La ministra de Turismo de Palestina Rula Ma’ayah viajó a España para formar parte de la representación que su país envió a la Feria Internacional de Turismo FITUR. Su visita estaba centrada en mostrar la recuperación del turismo a su país después del ataque de Israel a Gaza entre julio y agosto de 2014 en el que murieron 2.100 palestinos; pero también ha lanzado un mensaje a la comunidad internacional: “Tenemos promesas, pero todavía no tenemos suficiente dinero para reconstruir Gaza”, ha alertado en conversación con eldiario.es tras el anuncio de la paralización de la ayuda de la ONU a la ciudad.

El pasado 27 de enero la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) anunció que tenía que suspender la ayuda a las familias de Gaza por la falta de dinero. Pese a que la conferencia internacional de países donantes realizada en El Cairo en octubre de 2014 prometió 5.400 millones de dólares (unos 4.700 millones de euros), este dinero no ha llegado y la ayuda se ha detenido, según corrobora la ministra palestina.

“Por supuesto en esta conferencia de donantes había un compromiso con Gaza, pero en este momento solo una pequeña cantidad de dinero ha llegado. Esperamos que los países vayan empezando a ayudarnos”, comenta Ma'ayah, que puntualiza que lo comprometido en El Cairo incluía tanto aportaciones a Gaza como a todo el territorio palestino para varios proyectos.

“Llamamos a todos los países, a todos los que lo prometieron, a que den dinero para que UNRWA pueda trabajar en Gaza”, declara la ministra palestina de Turismo, que reconoce que de momento la aportación internacional para la reconstrucción se mueve más en el territorio de las promesas que en el de los hechos consumados.

“Tenemos promesas, pero todavía no tenemos suficiente dinero para reconstruir Gaza. Estamos trabajando duro, pero Gaza está todavía bajo asedio, hay muchos problemas. No podemos superar estos problemas sin el dinero suficiente de la comunidad internacional”, lamenta Ma'ayah.

La ministra palestina explica que los hogares que siguen en pie en Gaza tienen electricidad unas ocho horas al día de media, y que las escuelas, muchas de ellas blanco de la artillería israelí en la operación de julio y agosto, están trabajando en varios turnos para atender a toda la población en edad escolar.

“Las escuelas que fueron, digamos, parcialmente destruidas están utilizándose. También hay refugiados en otras escuelas. Para resolver este problema comenzamos a realizar turnos en los colegios. Si un colegio no puede utilizarse, otro puede usarse en turnos de mañana, tarde y noche”, explica.

“Todos los estudiantes están yendo al colegio, pero estamos usando los colegios existentes de la forma más eficiente”, asegura Rula Ma'ayah.

“Creo que la Corte Penal Internacional no es ciega”

La firma del Tratado de Roma por parte del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás el pasado 2 de enero permite a Palestina poder acudir a la Corte Penal Internacional, donde ya ha interpuesto una denuncia contra Israel por crímenes de guerra en Gaza y Jerusalén Este durante el verano de 2014, que está ya en manos de la fiscal gambiana Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte.

“Soy optimista por lo que pasó, no solo en los últimos años sino desde el principio de la ocupación. Creo que la Corte Penal Internacional no es ciega, y si solo miramos a los asentamientos, son un crimen de guerra”, explica Ma'ayah durante la entrevista, en la que enfatiza su derecho a utilizar este mecanismo legal, que les estaba negado con anterioridad por no ser un Estado miembro de las Naciones Unidas.

A finales de 2012 lograron el estatus de Estado observador en la ONU y, tras el rechazo de la última resolución propuesta por Jordania y una veintena de países árabes en el Consejo de Seguridad a finales de 2014, en la que se instaba a un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos en doce meses y la retirada de Israel de los territorios ocupados en 2017, Abás firmó el tratado que les permite realizar esta denuncia en la justicia internacional.

“Estamos bajo ocupación, tenemos el derecho a defendernos pacíficamente, la Corte Internacional es una de las opciones, hemos firmado el acuerdo y vamos a ir. Si te roban tu casa, y no quieres luchar, vas a juicio o llamas a la policía. Eso es lo que vamos a hacer. Todo el mundo sabe que tenemos esta posibilidad y lo que queremos es vivir independientes, no tener ocupación y acudir a la Corte es parte de las opciones que tenemos”, explica Ma'ayah.

La ministra palestina se ha mostrado satisfecha por el reconocimiento que Suecia hizo de su país el pasado mes de octubre, al que siguieron mociones parlamentarias en España o Reino Unido para que sus gobiernos realizaran este reconocimiento. “Creo que Europa puede suponer la diferencia y dar un paso más”, asegura, aunque también reconoce que esperan a ver acciones concretas. “Siempre hemos dicho que queremos que pasen cosas concretas y en el terreno. Creo que la Unión Europea está moviéndose en la dirección correcta”, apuntó.

Visitas pospuestas a Palestina

Ma'ayah, como máxima responsable del Turismo en Palestina, busca ofrecer una imagen positiva de un país que busca recuperarse del trastorno que supuso para la llegada de visitantes el ataque israelí. Asegura que 2014 iba a ser el mejor año en términos de llegada de turistas, pero que la agresión a Gaza provocó “un 60% de cancelaciones de viajes” y que el periodo de Navidad –temporada alta en Palestina por el turismo religioso- no ha sido tan bueno como lo esperado, también por las cancelaciones de reservas.

“Lo bueno es que los turistas volvieron pese a la agresión, eso no pasa en otras partes del mundo. Esperamos que en 2015 vengan muchos más turistas y aquellos que cancelaron reconsideren su decisión. Incluso durante la agresión en Gaza y con todos los problemas, nunca hemos tenido problemas con ningún turista que ha venido a Palestina”, enfatiza Ma'ayah, que confía en que aquellas cancelaciones no sean sino “visitas pospuestas” a su país.

También explica que, pese a que el principal atractivo del país es el turismo religioso, con monumentos cristianos como la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén o la Basílica de la Natividad en Belén, su objetivo es potenciar también un turismo de otro tipo, que recorra varias áreas de Cisjordania y permita vivir en comunidades palestinas a los viajeros.

Rula Ma’ayah es cristiana, una comunidad que ha pasado de suponer más del 20% a menos del uno tras la ocupación israelí. Sin embargo, no tiene ese sentimiento de minoría. “No nos consideramos una minoría. Somos palestinos, formamos parte de la comunidad palestina. Todo palestino tiene su religión, algunos son cristianos, otros musulmanes. Somos todos palestinos y uno no se siente minoría en casa”, sentencia.

Doscientas familias que siguen esperando a tener su “pedacito de tierra”, una empresa con vínculos políticos que consigue una sentencia que muchos tachan de inexplicable, una decisión gubernamental que nunca llega y un desalojo violento que dejó 17 muertos (once campesinos y seis policías) en junio de 2012, provocando la caída del gobierno paraguayo de izquierdas encabezado por Fernando Lugo. Es la fotografía de un conflicto que refleja la realidad de un país en el que la desigualdad en el reparto de la tierra es abismal: en Paraguay el 80% de la tierra está en manos de un 2% de propietarios.

Marina Cué es un terreno de unas 2.000 hectáreas situado cerca de Curuguaty, la ciudad más poblada del departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil. Este terreno, propiedad de la empresa La Industrial Paraguaya, fue donado en 1967 por esta compañía al estado paraguayo, que lo destinó para uso de la Armada. En 1999 la fuerza naval desocupa el terreno por problemas logísticos y a partir de 2004 las tierras son destinadas a la reforma agraria, con intención de ponerlas en manos de agricultores. En ese momento, un grupo de unas 200 familias campesinas comienza el procedimiento administrativo para reclamar ese terreno.

“En 2004, cuando sale el decreto que destina estas tierras a la reforma agraria, este grupo de campesinos hace los trámites habituales en estos casos: formar una comisión sin tierra, censar a las familias que quieren la tierra y presentarla ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Esta institución es la que reconoce a esta comisión e inicia los trámites para identificar la tierra, mensurarla y distribuirla. Así, estos campesinos obtienen los reconocimientos del INDERT y la promesa de que se les va a entregar esa tierra”, explica a eldiario.es Óscar López, director de Oxfam en Paraguay.

Mientras avanza el proceso administrativo, la empresa Campos Morombi, propiedad del político del Partido Colorado (conservador) Blas N. Riquelme –fallecido en septiembre de 2012– logra en 2005 en un juzgado local una sentencia que le reconoce la propiedad de esta tierra a través de un mecanismo legal denominado 'juicio de usurpación', que habitualmente utilizaban los pequeños propietarios para que les reconocieran aquellos terrenos en los que hubieran trabajado durante más de 20 años. Con esta sentencia, la empresa Campos Morombi suma Marina Cué a las 70.000 hectáreas que ya tenía en la zona.

“Increíblemente, este juez les concede la tierra a través de ese procedimiento, a una empresa que tiene 70.000 hectáreas en la zona y que además de ninguna manera pudo ocupar esa tierra desde hace 20 años, dado que hasta 2004 la Marina lo había ocupado desde 1967. Es un procedimiento absolutamente irregular”, declara Óscar López.

A partir de entonces, la lucha de las familias que aspiraban a la propiedad de Marina Cué pasó por las ocupaciones pacíficas de terreno y los desalojos recurrentes durante casi una década.

Un desalojo que terminó en crisis de Gobierno

El 15 de junio de 2012, un grupo de campesinos llevaba cerca de un mes en la finca de Marina Cué realizando una ocupación para reclamar la tierra y pedir una solución al conflicto por parte del INDERT. El desalojo policial terminó en una masacre en la que perdieron la vida once campesinos y seis policías, en un hecho que provocó un 'juicio político' al presidente paraguayo Fernando Lugo, que tuvo que salir del Gobierno al perder el apoyo de algunos de los partidos de la coalición de izquierdas que le había llevado al poder.

“Yo sé bien que ellos luchaban por algo justo, y es injusto lo que les pasó. Ellos murieron por tener una vida digna y mejor, dejaron esposa, dejaron hijos. Hoy están abandonados, sin padre”, clama la campesina Martina Paredes.

Rodolfo Castro, otro campesino, no renuncia a sus recuerdos. No se rinde. “Seguimos luchando porque allí murió mi hermano; otra persona está en prisión domiciliaria ahora. Por eso no dejé de luchar, porque lo que pasó allí no se puede olvidar”, indica a eldiario.es desde Paraguay.

Actualmente, de los cinco campesinos detenidos por la crisis, cuatro están en arresto domiciliario y uno, Rubén Villalba, sigue en prisión por otro caso anterior de ocupación de tierras.

“El problema es que la acusación principal que hacen contra ellos es invasión de propiedad privada, y esta acusación no tendría ningún sentido si la tierra es pública, por lo tanto la defensa de los campesinos procesados es que este juicio debiera suspenderse hasta definir la propiedad de la tierra. Hay suficiente documentación para probar que esta tierra es del Estado”, aporta Óscar López.

Una lucha que prosigue

El pasado mes de mayo, el instituto agrario estatal paraguayo (INDERT) reconoció la titularidad pública de las tierras de Marina Cué pero el proceso legal continúa debido a los recursos de la empresa Campos Morombí.

Los campesinos ven el futuro con esperanza, mientras mantienen una acampada en el borde de los límites de la finca de Marina Cué para que la protesta siga estando presente. En ella permanecen aquellos que no han sido imputados judicialmente por la ocupación del terreno, al tiempo que organizados en la Articulación Curuguaty, una amalgama de organizaciones y grupos campesinos que está entrando en negociaciones con el Gobierno.

“Estamos al borde de solucionar algunas cositas. Tenemos conversaciones con las autoridades. Hay acciones por todos lados, en Paraguay, en España…”, afirma Martina Paredes.

Desde Oxfam esperan que el apoyo internacional, canalizado a través de una campaña de firmas que han organizado en su página web, sirva para hacer la presión necesaria para que el Gobierno se apremie a reconocer a los agricultores la propiedad de sus tierras.

“Si están empezando a manifestar interés en negociar es porque están sintiendo la presión interna, porque aquí logramos que muchos sectores apoyen la causa, y la solidaridad internacional. Paraguay es un país un poco aislado, pero un Gobierno que quiere ofrecer una imagen del país como un lugar para la inversión, necesita mostrar que tiene buena imagen y que resuelve estos problemas. Por eso va a ser clave el apoyo desde fuera”, explica Óscar López.

El futuro de la tierra en Paraguay

Martina confía en alcanzar la propiedad de una parte de Marina Cué para establecer en ella un “asentamiento modelo”, en el que cultivar maíz, mandioca, guisantes o frutas.

“La tierra nos da vida, la tierra nos da de todo: salud, de comer, para vestirnos. Sacamos todo de la tierra. Recuperar la tierra de Marina Cué nos dejaría sin palabras de felicidad. Eso es lo que estamos esperando. La tierra es nuestra vida”, explica Martina, enumerando las razones que refuerzan su perseverancia.

Para el director de Oxfam en Paraguay, el futuro éxito de los campesinos de Marina Cué y el de tantos otros campesinos en otros casos del país también supondrá que el estado paraguayo tome partido en la pugna entre el modelo de agricultura intensiva de la soja transgénica con grandes terrenos ocupados y uso de pesticidas; frente a un modelo de agricultura familiar campesina y natural.

Un debate que va más allá: el modelo de agricultura

“El modelo actual produce una contradicción terrible: en el 2013 se cuenta con orgullo que Paraguay produjo soja y otros granos para alimentar a 70 millones de personas. Pero en el país, con una población de 7 millones, hay 1.300.000 personas que no satisfacen sus necesidades de alimentación básicas. Y contradictoriamente la gente más pobre que está en esta situación está en el campo”, señala.

“Creemos que es una oportunidad de que el Estado asuma compromisos realmente, de distribuir tierras, pero también de dar apoyo al modelo productivo de la agricultura familiar, para que sea más eficiente, para que sea más productiva, y nos garantice realmente la alimentación”, agrega Óscar López, que explica cómo el país ya es líder en producción de azúcar orgánica, con experiencias de cooperativas que realizan “a pulmón” entre las ONG y los campesinos.

Con esta esperanza, campesinos como Martina Paredes esperan la noticia de obtener la tierra de Marina Cué en propiedad, un derecho que “inolvidable e innegociable”. “

“Queremos esa tierra y no queremos otra. Allí se derramó mucha sangre, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos. Allí se perdieron muchas vidas”, zanja con rotundidad desde Curuguaty.

El danés Morten Kjaerum, director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dialogó con eldiario.es durante su visita a España entre el 11 y el 13 junio. Este organismo independiente dentro de la UE fue creado para aconsejar a los gobiernos sobre el tratamiento de los Derechos Humanos y está formado por un representante de cada Estado miembro, dos enviados de la Comisión Europea y un experto independiente nominado por el Consejo de Europa

Kjaerum reconoció que la Agencia de Derechos Fundamentales ha realizado un seguimiento de las 15 muertes ocurridas en Ceuta cuando un grupo de personas intentaba alcanzar la costa española y que esperan al resultado de las investigaciones para saber “qué se hizo mal”. También se mostró preocupado acerca de la respuesta de España a las peticiones de asilo en la fronteras de Ceuta y Melilla, aunque afirmó que “no conoce casos particulares” sobre devoluciones ilegales o ‘en caliente’ por parte de las fuerzas españolas.

Como representante de un organismo que está realizando estudios sobre los crímenes de odio contra minorías en Europa como los gitanos, Kjaerum se mostró preocupado en “desenmascarar la intolerancia”, así como por los discursos que legitiman la violencia contra las minorías.

Pregunta: En estas elecciones europeas hemos visto cómo muchos partidos de extrema derecha con un discurso intolerante han crecido en Europa. ¿Está la Agencia de Derechos Fundamentales preocupada por este avance?

Respuesta: Siempre estamos atentos, sean partidos de izquierda, derecha o centro, si su discurso político promueve intolerancia contra minorías étnicas, sexuales, personas con discapacidad o cualquier otro grupo. Porque la intolerancia provoca miedo sobre aquellos que son amenazados, y el miedo puede hacer sus condiciones vitales muy difíciles. Al mismo tiempo, cuando los políticos hablan contra las minorías o utilizan palabras intolerantes, crean una legitimidad con ese discurso que provoca que otros se sientan legitimados, por ejemplo, para atacar a las minorías.

¿Cómo enfrenta el crecimiento de estos partidos con un discurso intolerante la Agencia de Derechos Fundamentales?

Lo que podemos hacer en términos generales es desenmascarar la intolerancia, hacerla visible. Muchos de los crímenes de odio que hemos estudiado han sido invisibles para la gente, para los Estados. Somos los primeros que hemos recogido los datos y lo hemos comprobado, cuando los hemos presentado a los Estados, se han puesto manos a la obra. Hay un grupo de trabajo con Estados Miembros viendo cómo entrenar a la policía mejor, cómo reforzar el trabajo contra los crímenes de odio, contra la discriminación, la homofobia u otras clases de intolerancia.

En noviembre de 2013 el gobierno español reforzó la valla de Melilla con más alambre de cuchillas. La comisaria europea Cecilia Malstrom hace unos días aseguró que “cada país tiene derecho a defender sus fronteras”. ¿Se trata de solo un asunto interno?

Es un asunto de legislación internacional, es un derecho soberano de cada Estado proteger sus fronteras como desee, siempre que deliberadamente no haga daño a las personas. Disparar a las personas sería algo inaceptable, pero construir una valla, si está claramente marcada, es algo que se puede hacer.

Nuestro objetivo es que aquellos que necesitan protección, sean personas vulnerables, refugiados, mujeres, niños... Tengan acceso a esa protección, que tengan siempre posibilidad de hallar a un cargo oficial para pedir esa protección de asilo.

Algunas organizaciones, e incluso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, han denunciado que en la frontera entre España y Marruecos se han producido devoluciones ilegales a personas que han entrado en territorio español y han sido ilegalmente devueltas a Marruecos. ¿Qué piensa sobre esto y cómo la Unión Europea puede involucrarse en este asunto?

No conozco los casos individuales, pero hay una obligación por parte de todos los Estados miembros de procesar las peticiones de asilo, valorar si hay necesidad de protección o no y si hay labores humanitarias que hacer con mujeres y niños. Las personas tienen que pedir asilo, llevarse a cabo un procedimiento, y si no hay asilo, pueden ser devueltos. A quien se extiende esa necesidad de protección lógicamente no puede ser devuelto. La irregularidad no es una violación de la ley internacional, pero yo no sé si eso ha tenido lugar.

Lo que podemos hacer es urgir a los Estados miembros para que realicen procesos de asilo seguros, que puedan dar cartas de asilo a aquél que lo pida.

No conoce las situaciones concretas, ¿pero está preocupado de que esto esté pasando?

Estoy siempre preocupado por lo que pasa en las fronteras, y por eso la Agencia de Derechos Fundamentales está llevando a cabo un gran estudio sobre las fronteras del Mediterráneo. Hemos recorrido las costas en barco con las policías de frontera, hemos entrevistado a los marineros, a los pescadores, a las personas que llevan los procedimientos de asilo... También hemos entrevistados a los policías de fronteras para entender dónde están los problemas.

Los próximos dos informes que vendrán tienen que ver sobre lo que pasa en los aeropuertos, qué pasa cuando la gente llega, y también en las fronteras terrestres. Tenemos que utilizar esto para entrenar a los policías de fronteras de toda Europa para que tengan cuidado y entiendan qué dice la Ley internacional acerca de las fronteras. Estoy seguro que la mayoría de los policías de fronteras están trabajando respetando los derechos fundamentales, esto no quiere decir que siempre esté todo claro, hay zonas grises. Pero es algo a lo que queremos contribuir.

Siempre estamos preocupados acerca de que las personas que necesitan protección terminen siendo expulsadas, y estamos empleando muchos recursos en intentar afrontar este problema de forma sistemática.

En febrero, en la costa de Ceuta, 15 personas murieron cuando intentaban llegar a la playa a nado, y hay documentos audiovisuales que muestran que la Guardia Civil disparó balas de goma hacia ellos. ¿Hay una preocupación en la Agencia de Derechos Fundamentales sobre este incidente? ¿Ha pedido algún tipo de explicación al Gobierno español sobre ello?

No hemos pedido una explicación, porque no es realmente nuestra tarea. Por supuesto es un tema que hemos seguido y hemos tomado nota de las declaraciones del ministro del Interior. Es algo que está siendo investigado, y estamos seguros de que es un incidente, algo que no ocurre normalmente.

Están investigándolo y tenemos que esperar a dónde llegan esas investigaciones. Esperamos que las investigaciones nos lleven a saber qué se hizo mal, cómo pudo pasar esto y cómo podemos incorporarlo en el futuro al entrenamiento de la Policía y la Guardia Civil, porque esto no puede pasar.

¿Cree que el Gobierno español está poniendo los medios para que esto no vuelva a suceder?

Ésta ha sido mi impresión con las conversaciones que he tenido con los diferentes ministerios estos días. Es un episodio del que hay que arrepentirse y que hay que investigar.

La Agencia de Derechos Fundamentales publicó en marzo un estudio acerca de violencia de género en el que se aseguraba que una de cada cinco mujeres en España había sufrido violencia, pero tan solo un 14 por ciento lo denunciaban. ¿Cuál es nuestra situación respecto a otros países europeos?

La mayoría de los países de Europa tienen un alto nivel de violencia de género, todos los Estados miembros tienen que hacer mayor esfuerzo en ello. España no está entre los que tiene un mayor nivel de violencia, pero tampoco entre los que está en un nivel más bajo. Pero lo interesante no es la posición, pero lo interesante es que lo que vemos en España es que la falta de denuncia es lo habitual, la Policía necesita afrontar este asunto firmemente.

Algo muy interesante que se reflejaba en la encuesta se reflejaba es que muchas mujeres desearían que los doctores y el personal sanitario hablaran abiertamente sobre eso, que le pregunten explícitamente a la mujer y luego la puedan guiar para ir a la policía o ir a un refugio para víctimas. De manera que no solo la policía, sino otras personas que potencialmente pueden contactar con las mujeres deben entrenarse para saber cómo pueden ayudar.

España cuenta con una ley contra la violencia de género desde 2004, pero ahora con la crisis económica y los recortes en presupuesto público, los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género han caído. ¿Desde la Agencia de Derechos Fundamentales se ha intentado concienciar al Gobierno para que evite estos recortes?

Siempre intento concienciar a los Estados Miembros para que incrementen los presupuestos para crear un alto nivel de protección para los Derechos Fundamentales, tanto para la violencia contra las mujeres como para otros aspectos. Por supuesto, estamos en un momento difícil económicamente, pero también he de decir que en nuestras encuestas hemos hecho un intercambio de conocimiento entre estados miembros, sobre qué ha funcionado más y qué menos para usar mejor los fondos.

Ahora todos los estados miembros pueden aprender de España, que ha estado muy avanzada en esta lucha, pero también hay cosas que España puede aprender de otros estados miembros, como por ejemplo cómo organizar los refugios para mujeres.

Recientemente, en la ciudad vasca de Sestao, su alcalde se refirió a inmigrantes y gitanos como “basura”. ¿Le preocupan este tipo de declaraciones en cargos públicos?

Estoy profundamente preocupado cuando personas con acceso fácil a micrófonos, a los medios, no entienden su papel crucial en proteger las minorías y no crear odio. Exactamente este tipo de declaraciones contra minorías particulares, que podemos ver también en otros Estados miembros, es algo que no debería ocurrir. Todo el mundo que se sienta tentado a hablar utilizando lenguaje negativo o denigrante acerca de cualquier minoría debería tener cuidado sobre cómo eso se puede extender como el fuego.

¿Cómo se puede luchar contra este tipo de declaraciones en un momento de crisis económica?

Estamos en un periodo de crisis económica, lo cual siempre incrementa el riesgo. Pero mirando los datos de todos los Estados miembros, hay Estados con partidos de tendencia xenófoba donde no hay una crisis económica tan grave. No es la única razón, se trata de un escenario mixto.

Está claro que los tiempos duros incrementan el riesgo, pero por eso los líderes de opinión deben evitar las declaraciones populistas. Por supuesto, también sé que esto puede pasar, por eso pido a otros líderes de opinión que cojan otros micrófonos y hagan declaraciones al país que se distancien de esos populistas, que buscan crear el odio hacia determinados grupos.

Y esto es algo que en ocasiones olvidamos en Europa: que aquellos que se distancian en privado de los populismos, deben hacerlo en público, y deben entender lo importante que es eso para las minorías, que necesitan saber que hay gente decente en las sociedades que las defiende del odio que viene de aquellos. Necesitamos una mayor movilización social de esa gente con esos buenos valores.

“En la India al menos un 65% de la población gana su sustento de la tierra, la madera y el agua. Sin embargo, un 40% de la población vive sin agua, sin tierra, sin recursos. Y la globalización les está quitando sus recursos muy rápido por la necesidad de beneficio del capital” explica Rajagopal PV, presidente y fundador de Ekta Parishad, una organización que ha basado en la filosofía de la no violencia su lucha por la propiedad de los recursos de la mano de los 'sin tierra' en la India. Una lucha que les ha valido la nominación al Nobel de la Paz 2014.

Bajo la no violencia inspirada en 'Mahatma' Gandhi, que entiende no solo como una forma de lucha sino como una “idea global” en “el pensamiento, la acción” e incluso “la economía no violenta”, Rajagopal PV y su organización luchan por el derecho a la tierra de una gran parte de la población india, presa de una legislación heredada del pasado colonial y no reformada en favor de los habitantes originarios del territorio, además del interés de la agricultura extensiva y las empresas que pretenden hacer beneficio de terrenos habitados por generaciones de 'sin tierra'.

En 2007, esta organización reunió a 25.000 personas para recorrer 340 kilómetros entre la ciudad de Gwalior (centro del país, en el estado de Madhya Pradesh) y la capital Delhi. El objetivo de esta marcha, denominada 'Janadesh' (Mandato), era reclamar la implementación real de una nueva legislación sobre la tierra.

“Tras nuestras marchas en 2006 y 2007 se promulgó una nueva ley, la 'Forest Rights Act' (Ley de los derechos sobre los bosques), gracias a la cual los indígenas que viven en los bosques pueden tener el derecho a la tierra en la que viven. De manera que unos tres millones de personas han obtenido tierra en propiedad en los últimos cinco años. Con mayor o menor extensión, pero esos tres millones de personas obtuvieron su tierra”, valora Rajagopal en una entrevista con eldiario.es producida durante su participación en el Congreso “Rompiendo Cadenas”, organizado por el Partido SAIN.

En 2012 fueron 100.000 personas en otra movilización a pie denominada 'Jan Satyagraha' (Marcha por la justicia), con la que lograron que el ministro de Desarrollo Rural indio Jairam Ramesh firmara un manifiesto de diez puntos en el que se comprometía a profundizar en las reformas sobre la propiedad de la tierra. Unas reformas que para Rajagopal no tienen que ver solo con lo agrario, sino también con la descentralización del poder.

“Básicamente tratábamos la propiedad de la tierra, pero lo que queríamos conseguir es la descentralización del poder y los recursos. ¿Quién debe administrar la tierra, el bosque y el agua? La gente más pobre. Y esto solo se puede conseguir si descentralizas el poder. Si todo el poder está en Delhi, ¿cómo puede la gente controlar los recursos? De manera que la principal reclamación era la descentralización, y es un tema importante en todo el mundo”, defiende el líder indio, que ve en su lucha una aspiración global, la del control de los recursos por la gente, en oposición a las corporaciones.

Con esa intención plantea una “marcha global” para el año 2020: “Vamos a intentar construir algo global. En cada país la gente está trabajando por controlar la tierra y los recursos. Queremos que las organizaciones globales como Naciones Unidas o el Banco Mundial sientan la presión. Las instituciones internacionales no están sintiendo aún la presión. Tienen que hacer políticas y motivar a los gobiernos para dar tierra y recursos a las personas”, explica.

Una idea global de la no violencia

El líder de Ekta Parishad (que se podría traducir como 'Consejo de Integración') proviene de la escuela no violenta que procede de Gandhi y de uno de sus discípulos, Vinoba Bhave, quien ya desarrolló una activa lucha por los derechos de los 'sin tierra'. La intención de retomar el legado de Gandhi-“en lugar de estar recordando siempre”, en palabras de Rajagopal- llevó a este activista y a otros jóvenes a trabajar con las técnicas de la no violencia en el estado de Madhya Pradesh, en la zona central de la India.

Allí trabajaron con los 'dacoit' unos bandidos que Rajagopal describe como “Robin Hoods”, personas empujadas por la pobreza a ser bandidos y cometer actos violentos. Entre 1972 y 1974 consiguieron convencer a casi 700 'dacoits' para que abandonaran las armas y las arrojaran ante una fotografía de Gandhi. “Fue una acción muy impactante, y muy icónica. Aunque en esa época no había videocámaras ni teléfonos móviles”, explica Rajagopal.

Sin embargo, la lucha contra la “violencia directa”, como la denomina el líder indio, les llevó a pensar en la “violencia indirecta”, la que venía dada por la explotación, la opresión, la corrupción y la injusticia.

“Durante los 80 y los 90 entrenamos a cientos de jóvenes en la no-violencia”, relata. Jóvenes procedentes de distintas castas que comían, dormían y realizaban actividades juntos, una forma de “liberación” y de “romper el sistema”. Jóvenes que, cuando volvían a sus lugares de origen, eran arrestados o secuestrados por hacer “preguntas incómodas”.

“Preguntaban por qué el Gobierno estaba vendiendo medicinas en el mercado negro, o por qué el profesor no daba clase pero recibía su salario. Preguntaban por qué las tierras estaban en las manos de algunos y otros no tenían tierra. Preguntaban por qué los políticos cuando eran elegidos no iban a los lugares donde había que resolver problemas. Por decir la verdad, te convertías en el enemigo”, explica Rajagopal, que en aquel momento llegó a la conclusión de que necesitaban un “paraguas”, una organización. Así nació Ekta Parishad en 1991.

La organización, que comenzó en el estado de Chhattisgarh, comenzó a expandirse a otros territorios y a organizar marchas a pie regionales para reclamar derechos y “unir los territorios”. Para estas marchas, los miembros de las comunidades ahorran una rupia cada día y un puñado de arroz. Y así hasta las grandes marchas de 2006 y 2012.

Rajagopal propone una “idea global” de la no violencia, que ve presente en el pensamiento, en la acción… Y en áreas tan concretas como la economía.

“Ahora lo que estamos intentando es introducir un concepto de economía no violenta. La lucha no violenta debe ir seguida de una economía no violenta. Si tú consigues tu tierra pero pasas a comerciar en el mercado, pierdes tu tierra y tus recursos. De manera que tienes que organizar tu economía de forma no violenta, lo que quiere decir que tienes que realizar cultivos orgánicos. Tienes que dejar de tomar alcohol, porque te robará el dinero. Necesitas ser no violento con tu propia economía, para promover una nueva cultura”, explica Rajagopal.

“Un Nobel para la gente pobre”

Presentada su candidatura al Premio Nobel de la Paz por una organización cuáquera estadounidense, la American Friends Service Comitee, que, como ganadores del premio en 1947 pueden nominar a otras organizaciones, Rajagopal valora como “una buena noticia” esta nominación.

“Creo que la gente pobre debe recibir un reconocimiento por su trabajo. El Nobel no es algo solo de los grandes hombres, aunque es bueno que se les reconozca. ¿Por qué no el Premio Nobel va a reconocer el trabajo de los pobres, de los de abajo? Lo miro desde ese ángulo y pienso que la nominación es buena, y si lo logramos tendrá un gran valor”, explica Rajagopal, que no escapa a la controversia que genera este premio, especialmente desde que fuera concedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2009.

“El Premio Nobel no siempre ha sido otorgado a gente que realmente lo merecía. No es el único premio, aunque para el imaginario del mundo sirve de mucha ayuda recibirlo, porque la gente siente que es uno de los más altos reconocimientos que puede obtener un individuo o una organización. De manera que la clase media, esos con los que queremos luchar, nos verán de distinta manera si obtenemos el premio”, explicó el presidente de Ekta Parishad.

Creyente en un “optimismo necesario” para afrontar las situaciones, Rajagopal PV enfatiza el papel de los movimientos indígenas contestatarios con las grandes empresas que ocupan sus tierras, e insiste en la necesidad de que la clase media, en la India como en otros lugares, deje de “depender del Estado” y se sume a las reivindicaciones de los más pobres.

“Ahora es el momento de descubrir que no es el Estado quien hace los cambios, somos nosotros quienes los hacemos. Tenemos que pasar de la dependencia del Estado a la independencia. Siempre decimos, cuando compras algo, estás votando por tu destino. Cada acción está decidiendo tu destino. La clase media y los pobres tienen que actuar juntos y decidir que no pueden dejar que el 1 por ciento las gobierne en cada país. El mundo necesita nuevas ideas, se necesita mucha esperanza. Y yo creo que eso es posible”, finaliza Rajagopal.

Seis de cada diez actos parlamentarios relacionados con el desarrollo no tiene un enfoque en favor de la lucha contra la pobreza internacional o la sostenibilidad, según el Informe Avizor 2013

Aumenta la actividad de los diputados comprometidos, que no representan más de un 12% del total de los parlamentarios

Casi la mitad de las iniciativas en favor del desarrollo aprobadas en 2012 no se han cumplido

El Congreso de los Diputados sigue ignorando el enfoque en favor del desarrollo y la lucha contra la pobreza en la mayoría de los actos parlamentarios (proposiciones de ley y no de ley, enmiendas, interpelaciones o preguntas) que tienen que ver con temáticas relacionadas con el desarrollo, según concluye el Informe Avizor 2013. Este estudio analiza, por segundo año consecutivo, las iniciativas que los diputados llevaron a cabo relativas a estos asuntos, y concluye que, de un total de 1.438 iniciativas entre 2012 y 2013, tan solo el 37% tenían un enfoque 'prodesarrollo', de manera que el 63% ignoraban una aproximación favorable al desarrollo y la lucha contra la pobreza.

Los resultados de este nuevo informe elaborado por el Proyecto Avizor, que elabora el Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE) de la Fundación Salvador Soler, reflejan un panorama cercano al que constataron en su primer informe, el de 2012, en el que ya señalaban que la mayoría de las actividades parlamentarias con impacto en la lucha contra la pobreza y el desarrollo de terceros países tenía un enfoque que ignoraba una visión prodesarrollo o era negativo para ésta.

“Para la gente del sector de la cooperación no es una sorpresa, pero sí una constatación objetiva y cuantitativa de una realidad: que la lucha contra la pobreza no es una prioridad política en nuestro país”, valora el director del CIECODE, Javier Pérez.

Otro de los aspectos clave es la falta de concienciación individual de los diputados acerca de los temas de desarrollo, lucha contra la pobreza o sostenibilidad, ya que 257 parlamentarios todavía no han hecho una aportación con un enfoque favorable al desarrollo en lo que llevamos de legislatura. Algo que desde el Proyecto Avizor ya esperaban, ya que saben que el avance en la concienciación sobre este tipo de temas es un objetivo a largo plazo.

“Sabemos que la mayoría de los diputados no tienen en cuenta esa dimensión del desarrollo, y entendemos que eso es un cambio a largo plazo, de integrar una perspectiva más coherente de base, pensar que ámbitos que tú trabajas como diputado tienen impacto en desarrollo es algo a largo plazo. Es positivo que los diputados que ya integran esa perspectiva, o que están muy activos registrando iniciativas, han tenido un incremento en su volumen de actividad”, explica Alba Gutiérrez, que coordina el estudio.

Como explica Gutiérrez, los diputados más concienciados con la lucha contra la pobreza y por la sostenibilidad han incrementado su actividad, de manera que el porcentaje de diputados que presentaron diez o más actos con esta perspectiva 'prodesarrollo' se incrementó hasta el 10%, frente al 3% del año pasado. En cualquier caso, no se trata de que haya más diputados con esta agenda, sino que los ya existentes han tenido mayor incidencia en el tema como parte de su actividad parlamentaria.

Entre los diputados que más acciones relacionadas con el desarrollo ha registrado está la diputada del Iniciativa per Catalunya-Verts Laia Ortiz, que ya fue premiada el año pasado por esta actividad, con 63 iniciativas. Tras ella está el diputado de Convergencia i Unió Antoni Picó; Irene Lozano, de Unión Progreso y Democracia; Joan Josep Nuet y Gaspar Llamazares, ambos de Izquierda Unida. Carmen Montón es la primera diputada del PSOE que aparece en el listado, en el puesto décimo con 15 iniciativas (5 de ellas aprobadas), y el portavoz del PP Alfonso Alonso aparece en el vigésimo primer lugar, con 16 actos pero tan solo uno aprobado.

Uno de los principales problemas que encuentran los autores del estudio es la falta de concienciación de diputados que no son miembros de la Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional. “El 60% de la actividad relevante para la lucha contra la pobreza se trata en comisiones distintas que Cooperación Internacional”, explica Javier.

Una de las propuestas del Informe Avizor 2013 es fortalecer a esta comisión para que pueda evaluar el trabajo de otras comisiones y del Gobierno en temas relacionados con el desarrollo y la creación de un intergrupo parlamentario sobre coherencias en políticas para el desarrollo para velar por la “coherencia de políticas” y evitar que se aprueben iniciativas que son concurrentes entre sí y contrarias en algunos casos.

Seguimiento de la actividad parlamentaria sobre desarrollo

Este informe realiza el seguimiento de todas las acciones parlamentarias de distinto nivel (proposiciones, enmiendas, interpelaciones, preguntas…) relacionadas con siete ámbitos temáticos: cambio climático y política energética; comercio internacional e inversiones; comercio de armas y construcción de paz; cooperación al desarrollo y Ayuda Oficial al Desarrollo; fiscalidad; migraciones internacionales y otras políticas con impacto en el desarrollo. Bajo estos temas, se siguen todos los actos parlamentarios del pleno y de catorce de las treinta comisiones parlamentarias, las que tienen mayor relación con temas de desarrollo.

Bajo esta premisa se registran los actos parlamentarios que tienen impacto sobre el desarrollo, sobre los cuales se realiza el trabajo del informe, que fueron unos 680 en 2012 y 750 en 2013, lo que establece las 1.400 iniciativas entre los dos años que refleja el trabajo. Éstas iniciativas se evalúan a partir de criterios como la relevancia que tienen para la lucha contra la pobreza y por el desarrollo; si su construcción argumental se basa en el Derecho Internacional; si son relevantes políticamente; y si contribuyen al control de la actividad del Gobierno.

Siguiendo estos criterios, el Informe revela que la actividad parlamentaria sobre migraciones ha sido la que más actos (positivos y negativos) ha generado, y que el ámbito de cooperación es el que más iniciativas positivas o 'prodesarrollo' arroja. Aunque cuatro de cada cinco iniciativas incumplidas son iniciativas en favor del desarrollo, según el informe de este año.

Falta de cumplimiento de las iniciativas de 2012

En el segundo año de realización del Informe Avizor, una de las prioridades se ha situado en la evaluación del cumplimiento de las iniciativas parlamentarias tomadas en el ámbito del desarrollo. Según este informe, tan solo el 24% de las iniciativas se han cumplido en su totalidad, mientras que el 32% solo se han cumplido parcialmente y el 43% no se han cumplido.

El informe también muestra que en un tercio de los casos no hay información que permita saber si la iniciativa se ha cumplido (especialmente en ministerios como Economía o Presidencia), en otros casos son propuestas tan genéricas que no permiten fiscalización y también se encuentran problemas de acceso a la información.

Los resultados del Informe muestran también problemas de transparencia del Congreso y de comunicación de la Cámara Baja con el Gobierno, incluso en el caso de iniciativas afectadas. “Hay casos en los que los propios ministerios que tienen que aprobar las medidas no se han enterado de que el Congreso ha aprobado esa proposición”, comenta Alba Gutiérrez, coordinadora del Proyecto Avizor. Uno de los objetivos futuros del proyecto es también aportar en el proceso de reforma del Reglamento del Congreso, para poder ayudar a que la actividad parlamentaria sea más transparente hacia los ciudadanos.

“La gran conclusión que sacamos el año pasado y se constata en éste es que el Congreso, aunque tuviera voluntad política para incorporar la perspectiva de lucha contra la pobreza en sus medidas, no está adaptado como institución para las cuestiones complejas a las que tiene que hacer frente. En temas de estructura, en temas como que la sociedad civil no pueda conocer qué ha votado cada partido en tema de comisiones, o la falta de seguimiento de cumplimiento de las iniciativas aprobadas en el Parlamento”, explica Javier Pérez, que aboga por un parlamento “más coherente, más transparente y más fácilmente fiscalizable”.

¿Qué pasó con eso… que aprobó el Congreso?

Para realizar una fiscalización pública y accesible, el Proyecto Avizor ha elaborado la herramienta web “¿Qué pasó con eso… que aprobó el Congreso?”, que permite a todos los usuarios fiscalizar las actuaciones de los diputados en materia de desarrollo gracias a una interfaz gráfica que mostrará información numérica y gráfica de las iniciativas, los temas, los diputados y los ministerios que tienen que ver con cada decisión.

“Este sistema incluye un gráfico gigante y dinámico en el que se puede filtrar la información, que se expone de forma cuantitativa y también gráfica. En él vas a poder saber qué se ha cumplido, qué no, si ha sido parcialmente, también se va a poder saber qué ministerio lo debe implementar y en qué temas se están cumpliendo más”, explica Alba Gutiérrez. La web también permite remitir más información sobre el cumplimiento de la iniciativa y enviar un mensaje al diputado que lo propuso o al ministerio responsable de la implementación de la práctica.

Resistirse a la complacencia en un país militarizado e insensibilizado con la ocupación por décadas del territorio que pertenece a otro pueblo. Esa es la decisión que, por caminos muy distintos, han escogido los jóvenes israelíes Sahar Vardi y Micha Kurz, activistas de Jerusalén, que describen la sociedad israelí como “militarizada” y reconocen cierta insensibilidad en sus compatriotas, que viven “en una burbuja” y toman el conflicto palestino-israelí más como un aspecto teórico que como algo “personal”.

“La sociedad israelí ha sido capaz de ‘despolitizarse’ a sí misma”, explica la activista respecto a la ocupación de territorios palestinos. “La gente puede estar de acuerdo o no, apoyarte o rebatirte, pero nunca es un gran problema, no tiene mucha trascendencia. No sentimos el conflicto como propio, en el lado israelí”, añade Sahar Vardi, activista de 24 años que estuvo encarcelada durante tres meses por haber objetado de hacer el servicio militar, obligatorio para los jóvenes que cumplen 18 años en el país hebreo.

Esa falta de preocupación por el conflicto en general y por las penalidades de la población palestina, que depende de los soldados israelíes que vigilan los puntos de control fronterizos o checkpoints para ir al colegio, al trabajo o al hospital, es una percepción compartida por el ex soldado israelí Micha Kurz, ahora activista propalestino en la organización Grassroots Al-Quds (Jerusalén de base, por el nombre árabe de la ciudad), un grupo de activismo de base que se dedica a fortalecer los lazos entre los distintos barrios de población palestina en la ciudad.

“Cuando terminé el servicio militar, creo que hubo dos cosas verdaderamente cruciales que yo quería que mi familia entendiera. Teníamos discusiones políticas, hablábamos de lo que pasaba, pero lo que era obvio para mí era que mi madre no tenía las claves para saber realmente lo qué estaba pasando realmente en Ramala, que está a 20 minutos en coche de donde crecí. O en Hebrón, que está a apenas una hora conduciendo de Jerusalén”, explica Kurz, cofundador además de la organización 'Breaking the silence' [Rompiendo el silencio], dedicada a recopilar testimonios de soldados israelíes que sirvieron en Cisjordania.

La vida desde un checkpoint

checkpointMicha Kurz entró en el ejército a los 18 años como parte del servicio militar obligatorio y con una clara vocación castrense. “Crecí en los scouts, que en Israel no tratan tanto de entrenar el liderazgo como de prepararte para el Ejército [...] Quería estar en una unidad de élite, ser piloto o soldado de combate”, rememora. Ingresó en 1999, durante la Segunda Intifada, y fue enviado a un checkpoint, donde con apenas 19 años pasó a controlar una población de 900 palestinos que tenían que pasar por su puesto de control para poder acudir al trabajo o a la escuela.

“Yo controlaba toda una población civil, una sociedad entera. Tenía que decidir si la gente podía ir al trabajo, si podía ir a comprar, si los niños iban a ir al colegio ese día”, dice Kurz, que recuerda cómo empezó a percatarse de que la realidad del ejército no era como él la había imaginado.

“El entrenamiento está basado en cómo seguir las órdenes, y no cuestionar lo que dice el sargento [...] Durante mi servicio en el Ejército estuve en Hebrón, en Ramala, y necesité mucho tiempo para entender lo que pasaba. Me di cuenta de que estábamos protegiendo no sólo las fronteras, sino también los asentamientos, y no sólo protegiendo a los colonos, sino permitiendo y apoyando su expansión”, explica Kurz. El entonces soldado ejerce hoy de activista junto a la población palestina de Jerusalén, la mayor área urbana del pueblo palestino, partida por el muro de separación levantado por Israel en 2002 y “capital futura de Palestina”, en palabras del joven israelí.

“Israel es una sociedad militarizada, comenzando por el servicio militar obligatorio, lo cual es una cosa básica. Pero incluso la forma en la que somos educados, la normalidad de ver pistolas en cualquier lugar en la calle. Es algo normal para nosotros, no las vemos, son transparentes. Si te fijas en la publicidad, la mejor forma de vender algo es poner un soldado en el anuncio”, ilustra Vardi, que desde muy pequeña tuvo una visión del conflicto completamente distinta a la de Micha Kurz, al haber visitado desde los 13 años los territorios ocupados y haber tenido relación con los palestinos.

“Descubrí una realidad muy diferente, en la que mis amigos eran ilegales en sus propias casas”

El caso de Vardi era particular en su contexto cercano en Jerusalén no sólo por haber conocido a palestinos desde adolescente –“Hablábamos sobre cosas normales, que odiábamos las matemáticas, pero también descubrí una realidad muy diferente, en la que mis amigos eran ilegales en sus propias casas, o nos llamaban para que fuéramos a recogerlos de la comisaría o de un checkpoint”, relata–, sino también por pensar distinto en una sociedad en la que se educa a los más jóvenes para permanecer a espaldas de la ocupación de un territorio.

“En el sistema educativo, la ocupación prácticamente no existe. La palabra ‘palestinos’ no existe. Son árabes, no palestinos”, dice Sahar Vardi, que cuando iba a cumplir los 18 años, edad del servicio militar obligatorio en Israel, decidió objetar públicamente junto a unos compañeros, y llegó a escribir al primer ministro por entonces, Ehud Olmert.

“Es bastante fácil no ir al ejército si sabes cómo. El recurso de enfermedad mental es la puerta de atrás para librarse del servicio militar, hay un 12% de la población israelí que lo hace cada año”, indica la activista israelí, que tuvo que sufrir tres meses de cárcel y dos de detención por haber decidido objetar públicamente.

Tomar esta decisión le ha acarreado consecuencias más de rechazo social que legales, aunque Vardi explica que recientemente se ha aprobado una ley que permite dar prioridad, ante prestaciones sociales como sanidad, empleo público o vivienda, a quienes hayan servido en el ejército y discrimina a aquellos que no hayan realizado la conscripción militar.

“Las consecuencias políticas y sociales están aumentando. Una de las leyes que se ha aprobado con este propósito es la llamada 'Ley de ONG', que pretende establecer más impuestos a las organizaciones no gubernamentales de tipo político. Entre ellas, hay un grupo de organizaciones que no van a tener ninguna financiación de entidades extranjeras, aquellas que apoyan la resistencia armada contra Israel, las que apoyan el boicot contra Israel, o las que apoyan la objeción al servicio militar”, especifica Sahar, que entiende estas legislaciones como una forma de amedrentar a aquellos que no quieran ir al ejército.

“El pacto se ha roto”

Micha Kurz expone también otra realidad –ya mostrada en 2011 con los movimientos de protesta que se produjeron en varias ciudades israelíes–: que el “pacto” que vinculaba a los israelíes con su ejército a cambio de beneficios estatales está “roto”. “El movimiento sionista se construyó como un sueño socialista de la nacionalidad judía. Mis padres se hicieron sionistas porque se les hizo una promesa. Se ofrecieron servicios públicos, vivienda pública, sanidad, trabajo, pensiones… Lo único que tenías que hacer era servir en el ejército y continuar en la reserva hasta los 45 años”, explica. Ahora, con servicios sociales privatizados y prestaciones disminuidas, la situación es distinta.

“En los checkpoints y en las fronteras no verás soldados de clase media, sólo de clases trabajadoras”, señala Vardi, que asegura que cada vez hay más jóvenes que dejan de hacer el servicio militar obligatorio por motivos económicos, muchos de ellos utilizando la vía de la enfermedad mental, pero otros rehusando de forma pública. “Ahora mismo hay dos objetores públicos en prisión y hay otro que se unirá a ellos el próximo mes”, precisa Vardi, que trabaja apoyando a los objetores y denunciando la militarización de su país.

Como activistas, Micha Kurz y Sahar Vardi son críticos con los procesos de negociación actuales, que ven más como “una representación”, pero no como algo que vaya a tener verdadero resultado. Sin embargo, Vardi sí confía en la importancia del boicot comercial a Israel, que se va extendiendo, y en su influencia futura para la solución del conflicto. “Lo dijo John Kerry [el secretario de Estado de EEEUU], si estas negociaciones fallan, el boicot a Israel va a crecer”.

“Si las negociaciones fallan, el boicot seguirá creciendo –insiste la joven activista–. La gente en el mundo está harta de esto, y está harta de financiar algo con lo que están en contra”.