La Ley Canaria de la Ciencia que acaba de aprobar el Parlamento de Canarias constituye, lamentablemente, una oportunidad perdida para fortalecer el conocimiento científico que se genera en Canarias. La nueva Ley, que sustituye a la vigente desde el año 2001, nace exclusivamente con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno, sin el consenso de la comunidad científica y sin el respaldo de las universidades canarias, con las que no se contó para su elaboración. Y carece, además, de la imprescindible financiación.

Esas y otras razones llevaron al voto negativo del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc). Tras proponer numerosas enmiendas a su articulado, muchas de ellas en consonancia con las justas reivindicaciones de nuestras dos universidades públicas y de los jóvenes investigadores de las Islas. Casi todas rechazadas por la mayoría conservadora que apoya al Ejecutivo de Clavijo.

Como bien señaló en su intervención nuestra diputada Carmen Hernández, hablar de ciencia no es solo hacerlo de laboratorios, publicaciones o innovación tecnológica, sino de educación, sostenibilidad, transición energética, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático y calidad de vida. Destacando que “invertir en ciencia no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro, en el bienestar de nuestra gente y en la diversificación económica que necesita Canarias”.

Maltrato presupuestario a nuestras universidades

Esta visión de futuro no es compartida por el Gobierno de las dos derechas como se puede observar en el trato que dan a nuestras universidades. Un tratamiento rechazado en el Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, suscrito ya por más de 4.000 personas. Y que destaca el preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, que cuestiona “el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista. Debemos alertar sobre estas tendencias: cuando se deslegitima y debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social”.

Exigiendo, por ello, a las administraciones competentes que cumplan plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación, el 1% en 2030 frente al actual 0,5% que mantiene financieramente ahogadas a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.

Igual sucede en el apoyo presupuestario que recibe la I+D+i. En los presupuestos para este año 2026 los créditos para el área de I+D+i se reducen en 12,2 millones de euros (-12,0%). Esto repite lo que ha sucedido en los dos presupuestos anteriores de 2024 y 2025.

21,8% de recortes en I+D+i

Esto supone que en las tres cuentas públicas presentadas por este Gobierno (2024, 2025 y 2026) se recortan las partidas en I+D+i en 24,9 millones de euros (una reducción del 21,8%) respecto a las que dejó en las del año 2023 el gobierno de Progreso. Y esa sustancial bajada se produce en tres presupuestos donde el gasto no financiero total sube nada menos que en 2.310,6 millones (+22,7%).

Por tanto, y más allá de los discursos y de la propaganda gubernamental, la dura realidad es que las partidas para I+D+i han pasado de suponer el 1,12% del gasto no financiero en 2023 al 0,71 en los presupuestos para 2026. El Gobierno no deja de repetir que la I+D +i tiene un valor estratégico para Canarias y que debe ayudar a la diversificación económica hacia actividades que generen más valor añadido, pero sus presupuestos hacen justamente lo contrario.

Volviendo a lo más reciente, la aprobación de la Ley Canaria de la Ciencia, hay que recordar que las dos universidades públicas trasladaron numerosas propuestas de mejora de su articulado que fueron rechazadas por los grupos que apoyan al Gobierno de las dos derechas. No teniendo en cuenta la opinión de las instituciones que generan más del 90% por ciento de la investigación científica en Canarias, de los principales protagonistas de la generación, transferencia y divulgación del conocimiento científico en nuestras islas.

Una ley de espaldas a las universidades

Además, desde NC-bc entendemos que es un grave error que en el texto legislativo no se establezcan compromisos financieros vinculantes. Más aún, como señalábamos anteriormente, cuando este Ejecutivo lo que ha hecho es recortar de manera sustancial las partidas destinadas a I+D+i, convirtiendo a Canarias en una de las pocas comunidades en que se reduce la inversión en este ámbito.

Para superar la negativa situación en I+D+i en que se encuentra Canarias, NC-bc propuso el establecimiento de objetivos concretos, entre ellos el cumplimiento de la financiación prevista en la legislación estatal y una senda progresiva de crecimiento que posibilite alcanzar el 3,2% del PIB en 2030.

Asimismo, consideramos que en la ley Canaria de la Ciencia no se facilita una verdadera carrera investigadora para las personas jóvenes. Al no establecerse mecanismos reales de estabilización, no impulsarse contratos de larga duración ni medidas eficaces que contribuyan a retener el talento en nuestra tierra, como reiteradamente han venido denunciando los jóvenes investigadores.

Por otra parte, no compartimos la composición del futuro consejo asesor de ciencia, ente encargado del asesoramiento al Gobierno y diseño de la estrategia científica de Canarias, en la que es claramente insuficiente la representación de nuestras universidades públicas, claves para garantizar el rigor científico y técnico en sus decisiones; solo contarán con dos de los 17 miembros que integran este órgano. Y tampoco nos parece acertada la exclusión de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

En definitiva, tanto con esta Ley Canaria de la Ciencia como con el persistente maltrato financiero a nuestras universidades o el retroceso en I+D+i en los Presupuestos de Canarias de CC y PP se dibuja un panorama muy negativo en el que se castiga a las universidades públicas y se trata de potenciar y beneficiar a las universidades privadas, como están haciendo las derechas conservadoras y extremas en otras comunidades. Un abandono de nuestros centros superiores públicos y una escasa preocupación por el desarrollo científico y tecnológico de nuestra comunidad, con graves consecuencias presentes y futuras para el avance económico y social de Canarias.

Hay un grave problema en la sanidad canaria, por más que la consejera y el presidente del Gobierno pretendan ocultarlo o minimizarlo. Cuando no frivolizar con la atención en los centros de salud, como hizo recientemente Clavijo en el Parlamento, lo que ha generado un amplio rechazo entre sus profesionales

En el periodo reciente se viene instalando en la opinión pública de las Islas y en los profesionales del sector la sensación de encontrarse inmersos en una profunda crisis del sistema sanitario canario. Estoy haciendo referencia a un elemento esencial del estado social que en Canarias cuenta con unos 35.000 trabajadores y trabajadoras, superando los 4.800 millones de euros en las cuentas públicas, casi el 40% del Presupuesto de la Comunidad Canaria para el año 2026, lo que supone un gasto per cápita ligeramente superior a la media estatal. Actualmente los resultados de nuestro sistema sanitario son insatisfactorios para amplios sectores de la población canaria, pese al enorme esfuerzo de sus profesionales que también vienen manifestando de forma reiterada su malestar por las condiciones en que llevan a cabo su trabajo.

Como he señalado en otras ocasiones, la sanidad es, sin duda, una de las grandes competencias del autogobierno. Por la enorme relevancia que tiene en la vida de todos y todas; y por ser fundamental para mantener la salud pública, prevenir enfermedades y gestionar problemas de salud crónicos y agudos. Por ello, precisa contar siempre con recursos suficientes, con la mejor planificación y organización, así como con una gestión profesionalizada, lo que en estos momentos no está ocurriendo, lastrando la calidad del trascendental servicio que ofrece.

Canarias dio un enorme salto con la asunción de las competencias sanitarias a mediados de los años noventa del pasado siglo, en calidad y en la carta de servicios prestados, superando una situación de graves carencias. Con infraestructuras claramente insuficientes. Con hospitales obsoletos. Con urgencias colapsadas. Con un grave estancamiento en atención primaria y con la salud mental abandonada. Con exiguas plantillas profesionales. Con déficits de instalaciones básicas en numerosos municipios y, especialmente, en islas como La Palma o Gran Canaria. Sin sistema de emergencias.

Entonces, desde la capacidad del autogobierno, se llevó a cabo un enorme y riguroso trabajo que posibilitó construir el sistema canario de salud, triplicando la superficie de instalaciones sanitarias, tanto en hospitales como en centros de salud, en todo el archipiélago. Logrando que la sanidad fuera valorada positivamente por la mayoría de la población canaria y colocándola por encima de la media estatal.

Posteriormente se vivieron etapas con distintos altibajos ocasionados por razones varias. Como los significativos recortes económicos que le afectaron tras la crisis financiera del año 2008. O la mayor o menor capacidad de respuesta antes las nuevas o crecientes demandas (como la atención a la salud mental) o a los cambios demográficos por el incremento de población asociado al desarrollismo turístico, así como por una sociedad más envejecida y, por tanto, con la necesidad de atender adecuadamente las patologías asociadas a una mayor longevidad.

Pandemia Covid 19

Considero que en la última década se ha realizado un importante esfuerzo presupuestario y en contratación de personal. En la pandemia de la Covid 19, uno de los momentos más críticos, se consiguió ofrecer una adecuada respuesta a ese enorme reto sanitario, aumentando considerablemente el gasto y ampliando la plantilla en 9.000 profesionales que hoy continúan en el sistema, un incremento superior al 30 por ciento.

Aunque el actual Gobierno ha incrementado las partidas económicas destinadas a la sanidad de forma significativa, estas no ayudan a resolver los problemas más sentidos por la población y acabar con los colapsos del sistema, al no ir acompañadas de una buena gestión de los mismos. Sin ella, los recursos, por elevados que sean, no consiguen impactar en el incremento de la calidad del servicio sanitario público.

Se confirma, una vez más, que sin adecuada planificación, organización y gestión la sanidad es una nave a la deriva y su crisis perjudica a la ciudadanía, que no se ve correctamente atendida, y a sus profesionales, que realizan su tarea en condiciones frustrantes.

En un servicio público de la complejidad del sanitario se requieren responsables cualificados, profundamente conocedores de su realidad y capaces de planificarlo y gestionarlo con rigor; en ningún caso, como desgraciadamente está ocurriendo, personas designadas directamente por el presidente Clavijo por su lealtad a CC y a su persona.

Malestar general y riesgo de privatización

Son numerosas las muestras del malestar por el estado de nuestra sanidad que contrastan vivamente con el triunfalismo propagandístico del Gobierno de CC y PP. A lo largo de la legislatura, el diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo ha trasladado al Parlamento de Canarias los distintos problemas que afectan a nuestro sistema sanitario. Y que han llevado, por ejemplo, a la movilización de numerosos profesionales de las gerencias sanitarias, que rechazan los recortes anunciados y la negativa a sustituir las bajas y las vacaciones.

También los relativos a la estabilización del personal y el fracaso de los hospitales del norte y del sur de Tenerife. Así como el cierre del hospital insular de Lanzarote, monográfico en geriatría, referente en esta materia en el conjunto de Canarias y en el ámbito estatal, con reconocimiento para el ejercicio de la docencia en el MIR, lo que ha originado una importante movilización en la isla, con más de 7.000 personas en las calles exigiendo su continuidad.

Sin olvidar la prolongada huelga de los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS), que ha supuesto la suspensión de más de 50.000 consultas, así como el aplazamiento de miles de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas. Exigen, fundamentalmente, la eliminación progresiva de las guardias de 24 horas, mejoras salariales, descanso efectivo tras la realización de guardias y la contratación de más especialistas.

O el colapso de las urgencias hospitalarias en distintos centros del Archipiélago, el deterioro de la atención primaria y los retrasos de más de 10 días para obtener una cita con el médico de familia. Además de los problemas del transporte sanitario o aquellos que afectan al personal de Hemodonación y Hemoterapia, en medio de una gestión penosa que ha llevado a que se produzcan mínimos históricos en la captación de sangre, afectando a la actividad quirúrgica.

Hay un grave problema en la sanidad canaria, por más que la consejera y el presidente del Gobierno pretendan ocultarlo o minimizarlo. Cuando no frivolizar con la atención en los centros de salud, como hizo recientemente Clavijo en el Parlamento, lo que ha generado un amplio rechazo entre sus profesionales. Lo responsable sería reconocer esa realidad que afecta a la vida de los canarios y canarias y comenzar a tomar medidas efectivas para tratar de revertirla. Salvo, claro, que lo que se pretenda sea deteriorar el sistema sanitario público para favorecer el aseguramiento privado, como se observa nítidamente en comunidades como Madrid o Andalucía, gobernadas también por las derechas.

En el mundo se abrieron muchas esperanzas en una paz duradera tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de millones de vidas y la destrucción que causó. Se crearon las Naciones Unidas en el intento de construir un foro decisivo para mantener la paz y la seguridad internacional. Pero desde entonces ha habido numerosos conflictos bélicos y se violentó con frecuencia la legalidad internacional, como vimos en la ilegal e inmoral guerra de Irak, impulsada por Bush con la colaboración de Blair y Aznar. O más recientemente, con la invasión de Ucrania, el genocidio de Israel en Palestina o los ataques militares, otra vez sin ninguna cobertura legal, de Trump a Irán o los de Israel al Líbano.

Hay asuntos recientes que resultan muy preocupantes y que confirman que los países europeos de la OTAN y de la Unión Europea siguen su escalada militarista de rearme y de confrontación con Rusia, con mucha más beligerancia que Estados Unidos, más preocupado en la guerra contra Irán o en contener la cada vez mayor influencia de China en el mundo. Tal y como está planteado, el respaldo europeo a Ucrania supone una implicación directa en la guerra con apoyo económico, entrega de misiles y drones, en inteligencia y en dirección satelital de los ataques en el interior de Rusia, incluyendo bombardeos en Moscú; y atravesando para ello territorio de países de la OTAN, como los países bálticos.

En ese marco se produce la entrada de Finlandia en la OTAN, rompiendo una neutralidad histórica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y, además, Helsinki decide autorizar el tránsito y almacenamiento de armas nucleares en su territorio, frontera directa con Rusia. Rompiendo también un consenso desde el inicio de la guerra fría de no instalación de armas nucleares en ese país.

A esto se unen las numerosas voces que en Alemania reclaman no solo un potente rearme de su ejército (hasta ahora limitado por su responsabilidad en el origen de la IIª Guerra Mundial) sino incluso que puedan disponer de armas nucleares, además de recuperar el servicio militar. Recordemos la crisis que se generó en 1962 cuando Cuba inició en su territorio la instalación de armas nucleares de la Unión Soviética y la reacción de Estados Unidos para que las retiraran, que situó a las dos potencias al borde del conflicto nuclear. Nadie quiere armas nucleares apuntándole a escasa distancia de casa.

Escalada militar

El militarismo se impone en Europa sin contar con la opinión de su ciudadanía. Impulsado por dirigentes con escasa popularidad en sus países. Como el dimitido primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. O Merz y Macron. También por la dirección de la Comisión Europea encabezada por Úrsula von der Leyen, con continuas alusiones a preparar la guerra contra Rusia, y por la Alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Kaja Kallas, rusófoba militante, que defiende que con Rusia no hay que negociar.

El anunciado rearme europeo se va a hacer reduciendo los derechos y servicios públicos del importante estado del bienestar porque no hay recursos para atender todo, especialmente si se apuesta por dedicar el 5% del PIB a gasto militar. Alemania ya está haciendo estos recortes. Estas decisiones de la Europa occidental, van en sentido contrario a la política desarrollada desde 1991, tras la disolución de la URSS, por los cancilleres alemanes Helmut Kohl (CDU), Gerhard Schröder (SPD) y Angela Merkel (CDU) para atraer a Rusia a Europa y consolidar la paz y la seguridad a través de la integración económica, como se hizo creando la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en 1951, fundamentalmente entre Francia y Alemania Occidental, enemigos militares durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, origen de la actual UE.

Hay que recordar que la creciente preocupación por la defensa y la seguridad se plasma en el Plan Rearmar Europa/Preparación 2030 (800.000 millones de euros, de los que 150.000 puede ser deuda mutualizada y el resto debe aportarlo cada Estado). Autorizando además a los estados para aplicar la Cláusula de salvaguarda para no tener que cumplir con la regla de limitación del gasto para el caso de “seguridad y defensa”. Abordar esas prioridades llevará a la reducción de las dos grandes partidas de gasto tradicionales de la UE: las políticas de cohesión (fondos estructurales y de inversión) y la Política Agraria Común (PAC). Partidas que impactan decididamente en la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos europeos. Según el Instituto Elcano, estas políticas tradicionales “pasarán de suponer dos tercios del total, como ha sido el caso durante décadas, a un 43%”.

Las distintas medidas y sanciones adoptadas por Europa Occidental y EEUU han llevado a Rusia a que abandone su interés económico por Europa y lo dirija a su integración con las economías de Asia, especialmente con China, un país con un PIB de unos 18 billones de euros, igual que el de toda la UE. Ahora vende sus productos petrolíferos a China e India, entre otros, y ha desarrollado nuevas líneas de comercio preferentemente con ellos. Un mercado de 2.900 millones de habitantes, solo los dos países citados, frente a los 450 millones de la UE.

Seguridad compartida frente a riesgo nuclear

Aunque Rusia sea económicamente mucho más débil que la UE en términos de PIB e incluso que varios países europeos tomados por separado, no quiere decir que militarmente no sea mucho más fuerte, tanto en fuerzas y armamento convencional como en armamento nuclear. En una situación que Rusia vive como una guerra “existencial” contra su territorio, despreciar el uso de armas nucleares tácticas primero y luego estratégicas, es una temeridad porque sería un error histórico de devastadoras consecuencias para Europa occidental y me atrevería a decir que para el mundo, si finalmente también participase Estados Unidos en una posible contienda.

Creo que las élites que dirigen hoy Europa occidental deben reflexionar y evitar seguir tensando la cuerda. Buscar soluciones dialogadas de la guerra de Ucrania y no seguir alimentando una guerra para debilitar a Rusia porque es más cómodo, aunque completamente inmoral y de consecuencias imprevisibles, hacer la guerra por delegación cuando los muertos no los ponen los europeos, sino los que mueren son los ucranianos y los rusos, más de medio millón hasta ahora según el Centro de Estudios Estratégicos internacionales.

En ese sentido, es interesante la propuesta de Vicenç Fisas, analista sobre conflictos y procesos de paz, doctor en Estudios sobre Paz por la Universidad de Bradford (Reino Unido) de “volver al pensamiento de seguridad en común y seguridad compartida”, que se aleja de la inevitabilidad de la confrontación y la guerra. Señalando, en un artículo publicado por la revista Galde, “lo que significa entablar un diálogo OTAN-Rusia para pensar un nuevo esquema de seguridad en Europa, totalmente inclusivo e inspirado en el concepto de la seguridad compartida, donde nadie es el perpetuo enemigo, sino el diferente y singular, y donde todos puedan aportar seguridad a los demás”.

Estatuto de autonomía, Estatuto de neutralidad

En el artículo 1 de nuestro Estatuto de 2018 se apunta a la contribución de Canarias “a la cooperación y a la paz entre los pueblos, así como a un orden internacional justo, en el marco constitucional y estatutario”. Y en el 37.11 se establece como principio rector “la promoción de Canarias como plataforma de paz y solidaridad”.

NC-bc rechazó en su VI Congreso Nacional que los estados europeos gasten el 5% del PIB en defensa. Por lo irracional de la propuesta armamentística y por sus terribles consecuencias en el recorte de las políticas sociales. Como señala, José Enrique de Ayala, general de Brigada retirado, y miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Política Exterior, del Consejo de Asuntos Europeos y del Consejo de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas, “la propuesta de rearmar Europa lanzada por la Comisión Europea es injustificable. Primero porque sus cifras son desmesuradas. Y, sobre todo, porque no corresponde a un estudio de amenazas, vulnerabilidades, y necesidades que dé lugar a un plan coordinado y eficaz. No se sabe por qué ni cómo ni para qué es necesario ese enorme aumento del gasto”.

Esta priorización del gasto militar plantea interrogantes sobre la verdadera seguridad, especialmente para un archipiélago cuya estabilidad económica y social depende de la paz y la cooperación. En lugar de alimentar una espiral armamentista, la UE debería enfocarse en abordar desafíos como el cambio climático, la desigualdad y la cooperación internacional, que son fundamentales para la seguridad a largo plazo de las RUP y de la Unión en su conjunto.

Somos conscientes de que los desafíos a los que nos enfrentamos pueden exacerbarse en situaciones de conflicto, interrumpiendo el suministro de bienes esenciales, afectando el turismo y dificultando el desarrollo sostenible. Por todo ello, consideramos que el Estatuto de Neutralidad podría proporcionar una capa adicional de protección, permitiendo a Canarias mantener su estabilidad económica y social en tiempos de guerra.

Hay que trabajar para la paz, el entendimiento entre los pueblos y la cooperación internacional. Y no, como hoy hacen los dirigentes europeos, para rearmarse y aceptar como inevitables la guerra y la muerte de millones de personas. Hay que revitalizar las organizaciones internacionales y el cumplimiento de la legalidad. Hay que contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la gente en todos los lugares del planeta y no detraer multimillonarios recursos de la educación, la sanidad o los servicios sociales para destinarlos a armamento. Hay que evitar repetir los errores del pasado que causaron tanta destrucción, sufrimiento y muerte, que hoy se multiplicarían por el añadido riesgo de una confrontación nuclear.

Una de las características del Gobierno de Clavijo consiste en su permanente empeño en situar fuera de Canarias las soluciones a todos los problemas. O, para ser más precisos, en responsabilizar siempre a terceros, sea el Estado o la Unión Europea, de todo lo que sucede en Canarias -en sanidad, educación o vivienda- como si careciéramos de autogobierno

Una de las características del Gobierno de Clavijo consiste en su permanente empeño en situar fuera de Canarias las soluciones a todos los problemas. O, para ser más precisos, en responsabilizar siempre a terceros, sea el Estado o la Unión Europea, de todo lo que sucede en Canarias -en sanidad, educación o vivienda- como si careciéramos de autogobierno. La otra particularidad destacada es que su gestión de los dineros públicos merece un rotundo suspenso. Por la elevada inejecución presupuestaria, la grave devolución de fondos europeos o el reiterado incumplimiento de la regla de gasto. Con consecuencias que ya se sufren y otras que se prolongarán en los próximos ejercicios presupuestarios. Incidiendo en una importante pérdida de recursos para la Comunidad Canaria.

En un delicado momento para la política en todo el mundo, con el ascenso de la ultraderecha y de sus propuestas que apuntan a la reducción de los derechos democráticos y a la liquidación del Estado social, resulta imprescindible dirigir con limpieza y transparencia las administraciones públicas; y, al mismo tiempo, hacerlo con la máxima eficiencia, con buen gobierno, resolviendo los problemas que más afectan a la gente. Y Canarias, lamentablemente, se ha convertido en un paradigma de todo lo contrario. 

En los tres años en los que el ejecutivo de Clavijo ha (mal) planificado y gestionado y liquidado los Presupuestos de Canarias, la inejecución acumulada alcanza los 3.430 millones de euros, lo que supone una media de 1.143 millones por año no gastados del dinero previamente presupuestado. En efecto, no han sido capaces de gastar 1.090 millones en 2023; 1.289 millones en 2024; y 1.051 en 2025. Especialmente en materia de inversiones, claves para dinamizar la economía, modernizar infraestructuras y crear empleo.

Además, ya en 2024 el Gobierno canario incumplió con la regla de gasto según confirma el Ministerio de Hacienda, con un incremento del 7,6% del gasto no financiero sobre el inicial, cuando el aumento del gasto computable autorizado era del 2,6%, por lo que tuvo que presentar un Plan de Ajuste por importe de 445 millones a aplicar este año 2026. 

El incumplimiento se repitió también en el año 2025, con un aumento del gasto computable del 9,1% frente al 3,2% autorizado. Así, en el primer Informe sobre el Cumplimiento de las Reglas Fiscales del ejercicio 2025, publicado por el Ministerio el pasado junio, recoge que Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor aumento del gasto computable y está muy por encima de la media de las comunidades (5,6%). En consecuencia, el Gobierno canario debe presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) otro Plan de ajuste, esta vez de 566,2 millones, a aplicar en los presupuestos de 2026 y de 2027, para compensar el exceso de gasto computable en 2025. Este nuevo Plan de ajuste se suma al ya presentado, y aún no aprobado por el CPFF, por 445 millones que hay que aplicar este año 2026 por incumplimiento de la regla de gasto en 2024. 

1.011 millones menos de gasto público

Esto supone que el Ejecutivo canario de las dos derechas deberá hacer una reducción del gasto público de 1.011 millones entre 2026 y 2027, que afectará a los servicios públicos, al apoyo a las familias y a los sectores productivos. Un verdadero desastre de enormes consecuencias económicas y sociales a causa de una mala planificación y una peor gestión.

Antes de continuar, un pequeño paréntesis. La regla de gasto no es una imposición del malvado Sánchez, como intentan vender CC y PP. Está concebida en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de abril de 2012, una Ley impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, siendo ponente de esta en el Congreso de los Diputados la actual consejera de Hacienda del Gobierno canario. El entonces diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, se opuso a su aprobación. La regla de gasto, y el conjunto de reglas fiscales, fueron suspendidas, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, en el periodo 2020-2023, para hacer frente a los efectos de la pandemia de la Covid 19 y de la guerra de Ucrania, y recuperadas en 2024.

Cabe preguntarse cómo se explica que el Gobierno canario de CC y PP deje de ejecutar una media de 1.143 millones anuales y al mismo tiempo incumpla la regla de gasto en el año 2024 y también en el año 2025.

En ese sentido, no es cierto, como a menudo señala el Gobierno CC-PP, que no se ejecute más el Presupuesto porque lo impide la regla de gasto. Por un lado, hay que destacar que en 2023 no había regla de gasto (ni el resto de las reglas fiscales, al estar suspendidas) y dejaron sin ejecutar 1.090 millones de euros. Por otro, y es el meollo del asunto, si bien el Presupuesto inicial de 2024 y 2025 se hizo, supuestamente, cumpliendo con la regla de gasto, es decir, con la tasa autorizada de aumento del “gasto computable”, como se explica en el Informe Financiero de ambas Leyes presupuestarias. La realidad es que, al final, con los créditos incorporados se incumple de forma flagrante la regla de gasto.

Mucho gasto corriente, pocas inversiones

Hay un dato muy relevante para entender la situación creada: la mayor parte del gasto que se está ejecutando es gasto corriente (personal, adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes), y este es casi todo “gasto computable” . Y esa es la razón principal por la que se supera la tasa autorizada por la regla de gasto. Por ponerlo en cifras, en el año 2024 el gasto ejecutado, en términos de Obligaciones Reconocidas Netas (ORN), fue 11.352,2 millones de euros. Pues bien, el 88,6% fue gasto corriente (10.058,9 millones) y el gasto en operaciones de capital (inversiones) fue solo del 11,4% (1.293,3 millones). Este año de 2024 se dejaron sin realizar nada menos que 1.026 millones del presupuesto para inversiones. Algo similar sucede en 2025.

Claro que se puede gastar más (y, por tanto, ejecutar, mejor el Presupuesto que se aprueba anualmente en el Parlamento canario) sin incumplir la regla de gasto. Eso pasa por gastar mucho más en inversiones (los capítulos 6 y 7 de las cuentas públicas) y contener el gasto en operaciones corrientes, que está disparado en los últimos años. 

Esos datos, que apuntan a una mala gestión, han sido confirmados por los respectivos informes del Ministerio de Hacienda, por la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y, más recientemente por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Los distintos estudios destacan el incumplimiento de la regla de gasto, el empeoramiento en la ejecución de las inversiones y, asimismo, la grave situación de los fondos europeos.

Fondos europeos devueltos

Respecto a estos últimos, como hemos venido denunciando, la gestión es muy negativa. Estos fondos Next Generation, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se dirigen, especialmente a la transición ecológica y digital. Y la mala dirección llevada a cabo por el Gobierno Clavijo ya ha obligado a reembolsar 55 millones en 2025; y otros 150 más seguirán el mismo camino este año ante la imposibilidad de gastarlos y justificarlos antes del 31 de agosto. Calculamos que de los más de 1.700 millones de euros asignados a Canarias se devolverán a Europa unos 500 millones (28,95%), es decir, casi uno de cada tres.

En definitiva, cuando estamos inmersos en el último año de este Gobierno, se visualiza perfectamente como, teniendo competencias y recursos, mal gestiona una comunidad con bajos salarios, elevada pobreza y desigualdad, así como dificultades en vivienda, sanidad, educación o políticas sociales. Condicionando no solo el presente, sino hipotecando también los futuros ejercicios presupuestarios, lo que llevará a importantes recortes que afectarán a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, a sus servicios públicos y a sus empresas.

Dentro del actual tsunami conservador y ultra contra el Estado social se incluyen las propuestas dirigidas a la desprotección de las personas más vulnerables y el calculado debilitamiento de los servicios públicos sanitario y educativo. En ese marco, las universidades públicas constituyen uno de sus objetivos. Lo podemos observar nítidamente en Isabel Díaz Ayuso y su poco disimulado intento de estrangulamiento financiero de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Canarias no es ajena a esa devastadora ola. Su Gobierno, el de CC y PP, al mal financiarlos, castiga a los centros superiores de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria; y, como casi siempre, no solo elude sus competencias y responsabilidades, sino que intenta despejar el balón hacia el Ejecutivo central, convirtiendo al autogobierno en una especie de elemento decorativo.

Cierto es que, afortunadamente, en las Islas se han venido produciendo las primeras reacciones ante esa situación tan negativa que condiciona el presente y pone en riesgo el futuro de nuestros centros superiores. Como la publicación del Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, suscrito ya por más de 4.000 personas. En su texto se destaca el preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, tanto a nivel internacional como estatal, que cuestiona “el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista. Debemos alertar sobre estas tendencias: cuando se deslegitima y debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social”.

Se recuerda, además, que estas instituciones han actuado como un poderoso ascensor social, “formando a generaciones de canarias y canarios que fueron las primeras personas de su familia en acceder a la universidad, entre ellas, miles de mujeres que encontraron en la universidad el único espacio donde su talento no dependía de su apellido ni de su género”. Así sucedió en mi ámbito familiar y en miles de personas de mi generación y posteriores, que pudieron cursar estudios superiores en las universidades públicas canarias.

El Manifiesto asegura, asimismo, que defender las universidades públicas es defender una sociedad más “justa e ilustrada”, e instando a un compromiso “firme y concreto en defensa de nuestras universidades públicas canarias”. Exigiendo, por ello, a las administraciones competentes que cumplan plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación.

1% del PIB canario

Por otra parte, se acaba de crear la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN), que encabezan los dos rectores de las universidades canarias, Francisco García Rodríguez (ULL) y Lluís Serra Majem (ULPGC), “con la voluntad de fomentar la cooperación universitaria, promover su internacionalización y su compromiso social”. Ambos rectores sostuvieron en su presentación que van a solicitar claridad de criterios y estándares de calidad en un sistema donde operan también otras instituciones.

En su acto de constitución, la UPCAN reclamó alcanzar para nuestro sistema universitario el 1% del PIB canario en el año 2030, como establece la LOSU, lo que supondría disponer de un presupuesto que superaría los 500 millones de euros para las dos instituciones, frente a los menos de 300 con los que cuentan ahora.

Esa circunstancia, disponer hoy de una financiación en torno al 0,5% de nuestro PIB, se produce cuando la Comunidad Canaria cuenta con un Presupuesto que supera en este ejercicio de 2026 los 12.500 millones de euros; y, también, con la realidad de un Gobierno, el de las dos derechas, que ha dejado de ejecutar una media de 1.143 millones anuales en 2023, 2024 y 2025, es decir, más de 3.400 millones en lo que va de legislatura. Mala gestión de los dineros públicos y desatención de nuestras universidades.

Frente a la naciente reacción social y de la comunidad universitaria, el grupo de Coalición Canaria responde presentando en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) con el rimbombante título de “impulso de un acuerdo para el cumplimiento del objetivo de financiación universitaria pública previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario”. En ella, lejos de asumir algún compromiso de mejora de la financiación de nuestras universidades públicas, CC sitúa la responsabilidad también en este tema en el Gobierno de España, como ya es marca de la casa. 

Competencia y contrato programa

Por eso, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad a esa PNL de CC. Poniendo el acento en que, según refleja el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la enseñanza superior es nuestra competencia y por tanto es deber del Gobierno de Canarias su adecuada y suficiente financiación. 

La enmienda de Nueva Canarias, defendida de forma argumentada por nuestra diputada Carmen Hernández, plantea que se atienda la solicitud conjunta de los dos rectores de las universidades públicas, entregada por escrito a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura el 30 de junio de 2025, “de crecimiento mínimo de su financiación estructural en los presupuestos de 2026 de 25,7 millones de euros, 13,8 millones para la universidad de La Laguna y 11,9 millones para la Universidad de las Palmas de Gran Canaria”, incorporando en el presupuesto vigente estas cantidades.

Asimismo, insta al Gobierno canario a presentar, en un plazo máximo de tres meses, un contrato programa negociado con las universidades públicas canarias, que, conteniendo los instrumentos de programación y financiación plurianuales, incluya los objetivos a conseguir, los recursos financieros para ello y los mecanismos de evaluación del grado de consecución de dichos objetivos. “Esta financiación por objetivos deberá ser adicional a la financiación estructural basal y a la financiación por necesidades singulares de nuestras universidades, tal como establece el artículo 56 de la LOSU”.

Reclamando, además, al Gobierno estatal la reactivación inmediata de la comisión de trabajo creada para el análisis y desarrollo del artículo 55 de la LOSU, que pretende destinar como mínimo el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, “con la participación de las comunidades autónomas, las universidades y los consejos sociales universitarios, sin eludir que la competencia en materia de enseñanza universitaria compete a la Comunidad Autónoma de Canarias y, por tanto, su deber de una financiación suficiente de las universidades canarias”.

Quiero apuntar, asimismo, el retroceso que ha sufrido en las cuentas públicas canarias la I+D+i con 21,8 millones de euros menos en 2026 que, en el Presupuesto de 2023, el último del pacto de Progreso, pese a que el global presupuestario es de 2.310 millones más que en 2023. Incumpliendo el Pacto Canario por la Ciencia y mostrando que la ciencia no es una prioridad para este Gobierno.

La actual ofensiva ultra ve en las universidades solo un negocio y, por eso, trata de debilitar a las públicas para favorecer a las privadas. Desde NC-bc rechazamos por completo ese modelo. Consideramos que nuestras universidades públicas constituyen un patrimonio de la sociedad canaria. Que merecen ser respetadas y apoyadas, recibiendo un trato justo del Gobierno de Canarias. Abandonarlas, como está sucediendo, supone un grave perjuicio para la sociedad de las Islas, para su docencia e investigación, para una mejor formación de su ciudadanía, para poder competir en un mundo cada vez más cambiante y donde la I+D+i es una piedra angular. Urge, por ello, un cambio de rumbo, cumpliendo la Ley, mejorando su financiación y, en definitiva, siendo consecuentes con el hecho de que la educación superior y la investigación científica son claves para para el futuro de Canarias, para su transformación y para la diversificación de su economía. Tenemos competencias y hay recursos económicos. Falta decisión política, saber priorizar el gasto público y hacer una gestión eficiente.

Respecto a la IA, Robert Francis Prevost, desde mayo de 2025 León XIV, asegura que “pequeños grupos muy influyentes pueden orientar informaciones y consumos, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos”. Por lo que considera que los estados están obligados a intervenir para regularla.

No parece muy lejos de lo que recientemente señalaba el senador Bernie Sanders, una de las figuras más destacadas de la izquierda estadounidense, quien tras indicar que la Inteligencia Artificial introduce “cambios inimaginables a nuestra economía, nuestra democracia, nuestro bienestar emocional, nuestro medio ambiente y a la forma en que educamos y criamos a nuestros hijos”, aboga por que la misma beneficie a la humanidad y no exclusivamente a una elite privilegiada. 

Sanders recuerda que Sam Altman (director ejecutivo de OpenAI) o Elon Musk (dueño de xAI) se están aprovechando y se puede afirmar que “han robado” un conocimiento global fruto del trabajo creativo de millones de personas del ámbito de la educación, la ciencia o la cultura. “Es hora de que lo recuperemos”, concluye.

Belicismo y memoria histórica

Volviendo a la encíclica, el Papa no duda en posicionarse críticamente frente al belicismo, que se ha agudizado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Un belicismo que, como se sabe, cuenta actualmente con numerosos frentes abiertos en el planeta, desde la Ucrania invadida por la Rusia de Putin a las agresiones militares de Estados Unidos a Irán o de Israel al Líbano, así como la permanente barbarie del estado israelí contra el pueblo palestino. Además de la pervivencia de otros muchos conflictos armados con menor repercusión mediática.

“Hoy más que nunca es importante reiterar la superación de la teoría de la ´guerra justa´, invocada con demasiada frecuencia para justificar cualquier guerra”, afirma León XIV. Añadiendo que “la guerra nunca es inevitable, las armas pueden y deben callar, porque no resuelven los problemas, sino que los aumentan”. Un posicionamiento que, como en otros asuntos, le aleja del trumpismo y de los discursos dirigidos al incremento del armamentismo y del sufrimiento, la destrucción y la muerte de decenas de miles de personas para satisfacer las ambiciones expansionistas y los negocios de una exigua minoría. Llama, asimismo, a desarmar la Inteligencia Artificial, “a sustraerla de la competencia armamentística, que hoy no es solo militar, sino económica y cognitiva”.

Por otra parte, el Papa alerta en Magnífica Humanidad de una preocupante perdida de la memoria histórica. Lo hace justo cuando formaciones de extrema derecha vuelven a ocupar el poder en distintos estados, repitiendo los discursos de odio del pasado e incluso considerándose algunas herederas de las que llevaron al mundo al desastre en los años treinta y cuarenta del pasado siglo. “La desaparición gradual de los testimonios directos del Holocausto y de las dos guerras mundiales facilita la reescritura selectiva o distorsionada del pasado, en un clima en el que las noticias falsas y las manipulaciones narrativas empañan las lecciones aprendidas”, asegura.

Desigualdad y pobreza

León XIV no elude entrar en los problemas de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Abogando por la implementación de leyes justas y de instrumentos de redistribución de la riqueza que corrijan los desequilibrios, incluso mediante sistemas fiscales “que alivien la carga sobre los más débiles y exijan más a quienes tienen más recursos”. Y, sin cuestionar la educación privada, defiende la educación pública como garantía de que la formación de las jóvenes generaciones no quede supeditada a la capacidad económica de las familias.

Es decir, justo lo contrario de lo que plantean los tecnomillonarios y las derechas y ultraderechas en todo el mundo, también en Canarias, empeñadas en bajar los impuestos a los más ricos, desproteger a los más vulnerables y debilitar los servicios públicos y el conjunto de las estructuras estatales desde un iliberalismo que pretende borrar del mapa al estado social, el que ha permitido los mayores niveles de calidad de vida y equidad.

La encíclica aborda y analiza muchos más asuntos. Rechazando los extremismos religiosos y los fanatismos identitarios que se alían con un economicismo irracional; y oponiéndose al viejo y al nuevo colonialismo y defendiendo la necesaria autocrítica de la Iglesia por haber tolerado la esclavitud y por haber tardado tanto en condenarla.

No olvida el Papa realizar referencias a la situación de desigualdad de las mujeres en el mundo y a la pervivencia del maltrato, la violencia y la exclusión. Señalando que el discurso de igualdad de derechos debe traducirse en decisiones concretas “en las leyes, en el acceso al trabajo, a la instrucción, a las responsabilidades sociales y políticas, en el modo en el que la sociedad escucha y valora el aporte de las mujeres. Mientras exista esta disparidad, no podremos decir que la sociedad reconoce realmente y en profundidad que las mujeres tienen la misma dignidad que los hombres”. Asunto espinoso cuando en la propia Iglesia Católica las mujeres feministas reclaman un mayor papel, como el alcanzado en otras religiones que no solo cuentan ya con mujeres que ejercen el sacerdocio sino incluso que han accedido al obispado.

Inmigración y derecho a quedarse

Y, asimismo, coloca el trato que se da a los emigrantes -a las personas que abandonan su tierra a causa de la pobreza, la violencia, el cambio climático o los desastres-, como elemento que define la existencia o no de una justicia social. Desde el reconocimiento del derecho que tienen a irse de sus países para mejorar sus condiciones de vida a lograr que sea también efectivo “el derecho a quedarse” en los lugares a donde emigran y quieren desarrollar sus vidas. Un mensaje solidario que en nada se parece a las llamadas, tan en boga, a la prioridad nacional, a primero lo nuestro, a primero los de aquí, tan peligrosas como deshumanizantes. Como se observa claramente en los distintos pactos del PP con Vox en varias comunidades autónomas, el más reciente en Castilla y León. Y con algunas derivas locales de similar tono.

Es difícil no coincidir en la mayoría de las propuestas humanistas que hace el pontífice en su primera encíclica. Sin embargo, estos días, con el mayor cinismo, veremos sacarse fotos con el Papa a dirigentes políticos, empresariales o mediáticos que, en su práctica cotidiana, predican y hacen lo contrario que plantea León XIV. En inmigración, en políticas fiscales, en lucha contra la desigualdad y la pobreza, en defensa del trabajo digno o en el rechazo a las guerras y a quienes las causan. Que, en definitiva, en relación con los dos diferentes modos de construir el futuro que describe el Papa en Magnífica Humanidad (“un progreso que sirve a la persona y a los pueblos, o un progreso que los doblega a las lógicas de poder”), hace tiempo que apuestan de forma entusiasta e indisimulada por este último.

En distintas ocasiones he señalado que la defensa de la sanidad es uno de los asuntos que, afortunadamente, genera mayor unanimidad entre la población. Situación ratificada, hace apenas seis años, en el reconocimiento colectivo de nuestro sistema sanitario en un momento tan crítico como fue la respuesta a la pandemia de la Covid 19. Formamos parte de los privilegiados estados y comunidades del mundo que cuentan con un sistema sanitario público, gratuito, universal y financiado con fondos públicos. Lo que posibilita que los ciudadanos y las ciudadanas, al margen de su condición social y económica u origen territorial y nacional, puedan acceder a un tratamiento o a una intervención quirúrgica de mayor o menor complejidad. En muchos lugares del mundo, incluso del desarrollado, muchas personas no pueden afrontar los gastos sanitarios y estos pueden llevarlos al empobrecimiento o incluso a la ruina, así como a verse obligados a renunciar a un tratamiento por no poder pagarlo.

La Ley 14/1986 General de Sanidad impulsada por el PSOE en la etapa del recordado ministro Ernest Lluch, en la segunda mitad de los años ochenta del pasado siglo, constituye, sin duda, una de las leyes más importantes aprobadas en el período democrático. Fue la que consolidó el actual sistema universal, gratuito y financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y no a través de las cotizaciones a la seguridad social.

Transferencias sanitarias

Tras las transferencias educativas llevadas a cabo en 1983, y que implicaron una enorme transformación, modernización y avance, las sanitarias llegaron a Canarias algunos años más tarde, en 1994. Tras un duro proceso negociador, que me tocó dirigir por la parte canaria, y que culminó con la publicación del Real Decreto 446/1994, de 11 de marzo, de traspaso a la Comunidad Canaria de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Unas transferencias modélicas, en las que además del coste efectivo de los servicios traspasados a la Comunidad Canaria conseguimos financiación adicional para construir el hospital Doctor Negrín.

Canarias se encontraba entonces en una situación de absoluto retraso en este ámbito. Teníamos entonces el peor sistema sanitario del Estado español. Con infraestructuras claramente insuficientes. Con hospitales obsoletos. Con urgencias colapsadas. Con un grave estancamiento en atención primaria y con la salud mental abandonada. Con exiguas plantillas profesionales. Con déficits de instalaciones básicas en numerosos municipios y, especialmente, en islas como La Palma. Sin sistema de emergencias.

Partiendo de ese absoluto atraso se dio en poco tiempo un salto sustancial que situó a la sanidad canaria en la media estatal. Para eso debe servir el autogobierno, para intervenir en la realidad de Canarias, transformándola positivamente. Para contribuir de forma decidida a la mejora de la calidad de vida de la gente.

En julio de ese mismo año se aprobó la Ley 1994/11 de Ordenación Sanitaria de Canarias, aún vigente. Una ley que tiene entre sus objetivos “el establecimiento y la ordenación del sistema canario de la salud…”; así como la regulación general “de cuantas actividades, servicios y prestaciones, públicos o privados, determinan la efectividad del derecho constitucional a la protección de la salud”.

Creación SCS

Una Ley que supuso, asimismo, la creación y organización del Servicio Canario de la Salud (SCS), del que fui el primer director. Un SCS responsable “de las actividades y los servicios y las prestaciones directamente asumidos, establecidos y desarrollados por la Administración de la Comunidad Autónoma en el triple campo de la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria”.

Por otra parte, pusimos en marcha un plan de obras que en solo seis años triplicó la superficie de instalaciones sanitarias. Construyendo los hospitales de El Hierro, La Palma, La Gomera y el Doctor Negrín en Gran Canaria, además de los planes directores del Materno/Insular, La Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Poniendo en marcha, asimismo, la mayoría de los centros de salud del Archipiélago. Acercando la atención sanitaria a la ciudadanía de todas las Islas y municipios. Generando un pionero sistema de emergencias (inicialmente el 061, posteriormente el 112) y aprobando el primer Plan de Salud de Canarias.

Entonces la sanidad dejó de formar parte de los principales problemas para la ciudadanía, generando un importante grado de satisfacción por su funcionamiento que se reflejaba en los distintos sondeos de opinión. Pero no siempre se mantuvo así. Luego vinieron distintas etapas con numerosos altibajos, vinculados a distintos factores. A una mejor o peor dirección de este trascendental servicio público y a la eficiencia en su gestión. A los significativos recortes económicos que le afectaron tras la crisis financiera del año 2008. A la mayor o menor capacidad de respuesta antes las nuevas o crecientes demandas (como la atención a la salud mental) o a los cambios demográficos, por el incremento de población y por una sociedad más envejecida y, por tanto, con la necesidad de atender adecuadamente las patologías asociadas a una mayor longevidad.

La pandemia de la Covid19, a comienzos de 2020, supuso un momento crítico. Para afrontar adecuadamente el reto que planteó esa grave crisis sanitaria se produjo la contratación de 9.000 nuevos efectivos en el sistema canario de salud, profesionales que luego han continuado prestando servicios. Confirmó, además, nuestra capacidad de respuesta, con el caso del primer Covid detectado del Estado, que se produjo en la isla de La Gomera, o el confinamiento de unas mil personas, entre clientes y personal, en un hotel de Tenerife. Así como con la posterior atención a los miles de personas contagiadas en las Islas. Con el mejor perfil de la pandemia, con el menor porcentaje de enfermos y de fallecimientos entre las comunidades autónomas.

Legitimidad del autogobierno

La sanidad, por la enorme relevancia que tiene en la vida de todos y todas; por ser fundamental para mantener la salud pública, prevenir enfermedades y gestionar problemas de salud crónicos y agudos; por suponer más del 40% del Presupuesto de la Comunidad Canaria y disponer de más de 35.000 trabajadores y trabajadoras. Por todas esas razones precisa contar siempre con recursos suficientes, con la mejor planificación y organización, así como con una gestión profesionalizada, lo que en estos momentos no ocurre en modo alguno.

Mientras el sistema dependió por completo del Estado el abandono fue absoluto, así como la falta de adaptación del mismo a nuestras singularidades. Con las transferencias del 94, con el diseño del SCS, con el Plan de Salud y los de inversiones hicimos una gestión adaptada a la realidad archipelágica, teniendo en cuenta los ocho territorios, incorporando, por ejemplo, los helicópteros y los aviones medicalizados.

En definitiva, el autogobierno genera las condiciones para mejorar la sanidad desde Canarias. Pero para que esto suceda tiene que haber, además de recursos, adecuada planificación y gestión, no dejando áreas de esta complejidad en manos de aficionados. Por eso, actualmente los resultados de nuestro sistema sanitario son insatisfactorios para amplios sectores de la población canaria.

Además, las cada vez más frecuentes crisis sanitarias globales -Covid 19, hantavirus o ébola, que vuelve a generar una alta preocupación por su extensión en República Democrática del Congo y Uganda- precisan de sólidos sistemas sanitarios y, asimismo, de la máxima coordinación y colaboración en el ámbito estatal y europeo, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como dijo recientemente el director general de la OMS, Tedros, Adhanom, los virus “no entienden de política ni respetan fronteras”.

Por último, coincido con lo que plantea en un reciente artículo Ayoze Corujo, secretario de organización de NC-bc, en el que señala que el autogobierno necesita mejorar su ’legitimidad por rendimiento’. Lo digo desde el convencimiento de que el autogobierno ha sido determinante para la mejora y consolidación de los servicios educativo o sanitario, pero, al mismo tiempo, la calidad de esos servicios públicos y su percepción por la ciudadanía resultan fundamentales para la legitimación permanente del autogobierno y para aspirar a mayores cotas de soberanía.

Tenemos un ejemplo reciente, la pandemia de la Covid 19, de alcance mundial y de mucha mayor dimensión por el nivel de contagios, por el número de hospitalizados y fallecidos; y, asimismo, por la paralización económica. En el Estado español y en Canarias, desde la co-gobernanza entre administraciones se respondió sanitariamente, con un gran despliegue sanitario, el confinamiento y una vacunación masiva; y en el plano económico sus consecuencias fueron atenuadas por la intervención pública, con la aplicación de los ERTES y otras medidas, económicas y fiscales, de apoyo a las empresas, a los trabajadores y al conjunto de la sociedad. 

El primer caso detectado en España fue el de un turista alemán en La Gomera, a final de enero de 2020. Tres semanas más tarde, se produjo un brote en un hotel de Tenerife que obligó al primer confinamiento masivo en el conjunto del Estado: mil personas, entre clientes y trabajadores. Se demostró entonces la capacidad del autogobierno para responder a una contingencia de tanta complejidad. En la pandemia de la Covid -gracias a los niveles de dirección y coordinación de las administraciones públicas, el esfuerzo denodado de los profesionales de la salud y de los docentes, la actuación responsable de la ciudadanía- Canarias tuvo el mejor perfil de la pandemia, con el menor porcentaje de enfermos y de fallecimientos entre las comunidades autónomas. 

En el caso que nos ocupa, el del hantavirus, el Gobierno español respondió positivamente a las peticiones realizadas por la OMS, la Unión Europea y de los ejecutivos de los 23 estados con ciudadanos en el crucero MV Hondius. Se trataba, parece que se olvida, de prestar la ayuda adecuada, facilitando su desembarco y traslado a sus países de origen, a unas 150 personas, tripulación y pasajeros, catorce de ellos de otras comunidades autónomas, que se encontraban en un buque en el que se habían dado varios casos de hantavirus y en el que ya se habían producido algunos fallecimientos. 

Se intervino con muchos medios, prudencia, determinación y eficiencia. La que se corresponde con nuestros niveles de desarrollo, la calidad y profesionalidad de nuestros sistemas públicos de emergencias y sanitarios, fuerzas de seguridad, el personal de puertos y aeropuertos… algo por lo que tenemos que sentirnos legítimamente orgullosos. Pese al partidismo, la labor obstaculizadora, la búsqueda de la confrontación por la confrontación y los graves errores cometidos por el presidente del Gobierno de Canarias. El balance de la actuación ha resultado globalmente muy positivo.

Da la impresión de que, desde el minuto uno, la intención de Fernando Clavijo y los suyos era tratar de confundir a la ciudadanía. Convirtiendo la razonable solución a un problema de salud y humanitario de alcance internacional en un espacio propicio para la bronca política y el enfrentamiento con el Gobierno español. Reproduciendo lo mismo que hacen PP y Vox, cotidianamente, en el escenario estatal. Buscando obtener réditos electorales con la política de la crispación y del miedo, que tanto daño hace a la democracia y a la convivencia.

Competencias, autogobierno y co-gobernanza

Para ello no dudaron en falsear la realidad. Primero, obviando que, mientras no se cambien las cosas en una reforma del Estatuto, las competencias en materia de puertos de interés general y en sanidad exterior corresponden al Estado. Aunque el Gobierno de España está obligado a la coordinación, la información y la participación de la comunidad autónoma. Y así se hizo, en solo cuatro días, con una veintena de llamadas entre los dos gobiernos, a nivel ministerial e incluso con conversaciones entre los dos presidentes, y una quincena de reuniones de trabajo y técnicas, en el ámbito de la protección civil y en el sanitario. Hubo información y trabajo conjunto. La co-gobernanza es esencial, como ocurrió en el caso del Covid. En este, todo marchó razonablemente bien hasta la noche del sábado.

Ocultar o minimizar la celebración de esas reuniones de trabajo y llamadas con la intención de generar un clima de enfrentamiento constituye una grave irresponsabilidad. Máxime en un momento en que la ciudadanía precisaba de sus gobernantes algo bien distinto: información sin alarmismos, confianza en los protocolos científicos, reconocimiento y valoración de nuestro sistema y profesionales sanitarios y transparencia en las actuaciones a desarrollar. Hacer lo contrario, como ha hecho el Gobierno de Canarias, mina la confianza en la política y en las instituciones y alimenta los populismos que degradan y ponen en peligro la democracia, los derechos cívicos y las libertades.

Capacidad, infraestructura, humanidad

La Organización Mundial de la Salud, como señala su director general, Tedros Adhanom, tenía que elegir, en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, un puerto “con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo”. Lo que no cumplía Cabo Verde, a donde se había dirigido inicialmente el buque neerlandés. “Tenerife ha sido elegida porque tiene la capacidad médica, la infraestructura y sé que la humanidad necesaria para ayudarles a llegar a un lugar seguro”, asegura Adhanom, que se trasladó a Canarias para estar presente en todo el operativo. Y que recordó, además, que los virus “no entienden de política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”.

OMS y el organismo de protección civil internacional decidieron que el buque fondeara en el infrautilizado puerto de Granadilla, (por cierto, un monumento al despilfarro de CC), y desde allí, mediante un “plan cuidadoso y detallado”, así lo calificó el director de la OMS, sin que se produjera contacto con la población local, realizar el traslado de los pasajeros al cercano aeropuerto Reina Sofía, para desde allí ser repatriados a sus estados de origen. 

Bloquear, retrasar, desacreditar

Antes del fondeo del MV Hondius llegó la sorpresa Todo el proceso de trabajo conjunto entre las distintas administraciones -canaria, estatal y europea, así como la OMS- se quiebra cuando desde el Mecanismo de Protección Civil Internacional se decide prolongar hasta la tarde del lunes, las tareas de desembarque, ante la imposibilidad de completarlas el domingo. Una decisión razonada y lógica que se traslada al Gobierno de Canarias sin que se produzca ningún reparo. Pero, pocas horas después, en la noche del sábado, se utiliza esa ampliación para oponerse a la llegada y fondeo del buque. 

Es entonces cuando Clavijo decide no autorizarlo. Un grave intento, afortunadamente fracasado, de bloquear, retrasar o desacreditar una actuación sanitaria y humanitaria en marcha con aval técnico y científico internacional. Una intervención propagandística, mal sustentada en la ampliación del proceso hasta 36 horas por muy justificados motivos; con prácticamente nulas posibilidades de ejecución práctica, pero que volvió a sembrar la cizaña y a intentar generar dudas, inquietud y miedo entre la población. Es la dirección de la Marina Mercante quien finalmente lo autoriza.

Dejemos para el capítulo de las anécdotas conspiranoicas -fáciles de alimentar, pero muy peligrosas para la salud, como ya vimos repetidamente en la pandemia de la Covid 19- la desafortunada referencia a las ratas que podían saltar del barco y llegar a nado al puerto, fundamentada en información extraída de la IA, y puesta como razón añadida para frenar el operativo. 

Hay que destacar, y es muy importante, que la respuesta de los profesionales ante esta crisis sanitaria ha sido, como se esperaba, ejemplar. También la de la ciudadanía canaria, pese a los desesperados intentos por soliviantarla mediante el alarmismo y la desinformación. El operativo ha merecido la felicitación al Estado español por parte del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres; de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; del presidente del Consejo Europeo, António Costa; y del Papa León XIV. Así como del director de la OMS, que lo calificó como “el modelo a seguir” ante crisis similares que se produzcan en el futuro. Que se producirán, no les quepa la menor duda. 

Frente a esa consideración prácticamente unánime, para el presidente del Gobierno canario fue un día “triste para la democracia y para Canarias”. Asombroso.

Tras lo sucedido estas semanas, lo que habría que desear es que las crisis que afecten a la salud pública, que se repetirán en el futuro, dejen de formar parte del rifirrafe político; y puedan ser abordadas serenamente y sin ruido desde respuestas basadas en el conocimiento científico. Para evitar que los procesos se vean enturbiados por la politiquería, el egoísmo, la falta de humanidad y el ombliguismo de quienes ponen por delante sus estrechos intereses partidarios, incluso en los momentos más críticos. Lo que, lejos de ser una anécdota, se corresponde con el modus operandi que las extremas derechas están imponiendo en todo el mundo, potenciando los bulos, generando desinformación, desprestigiando a la ciencia y a los expertos y, además, buscando la desafección y el descreimiento en la política y en las instituciones democráticas.

Desde Canarias y las competencias de su autogobierrno se puede legislar adecuadamente sobre las viviendas vacacionales. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Y, asimismo, se puede aprobar una ecotasa finalista que paguen los no residentes y cuya recaudación se destine a rehabilitar las infraestructuras públicas y preservar los recursos naturales.

Desarrollamos la vida sobre un territorio concreto. En nuestro caso, Canarias, un archipiélago con ocho islas habitadas. Y las distintas actividades -industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, energéticas, de movilidad de personas y mercancías...- impactan sobre el mismo. Sobre sus paisajes rurales. Sobre sus costas. Sobre los espacios urbanos. Sobre la calidad del aire que respiramos. Por eso, se hace imprescindible legislar para hacer posible en las mejores condiciones la vida cotidiana de sus habitantes, el desarrollo de las distintas actividades económicas y, asimismo, la preservación de la Naturaleza. Pensando no solo en el corto y medio plazo, sino con mirada mucho más larga. Esta es, sin duda, una de las principales competencias del Estatuto y en las que ha habido etapas en que se han tomado las decisiones adecuadas y otras en que no se ha defendido el interés de la mayoría.

Para conseguir ese equilibrio, el Parlamento de Canarias aprobó distintas leyes para proteger nuestro privilegiado territorio y medio ambiente. Entre otras, la Ley 12/1987 de declaración de espacios naturales de Canarias de 1987, presidiendo Jerónimo Saavedra el Gobierno del pacto de progreso. Declarando 70 parajes naturales, así como 35 parques naturales, entre ellos, por citar algunos, La Geria, Las Dunas de Corralejo, Guayadeque, Anaga, Valle Gran Rey, Cumbre Vieja y Teneguía.

Siete años después se aprobaría, por unanimidad de la Cámara, la Ley 12/1994 de Espacios Naturales, siendo Manuel Hermoso presidente del Ejecutivo. Una ley cuya finalidad es “la protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales del archipiélago canario y de los procesos ecológicos esenciales que en ellos tienen lugar, así como el mantenimiento y restauración del paisaje que sustentan”.

Posteriormente, la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias tiene por objeto regular “la actividad administrativa en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística y definir el régimen jurídico urbanístico de la propiedad del suelo y vuelo, de acuerdo a su función social”, en ejercicio de las competencias estatutarias y en el marco de la legislación estatal sobre conservación de los espacios naturales protegidos, régimen del suelo y valoraciones. Además, con el decreto legislativo 1/2000 se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. 

Pero no se trata solo de preservar espacios -parques nacionales, reservas, parques naturales o rurales-, sino también de generar condiciones para que la actividad económica module su impacto sobre el territorio y el medio. Atenuando la ocupación de suelo, el consumo energético y de agua o el propio crecimiento demográfico. Respecto a este último, Canarias creció entre 1980 y 2025 un 65% en población, pasando de los 1,3 millones a 2,2; el doble que el conjunto de España (31,73%). En el mismo periodo, Euskadi aumentó un 5,30%, subiendo de 2,1 millones a 2,2. Las proyecciones para 2050 sitúan a Canarias con más de 450.000 habitantes más que ahora; en el País Vasco, sus proyecciones, en este caso para 2045, sumarían 77.000 habitantes a los actuales.

Para estudiar esa realidad y sus consecuencias desde la Presidencia del Gobierno canario creamos en la legislatura 1999/2003 un comité de expertos sobre población e inmigración que analizó en profundidad la situación y ofreció respuestas, las centrales vinculadas a nuestro modelo de crecimiento. En su informe concluyen que “la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial, porque las islas no soportan la misma capacidad que los territorios continentales, sobre todo las islas alejadas”. 

Por otra parte, las conclusiones del Comité de expertos resaltaban la importancia de las directrices generales de ordenación territorial y las sectoriales del turismo -también promovidas por aquel Gobierno y aprobadas por el Parlamento en 2003- para reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad y modular el crecimiento poblacional. Asegurando, además, que todas las actuaciones políticas demográficas deben estar subordinadas “a las opciones de desarrollo futuro en el ámbito de la economía y del medio ambiente, en particular. En el caso de Canarias, su singularidad exige la máxima coherencia entre las opciones de desarrollo futuro que se adopten y la acción en el campo de la demografía”. 

Moratoria y directrices

De ahí la enorme relevancia de las leyes que promovimos en esa legislatura. La Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (conocida como ley de la moratoria), que desclasificó más de 300.000 camas turísticas y que posibilitó parar el crecimiento para reflexionar y tomar, sosegadamente, decisiones de futuro. Marco legal que resultó determinante para desclasificar el suelo turístico de Veneguera, evitando los planes de masiva construcción que impulsaban empresarios con el apoyo nada disimulado de algunos dirigentes de Coalición Canaria; más tarde, en la primavera de 2003 se aprobó la ley 6/2003 que declaraba el barranco de Veneguera como espacio natural protegido, impidiendo su desarrollo urbanístico y preservando definitivamente Veneguera. Sin que supusiera coste alguno para las arcas públicas.

Paralelamente se proyectó, debatió y elaboró la ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y Turística de Canarias. Aprobada por unanimidad de la Cámara. Centrada en un crecimiento modulado, la no ocupación de más territorio, favoreciendo la reforma de la planta obsoleta, y la renovación de las ciudades turísticas, así como la diversificación y la cualificación de la oferta y una mayor formación del personal del sector. En los siguientes tres años solo se podía aumentar el 1% la oferta hotelera en las islas turísticas, siempre basada en parámetros de calidad; para las islas verdes se estableció una legislación específica (Ley 6/2002). 

Ley del Suelo

Si embargo, no todo serían avances en protección del territorio y el medio, así como en la modulación del crecimiento. Así sucedería con la aprobación de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. En su momento expresamos que contenía algunos elementos positivos, como la unificación de las normas previas; el planteamiento de compensar por conservar o el respeto a la delimitación y regulación de los espacios naturales protegidos; y, también, la supresión de la caducidad de los instrumentos de ordenación, la flexibilización de los plazos de adaptación de los planes y la simplificación de la autorización de obras para actividades propias en suelo urbano y rústico.

Pero, junto a ellos, la Ley del Suelo impulsada por Fernando Clavijo presenta numerosos aspectos regresivos. De entrada, y a diferencia de las leyes anteriores, el haber sido elaborada con poco debate y sin consenso político ni social. Así como por su apuesta por un modelo desarrollista que subordina a los intereses económicos el territorio, el medio natural, el futuro. Su abandono del urbanismo de planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyecto. Y, además, por incorporar en suelo agrario la autorización de usos complementarios turísticos, de ocio, industriales o deportivos; lo que facilita una presión especulativa sobre el suelo rústico de irreparables consecuencias. 

Desde Canarias para Canarias

En cualquier caso, la solución para la inmensa mayoría de los problemas en estos ámbitos se encuentra en la Comunidad Canaria y sus instituciones y no en otras instancias estatales y europeas, como algunos se empeñan en hacer creer. Desde aquí, desde Canarias, se puede frenar en el medio y largo plazo el crecimiento en las islas turísticas a través de la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. Así como establecer una limitación al crecimiento de plazas alojativas condicionado a las distintas realidades insulares en las islas turísticas. Ofreciendo un tratamiento diferencial a las islas verdes, con un crecimiento moderado desde parámetros de calidad y respeto medioambiental. 

Desde Canarias y las competencias de su autogobierrno se puede legislar adecuadamente sobre las viviendas vacacionales. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Y, asimismo, se puede aprobar una ecotasa finalista que paguen los no residentes y cuya recaudación se destine a rehabilitar las infraestructuras públicas y preservar los recursos naturales. 

En definitiva, nuestro autogobierno dispone de instrumentos suficientes para ordenar los espacios naturales, poner límites al crecimiento y frenar los efectos negativos sobre la población en ámbitos como la vivienda, el tráfico, las infraestructuras o los servicios públicos. Tomando decisiones de manera autocentrada, para ser más sostenibles, para tener mejor presente y futuro. Solo hacen falta, la historia lo demuestra, gobiernos con convicciones, voluntad y determinación para hacerlo posible. 

Tras más de cuarenta años ejerciendo las competencias en materia educativa, podemos concluir que Canarias ha avanzado mucho en este ámbito, aunque todavía queden tareas pendientes para situarnos en las medias estatales y europeas en varios parámetros. Con lastres como el repunte del abandono escolar temprano y los bajos niveles de escolarización en educación infantil 0-3 años. Se precisa seguir avanzando, con un salto cualitativo que nos equipare a España y Europa y que podemos hacer desde aquí.

La primera legislatura autonómica, desarrollada entre los años 1983 y 1987, supuso poner en marcha una ingente tarea en el camino de construcción del recién estrenado autogobierno. Todavía estaban por definirse, recibirse y ponerse en funcionamiento las competencias que fueron llegando posteriormente en las más diversas áreas. En esos momentos se comenzó a edificar, con escasos medios, pero mucha voluntad, entusiasmo y convicción autonomista, la arquitectura inicial del Gobierno de Canarias en todos sus ámbitos. 

Pero si en algo destacó aquel Ejecutivo presidido por el socialista Jerónimo Saavedra fue, tras la recepción de las transferencias educativas, por el enorme esfuerzo inversor que llevó a cabo para superar las enormes deficiencias que presentaba nuestro sistema educativo, muy olvidado por el hasta entonces imperante centralismo.

Nuestra Comunidad partía de una situación caracterizada por el profundo atraso respecto al resto del Estado español. Con la presencia, todavía, de altas tasas de analfabetismo entre la población del Archipiélago. Con la realidad de numerosos colegios que se encontraban desdoblados en turnos de mañana y de tarde, al no disponer de suficientes plazas para escolarizar a nuestros niños y niñas. Con notables carencias de infraestructuras educativas dignas en numerosos municipios del Archipiélago. Con unas plantillas docentes claramente insuficientes. 

Las reclamaciones educativas se expresaron en las calles desde el comienzo de la transición. Los enseñantes demandaban “escuela canaria y maestros canarios”, con planteamientos nítidos respecto a la mejora de la calidad y de la propia formación docente. Exigiendo, además, que el sistema educativo facilitara el conocimiento de nuestra geografía, historia o cultura, absolutamente ocultadas en la larga noche del franquismo. Lamentablemente, cinco décadas después, nuestros jóvenes siguen sin tener un conocimiento básico del pasado indígena de la Islas o de la Canarias posterior a la conquista y colonización. 

A finales de los setenta comenzaron a celebrarse las entusiastas escuelas de verano de Canarias -definidas como espacios de encuentro, de intercambio y de debate de las comunidades educativas-, impulsadas por los movimientos de renovación pedagógica. Iniciándose, también, el surgimiento y consolidación de los sindicatos, algunos específicos del sector docente y con una gran base social y capacidad movilizadora.

Empleo y estabilidad laboral

Hubo, en distintas etapas, momentos de elevada conflictividad. Desde el boicot a las oposiciones en 1977, movimiento centrado en el empleo y la estabilidad laboral (“Ningún niño sin escuela, ningún maestro sin trabajo” era uno de sus lemas), cuando todavía se dependía del Ministerio de Educación estatal, al conflicto de la jornada continua en el curso 87/88, con el Gobierno canario de CDS, AP, AIC y AHI. 

Más tarde, desde sindicatos que desde principios del autogobierno contaban con una gran capacidad organizativa y de presión, se plantearon muy distintas reivindicaciones: a favor de la homologación salarial con el resto de los funcionarios, por la estabilidad del profesorado interino, en contra de la tutoría de tarde en enseñanzas medias o exigiendo más recursos económicos para la educación. 

También en el rechazo de algunas de las leyes educativas, especialmente, pero no solo, contra la denominada Ley Wert (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, del año 2013). Con importante participación del alumnado, en distintas etapas, en muchas de las movilizaciones del sector. Con el papel, asimismo, desplegado por las organizaciones de padres y madres de alumnos (ampas).

Dos universidades

Igual sucedió en el ámbito universitario, especialmente por las masivas manifestaciones, en los años 1982 y 1988, en defensa de la creación de una universidad completa en Las Palmas de Gran Canaria, en la que ya existía la Universidad Politécnica (creada en 1979) y algunos centros dependientes de La Laguna, como Medicina o Magisterio.

Habría que esperar hasta 1989 para que esa reclamación fuera hecha realidad, con la aprobación por nuestro Parlamento de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias. Desde entonces el sistema educativo superior canario cuenta con dos universidades públicas con una amplia oferta de estudios, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, que forman a decenas de miles de estudiantes cada año, que investigan y que colaboran entre ellas.

Los años noventa fueron de cambio, con el proceso de implantación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) por la Consejería de Educación que dirigía José Mendoza. Entre sus ejes, la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, la creación de la ESO, la instauración de un nuevo modelo de Formación Profesional estructurado en ciclos (medio y superior) y el establecimiento de la educación infantil.

Ley Canaria de Educación

Y, ya en este siglo XXI, sectores docentes, ampas y distintos ayuntamientos de las Islas impulsaron una ley de iniciativa popular en defensa de la educación pública de las Islas, apoyada por decenas de miles de firmas ciudadanas. Tras su tramitación parlamentaria esta se plasma en la Ley Canaria de Educación no Universitaria (2014). Una ley que tiene como objetivo “regular el sistema educativo canario y su evaluación, de modo que pueda convertirse en un instrumento eficaz para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, inclusiva e integradora, que garantice la equidad y la excelencia, la prestación de un servicio público esencial y convertirse, a la vez, en uno de los motores del desarrollo social, económico y cultural del archipiélago”.

Una ley que todavía cuenta con algunos aspectos por desarrollar plenamente, sobre todo su claro mandato de llevar la inversión educativa hasta alcanzar el 5% del PIB canario. Con el Gobierno de Progreso (2019/2023) nos acercamos mucho a ese objetivo (4,63% en los Presupuestos del año 2023); el actual Ejecutivo de las dos derechas nos ha alejado del mismo (4,07% en las cuentas públicas de 2026).

Tras más de cuarenta años ejerciendo las competencias en materia educativa, podemos concluir que Canarias ha avanzado mucho en este ámbito, aunque todavía queden tareas pendientes para situarnos en las medias estatales y europeas en varios parámetros. Con lastres como el repunte del abandono escolar temprano y los bajos niveles de escolarización en educación infantil 0-3 años. Precisándose, asimismo, mejoras en las infraestructuras educativas (y su adaptación al cambio climático), plantillas docentes. Formación Profesional o atención a la diversidad. Para lograr un sistema educativo con mayor equidad e inclusión.

En todo ese camino recorrido, la Comunidad Canaria ha demostrado que se pueden impulsar los cambios educativos desde el autogobierno. Que tenemos competencias, capacidad y recursos para superar nuestros problemas y déficits. Desde el autogobierno se logró la escolarización plena, la homologación, una sensible mejora de las infraestructuras, el impulso en la enseñanza superior y, en definitiva, la mejora global de nuestro sistema educativo. 

Se precisa seguir avanzando, con un salto cualitativo que nos equipare a España y Europa y que podemos hacer desde aquí. Se trata, esencialmente, de poner a la educación como prioridad social y política por su carácter estratégico. Y de dotarla de los recursos necesarios y de la más adecuada gestión orientada a su permanente mejora. Para que repercuta positivamente en la calidad de vida de las actuales y de las futuras generaciones de canarios y canarias. 

Resulta cuando menos contradictorio estar permanentemente quejándose del “maltrato estatal” y de la Unión Europea. Exigiendo más partidas económicas al Gobierno central y, al mismo tiempo, dejar de ejecutar miles de millones de euros que figuran en las cuentas públicas aprobadas cada año en el Parlamento de Canarias. O, asimismo, desaprovechar ingentes recursos europeos por mala gestión, lo que lleva a la devolución a la Unión Europea de cientos de millones de euros. Esto es lo que hace de forma sistemática el Gobierno canario de las dos derechas: pedir más y ser luego incapaz de gastar adecuadamente el dinero de que dispone. Eso sí, la asunción de responsabilidades no figura, ni de lejos, entre sus virtudes.

En lo que ha transcurrido de la actual legislatura, en estos tres años que ha gestionado y liquidado los presupuestos de la Comunidad Canaria el Gobierno de CC y PP, la inejecución acumulada alcanza los 3.430 millones de euros, lo que supone una media de 1.143 millones por año no gastado del dinero presupuestado. Efectivamente, no han sido capaces de gastar 1.090 millones de euros en el año 2023, de 1.289 millones en 2024 y de 1.051 millones en 2025.

Recursos y competencias

Pese a la propaganda desatada y ese cansino discurso victimista, muy alejado de lo que debe ser el auténtico nacionalismo -exigente con el Estado y la Unión Europea, pero a la vez plenamente comprometido, autocrítico y riguroso con las responsabilidades propias-, Canarias dispone en estos momentos de suficientes recursos; mejorables, por supuesto, pero claramente suficientes para afrontar muchas tareas que el Gobierno canario, de forma intencionada, elude.

La Comunidad Canaria cuenta, además, con amplias competencias estatutarias para dirigir lo sustancial de las políticas en educación, sanidad, vivienda, asuntos sociales, actuaciones energéticas y de protección del territorio y del medio ambiente… En todos esos ámbitos se pueden tomar decisiones desde Canarias para apostar por una economía sostenible y por actuaciones que rompan con la elevada desigualdad que se padece en el Archipiélago, posibilitando una sociedad canaria con mucha mayor equidad. Desde el autogobierno, Canarias puede superar sus déficits y experimentar notables avances.

Pero carecemos, y es algo muy importante, de un Gobierno canario con voluntad transformadora y que se crea, de verdad, el potencial del autogobierno. Un Ejecutivo capaz de aprovechar esas partidas para intentar mejorar nuestra situación económica y social, contribuyendo a superar nuestros evidentes malos parámetros en diversos campos y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la gente.

Un ejemplo contundente es el decreto del Gobierno canario frente a la crisis ocasionada por la guerra contra Irán. Euskadi aporta más de 1.000 millones para proteger a su industria. Cataluña destina 500 para apoyar a los sectores económicos más impactados, incluyendo en su plan partidas específicas para proteger el poder adquisitivo de las familias. Comunidades como Castilla y León, Galicia o Baleares contribuyen con más de 150 millones. Mientras, el Gobierno canario destina apenas 30, de los que la mitad son aportaciones del Estado.

Es decir, el gobierno de Clavijo dedica 14,5 millones de recursos propios frente a las consecuencias de la crisis de Oriente Medio, mientras el propio Clavijo ha aumentado para 2026, en los presupuestos canarios, 25,7 millones para la Presidencia del Gobierno - un incremento del 13,5%, cuando el presupuesto del gasto total sólo subió el 7% -, para su propio uso político personal en publicidad y propaganda.

Fracaso en vivienda y menos inversiones

La pésima gestión presupuestaria del Gobierno de Clavijo afecta negativamente a la sociedad canaria. Se trata de recursos disponibles que no se han aplicado para la mejora de los servicios públicos. Ni para afrontar los graves problemas de acceso a una vivienda que padecen decenas de miles de canarios y canarias, con o sin empleo, con un absoluto fracaso de las políticas en esta área. Ni para apoyar a los sectores económicos, especialmente a ese sector primario tan alabado, tan sentido en los discursos como seña de identidad, pero en la práctica presupuestariamente castigado: tiene mucho menor presupuesto en 2026 que hace tres años. O para afrontar la elevada pobreza que sufre una parte de la población, incluidos numerosos niños y niñas de las Islas. 

En el año 2025 se han dejado de gastar 1.051 millones del dinero disponible en los prepuestos. La mayor parte de esta inejecución se corresponde con las inversiones. Se han dejado de aplicar a gasto 768,1 millones de operaciones de capital presupuestadas, el 73,1 % del total no ejecutado. Las inversiones realizadas en 2025 son en términos absolutos 1.510 millones de euros, 78 millones de euros menos que las del año 2023, a pesar de que el gasto ejecutado en 2025 ha aumentado en 1.123 millones más que el año 2023. Una pésima gestión de los dineros públicos. Un fracaso sin paliativos. 

Devolución de fondos europeos e incumplimiento regla de gasto

Igual suerte, la de la mala gestión, corren los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), puestos en marcha por la Unión Europea para mitigar el impacto de la pandemia de la Covid 19 e impulsar la sostenibilidad y la digitalización. Desde el Gobierno de Canarias declaran que ya han devuelto 53,8 millones al Estado. Quedando por ejecutar, según la Consejería de Hacienda, 722,5 millones para 2026, el 41,8% de los 1.727,1 millones adjudicados a Canarias de fondos MRR.

En el pasado ejercicio, el de 2025, solo ejecutaron 276,4 millones de euros, muy lejos de la previsión contenida en los presupuestos canarios para 2026 (presentados a finales de octubre de 2025) que preveían gastar en 2025 nada menos que 530,5 millones. El crédito definitivo de fondos MRR en el año 2025 fue de 835,2 millones de euros. Por tanto, con un gasto de 276,4 millones de fondos MRR, la ejecución solo ha sido del 33,1% del crédito definitivo.

Vista la media anual de ejecución de los últimos años y que el plazo para realizar estos fondos finaliza el 31 de agosto de este año 2026, lo más probable es que la Comunidad Canaria terminará devolviendo más de 500 millones de los Fondos MRR.

Además, el Gobierno conservador canario reconoce que tampoco cumplirá con la regla de gasto en la liquidación presupuestaria del año 2025, tras ya haber incumplido en el cierre del año 2024. Esto tiene consecuencias para la ciudadanía de Canarias. El Plan de Ajuste presentado por el Gobierno de Clavijo debe compensar el exceso de gasto computable realizado en 2024 y supone la reducción del gasto en 445 millones de euros en este año 2026, en un presupuesto inicial que crece 813,2 millones. Y deberá presentar otro Plan de Ajuste para aplicar también en 2026 y 2027 si se confirma oficialmente el incumplimiento de la regla de gasto en 2025, como ya ha denunciado la AIREF en todos sus informes sobre las cuentas canarias. Estos “ajustes”, a los que obliga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, son recursos presupuestados que se le sustraen a la ciudadanía por la mala gestión del Gobierno.

En definitiva, considero que el actual Gobierno de Canarias no puede ni debe seguir empeñado en actuar bajo la excusa permanente, culpabilizando siempre a factores externos de todos los males que afectan a la sociedad canaria. Y renunciando a tomar decisiones propias que ayuden a modificar la negativa realidad y orienten las políticas hacia un modelo sostenible económica, social y medioambientalmente. Este Ejecutivo, con sus modos y maneras, logra que siempre salgan perdiendo Canarias y su gente; y, asimismo, deja gravemente devaluada la importancia del autogobierno, cuando, con su discurso y su práctica, todo parece depender de lo que hagan otras administraciones y no de las actuaciones propias.

Esta guerra parece que comienza a entorpecer el avance ultra. Al menos en buena parte de la Unión Europea, en la que su ciudadanía -como la del Estado español y la de Canarias- rechaza de forma mayoritaria la barbarie militarista impulsada por Donald Trump y Benjamin Netanhayu

La extrema derecha está produciendo cambios tan relevantes como negativos en el mundo. Que se plasman en el creciente autoritarismo y el desprecio a los valores democráticos, el intento de destrucción de históricas conquistas laborales, la restricción de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, los ataques a la comunidad LGTBI, la disminución o eliminación de programas sociales, el incremento de la violencia contra las personas migrantes o el maltrato al cuidado del planeta y el freno a la lucha contra la Crisis Climática. Y, también, mediante sus agresivas políticas belicistas e imperialistas, como se comprueba en la guerra ilegal, injusta e inmoral declarada contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, dos de las mayores potencias militares del mundo.

Esta guerra parece que comienza a entorpecer el avance ultra. Al menos en buena parte de la Unión Europea, en la que su ciudadanía -como la del Estado español y la de Canarias- rechaza de forma mayoritaria la barbarie militarista impulsada por Donald Trump y Benjamin Netanhayu y sus consecuencias en la zona en conflicto: las miles de muertes, heridos y desplazados, así como la destrucción de escuelas, hospitales y viviendas; y, asimismo, globalmente, por la subida de los precios de los combustibles y su efecto sobre la elevación de los precios del transporte y de los alimentos, por las secuelas que, según algunos expertos, impactarán durante años.

 El apoyo de Abascal, Meloni y otros dirigentes de la extrema derecha a las políticas de Trump, desde la aplicación de arbitrarios aranceles a la actual guerra, puede estar empezando a producirles efectos negativos. Hasta Feijóo se ha visto obligado a plegar velas apuradamente y desdecirse de su inicial entusiasmo hacia la guerra. Aunque su cambio resulta poco convincente. Como poco convincente resulta la postura de Coalición Canaria, que denuncia los efectos de la guerra, pero calla sobre quiénes son los responsables de esta.

Nos encontramos en un momento en que la política internacional, desde la economía a la seguridad, pasando por el deterioro de Naciones Unidas, está teniendo un elevado impacto en las políticas internas de los estados y, de manera evidente, en sus procesos electorales.

 Francia, Italia, Dinamarca, EE.UU.

 Esas circunstancias se pudieron observar en las recientes elecciones municipales francesas. Los resultados que arrojaron las urnas se alejaron bastante de los que predecían las derechas conservadoras y ultras, que se veían claras ganadoras impulsadas por la ola trumpista internacional. Los analistas apuntan a La guerra y el fuerte rechazo que genera influyó en que su crecimiento fuera mucho menor del que esperaban. Quedando limitado más a los pequeños núcleos urbanos y a las zonas rurales, con la excepción de Niza. Pero no pudiendo evitar que las izquierdas renovaran al frente de los consistorios de París, Marsella o Lyon. El camino de los ultras de Marine Le Pen y Jordan Bardella hacia las elecciones presidenciales de 2027 no va a resultar tan sencillo como se imaginaban. Aunque tampoco las izquierdas, muy fracturadas, lo tienen precisamente fácil.

 Igual ocurre en Italia, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, perdió el pasado domingo el referéndum que convocó para sacar adelante una reforma de la Magistratura que modificaba el texto constitucional vigente. Lo que acaba de abrir una crisis de Gobierno, con la salida de varios ministros. Y evidenciando que ser un aliado del belicista Trump puede empezar a dejar de ser rentable electoralmente. La ola puede volverse en contra y hacer naufragar a más de uno.

En Dinamarca, por su parte, la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, consiguió salvar los muebles con una apretada victoria de su partido frente a la derecha en unos comicios anticipados. Elecciones sobre las que sobrevoló, sin duda, el fantasma de la amenaza de Trump sobre la integridad territorial de Groenlandia, que pretende anexionarse por la buenas o por las malas.

Esta resistencia a las políticas ultras cuenta con algunos recientes antecedentes notables. Entre ellos, la llegada en enero del socialista Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York. Con un programa que incluye la congelación del precio de los alquileres y la financiación pública para la construcción de 200.000 nuevas viviendas asequibles; transporte público gratuito y eficiente; seguridad comunitaria con un enfoque prioritariamente preventivo; cuidado infantil gratuito para niños y niñas desde las seis semanas hasta los cinco años; supermercados públicos a bajo coste; o aumentar el salario mínimo de Nueva York a 30 dólares por hora en 2030.

También el que, a comienzos de noviembre de 2025, dos mujeres del Partido Demócrata, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, más moderadas que Mandani. fueran elegidas nuevas gobernadoras de Virginia y de Nueva Jersey. O, esta misma semana, el triunfo de la demócrata Emily Gregory sobre un candidato apoyado por Trump para cubrir un escaño en la Cámara legislativa de Florida en el distrito que alberga Mar-a-Lago, la propiedad de Palm Beach donde el presidente de Estados Unidos tiene su mansión. Su popularidad está en horas bajas, el movimiento MAGA se encuentra muy dividido y las encuestas apuntan a que puede perder las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre.

Igualmente sucede en el Reino Unido, con la victoria electoral en el mes de mayo del pasado año del laborista Sadiq Khan, permitiéndole afrontar un tercer mandato al frente de la alcaldía de Londres. O el importante ascenso de los Verdes en algunos comicios parciales celebrados el pasado mes de febrero en Inglaterra y Gales, derrotando a la ascendente extrema derecha de Farage y a un Partido Laborista en caída libre.

Comunidades autónomas

En España, además, las políticas globales y la dinámica de polarización estatal está influyendo de manera decisiva en los procesos electorales que en el periodo reciente se han desarrollado en distintas comunidades autónomas. Los resultados de Extremadura hay que leerlos en esa línea, con una consolidación del bloque ultraconservador que mejora posiciones frente al bloque progresista. Lo mismo en Aragón, aunque allí se diera un resultado notable de la Chunta, muestra de la importancia de los partidos territoriales con arraigo, historia y experiencia institucional. Y, en el caso de Castilla y León, resistió mejor el bloque progresista, por la subida del PSOE -en la que influyó su posición de rechazo a la guerra-, pese al desastre de las izquierdas alternativas.

Veremos si el frenazo en el crecimiento de los ultras queda o no ratificado en las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo mes de mayo. En las que el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que parte con mayoría absoluta, aparece en las encuestas como claro favorito a la reelección. Y en las que una de las incógnitas es si se verá obligado o no a gobernar con el apoyo de Vox. Las otras son la capacidad de recuperación de los socialistas con su nueva candidata a la Junta, María Jesús Montero, y el grado de unidad que finalmente alcancen las izquierdas alternativas.

Los hechos, en diversas partes del mundo, y especialmente en Estados Unidos y en Europa, confirman que es posible vencer a la extrema derecha. Para ello resulta imprescindible que demócratas y progresistas unan fuerzas con generosidad e inteligencia. Teniendo como prioridades la lucha contra el fascismo, contra la guerra y contra el ultraliberalismo. Defendiendo la democracia y las libertades; la paz y el respeto a la legalidad internacional; y el papel de lo colectivo, de las conquistas sociales, del avance en equidad.

Cada día que pasa se complica más el escenario mundial por la guerra contra Irán declarada por Estados Unidos e Israel. Completamente al margen de la legalidad internacional y solo respondiendo a intereses hegemónicos imperialistas, de ambición sobre recursos energéticos y, también, de expansionismo sionista en la zona, lo que ocurre de forma nítida en su limpieza étnica en el Líbano. Constituye un deber ético oponerse a esta nueva barbarie, que se suma en la etapa reciente a la invasión rusa de Ucrania -y la guerra que se prolonga ya cuatro años- y al genocidio israelí en Gaza. La guerra, propiciada por Trump y Netanyahu, está causando miles de víctimas mortales y tendrá graves efectos sobre la seguridad global del Planeta, sobre la economía y sobre la convivencia entre los pueblos. Las está teniendo ya. Y frente a ella hay que actuar, denunciándola, defendiendo un orden internacional basado en reglas y, asimismo, aplicando medidas que atenúen su impacto sobre la población de las Islas.

“Está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso 'lobby' en Estados Unidos”. Lo afirma Joe Kent, alguien nada sospechoso de izquierdismo alguno, todo lo contrario, se trata de un declarado trumpista que se manifestó favorable al golpista asalto al Capitolio en el año 2021, y que hasta ahora ejercía como director del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU. Aseverando, además, que Irán “no representaba una amenaza inminente”. Hacía estas declaraciones en el momento de presentar su dimisión.

Complicidad del PP, Vox y CC

Joe Kent, integrante de la extrema derecha estadounidense, se muestra mucho más crítico con la aventura belicista de Trump que lo que lo hacen los dirigentes del PP y de Vox. O la derecha canaria, Coalición, que en ningún momento ha condenado esta guerra y a quienes la han impulsado, lo mismo que hicieron con el genocidio en Gaza o la agresión militar a Venezuela, así como con la asfixia total de Cuba, que condena al hambre y a la falta de medicinas a su población. Vox lo defiende de forma entusiasta, el PP lo justifica y CC mira para otro lado.

Impresentable ha sido, asimismo, la actitud de algunos dirigentes europeos. Como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que afirmó que Europa ya no puede confiar en un sistema internacional basado en normas, para luego verse obligada a rectificar y señalar su “compromiso inquebrantable” con el derecho internacional.

De todas formas, Trump y Netanyahu no han contado, ni mucho menos, con un aplauso unánime. Entre otros, se han desmarcado el presidente francés, Emmanuel Macron, y hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aunque esta última comparta espacio en las derechas más extremas con el líder estadounidense. Y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el primero que se posicionó y el más claro en su rechazo a la guerra, sintonizando con la posición mayoritaria de la ciudadanía, como confirman los distintos sondeos realizados sobre este asunto.

Crímenes de guerra, inseguridad extrema

Esta guerra ilegal está teniendo consecuencias inmediatas en forma de destrucción de infraestructuras -entre ellas viviendas, escuelas y hospitales-, el desplazamiento obligado y la muerte de miles de personas; la mayoría civiles, como esas 176 niñas asesinadas por un bombardeo estadounidense a su colegio de primaria al sur de Irán. Dirán que es un daño colateral más, pero probablemente sería mejor definirlo como un crimen de guerra más.

Y, al tiempo, esta guerra destruye lo poco que queda de multilateralidad, de respeto al derecho internacional, de reconocimiento al papel de las Naciones Unidas, nacidas tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto, el de 1939-1945, causado también por el papel militarista, expansionista y genocida de las extremas derechas de entonces, del nazismo y el fascismo.

Por eso, lo primero debería ser tratar de parar esta guerra que lleva a la Humanidad al borde del abismo. Intentando que se imponga el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional sobre el matonismo ultra. Y a ello debe dedicar sus esfuerzos la mayoría de la comunidad internacional y, en nuestro ámbito, la Unión Europea, que también puede y debe adoptar medidas extraordinarias para paliar sus efectos económicos y sociales, como hizo en la pandemia de la Covid o tras la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin.

Como se sabe, la subida de los precios del petróleo y del gas, una de las consecuencias de la aventura bélica trumpista, impacta en la economía, especialmente en el transporte, la industria y el sector primario, y llevará aparejado un aumento de la inflación con la más que previsible subida de los precios de los alimentos y otros productos de consumo. Al margen de que algunos, como siempre sucede, aprovechen la coyuntura para especular.

Medidas desde la UE, el Estado y Canarias

El Gobierno estatal ha aprobado dos decretos. Uno centrado en la bajada de impuestos a los combustibles y el apoyo a transporte, industria y sector primario; así como a intentar controlar los precios, de más difícil aplicación. Y un segundo decreto de congelación de los alquileres. Habrán de ser ratificados en el Congreso, con más apoyos previsibles para el primero que para el segundo.

Por su parte, el Gobierno de Canarias también puede implementar algunas medidas. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) hemos planteado al presidente canario algunas, en el marco del autogobierno, en el ejercicio de las competencias propias canarias, ante el impacto de esta guerra.

Me refiero a recuperar la bonificación del 99,9% del Impuesto de Especial de Combustibles de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo que beneficia a 25.000 transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. Aplicada en los años 2022 y 2023 por el anterior Gobierno de progreso, supuso, por un lado, una importante ayuda a estos sectores que tienen en el combustible una parte importante de sus costes de producción y, por otro, limitar la extensión del proceso inflacionario a través de la contención de los precios del transporte de mercancías y de los alimentos locales. Supuso 18 millones de euros de ahorro para los sectores implicados.

Y, asimismo, proponemos recuperar la deducción en el IRPF por el alza de precios para aquellos contribuyentes con rentas menores a 30.000 euros anuales de forma individual o 45.000 euros en modalidad conjunta; lo que llega al 80% de los contribuyentes del Archipiélago. En los dos años que se aplicó, 2022 y 2023, supuso un beneficio fiscal para las familias de cerca de 176 millones de euros.

En materia social, defendemos reforzar la protección a las familias más vulnerables mediante el aumento de la Renta de Ciudadanía y la puesta en marcha de los complementos pendientes, prioritariamente para educación y vivienda. Asimismo, el aumento de las prestaciones para los pensionistas no contributivos, en coordinación con el Estado. Así como otras actuaciones relacionadas con el alquiler y compra de vivienda. Sin olvidar la aplicación de rebajas selectivas del IGIC sobre algunos productos y servicios que pueden verse afectados en esta crisis de la que solo estamos percibiendo sus primeras secuelas.

En definitiva, somos firmes defensores de la paz, de la soberanía de los pueblos y del derecho internacional. Y la consecución de esos objetivos deben estar entre las prioridades de la Unión Europea de la que formamos parte. Rechazamos, por tanto, el imperialismo, el unilateralismo y las políticas belicistas y genocidas, denunciando a quienes las impulsan y mantienen. Exigimos parar la guerra y volver al diálogo y a las reglas y normas internacionales. Entendemos, además, que Europa y el Estado español deben implicarse para atenuar sus efectos económicos y sociales. Al tiempo que, desde Canarias y su autogobierno, planteamos un conjunto de medidas para aliviar su impacto en nuestra tierra, algunas de las cuales ya han sido puestas en práctica con éxito en anteriores crisis. Convencidos firmemente de que hay que parar la guerra y paliar sus consecuencias.

 El Debate del Estado de la Nacionalidad posibilita llevar a cabo anualmente un análisis en profundidad de la situación política, económica y social de Canarias, de las acciones de su Gobierno, del ejercicio que este hace de los recursos y competencias de la Comunidad Canaria. Todo ello, situados en el marco de los contextos estatal e internacional, muy favorables en la etapa más reciente, aunque ahora se están complicando, y mucho, por el militarismo trumpista y la guerra ilegal e injusta que Estados Unidos e Israel han declarado a Irán. Con consecuencias en el ámbito de la seguridad global y, también, económicas.

Un conflicto muy grave en el que el Gobierno de Canarias y su presidente, al igual que ocurrió con la ilegal intervención militar de Estados Unidos en Venezuela o en el genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos en Gaza, se pone de perfil, como si le importaran poco la paz, la soberanía de los pueblos o la intencional voladura de las organizaciones y el derecho internacional. Mientras Nc se posiciona claramente contra la guerra y exige parar los bombardeos y que prevalezca el derecho internacional. 

Mala gestión y derechización

El Gobierno canario de las dos derechas combina mala gestión y conservadurismo. De lo primero son muestras su pésima ejecución presupuestaria, dejando de utilizar 3.352 millones de las cuentas públicas (1.090 en 2023, 1.289 en 2024 y 973,3 en 2025) en lo que va de legislatura; igual ocurre con los fondos europeos de recuperación (MRR), dirigidos a responder a los estragos económicos causados por la pandemia de la Covid 19. Canarias ya ha devuelto 53,8 millones. Y quedan por ejecutar, según la Consejería de Hacienda, 722,5 millones para 2026, el 41,8% de los 1.727,1 adjudicados a Canarias. Favoreciendo, asimismo, la especulación con la modificación del REF para aplicar la RIC en la construcción de viviendas para alquiler sin límite de renta; o aprobar un decreto ley canario que está favoreciendo la edificación de viviendas por encima de los 250.000 euros, inaccesibles para jóvenes y trabajadores y trabajadoras.

Su conservadurismo se plasma en múltiples aspectos. Entre ellos eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava la transmisión de la riqueza; favoreciendo a una minoría, el 0,3% de la población, que se ahorrará 180 millones de euros en la legislatura. Y otras regresivas decisiones fiscales, como eliminar la deducción por alza de precios en el IRPF que puso en marcha el Pacto de Progreso para rentas menores de 30.000 euros. 

También respecto al modelo económico y su sostenibilidad, apostando por un desarrollismo sin límites que favorece un crecimiento poblacional nada modulado, y que tiene importantes consecuencias negativas en los servicios públicos, en el consumo energético y de agua, en la producción de residuos, en la vivienda o en los atascos. Afectando al territorio y al medio natural. Y a la convivencia.

Y, asimismo, en su relación con la ultraderecha. Ya votaron la fallida investidura de Feijóo junto a Vox y los regionalistas más conservadores, ya tienen acuerdos con los ultras en algunos ayuntamientos canarios y, si les hace falta, pactarán también en el Gobierno de Canarias, no les quepa duda.

Otra Canarias es posible

Frente a la pasividad del Gobierno, que poco o nada hace para cambiar los hándicaps de la sociedad canaria y los problemas que afectan más a su ciudadanía, no vale la resignación. Otra Canarias es posible. Contamos con un instrumento, el autogobierno, con un elevado grado de capacidad de decisión y con recursos suficientes, aunque siempre mejorables, para superar esas dificultades y construir una comunidad más sostenible, más equilibrada socialmente, más justa.

Disponemos, asimismo, de hombres y mujeres muy cualificados, aunque muchos, especialmente jóvenes, se vean obligados a hacer la maleta por falta de oportunidades. Pero carecemos, y eso el que más nos limita y nos lastra, de políticas gubernamentales decididas, valientes, transformadoras y con visión de futuro que rompan con las inercias y nos saquen de la precariedad y la pobreza. 

Por eso, nuestras diputadas Carmen Hernández y Esther González defendieron en la última jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad 2026 un conjunto de resoluciones de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) dirigidas, justamente, a plantear un cambio de orientación en las políticas para que estas beneficien a la mayoría social y no a las minorías con mayor poder y capacidad económica.

En esa línea, con esos objetivos, el nacionalismo progresista que representamos en la Cámara canaria presentó un total de 46 propuestas de resolución. De las que 13 fueron aprobadas, entre ellas, algunas relacionadas con el refuerzo del autogobierno, la defensa de los intereses de Canarias en el ámbito europeo -con referencias al nuevo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) y los cambios en la Política Agraria Común- o la mejora de la conectividad y la movilidad entre las islas. 

También el apoyo a sectores productivos estratégicos (primario e industrial), el rechazo a las prospecciones de tierras raras en Fuerteventura y diversas iniciativas vinculadas a la juventud, las universidades públicas, la investigación, la innovación y la cooperación internacional. 

Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de NC-bc destinadas a impulsar cambios más profundos respecto a la vivienda, la redistribución de la riqueza, el refuerzo de los servicios públicos o la transformación del modelo económico no obtuvieron el respaldo necesario por el rechazo de los grupos que apoyan al Gobierno. 

Derecho a la vivienda y límites al crecimiento

En el caso de la vivienda, reclamando que sea considerada un derecho subjetivo, poniendo el foco en la vivienda protegida, construyendo nuevas viviendas y con acciones para que se pongan en alquiler parte de las más de 200.000 viviendas vacías, así como desarrollando un programa específico para jóvenes que facilite su emancipación. Y respecto al turismo sostenible, estableciendo límites al crecimiento, estableciendo moratorias en las islas con claros signos de saturación, o implantando una ecotasa finalista, que grave las estancias turísticas de nuestros visitantes. Rechazando, igualmente, nuestra propuesta destinada a “no volver a organizar, promover o participar en ningún tipo de viaje, o delegación de carácter comercial o de cualquier otra índole, en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental”.

Nos movemos entre la ficción, la Canarias idílica que presenta Clavijo, y la realidad, mucho más dura, de las enormes dificultades para acceder a una vivienda, los bajos sueldos en relación con el conjunto del Estado, el aumento de la brecha social y la incapacidad de las dos derechas para ejecutar los presupuestos (3.352 millones de euros sin utilizar). Y, en consecuencia, pese a disponer de recursos, este Ejecutivo no invierte lo que se precisa para tratar de resolver los problemas estructurales que afectan a las canarias y canarios en vivienda, sanidad, dependencia o educación. 

El Debate del Estado de la Nacionalidad 2026 confirma que este Gobierno no va a rectificar sus políticas ineficaces y conservadoras, su constante priorización de los intereses de los más ricos, su permanente empeño en culpar a otros de sus errores. Y el mejor ejemplo es el decreto Clavijo, un compendio de reclamaciones para eludir responsabilidades y hacer propaganda. La oportunidad para cambiarlo la tienen los ciudadanos y ciudadanas en las urnas en mayo de 2027. Reclamando más autogobierno y menos victimismo.

El Gobierno de las dos derechas canarias es transparente en su constante defensa de las minorías más poderosas y adineradas, en su nula preocupación por el territorio y el medio ambiente, en su poco disimulado desarrollismo o en su regresiva fiscalidad. En definitiva, en su clara orientación conservadora en lo político, en lo económico y en lo ideológico

Tras casi tres años de legislatura puede analizarse con numerosos hechos y datos la actuación del Gobierno de Canarias de CC y PP. Y evaluarse lo que ha realizado o dejado de realizar desde su llegada, en el verano de 2023, hasta hoy. Sus decisiones en torno a los servicios públicos, vivienda, territorio y medio ambiente, empleo, fiscalidad… y sus consecuencias para la ciudadanía de las Islas. En ese sentido, el Gobierno de las dos derechas es transparente en su constante defensa de las minorías más poderosas y adineradas, en su nula preocupación por el territorio y el medio ambiente, en su poco disimulado desarrollismo o en su regresiva fiscalidad. En definitiva, en su clara orientación conservadora en lo político, en lo económico y en lo ideológico.

 Una orientación conservadora que mostró desde el momento de su toma de posesión. Junto al incumplimiento de su gran promesa electoral (reducir el IGIC), su estreno, su primer decreto ley en septiembre de 2023, con carácter de urgencia, fue para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava la transmisión de la riqueza; favoreciendo, por tanto, a una pequeña minoría de no más del 0,3% de la población que se ahorrarán 180 millones de euros en esta legislatura.

 Luego vendrían otras decisiones fiscales en la misma línea de beneficiar a unos pocos. Entre ellas, eliminar la deducción por alza de precios en el IRPF que puso en marcha el Pacto de Progreso para las rentas menores de 30.000 euros, una significativa medida de alivio frente a la inflación, tanto en términos de beneficio fiscal para las familias de rentas bajas como por la cantidad de contribuyentes afectados.

 Otras actuaciones regresivas socialmente son sacar cien millones de emisión de deuda pública (que Canarias no precisa) para que los que no pudieron materializar la Reserva de Inversiones (RIC) en tiempo y forma no paguen impuestos y encima puedan obtener beneficios; una modificación puntual del REF para permitir que la Reserva se pueda invertir en la construcción de viviendas para alquiler sin límite de renta; o aprobar un decreto ley canario que está favoreciendo la edificación de viviendas por encima de los 250.000 euros, inaccesibles para jóvenes y trabajadores y trabajadoras, y destinados a su adquisición por clase media alta o extranjeros.

 Desarrollismo sin límite y pésima gestión

 Con otra característica relevante: su pésima gestión de los recursos públicos. En lo que va de legislatura el Gobierno de las dos derechas ha dejado de utilizar 3.352 millones de los Presupuestos (1.090 millones en 2023, 1.289 en 2024 y 973,3 en 2025), que no hubiesen resuelto todos los problemas pero que podrían ayudar a mejorar nuestra situación educativa y sanitaria, así como las infraestructuras, la vivienda protegida o el apoyo a sectores económicos como el primario. El Gobierno que está constantemente reclamando a terceros no hace sus deberes y es incapaz de usar los recursos de que dispone, que son muchos.

El fracaso es total, asimismo, respecto a los fondos europeos de recuperación (MRR), puestos en marcha para responder a los estragos económicos que causó la pandemia de la Covid 19. Canarias es la comunidad menos cumplidora, tanto por la falta de ejecución como por no haber asignado aún las partidas económicas a proyectos concretos. Ya ha devuelto 53,8 millones al Estado. Y quedan por ejecutar, según la Consejería de Hacienda, 722,5 millones para 2026, el 41,8% de los 1.727,1 millones adjudicados a Canarias de fondos MRR

 Un segundo plano donde se visibiliza nítidamente el conservadurismo del actual Ejecutivo canario es en las políticas que afectan al territorio y al medio. Empeñados en un desarrollismo sin límites en un crecimiento turístico sin modulación alguna, en la ocupación territorial, en el consumo de recursos, en el incremento de gasto energético…

 Un modelo nada sostenible que lleva a un crecimiento poblacional que solo puede ser aminorado con medidas que pueden ser tomadas en Canarias, no en instancias exteriores, como una moratoria en el crecimiento de camas turísticas, adaptada a la realidad de cada isla, y la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. Implantando, además, una tasa turística, exenta para residentes, que supondría una recaudación estimada de entre 200 millones de euros y 250 millones de euros anuales destinados a la sostenibilidad y la renovación de infraestructuras públicas turísticas.

 En una etapa marcada por los récords turísticos -en número de visitantes y el gasto que estos efectúan- el grueso del beneficio impacta fundamentalmente sobre unos pocos, mientras la mayoría de la población canaria sufre sus efectos colaterales: incremento de los atascos en las carreteras, mayores dificultades para acceder a una vivienda, gentrificación de sus barrios… y, paralelamente, sus trabajadores y trabajadoras padecen los salarios más bajos de las comunidades autónomas en una sociedad que mantiene elevadas tasas de pobreza y exclusión social. Según la Federación Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN), el 40,2 % de los niños, niñas y adolescentes canarios vive en riesgo de pobreza o exclusión social, más de 90.000 menores cuya infancia está condicionada por la precariedad.

 Un Gobierno para ricos cada día más a la derecha

 Aunque CC no tuvo ningún problema en votar a un Gobierno con Vox en la fracasada investidura de Feijóo en 2023, los ultras no forman parte aún del acuerdo de Gobierno de Canarias, como sí sucede en algunos ayuntamientos de las Islas. Se trata de una circunstancia numérica, no ideológica: si les hicieran falta sus votos para mantenerse en el Gobierno no dudarían en pactar con la extrema derecha, por muy xenófoba, autoritaria, machista, centralista, belicista, enemiga del medio ambiente y anti autonomista que esta sea.

 Lo que sí hay es una elevada sintonía entre la derecha regional canaria y la derecha estatalista, como hemos visto estos días con la agresión militar de Estados Unidos en Irán o anteriormente con su actuación armada en Venezuela, así como su silencio sobre el genocidio perpetrado en Gaza. El presidente canario nada dijo de la segunda citada (salvo expresar su preocupación por los canarios que allí residen, que todos y todas compartimos) y, respecto a Irán, se limitó a desmarcarse de la posición del presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez. Dado que esta se basa, esencialmente, en la exigencia de respeto a la legalidad internacional, que Donald Trump se ha saltado una vez más impunemente, y, asimismo, en su rechazo a la guerra y apuesta por el dialogo, cabe deducir que Clavijo comparte las barbaridades imperialistas y bélicas trumpistas que están poniendo en peligro al conjunto del planeta y causando destrucción y muertes, así como duras consecuencias económicas por el aumento de los costes de los combustibles y su repercusión en el conjunto de los precios, lo que afectará también a las familias canarias; y, asimismo, que le trae al pairo esta guerra que, una vez más, solo traduce intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos e Israel. Colocándose, por tanto, en el bando pro-Trump que en España conforman Vox y el PP.

 Tenemos, por tanto, un Ejecutivo canario tan conservador como ineficiente. Que no es capaz de utilizar adecuadamente y en beneficio de la mayoría los instrumentos, competencias y recursos del autogobierno, que no planifica el futuro, que no se adelanta a los acontecimientos. Limitándose a ser una (mala) gestoría, como vemos en su baja ejecución de los presupuestos canarios o en su no menos penosa gestión de los cuantiosos fondos europeos. Que defiende con entusiasmo a los más ricos y sus intereses, que es en lo único en lo que la gestoría se emplea a fondo y funciona mejor. Que se inserta en el bloque conservador que apoyará, en su momento, un gobierno con presencia de la extrema derecha aquí y en Madrid.

Los grupos que apoyan al Gobierno en el Parlamento de Canarias acaban de aprobar el decreto Clavijo. Lo denomino así porque no merece ser llamado decreto Canarias, ya que el Ejecutivo de CC y PP lo convirtió en un instrumento para sus exclusivos intereses partidarios y electorales, para fomentar la confrontación con el Estado con las más variopintas exigencias. Muchas de ellas planteadas eludiendo de forma intencionada las competencias y las responsabilidades propias de un Gobierno, el de Canarias, incapaz de intervenir para abordar los graves problemas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de las Islas. Una oportunidad perdida más en la semana en que se confirmaba, asimismo, que en lo que va de legislatura el Gobierno de las dos derechas ha dejado de utilizar 3.352 millones de los Presupuestos entre 2023 y 2025.

El decreto Clavijo, apoyado por el PP, pretende abrir un nuevo frente de lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que desvíe la atención de lo verdaderamente urgente: el acceso a la vivienda; las dificultades de muchas familias canarias para llegar a fin de mes; las personas dependientes que no disfrutan los servicios a los que tienen derecho; las y los trabajadores con los salarios más bajos del estado; unos altísimos niveles de pobreza y de desigualdad social; un sector primario asfixiado por los costes; el creciente deterioro de los servicios públicos fundamentales, y un modelo económico sustentado en el turismo que no redistribuye la riqueza generada pero si descarga sobre la población las “externalidades negativas” que provoca.

Mucho pedir y poco hacer

Podría tener interés un real decreto que supliera compromisos presupuestarios imprescindibles para Canarias ante la ausencia de presupuestos estatales, así como para cubrir aspectos incluidos en el acuerdo para la investidura de Sánchez entre CC y PSOE. Pero, seis meses después del anuncio, se volatilizan esas medidas “inaplazables, necesarias, urgentes y extraordinarias”. No casan con un texto que hace un totum revolutum que mezcla competencias estatales con otras que dependen exclusivamente del Gobierno de Canarias. Eso sí, todas las soluciones a nuestros problemas se derivan al Gobierno central, como si el autogobierno no existiera y como si el Ejecutivo canario ejerciera de libre oyente.

El presidente canario en esta legislatura no ha convocado a los grupos de la oposición para trabajar en una estrategia conjunta desde Canarias que permita transformar la realidad del Archipiélago en vivienda, empleo, turismo o fiscalidad. Y, además, no ha aceptado ni una sola de las 41 medidas propuestas por Nueva Canarias-Bloque Canarista a su decreto, como tampoco lo ha hecho con el resto de la oposición. Y, en su prolijo texto, también incluye peticiones que nada tienen que ver con el acuerdo suscrito por el PSOE y por CC para que este partido apoyara, como así hizo, la investidura de Pedro Sánchez.

Pero es que, además, hay muchas que ni siquiera constan en el Acuerdo de Investidura firmado por PP y CC para formar el actual Gobierno y que nunca han sido siquiera discutidas en el Parlamento de Canarias, como la bonificación del 60% del IRPF para La Gomera y El Hierro (como se hace provisionalmente en La Palma por motivo de la erupción del volcán). O la bonificación del 50% de la cuota patronal a la Seguridad Social en estas tres islas.

En el decreto hay otras peticiones completamente injustificadas. Como cuando se solicita 204 millones anuales más para Convenio de Carreteras de 2026 a 2030, es decir, 1.020 millones adicionales, cuando a petición del Gobierno canario, se firmó en septiembre de 2025 una Tercera Adenda ampliando en el Convenio de Carreteras el plazo de ejecución de 2027 a 2030 con el mismo importe de 1.448,2 millones existente. De los que aún quedan unos 840 millones por ejecutar hasta el 2030 y la Comunidad Canaria no tiene capacidad para ejecutarlos antes. O solicitar “de extraordinaria y urgente necesidad” que el Gobierno central financie 1.400 plazas de la Policía Canaria, cuando desde su creación, en junio de 2010, apenas cuenta con unos 300 efectivos.

O, rizando el rizo, sin duda ‘urgente y vital’ para el futuro de Canarias es proponer que sea el presidente Clavijo quien nombre la Dirección de la Radio Televisión Española en Canarias -cuando, por algo será, esta goza de excelentes audiencias en las Islas- o al delegado de la Agencia EFE en el Archipiélago. Que solo puede ser entendido como un intento de control del total de los medios públicos, tras el asalto que Coalición Canaria ha hecho para intentar convertir la Radio Televisión Canaria en un ente al servicio de su Gobierno. 

¿Real decreto ley o proyecto de ley?

Para Clavijo y los suyos todas estas propuestas son tan necesarias y urgentes para Canarias que deben llevarse a un Real Decreto Ley del Gobierno central cuando, como se sabe, este procedimiento legislativo solo se justifica para atender “situaciones de extraordinaria y urgente necesidad”. Y, encima, tienen la demagogia y la desfachatez de calificar poco menos que de traidores a Canarias a quienes no traguen con su decreto. Lo que deben hacer CC (1 escaño) y PP (137 escaños) es presentar un proyecto de ley en las Cortes Generales y buscar apoyos para aprobarlo, pero no lo harán porque quedarían en evidencia.

Nueva Canarias ha estado con el Gobierno en diferentes asuntos que afectan a las Islas. Desde los migratorios a la financiación autonómica, pasando por la defensa de los intereses canarios en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea. Lo seguirá estando en la defensa de nuestra comunidad en España y en Europa. Pero no aceptamos que se use al Parlamento canario para, desde la búsqueda de una artificial bronca con el Estado y sin asunción de las propias responsabilidades, iniciar su campaña electoral para 2027.

Por nuestra parte, planteamos un texto en el que se instara al Gobierno de España al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el PSOE y CC para que este partido apoyara la investidura de Sánchez. Y para que se cumplan con las partidas presupuestarias para Canarias incluidas en los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2023, que luego han sido prorrogados, y con los compromisos recogidos en los programas de las leyes del REF vigentes.

Exigiendo, en esa línea, que se transfieran a Canarias las cantidades acordadas: las partidas para la pobreza; la subvención al transporte de guaguas; la subvención al transporte público gratuito para 2026; la subvención para el agua de abasto y para el riego agrícola; el Plan Integral de Empleo para Canarias; el 100% del POSEI Adicional que se ejecute en cada anualidad, etc. También las cantidades acordadas para financiar el coste del acogimiento de los menores inmigrantes que llegan y se les atiende en las islas hasta que culmine su distribución entre todas las nacionalidades y regiones como exige la nueva ley.

Proponiendo NC además desde aquí un paquete de 41 propuestas estructuradas y realistas en materia fiscal, social, educativa, sanitaria, turística y medioambiental. Entre ellas, la supresión de la bonificación del 99,9% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias superiores a 1,2 millones de euros, aprobada por Clavijo en julio de 2023, y que supondrá dejar de ingresar 180 millones de euros en la legislatura. También el restablecimiento de la deducción en el IRPF por el incremento de precios para rentas inferiores a 30.000 euros. La implantación de una tasa turística, exenta para residentes, con una recaudación estimada de entre 200 millones de euros y 250 millones de euros anuales destinados a la sostenibilidad y la renovación de infraestructuras públicas turísticas.

Así como implantar una moratoria para nuevas camas turísticas, adaptada a la realidad de cada isla, y la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. El cumplimiento de la Ley Canaria de Educación para alcanzar el 5% del PIB, un incremento de 30 millones de euros en financiación universitaria y la recuperación de 25 millones recortados en I+D+i. Una nueva ley canaria de vivienda con derecho subjetivo exigible y un Plan Canario de Alquiler Seguro para movilizar parte de las 211.000 viviendas vacías. O medidas de apoyo al sector primario, entre otras recuperar en este año 2026 al menos los 12 millones de euros menos que tiene la Consejería de Agricultura en sus presupuestos respecto a los que tenía en el 2023 con el Gobierno del Pacto de Progreso.

Un conjunto de medidas realistas, urgentes e imprescindibles que pueden y deben hacerse desde Canarias y su Gobierno; y que impactan de forma decidida en la mejora de la calidad de vida de los canarios y canarias, en el apoyo a los sectores económicos, en los servicios públicos y en el avance hacia un modelo más sostenible que contribuya a un mejor reparto de la riqueza en las islas y a combatir un panorama marcado por los bajos salarios, las dificultades de acceso a una vivienda, la pobreza y la exclusión social. Añadiendo, por supuesto, aquellos compromisos que debe asumir el Gobierno central, pero no olvidando los propios. Sin embargo, el Gobierno de CC y PP insiste en su política de despejar balones, de completa inacción, de plena incapacidad de asumir responsabilidades y, eso sí, de un enorme empeño propagandístico en intentar culpar a Madrid, a Bruselas y la oposición de todos los males que afectan a esta tierra. Y así, desde la absoluta pasividad y la pésima gestión de los recursos públicos, no se transforma Canarias y solo se cronifican y enquistan sus problemas.

Ninguna razón puede justificar el crimen colectivo que los actuales gobernantes de Estados Unidos están cometiendo contra el pueblo de Cuba. No contra su Gobierno o su partido único y sus dirigentes. No contra su ejército. Lo hace, directamente, contra la inmensa mayoría de sus hombres y mujeres, contra sus personas mayores, contra sus niños y niñas, contra las embarazadas y los recién nacidos. Intentando (y logrando), con las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump, que carezcan de combustible, de alimentación básica, de medicamentos y de transporte, en una brutal vuelta de tuerca del bloqueo financiero, económico y comercial que la isla caribeña viene padeciendo desde hace más de sesenta años. Es difícil medir el inmenso daño que ha causado a su economía y a sus habitantes ser asediados por tierra, mar y aire durante más de medio siglo por la nación más poderosa militar y económicamente del planeta.

Por desgracia, no se trata de un comportamiento novedoso. Ocurrió recientemente en Gaza, donde en dos años, entre 2023 y 2025, con la complicidad de la comunidad internacional y especialmente de Estados Unidos, Israel produjo un auténtico genocidio, asesinando a más de 70.000 civiles, en gran parte menores de edad, y destruyendo la mayoría de las infraestructuras -viviendas, hospitales, instituciones educativas, redes de abastecimiento de agua o electricidad- que hacen posible la vida cotidiana. Tras el alto el fuego, las muertes siguen produciéndose entre la población palestina de Gaza. Mientras en Cisjordania, Israel procede de facto a la ilegal anexión del territorio palestino ocupado desde 1967.

Hambre y enfermedad, armas letales

Ahora, en 2026, es Cuba la atacada. Con la decisión del presidente Trump de castigar con la imposición de aranceles a quienes vendan petróleo a la isla. Lo que constituye una enorme agresión imperialista de graves consecuencias para Cuba y su gente. Se trata de producirles el mayor sufrimiento posible. Sin límites. Sin moral. Sin el menor respeto a la legalidad internacional. En este caso, eso sí, procurando un exterminio más lento. Con las letales bombas del hambre y de la imposibilidad de hacer frente a las enfermedades. Contando para ello con la deshumanización del planeta y con la ausencia de instituciones y reglas internacionales, favoreciendo la imposición de la fuerza por los poderosos no sujetos a ley alguna. 

La situación en Cuba viene siendo muy dura desde hace varias décadas. A comienzos de los años noventa del pasado siglo sufrió las consecuencias de la caída del bloque soviético, con quien mantenía buena parte de sus relaciones comerciales en favorables condiciones. Lo que supuso un verdadero hundimiento económico que llevó a la aplicación del denominado “período especial en tiempos de paz”, con durísimas restricciones que la situaron al borde del colapso y que causaron un enorme daño en las condiciones de vida de la población.

Desde entonces millones de personas han abandonado la isla en busca de mejores perspectivas vitales, especialmente jóvenes, dejando una población cada vez más envejecida. Antes eran bien recibidos en el exterior y tenían muchas dificultades en su país para que les dejaran marcharse. Sin embargo, hoy tienen más facilidades administrativas para irse, pero inmensos problemas para que los reciban, por el endurecimiento de las políticas migratorias en los países receptores, especialmente Estados Unidos.

Tras un periodo de cierta recuperación económica, especialmente con la mejora de las relaciones con Estados Unidos en la etapa presidencial de Obama y la aportación de petróleo por parte de la Venezuela de Hugo Chávez, así como por las facilidades para la llegada de remesas procedentes de los cubanos del exterior, la llegada de Trump a la Casa Blanca en su primer mandato y la pandemia de la Covid 19 y sus efectos devastadores sobre el turismo, hicieron que la crisis se agudizara más aún; y los apagones y las carencias materiales de todo tipo forman parte de la realidad que padecen cotidianamente los cubanos y cubanas.

Bloqueo económico que daña a la población

Sin duda, el bloqueo económico al que los ha sometido sin descanso el gran imperio del norte ha sido determinante en las graves dificultades que padece Cuba prácticamente desde el triunfo a comienzos de 1959 de la revolución encabezada por Fidel Castro. Una revolución que impulsó un profundo cambio político y social que supuso, en su primera etapa, un enorme avance sanitario, cultural y educativo, alcanzando datos muy superiores en diversos parámetros educativos y de salud a los de los países de su entorno. Y convirtiéndose en referente, especialmente en América Latina.

Pero buena parte de los problemas que les afectan también tienen que ver con las dinámicas y las decisiones internas. Entre otras razones, por haber optado, dogmáticamente, por implantar un modelo económico tan hiper estatalizado como ineficiente. Una cosa es disponer de una educación y una sanidad potentes, o que pública sea la producción de energía y otra, bien distinta, es estatalizar las peluqueras, a los zapateros y, por supuesto, a todas las pequeñas empresas de los distintos sectores, como bares y restaurantes, así como a los productores agrícolas. El resultado no fue en modo alguno positivo. “Debemos sentirnos responsables de todo lo que funciona mal en Cuba”, dijo en enero el presidente Miguel Díaz Canel, abriendo puertas a una autocrítica que no ha abundado en la dirigencia cubana.

Lo que sucede ahora añade mucho más drama. Como afirma acertadamente el escritor y cineasta David Trueba, “el bloqueo al envío de medicinas, alimentos y servicios de primera necesidad es una acción de guerra que los cubanos no se merecen”, al margen de la opinión que legítimamente podamos mantener sobre su gobierno, su sistema político y las carencias democráticas y de libertades. 

Esa acción de guerra contra Cuba de la que habla Trueba es impulsada, por cierto, por quien está restringiendo la democracia, despreciando la separación de poderes o atacando a la libertad de expresión en Estados Unidos; quien detiene a niños de cinco años en su brutal cruzada antiinmigración; quien pone en duda los resultados electorales si estos no le favorecen; quien elimina las agencias de cooperación internacional y suprime las políticas contra la Crisis Climática; quien se cree legitimado para apropiarse, por las buenas o por las malas, de los recursos de otros estados, sea en Venezuela o en Groenlandia; el que protege, en el caso Epstein, a las mafias que violan menores; quien va dando pasos que se dirigen a la implantación de una dictadura de los tecnócratas supermillonarios.

Nos encontramos ante la puesta en práctica de una verdadera política de exterminio de una superpotencia contra la población de un pequeño país con el que Canarias mantiene profundos vínculos históricos y afectivos. Es imprescindible redoblar la solidaridad, así como el envío de ayuda humanitaria por parte de los gobiernos canario, estatal y europeo; y, sobre todo, exigir el fin del inmoral, ilegal e injusto bloqueo, el respeto a la soberanía de Cuba y que, desde esta, se aborden cambios políticos y económicos que permitan mejorar las condiciones de vida de los cubanos y cubanas.

Los distintos acuerdos comerciales que se adoptan a nivel global suponen importantes ventajas para las partes y, también, algunos inconvenientes que deben ser sosegadamente cuantificados y, en su caso, compensados. Afectan de forma desigual a distintos estados y, asimismo, a diferentes sectores económicos y productos. Así sucede con los suscritos en las últimas décadas entre la Unión Europea (UE) y Marruecos; y, más recientemente, con los alcanzados por la UE con Mercosur (270 millones de habitantes) y con la India (1.437 millones). Tienen, además, implicaciones no solo comerciales, sino también de cooperación, políticas y estratégicas.

Esos acuerdos resultan imprescindibles para facilitar las relaciones comerciales en una realidad donde es imposible la autarquía y donde nadie produce todo lo que su economía y su población precisa y demanda. Son especialmente necesarios cuando Estados Unidos plantea políticas extremadamente proteccionistas y, de modo imperial, castiga con aranceles al resto del mundo.

Marruecos y sus cómplices

Veamos, de entrada, algunos datos del impacto de los acuerdos establecidos por la UE con el Reino de Marruecos. Las importaciones españolas de frutas y verduras desde Marruecos alcanzaron 416.559 toneladas en los primeros ocho meses de 2025, con un valor de 952,6 millones de euros. Incrementándose un 34%, tanto en volumen como en valor, respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta 2025, Marruecos representaba el 26% del valor de todas las importaciones españolas de frutas y hortalizas. También representa cerca del 38% del valor de todas las importaciones de frutas y verduras no comunitarias. 

Desde que el acuerdo agrícola con Marruecos se amplió (2012), las importaciones comunitarias de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos pasaron de 831.338 a 1,4 millones de toneladas, un aumento del 71%. Sobre el Impacto señalado sobre productores españoles, organizaciones sectoriales como FEPEX han señalado que España dejó de ser el principal proveedor de tomate del mercado comunitario en 2022, superado por Marruecos. 

Estos acuerdos comerciales tienen su efecto directo en Canarias, de manera especial en el sector del tomate que, entre 2010 y 2023, sufrió una caída del 60% en producción y exportaciones. Aunque esta puede tener numerosas motivaciones -de coste, estructurales o de competitividad-, la competencia directa del tomate marroquí es un factor que impacta claramente en la misma. 

La realidad es que el peso de las importaciones de tomate de Marruecos es cada vez mayor en la UE, con un incremento desde 2012 del 86%, pasando de 347.000 a 646.000 toneladas. No hay que olvidar, además, que tiene la ventaja competitiva de unos costes de producción mucho menores, por la enorme diferencia en aspectos como salarios o precio de la energía. Y, asimismo, que varios de sus productos coinciden con los del sector agrícola español y canario.

Y la cosa parece empeorar. Una sentencia de octubre del 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló parte de los acuerdos económicos y comerciales suscritos entre la Comisión Europea y Marruecos que afectaban al Sahara. En la misma se reafirma que el Sahara no pertenece a la soberanía de Marruecos. Señalando que sus recursos son propiedad del pueblo saharaui y que quien lo representa es el Frente Polisario. Sin embargo, desde enero de este año la Comisión Europea permite que Marruecos pueda etiquetar hortalizas y frutas producidas en el Sahara, sin mencionar su auténtico origen.

Sobre estos acuerdos con Marruecos que afectan gravemente al sector primario de Canarias -no solo a la agricultura, no olvidemos su impacto en la pesca-, el Gobierno de CC y PP mantiene un silencio cómplice. Mientras apoya de forma entusiasta al reino alauita, con reiteradas visitas de delegaciones comerciales, en infraestructuras portuarias que competirán con los puertos canarios, en su desarrollo turístico y en otras actividades económicas.

Mercosur y alarmismo gubernamental 

Por otra parte, ha levantado polémica el reciente Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que pretende fortalecer la relación política, de cooperación y comercial, creando una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Estamos hablando de más de 700 millones de personas: los países de Mercosur suman 270 millones de habitantes y la UE unos 450 millones. El Acuerdo hay que analizarlo globalmente, evaluando no solo los problemas que pueda generar a algunos productos agrícolas, sino también lo que favorece a las exportaciones europeas, al desarrollo económico del conjunto de los sectores productivos y del empleo de los 27 países que forman la UE. Es evidente que la automoción, los bienes industriales, los productos químicos y farmacéuticos, los servicios tecnológicos y avanzados, etc., salen ganando.  

Lo que siempre hay que evitar o paliar son las afecciones negativas que pudiera haber, en este caso a algunas producciones agrarias, poniendo periodos de transición, cláusulas de salvaguarda y/o compensaciones para aquellos productos que se vieran perjudicados por el aumento de las importaciones al reducirse la protección arancelaria. Los denunciados por las organizaciones agrarias europeas como más perjudicados, porque se favorece su acceso al mercado europeo mediante cuotas con arancel reducido, son las carnes de bovino, pollo y porcino, así como azúcar, arroz, soja o millo. Mientras que otros productos agrarios europeos que se exportan se beneficiarán al reducirse los aranceles de los países del Mercosur: vino, aceite de oliva, jamones o embutidos. 

¿Afecta a productos de Canarias? No es verdad, como se está afirmando, en el caso del tomate, el plátano o el vino canario. Podría hacerlo, sin embargo, en los cultivos tropicales que precisarán de una mayor atención y apoyo desde el Gobierno canario para su desarrollo y para su exportación. Y, respecto a la carne, en Canarias ya importamos a arancel 0% importantes cantidades de estos países desde el origen del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), en el año 1992. Representando la inmensa mayoría de la carne que consumimos en las Islas.

Poner en duda la seguridad sanitaria de los productos que vienen de estos países, como hace el consejero Narvay, es muy peligroso e irresponsable. ¿Quiere decir que la carne que mayoritariamente consumimos desde hace décadas presenta riesgos para la salud? ¿O los 52,4 millones de kg de azúcar, los 40,3 millones de kg de aceites vegetales o los 121,7 millones de kg de leche líquida? Si fuera cierto, ¿qué hace para impedirlo? Recordar, por otra parte, que el acuerdo ha sido apoyado en el Parlamento Europeo por los dos partidos que sustentan al Gobierno canario: PP y CC, este último a través de la diputada del PNV, formación con la que concurrió a los comicios europeos.

Prioridades de Canarias

Defiendo que antes de firmar acuerdos comerciales con terceros países, la UE evalúe el impacto en el sector primario de las RUP, como Canarias. Y, en el caso de existir alguna afección, habilitar nuevas compensaciones. Actuando. Como hicimos en el caso del Acuerdo con la India, donde el eurodiputado que representa a Nueva Canarias en el Parlamento europeo y la dirigente de NC-bc integrante de su equipo, Vicent Marzà (Compromís) y Lorena López, lograron la aprobación de una enmienda, en el Legislativo de la UE, para que el plátano de la India no sea una competencia desleal para la producción canaria.

Concluyo. El Acuerdo UE-Mercosur no es el principal peligro exterior que tiene el sector primario en las Islas. Lo vienen siendo los distintos acuerdos establecidos con Marruecos y el Gobierno de Canarias debería controlar su impacto en las producciones canarias. Y lo es, sobre todo, con diferencia, el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la UE. Por eso, hay que luchar para lograr que no se reduzca el importe de la PAC y que se reconozca su aplicación diferenciada para Canarias a través del POSEI (con un Reglamento comunitario propio), como sucede en la actualidad, con una ficha financiera específica, que debería actualizarse. Así como vigilar otros acuerdos que se establezcan, como desde NC hicimos con el firmado por la UE con la India.

Se precisa, asimismo, recuperar el apoyo del Ejecutivo canario al sector primario. Durante el anterior Gobierno de Progreso (2019/2023). se incrementaron las partidas al sector en un 68%, pasando de 100,7 millones de euros en el año 2019 a 168,8 millones en su último presupuesto del año 2023. Lo que supuso el mayor aumento presupuestario del sector primario de la historia de Canarias. Ahora, en 2026, tienen 156 millones, es decir 12 menos que en 2023. Nuestro sector primario tiene que ser defendido fuera de Canarias, pero también apoyado nítidamente en las Islas, lo que este Gobierno de las dos derechas no hace. Valga como ejemplo que el POSEI representa casi 300 millones de euros anuales, es decir, el doble del esfuerzo presupuestario con el sector primario del Gobierno de Clavijo, cuando, presupuesto a presupuesto, al Ejecutivo canario le sobra el dinero.

El Gobierno de Canarias vive en medio de una enorme paradoja. No para continuamente de quejarse y de solicitar recursos al Estado y a Europa. Lo que a veces es conveniente y justo y, en otras ocasiones, demasiadas, pura demagogia y tapadera de su propia inacción e incompetencia. Y, al mismo tiempo, deja de ejecutar 2.376 millones de euros de sus Presupuestos en los dos primeros años de legislatura, cifra que aumentará notablemente con los datos de 2025; van sobrados. Además, estos días queda confirmada una realidad que desde Nueva Canarias-Bloque Canarista venimos denunciando reiteradamente: Canarias es la peor comunidad en ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Y no se trata de una maldición bíblica, sino de la grave constatación del ´modo Clavijo’ de pésima gestión que forma parte del ADN de este Gobierno de CC y PP.

Como he señalado en otras ocasiones respecto a la ejecución presupuestaria, esa infrautilización de los recursos financieros incluidos en las cuentas públicas se produce cuando Canarias presenta graves problemas de acceso a una vivienda, es muy baja la implantación de la educación infantil 0-3 años, las dos universidades públicas presentan graves necesidades financieras, son importantes las carencias en obras hidráulicas, en digitalización y en implantación de energías renovables o en aplicación de la ley de la dependencia.

La ejecución presupuestaria de 2023 fue del 91% y todavía peor fue la de 2024 (89,52%). Y, respecto a las partidas destinadas a inversión, de los 2.360 millones de euros que establecía el Presupuesto para 2024, el Gobierno solo ejecutó 1.396, es decir el 45%, dejando casi 1.000 millones sin utilizar, los peores datos de la historia de la Comunidad Canaria. Estamos, por tanto, ante una falta de ejecución que supone una gran ineficacia y, asimismo, una grave dejación de funciones, una irresponsabilidad absoluta frente a las dificultades y problemas de esta tierra y de su gente.

Fracaso anunciado

Otro tanto ocurre cuando hablamos de los fondos europeos de recuperación (MRR), puestos en marcha para responder a los estragos económicos que causó la pandemia de la Covid 19. Las comunidades autónomas presentan importantes cifras de dinero sin ejecutar e incluso sin ni siquiera asignar a proyectos concretos. Pero una destaca, lamentablemente, sobre el resto como menos cumplidora: Canarias. Solo ha gastado un 40% (en fase de obligaciones reconocidas); pendiente de ejecutar queda un 22,7%. Pero, además, sin asignar, es decir, sin ni siquiera compromiso a lo que se destinará, un 37,1%

Con diferencia es la comunidad con peor ejecución. Cataluña, que también aparece en la cola, tiene un contencioso con el Ministerio de Hacienda desde el principio sobre la plataforma estatal para enviar los datos del MRR, lo que contamina sus datos, y todo apunta a que su ejecución es mucho mayor, similar a las de las nacionalidades y regiones con mejores datos, que son Madrid, Castilla La Mancha y Euskadi.

Pero resulta, además, de enorme gravedad que Canarias sea de forma destacada la última (con el 37,1%, la más cercana es Murcia con el 31,75%, del resto ninguna llega al 30%) en el importe que aún no ha sido asignado a 31 de diciembre de 2025. Y hay que gastarlo (en fase de obligaciones, no de adjudicación) antes del 31 de agosto. Lo que parece absolutamente imposible de lograr.

Ya en mayo de 2025, nuestra portavoz en materia económica, Esther González, censuró en el Parlamento de Canarias al Ejecutivo de Fernando Clavijo por devolver, “por el momento, 47 millones de euros vitales, entre 2024 y la previsión de 2025, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por pura ineficacia, no por falta de financiación”. Señalando que las devoluciones ya reconocidas, afectaban a sectores “estratégicos como Educación, Obras Públicas-Vivienda y movilidad, Universidades-Ciencia-Innovación y Cultura y el Servicio Canario de Empleo. Así como a Transición Ecológica y el Instituto Canario de la Vivienda. Sin olvidar que la Consejería de Economía ”devuelve (51%) más que lo ejecutado (40%)“. Advirtiéndoles de lo mal que se estaban haciendo las cosas y que, de no rectificar, Canarias terminaría perdiendo cientos de millones. Como, lamentablemente, va a ocurrir.

1.727 millones con ley propia

Reiteramos la crítica a la ejecución de los Fondos MRR en nuestra enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Canarias para este año. Indicando que estos reconocen que para 2026 quedan 1.028 millones de euros de MRR por realizar. “Con la ejecución que conocemos de 2025 y teniendo solo 7 meses para ejecutar de 2026 (las ”obligaciones“ hay que hacerlas de forma improrrogable antes del 31 de agosto), no es aventurado pensar en que va a existir una gran devolución de fondos al Estado con sus intereses de mora. Porque Canarias ha ingresado en sus cuentas 1.727,1 millones de los fondos MRR que debe devolver si no los ejecuta”.

La primera remesa de ingresos de estos fondos llega a la CAC el último trimestre de 2021. El Gobierno anterior tuvo que adoptar y poner en marcha en los años 2021 y 2022 las medidas legales y administrativas para la gestión, seguimiento y control que exigía toda la normativa comunitaria y española aprobadas para la gestión de los Fondos Next Generation, especialmente los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Para ello se elaboró la Ley 4/2021, de 2 de agosto. Con tres objetivos: definir el modelo de gobernanza de los fondos, planificando de forma estratégica las inversiones y creando las Comisiones de dirección e Instrumentos de Planificación Estratégica (IPE); simplificar y flexibilizar los procedimientos: agilizar la gestión de los fondos; y planificar y profesionalizar los Recursos Humanos encargados de gestionar los fondos, contratando 282 personas.

De esa forma se crearon, a partir de mayo de 2021, los organismos de gestión: Comisión de Planificación y Gobernanza de los fondos y el Comité director de Planes y proyectos. Se aprobaron los IPE y se constituyeron 15 Unidades Administrativas Provisionales (UAPs) por cada departamento que gestionaba estos fondos europeos, así como se reforzó la capacidad de gestión de la Dirección General de Presupuesto, Intervención General y la Dirección General de Función Pública.

El Gobierno de CC y PP, por tanto, se encontró en junio de 2023 con toda la normativa modificada, la estructura de gestión de los MRR creada y el refuerzo de más de 282 personas exclusivamente para la gestión de estos fondos, así como el trabajo previo de las subvenciones y proyectos ya preparados y/o en ejecución de los años 2021 y 2022 y primer semestre de 2023.

¿Y qué hizo el Ejecutivo de las dos derechas? Cargarse en la práctica, no hacer seguimiento alguno -solo dos reuniones frente a la veintena de la etapa anterior-, por puro sectarismo y dejación de responsabilidades, la estructura de gobernanza existente y regulada en la Ley 4/2021 que pretendía realizar una dirección política al máximo nivel de la gestión de estos fondos que, por su volumen y tiempo limitado de realización, así lo exigía. Y ahora, en un ejercicio de cinismo, echan la culpa a los plazos y a las exigencias, cuando estas se conocían perfectamente. Siempre buscan la manera de intentar responsabilizar a otros de sus errores y de su manifiesta incompetencia.

Los resultados están a la vista de forma contundente: los últimos en ejecución y los de mayor porcentaje de cantidades aún por asignar de todas las comunidades. Un absoluto fracaso, desaprovechando importantes partidas, cientos de millones que habrá que devolver a Europa, que hubiesen contribuido a las transformaciones que precisa Canarias en numerosos ámbitos. Disponiendo de más recursos que nunca, la pésima gestión y, asimismo, la ausencia de políticas comprometidas socialmente que modifiquen la negativa realidad de las Islas influye, directamente, en que sigamos a la cola en casi todos los parámetros y sin perspectivas claras para alcanzar un futuro mejor. Canarias no merece semejante y permanente maltrato.

El anuncio del Gobierno de España sobre el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes es una buena noticia para los derechos humanos, para la convivencia y para la economía. “Se reconoce así su dignidad”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aunque los obispos ultraconservadores se oponen. Mientras, en el ámbito de la política, era mayoritario el apoyo, con excepciones en el PP y Vox. El PP se pronunció negativamente, olvidando las regulaciones masivas realizadas por el gobierno de Aznar en los años 2000 (264.000 personas migrantes) y 2001 (239.000) y rechazando esta, a la que apoyaba hace apenas año y medio. Mostrando, una vez más, su enorme capacidad para plegarse a las presiones de Vox y caer en sus trumpistas discursos antimigratorios. De momento no disponen del brutal ICE estadounidense, aunque la extrema derecha española aplaude la cacería de personas, incluido niños, que se está haciendo en Estados Unidos, que recuerda a las de la Gestapo. 

Se trata de un acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos -sí, son posibles los acuerdos en política, aunque últimamente estén poco de moda- que, a través de un decreto da cumplimiento a una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por la firma de 700.000 ciudadanos y ciudadanas; y que planteaba modificar la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para facilitar la regularización de los extranjeros que se encuentran en España sin respaldo legal. En abril de 2024 su toma en consideración obtuvo el apoyo de una inmensa mayoría en el Congreso: solo 33 de los 350 diputados y diputadas, integrantes de la bancada de la extrema derecha, la rechazó.

El partido de Feijóo votó a favor, pero ahora, apenas un año después, se opone radicalmente a una medida que viene a ser su desarrollo y aplicación práctica. Lo que confirma su deriva ultraconservadora y su situación cada vez más evidente de rehén de Vox, a quien teme y no quiere dejar solo en su discurso contra los inmigrantes. Y, para ello, no les queda otra que falsear la realidad.

Efecto llamada y elecciones

Recurriendo, por ejemplo, al “efecto llamada”, que por algún extraño motivo no debe funcionar cuando las regularizaciones las hace el PP. O, en un giro mayor de tuerca, a sus consecuencias electorales. Cuando lo que logran con la regularización es una residencia legal, pero no la obtención de la nacionalidad española (que, además, tarda casi diez años en obtenerse), que es lo que permite votar, salvo el caso de los extranjeros de origen comunitario, que pueden hacerlo en las municipales, así como de los ciudadanos y ciudadanas de una docena de estados - entre ellos Reino Unido, Ecuador, Colombia, Chile, Perú o Nueva Zelanda- con los que hay un tratado de reciprocidad, que permite votar a los españoles en sus comicios locales y a sus nacionales en las locales españolas. Además de ser muy aventurado pensar que, si pudieran ejercer el derecho al voto, lo harían mayoritariamente a favor de opciones políticas de carácter progresista. Soy de los que creen que, por el contrario, hoy tienen mucho más peso las posiciones conservadoras.

Hay unos 9 millones de inmigrantes en el Estado español, el 18% de la población total. De ellos, 2,8 millones cuenta con nacionalidad española.

En el Estado español la mayor procedencia de migrantes regularizados está en Marruecos, Colombia y Venezuela, seguidas por Rumanía, Ecuador, Argentina, Perú, Reino Unido, Cuba, Francia y Ucrania. Los nacidos en Latinoamérica suponen el 47%, muy por encima de los que vienen de estados de la Unión Europea (18%), África (17%), Europa no comunitaria (9%) y Asia (6%).

En Canarias, según datos del ISTAC, se supera ya el medio millón, con un porcentaje más elevado que la media estatal, en torno al 23%; aunque por debajo de Baleares (por encima del 28%), Comunidad de Valencia, Cataluña, Madrid y Murcia. Las comunidades autónomas menos receptoras son Extremadura, Asturias y Castilla-León.

Por países de origen destacan Venezuela (cerca de 90.000, la mayoría establecidos en la isla de Tenerife; de ellos unos 55.000 tendrían también la nacionalidad española), Cuba, Colombia e Italia. Más de la mitad de los inmigrantes en Canarias procede de América (261.422). De Europa son 172.717 residentes, de los cuales casi 45.000 son italianos, una comunidad que ha aumentado mucho en los últimos años. Otros 47.077 (menos del 10% del total) son africanos, con unos 30.000 marroquíes. De Asia provienen 23.490 personas, de las cuales 9.213 son chinas. Fuerteventura es la isla con mayor porcentaje de población nacida fuera de España (39,3% de sus habitantes), seguida de Lanzarote (33,2%), El Hierro (31,9%), La Gomera (25,4%), Tenerife (24,7%), La Palma (22,6%) y Gran Canaria (15,6%).

700.000 inmigrantes sin regularizar

Por otra parte, se estima en torno a 700.000 los que se encuentran residiendo irregularmente, de los que siete de cada diez son latinoamericanos. Hombres y mujeres que trabajan en distintos sectores económicos, desde la hostelería a los cuidados a las personas, pasando por la construcción o las tareas agrícolas, imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Y, pese a sostener sectores claves de la economía, son criminalizados en los discursos de odio de la extrema derecha que tienen una enorme difusión en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.

Lo que se pretende con esta regularización extraordinaria es acabar con esa situación de marginalidad y ausencia de derechos. La medida es apoyada por la cúpula de la Iglesia Católica, por centenares de ONGs, por la inmensa mayoría de los partidos y sindicatos, e incluso por la Patronal Andaluza y otros sectores empresariales. Radicalmente en contra se posicionan Vox y PP.

La fórmula adoptada en el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo supone, a los solicitantes que se les responda favorablemente, la regularización de su situación y la obtención de un permiso de trabajo. Con una validez de un año, tras lo cual podrán incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería para completar definitivamente su regularización. Se excluye a las personas que tengan antecedentes penales.

La regularización extraordinaria beneficiaría, en primer lugar, a las personas afectadas, hoy en la marginalidad y proclives a caer en situaciones de explotación; posibilitando su plena inserción cívica, laboral y fiscal. Pero también es positiva para el conjunto de la sociedad española y canaria. Una sociedad democrática no se sostiene cuando una parte significativa de ella se encuentra invisibilizada y marginada. Y, además, como confirman otras regularizaciones anteriores, junto a posibilitar una más armónica convivencia, tiene efectos positivos sobre los ingresos públicos.

Son personas que hoy son usuarias de los servicios públicos y que pagan impuestos cuando consumen. Pero al regularizarse van a ser, además contribuyentes por medio de las cotizaciones a la Seguridad Social y del IRPF. Estudios realizados por las universidades Carlos III y Pompeu Fabra coinciden en señalar que el impacto neto positivo de la medida en las arcas públicas se encuentra entre 3.300 y 4.000 euros por persona y año. Destacan, asimismo, que las regularizaciones anteriores no produjeron efectos negativos sobre el mercado de trabajo.

Por todas esas razones, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) apoyamos la regularización impulsada por el Gobierno central. Por ser una medida absolutamente humana, valiente, justa y realista, frente a las injustas y violentas expulsiones masivas que se producen otros lugares. Como he señalado en otras ocasiones, entre todos y todas, nacidos en Canarias y personas migrantes de los más diversos orígenes, podemos construir una sociedad mejor. Con mayor equidad, avanzados y sólidos servicios públicos e infraestructuras y mayor solidaridad y cohesión social.

Y para los apocalípticos y sus voceros: el fenómeno migratorio continuará creciendo en las próximas décadas, por razones demográficas o económicas (necesidad de mano de obra en los estados receptores; pobreza, conflictos bélicos y consecuencias de la crisis climática, en los emisores). Es una realidad tangible, que hay que afrontar desde políticas públicas que apunten a la plena integración, con deberes y derechos, de los que hoy carecen quienes se encuentran en un auténtico limbo administrativo, circunstancia completamente intolerable. Potenciando, asimismo, una inmigración segura, ordenada y regular. La regularización, a la que en Canarias se calcula podrían acogerse unas 40.000 personas, va en la buena línea para contribuir a conseguir esos objetivos.