Unidad del Pueblo Canario (UPC) será la papeleta única, la alternativa unitaria de las izquierdas canarias, nacionalistas y confederales, para las elecciones generales del 29 de noviembre. Respondiendo al clamor de la gente progresista en favor de la unidad. Afrontando un momento crucial de nuestra historia en el que el avance de las extremas derechas hace peligrar las libertades, los derechos sociales, el autogobierno y la propia democracia. Se trata de las elecciones estatales más trascendentales en décadas y estamos obligados a estar a la altura de unas circunstancias críticas para Canarias, el Estado español y los pueblos del mundo.

Presentaremos listas unitarias -que integran Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria y Movimiento Sumar Canarias- en las distintas circunscripciones de las Islas. Para conseguir representación en las Cortes. Para defender consecuentemente los intereses de esta tierra, de sus mujeres y hombres, de sus trabajadores y clases medias. De sus servicios públicos y de su territorio y medio ambiente. Otros pretenden continuar su trabajo a favor de minorías privilegiadas y colaborar con su voto en un posible gobierno PP-Vox; ya lo intentaron en 2023, lo volverán a hacer ahora.

Consideramos esencial, por supuesto, contribuir a frenar el acceso ultra al Ejecutivo estatal y sus graves consecuencias: recortes educativos y sanitarios, al igual que en las pensiones y en la dependencia; eliminación de derechos laborales; retroceso en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, así como en relación al colectivo LGTBI; negacionismo en la lucha contra la Crisis Climática; ataques al autogobierno y centralismo, potenciación de la xenofobia, del racismo y del belicismo… forjando una sociedad más insolidaria, desequilibrada e injusta.

Trabajadores y clases medias

Pero no basta con evitar que la extrema derecha imponga su reaccionaria agenda. Hay que ofrecer a la sociedad programas que supongan una esperanza de transformación realista, de cambios favorables en la vida de la gente, que disminuyan sus angustias por la estrechez de su salario y por ver como la vivienda se come el 50% o más de sus exiguos ingresos. 

Hablo de un programa social, medioambiental y de defensa del autogobierno. Ofreciendo respuestas a los problemas más sangrantes que sufren trabajadores y clases medias. Entre ellos, la vivienda, que viene movilizando en el periodo reciente a miles de personas. Posibilitando el acceso en condiciones dignas y con costes razonables. Impidiendo que el pago del alquiler sea, como lo es hoy, un factor de empobrecimiento. Evitando que personas vulnerables sean expulsadas de sus viviendas y queden sin una alternativa habitacional. Actuando contundentemente ante la especulación.

Insistiendo, también, en el aumento de los salarios, asunto en el que Canarias se sitúa a la cola del Estado a pesar del constante crecimiento de su economía. Continuando el alza progresiva del SMI y trabajando para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Asegurando el presente y el futuro de las pensiones que la ultraderecha ya anuncia que privatizará. Defendiendo los derechos laborales que estarán en grave riesgo con un Gobierno PP-Vox.

Renovando los compromisos con la plena igualdad de las mujeres en todos los espacios de la sociedad. Ni un paso atrás en lo alcanzado en las leyes y en la vida cotidiana. Así como reafirmando lo avanzado en los derechos LGTBI. Machismo y homofobia son señas de identidad de la derecha que viene. Ya lo muestran en las comunidades que gobiernan.

Más derechos y mejor autogobierno

Implicados en los servicios públicos, frente a los intentos de infrafinanciarlos y degradarlos. La educación, la sanidad y las políticas de cuidados a las personas deben constituir un eje imprescindible de una sociedad que responda a las necesidades de las personas y no a planteamientos mercantilistas. Personas que pueden y deben desarrollar sus vidas en sus barrios y pueblos sin ser expulsados por un desarrollismo insensato que ocupa territorio, dificulta el acceso a la vivienda, colapsa las carreteras, acaba con el comercio tradicional, contamina y consume recursos energéticos e hídricos. Protegidas, también, frente a los desastres que origina la Crisis Climática.

Fortaleciendo el autogobierno, nuestra capacidad de decidir democráticamente sobre nuestro presente y futuro. Sin victimismos y con políticas centradas en el interés general, no el de poderosas minorías. 

Siendo conscientes de que las cosas no se cambian de manera inmediata. Que queda mucho por hacer para alcanzar esa sociedad puesta al servicio de los seres humanos, no de las cosas. Actuando frente a un tsunami ultra que nos lleva a un mundo peor, más injusto, más insolidario, más violento, más inseguro, que responde a los intereses de unos pocos y que augura enormes sufrimientos, como ya sucedió cuando las ultraderechas llegaron al poder en la primera mitad del siglo XX. 

Por eso, no caben ombliguismos estériles ni divisiones que solo benefician a las derechas. Solo unidos, con programas claros y alcanzables se puede frenar al fascismo y consolidar una democracia avanzada con un fuerte estado social descentralizado. El 29N es, para ello, una cita clave.

El fin de la legislatura estatal con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre ha tenido una protagonista indiscutible: la vivienda. Con importantes movilizaciones sociales que se vieron estimuladas por casos muy dolorosos, como el de Maricarmen, y, asimismo, por el rechazo de las derechas PP, Vox y Junts, a la aprobación de decretos que suponían aplicar medidas paliativas de carácter urgente ante los desahucios y la creciente crisis habitacional. En medio de la trifulca política se abrió paso el debate sobre un tema esencial para la vida de las personas.

Frente a la realidad sangrante de la gente que no puede acceder a una vivienda o que, si lo consigue, se deja en su pago el 50% o más de su exiguo salario, convirtiéndose en un factor claro de empobrecimiento, las instituciones han fallado. Con distintas responsabilidades. El Estado tiene capacidad para intervenir en el mercado, frenar la especulación, incentivar el alquiler asequible, pero son las comunidades las que tienen que buscar suelo, promover vivienda pública, gestionar bolsas de vivienda vacía; y las del PP-Vox lo han boicoteado.

También CC y su Gobierno

También ha incumplido la ley de vivienda Coalición Canaria, que desde su Gobierno nada ha hecho en la comunidad donde más crecen los precios de las viviendas; y que votó en el Congreso en contra del segundo decreto. El Gobierno canario diagnostica mal al limitar el problema a un asunto administrativo. La crisis habitacional requiere actuar sobre la oferta pública, el alquiler asequible y la regulación del mercado, no solo sobre la tramitación urbanística.

Eso sí, las derechas canarias han favorecido la especulación con la modificación del REF para aplicar la RIC en la construcción de viviendas para alquiler sin límite de renta; o aprobado un decreto ley canario que favorece la edificación de viviendas por encima de los 250.000 euros, inaccesibles para jóvenes y trabajadores y trabajadoras.

Por el contrario, frenan la declaración de zonas tensionadas, como sucede con Las Palmas de Gran Canaria. Y no hacen nada para limitar los precios del alquiler, movilizar viviendas vacías, coordinar a todas las administraciones públicas para construir vivienda protegida o incrementar de forma significativa el parque público.

Hay que actuar en vivienda reclamando que en la Constitución sea considerada un derecho subjetivo. Incrementando de forma sostenida el parque público de alquiler. Invirtiendo anualmente un porcentaje estable del PIB canario en vivienda. Declarando zonas tensionadas donde concurran los requisitos legales. Movilizando la vivienda vacía hacia el alquiler residencial. Garantizando una protección duradera de la vivienda asequible. Coordinando a Gobierno, cabildos, ayuntamientos y empresas públicas para construir vivienda.

Lejos del insoportable ruido que ha venido marcando la política estatal resulta muy positivo que se hable de lo que realmente afecta a la vida de la gente. De la vivienda. De condiciones laborales y salarios. De pensiones. De sanidad, educación o políticas de cuidados. De los efectos de la Crisis Climática en la salud y en la seguridad. Esos son algunos de los asuntos a debate en esta etapa electoral, ofreciendo soluciones viables que fortalezcan el estado social y mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas.

Ola solidaria, huelga general

Al final, ha tenido que ser un caso particular, pero no único, el desahucio de una mujer de 87 años, el apoyo social que suscitó y su fallecimiento en un hospital pocos días después, el que ha desatado una enorme ola de solidaridad ciudadana (y una paralela ola, no menor, de insultos, bulos y odio por buena parte de las derechas mediáticas y partidistas) y ha vuelto a poner la vivienda en primer plano de la agenda social y política. En el que siempre debió estar. 

Un aldabonazo social y político con mucha gente manifestándose en las calles, con una gran presencia de jóvenes, exigiendo el fin de la actual e injusta situación y planteando propuestas para superarla. Y que tiene su continuidad en la huelga general convocada para el 11 de noviembre y las movilizaciones que le acompañarán. Que sirven para generar conciencia y para exigir a las instituciones transformaciones profundas para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Cambios que se antojan imposibles si gobiernan PP y Vox, como de momento apuntan las encuestas.  

Nueva Canarias-Bloque Canarista apoya esa huelga en consonancia con su permanente defensa de cambios legislativos que faciliten el acceso a una vivienda digna en condiciones razonables, combatiendo la especulación. Antes de las actuales movilizaciones elaboramos una Proposición de Ley Canaria de Garantía del Derecho a la Vivienda Protegida y Asequible, que hemos presentado en el Parlamento. Considerando que la vivienda tiene que ser un derecho efectivo, no un privilegio para quien puede pagar los precios del mercado. Convencidos, además, de que desde el autogobierno se pueden y deben cambiar las cosas, disponiendo Canarias de las competencias en esta materia y de instrumentos y recursos para afrontarla si hay auténtica voluntad política y defensa del interés general. De la que por completo ha carecido el Gobierno CC-PP.

En el periodo próximo nos enfrentamos a un trascendente ciclo político, con elecciones autonómicas y locales en mayo y comicios generales aún sin fecha, aunque puede precipitarse su convocatoria. No solo están en juego cambios al frente de las instituciones. También la consolidación o no de un periodo político profundamente reaccionario, como sucede en numerosas partes del mundo. En el caso del Estado español, con las elevadas opciones de que la ultraderecha se sitúe al frente del Gobierno junto al PP (como ya ocurre en numerosas comunidades y ayuntamientos), con la consiguiente pérdida de derechos y libertades, con el debilitamiento del estado social en todos sus ámbitos.

Atentos a lo que pasa en el mundo, vimos una brizna de esperanza en las recientes elecciones suecas, donde se frenó el avance ultra, y especialmente en el triunfo de Die Linke (La Izquierda) en la ciudad-estado de Berlín. Este domingo estaremos muy atentos a Brasil, confiando en que Lula, una de las figuras progresistas mundiales, frene a la ultraderecha de Bolsonaro, un hecho determinante para América Latina y para el conjunto de fuerzas democráticas y de izquierdas en el planeta. Y, asimismo, tenemos la preocupación puesta en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos de noviembre. Los sondeos muestran hasta ahora un importante retroceso del trumpismo, que supondría un debilitamiento del tsunami ultra a nivel global. 

Las izquierdas canarias y estatales

Las elecciones generales llegan en un momento muy difícil para el espacio progresista. Por algunos graves casos de corrupción vinculados al PSOE, por la falta de unidad de la izquierda confederal y por las dificultades para resolver algunos de los principales problemas que afectan a la gente, especialmente el de la vivienda; dificultades ampliadas por la heterogeneidad del bloque de investidura y el papel de bloqueo a iniciativas que en varias ocasiones ha jugado Junts, como se ha repetido de forma dramática estos días. En el Estado español se han producido masivas movilizaciones, mientras decretos que suponían un avance han sido tumbados por las derechas.

No es casualidad que Die Linke en Berlín o el alcalde Mandani en Nueva York sitúen a la vivienda entre sus prioridades; influyendo sus programas para ofrecer soluciones en este ámbito en el amplio apoyo social recibido en las urnas. El primer ministro británico, Andy Burnham, también sitúa a la vivienda como prioridad de su gobierno.

Las izquierdas también padecen las consecuencias de un efectivo acoso de los sectores más ultraconservadoras de la sociedad, que parecen haber seguido al pie de la letra el llamamiento de Aznar (“el que pueda hacer, que haga”). Así como por unos vientos internacionales que soplan a favor de la ultraderecha con el aliento de Trump y de los multimillonarios que le apoyan, con una significativa influencia en las redes sociales y en los medios de comunicación. 

Afrontar la actual situación requiere desarrollar una amplia movilización social -como muestra el caso de la vivienda- y, asimismo, alcanzar una máxima unidad en los procesos electorales venideros. En el caso de las generales, forjando procesos unitarios entre las formaciones a la izquierda del PSOE desde una visión plurinacional del Estado y teniendo en cuenta las realidades y especificidades de las diferentes nacionalidades y regiones. intentando atraer, también, a las personas descontentas con los socialistas. Combinando inteligentemente las reivindicaciones sociales -vivienda, salarios, pensiones, servicios públicos…- y frente al desarrollismo (y sus efectos medioambientales y sociales), con la defensa consecuente del autogobierno.  

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) estamos empeñados en contribuir para que las fuerzas políticas confederales y el nacionalismo canario de izquierdas generen un marco de confluencia para competir con garantías en las elecciones generales. Juntos en una sola papeleta. Convencidos de que esa unidad en Canarias permitirá lograr representación en el Congreso, al tiempo que restar espacio a las tres derechas (PP, Vox y CC y sus satélites) que, con toda seguridad darían la investidura a Feijóo, como ya lo intentaron, sin éxito, en 2023. Y, de celebrarse antes de mayo, esa unidad puede constituir un elemento aglutinador y dinamizador para las autonómicas y locales.

Vivienda, servicios públicos y autogobierno

Las formaciones del espacio progresista estatal y canario debemos centrar nuestro esfuerzo en elementos prioritarios para la vida de la gente en las Islas. Desde el acceso a la vivienda al fortalecimiento de los servicios públicos y de las políticas de cuidados. Desde hacer frente al desarrollismo turístico (defendiendo una moratoria y límites al crecimiento, así como una tasa a quienes nos visitan) a alcanzar una más justa distribución de la riqueza en una de las comunidades con mayor desigualdad y peores salarios. Además del impulso al autogobierno y a la identidad nacional canaria.

Sin movilización, unidad y programas claros, transformadores y realizables, que impacten en la superación de nuestros numerosos déficits y atrasos, no será posible hacer frente a la ola ultra ni generar condiciones para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de quienes viven en Canarias. 

Ante dos temas trascendentes para nuestra Comunidad -la quita de la mitad de la deuda y el nuevo Sistema de Financiación Autonómico- el Gobierno canario y los partidos que lo sustentan, CC y PP, actúan desde la incoherencia, la demagogia y el trapicheo. Al pasar del Cataluña nos roba y los canarios salimos perdiendo a considerarlos beneficiosos y, de paso, atribuirse su logro.

Ocurre con la deuda. Con reclamaciones maximalistas dirigidas a reventar la negociación. Así, en enero de 2024, la Consejería de Hacienda en la propuesta que entregó a los portavoces parlamentarios solicitaba 10.953,9 millones de euros, es decir condonar la totalidad de los 6.274 millones de deuda que la CAC tenía en ese momento y, además, que el Gobierno español nos “regalara” 4.679 millones. Posteriormente, en septiembre de 2025, lo rebajó a “solo” 4.968 millones, el 76,2% de la deuda, frente al 50% propuesto por el ministerio.

Nueva Canarias mantuvo la misma posición que propuso en una PNL que se aprobó en el Parlamento el 28 de febrero de 2024. Solicitando una quita “por población ajustada”, que consideramos más equitativa. Esto suponía unos 4.385 millones, en lugar de los 3.259 del proyecto de ley. Sin explicación ni autocrítica alguna CC y el Gobierno canario modificaron por completo su criterio y CC, pero no el PP, apoyó en el Congreso la tramitación del proyecto de ley que condona a Canarias el 50% de su deuda (3.259 millones). Por tanto, no sabemos cuál es la opinión del Gobierno canario, sí la de CC y Clavijo, que apoyó la toma en consideración de la ley, o la del PP de Feijóo, que la rechazó, porque el vicepresidente Domínguez (PP), ni está ni se le espera.

Financiación autonómica

El Gobierno de Clavijo también rechazó el nuevo Sistema de Financiación Autonómica. Argumentando, sin datos, que beneficiaba solo a Cataluña y su presunto maltrato a Canarias. Denunciando que el REF no estaba fuera del SFA, lo que era falso. Todo vale para montar un rifirrafe político. El nuevo modelo supone importantes mejoras para Canarias. En primer lugar, al aumentar el importe de lo que ahora es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Un incremento por el mayor porcentaje de aportación de las CCAA de régimen común por IRPF y por IVA. Canarias no aporta nada del IVA, y el resto aporta ahora aún más por este impuesto, un 56,5% frente al 50% actual. Sin embargo, Canarias participa de forma similar en la distribución por “población ajustada” de ese fondo mayor, saliendo claramente beneficiada.

No todo es positivo. Considero un retroceso que en la distribución de los recursos por “población ajustada” la insularidad pierda una décima (del 0,6% al 0,5%). Tampoco comparto la distribución que se hace del nuevo fondo climático de 1.100 millones de euros. O que no tenga en cuenta, como NC defiende, el nivel de pobreza o de renta, que inciden en la demanda de los servicios públicos fundamentales. Pero con el nuevo modelo, Canarias obtiene 611 millones más que con el actual. Se trata, sin duda, de un avance.

Por cierto, se confirma que los recursos del REF quedan fuera del sistema de financiación. Una separación ya garantizada por el Estatuto y por la Ley del REF (ambos de 2018), así como por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de financiación de las CCAA y por la Disposición adicional segunda de la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común, después de que en la Ley de PGE de 2017 (Disposición Final 19) se eliminara de esta Disposición adicional segunda que para acceder al Fondo de competitividad contabilizaban los recursos del REF y los impuestos propios. No hay, por tanto, conquista alguna en ese aspecto.

Sí hay que resaltar que por primera vez en un texto legal que regula el SFA se reconoce que Canarias está infrafinanciada y se propone compensarla con unos 500 millones para llegar a la media de financiación en el nuevo tramo del FCI creado para las comunidades infrafinanciadas. Con el nuevo modelo, según el ministerio y los expertos, Canarias recibe 611 millones más, situándose en el 95% de los recursos de la media por población ajustada (porque no se contabilizaban los recursos del REF en el SFA). Con los 500 millones del nuevo FCI, Canarias dispondrá de 1.111 millones más con la nueva propuesta del ministerio. A los que se añadirían otros 200 (aunque no hay ningún documento oficial del Gobierno canario sobre este tema) tras el acuerdo de Canarias con el ministro de Hacienda.

Como ocurrió con la ley de extranjería, el PP dice una cosa aquí y hace otra en Madrid. Su consejera de Hacienda irresponsablemente no asiste a las reuniones sobre estos asuntos y sus representantes por las Islas votarán en contra en el Congreso. Con la connivencia de Clavijo, solo preocupado por sostenerse en el poder. 

Para que salgan adelante quita y financiación se precisan mayorías en las Cortes muy difíciles de alcanzar. Fundamentalmente, por el rechazo frontal del PP a cualquier acuerdo con el Gobierno. Aunque esto suponga graves perjuicios para las comunidades, entre ellas Canarias. En su hoja de ruta solo figura desgastar a Sánchez y su Ejecutivo. Los servicios públicos y el bienestar ciudadano les importa muy poco.

A finales de los años noventa del pasado siglo se extendió en el Archipiélago una amplia sensibilidad sobre el crecimiento turístico y sus consecuencias, junto a una elevada preocupación en torno a la protección del territorio y del medio natural. Tenía, entre otros precedentes, movilización social para salvar El Rincón (Tenerife) y Veneguera (Gran Canaria). También significativas manifestaciones en islas como Lanzarote reclamando la contención del modelo turístico. Y una de las propuestas centrales de aquel amplio movimiento social era el establecimiento de una moratoria en el crecimiento de nuevas plazas alojativas. En consecuencia, el Gobierno que presidí (1999/2003) tomó decisiones trascendentales en la apuesta por un desarrollo sostenible en las Islas y, en la definición de un modelo turístico contenido y con futuro.

Éramos plenamente conscientes de que para tomar decisiones sólidas y fundamentadas que tuvieran impacto real era preciso primero paralizar la concesión de licencias y los procesos urbanizadores para poder planificar; y abrir un periodo de amplia reflexión colectiva, con participación de universidades, ayuntamientos y cabildos, empresarios, sindicatos, colegios profesionales o colectivos ecologistas; así se hizo. Por eso, en primer lugar, aprobamos la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo en Canarias, que posibilitó extinguir la eficacia de los planes parciales que no cumplieron con los deberes urbanísticos y dio cobertura a desclasificar cerca de 300.000 camas sin coste alguno para el erario, entre ellas las 20.000 de Veneguera. Y que fue esencial para salvar este enclave de Gran Canaria de los proyectos de construcción planteados, situación que fue luego completada con la Ley 6/2003, de 6 de marzo, que declaró el barranco de Veneguera como espacio natural protegido.

Posteriormente, en abril de 2003, se aprobarían la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, por unanimidad del Parlamento. Entre sus objetivos se encuentra la necesidad de afrontar la cualificación desde la renovación de la planta alojativa y la modernización de las ciudades turísticas sin ocupar más territorio y privilegiando la calidad a la cantidad. Apostando por la diversificación de la oferta. Asimismo, la ley de las directrices incluía limitaciones cuantitativas al crecimiento alojativo y establecía criterios de calidad para ese crecimiento.

Cero euros en indemnizaciones a la moratoria 2001-2003

Esas normas fueron objeto de 14 reclamaciones judiciales. Tras los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS), todas las sentencias definitivas dieron la razón al Gobierno canario de entonces. De los 866,6 millones de euros reclamados, se indemnizó exactamente con cero euros. Por tanto, Clavijo y sus voceros mienten cuando tratan de asociar sentencias condenatorias a la moratoria 2001-2003. No las hubo. Defendimos el interés general y, legítimamente, particulares que se consideraron afectados recurrieron a los tribunales. Pero ganamos todas las sentencias.

Por tanto, la falsedad de Clavijo es desmentida por las 14 sentencias ganadas en el TSJC y el TS y por los propios documentos oficiales del Gobierno de Canarias. Así ocurre en la Adenda a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2025, firmada el 17 de julio de 2026. En ella se señala la previsión del pago por “sentencias relativas a la moratoria de construcción que estaban pendientes de reclasificación de suelo y fijación de indemnización, respecto al artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo”. Como ven, nada que ver con la moratoria de 2001 y 2003.

Igualmente sucede con la respuesta oficial de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, fechada el 28 de abril de 2025, a la solicitud de nuestra diputada Esther González en torno a la responsabilidad patrimonial devenida por la aplicación de la Ley 6/2001 y de la Ley 19/2003, así como de la Ley 6/2009. Es tan clara como tajante: “En cuanto a las indemnizaciones que se refieren a las dos primeras leyes (Ley 6/2001 y Ley 19/2003), todas las sentencias fueron desestimatorias por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad Patrimonial”. Señalando, por otra parte, que el Gobierno “trabajaba ”en la ejecución de las sentencias respecto “al 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo”. Ley que generó efectos indemnizatorios, no las otras.

500 millones por la moratoria de 2009

Por tanto, las “indemnizaciones”, que por lo que sabemos ya se han pagado, se deben al incumplimiento del artículo 17.1 de la precitada ley 6/2009, aprobada por los grupos parlamentarios de CC y PP en solitario. Desconocemos las razones por las que ese gobierno no contestó las solicitudes de algunos promotores inmobiliarios que se acogieron a ese artículo 17.1, inacción de la administración que da origen a sentencias favorables a estos en los tribunales

A partir de estas sentencias, el Gobierno ha llegado a una serie de Acuerdos extrajudiciales con 8 promotores dueños de las parcelas para pagarles una cantidad enorme de dinero, que puede estar en torno a los 500 millones de euros, aunque no lo sabemos con certeza, pues todo este proceso se ha realizado con total opacidad para la opinión pública.

Hay que recordar que las sentencias no plantean el importe de las indemnizaciones sino el cumplimiento del citado artículo 17.1 de desclasificación de las parcelas a rústico y negociar en su caso la indemnización a los promotores o, en su caso, optar la administración autonómica por la expropiación de dichas parcelas. La Adenda a la Cuenta General del ejercicio 2025 lo deja claro: “Las sentencias no condenaban a pagar, pero si a la aplicación del artículo 17.1, de cuya materialización se derivaría la correspondiente indemnización”.

Sin embargo, y con la información que hasta ahora tenemos, los Acuerdos extrajudiciales firmados por el Gobierno de Clavijo no parece que hayan defendido el interés general de la comunidad autónoma, sino que ha aceptado las peticiones de los promotores reclamantes.

Se puede calificar de “negocio redondo” para estos. Si un Acuerdo extrajudicial es una negociación entre los intereses de dos partes, el triunfo de los particulares es por goleada: se llevan en torno a 500 millones de dinero público, se quedan con las parcelas, que no son desclasificadas, y, asimismo, mantienen los derechos edificatorios de esos suelos. El problema, muy relevante, es que quien lo paga no son los miembros del Gobierno ni su presidente, es el conjunto de la sociedad canaria. Es a nuestra gente a la que se le van a detraer 500 millones de euros de las cuentas públicas de este año 2026 que bien vendrían para atender la sanidad, la educación o la dependencia, por solo hablar de estos servicios públicos fundamentales. Estos acuerdos no se pagan “con la pólvora del rey” sino con el dinero de todas y todos los canarios.

Y, además, el Gobierno lo ha hecho con un total oscurantismo y falta de transparencia y pretende darlo por cerrado. Desconocemos quién negoció, qué informes técnicos se utilizaron, qué cantidades reclamaba cada particular, qué valoraciones hizo la Administración y por qué se alcanzaron finalmente los acuerdos anunciados. Toda esta información ya la ha pedido el grupo parlamentario de Nueva Canarias y en cuanto la tengamos, si nos la dan, la haremos llegar a la opinión pública.

El presidente Clavijo falta a la verdad cuando dice que esta era la única solución posible a esas sentencias. Ya habrá tiempo de hablar de esto cuando tengamos toda la información. Además, en contra de todas las evidencias y testimonios de fuentes oficiales, sigue intentando achacar la responsabilidad de estas indemnizaciones a las leyes de moratoria de los años 2001 y 2003, no reconociendo que fue la ley 6/2009 la causante de este quebranto patrimonial para Canarias.

Nuevas limitaciones al crecimiento

Y, sobre todo, trata de trasladar a la opinión pública la idea de que no es posible moderar el crecimiento turístico, porque eso genera indemnizaciones y cuesta dinero. Aunque la historia demuestra lo contrario: las moratorias de 2001 y 2003 desclasificaron cientos de miles de camas (entre ellas las de Veneguera) y establecieron límites al crecimiento en los años siguientes sin que supusieran perjuicio alguno para las arcas públicas. 

Ahora, casi treinta años después, vuelve a haber un movimiento social amplio favorable a establecer límites al crecimiento turístico y de atenuar las consecuencias negativas del modelo: dificultades crecientes en el acceso a la vivienda, colapsos de tráfico, problemas de saneamiento, mayor consumo eléctrico y de agua, afectación negativa en el comercio tradicional y en la vida cotidiana de los barrios… Con una opinión pública cada vez más crítica con sus ‘efectos colaterales’.

Y, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, seguimos defendiendo que la respuesta está en una imprescindible modulación del crecimiento turístico, estableciendo una moratoria; así como impulsando otras medidas, como la implantación de una tasa turística a quienes nos visitan, como existe cada vez en más destinos en el mundo. Pero este Gobierno circula por otro lado: niega la tasa y apoya nuevos macroproyectos y un crecimiento de visitantes sin límite. Poniendo en peligro el territorio, el medio natural y la convivencia. Las arcas públicas. Y el propio futuro del turismo.

Lo sucedido a finales de julio en Ceuta tiene diversas lecturas. La de la dura realidad de los movimientos migratorios que se producen, y se seguirán produciendo en el futuro, en distintas partes del mundo. La de la crisis humanitaria, con más de 150 fallecidos, de los que nadie habla; y, tras el regreso a Marruecos de casi 70.000 personas, las enormes dificultades para atender adecuadamente a casi diez mil, de ellos más de cuatro mil menores. La de la convivencia en la ciudad autónoma y las fuertes tensiones sociales que viven sus habitantes. Las del expansionismo marroquí y los intereses geopolíticos internacionales en esta zona del mundo. La de los errores y contradicciones del Gobierno español ante una situación de una gran complejidad. La del irresponsable oportunismo, trufado de racismo e insolidaridad, de las derechas conservadoras y ultras, estas últimas las más beneficiadas electoralmente del conflicto. Y, asimismo, la de la falta de unidad y liderazgo por parte de la Unión Europea. 

La primera dimensión es la situación que vive Ceuta y sus habitantes, en una crisis de convivencia; y, asimismo, la de miles de personas inmigrantes que se encuentran mal atendidas. Hay que entender el impacto que supone la súbita entrada de 80.000 personas en una ciudad de apenas 19 km2 (por dimensionar, casi 15 veces más pequeña que la isla de El Hierro) y 83.000 habitantes, en la que conviven cristianos y musulmanes (en torno al 42%), entre otras religiones. Y, en estos momentos, la permanencia de casi 10.000, muchos de ellos sin techo y sin recursos; sin olvidar que, aunque se dispusiera de centros para acogerlos, estos, sean los de adultos o los de menores, no son cárceles.

Cierto es que la actitud de dirigentes de algunas formaciones políticas, especialmente, pero no solo, de la extrema derecha, voceros en las radicalizadas redes sociales y, también, determinados medios de comunicación, ha contribuido a alimentar la crispación, a potenciar el alarmismo. Ninguno busca bajar la tensión. Ni ofrecer soluciones razonables y humanitarias al conflicto. Ni informar objetivamente. Todo lo contrario. Se trata de echar más leña al fuego y aprovecharlo para fustigar al Gobierno central, aunque el asunto sea extremadamente delicado y cualquier chispa pudiera terminar generando consecuencias irreversibles.

La algarabía de Feijóo y Abascal ante el desgaste que esta crisis supone para el Gobierno de Sánchez es cortoplacismo oportunista y no precisamente una muestra de capacidad de análisis y brillantez política. El problema de Ceuta (y de las relaciones con Marruecos) va mucho más allá de los aciertos y errores del actual Ejecutivo y les tocará gestionarlo si algún día llegan a gobernar.

Derivaciones a comunidades, la solución

Por la experiencia acumulada en Canarias y en otras zonas del mundo (como Lesbos o Lampedusa) respecto a los fenómenos migratorios se puede constatar que la forma de atemperar esta crisis es proceder a derivaciones. Como sucedió en Arguineguín y en el periodo reciente: de los 101.000 migrantes que alcanzaron las costas canarias entre 2023 y junio de este año 2026, solo permanece en las islas el 5%, algo más de 5.000, de los que 2.400 son menores no acompañados. Por lo tanto, más de 95.000 ya no se encuentran en nuestra comunidad. Una política adecuada, las derivaciones, que se puede quebrar con la ultraderecha en el poder, vistas sus actuaciones en las comunidades autónomas y el seguimiento que el PP hace de estas. 

Las comunidades fronterizas no pueden gestionar en solitario crisis de semejantes dimensiones que, sin duda, volverán a repetirse. Como en el caso canario, la ciudad autónoma de Ceuta no se encuentra en condiciones de abordar por sí sola la gestión de la actuación humanitaria con esas diez mil personas. Por lo que debería procederse a su reparto entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta su peso económico y demográfico.

Una decisión que debía ejecutarse ya en el caso de los menores no acompañados, tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). Pero también en el de los adultos, cuyas distintas circunstancias podrían ser analizadas en otros territorios antes de tomar decisiones sobre su permanencia o no en el Estado español. Ahí es donde las comunidades, la mayoría dirigidas por el PP, solo o en alianza con Vox, pueden expresar abiertamente su responsabilidad, su visión de estado y su solidaridad con Ceuta, no con proclamas incendiarias, palabrería y patriotismo de banderita. Patético resulta, además, que muchos de los que se dieron golpes de pecho en la reciente visita del Papa, que aplaudieron su discurso sobre el imprescindible trato humanitario a los migrantes, se desmarquen por completo y muestren los máximos niveles de insolidaridad.  

Las difíciles relaciones con Marruecos

La otra dimensión muy relevante es de carácter geopolítico: las relaciones con Marruecos y su papel en esta zona del mundo. Estamos hablando de un estado con un régimen político autoritario en el que la Monarquía dispone de un poder casi absoluto. Por lo que cuesta creer que allí suceda algo sin que lo controlen y promuevan o, al menos, lo autoricen y toleren. Tiene, además, una vocación. expansionista, como se observa en el caso del Sahara; y su voracidad no se sacia pese al respaldo de Sánchez o Clavijo a sus tesis autonomistas en la antigua colonia española, intentando culminar el trabajo -la invasión y ocupación- iniciado por la marcha verde en 1975.

Su expansionismo no queda limitado al Sahara e incluye zonas de Argelia y Mauritania, así como Ceuta y Melilla, como han afirmado algunos ministros del Gobierno marroquí. ¿Y Canarias? Por ahora sus reclamaciones se ‘limitan’ a las aguas, el espacio aéreo o el dominio sobre las riquezas minerales que hay en el subsuelo marino que poseen grandes cantidades de las denominadas llamadas tierras raras (minerales como el telurio, cobalto o níquel) muy codiciadas en la industria tecnológica.

Esta actitud expansionista dificulta las relaciones entre Marruecos y el Estado español y la propia Unión Europea. Más aún cuando se ve apoyada por

Israel y Estados Unidos, muy interesados en la posición geoestratégica de Marruecos y no menos en el debilitamiento de la UE, uno de los objetivos de las políticas de Trump. Un apoyo que envalentona aún más al régimen de Mohamed VI.

Prudencia, firmeza y unidad

En el caso que nos ocupa ha sido el PSOE el que, contra viento y marea, ha defendido casi en solitario la no implicación directa de Marruecos en la entrada masiva de finales de julio en Ceuta. Lo que algunos atribuyen a una muestra de prudencia en las siempre complicadas relaciones con Marruecos y la intención de evitar males mayores a corto plazo. Aunque la prudencia siempre es conveniente en cualquier ámbito, también en las relaciones internacionales, la firmeza no lo es menos.

Convendría que el PSOE rectificara y actuara con firmeza, exigiendo a Marruecos que cumpla con la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas en el caso del Sahara y no dando alas al conjunto de sus ansias expansionistas en la región. Se ha demostrado suficientemente que la aceptación de los distintos chantajes marroquíes se convierte en parches coyunturales que no frenan en absluto sus aspiraciones. Viéndose favorecida, como ocurre respecto a Ceuta, por la división política en España y en la Unión Europea. Resulta imprescindible superar la actual debilidad y desunión. Actuando con firmeza y unidad, como hizo la sociedad canaria y su Parlamento exigiendo reiteradamente las derivaciones. 

El nuevo curso político dará sus primeros pasos en septiembre, tras este verano marcado en el ámbito estatal, de momento, por las consecuencias de la crisis climática en los devastadores incendios forestales y la grave actuación de Marruecos en Ceuta, en medio de la dividida y débil respuesta española y europea. Lo hará con la intensidad propia de un periodo marcado por las elecciones generales, aún sin fecha, y los comicios locales y autonómicos que se celebrarán a finales de mayo de 2027. Un momento especialmente delicado en el que no se juega solo quiénes dirigirán las distintas instituciones, sino también qué pasará con elementos esenciales del estado social, con las libertades y los derechos cívicos y, en definitiva, con los valores democráticos. Nos encontramos en un ciclo de enorme derechización, en el que las derechas tradicionales, del PP a Junts pasando por CC, van asumiendo los postulados y políticas que inicialmente eran patrimonio exclusivo de la extrema derecha.

Los sondeos repiten un panorama en el que podrían gobernar con una cómoda mayoría absoluta PP y Vox, en un ejecutivo que contaría con toda seguridad con el apoyo de los regionalistas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). Sería el Gobierno más radicalmente de derechas de todo el periodo democrático iniciado tras el final de la dictadura franquista. Un gobierno en el que, como estamos viendo en varias comunidades autónomas, la ultraderecha impondrá al PP su agenda reaccionaria respecto al cambio climático, la violencia contra las mujeres o las personas migrantes, en este último caso colocando en primer plano el lepeniano lema de la ‘prioridad nacional’, que muestra con crudeza su racismo y xenofobia. Sin olvidar su obsesión por realizar profundos recortes sociales y en los servicios públicos.

Derechos cívicos, pensiones y servicios públicos

Es evidente que la ultraderecha arrastra a su terreno a las otras derechas poniendo en grave riesgo, entre otros asuntos, los derechos cívicos y libertades alcanzados en esta etapa democrática. La derogación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la Ley Integral de Violencia de Género o de las leyes LGTBI se encuentran entre las propuestas ultras. También otras que afectan a la libertad de expresión.

Además, desde posiciones iliberales pretenden reducir el papel del Estado en la sociedad y proceder a la desregulación del mercado laboral, a la congelación del salario mínimo y a la eliminación de las prestaciones a los más vulnerables, mientras se apoya a los monopolios, se bajan impuestos a los ultrarricos y se facilitan las privatizaciones. La reducción de las pensiones de jubilación también forma parte de su agenda.

Defienden, igualmente, un estado más pequeño y con menos poder de actuación que se refleja en la reducción de recursos para la educación y la sanidad pública; y una política de vivienda favorecedora de los grandes inversores y restringiendo el papel de la vivienda pública.

Centralismo y predominio de la internacional reaccionaria

Por otra parte, el centralismo es otra de las señas de identidad del conservadurismo extremo, poniendo en cuestión al estado de las autonomías y apostando por la recentralización de competencias. Y, asimismo, la subordinación a la política internacional más reaccionaria, la que representan Trump o Netanyahu, en materia de seguridad, de derechos humanos o en la forma de abordar el fenómeno migratorio. Con su absoluto desprecio al derecho internacional, la liquidación de Naciones Unidas y el fomento del armamentismo y las guerras.

Los pequeños y grandes avances sociales se encuentran en serio riesgo. Se observa en el Estados Unidos trumpista en el que la democracia se tambalea ante los ataques autoritarios que la cuestionan. Pero también en otros muchos lugares donde la ultraderecha viene aplicando sus políticas más conservadoras e iliberales. Que mezclan desprecio al planeta -negación del cambio climático, nulo interés en las energías renovables y en la protección del territorio y de medio ambiente- con la programada destrucción de las políticas sociales que posibilitan avanzar hacia un mundo más justo y equilibrado.

¿Es inevitable esa mayoría ultraconservadora en el Congreso y en el Senado español y sus terribles consecuencias sociales, humanitarias y medioambientales? No, aunque los sondeos más recientes no resulten precisamente alentadores. Pero para impedirlo se precisa de una gran movilización social y electoral de los sectores progresistas. Con fórmulas unitarias, adaptadas a las distintas realidades territoriales, de la izquierda confederal, del propio espacio socialista y del nacionalismo consecuente para frenar el ascenso ultra como ocurrió en las elecciones de julio del año 2023.

Y no solo para actuar como dique de contención frente a la extrema derecha, sino articulando un programa creíble, ilusionante y realizable ante los graves problemas de la ciudadanía -los bajos salarios y la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la respuesta ante el envejecimiento y la soledad, la seguridad pública entendida en un sentido amplio…-, sin olvidar asuntos tan relevantes como la crisis climática y sus consecuencias -las olas de calor, los incendios o las brutales inundaciones- que tanta destrucción y muerte están ocasionando. Así como trabajando para ofrecer respuestas ordenadas y regladas a los flujos migratorios.

¿Y en Canarias?

Junto a los daños que un gobierno estatal ultraconservador causaría a la más alejada de las comunidades (con preocupantes parámetros sociales, entre ellos una pobreza cronificada y unos bajos ingresos de buena parte de la población), en Canarias pueden repetirse los negativos efectos de un Gobierno de las dos derechas, CC (y sus nuevos aliados) y PP. Con la más que segura incorporación de Vox, como ya pasa en varios ayuntamientos de las islas, incorporándose al gobierno o apoyando parlamentariamente al mismo. Implicando, por tanto, el mantenimiento e intensificación de las actuales políticas conservadoras en materia fiscal, económica y social.

Como viene sucediendo en esta legislatura, donde con el viento económico a favor, con récords turísticos en visitantes y en gasto efectuado en las Islas, con dinero a espuertas europeo y español, sobrándoles por ahora casi 3.500 millones, la comunidad canaria se mantiene a la cabeza en pobreza, bajos salarios, abandono escolar temprano, deficitaria aplicación de la ley de la dependencia y crisis de los servicios públicos. Mientras se reproduce un modelo insostenible, con un desarrollismo turístico sin límites que ocupa más territorio, origina daños medioambientales y dificulta la convivencia, expulsando a la gente de sus barrios y acabando con el comercio tradicional.

Igualmente, vivimos en un periodo de enorme inestabilidad en el que las cesiones a Marruecos respecto al Sahara por parte de Sánchez y Clavijo solo han servido para que Mohamed VI abra nuevos frentes y ponga a Ceuta y Melilla en el punto de mira. Con toda seguridad se intensificará en el próximo periodo, fomentando nuevas crisis migratorias y redoblando sus exigencias sobre las aguas canarias y sobre el espacio aéreo.

Unidad progresista de obediencia canaria

El espacio de las izquierdas canarias en los peores momentos no ha bajado del 15% en las elecciones canarias o en las generales. Suficiente, si se produce un proceso de unidad, para obtener representación en las Cortes y conseguir un amplio grupo en el Parlamento de Canarias, así como una presencia significativa en los cabildos insulares y en la mayoría de los ayuntamientos. Siendo imprescindibles para el establecimiento de mayorías progresistas en las instituciones.

Para ello resulta indispensable alcanzar, con generosidad y altura de miras, los mayores grados de unidad posibles. Con un programa de mínimos, de alto contenido social, medioambiental y de defensa del autogobierno, que responda a los grandes retos de la sociedad canaria. Pensando no solo en el corto plazo sino haciéndolo con perspectivas de futuro. Tratando de frenar a la ultraderecha y sus reaccionarias propuestas y, al mismo tiempo, planteando alternativas viables que mejoren las condiciones de la mayoría social, especialmente de las clases medias y trabajadoras.

Los graves acontecimientos que se produjeron hace unos días en Ceuta reiteran, una vez más, la enorme capacidad de Marruecos para presionar y chantajear al Estado español y a la Unión Europea. En esta ocasión, movilizando y facilitando la entrada en la ciudad autónoma de unas 70.000 personas, de los que unos 2.000 son menores; sucesos que, dramáticamente, se saldaron con la muerte en sus costas de unos 150 hombres y mujeres jóvenes, de los que, de forma deshumanizada, casi ni se habla. Una movilización masiva en un país en que nada se mueve sin la autorización del Rey, Mohamed VI, más envalentonado hoy, si cabe, por el apoyo que recibe de Netanyahu y de Trump. Hay varios antecedentes de actuaciones similares y, no les quepa duda, volverán a producirse en el futuro por sus ambiciones expansionistas y por la debilidad de las respuestas españolas y europeas.

Es imposible mover semejante contingente humano sin el visto bueno y la participación de las autoridades del Reino alauita. Nadie puede creerse que se trató de un movimiento espontáneo y que las autoridades marroquíes fueron completamente ajenas al mismo, como intenta sostener el Gobierno español, probablemente para tratar de evitar una escalada de la crispación en las siempre difíciles relaciones con el vecino. No hay que molestarlo.

Entrando en las causas que han podido motivar el poco amistoso gesto de los dirigentes marroquíes, estos días se han barajado muchas. Por un lado, la respuesta a la reciente visita de Pedro Sánchez a Argel para restablecer las relaciones bilaterales muy dañadas tras el apoyo del propio Sánchez a la autonomía que propone Marruecos. Por otro, la reacción ante la ley que reconoce la nacionalidad española a los saharauis que nacieron antes de 1976, cuando el Sahara era una colonia española.

Así como por la posible reacción a la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza llevar a cabo las devoluciones en caliente para quienes atraviesan la frontera nadando y no por vía terrestre. Apuntando algunos incluso a presiones para que la final del Mundial de Fútbol 2030 (que organizan conjuntamente España, Portugal y Marruecos) tenga como sede el Gran Estadio Hassan II, en Casablanca.

Pero la auténtica causa, la más profunda al margen de acontecimientos, pretextos o litigios más o menos puntuales, es que el Reino de Marruecos pretende imponer sus tesis expansionistas. Lo viene haciendo hace varias décadas.

Víctimas: migrantes y comunidades fronterizas

Hay que señalar, por otra parte, que el caldo de cultivo para que miles de jóvenes marroquíes decidan jugarse la vida en su desesperado intento de llegar a la Unión Europea se encuentra en las enormes diferencias de renta y en las escasas perspectivas de futuro que perciben en su tierra de origen, un estado, además, con libertades y derechos cívicos limitados. Circunstancia que los políticos de Marruecos aprovechan como un arma para cíclicamente presionar, aunque sea a costa de la libertad y la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Ellos y ellas son las principales víctimas de su propio gobierno. Además de sufrir luego el racismo desencadenado por las organizaciones de extrema derecha. Y, junto a ellos, las comunidades fronterizas que sufren estas crisis.

Respecto a estas prácticas de auténtica guerra híbrida, tenemos un antecedente cercano cuando Marruecos, en 2021, impulsó una crisis migratoria como muestra de su malestar por el hecho de que, por razones humanitarias, se atendiera en un hospital español al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Y, más lejana en el tiempo, pero de enormes consecuencias históricas, la Marcha Verde que promocionó Hassan II, padre del actual monarca, para ocupar ilegalmente el Sahara. Experiencia acumulada tienen.

En mi opinión, resultó lamentable la respuesta inmediata de la Unión Europea, encabezada por la primera ministra italiana, Georgia Meloni, al parecer para sacar músculo ante opciones electorales situadas aún más a su derecha. Y seguida por otros gobiernos conservadores e incluso por alguno de corte presuntamente progresista. Aunque es cierto que recularon posteriormente y mostraron, en la reunión urgente de ministros de Interior europeos celebrada el martes 4 de agosto, su apoyo a España e incluso elogiaron la “eficaz y rápida” respuesta del Gobierno español. Responsabilizando de la crisis en Ceuta a las mafias, los traficantes de personas y los bulos que circulan por las redes. Al Gobierno de Marruecos, ni nombrarlo. Tampoco lo hace el Ejecutivo progresista español. Sorprendentemente, o no tanto, nadie -ni la Comisión Europea, ni Sánchez, Feijóo o Abascal- culpa a Marruecos

Por otra parte, en el plano interno, cada vez se estrecha más la similitud en las políticas del PP y de Vox. También en este asunto. Más preocupados en sacar rédito electoral y deteriorar al Ejecutivo y a su presidente que en defender los intereses de las personas implicadas y del territorio afectado. Con un patriotismo de hojalata que se les volverá en contra cuando les corresponda afrontar crisis similares, que les tocará.

Por otra parte, resulta indignante la reacción de las derechas ante la acogida de los menores. Haciendo incluso un llamamiento a incumplir la normativa. Un ejemplo es la comunidad de Aragón que se ha mostrado contraria a aceptar a niños migrantes procedentes de Canarias o de las ciudades autónomas.

Sánchez y Clavijo envalentonan a Marruecos

Las relaciones con Marruecos nunca han sido fáciles. Y el tiempo confirma que ceder a sus pretensiones y aceptar sus tesis no aplaca en modo alguno su voracidad. Al contrario, solo la potencia y le hace cada día más consciente de que sus presiones conducen casi siempre al éxito.

Hay que lamentar, en ese sentido, la deriva promarroquí que comenzó José Luis Rodríguez Zapatero durante su presidencia y culminó Pedro Sánchez al firmar, en abril de 2022, una declaración conjunta con Mohamed VI, en la que España mostraba su apoyo a la intención marroquí de convertir al Sahara en una región autónoma. Sin consultar al PSOE ni a sus socios de Gobierno de entonces, ni a las Cortes.

Y, asimismo, no fue mejor su declinación al “modo canario”. Exactamente lo mismo hizo Fernando Clavijo, que también se apuntó a las tesis marroquíes sin contar ni con su partido ni con la opinión del Parlamento canario. Y que viene organizando, a través de la gubernamental Proexca, misiones comerciales en zonas ocupadas. Vulnerando el derecho internacional al avalar la presencia de esas delegaciones comerciales en Dajla, en el Sahara Occidental, para promover el desarrollo de un puerto que, además, compite con los canarios.

Como he señalado en otras ocasiones, ese reconocimiento explícito de la marroquinidad del Sahara apuntala a Marruecos y le estimula a la hora de plantear sus exigencias. Entre ellas, su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, en la que veremos futuros episodios. Y, en el caso canario, con reclamaciones sobre el espacio aéreo, las aguas y los recursos que estas albergan: telurio, cobalto, níquel y tierras raras. Considero por ello que Sánchez y Clavijo han dado cobertura al expansionismo marroquí y han actuado en contra de los intereses de Canarias.

El Gobierno central y el Ejecutivo canario se equivocan si consideran que las ansias expansionistas de Marruecos quedarán satisfechas si logra, violentando la legalidad internacional, apoderarse del Sahara Occidental. Sus ambiciones de crecimiento continuarían en parte del territorio de Mauritania y de Argelia, como poco, generando más inestabilidad en una zona del mundo que se encuentra ya bastante tensionada.

En Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) siempre hemos tenido como principio la defensa del derecho internacional y, en consecuencia, la exigencia de que en el caso que nos ocupa se cumpla con la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita decidir su destino al pueblo del Sahara. Y, además, rechazamos rotundamente que Canarias pueda ser utilizada como moneda de cambio en las relaciones España-Marruecos, negándonos a que su estatus jurídico, sus aguas, sus recursos o su espacio aéreo pueden entrar en negociación alguna. Considerando, asimismo, que hay que intentar tener buenas relaciones con el vecino Marruecos, y que estas pasan por el diálogo y la unidad, pero también por la firmeza de España y la Unión Europea. En ningún caso por la sumisión y por ceder continuamente a los permanentes chantajes de Mohamed VI.

Considero positiva la decisión del Gobierno estatal de asumir una parte importante de la deuda de las comunidades autónomas, algo más de 83.000 millones de euros, y que en el caso canario asciende a 3.259 millones. Es, sin duda, una buena noticia. Así lo entendió Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) desde un primer momento, aunque matizando algunas de sus formulaciones y cantidades. Curiosamente, la aplauden hoy también aquellos, como Coalición Canaria, que hace apenas un año, de forma demagógica e irresponsable, habían calificado esta condonación como un agravio a Canarias para regalarle dinero a Cataluña. Y señalado, incluso, que la propuesta aumentaría la deuda per cápita canaria con el Estado. O dijeron un disparate entonces o bien aquello tan negativo y perverso se transformó milagrosamente en una circunstancia exitosa, que encima, sin ruborizarse, tratan de apuntarse.

Hay que recordar que, en el marco de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en noviembre de 2023, se anunció el acuerdo del PSOE con ERC que recogía, entre otros aspectos, que el Estado asumiera el 20% de la deuda de Cataluña (1.980 euros por habitante, ajustado a población de 2021).

Manifesté entonces nuestro apoyo a la medida, señalando que esa quita de la deuda debería extenderse “al conjunto de las nacionalidades y regiones, y no solo debe afectar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sino también a la deuda suscrita con los bancos; y, asimismo, debe tener en cuenta el esfuerzo realizado por cada comunidad en la contención del gasto o en la aplicación de políticas fiscales”.

De robo a bendición: mentir sale gratis

Sin explicación alguna, CC ha pasado de demonizar la condonación a considerarla una bendición. Su diputada Cristina Valido votó el pasado día 23 de julio en el Congreso de los Diputados la toma en consideración del Proyecto de ley de la condonación de la deuda de las CCAA que permitirá condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten. Las mayores cantidades corresponderían a Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.067), Comunidad Valenciana (11.210), Madrid (8.644) y Castilla La Mancha (4.927).

Indigna este cambio de opinión de CC cuando este partido (a través de sus portavoces parlamentarios, la presidenta del Cabildo de Tenerife y otros dirigentes), los portavoces del gobierno canario de CC y PP y el propio Clavijo habían calificado esta propuesta de un maltrato a Canarias para beneficiar a Cataluña. Se dijeron auténticas barbaridades entonces, como que con la nueva propuesta cada canario iba a tener más deuda del Estado que en la actualidad o que se robaba dinero a Canarias para financiar a Cataluña. El presidente Clavijo explicó hace un año que Canarias salía “peor” del acuerdo de condonación, insistiendo en que los canarios van a “tener que pagar una fiesta a la que no han sido invitados”. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, llegó a afirmar que “lo que no vamos a tolerar es que nuestro dinero vaya a saldar la deuda de otras comunidades”.

Por otra parte, la misma cifra ahora sujeto de quita de la deuda, exactamente 3.259 millones de euros en el caso de nuestra Comunidad, fue calificada de “robo” por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Clavijo. Lo reafirmó el presidente del grupo parlamentario de CC, David Toledo, cuando señaló que “nos están tratando de quitar 1.700 millones de euros, que es el precio que cuestan los siete votos de Junts”. Todos en tromba faltando a la verdad de manera absolutamente intencionada. También sus tertulianos y medios afines.

Por si fuera poco, el Gobierno canario, en una reunión con los portavoces parlamentarios el 17 de enero de 2024, trasladó a Nueva Canarias-Bloque Canarista (por escrito y con el logo del Gobierno de Canarias que aún conservamos), una propuesta disparatada de la consejera de Hacienda donde se solicitaba que Canarias recibiera 10.953 millones de euros (cuando la deuda de la Comunidad Canaria apenas alcanza los 6.500 millones). ¡Es decir que se nos quitara la totalidad de la deuda y además nos “regalaran” 4.500 millones más! Propuesta, evidentemente, más pensada para dinamitar cualquier negociación y para alimentar el “frente anti-Sánchez” con el PP, como ya hizo la propia consejera canaria del PP con su “espantada” del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 26 de febrero de 2025 cuando se discutió este tema.

50% de reducción

Desde NC-bc hemos defendido la misma idea incluida en la PNL propuesta por nuestro grupo y aprobada el 28 de febrero de 2024 por el Parlamento (en contra de la opinión de la consejera de Hacienda) para que se hiciera con el criterio de quita de la deuda “por población ajustada”, porque nos parece lo más equitativo. De esta manera habríamos superado los 4.400 millones, unos 1.000 millones más. La propuesta del Ministerio de Hacienda, ya hoy incluida en el Proyecto de Ley que inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, y aceptada por el Gobierno canario, supone para Canarias la reducción de su deuda en un 50%, es decir, 3.259 millones de euros.

Aunque en NC-bc seguimos defendiendo nuestro planteamiento (que, como señalaba, fue apoyado por el Parlamento de Canarias) de que el importe de la quita para todas las comunidades sea el importe de la deuda por población ajustada, que es el indicador que se usa en el sistema de financiación autonómica para el reparto de los recursos del sistema, consideramos que la propuesta que se está tramitando es positiva para Canarias. Y nos sorprende que ahora, apenas un año después, sin que se haya modificado ni un solo céntimo ni una coma de la propuesta inicial tan duramente rechazada por el Gobierno canario de las dos derechas, la condonación resulta una maravilla e incluso, casi casi, un invento de CC y de su Gobierno. Cataluña, al parecer, ya no nos roba. Hace falta valor. Escasa memoria. Y nula ética política.

Cuando se cumplen tres años de la actual legislatura, solo cabe hablar de fracaso del Gobierno de Canarias de CC y PP. En unas condiciones muy favorables, en un contexto económico de constante crecimiento, con datos de llegadas y de gasto turístico elevados, disponiendo de una mayoría parlamentaria suficiente y estable, con presupuestos expansivos, con el viento a favor, el Gobierno de las dos derechas ha sido incapaz de tomar decisiones adecuadas para ofrecer soluciones a los grandes problemas de Canarias, como se visualiza en la crisis de la vivienda o en los servicios públicos. Además de empeñarse en seguir transitando por la senda del desarrollismo sin límites, mientras se mantienen los peores salarios y elevados datos de pobreza.

Sus inicios ya anunciaron cómo iban a gobernar y, de forma nítida, a favor de quiénes. Tanto Coalición Canaria como Partido Popular afrontaron las elecciones con la promesa de la bajada del IGIC como gran banderín. En Nueva Canarias-Bloque Canarista nunca compartimos esa medida, por sus graves consecuencias para la financiación de los servicios públicos y para el conjunto de actuaciones del Ejecutivo. CC y PP, sí, y en la práctica ha sido un escandaloso engaño.

Sin embargo, sí fueron ágiles, su primera decisión, con carácter urgente, para aprobar el Decreto Ley 5/2023, por el que se modifica las bonificaciones en la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, prácticamente eliminándolo. Canarias pierde así unos 180 millones de euros de recaudación en la legislatura, dinero que se ahorra el 0,3% de los contribuyentes.

Paralelamente, el Gobierno de Clavijo incrementó un 35% el número de cargos de confianza y asesores, pasando de los 108 del anterior Ejecutivo a un total de 146.

Crisis sanitaria y olvido educativo

La sanidad canaria atraviesa una relevante crisis. Con una prolongada huelga de los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) que ha supuesto la suspensión de más de 50.000 consultas, así como el aplazamiento de miles de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas. También con el colapso de las urgencias hospitalarias en distintos centros del Archipiélago, el deterioro de la atención primaria y los retrasos de más de 10 días para obtener una cita con el médico de familia. Además de los problemas del transporte sanitario o aquellos que afectan al personal de Hemodonación y Hemoterapia, en medio de una gestión penosa que ha llevado a que se produzcan mínimos históricos en la captación de sangre, afectando a la actividad.

Mientras el gobierno niega que exista crisis alguna, y hasta se permite frivolidades sobre la asistencia en centros de salud, como hizo el presidente en una intervención en sede parlamentaria, la primera oleada del año del Barómetro Sanitario, en un sondeo realizado en el pasado mes de marzo, confirma el malestar ciudadano con la sanidad canaria, respecto a elementos como acceso al sistema o la demora en ser atendidos, quedando a la cola de las comunidades autónomas. Los canarios puntúan la sanidad con un 5,8 sobre 10, la nota más baja en 10 años en la comunidad y la segunda más baja del Estado español. Pese a contar con más recursos económicos que nunca, la mala gestión del Gobierno lastra los resultados de la sanidad canaria.

En el otro gran servicio público, la educación, continuamos con una baja oferta pública de la educación infantil 0-3 años, con dificultades en la Formación Profesional y en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Con un crecimiento importante del abandono escolar temprano. Incumpliendo, asimismo, con el deber legislativo de avanzar hacia el 5% del PIB en inversión educativa, algo que se agudizará en los Presupuestos para 2027. Además de una infrafinanciación de las universidades públicas, apostando por un modelo iliberal que trata de beneficiar a las privadas, como hace Ayuso en Madrid.

Sin casa, sin futuro

La vivienda es otro de los éxitos del Gobierno. Con una absoluta falta de actuación ante uno de los problemas sociales más graves y que más demandas ciudadanas concita. La realidad de las enormes dificultades de acceso a una vivienda, en régimen de compra o alquiler, para la mayoría de la población, con precios por encima del resto de España, siendo un elemento sustancial en el empobrecimiento de personas con trabajo, no ha merecido tomar decisiones razonables, justas y eficaces por parte del Ejecutivo de Clavijo. Mientras crece la demanda de familias y jóvenes y continúa existiendo un elevado número de viviendas vacías.

Con una mala aplicación de la ley de la dependencia, acumulando más de 2.200 fallecidos en 2025 mientras esperaban una prestación. Incapaces, además, de desarrollar plenamente un instrumento propio, incluido en nuestro Estatuto y que puso en marcha el anterior Gobierno, la Renta Canaria de Ciudadanía, al no haber aprobado este Ejecutivo los complementos de vivienda o educación que permite para afrontar situaciones de gran vulnerabilidad. Y, respecto al Instituto Canario de Igualdad, recortan sus partidas y permiten que su dirección sea hereditaria, como han denunciado los colectivos feministas.

Territorio y un cuarto de ambiente

No es mayor la preocupación gubernamental por el territorio y el medio ambiente. Alentando nuevos macroproyectos turísticos, negándose a poner límites al crecimiento de nuevas plazas, al establecimiento de una moratoria y a la implantación de una ecotasa a quienes nos visitan. Aceptando, por tanto, los elementos más negativos que lleva el modelo de crecimiento económico, poco o nada sostenible, como los bajos salarios, el crecimiento poblacional, las mayores dificultades para acceder a una vivienda o los problemas, como vemos estos días, de salubridad de algunas playas, especialmente en Tenerife, donde se siguen produciendo vertidos incontrolados al mar de aguas residuales.

Todo esto sucede con los Presupuestos de la Comunidad Canaria más elevados de su historia. Eso sí, muy mal ejecutados. En lo que ha transcurrido de la actual legislatura, en estos tres años que ha gestionado y liquidado los presupuestos de la Comunidad Canaria el Gobierno de CC y PP, la inejecución acumulada alcanza los 3.430 millones de euros, lo que supone una media de 1.143 millones por año no gastado del dinero presupuestado. Efectivamente, no han sido capaces de gastar 1.090 millones de euros en el año 2023, de 1.289 millones en 2024 y de 1.051 millones en 2025. Les sobra el dinero a espuertas, como si no hubiera problemas que resolver en Canarias.

Además, los reiterados incumplimientos de la regla de gasto obligan al Ejecutivo canario de las dos derechas a implementar Planes de Ajuste que supondrán una reducción del gasto público de 1.011 millones entre 2026 y 2027, recortes que afectarán a los servicios públicos, al apoyo a las familias y a los sectores productivos. Un verdadero desastre de enormes consecuencias económicas y sociales a causa de una mala planificación y una peor gestión.

Nos queda menos de un año de la actual legislatura y las esperanzas de cambio en la actitud del Gobierno son muy escasas. Con toda seguridad, continuará mal gestionando los dineros públicos, mal dirigiendo la sanidad y la educación, apostando por un desarrollismo sin límites y sin actuar ante la grave situación de acceso a la vivienda para decenas de miles de canarias y canarios. Eso sí, son campeones en perdonar la devolución de ayudas no justificadas a los amigos del gobierno, en enchufismo, en manipulación y en uso partidista de la radiotelevisión pública.

Y, asimismo, este Gobierno conservador seguirá incumpliendo con sus responsabilidades y con el papel del autogobierno y responsabilizando al Estado o a la Unión Europea de su propia ineficacia. Canarias habrá perdido cuatro años para avanzar económica y socialmente, para superar sus graves desigualdades y para apuntar a una sociedad más equilibrada, sostenible y justa. La que se merece esta tierra y su gente.

La Ley Canaria de la Ciencia que acaba de aprobar el Parlamento de Canarias constituye, lamentablemente, una oportunidad perdida para fortalecer el conocimiento científico que se genera en Canarias. La nueva Ley, que sustituye a la vigente desde el año 2001, nace exclusivamente con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno, sin el consenso de la comunidad científica y sin el respaldo de las universidades canarias, con las que no se contó para su elaboración. Y carece, además, de la imprescindible financiación.

Esas y otras razones llevaron al voto negativo del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc). Tras proponer numerosas enmiendas a su articulado, muchas de ellas en consonancia con las justas reivindicaciones de nuestras dos universidades públicas y de los jóvenes investigadores de las Islas. Casi todas rechazadas por la mayoría conservadora que apoya al Ejecutivo de Clavijo.

Como bien señaló en su intervención nuestra diputada Carmen Hernández, hablar de ciencia no es solo hacerlo de laboratorios, publicaciones o innovación tecnológica, sino de educación, sostenibilidad, transición energética, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático y calidad de vida. Destacando que “invertir en ciencia no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro, en el bienestar de nuestra gente y en la diversificación económica que necesita Canarias”.

Maltrato presupuestario a nuestras universidades

Esta visión de futuro no es compartida por el Gobierno de las dos derechas como se puede observar en el trato que dan a nuestras universidades. Un tratamiento rechazado en el Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, suscrito ya por más de 4.000 personas. Y que destaca el preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, que cuestiona “el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista. Debemos alertar sobre estas tendencias: cuando se deslegitima y debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social”.

Exigiendo, por ello, a las administraciones competentes que cumplan plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación, el 1% en 2030 frente al actual 0,5% que mantiene financieramente ahogadas a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.

Igual sucede en el apoyo presupuestario que recibe la I+D+i. En los presupuestos para este año 2026 los créditos para el área de I+D+i se reducen en 12,2 millones de euros (-12,0%). Esto repite lo que ha sucedido en los dos presupuestos anteriores de 2024 y 2025.

21,8% de recortes en I+D+i

Esto supone que en las tres cuentas públicas presentadas por este Gobierno (2024, 2025 y 2026) se recortan las partidas en I+D+i en 24,9 millones de euros (una reducción del 21,8%) respecto a las que dejó en las del año 2023 el gobierno de Progreso. Y esa sustancial bajada se produce en tres presupuestos donde el gasto no financiero total sube nada menos que en 2.310,6 millones (+22,7%).

Por tanto, y más allá de los discursos y de la propaganda gubernamental, la dura realidad es que las partidas para I+D+i han pasado de suponer el 1,12% del gasto no financiero en 2023 al 0,71 en los presupuestos para 2026. El Gobierno no deja de repetir que la I+D +i tiene un valor estratégico para Canarias y que debe ayudar a la diversificación económica hacia actividades que generen más valor añadido, pero sus presupuestos hacen justamente lo contrario.

Volviendo a lo más reciente, la aprobación de la Ley Canaria de la Ciencia, hay que recordar que las dos universidades públicas trasladaron numerosas propuestas de mejora de su articulado que fueron rechazadas por los grupos que apoyan al Gobierno de las dos derechas. No teniendo en cuenta la opinión de las instituciones que generan más del 90% por ciento de la investigación científica en Canarias, de los principales protagonistas de la generación, transferencia y divulgación del conocimiento científico en nuestras islas.

Una ley de espaldas a las universidades

Además, desde NC-bc entendemos que es un grave error que en el texto legislativo no se establezcan compromisos financieros vinculantes. Más aún, como señalábamos anteriormente, cuando este Ejecutivo lo que ha hecho es recortar de manera sustancial las partidas destinadas a I+D+i, convirtiendo a Canarias en una de las pocas comunidades en que se reduce la inversión en este ámbito.

Para superar la negativa situación en I+D+i en que se encuentra Canarias, NC-bc propuso el establecimiento de objetivos concretos, entre ellos el cumplimiento de la financiación prevista en la legislación estatal y una senda progresiva de crecimiento que posibilite alcanzar el 3,2% del PIB en 2030.

Asimismo, consideramos que en la ley Canaria de la Ciencia no se facilita una verdadera carrera investigadora para las personas jóvenes. Al no establecerse mecanismos reales de estabilización, no impulsarse contratos de larga duración ni medidas eficaces que contribuyan a retener el talento en nuestra tierra, como reiteradamente han venido denunciando los jóvenes investigadores.

Por otra parte, no compartimos la composición del futuro consejo asesor de ciencia, ente encargado del asesoramiento al Gobierno y diseño de la estrategia científica de Canarias, en la que es claramente insuficiente la representación de nuestras universidades públicas, claves para garantizar el rigor científico y técnico en sus decisiones; solo contarán con dos de los 17 miembros que integran este órgano. Y tampoco nos parece acertada la exclusión de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

En definitiva, tanto con esta Ley Canaria de la Ciencia como con el persistente maltrato financiero a nuestras universidades o el retroceso en I+D+i en los Presupuestos de Canarias de CC y PP se dibuja un panorama muy negativo en el que se castiga a las universidades públicas y se trata de potenciar y beneficiar a las universidades privadas, como están haciendo las derechas conservadoras y extremas en otras comunidades. Un abandono de nuestros centros superiores públicos y una escasa preocupación por el desarrollo científico y tecnológico de nuestra comunidad, con graves consecuencias presentes y futuras para el avance económico y social de Canarias.

Hay un grave problema en la sanidad canaria, por más que la consejera y el presidente del Gobierno pretendan ocultarlo o minimizarlo. Cuando no frivolizar con la atención en los centros de salud, como hizo recientemente Clavijo en el Parlamento, lo que ha generado un amplio rechazo entre sus profesionales

En el periodo reciente se viene instalando en la opinión pública de las Islas y en los profesionales del sector la sensación de encontrarse inmersos en una profunda crisis del sistema sanitario canario. Estoy haciendo referencia a un elemento esencial del estado social que en Canarias cuenta con unos 35.000 trabajadores y trabajadoras, superando los 4.800 millones de euros en las cuentas públicas, casi el 40% del Presupuesto de la Comunidad Canaria para el año 2026, lo que supone un gasto per cápita ligeramente superior a la media estatal. Actualmente los resultados de nuestro sistema sanitario son insatisfactorios para amplios sectores de la población canaria, pese al enorme esfuerzo de sus profesionales que también vienen manifestando de forma reiterada su malestar por las condiciones en que llevan a cabo su trabajo.

Como he señalado en otras ocasiones, la sanidad es, sin duda, una de las grandes competencias del autogobierno. Por la enorme relevancia que tiene en la vida de todos y todas; y por ser fundamental para mantener la salud pública, prevenir enfermedades y gestionar problemas de salud crónicos y agudos. Por ello, precisa contar siempre con recursos suficientes, con la mejor planificación y organización, así como con una gestión profesionalizada, lo que en estos momentos no está ocurriendo, lastrando la calidad del trascendental servicio que ofrece.

Canarias dio un enorme salto con la asunción de las competencias sanitarias a mediados de los años noventa del pasado siglo, en calidad y en la carta de servicios prestados, superando una situación de graves carencias. Con infraestructuras claramente insuficientes. Con hospitales obsoletos. Con urgencias colapsadas. Con un grave estancamiento en atención primaria y con la salud mental abandonada. Con exiguas plantillas profesionales. Con déficits de instalaciones básicas en numerosos municipios y, especialmente, en islas como La Palma o Gran Canaria. Sin sistema de emergencias.

Entonces, desde la capacidad del autogobierno, se llevó a cabo un enorme y riguroso trabajo que posibilitó construir el sistema canario de salud, triplicando la superficie de instalaciones sanitarias, tanto en hospitales como en centros de salud, en todo el archipiélago. Logrando que la sanidad fuera valorada positivamente por la mayoría de la población canaria y colocándola por encima de la media estatal.

Posteriormente se vivieron etapas con distintos altibajos ocasionados por razones varias. Como los significativos recortes económicos que le afectaron tras la crisis financiera del año 2008. O la mayor o menor capacidad de respuesta antes las nuevas o crecientes demandas (como la atención a la salud mental) o a los cambios demográficos por el incremento de población asociado al desarrollismo turístico, así como por una sociedad más envejecida y, por tanto, con la necesidad de atender adecuadamente las patologías asociadas a una mayor longevidad.

Pandemia Covid 19

Considero que en la última década se ha realizado un importante esfuerzo presupuestario y en contratación de personal. En la pandemia de la Covid 19, uno de los momentos más críticos, se consiguió ofrecer una adecuada respuesta a ese enorme reto sanitario, aumentando considerablemente el gasto y ampliando la plantilla en 9.000 profesionales que hoy continúan en el sistema, un incremento superior al 30 por ciento.

Aunque el actual Gobierno ha incrementado las partidas económicas destinadas a la sanidad de forma significativa, estas no ayudan a resolver los problemas más sentidos por la población y acabar con los colapsos del sistema, al no ir acompañadas de una buena gestión de los mismos. Sin ella, los recursos, por elevados que sean, no consiguen impactar en el incremento de la calidad del servicio sanitario público.

Se confirma, una vez más, que sin adecuada planificación, organización y gestión la sanidad es una nave a la deriva y su crisis perjudica a la ciudadanía, que no se ve correctamente atendida, y a sus profesionales, que realizan su tarea en condiciones frustrantes.

En un servicio público de la complejidad del sanitario se requieren responsables cualificados, profundamente conocedores de su realidad y capaces de planificarlo y gestionarlo con rigor; en ningún caso, como desgraciadamente está ocurriendo, personas designadas directamente por el presidente Clavijo por su lealtad a CC y a su persona.

Malestar general y riesgo de privatización

Son numerosas las muestras del malestar por el estado de nuestra sanidad que contrastan vivamente con el triunfalismo propagandístico del Gobierno de CC y PP. A lo largo de la legislatura, el diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo ha trasladado al Parlamento de Canarias los distintos problemas que afectan a nuestro sistema sanitario. Y que han llevado, por ejemplo, a la movilización de numerosos profesionales de las gerencias sanitarias, que rechazan los recortes anunciados y la negativa a sustituir las bajas y las vacaciones.

También los relativos a la estabilización del personal y el fracaso de los hospitales del norte y del sur de Tenerife. Así como el cierre del hospital insular de Lanzarote, monográfico en geriatría, referente en esta materia en el conjunto de Canarias y en el ámbito estatal, con reconocimiento para el ejercicio de la docencia en el MIR, lo que ha originado una importante movilización en la isla, con más de 7.000 personas en las calles exigiendo su continuidad.

Sin olvidar la prolongada huelga de los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS), que ha supuesto la suspensión de más de 50.000 consultas, así como el aplazamiento de miles de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas. Exigen, fundamentalmente, la eliminación progresiva de las guardias de 24 horas, mejoras salariales, descanso efectivo tras la realización de guardias y la contratación de más especialistas.

O el colapso de las urgencias hospitalarias en distintos centros del Archipiélago, el deterioro de la atención primaria y los retrasos de más de 10 días para obtener una cita con el médico de familia. Además de los problemas del transporte sanitario o aquellos que afectan al personal de Hemodonación y Hemoterapia, en medio de una gestión penosa que ha llevado a que se produzcan mínimos históricos en la captación de sangre, afectando a la actividad quirúrgica.

Hay un grave problema en la sanidad canaria, por más que la consejera y el presidente del Gobierno pretendan ocultarlo o minimizarlo. Cuando no frivolizar con la atención en los centros de salud, como hizo recientemente Clavijo en el Parlamento, lo que ha generado un amplio rechazo entre sus profesionales. Lo responsable sería reconocer esa realidad que afecta a la vida de los canarios y canarias y comenzar a tomar medidas efectivas para tratar de revertirla. Salvo, claro, que lo que se pretenda sea deteriorar el sistema sanitario público para favorecer el aseguramiento privado, como se observa nítidamente en comunidades como Madrid o Andalucía, gobernadas también por las derechas.

En el mundo se abrieron muchas esperanzas en una paz duradera tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de millones de vidas y la destrucción que causó. Se crearon las Naciones Unidas en el intento de construir un foro decisivo para mantener la paz y la seguridad internacional. Pero desde entonces ha habido numerosos conflictos bélicos y se violentó con frecuencia la legalidad internacional, como vimos en la ilegal e inmoral guerra de Irak, impulsada por Bush con la colaboración de Blair y Aznar. O más recientemente, con la invasión de Ucrania, el genocidio de Israel en Palestina o los ataques militares, otra vez sin ninguna cobertura legal, de Trump a Irán o los de Israel al Líbano.

Hay asuntos recientes que resultan muy preocupantes y que confirman que los países europeos de la OTAN y de la Unión Europea siguen su escalada militarista de rearme y de confrontación con Rusia, con mucha más beligerancia que Estados Unidos, más preocupado en la guerra contra Irán o en contener la cada vez mayor influencia de China en el mundo. Tal y como está planteado, el respaldo europeo a Ucrania supone una implicación directa en la guerra con apoyo económico, entrega de misiles y drones, en inteligencia y en dirección satelital de los ataques en el interior de Rusia, incluyendo bombardeos en Moscú; y atravesando para ello territorio de países de la OTAN, como los países bálticos.

En ese marco se produce la entrada de Finlandia en la OTAN, rompiendo una neutralidad histórica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y, además, Helsinki decide autorizar el tránsito y almacenamiento de armas nucleares en su territorio, frontera directa con Rusia. Rompiendo también un consenso desde el inicio de la guerra fría de no instalación de armas nucleares en ese país.

A esto se unen las numerosas voces que en Alemania reclaman no solo un potente rearme de su ejército (hasta ahora limitado por su responsabilidad en el origen de la IIª Guerra Mundial) sino incluso que puedan disponer de armas nucleares, además de recuperar el servicio militar. Recordemos la crisis que se generó en 1962 cuando Cuba inició en su territorio la instalación de armas nucleares de la Unión Soviética y la reacción de Estados Unidos para que las retiraran, que situó a las dos potencias al borde del conflicto nuclear. Nadie quiere armas nucleares apuntándole a escasa distancia de casa.

Escalada militar

El militarismo se impone en Europa sin contar con la opinión de su ciudadanía. Impulsado por dirigentes con escasa popularidad en sus países. Como el dimitido primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. O Merz y Macron. También por la dirección de la Comisión Europea encabezada por Úrsula von der Leyen, con continuas alusiones a preparar la guerra contra Rusia, y por la Alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Kaja Kallas, rusófoba militante, que defiende que con Rusia no hay que negociar.

El anunciado rearme europeo se va a hacer reduciendo los derechos y servicios públicos del importante estado del bienestar porque no hay recursos para atender todo, especialmente si se apuesta por dedicar el 5% del PIB a gasto militar. Alemania ya está haciendo estos recortes. Estas decisiones de la Europa occidental, van en sentido contrario a la política desarrollada desde 1991, tras la disolución de la URSS, por los cancilleres alemanes Helmut Kohl (CDU), Gerhard Schröder (SPD) y Angela Merkel (CDU) para atraer a Rusia a Europa y consolidar la paz y la seguridad a través de la integración económica, como se hizo creando la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en 1951, fundamentalmente entre Francia y Alemania Occidental, enemigos militares durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, origen de la actual UE.

Hay que recordar que la creciente preocupación por la defensa y la seguridad se plasma en el Plan Rearmar Europa/Preparación 2030 (800.000 millones de euros, de los que 150.000 puede ser deuda mutualizada y el resto debe aportarlo cada Estado). Autorizando además a los estados para aplicar la Cláusula de salvaguarda para no tener que cumplir con la regla de limitación del gasto para el caso de “seguridad y defensa”. Abordar esas prioridades llevará a la reducción de las dos grandes partidas de gasto tradicionales de la UE: las políticas de cohesión (fondos estructurales y de inversión) y la Política Agraria Común (PAC). Partidas que impactan decididamente en la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos europeos. Según el Instituto Elcano, estas políticas tradicionales “pasarán de suponer dos tercios del total, como ha sido el caso durante décadas, a un 43%”.

Las distintas medidas y sanciones adoptadas por Europa Occidental y EEUU han llevado a Rusia a que abandone su interés económico por Europa y lo dirija a su integración con las economías de Asia, especialmente con China, un país con un PIB de unos 18 billones de euros, igual que el de toda la UE. Ahora vende sus productos petrolíferos a China e India, entre otros, y ha desarrollado nuevas líneas de comercio preferentemente con ellos. Un mercado de 2.900 millones de habitantes, solo los dos países citados, frente a los 450 millones de la UE.

Seguridad compartida frente a riesgo nuclear

Aunque Rusia sea económicamente mucho más débil que la UE en términos de PIB e incluso que varios países europeos tomados por separado, no quiere decir que militarmente no sea mucho más fuerte, tanto en fuerzas y armamento convencional como en armamento nuclear. En una situación que Rusia vive como una guerra “existencial” contra su territorio, despreciar el uso de armas nucleares tácticas primero y luego estratégicas, es una temeridad porque sería un error histórico de devastadoras consecuencias para Europa occidental y me atrevería a decir que para el mundo, si finalmente también participase Estados Unidos en una posible contienda.

Creo que las élites que dirigen hoy Europa occidental deben reflexionar y evitar seguir tensando la cuerda. Buscar soluciones dialogadas de la guerra de Ucrania y no seguir alimentando una guerra para debilitar a Rusia porque es más cómodo, aunque completamente inmoral y de consecuencias imprevisibles, hacer la guerra por delegación cuando los muertos no los ponen los europeos, sino los que mueren son los ucranianos y los rusos, más de medio millón hasta ahora según el Centro de Estudios Estratégicos internacionales.

En ese sentido, es interesante la propuesta de Vicenç Fisas, analista sobre conflictos y procesos de paz, doctor en Estudios sobre Paz por la Universidad de Bradford (Reino Unido) de “volver al pensamiento de seguridad en común y seguridad compartida”, que se aleja de la inevitabilidad de la confrontación y la guerra. Señalando, en un artículo publicado por la revista Galde, “lo que significa entablar un diálogo OTAN-Rusia para pensar un nuevo esquema de seguridad en Europa, totalmente inclusivo e inspirado en el concepto de la seguridad compartida, donde nadie es el perpetuo enemigo, sino el diferente y singular, y donde todos puedan aportar seguridad a los demás”.

Estatuto de autonomía, Estatuto de neutralidad

En el artículo 1 de nuestro Estatuto de 2018 se apunta a la contribución de Canarias “a la cooperación y a la paz entre los pueblos, así como a un orden internacional justo, en el marco constitucional y estatutario”. Y en el 37.11 se establece como principio rector “la promoción de Canarias como plataforma de paz y solidaridad”.

NC-bc rechazó en su VI Congreso Nacional que los estados europeos gasten el 5% del PIB en defensa. Por lo irracional de la propuesta armamentística y por sus terribles consecuencias en el recorte de las políticas sociales. Como señala, José Enrique de Ayala, general de Brigada retirado, y miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Política Exterior, del Consejo de Asuntos Europeos y del Consejo de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas, “la propuesta de rearmar Europa lanzada por la Comisión Europea es injustificable. Primero porque sus cifras son desmesuradas. Y, sobre todo, porque no corresponde a un estudio de amenazas, vulnerabilidades, y necesidades que dé lugar a un plan coordinado y eficaz. No se sabe por qué ni cómo ni para qué es necesario ese enorme aumento del gasto”.

Esta priorización del gasto militar plantea interrogantes sobre la verdadera seguridad, especialmente para un archipiélago cuya estabilidad económica y social depende de la paz y la cooperación. En lugar de alimentar una espiral armamentista, la UE debería enfocarse en abordar desafíos como el cambio climático, la desigualdad y la cooperación internacional, que son fundamentales para la seguridad a largo plazo de las RUP y de la Unión en su conjunto.

Somos conscientes de que los desafíos a los que nos enfrentamos pueden exacerbarse en situaciones de conflicto, interrumpiendo el suministro de bienes esenciales, afectando el turismo y dificultando el desarrollo sostenible. Por todo ello, consideramos que el Estatuto de Neutralidad podría proporcionar una capa adicional de protección, permitiendo a Canarias mantener su estabilidad económica y social en tiempos de guerra.

Hay que trabajar para la paz, el entendimiento entre los pueblos y la cooperación internacional. Y no, como hoy hacen los dirigentes europeos, para rearmarse y aceptar como inevitables la guerra y la muerte de millones de personas. Hay que revitalizar las organizaciones internacionales y el cumplimiento de la legalidad. Hay que contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la gente en todos los lugares del planeta y no detraer multimillonarios recursos de la educación, la sanidad o los servicios sociales para destinarlos a armamento. Hay que evitar repetir los errores del pasado que causaron tanta destrucción, sufrimiento y muerte, que hoy se multiplicarían por el añadido riesgo de una confrontación nuclear.

Una de las características del Gobierno de Clavijo consiste en su permanente empeño en situar fuera de Canarias las soluciones a todos los problemas. O, para ser más precisos, en responsabilizar siempre a terceros, sea el Estado o la Unión Europea, de todo lo que sucede en Canarias -en sanidad, educación o vivienda- como si careciéramos de autogobierno

Una de las características del Gobierno de Clavijo consiste en su permanente empeño en situar fuera de Canarias las soluciones a todos los problemas. O, para ser más precisos, en responsabilizar siempre a terceros, sea el Estado o la Unión Europea, de todo lo que sucede en Canarias -en sanidad, educación o vivienda- como si careciéramos de autogobierno. La otra particularidad destacada es que su gestión de los dineros públicos merece un rotundo suspenso. Por la elevada inejecución presupuestaria, la grave devolución de fondos europeos o el reiterado incumplimiento de la regla de gasto. Con consecuencias que ya se sufren y otras que se prolongarán en los próximos ejercicios presupuestarios. Incidiendo en una importante pérdida de recursos para la Comunidad Canaria.

En un delicado momento para la política en todo el mundo, con el ascenso de la ultraderecha y de sus propuestas que apuntan a la reducción de los derechos democráticos y a la liquidación del Estado social, resulta imprescindible dirigir con limpieza y transparencia las administraciones públicas; y, al mismo tiempo, hacerlo con la máxima eficiencia, con buen gobierno, resolviendo los problemas que más afectan a la gente. Y Canarias, lamentablemente, se ha convertido en un paradigma de todo lo contrario. 

En los tres años en los que el ejecutivo de Clavijo ha (mal) planificado y gestionado y liquidado los Presupuestos de Canarias, la inejecución acumulada alcanza los 3.430 millones de euros, lo que supone una media de 1.143 millones por año no gastados del dinero previamente presupuestado. En efecto, no han sido capaces de gastar 1.090 millones en 2023; 1.289 millones en 2024; y 1.051 en 2025. Especialmente en materia de inversiones, claves para dinamizar la economía, modernizar infraestructuras y crear empleo.

Además, ya en 2024 el Gobierno canario incumplió con la regla de gasto según confirma el Ministerio de Hacienda, con un incremento del 7,6% del gasto no financiero sobre el inicial, cuando el aumento del gasto computable autorizado era del 2,6%, por lo que tuvo que presentar un Plan de Ajuste por importe de 445 millones a aplicar este año 2026. 

El incumplimiento se repitió también en el año 2025, con un aumento del gasto computable del 9,1% frente al 3,2% autorizado. Así, en el primer Informe sobre el Cumplimiento de las Reglas Fiscales del ejercicio 2025, publicado por el Ministerio el pasado junio, recoge que Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor aumento del gasto computable y está muy por encima de la media de las comunidades (5,6%). En consecuencia, el Gobierno canario debe presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) otro Plan de ajuste, esta vez de 566,2 millones, a aplicar en los presupuestos de 2026 y de 2027, para compensar el exceso de gasto computable en 2025. Este nuevo Plan de ajuste se suma al ya presentado, y aún no aprobado por el CPFF, por 445 millones que hay que aplicar este año 2026 por incumplimiento de la regla de gasto en 2024. 

1.011 millones menos de gasto público

Esto supone que el Ejecutivo canario de las dos derechas deberá hacer una reducción del gasto público de 1.011 millones entre 2026 y 2027, que afectará a los servicios públicos, al apoyo a las familias y a los sectores productivos. Un verdadero desastre de enormes consecuencias económicas y sociales a causa de una mala planificación y una peor gestión.

Antes de continuar, un pequeño paréntesis. La regla de gasto no es una imposición del malvado Sánchez, como intentan vender CC y PP. Está concebida en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de abril de 2012, una Ley impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, siendo ponente de esta en el Congreso de los Diputados la actual consejera de Hacienda del Gobierno canario. El entonces diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, se opuso a su aprobación. La regla de gasto, y el conjunto de reglas fiscales, fueron suspendidas, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, en el periodo 2020-2023, para hacer frente a los efectos de la pandemia de la Covid 19 y de la guerra de Ucrania, y recuperadas en 2024.

Cabe preguntarse cómo se explica que el Gobierno canario de CC y PP deje de ejecutar una media de 1.143 millones anuales y al mismo tiempo incumpla la regla de gasto en el año 2024 y también en el año 2025.

En ese sentido, no es cierto, como a menudo señala el Gobierno CC-PP, que no se ejecute más el Presupuesto porque lo impide la regla de gasto. Por un lado, hay que destacar que en 2023 no había regla de gasto (ni el resto de las reglas fiscales, al estar suspendidas) y dejaron sin ejecutar 1.090 millones de euros. Por otro, y es el meollo del asunto, si bien el Presupuesto inicial de 2024 y 2025 se hizo, supuestamente, cumpliendo con la regla de gasto, es decir, con la tasa autorizada de aumento del “gasto computable”, como se explica en el Informe Financiero de ambas Leyes presupuestarias. La realidad es que, al final, con los créditos incorporados se incumple de forma flagrante la regla de gasto.

Mucho gasto corriente, pocas inversiones

Hay un dato muy relevante para entender la situación creada: la mayor parte del gasto que se está ejecutando es gasto corriente (personal, adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes), y este es casi todo “gasto computable” . Y esa es la razón principal por la que se supera la tasa autorizada por la regla de gasto. Por ponerlo en cifras, en el año 2024 el gasto ejecutado, en términos de Obligaciones Reconocidas Netas (ORN), fue 11.352,2 millones de euros. Pues bien, el 88,6% fue gasto corriente (10.058,9 millones) y el gasto en operaciones de capital (inversiones) fue solo del 11,4% (1.293,3 millones). Este año de 2024 se dejaron sin realizar nada menos que 1.026 millones del presupuesto para inversiones. Algo similar sucede en 2025.

Claro que se puede gastar más (y, por tanto, ejecutar, mejor el Presupuesto que se aprueba anualmente en el Parlamento canario) sin incumplir la regla de gasto. Eso pasa por gastar mucho más en inversiones (los capítulos 6 y 7 de las cuentas públicas) y contener el gasto en operaciones corrientes, que está disparado en los últimos años. 

Esos datos, que apuntan a una mala gestión, han sido confirmados por los respectivos informes del Ministerio de Hacienda, por la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y, más recientemente por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Los distintos estudios destacan el incumplimiento de la regla de gasto, el empeoramiento en la ejecución de las inversiones y, asimismo, la grave situación de los fondos europeos.

Fondos europeos devueltos

Respecto a estos últimos, como hemos venido denunciando, la gestión es muy negativa. Estos fondos Next Generation, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se dirigen, especialmente a la transición ecológica y digital. Y la mala dirección llevada a cabo por el Gobierno Clavijo ya ha obligado a reembolsar 55 millones en 2025; y otros 150 más seguirán el mismo camino este año ante la imposibilidad de gastarlos y justificarlos antes del 31 de agosto. Calculamos que de los más de 1.700 millones de euros asignados a Canarias se devolverán a Europa unos 500 millones (28,95%), es decir, casi uno de cada tres.

En definitiva, cuando estamos inmersos en el último año de este Gobierno, se visualiza perfectamente como, teniendo competencias y recursos, mal gestiona una comunidad con bajos salarios, elevada pobreza y desigualdad, así como dificultades en vivienda, sanidad, educación o políticas sociales. Condicionando no solo el presente, sino hipotecando también los futuros ejercicios presupuestarios, lo que llevará a importantes recortes que afectarán a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, a sus servicios públicos y a sus empresas.

Dentro del actual tsunami conservador y ultra contra el Estado social se incluyen las propuestas dirigidas a la desprotección de las personas más vulnerables y el calculado debilitamiento de los servicios públicos sanitario y educativo. En ese marco, las universidades públicas constituyen uno de sus objetivos. Lo podemos observar nítidamente en Isabel Díaz Ayuso y su poco disimulado intento de estrangulamiento financiero de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Canarias no es ajena a esa devastadora ola. Su Gobierno, el de CC y PP, al mal financiarlos, castiga a los centros superiores de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria; y, como casi siempre, no solo elude sus competencias y responsabilidades, sino que intenta despejar el balón hacia el Ejecutivo central, convirtiendo al autogobierno en una especie de elemento decorativo.

Cierto es que, afortunadamente, en las Islas se han venido produciendo las primeras reacciones ante esa situación tan negativa que condiciona el presente y pone en riesgo el futuro de nuestros centros superiores. Como la publicación del Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, suscrito ya por más de 4.000 personas. En su texto se destaca el preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, tanto a nivel internacional como estatal, que cuestiona “el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista. Debemos alertar sobre estas tendencias: cuando se deslegitima y debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social”.

Se recuerda, además, que estas instituciones han actuado como un poderoso ascensor social, “formando a generaciones de canarias y canarios que fueron las primeras personas de su familia en acceder a la universidad, entre ellas, miles de mujeres que encontraron en la universidad el único espacio donde su talento no dependía de su apellido ni de su género”. Así sucedió en mi ámbito familiar y en miles de personas de mi generación y posteriores, que pudieron cursar estudios superiores en las universidades públicas canarias.

El Manifiesto asegura, asimismo, que defender las universidades públicas es defender una sociedad más “justa e ilustrada”, e instando a un compromiso “firme y concreto en defensa de nuestras universidades públicas canarias”. Exigiendo, por ello, a las administraciones competentes que cumplan plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación.

1% del PIB canario

Por otra parte, se acaba de crear la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN), que encabezan los dos rectores de las universidades canarias, Francisco García Rodríguez (ULL) y Lluís Serra Majem (ULPGC), “con la voluntad de fomentar la cooperación universitaria, promover su internacionalización y su compromiso social”. Ambos rectores sostuvieron en su presentación que van a solicitar claridad de criterios y estándares de calidad en un sistema donde operan también otras instituciones.

En su acto de constitución, la UPCAN reclamó alcanzar para nuestro sistema universitario el 1% del PIB canario en el año 2030, como establece la LOSU, lo que supondría disponer de un presupuesto que superaría los 500 millones de euros para las dos instituciones, frente a los menos de 300 con los que cuentan ahora.

Esa circunstancia, disponer hoy de una financiación en torno al 0,5% de nuestro PIB, se produce cuando la Comunidad Canaria cuenta con un Presupuesto que supera en este ejercicio de 2026 los 12.500 millones de euros; y, también, con la realidad de un Gobierno, el de las dos derechas, que ha dejado de ejecutar una media de 1.143 millones anuales en 2023, 2024 y 2025, es decir, más de 3.400 millones en lo que va de legislatura. Mala gestión de los dineros públicos y desatención de nuestras universidades.

Frente a la naciente reacción social y de la comunidad universitaria, el grupo de Coalición Canaria responde presentando en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) con el rimbombante título de “impulso de un acuerdo para el cumplimiento del objetivo de financiación universitaria pública previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario”. En ella, lejos de asumir algún compromiso de mejora de la financiación de nuestras universidades públicas, CC sitúa la responsabilidad también en este tema en el Gobierno de España, como ya es marca de la casa. 

Competencia y contrato programa

Por eso, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad a esa PNL de CC. Poniendo el acento en que, según refleja el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la enseñanza superior es nuestra competencia y por tanto es deber del Gobierno de Canarias su adecuada y suficiente financiación. 

La enmienda de Nueva Canarias, defendida de forma argumentada por nuestra diputada Carmen Hernández, plantea que se atienda la solicitud conjunta de los dos rectores de las universidades públicas, entregada por escrito a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura el 30 de junio de 2025, “de crecimiento mínimo de su financiación estructural en los presupuestos de 2026 de 25,7 millones de euros, 13,8 millones para la universidad de La Laguna y 11,9 millones para la Universidad de las Palmas de Gran Canaria”, incorporando en el presupuesto vigente estas cantidades.

Asimismo, insta al Gobierno canario a presentar, en un plazo máximo de tres meses, un contrato programa negociado con las universidades públicas canarias, que, conteniendo los instrumentos de programación y financiación plurianuales, incluya los objetivos a conseguir, los recursos financieros para ello y los mecanismos de evaluación del grado de consecución de dichos objetivos. “Esta financiación por objetivos deberá ser adicional a la financiación estructural basal y a la financiación por necesidades singulares de nuestras universidades, tal como establece el artículo 56 de la LOSU”.

Reclamando, además, al Gobierno estatal la reactivación inmediata de la comisión de trabajo creada para el análisis y desarrollo del artículo 55 de la LOSU, que pretende destinar como mínimo el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, “con la participación de las comunidades autónomas, las universidades y los consejos sociales universitarios, sin eludir que la competencia en materia de enseñanza universitaria compete a la Comunidad Autónoma de Canarias y, por tanto, su deber de una financiación suficiente de las universidades canarias”.

Quiero apuntar, asimismo, el retroceso que ha sufrido en las cuentas públicas canarias la I+D+i con 21,8 millones de euros menos en 2026 que, en el Presupuesto de 2023, el último del pacto de Progreso, pese a que el global presupuestario es de 2.310 millones más que en 2023. Incumpliendo el Pacto Canario por la Ciencia y mostrando que la ciencia no es una prioridad para este Gobierno.

La actual ofensiva ultra ve en las universidades solo un negocio y, por eso, trata de debilitar a las públicas para favorecer a las privadas. Desde NC-bc rechazamos por completo ese modelo. Consideramos que nuestras universidades públicas constituyen un patrimonio de la sociedad canaria. Que merecen ser respetadas y apoyadas, recibiendo un trato justo del Gobierno de Canarias. Abandonarlas, como está sucediendo, supone un grave perjuicio para la sociedad de las Islas, para su docencia e investigación, para una mejor formación de su ciudadanía, para poder competir en un mundo cada vez más cambiante y donde la I+D+i es una piedra angular. Urge, por ello, un cambio de rumbo, cumpliendo la Ley, mejorando su financiación y, en definitiva, siendo consecuentes con el hecho de que la educación superior y la investigación científica son claves para para el futuro de Canarias, para su transformación y para la diversificación de su economía. Tenemos competencias y hay recursos económicos. Falta decisión política, saber priorizar el gasto público y hacer una gestión eficiente.

Respecto a la IA, Robert Francis Prevost, desde mayo de 2025 León XIV, asegura que “pequeños grupos muy influyentes pueden orientar informaciones y consumos, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos”. Por lo que considera que los estados están obligados a intervenir para regularla.

No parece muy lejos de lo que recientemente señalaba el senador Bernie Sanders, una de las figuras más destacadas de la izquierda estadounidense, quien tras indicar que la Inteligencia Artificial introduce “cambios inimaginables a nuestra economía, nuestra democracia, nuestro bienestar emocional, nuestro medio ambiente y a la forma en que educamos y criamos a nuestros hijos”, aboga por que la misma beneficie a la humanidad y no exclusivamente a una elite privilegiada. 

Sanders recuerda que Sam Altman (director ejecutivo de OpenAI) o Elon Musk (dueño de xAI) se están aprovechando y se puede afirmar que “han robado” un conocimiento global fruto del trabajo creativo de millones de personas del ámbito de la educación, la ciencia o la cultura. “Es hora de que lo recuperemos”, concluye.

Belicismo y memoria histórica

Volviendo a la encíclica, el Papa no duda en posicionarse críticamente frente al belicismo, que se ha agudizado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Un belicismo que, como se sabe, cuenta actualmente con numerosos frentes abiertos en el planeta, desde la Ucrania invadida por la Rusia de Putin a las agresiones militares de Estados Unidos a Irán o de Israel al Líbano, así como la permanente barbarie del estado israelí contra el pueblo palestino. Además de la pervivencia de otros muchos conflictos armados con menor repercusión mediática.

“Hoy más que nunca es importante reiterar la superación de la teoría de la ´guerra justa´, invocada con demasiada frecuencia para justificar cualquier guerra”, afirma León XIV. Añadiendo que “la guerra nunca es inevitable, las armas pueden y deben callar, porque no resuelven los problemas, sino que los aumentan”. Un posicionamiento que, como en otros asuntos, le aleja del trumpismo y de los discursos dirigidos al incremento del armamentismo y del sufrimiento, la destrucción y la muerte de decenas de miles de personas para satisfacer las ambiciones expansionistas y los negocios de una exigua minoría. Llama, asimismo, a desarmar la Inteligencia Artificial, “a sustraerla de la competencia armamentística, que hoy no es solo militar, sino económica y cognitiva”.

Por otra parte, el Papa alerta en Magnífica Humanidad de una preocupante perdida de la memoria histórica. Lo hace justo cuando formaciones de extrema derecha vuelven a ocupar el poder en distintos estados, repitiendo los discursos de odio del pasado e incluso considerándose algunas herederas de las que llevaron al mundo al desastre en los años treinta y cuarenta del pasado siglo. “La desaparición gradual de los testimonios directos del Holocausto y de las dos guerras mundiales facilita la reescritura selectiva o distorsionada del pasado, en un clima en el que las noticias falsas y las manipulaciones narrativas empañan las lecciones aprendidas”, asegura.

Desigualdad y pobreza

León XIV no elude entrar en los problemas de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Abogando por la implementación de leyes justas y de instrumentos de redistribución de la riqueza que corrijan los desequilibrios, incluso mediante sistemas fiscales “que alivien la carga sobre los más débiles y exijan más a quienes tienen más recursos”. Y, sin cuestionar la educación privada, defiende la educación pública como garantía de que la formación de las jóvenes generaciones no quede supeditada a la capacidad económica de las familias.

Es decir, justo lo contrario de lo que plantean los tecnomillonarios y las derechas y ultraderechas en todo el mundo, también en Canarias, empeñadas en bajar los impuestos a los más ricos, desproteger a los más vulnerables y debilitar los servicios públicos y el conjunto de las estructuras estatales desde un iliberalismo que pretende borrar del mapa al estado social, el que ha permitido los mayores niveles de calidad de vida y equidad.

La encíclica aborda y analiza muchos más asuntos. Rechazando los extremismos religiosos y los fanatismos identitarios que se alían con un economicismo irracional; y oponiéndose al viejo y al nuevo colonialismo y defendiendo la necesaria autocrítica de la Iglesia por haber tolerado la esclavitud y por haber tardado tanto en condenarla.

No olvida el Papa realizar referencias a la situación de desigualdad de las mujeres en el mundo y a la pervivencia del maltrato, la violencia y la exclusión. Señalando que el discurso de igualdad de derechos debe traducirse en decisiones concretas “en las leyes, en el acceso al trabajo, a la instrucción, a las responsabilidades sociales y políticas, en el modo en el que la sociedad escucha y valora el aporte de las mujeres. Mientras exista esta disparidad, no podremos decir que la sociedad reconoce realmente y en profundidad que las mujeres tienen la misma dignidad que los hombres”. Asunto espinoso cuando en la propia Iglesia Católica las mujeres feministas reclaman un mayor papel, como el alcanzado en otras religiones que no solo cuentan ya con mujeres que ejercen el sacerdocio sino incluso que han accedido al obispado.

Inmigración y derecho a quedarse

Y, asimismo, coloca el trato que se da a los emigrantes -a las personas que abandonan su tierra a causa de la pobreza, la violencia, el cambio climático o los desastres-, como elemento que define la existencia o no de una justicia social. Desde el reconocimiento del derecho que tienen a irse de sus países para mejorar sus condiciones de vida a lograr que sea también efectivo “el derecho a quedarse” en los lugares a donde emigran y quieren desarrollar sus vidas. Un mensaje solidario que en nada se parece a las llamadas, tan en boga, a la prioridad nacional, a primero lo nuestro, a primero los de aquí, tan peligrosas como deshumanizantes. Como se observa claramente en los distintos pactos del PP con Vox en varias comunidades autónomas, el más reciente en Castilla y León. Y con algunas derivas locales de similar tono.

Es difícil no coincidir en la mayoría de las propuestas humanistas que hace el pontífice en su primera encíclica. Sin embargo, estos días, con el mayor cinismo, veremos sacarse fotos con el Papa a dirigentes políticos, empresariales o mediáticos que, en su práctica cotidiana, predican y hacen lo contrario que plantea León XIV. En inmigración, en políticas fiscales, en lucha contra la desigualdad y la pobreza, en defensa del trabajo digno o en el rechazo a las guerras y a quienes las causan. Que, en definitiva, en relación con los dos diferentes modos de construir el futuro que describe el Papa en Magnífica Humanidad (“un progreso que sirve a la persona y a los pueblos, o un progreso que los doblega a las lógicas de poder”), hace tiempo que apuestan de forma entusiasta e indisimulada por este último.

En distintas ocasiones he señalado que la defensa de la sanidad es uno de los asuntos que, afortunadamente, genera mayor unanimidad entre la población. Situación ratificada, hace apenas seis años, en el reconocimiento colectivo de nuestro sistema sanitario en un momento tan crítico como fue la respuesta a la pandemia de la Covid 19. Formamos parte de los privilegiados estados y comunidades del mundo que cuentan con un sistema sanitario público, gratuito, universal y financiado con fondos públicos. Lo que posibilita que los ciudadanos y las ciudadanas, al margen de su condición social y económica u origen territorial y nacional, puedan acceder a un tratamiento o a una intervención quirúrgica de mayor o menor complejidad. En muchos lugares del mundo, incluso del desarrollado, muchas personas no pueden afrontar los gastos sanitarios y estos pueden llevarlos al empobrecimiento o incluso a la ruina, así como a verse obligados a renunciar a un tratamiento por no poder pagarlo.

La Ley 14/1986 General de Sanidad impulsada por el PSOE en la etapa del recordado ministro Ernest Lluch, en la segunda mitad de los años ochenta del pasado siglo, constituye, sin duda, una de las leyes más importantes aprobadas en el período democrático. Fue la que consolidó el actual sistema universal, gratuito y financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y no a través de las cotizaciones a la seguridad social.

Transferencias sanitarias

Tras las transferencias educativas llevadas a cabo en 1983, y que implicaron una enorme transformación, modernización y avance, las sanitarias llegaron a Canarias algunos años más tarde, en 1994. Tras un duro proceso negociador, que me tocó dirigir por la parte canaria, y que culminó con la publicación del Real Decreto 446/1994, de 11 de marzo, de traspaso a la Comunidad Canaria de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Unas transferencias modélicas, en las que además del coste efectivo de los servicios traspasados a la Comunidad Canaria conseguimos financiación adicional para construir el hospital Doctor Negrín.

Canarias se encontraba entonces en una situación de absoluto retraso en este ámbito. Teníamos entonces el peor sistema sanitario del Estado español. Con infraestructuras claramente insuficientes. Con hospitales obsoletos. Con urgencias colapsadas. Con un grave estancamiento en atención primaria y con la salud mental abandonada. Con exiguas plantillas profesionales. Con déficits de instalaciones básicas en numerosos municipios y, especialmente, en islas como La Palma. Sin sistema de emergencias.

Partiendo de ese absoluto atraso se dio en poco tiempo un salto sustancial que situó a la sanidad canaria en la media estatal. Para eso debe servir el autogobierno, para intervenir en la realidad de Canarias, transformándola positivamente. Para contribuir de forma decidida a la mejora de la calidad de vida de la gente.

En julio de ese mismo año se aprobó la Ley 1994/11 de Ordenación Sanitaria de Canarias, aún vigente. Una ley que tiene entre sus objetivos “el establecimiento y la ordenación del sistema canario de la salud…”; así como la regulación general “de cuantas actividades, servicios y prestaciones, públicos o privados, determinan la efectividad del derecho constitucional a la protección de la salud”.

Creación SCS

Una Ley que supuso, asimismo, la creación y organización del Servicio Canario de la Salud (SCS), del que fui el primer director. Un SCS responsable “de las actividades y los servicios y las prestaciones directamente asumidos, establecidos y desarrollados por la Administración de la Comunidad Autónoma en el triple campo de la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria”.

Por otra parte, pusimos en marcha un plan de obras que en solo seis años triplicó la superficie de instalaciones sanitarias. Construyendo los hospitales de El Hierro, La Palma, La Gomera y el Doctor Negrín en Gran Canaria, además de los planes directores del Materno/Insular, La Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Poniendo en marcha, asimismo, la mayoría de los centros de salud del Archipiélago. Acercando la atención sanitaria a la ciudadanía de todas las Islas y municipios. Generando un pionero sistema de emergencias (inicialmente el 061, posteriormente el 112) y aprobando el primer Plan de Salud de Canarias.

Entonces la sanidad dejó de formar parte de los principales problemas para la ciudadanía, generando un importante grado de satisfacción por su funcionamiento que se reflejaba en los distintos sondeos de opinión. Pero no siempre se mantuvo así. Luego vinieron distintas etapas con numerosos altibajos, vinculados a distintos factores. A una mejor o peor dirección de este trascendental servicio público y a la eficiencia en su gestión. A los significativos recortes económicos que le afectaron tras la crisis financiera del año 2008. A la mayor o menor capacidad de respuesta antes las nuevas o crecientes demandas (como la atención a la salud mental) o a los cambios demográficos, por el incremento de población y por una sociedad más envejecida y, por tanto, con la necesidad de atender adecuadamente las patologías asociadas a una mayor longevidad.

La pandemia de la Covid19, a comienzos de 2020, supuso un momento crítico. Para afrontar adecuadamente el reto que planteó esa grave crisis sanitaria se produjo la contratación de 9.000 nuevos efectivos en el sistema canario de salud, profesionales que luego han continuado prestando servicios. Confirmó, además, nuestra capacidad de respuesta, con el caso del primer Covid detectado del Estado, que se produjo en la isla de La Gomera, o el confinamiento de unas mil personas, entre clientes y personal, en un hotel de Tenerife. Así como con la posterior atención a los miles de personas contagiadas en las Islas. Con el mejor perfil de la pandemia, con el menor porcentaje de enfermos y de fallecimientos entre las comunidades autónomas.

Legitimidad del autogobierno

La sanidad, por la enorme relevancia que tiene en la vida de todos y todas; por ser fundamental para mantener la salud pública, prevenir enfermedades y gestionar problemas de salud crónicos y agudos; por suponer más del 40% del Presupuesto de la Comunidad Canaria y disponer de más de 35.000 trabajadores y trabajadoras. Por todas esas razones precisa contar siempre con recursos suficientes, con la mejor planificación y organización, así como con una gestión profesionalizada, lo que en estos momentos no ocurre en modo alguno.

Mientras el sistema dependió por completo del Estado el abandono fue absoluto, así como la falta de adaptación del mismo a nuestras singularidades. Con las transferencias del 94, con el diseño del SCS, con el Plan de Salud y los de inversiones hicimos una gestión adaptada a la realidad archipelágica, teniendo en cuenta los ocho territorios, incorporando, por ejemplo, los helicópteros y los aviones medicalizados.

En definitiva, el autogobierno genera las condiciones para mejorar la sanidad desde Canarias. Pero para que esto suceda tiene que haber, además de recursos, adecuada planificación y gestión, no dejando áreas de esta complejidad en manos de aficionados. Por eso, actualmente los resultados de nuestro sistema sanitario son insatisfactorios para amplios sectores de la población canaria.

Además, las cada vez más frecuentes crisis sanitarias globales -Covid 19, hantavirus o ébola, que vuelve a generar una alta preocupación por su extensión en República Democrática del Congo y Uganda- precisan de sólidos sistemas sanitarios y, asimismo, de la máxima coordinación y colaboración en el ámbito estatal y europeo, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como dijo recientemente el director general de la OMS, Tedros, Adhanom, los virus “no entienden de política ni respetan fronteras”.

Por último, coincido con lo que plantea en un reciente artículo Ayoze Corujo, secretario de organización de NC-bc, en el que señala que el autogobierno necesita mejorar su ’legitimidad por rendimiento’. Lo digo desde el convencimiento de que el autogobierno ha sido determinante para la mejora y consolidación de los servicios educativo o sanitario, pero, al mismo tiempo, la calidad de esos servicios públicos y su percepción por la ciudadanía resultan fundamentales para la legitimación permanente del autogobierno y para aspirar a mayores cotas de soberanía.

Tenemos un ejemplo reciente, la pandemia de la Covid 19, de alcance mundial y de mucha mayor dimensión por el nivel de contagios, por el número de hospitalizados y fallecidos; y, asimismo, por la paralización económica. En el Estado español y en Canarias, desde la co-gobernanza entre administraciones se respondió sanitariamente, con un gran despliegue sanitario, el confinamiento y una vacunación masiva; y en el plano económico sus consecuencias fueron atenuadas por la intervención pública, con la aplicación de los ERTES y otras medidas, económicas y fiscales, de apoyo a las empresas, a los trabajadores y al conjunto de la sociedad. 

El primer caso detectado en España fue el de un turista alemán en La Gomera, a final de enero de 2020. Tres semanas más tarde, se produjo un brote en un hotel de Tenerife que obligó al primer confinamiento masivo en el conjunto del Estado: mil personas, entre clientes y trabajadores. Se demostró entonces la capacidad del autogobierno para responder a una contingencia de tanta complejidad. En la pandemia de la Covid -gracias a los niveles de dirección y coordinación de las administraciones públicas, el esfuerzo denodado de los profesionales de la salud y de los docentes, la actuación responsable de la ciudadanía- Canarias tuvo el mejor perfil de la pandemia, con el menor porcentaje de enfermos y de fallecimientos entre las comunidades autónomas. 

En el caso que nos ocupa, el del hantavirus, el Gobierno español respondió positivamente a las peticiones realizadas por la OMS, la Unión Europea y de los ejecutivos de los 23 estados con ciudadanos en el crucero MV Hondius. Se trataba, parece que se olvida, de prestar la ayuda adecuada, facilitando su desembarco y traslado a sus países de origen, a unas 150 personas, tripulación y pasajeros, catorce de ellos de otras comunidades autónomas, que se encontraban en un buque en el que se habían dado varios casos de hantavirus y en el que ya se habían producido algunos fallecimientos. 

Se intervino con muchos medios, prudencia, determinación y eficiencia. La que se corresponde con nuestros niveles de desarrollo, la calidad y profesionalidad de nuestros sistemas públicos de emergencias y sanitarios, fuerzas de seguridad, el personal de puertos y aeropuertos… algo por lo que tenemos que sentirnos legítimamente orgullosos. Pese al partidismo, la labor obstaculizadora, la búsqueda de la confrontación por la confrontación y los graves errores cometidos por el presidente del Gobierno de Canarias. El balance de la actuación ha resultado globalmente muy positivo.

Da la impresión de que, desde el minuto uno, la intención de Fernando Clavijo y los suyos era tratar de confundir a la ciudadanía. Convirtiendo la razonable solución a un problema de salud y humanitario de alcance internacional en un espacio propicio para la bronca política y el enfrentamiento con el Gobierno español. Reproduciendo lo mismo que hacen PP y Vox, cotidianamente, en el escenario estatal. Buscando obtener réditos electorales con la política de la crispación y del miedo, que tanto daño hace a la democracia y a la convivencia.

Competencias, autogobierno y co-gobernanza

Para ello no dudaron en falsear la realidad. Primero, obviando que, mientras no se cambien las cosas en una reforma del Estatuto, las competencias en materia de puertos de interés general y en sanidad exterior corresponden al Estado. Aunque el Gobierno de España está obligado a la coordinación, la información y la participación de la comunidad autónoma. Y así se hizo, en solo cuatro días, con una veintena de llamadas entre los dos gobiernos, a nivel ministerial e incluso con conversaciones entre los dos presidentes, y una quincena de reuniones de trabajo y técnicas, en el ámbito de la protección civil y en el sanitario. Hubo información y trabajo conjunto. La co-gobernanza es esencial, como ocurrió en el caso del Covid. En este, todo marchó razonablemente bien hasta la noche del sábado.

Ocultar o minimizar la celebración de esas reuniones de trabajo y llamadas con la intención de generar un clima de enfrentamiento constituye una grave irresponsabilidad. Máxime en un momento en que la ciudadanía precisaba de sus gobernantes algo bien distinto: información sin alarmismos, confianza en los protocolos científicos, reconocimiento y valoración de nuestro sistema y profesionales sanitarios y transparencia en las actuaciones a desarrollar. Hacer lo contrario, como ha hecho el Gobierno de Canarias, mina la confianza en la política y en las instituciones y alimenta los populismos que degradan y ponen en peligro la democracia, los derechos cívicos y las libertades.

Capacidad, infraestructura, humanidad

La Organización Mundial de la Salud, como señala su director general, Tedros Adhanom, tenía que elegir, en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, un puerto “con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo”. Lo que no cumplía Cabo Verde, a donde se había dirigido inicialmente el buque neerlandés. “Tenerife ha sido elegida porque tiene la capacidad médica, la infraestructura y sé que la humanidad necesaria para ayudarles a llegar a un lugar seguro”, asegura Adhanom, que se trasladó a Canarias para estar presente en todo el operativo. Y que recordó, además, que los virus “no entienden de política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”.

OMS y el organismo de protección civil internacional decidieron que el buque fondeara en el infrautilizado puerto de Granadilla, (por cierto, un monumento al despilfarro de CC), y desde allí, mediante un “plan cuidadoso y detallado”, así lo calificó el director de la OMS, sin que se produjera contacto con la población local, realizar el traslado de los pasajeros al cercano aeropuerto Reina Sofía, para desde allí ser repatriados a sus estados de origen. 

Bloquear, retrasar, desacreditar

Antes del fondeo del MV Hondius llegó la sorpresa Todo el proceso de trabajo conjunto entre las distintas administraciones -canaria, estatal y europea, así como la OMS- se quiebra cuando desde el Mecanismo de Protección Civil Internacional se decide prolongar hasta la tarde del lunes, las tareas de desembarque, ante la imposibilidad de completarlas el domingo. Una decisión razonada y lógica que se traslada al Gobierno de Canarias sin que se produzca ningún reparo. Pero, pocas horas después, en la noche del sábado, se utiliza esa ampliación para oponerse a la llegada y fondeo del buque. 

Es entonces cuando Clavijo decide no autorizarlo. Un grave intento, afortunadamente fracasado, de bloquear, retrasar o desacreditar una actuación sanitaria y humanitaria en marcha con aval técnico y científico internacional. Una intervención propagandística, mal sustentada en la ampliación del proceso hasta 36 horas por muy justificados motivos; con prácticamente nulas posibilidades de ejecución práctica, pero que volvió a sembrar la cizaña y a intentar generar dudas, inquietud y miedo entre la población. Es la dirección de la Marina Mercante quien finalmente lo autoriza.

Dejemos para el capítulo de las anécdotas conspiranoicas -fáciles de alimentar, pero muy peligrosas para la salud, como ya vimos repetidamente en la pandemia de la Covid 19- la desafortunada referencia a las ratas que podían saltar del barco y llegar a nado al puerto, fundamentada en información extraída de la IA, y puesta como razón añadida para frenar el operativo. 

Hay que destacar, y es muy importante, que la respuesta de los profesionales ante esta crisis sanitaria ha sido, como se esperaba, ejemplar. También la de la ciudadanía canaria, pese a los desesperados intentos por soliviantarla mediante el alarmismo y la desinformación. El operativo ha merecido la felicitación al Estado español por parte del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres; de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; del presidente del Consejo Europeo, António Costa; y del Papa León XIV. Así como del director de la OMS, que lo calificó como “el modelo a seguir” ante crisis similares que se produzcan en el futuro. Que se producirán, no les quepa la menor duda. 

Frente a esa consideración prácticamente unánime, para el presidente del Gobierno canario fue un día “triste para la democracia y para Canarias”. Asombroso.

Tras lo sucedido estas semanas, lo que habría que desear es que las crisis que afecten a la salud pública, que se repetirán en el futuro, dejen de formar parte del rifirrafe político; y puedan ser abordadas serenamente y sin ruido desde respuestas basadas en el conocimiento científico. Para evitar que los procesos se vean enturbiados por la politiquería, el egoísmo, la falta de humanidad y el ombliguismo de quienes ponen por delante sus estrechos intereses partidarios, incluso en los momentos más críticos. Lo que, lejos de ser una anécdota, se corresponde con el modus operandi que las extremas derechas están imponiendo en todo el mundo, potenciando los bulos, generando desinformación, desprestigiando a la ciencia y a los expertos y, además, buscando la desafección y el descreimiento en la política y en las instituciones democráticas.

Desde Canarias y las competencias de su autogobierrno se puede legislar adecuadamente sobre las viviendas vacacionales. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Y, asimismo, se puede aprobar una ecotasa finalista que paguen los no residentes y cuya recaudación se destine a rehabilitar las infraestructuras públicas y preservar los recursos naturales.

Desarrollamos la vida sobre un territorio concreto. En nuestro caso, Canarias, un archipiélago con ocho islas habitadas. Y las distintas actividades -industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, energéticas, de movilidad de personas y mercancías...- impactan sobre el mismo. Sobre sus paisajes rurales. Sobre sus costas. Sobre los espacios urbanos. Sobre la calidad del aire que respiramos. Por eso, se hace imprescindible legislar para hacer posible en las mejores condiciones la vida cotidiana de sus habitantes, el desarrollo de las distintas actividades económicas y, asimismo, la preservación de la Naturaleza. Pensando no solo en el corto y medio plazo, sino con mirada mucho más larga. Esta es, sin duda, una de las principales competencias del Estatuto y en las que ha habido etapas en que se han tomado las decisiones adecuadas y otras en que no se ha defendido el interés de la mayoría.

Para conseguir ese equilibrio, el Parlamento de Canarias aprobó distintas leyes para proteger nuestro privilegiado territorio y medio ambiente. Entre otras, la Ley 12/1987 de declaración de espacios naturales de Canarias de 1987, presidiendo Jerónimo Saavedra el Gobierno del pacto de progreso. Declarando 70 parajes naturales, así como 35 parques naturales, entre ellos, por citar algunos, La Geria, Las Dunas de Corralejo, Guayadeque, Anaga, Valle Gran Rey, Cumbre Vieja y Teneguía.

Siete años después se aprobaría, por unanimidad de la Cámara, la Ley 12/1994 de Espacios Naturales, siendo Manuel Hermoso presidente del Ejecutivo. Una ley cuya finalidad es “la protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales del archipiélago canario y de los procesos ecológicos esenciales que en ellos tienen lugar, así como el mantenimiento y restauración del paisaje que sustentan”.

Posteriormente, la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias tiene por objeto regular “la actividad administrativa en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística y definir el régimen jurídico urbanístico de la propiedad del suelo y vuelo, de acuerdo a su función social”, en ejercicio de las competencias estatutarias y en el marco de la legislación estatal sobre conservación de los espacios naturales protegidos, régimen del suelo y valoraciones. Además, con el decreto legislativo 1/2000 se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. 

Pero no se trata solo de preservar espacios -parques nacionales, reservas, parques naturales o rurales-, sino también de generar condiciones para que la actividad económica module su impacto sobre el territorio y el medio. Atenuando la ocupación de suelo, el consumo energético y de agua o el propio crecimiento demográfico. Respecto a este último, Canarias creció entre 1980 y 2025 un 65% en población, pasando de los 1,3 millones a 2,2; el doble que el conjunto de España (31,73%). En el mismo periodo, Euskadi aumentó un 5,30%, subiendo de 2,1 millones a 2,2. Las proyecciones para 2050 sitúan a Canarias con más de 450.000 habitantes más que ahora; en el País Vasco, sus proyecciones, en este caso para 2045, sumarían 77.000 habitantes a los actuales.

Para estudiar esa realidad y sus consecuencias desde la Presidencia del Gobierno canario creamos en la legislatura 1999/2003 un comité de expertos sobre población e inmigración que analizó en profundidad la situación y ofreció respuestas, las centrales vinculadas a nuestro modelo de crecimiento. En su informe concluyen que “la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial, porque las islas no soportan la misma capacidad que los territorios continentales, sobre todo las islas alejadas”. 

Por otra parte, las conclusiones del Comité de expertos resaltaban la importancia de las directrices generales de ordenación territorial y las sectoriales del turismo -también promovidas por aquel Gobierno y aprobadas por el Parlamento en 2003- para reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad y modular el crecimiento poblacional. Asegurando, además, que todas las actuaciones políticas demográficas deben estar subordinadas “a las opciones de desarrollo futuro en el ámbito de la economía y del medio ambiente, en particular. En el caso de Canarias, su singularidad exige la máxima coherencia entre las opciones de desarrollo futuro que se adopten y la acción en el campo de la demografía”. 

Moratoria y directrices

De ahí la enorme relevancia de las leyes que promovimos en esa legislatura. La Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (conocida como ley de la moratoria), que desclasificó más de 300.000 camas turísticas y que posibilitó parar el crecimiento para reflexionar y tomar, sosegadamente, decisiones de futuro. Marco legal que resultó determinante para desclasificar el suelo turístico de Veneguera, evitando los planes de masiva construcción que impulsaban empresarios con el apoyo nada disimulado de algunos dirigentes de Coalición Canaria; más tarde, en la primavera de 2003 se aprobó la ley 6/2003 que declaraba el barranco de Veneguera como espacio natural protegido, impidiendo su desarrollo urbanístico y preservando definitivamente Veneguera. Sin que supusiera coste alguno para las arcas públicas.

Paralelamente se proyectó, debatió y elaboró la ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y Turística de Canarias. Aprobada por unanimidad de la Cámara. Centrada en un crecimiento modulado, la no ocupación de más territorio, favoreciendo la reforma de la planta obsoleta, y la renovación de las ciudades turísticas, así como la diversificación y la cualificación de la oferta y una mayor formación del personal del sector. En los siguientes tres años solo se podía aumentar el 1% la oferta hotelera en las islas turísticas, siempre basada en parámetros de calidad; para las islas verdes se estableció una legislación específica (Ley 6/2002). 

Ley del Suelo

Si embargo, no todo serían avances en protección del territorio y el medio, así como en la modulación del crecimiento. Así sucedería con la aprobación de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. En su momento expresamos que contenía algunos elementos positivos, como la unificación de las normas previas; el planteamiento de compensar por conservar o el respeto a la delimitación y regulación de los espacios naturales protegidos; y, también, la supresión de la caducidad de los instrumentos de ordenación, la flexibilización de los plazos de adaptación de los planes y la simplificación de la autorización de obras para actividades propias en suelo urbano y rústico.

Pero, junto a ellos, la Ley del Suelo impulsada por Fernando Clavijo presenta numerosos aspectos regresivos. De entrada, y a diferencia de las leyes anteriores, el haber sido elaborada con poco debate y sin consenso político ni social. Así como por su apuesta por un modelo desarrollista que subordina a los intereses económicos el territorio, el medio natural, el futuro. Su abandono del urbanismo de planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyecto. Y, además, por incorporar en suelo agrario la autorización de usos complementarios turísticos, de ocio, industriales o deportivos; lo que facilita una presión especulativa sobre el suelo rústico de irreparables consecuencias. 

Desde Canarias para Canarias

En cualquier caso, la solución para la inmensa mayoría de los problemas en estos ámbitos se encuentra en la Comunidad Canaria y sus instituciones y no en otras instancias estatales y europeas, como algunos se empeñan en hacer creer. Desde aquí, desde Canarias, se puede frenar en el medio y largo plazo el crecimiento en las islas turísticas a través de la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. Así como establecer una limitación al crecimiento de plazas alojativas condicionado a las distintas realidades insulares en las islas turísticas. Ofreciendo un tratamiento diferencial a las islas verdes, con un crecimiento moderado desde parámetros de calidad y respeto medioambiental. 

Desde Canarias y las competencias de su autogobierrno se puede legislar adecuadamente sobre las viviendas vacacionales. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Y, asimismo, se puede aprobar una ecotasa finalista que paguen los no residentes y cuya recaudación se destine a rehabilitar las infraestructuras públicas y preservar los recursos naturales. 

En definitiva, nuestro autogobierno dispone de instrumentos suficientes para ordenar los espacios naturales, poner límites al crecimiento y frenar los efectos negativos sobre la población en ámbitos como la vivienda, el tráfico, las infraestructuras o los servicios públicos. Tomando decisiones de manera autocentrada, para ser más sostenibles, para tener mejor presente y futuro. Solo hacen falta, la historia lo demuestra, gobiernos con convicciones, voluntad y determinación para hacerlo posible. 

Tras más de cuarenta años ejerciendo las competencias en materia educativa, podemos concluir que Canarias ha avanzado mucho en este ámbito, aunque todavía queden tareas pendientes para situarnos en las medias estatales y europeas en varios parámetros. Con lastres como el repunte del abandono escolar temprano y los bajos niveles de escolarización en educación infantil 0-3 años. Se precisa seguir avanzando, con un salto cualitativo que nos equipare a España y Europa y que podemos hacer desde aquí.

La primera legislatura autonómica, desarrollada entre los años 1983 y 1987, supuso poner en marcha una ingente tarea en el camino de construcción del recién estrenado autogobierno. Todavía estaban por definirse, recibirse y ponerse en funcionamiento las competencias que fueron llegando posteriormente en las más diversas áreas. En esos momentos se comenzó a edificar, con escasos medios, pero mucha voluntad, entusiasmo y convicción autonomista, la arquitectura inicial del Gobierno de Canarias en todos sus ámbitos. 

Pero si en algo destacó aquel Ejecutivo presidido por el socialista Jerónimo Saavedra fue, tras la recepción de las transferencias educativas, por el enorme esfuerzo inversor que llevó a cabo para superar las enormes deficiencias que presentaba nuestro sistema educativo, muy olvidado por el hasta entonces imperante centralismo.

Nuestra Comunidad partía de una situación caracterizada por el profundo atraso respecto al resto del Estado español. Con la presencia, todavía, de altas tasas de analfabetismo entre la población del Archipiélago. Con la realidad de numerosos colegios que se encontraban desdoblados en turnos de mañana y de tarde, al no disponer de suficientes plazas para escolarizar a nuestros niños y niñas. Con notables carencias de infraestructuras educativas dignas en numerosos municipios del Archipiélago. Con unas plantillas docentes claramente insuficientes. 

Las reclamaciones educativas se expresaron en las calles desde el comienzo de la transición. Los enseñantes demandaban “escuela canaria y maestros canarios”, con planteamientos nítidos respecto a la mejora de la calidad y de la propia formación docente. Exigiendo, además, que el sistema educativo facilitara el conocimiento de nuestra geografía, historia o cultura, absolutamente ocultadas en la larga noche del franquismo. Lamentablemente, cinco décadas después, nuestros jóvenes siguen sin tener un conocimiento básico del pasado indígena de la Islas o de la Canarias posterior a la conquista y colonización. 

A finales de los setenta comenzaron a celebrarse las entusiastas escuelas de verano de Canarias -definidas como espacios de encuentro, de intercambio y de debate de las comunidades educativas-, impulsadas por los movimientos de renovación pedagógica. Iniciándose, también, el surgimiento y consolidación de los sindicatos, algunos específicos del sector docente y con una gran base social y capacidad movilizadora.

Empleo y estabilidad laboral

Hubo, en distintas etapas, momentos de elevada conflictividad. Desde el boicot a las oposiciones en 1977, movimiento centrado en el empleo y la estabilidad laboral (“Ningún niño sin escuela, ningún maestro sin trabajo” era uno de sus lemas), cuando todavía se dependía del Ministerio de Educación estatal, al conflicto de la jornada continua en el curso 87/88, con el Gobierno canario de CDS, AP, AIC y AHI. 

Más tarde, desde sindicatos que desde principios del autogobierno contaban con una gran capacidad organizativa y de presión, se plantearon muy distintas reivindicaciones: a favor de la homologación salarial con el resto de los funcionarios, por la estabilidad del profesorado interino, en contra de la tutoría de tarde en enseñanzas medias o exigiendo más recursos económicos para la educación. 

También en el rechazo de algunas de las leyes educativas, especialmente, pero no solo, contra la denominada Ley Wert (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, del año 2013). Con importante participación del alumnado, en distintas etapas, en muchas de las movilizaciones del sector. Con el papel, asimismo, desplegado por las organizaciones de padres y madres de alumnos (ampas).

Dos universidades

Igual sucedió en el ámbito universitario, especialmente por las masivas manifestaciones, en los años 1982 y 1988, en defensa de la creación de una universidad completa en Las Palmas de Gran Canaria, en la que ya existía la Universidad Politécnica (creada en 1979) y algunos centros dependientes de La Laguna, como Medicina o Magisterio.

Habría que esperar hasta 1989 para que esa reclamación fuera hecha realidad, con la aprobación por nuestro Parlamento de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias. Desde entonces el sistema educativo superior canario cuenta con dos universidades públicas con una amplia oferta de estudios, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, que forman a decenas de miles de estudiantes cada año, que investigan y que colaboran entre ellas.

Los años noventa fueron de cambio, con el proceso de implantación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) por la Consejería de Educación que dirigía José Mendoza. Entre sus ejes, la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, la creación de la ESO, la instauración de un nuevo modelo de Formación Profesional estructurado en ciclos (medio y superior) y el establecimiento de la educación infantil.

Ley Canaria de Educación

Y, ya en este siglo XXI, sectores docentes, ampas y distintos ayuntamientos de las Islas impulsaron una ley de iniciativa popular en defensa de la educación pública de las Islas, apoyada por decenas de miles de firmas ciudadanas. Tras su tramitación parlamentaria esta se plasma en la Ley Canaria de Educación no Universitaria (2014). Una ley que tiene como objetivo “regular el sistema educativo canario y su evaluación, de modo que pueda convertirse en un instrumento eficaz para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, inclusiva e integradora, que garantice la equidad y la excelencia, la prestación de un servicio público esencial y convertirse, a la vez, en uno de los motores del desarrollo social, económico y cultural del archipiélago”.

Una ley que todavía cuenta con algunos aspectos por desarrollar plenamente, sobre todo su claro mandato de llevar la inversión educativa hasta alcanzar el 5% del PIB canario. Con el Gobierno de Progreso (2019/2023) nos acercamos mucho a ese objetivo (4,63% en los Presupuestos del año 2023); el actual Ejecutivo de las dos derechas nos ha alejado del mismo (4,07% en las cuentas públicas de 2026).

Tras más de cuarenta años ejerciendo las competencias en materia educativa, podemos concluir que Canarias ha avanzado mucho en este ámbito, aunque todavía queden tareas pendientes para situarnos en las medias estatales y europeas en varios parámetros. Con lastres como el repunte del abandono escolar temprano y los bajos niveles de escolarización en educación infantil 0-3 años. Precisándose, asimismo, mejoras en las infraestructuras educativas (y su adaptación al cambio climático), plantillas docentes. Formación Profesional o atención a la diversidad. Para lograr un sistema educativo con mayor equidad e inclusión.

En todo ese camino recorrido, la Comunidad Canaria ha demostrado que se pueden impulsar los cambios educativos desde el autogobierno. Que tenemos competencias, capacidad y recursos para superar nuestros problemas y déficits. Desde el autogobierno se logró la escolarización plena, la homologación, una sensible mejora de las infraestructuras, el impulso en la enseñanza superior y, en definitiva, la mejora global de nuestro sistema educativo. 

Se precisa seguir avanzando, con un salto cualitativo que nos equipare a España y Europa y que podemos hacer desde aquí. Se trata, esencialmente, de poner a la educación como prioridad social y política por su carácter estratégico. Y de dotarla de los recursos necesarios y de la más adecuada gestión orientada a su permanente mejora. Para que repercuta positivamente en la calidad de vida de las actuales y de las futuras generaciones de canarios y canarias.