para propiciar una recuperación sostenible de la economía o si, por el contrario y tal y como ya ocurriera hace dos años, los brotes verdes que todos decían ver acabarán pisoteados por una realidad en la que un sinfín de indicadores se empeñan en no dejar ver la luz que señala el final del largo y tortuoso túnel de la crisis.

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El pasado mes de mayo, el número de desempleados registrados en las oficinas de empleo del país descendió en 98.265 personas. Gracias al inicio de la temporada de verano, el paro bajó en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. La cifra de desempleados tan solo aumentó en Canarias, que continúa un mes más como una de las regiones españolas con un mayor porcentaje de su población en paro.

Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez, en mayo el paro descendió en el conjunto de España un 1,97 por ciento con respecto al mes anterior, animado sobre todo por las contrataciones temporales en la hostelería, en plena preparación de la campaña de verano. Comunidades como Baleares o Andalucía registraron un descenso del 9,42 y del 2,39 por ciento, respectivamente, frente al aumento del 0,18 por ciento contabilizado en el Archipiélago.

La última Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al primer trimestre de 2013, consolidaba al Archipiélago como la tercera región del país más golpeada por el desempleo, con una tasa del 32,96 por ciento, solo superada por el 35,86 por ciento de Andalucía y el 34,06 por ciento de Extremadura y muy por encima del 27,16 por ciento del conjunto del país.

Según la EPA, entre enero y marzo de este año, 385.600 habitantes de las Islas se encontraban sin empleo, mientras que los datos de inscritos como demandantes de trabajo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo (SCE) el 31 de marzo reducía esa cifra a 291.672 personas. Esta discrepancia, de casi 94.000 personas se debe a la diferente metodología empleada para elaborar estas estadísticas.

Según la EPA, entre enero y marzo de este año, 385.600 habitantes de las Islas se encontraban sin empleo.

Así, mientras el SCE solo contabiliza a las personas que figuran como demandantes de empleo en sus oficinas, la EPA toma como base de su muestra la totalidad de la población en edad de trabajar, con independencia de que estén efectivamente inscritos en las oficinas del antiguo INEM, circunstancia que confiere una mayor fiabilidad a sus datos.

A pesar de que sus datos reflejan un menor número de desempleados, el detallado nivel de estadísticas que cada mes ofrece la Consejería de Empleo a través del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (Obecan) permite elaborar una pormenorizada radiografía del demandante de empleo en el Archipiélago que pone de manifiesto la dramática situación que atraviesan las Islas.

Si, como ya se ha señalado, en marzo el número de desempleados registrados en las Islas ascendía a 291.672 personas, dos meses después esa cifra se había incrementado en 4.690 personas, hasta alcanzar los 296.362 parados, el dato más alto contabilizado en el Archipiélago desde que se registra este indicador.

Pese a todo, para el Gobierno de Canarias el dato del mes de mayo es negativo, tal y como admitió el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, tras la publicación del mismo. Sin embargo, González Ortiz lo achacó a la circunstancia de que, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, mayo es un mes tradicionalmente bajo para el turismo en el Archipiélago y se mostró confiado en que el dato de desempleo de junio será mejor.

Desde la patronal, en cambio, no terminan de compartir ese razonamiento. Así, aunque reconocen que la evolución del paro registrado durante mayo refleja los efectos propios del mes de menor demanda dentro del sector turístico de Canarias, aseguran que se ve también influido por la mala situación en la demanda interna regional, donde consumo e inversión se mantienen bajo mínimos.

En este contexto, los empresarios canarios no son tan optimistas de cara al futuro como González Ortiz y hacen hincapié en que la bajada del paro registrada en el conjunto del país es un fenómeno estacional derivado del comienzo de la temporada estival en el sector turístico nacional, tal y como demuestra el hecho de que el grueso de la contratación haya sido de carácter temporal. Por ello, no ven una tendencia en el clima económico nacional y europeo que permitan inferir una reducción sostenida del paro.

Los empresarios canarios no son tan optimistas de cara al futuro como el Gobierno y hacen hincapié en que la bajada de paro registrada en el conjunto del país es un fenómeno estacional.

En efecto, en mayo el desempleo en las Islas no solo aumentó en el sector servicios, sino que también se incrementó ligeramente en la agricultura, industria y el colectivo de personas sin empleo anterior, mientras que descendió un 1,15 por ciento en el sector de la construcción.

Evolución engañosa en la construcción

En el último año, el único sector que ha experimentado un descenso apreciable en el número de demandantes de empleo registrados en las oficinas del SCE es el de la construcción, posiblemente el más castigado desde que en 2008 se iniciara la actual crisis económica que, conviene recordar, tiene su origen precisamente en las burbujas inmobiliaria y financiera.

En junio de 2010, dos años después del comienzo de la crisis, el sector de la construcción aportaba 52.763 demandantes a las listas de las oficinas de empleo. Un año y medio después, en enero del pasado año, la cifra se había reducido en apenas 766 personas. En mayo, tras encadenar catorce meses consecutivos de descensos, los demandantes de empleo del sector de la construcción son 47.681, un 9,63 por ciento menos que en junio de 2010, pero también un 8,11 por ciento inferior a la cifra registrada en un año. Esto significa que en tan solo doce meses más de 4.200 personas han abandonado las listas del paro.

Sin embargo, lejos de significar una recuperación del sector de la construcción, esta acusada disminución de los demandantes de empleo del sector de la construcción puede tener otras causas diferentes y no tan positivas. En concreto, los expertos señalan que el descenso del paro en este sector se debe más a la búsqueda de empleo en otras actividades a causa de las dificultades para encontrar trabajo en la construcción y a las bajas voluntarias en las listas de demanda de empleo, que a una reactivación de la actividad constructiva. Esta teoría se ve corroborada por el hecho de que la contratación en este sector ha caído un 12,4 por ciento en el último año, a pesar de la positiva evolución de la cifra de demandantes.

En el resto de sectores, en cambio, la evolución es completamente opuesta a la de la construcción, con la excepción de los demandantes que no han tenido un trabajo anterior, cuyo número ha disminuido en un 24,12 por ciento en los tres últimos años, al pasar de 21.894 personas en junio de 2010, a las 16.598 registradas en mayo.

Desde junio de 2010, el número de desempleados registrados ha aumentado un 15,68 por ciento en el sector de la hostelería, pasando de 38.432, a 44.460. En el comercio y la industria, la evolución es similar, con unos incrementos del 14,85 y del 15,7 por ciento, respectivamente y 49.601 y 13.528 demandantes de empleo registrados en mayo de este año.

Sin embargo, es en la agricultura donde porcentualmente más se ha disparado el número de demandantes de empleo en los últimos tres años, al pasar de 4.549 en junio de 2010 a los 6.570 actuales, lo que supone un incremento del 44,43 por ciento. En el epígrafe correspondiente al resto de actividades, la cifra de parados se ha incrementado un 26,18 por ciento, al pasar de 93.456 inscritos a 117.924.

Pese a todo, en los últimos doce meses el ritmo de incorporación de demandantes de empleo a las listas se ha frenado sensiblemente. En agricultura se incrementó en tan solo un 8,13 por ciento, mientras que en servicios el ascenso fue del 3,2 por ciento y en el colectivo sin empleo anterior del 1,81. El sector industrial, por su parte, registró un descenso del 0,11 por ciento, tras disminuir el número de demandantes en quince personas entre mayo de 2012 y el mes pasado.

Tal vez sea esta evolución la que permite al Gobierno regional ser moderadamente optimista acerca de la evolución futura del desempleo. En mayo, el paro aumentó en 3.134 personas con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una tasa de variación interanual del 1,07 por ciento, la más baja desde octubre de 2011. Esta tasa, además, es inferior a la del conjunto del estado, donde sí se registró una disminución del paro con respecto a abril.

Igualdad por sexos

En lo que respecta a la evolución del desempleo por sexos, el 49,32 por ciento de los 296.362 desempleados registrados en Canarias son hombres, mientras que el 50,68 por ciento restante son mujeres. En términos absolutos, el paro masculino se situó en 146.170 personas y el femenino en 150.192.

Tres años atrás, con un 11,43 por ciento menos de paro, la desigualdad entre sexos era ligeramente mayor, ya que las mujeres representaban el 51,13 por ciento, frente al 48,87 de los hombres.

Por grupos de edad, los demandantes mayores de 25 años representan el 92,47 por ciento del total de inscritos en las oficinas de empleo, con 274.055 personas, mientras que los jóvenes sólo suponen un 7,53 por ciento del total. En este último grupo, formado por 22.307 personas, los hombres son más numerosos que las mujeres, al alcanzar un 50,4 por ciento del total.

De los casi 300.000 desempleados registrados en Canarias, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 24.156 son extranjeros, un colectivo sobre el que el presidente del Gobierno Paulino Rivero viene exigiendo un mayor control. Desde el inicio de la crisis, el responsable del Ejecutivo autonómico ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer un sistema que ponga coto al número de extranjeros residentes en el archipiélago y que, a juicio de Rivero, dificultan el acceso de los canarios al mercado laboral, además de aumentar la presión sobre el mismo, impidiendo la creación neta de puestos de trabajo.

De los casi 300.000 desempleados registrados en Canarias, 24.156 son extranjeros, un colectivo sobre el que el presidente Paulino Rivero viene exigiendo un mayor control.

En este argumento se basa la iniciativa recientemente presentada en el Parlamento de Canarias por Coalición Canaria y Partido Socialista de una proposición no de ley que insta al Gobierno central a regular y limitar los permisos de residencia y de trabajo a extranjeros no comunitarios en el Archipiélago con el objeto de intentar asegurar que los nuevos puestos de trabajo que se generen en las Islas sean ocupados por canarios.

Según datos del INE, a 1 de enero de 2013, el 14,2 por ciento de la población empadronada en el Archipiélago poseía una nacionalidad distinta a la española, mientras que ese colectivo solo representaba el 8,15 por ciento de los demandantes de empleo inscritos en las islas. Del total de demandantes de empleo extranjeros inscritos en el SCE, según indican las estadísticas del SEPE, 8.277 proceden de algún país de la Unión Europea y, por tanto, no necesitan de ningún permiso especial para residir y trabajar en las islas, mientras que los 15.879 poseen la nacionalidad de países extracomunitarios.

En mayo, el número de desempleados extranjeros inscritos en las oficinas de empleo de las Islas disminuyó en 58 personas con respecto al mes de abril, lo que supone una caída del 0,24 por ciento, mientras que en términos interanuales la tasa retrocedió un 7,69 por ciento, tras bajar el número de demandantes en 2.012 personas.

A pesar de esta descenso en el número de demandantes, la cantidad de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en las Islas disminuyó el pasado mes de mayo un 2,2 por ciento con respecto a abril y un 2,44 por ciento en tasa interanual, por lo que, al igual que ocurría con el sector de la construcción, el descenso en el número de demandantes inscritos con una nacionalidad diferente a la española puede estar más relacionado con el regreso a su país o el desistimiento en la búsqueda de un nuevo empleo que con la firma de un nuevo contrato de trabajo.

Las Palmas, a la cabeza

En lo que se refiere a la distribución geográfica de los demandantes de empleo, con 157.478, la provincia de Las Palmas es la residencia del 53,14 por ciento de los desempleados registrados en mayo, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife aglutina a los 138.884 restantes. Con respecto a enero del pasado año, estas cifras se han incrementado en un 7,79 por ciento para la provincia Las Palmas y un 7,28 por ciento para la occidental.

Por islas, las de mayor población son las que aglutinan el mayor número de demandantes de empleo, con un 84,28 por ciento del total, que se repartido entre el 42,71 por ciento de Gran Canaria y el 41,57 de Tenerife. Le siguen Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, con el 5,97, 4,46 y 3,85 por ciento de los desempleados inscritos, respectivamente, mientras que La Gomera y El Hierro, las mucho menos pobladas, tan solo acogen al 0,97 y 0,47 por ciento de los parados del Archipiélago.

En línea con esta tendencia alcista del desempleo, el número de afiliados a la Seguridad Social en las Islas ha experimentado un descenso. Así, en mayo registró una caída del 0,44 por ciento, al perder 2.815 afiliados con respecto a abril, lo que situó el total de ocupados se situó en 643.461 cotizantes, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por provincias, de nuevo es la de Las Palmas la que presenta los datos más negativos, con un descenso de 1.906 cotizantes, frente a los 909 de Santa Cruz de Tenerife. Respecto al mismo mes del año pasado, el número de afiliados en el Archipiélago se ha visto reducido en 13.237 personas, dato que supone una bajada del 2,02 por ciento.

El persistente aumento del paro y la caída en el número de cotizantes a la Seguridad Social en las Islas contrastan con los datos positivos que arroja en mayo el conjunto del Estado, ya que a la bajada en el número de desempleados se suma un aumento medio de 134.660 afiliados con respecto al mes de abril, datos que para el Gobierno central suponen comenzar a vislumbrar una tenue luz al final de un túnel que, de momento, continúa siendo completamente oscuro para Canarias.

Tradicionalmente, muchos sectores han acusado a la Unión Europea de preocuparse más por los intereses económicos de los países miembros que por los de sus ciudadanos. En los últimos años, una vez consolidada la unión económica y monetaria, las reformas llevadas a cabo en las instituciones comunitarias habían comenzado a orientar su política hacia la construcción de la llamada “Europa de los ciudadanos”. Sin embargo, la crisis que atraviesa el continente desde hace ya cinco años ha vuelto a poner el foco en los grandes problemas de la economía, olvidando los tímidos avances sociales de los últimos años.

Posiblemente, las zonas de la Unión Europea (UE) más castigadas por esta situación han sido las regiones ultraperiféricas (RUP), dado que sus peculiares características las convierten en territorios sumamente frágiles y doblemente sensibles a cualquier cambio en las políticas comunitarias.

En este contexto es en el que se enmarca un reciente dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que reclama a la Comisión Europea un mejor trato y una mayor sensibilidad con los ocho territorios que conforman las regiones ultraperiféricas, para garantizar su crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como aprovechar su situación geográfica para convertirlas en plataformas de Europa en sus respectivas áreas de influencia.

Las RUP son ocho territorios alejados geográficamente del continente europeo, pero que son parte integrante de los Estados miembros a los que pertenecen, por lo que, a diferencia de los Países y territorios de ultramar, están sujetos a la aplicación íntegra y directa de las normas comunitarias. En la actualidad, junto a las islas Canarias, forman parte de este grupo los cuatro departamentos franceses de ultramar -Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Reunión?, San Martín y las regiones autónomas portuguesas de Azores y Madeira. A estos ocho territorios se unirá el 1 de enero del próximo año la isla de Mayotte, convertida desde marzo de 2011 en el quinto departamento francés de ultramar.

Junto a las islas Canarias, forman parte de las Ultraperiféricas San Martín, Martinica, Guadalupe, Reunión, Guayana Francesa, Azores y Madeira.

Elementos como la “gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos” de las RUP, “factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo” llevaron a la UE a establecer un régimen específico de ayudas y actuaciones en estos territorios que se plasmó en el antiguo artículo 299.2 del Tratado de la Comunidad Europea y que fue consolidado en el actual artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Esta norma establece la necesidad de adoptar medidas específicas en materia de políticas aduanera y comercial, política fiscal, zonas francas, políticas agrícola y pesquera, condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, ayudas públicas y condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión.

Sin embargo, el CESE considera que en la actualidad se hace un uso “bastante inadecuado de las posibilidades que ofrece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento”, según señala Henri Malosse, ponente del dictamen “Las regiones ultraperiféricas: crecimiento inteligente”.

Reunión de las RUP en Azores.

En concreto, el CESE reprocha a la Comisión Europea sus “reticencias poco justificadas” a aplicar dicho artículo a políticas como “la competencia, los contratos públicos, la pesca y el medio ambiente, para tener en cuenta las realidades geográficas y climáticas específicas de las RUP”, por lo que emplaza al organismo presidido por José Manuel Durao Barroso a elaborar y publicar un análisis detallado de la aplicación del artículo 349.

Panorama desolador

La lectura del dictamen elaborado por el órgano consultivo a propuesta de la propia Comisión es desoladora. A pesar de que el CESE encuentra evidencias claras de que las regiones ultraperiféricas poseen condiciones idóneas para convertirse en referentes en materias como energías renovables, ciencias marinas, estudios sobre biodiversidad, silvicultura o sanidad y lucha contra las enfermedades tropicales, las autoridades comunitarias no desarrollan actuaciones concretas encaminadas a explotar estas áreas de crecimiento.

Por ello, a lo largo de sus once páginas, el dictamen enumera una larga lista de propuestas encaminadas a reforzar los vínculos que unen a estas regiones con el continente. Gracias al talento de sus habitantes, sus producciones agrarias, pesqueras e industriales, su turismo de calidad y su ubicación geográfica como plataformas de Europa en sus respectivas áreas geográficas, las RUP pueden aportar mucho al futuro de la UE. Pero, para ello, es necesario que tengan acceso “a todas las ventajas del mercado interior en igualdad de condiciones que el resto de las regiones europeas”, cosa que a juicio del CESE no sucede en la actualidad.

El CESE propone a la Comisión aumentar la ficha económica de los distintos programas destinados a promover el desarrollo de estas regiones

“Las RUP extienden de manera significativa el territorio y la presencia geográfica de la UE en el mundo, amplían así la influencia política, económica y cultural de Europa, y añaden vastas zonas de pesca en los océanos Atlántico e Índico”, señala el dictamen. Sin embargo, esta importancia estratégica no se ve correspondida con políticas comunitarias que ayuden al desarrollo de estas regiones que tienen en el alto desempleo uno de sus principales caballos de batalla.

A pesar de las restricciones presupuestarias actuales, el CESE propone a la Comisión Europea no solo no disminuir la ficha económica de los distintos programas destinados a promover el desarrollo de las RUP, sino a aumentarla para revitalizar el concepto de la ultraperificidad que tan buenos resultados ha obtenido, para dotarlo de una dimensión más estratégica y ambiciosa.

Entre sus propuestas se encuentra incluir a estas regiones en las políticas de las grandes redes, de la investigación, de la movilidad y de la observación del planeta o reevaluar el Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) y hacerlo extensivo a todas las producciones agrarias y no agrarias de las RUP y no sólo a las de azúcar y plátano, reforzando, consiguientemente, su dotación económica.

Falta de sensibilidad con las empresas

En lo que respecta al tejido empresarial, el dictamen del CESE comparte también la preocupación de los distintos territorios que integran las regiones ultraperiféricas por la falta de sensibilidad de las instituciones comunitarias, que puede hacer peligrar el actual marco de ayudas estatales, actualmente en revisión. En su informe, aboga por que se mantenga el trato más favorable posible y que exista una coherencia en las ayudas a la inversión en las empresas sin limitación en el tiempo, para compensar los sobrecostes que supone el carácter ultraperiférico.

Johannes Hann, junto a Paulino Rivero.

Del mismo modo, subraya la necesidad de que todo tipo de empresas pueda seguir optando a este tipo de ayudas, con independencia de su tamaño, lo que favorecería poder poner término al paro estructural que afecta a todas las capas de población, ya que sus empresas son por definición pequeñas y medianas y suelen operar en mercados geográficamente limitados. Estas características, muy diferentes de las de la Europa continental, justifican por sí solas el mantenimiento de esta especificidad contemplada en el periodo 2007-2013.

En este sentido, el dictamen del órgano consultivo, señala expresamente su apoyo a una propuesta elevada por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, para establecer “un plan de urgencia para luchar contra el paro en masa, que se desarrolla con una intensidad excepcional”.

Para ello, establecer programas de educación y formación a corto, medio y largo plazo, adaptados las necesidades laborales de estas regiones y el apoyo a las actividades generadoras de empleo y riqueza es fundamental.

Además, puesto que las condiciones particulares de las RUP justifican una especial protección del empleo local, el CESE anima a la Comisión a estudiar la posibilidad de incluir “la dimensión ultraperiférica” en las normas de adjudicación de contratos públicos como forma de proteger el empleo local frente a los salarios más bajos de los países vecinos y las prácticas monopolísticas existentes en determinados sectores.

El Comité denuncia que la propuesta de reforma política pesquera comunitaria no ha tenido en cuenta el impacto de los acuerdos entre la UE y terceros países

En materias como agricultura o pesca, el CESE destaca su carácter “fundamental” para las economías de las RUP y alerta de la tendencia de las ayudas europeas a “favorecer con sus procedimientos a los intermediarios” en lugar de a los agricultores, por lo que emplaza a la Comisión a corregir esa tendencia que no tiene en cuenta los intereses de los pequeños productores independientes, mayoritarios en estas regiones, a la vez que anima a extender los incentivos todo tipo de producciones para diversificar los cultivos y favorecer la autosuficiencia alimentaria de las RUP.

Del mismo modo, el CESE denuncia que la propuesta de reforma de la política pesquera comunitaria no ha tenido en cuenta el impacto que los acuerdos pesqueros entre la UE y terceros países tienen en las economías de RUP y señala que tampoco se ha avanzado en el mecanismo de compensación POSEI “pesquero”, por lo que apuesta por revisar completamente su contenido.

En lo que respecta a la energía, el dictamen del CESE constata la vulnerabilidad de los sistemas de las RUP, debido a su situación geográfica y su insularidad, además del sobrecoste y la escasa competitividad que ello supone. Por ello, considera que la UE debe facilitar que estas regiones resuelvan su desafío energético a través de la obtención y explotación de sus recursos energéticos propios, haciendo especial hincapié en las energías renovables. Su principal propuesta es impulsar la investigación de las energías renovables y que, teniendo en cuenta su especificidad, se ayude a los proyectos energéticos en estas regiones a través de los instrumentos financieros de la UE.

Así, apoyar la investigación y el desarrollo en materia de energías renovables, pero también de desarrollo sostenible o ciencias marinas debe ser, a juicio del órgano consultivo comunitario, otra de las prioridades comunitarias con respecto a las RUP.

Acercar Europa a las RUP

Además de promover programas de movilidad que permitan a sus ciudadanos acceder a los mismos en igualdad de oportunidades con el resto de europeos -asumiendo, por ejemplo los gastos de los traslados de los jóvenes que participan en el programa Erasmus- o un marco de transportes y TIC específico para resolver el problema de la fragmentación territorial y el desfase digital, el CESE apuesta también por la necesidad de acercar Europa a las RUP.

A pesar de la escasa dimensión social mostrada hasta ahora por el proyecto europeo, el informe destaca el alto sentimiento de pertenencia europea existente entre los alrededor de cuatro millones de habitantes de las RUP y apuesta por fomentar una adhesión aún mayor, a través de mesas redondas en las que participen los agentes de la sociedad civil de cada región ultraperiférica para preparar planes de acción que definan los objetivos y las etapas para la aplicación de la Estrategia Europa 2020.

Junto a ello, el CESE propone también fomentar el diálogo estructurado entre la sociedad civil de las RUP y las de sus respectivos países vecinos, a través de la participación de los representantes de las RUP en el diálogo entablado por la Comisión Europea en el marco de los Acuerdos de Asociación Económica con dichos países en aquellos comités que les conciernan.

Finalmente, el CESE propone a la Comisión Europa la creación de delegaciones de la UE en cada una de las RUP a fin de hacer más tangibles, visibles y directos los vínculos entre la UE y esas regiones y, tal vez, conseguir así una mayor sensibilidad comunitaria con esas regiones que, a pesar de su lejanía, también forman parte de la vieja Europa.

En los últimos meses, numerosas voces han alertado de la crítica situación que atraviesa el sistema eléctrico español, lastrado por una deuda de más de 27.500 millones de euros y necesitado de una reforma que garantice su viabilidad. Con seis sistemas aislados ?solo las islas de Lanzarote y Fuerteventura se encuentran interconectadas?, altamente dependientes de fuentes de energía externa y con unas redes de distribución prácticamente al máximo de su capacidad operativa, Canarias es probablemente el eslabón más vulnerable de la red eléctrica de España y la región que más ha sufrido las consecuencias de los intentos de reordenar el sector que ha acometido el Gobierno.

Desde febrero del pasado año, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ha puesto en marcha media docena de decretos encaminados a reducir el déficit de tarifa generado por la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y la cantidad ?menor? que se cobra a los consumidores y que, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cerró 2012 por encima de los 27.500 millones de euros.

Una de las primeras medidas anunciadas por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, fue la de paralizar todas las inversiones en nuevas infraestructuras en el sistema eléctrico en tanto se elaboraba un texto legislativo que ordenara el sector y garantizara su viabilidad. Esta decisión disparó todas las alarmas en el archipiélago, ya que hace años que se alerta del riesgo de un colapso del sistema en caso de que no se amplíen la capacidad generadora y las redes de transporte.

A 31 de diciembre de 2012, la potencia eléctrica instalada en las islas era de 3.146 Megawatios (MW), apenas un 0,2 por ciento superior a la registrada a cierre del año anterior, según los datos ofrecidos por el avance del Informe del sistema eléctrico español en 2012, elaborado por Red Eléctrica de España (REE), empresa encargada de operar las redes de transporte de electricidad. Alrededor de un 89 por ciento de esta potencia ?2.820 MW? corresponde a las fuentes del llamado régimen ordinario, es decir, a las que dependen de materias como el fueloil o el gas para su generación y que es producida en la docena de centrales que la empresa Endesa explota en las islas.

Este tipo de energía cubrió el pasado año una demanda bruta de 8.755 Gigawatios hora (Gwh), mientras que la demanda total en el conjunto del archipiélago ascendió a 8.911 Gwh, un 0,5 por ciento superior a la registrada un año atrás. Este incremento supone romper una racha de descensos acumulados en el consumo que se inició en el año 2009, cuando la demanda alcanzó los 9.107 Gwh, frente a los 9.333 Gwh registrados en 2008.

La evolución negativa de la demanda está íntimamente ligada a la evolución de la crisis económica y ha supuesto un alivio para las redes de transporte de las islas, que se encuentran rozando el máximo de su capacidad. De hecho, para encontrar los picos máximos de demanda de energía diaria registrados en el archipiélago tenemos que retroceder hasta el 10 de junio de 2006, con 33.490 Megawatios hora (Mwh), cifra que se encuentra muy alejada de los 27.942 Mwh registrados el día de mayor demanda del pasado año.

Canarias es probablemente el eslabón más

vulnerable de la red eléctrica de España y

la región que más ha sufrido los intentos

del Gobierno de reordenar el sector

En los primeros meses de 2013, la situación no parece mejorar. Según datos de Endesa, entre enero y marzo la demanda de energía eléctrica bajó en las islas un 4,9 por ciento en relación al mismo periodo de 2012. La caída fue más acusada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con un 5,7 por ciento. En la de Las Palmas, en cambio, la demanda descendió el 4,3 por ciento.

Mal en renovables

Mientras que en el sistema eléctrico peninsular las fuentes renovables o de régimen especial contribuyeron el pasado mes de marzo al mix energético con más de la mitad de la electricidad generada y, en concreto, la energía eólica supuso el 27,7 por ciento del total de la energía producida en dicho mes ?con un aumento de más del 60 por ciento con respecto a la producción registrada doce meses atrás?, según los datos de REE, la situación en Canarias es desoladora.

En 2012, apenas el 11 por ciento de la potencia instalada en las islas, 346 MW, correspondió a fuentes de energía renovables, mientras que sólo el 8,1 por ciento de la demanda fue satisfecha con este tipo de energía. A pesar de las excelentes condiciones climatológicas que posee el archipiélago para desarrollar energías como la eólica o la solar fotovoltaica, estas fuentes tan solo aportaron al mix energético el 5 y el 3 por ciento, respectivamente, de la electricidad consumida en las islas el pasado año.

Una de las principales causas de la enorme diferencia en el desarrollo de la energía eólica en las islas con respecto a la península se encuentra en la no adjudicación de nuevos parques de aerogeneradores que incrementen la potencia de este tipo de energía, a consecuencia de las irregularidades detectadas en el concurso eólico de 2005 y la paralización del iniciado en 2007. A esta circunstancia se suma, además, la decisión tomada a comienzos del pasado año por el Consejo de Ministros de suprimir la concesión de primas a la implantación de energías renovables, una medida que, a juicio de las diversas patronales y asociaciones de productores, supone un “golpe mortal” al sector.

Las llamadas primas a la instalación de renovables son una subvención que recibían los productores de este tipo de energías para compensarles por una serie de costes en los que incurrían, pero los productores tradicionales no y que, a juicio del Gobierno, incidía negativamente en el aumento del déficit tarifario que arrastra el sector eléctrico español.

Debido a la escasa implantación de las fuentes de energía renovables en las islas, desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se aseguró que se trabajaba en un plan para dotar al archipiélago de un régimen especial adaptado a sus singularidades. Sin embargo, en la media docena reformas normativas que sufrió la regulación del sistema eléctrico a lo largo de 2012, esta adaptación no llegó a materializarse.

En 2012, apenas el 11% de la potencia

instalada en las Islas correspondió a fuentes renovables

A pesar de ello, desde que el pasado mes de marzo el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunciara la tramitación de un nuevo proyecto de ley para regular el mercado eléctrico, un grupo de técnicos del Ministerio y de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias han estado negociando para alcanzar un acuerdo y, entre otros asuntos, conseguir desbloquear los concursos eólicos del archipiélago, objetivo que parecen haber logrado en las últimas semanas. Así, la pasada semana la consejera de Industria, Francisca Luengo, aseguró haber alcanzado un acuerdo para que las empresas de las islas cuenten con primas a la generación de energía renovable en el archipiélago antes del próximo verano, en el marco de la negociación con el Ministerio de Industria sobre la reforma del sector energético en los territorios extrapeninsulares.

Del mismo modo, este acuerdo, que aún debe superar el trámite de aprobación parlamentaria, supondría el desbloqueo del concurso eólico de Canarias, ya que la nueva normativa levanta el veto a la construcción de las subestaciones que estas infraestructuras necesitan para verter la electricidad que generan a la red. Sin embargo, esta solución consensuada pende aún de un hilo, ya que una enmienda presentada por los diputados del Partido Socialista y Coalición Canaria a este proyecto de ley podría poner en peligro el acuerdo, en el caso de que el Partido Popular decidiera hacer valer su mayoría absoluta e ignorar el compromiso previamente alcanzado con el Ejecutivo autonómico.

Mejoras en la distribución

A finales de 2003, un real decreto que liberalizaba el sector eléctrico español designó a Red Eléctrica como operador del sistema eléctrico en los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla). En julio de 2010, la empresa adquirió la totalidad de las redes de distribución de Endesa, convirtiéndose en el único operador del sistema eléctrico canario.

La designación legal de REE como operador del sistema conlleva la obligación de “mantener y desarrollar la red de transporte en los sistemas insulares y extrapeninsulares”, así como la de “proponer el plan de desarrollo de los medios de transporte y de generación, necesarios para conseguir el nivel de garantía de suministro en cada uno de los sistemas eléctricos insulares”.

En el marco de esas obligaciones, Red Eléctrica anunció un programa encuadrado en el proyecto de Mejora de Activos de Red, que pretendía integrar y mejorar las líneas y subestaciones de transporte insulares que fueron adquiridas a Endesa, y que suponía una inversión de alrededor de 150 millones de euros entre 2011 y 2015.

La irrupción de Red Eléctrica supondrá la

expropiación de Garona del Viento,

en El Hierro, y del salto Chira-Soria

en Gran Canaria

Entre 2011 y 2012, la compañía acometió casi el 30 por ciento de las actuaciones previstas en este proyecto. En concreto, se llevaron a cabo diversas acciones de mejora y renovación de estaciones y equipos, por un importe de 40,5 millones de euros, así como diversas tareas de mantenimiento comprendidas en un plan específico para la red eléctrica canaria, fijado en 16,5 millones y en el que se invertirán otros 9,7 millones de euros a lo largo de este año.

A esta inversión se suma un programa extraordinario anunciado el pasado mes de enero que contempla inversiones en las subestaciones de Jinámar, en Gran Canaria, y Candelaria, en Tenerife. En concreto, la compañía ha señalado que prevé destinar unos 700 millones de euros en su plan estratégico 2013-2017 a infraestructuras en Baleares y Canarias.

Búsqueda de competencia

Debido a los altos costes que conlleva producir la electricidad en un territorio fragmentado y alejado del resto del país, los sistemas eléctricos extrapeninsulares han contribuido en gran medida al incremento de la factura del déficit tarifario.

En este contexto, el desembarco de Red Eléctrica en el archipiélago tenía como justificación desligar las funciones de producción y transporte de la energía, hasta entonces en manos de Unelco-Endesa, para propiciar la entrada de nuevas empresas generadoras y comercializadoras que mejoraran la eficiencia económica del sistema eléctrico de las islas, reduciendo su déficit tarifario, a través de la introducción de competencia.

A pesar de esta liberalización, en la práctica el sector continúa casi enteramente en manos de Endesa, ya que no se ha producido el desembarco de ninguna otra empresa generadora de electricidad en el archipiélago, más allá de la sociedad Gorona del Viento, empresa encargada de la construcción y explotación de la central hidroeléctrica de El Hierro y que se encuentra participada por el Cabildo herreño (60 por ciento), el Instituto Tecnológico de Canarias (10 por ciento) y la propia Endesa (30 por ciento).

Ante esta situación, el pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley encaminado a garantizar el suministro e incrementar la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Se buscaba reducir el sobrecoste que soporta el Estado por la generación deficitaria que se da en este tipo de sistemas.

Entre las medidas propuestas en esta ley se encuentra posibilitar la introducción de nuevas instalaciones más eficientes, de forma que abaraten el coste de generación o la implantación de “mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de producción, con la finalidad de disminuir el coste de generación”, lo que en la práctica supondría volver a abrir la puerta a un sistema de primas a las energías renovables.

Sin embargo, este proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria incluía dos previsiones que despertaron numerosos recelos en el sector. Por una parte, con el objetivo de “garantizar la seguridad del suministro”, la norma establece que la titularidad de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación corresponderá al operador del sistema eléctrico y al gestor técnico del sistema gasista, respectivamente. En la práctica, esta previsión supondría la expropiación de Gorona del Viento a sus actuales propietarios y su adjudicación a Red Eléctrica.

Mucha más polémica causó la prohibición de poner en marcha nuevas instalaciones a los grupos empresariales que posean “un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40 por ciento” en el sistema. Esta cláusula, que buscaba justificación en la necesidad de favorecer la entrada de nuevos operadores en los sistemas extrapeninsulares fue interpretada desde las islas como un ataque a Endesa y la sentencia de muerte al proyecto impulsado por el Cabildo de Gran Canaria para crear una planta hidroeléctrica entre las presas de Chira y Soria, capaz de producir el 25 y el 33 por ciento de la energía consumida en horas punta en la isla, y en cuya construcción y explotación participaría la empresa controlada por la italiana Enel.

Este requisito fue otro de los puntos que centró las negociaciones entre el Ministerio de Industria y el Ejecutivo regional y, según declaraciones de la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno regional, Francisca Luengo, a Canarias Ahora el pasado 16 de mayo, “ha sido suprimido” del texto que previsiblemente se aprobará en el Congreso de los Diputados, ya que no sólo perjudicaba a la empresa que actualmente genera la práctica totalidad de la energía en el archipiélago, sino que “creaba incertidumbres en el suministro”.

Así, la plasmación de los compromisos adquiridos entre los representantes del Ministerio de Industria y del Gobierno regional en el texto de la futura ley de garantía de suministro e incremento de la competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares supondría el desbloqueo del concurso eólico que, unido al retorno de las primas a la instalación de energías renovables y la luz verde a la participación de Endesa en proyectos como el salto hidroeléctrico de Chira y Soria, podría suponer el impulso que necesita el sistema eléctrico de las islas para aumentar la competencia y reducir sensiblemente su dependencia del petróleo y apostar por unas energías más limpias y sostenibles, cuya presencia actual en el mix energético del archipiélago es meramente testimonial.

PIDE AUMENTAR LA FICHA ECONóMICA

El órgano consultivo reprocha al Ejecutivo comunitario que no emplee todas las herramientas del ordenamiento jurídico europeo para convertir a las RUP en "las plataformas de Europa".

Un reciente dictamen del Consejo Económico y Social Europeo (CESE) al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA exige a la Comisión Europea que dispense un mejor trato a las regiones ultraperiféricas (RUP), entre las que se encuentra Canarias, para reforzar los vínculos que las unen al continente y lograr la igualdad de sus habitantes con respecto al resto de europeos.

En este informe, cuyo contenido será minuciosamente analizado en el próximo número de Canarias Ahora Semanal, el CESE hace hincapié en la necesidad de “revitalizar el concepto de ultraperiferia” para dotarlo de una dimensión “más estratégica y ambiciosa”, de forma que las RUP se integren en “las políticas europeas de las grandes redes, de la investigación, de la movilidad y de la observación del planeta”.

El CESE pide a la Comisión que convierta la dimensión social en una de las prioridades de las políticas comunitarias, con programas de apoyo a la educación y formación adaptados a las necesidades del mercado laboral de cada una de las regiones y con especial apoyo a las actividades generadoras de empleo, ya que el paro es uno de los principales problemas de las RUP.

En este sentido, el CESE anima a la Comisión a estudiar la posibilidad de incluir “la dimensión ultraperiférica” en las normas de adjudicación de contratos públicos como forma de proteger el empleo local frente a los salarios más bajos de los países vecinos y las prácticas monopolísticas existentes en determinados sectores.

Aunque este órgano consultivo asegura ser consciente del “contexto sumamente limitado en el plano presupuestario” de la Unión Europea, el informe apuesta por aumentar el apoyo económico específico a las RUP mediante el refuerzo de los programas POSEI y su extensión a producciones ahora no contempladas, como frutas y hortalizas o pesca.

Todas estas medidas, señala el dictamen, tienen como objetivo integrar aún más a la sociedad civil de estas regiones en el “sentimiento europeo” y convertir a las RUP en una plataforma avanzada del continente entre los países que las rodean. Para ello, propone crear cauces de diálogo estructurado y permanente entre las instituciones de las RUP y la UE.