Resulta cuando menos contradictorio estar permanentemente quejándose del “maltrato estatal” y de la Unión Europea. Exigiendo más partidas económicas al Gobierno central y, al mismo tiempo, dejar de ejecutar miles de millones de euros que figuran en las cuentas públicas aprobadas cada año en el Parlamento de Canarias. O, asimismo, desaprovechar ingentes recursos europeos por mala gestión, lo que lleva a la devolución a la Unión Europea de cientos de millones de euros. Esto es lo que hace de forma sistemática el Gobierno canario de las dos derechas: pedir más y ser luego incapaz de gastar adecuadamente el dinero de que dispone. Eso sí, la asunción de responsabilidades no figura, ni de lejos, entre sus virtudes.

En lo que ha transcurrido de la actual legislatura, en estos tres años que ha gestionado y liquidado los presupuestos de la Comunidad Canaria el Gobierno de CC y PP, la inejecución acumulada alcanza los 3.430 millones de euros, lo que supone una media de 1.143 millones por año no gastado del dinero presupuestado. Efectivamente, no han sido capaces de gastar 1.090 millones de euros en el año 2023, de 1.289 millones en 2024 y de 1.051 millones en 2025.

Recursos y competencias

Pese a la propaganda desatada y ese cansino discurso victimista, muy alejado de lo que debe ser el auténtico nacionalismo -exigente con el Estado y la Unión Europea, pero a la vez plenamente comprometido, autocrítico y riguroso con las responsabilidades propias-, Canarias dispone en estos momentos de suficientes recursos; mejorables, por supuesto, pero claramente suficientes para afrontar muchas tareas que el Gobierno canario, de forma intencionada, elude.

La Comunidad Canaria cuenta, además, con amplias competencias estatutarias para dirigir lo sustancial de las políticas en educación, sanidad, vivienda, asuntos sociales, actuaciones energéticas y de protección del territorio y del medio ambiente… En todos esos ámbitos se pueden tomar decisiones desde Canarias para apostar por una economía sostenible y por actuaciones que rompan con la elevada desigualdad que se padece en el Archipiélago, posibilitando una sociedad canaria con mucha mayor equidad. Desde el autogobierno, Canarias puede superar sus déficits y experimentar notables avances.

Pero carecemos, y es algo muy importante, de un Gobierno canario con voluntad transformadora y que se crea, de verdad, el potencial del autogobierno. Un Ejecutivo capaz de aprovechar esas partidas para intentar mejorar nuestra situación económica y social, contribuyendo a superar nuestros evidentes malos parámetros en diversos campos y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la gente.

Un ejemplo contundente es el decreto del Gobierno canario frente a la crisis ocasionada por la guerra contra Irán. Euskadi aporta más de 1.000 millones para proteger a su industria. Cataluña destina 500 para apoyar a los sectores económicos más impactados, incluyendo en su plan partidas específicas para proteger el poder adquisitivo de las familias. Comunidades como Castilla y León, Galicia o Baleares contribuyen con más de 150 millones. Mientras, el Gobierno canario destina apenas 30, de los que la mitad son aportaciones del Estado.

Es decir, el gobierno de Clavijo dedica 14,5 millones de recursos propios frente a las consecuencias de la crisis de Oriente Medio, mientras el propio Clavijo ha aumentado para 2026, en los presupuestos canarios, 25,7 millones para la Presidencia del Gobierno - un incremento del 13,5%, cuando el presupuesto del gasto total sólo subió el 7% -, para su propio uso político personal en publicidad y propaganda.

Fracaso en vivienda y menos inversiones

La pésima gestión presupuestaria del Gobierno de Clavijo afecta negativamente a la sociedad canaria. Se trata de recursos disponibles que no se han aplicado para la mejora de los servicios públicos. Ni para afrontar los graves problemas de acceso a una vivienda que padecen decenas de miles de canarios y canarias, con o sin empleo, con un absoluto fracaso de las políticas en esta área. Ni para apoyar a los sectores económicos, especialmente a ese sector primario tan alabado, tan sentido en los discursos como seña de identidad, pero en la práctica presupuestariamente castigado: tiene mucho menor presupuesto en 2026 que hace tres años. O para afrontar la elevada pobreza que sufre una parte de la población, incluidos numerosos niños y niñas de las Islas. 

En el año 2025 se han dejado de gastar 1.051 millones del dinero disponible en los prepuestos. La mayor parte de esta inejecución se corresponde con las inversiones. Se han dejado de aplicar a gasto 768,1 millones de operaciones de capital presupuestadas, el 73,1 % del total no ejecutado. Las inversiones realizadas en 2025 son en términos absolutos 1.510 millones de euros, 78 millones de euros menos que las del año 2023, a pesar de que el gasto ejecutado en 2025 ha aumentado en 1.123 millones más que el año 2023. Una pésima gestión de los dineros públicos. Un fracaso sin paliativos. 

Devolución de fondos europeos e incumplimiento regla de gasto

Igual suerte, la de la mala gestión, corren los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), puestos en marcha por la Unión Europea para mitigar el impacto de la pandemia de la Covid 19 e impulsar la sostenibilidad y la digitalización. Desde el Gobierno de Canarias declaran que ya han devuelto 53,8 millones al Estado. Quedando por ejecutar, según la Consejería de Hacienda, 722,5 millones para 2026, el 41,8% de los 1.727,1 millones adjudicados a Canarias de fondos MRR.

En el pasado ejercicio, el de 2025, solo ejecutaron 276,4 millones de euros, muy lejos de la previsión contenida en los presupuestos canarios para 2026 (presentados a finales de octubre de 2025) que preveían gastar en 2025 nada menos que 530,5 millones. El crédito definitivo de fondos MRR en el año 2025 fue de 835,2 millones de euros. Por tanto, con un gasto de 276,4 millones de fondos MRR, la ejecución solo ha sido del 33,1% del crédito definitivo.

Vista la media anual de ejecución de los últimos años y que el plazo para realizar estos fondos finaliza el 31 de agosto de este año 2026, lo más probable es que la Comunidad Canaria terminará devolviendo más de 500 millones de los Fondos MRR.

Además, el Gobierno conservador canario reconoce que tampoco cumplirá con la regla de gasto en la liquidación presupuestaria del año 2025, tras ya haber incumplido en el cierre del año 2024. Esto tiene consecuencias para la ciudadanía de Canarias. El Plan de Ajuste presentado por el Gobierno de Clavijo debe compensar el exceso de gasto computable realizado en 2024 y supone la reducción del gasto en 445 millones de euros en este año 2026, en un presupuesto inicial que crece 813,2 millones. Y deberá presentar otro Plan de Ajuste para aplicar también en 2026 y 2027 si se confirma oficialmente el incumplimiento de la regla de gasto en 2025, como ya ha denunciado la AIREF en todos sus informes sobre las cuentas canarias. Estos “ajustes”, a los que obliga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, son recursos presupuestados que se le sustraen a la ciudadanía por la mala gestión del Gobierno.

En definitiva, considero que el actual Gobierno de Canarias no puede ni debe seguir empeñado en actuar bajo la excusa permanente, culpabilizando siempre a factores externos de todos los males que afectan a la sociedad canaria. Y renunciando a tomar decisiones propias que ayuden a modificar la negativa realidad y orienten las políticas hacia un modelo sostenible económica, social y medioambientalmente. Este Ejecutivo, con sus modos y maneras, logra que siempre salgan perdiendo Canarias y su gente; y, asimismo, deja gravemente devaluada la importancia del autogobierno, cuando, con su discurso y su práctica, todo parece depender de lo que hagan otras administraciones y no de las actuaciones propias.

Esta guerra parece que comienza a entorpecer el avance ultra. Al menos en buena parte de la Unión Europea, en la que su ciudadanía -como la del Estado español y la de Canarias- rechaza de forma mayoritaria la barbarie militarista impulsada por Donald Trump y Benjamin Netanhayu

La extrema derecha está produciendo cambios tan relevantes como negativos en el mundo. Que se plasman en el creciente autoritarismo y el desprecio a los valores democráticos, el intento de destrucción de históricas conquistas laborales, la restricción de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, los ataques a la comunidad LGTBI, la disminución o eliminación de programas sociales, el incremento de la violencia contra las personas migrantes o el maltrato al cuidado del planeta y el freno a la lucha contra la Crisis Climática. Y, también, mediante sus agresivas políticas belicistas e imperialistas, como se comprueba en la guerra ilegal, injusta e inmoral declarada contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, dos de las mayores potencias militares del mundo.

Esta guerra parece que comienza a entorpecer el avance ultra. Al menos en buena parte de la Unión Europea, en la que su ciudadanía -como la del Estado español y la de Canarias- rechaza de forma mayoritaria la barbarie militarista impulsada por Donald Trump y Benjamin Netanhayu y sus consecuencias en la zona en conflicto: las miles de muertes, heridos y desplazados, así como la destrucción de escuelas, hospitales y viviendas; y, asimismo, globalmente, por la subida de los precios de los combustibles y su efecto sobre la elevación de los precios del transporte y de los alimentos, por las secuelas que, según algunos expertos, impactarán durante años.

 El apoyo de Abascal, Meloni y otros dirigentes de la extrema derecha a las políticas de Trump, desde la aplicación de arbitrarios aranceles a la actual guerra, puede estar empezando a producirles efectos negativos. Hasta Feijóo se ha visto obligado a plegar velas apuradamente y desdecirse de su inicial entusiasmo hacia la guerra. Aunque su cambio resulta poco convincente. Como poco convincente resulta la postura de Coalición Canaria, que denuncia los efectos de la guerra, pero calla sobre quiénes son los responsables de esta.

Nos encontramos en un momento en que la política internacional, desde la economía a la seguridad, pasando por el deterioro de Naciones Unidas, está teniendo un elevado impacto en las políticas internas de los estados y, de manera evidente, en sus procesos electorales.

 Francia, Italia, Dinamarca, EE.UU.

 Esas circunstancias se pudieron observar en las recientes elecciones municipales francesas. Los resultados que arrojaron las urnas se alejaron bastante de los que predecían las derechas conservadoras y ultras, que se veían claras ganadoras impulsadas por la ola trumpista internacional. Los analistas apuntan a La guerra y el fuerte rechazo que genera influyó en que su crecimiento fuera mucho menor del que esperaban. Quedando limitado más a los pequeños núcleos urbanos y a las zonas rurales, con la excepción de Niza. Pero no pudiendo evitar que las izquierdas renovaran al frente de los consistorios de París, Marsella o Lyon. El camino de los ultras de Marine Le Pen y Jordan Bardella hacia las elecciones presidenciales de 2027 no va a resultar tan sencillo como se imaginaban. Aunque tampoco las izquierdas, muy fracturadas, lo tienen precisamente fácil.

 Igual ocurre en Italia, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, perdió el pasado domingo el referéndum que convocó para sacar adelante una reforma de la Magistratura que modificaba el texto constitucional vigente. Lo que acaba de abrir una crisis de Gobierno, con la salida de varios ministros. Y evidenciando que ser un aliado del belicista Trump puede empezar a dejar de ser rentable electoralmente. La ola puede volverse en contra y hacer naufragar a más de uno.

En Dinamarca, por su parte, la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, consiguió salvar los muebles con una apretada victoria de su partido frente a la derecha en unos comicios anticipados. Elecciones sobre las que sobrevoló, sin duda, el fantasma de la amenaza de Trump sobre la integridad territorial de Groenlandia, que pretende anexionarse por la buenas o por las malas.

Esta resistencia a las políticas ultras cuenta con algunos recientes antecedentes notables. Entre ellos, la llegada en enero del socialista Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York. Con un programa que incluye la congelación del precio de los alquileres y la financiación pública para la construcción de 200.000 nuevas viviendas asequibles; transporte público gratuito y eficiente; seguridad comunitaria con un enfoque prioritariamente preventivo; cuidado infantil gratuito para niños y niñas desde las seis semanas hasta los cinco años; supermercados públicos a bajo coste; o aumentar el salario mínimo de Nueva York a 30 dólares por hora en 2030.

También el que, a comienzos de noviembre de 2025, dos mujeres del Partido Demócrata, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, más moderadas que Mandani. fueran elegidas nuevas gobernadoras de Virginia y de Nueva Jersey. O, esta misma semana, el triunfo de la demócrata Emily Gregory sobre un candidato apoyado por Trump para cubrir un escaño en la Cámara legislativa de Florida en el distrito que alberga Mar-a-Lago, la propiedad de Palm Beach donde el presidente de Estados Unidos tiene su mansión. Su popularidad está en horas bajas, el movimiento MAGA se encuentra muy dividido y las encuestas apuntan a que puede perder las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre.

Igualmente sucede en el Reino Unido, con la victoria electoral en el mes de mayo del pasado año del laborista Sadiq Khan, permitiéndole afrontar un tercer mandato al frente de la alcaldía de Londres. O el importante ascenso de los Verdes en algunos comicios parciales celebrados el pasado mes de febrero en Inglaterra y Gales, derrotando a la ascendente extrema derecha de Farage y a un Partido Laborista en caída libre.

Comunidades autónomas

En España, además, las políticas globales y la dinámica de polarización estatal está influyendo de manera decisiva en los procesos electorales que en el periodo reciente se han desarrollado en distintas comunidades autónomas. Los resultados de Extremadura hay que leerlos en esa línea, con una consolidación del bloque ultraconservador que mejora posiciones frente al bloque progresista. Lo mismo en Aragón, aunque allí se diera un resultado notable de la Chunta, muestra de la importancia de los partidos territoriales con arraigo, historia y experiencia institucional. Y, en el caso de Castilla y León, resistió mejor el bloque progresista, por la subida del PSOE -en la que influyó su posición de rechazo a la guerra-, pese al desastre de las izquierdas alternativas.

Veremos si el frenazo en el crecimiento de los ultras queda o no ratificado en las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo mes de mayo. En las que el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que parte con mayoría absoluta, aparece en las encuestas como claro favorito a la reelección. Y en las que una de las incógnitas es si se verá obligado o no a gobernar con el apoyo de Vox. Las otras son la capacidad de recuperación de los socialistas con su nueva candidata a la Junta, María Jesús Montero, y el grado de unidad que finalmente alcancen las izquierdas alternativas.

Los hechos, en diversas partes del mundo, y especialmente en Estados Unidos y en Europa, confirman que es posible vencer a la extrema derecha. Para ello resulta imprescindible que demócratas y progresistas unan fuerzas con generosidad e inteligencia. Teniendo como prioridades la lucha contra el fascismo, contra la guerra y contra el ultraliberalismo. Defendiendo la democracia y las libertades; la paz y el respeto a la legalidad internacional; y el papel de lo colectivo, de las conquistas sociales, del avance en equidad.

Cada día que pasa se complica más el escenario mundial por la guerra contra Irán declarada por Estados Unidos e Israel. Completamente al margen de la legalidad internacional y solo respondiendo a intereses hegemónicos imperialistas, de ambición sobre recursos energéticos y, también, de expansionismo sionista en la zona, lo que ocurre de forma nítida en su limpieza étnica en el Líbano. Constituye un deber ético oponerse a esta nueva barbarie, que se suma en la etapa reciente a la invasión rusa de Ucrania -y la guerra que se prolonga ya cuatro años- y al genocidio israelí en Gaza. La guerra, propiciada por Trump y Netanyahu, está causando miles de víctimas mortales y tendrá graves efectos sobre la seguridad global del Planeta, sobre la economía y sobre la convivencia entre los pueblos. Las está teniendo ya. Y frente a ella hay que actuar, denunciándola, defendiendo un orden internacional basado en reglas y, asimismo, aplicando medidas que atenúen su impacto sobre la población de las Islas.

“Está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso 'lobby' en Estados Unidos”. Lo afirma Joe Kent, alguien nada sospechoso de izquierdismo alguno, todo lo contrario, se trata de un declarado trumpista que se manifestó favorable al golpista asalto al Capitolio en el año 2021, y que hasta ahora ejercía como director del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU. Aseverando, además, que Irán “no representaba una amenaza inminente”. Hacía estas declaraciones en el momento de presentar su dimisión.

Complicidad del PP, Vox y CC

Joe Kent, integrante de la extrema derecha estadounidense, se muestra mucho más crítico con la aventura belicista de Trump que lo que lo hacen los dirigentes del PP y de Vox. O la derecha canaria, Coalición, que en ningún momento ha condenado esta guerra y a quienes la han impulsado, lo mismo que hicieron con el genocidio en Gaza o la agresión militar a Venezuela, así como con la asfixia total de Cuba, que condena al hambre y a la falta de medicinas a su población. Vox lo defiende de forma entusiasta, el PP lo justifica y CC mira para otro lado.

Impresentable ha sido, asimismo, la actitud de algunos dirigentes europeos. Como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que afirmó que Europa ya no puede confiar en un sistema internacional basado en normas, para luego verse obligada a rectificar y señalar su “compromiso inquebrantable” con el derecho internacional.

De todas formas, Trump y Netanyahu no han contado, ni mucho menos, con un aplauso unánime. Entre otros, se han desmarcado el presidente francés, Emmanuel Macron, y hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aunque esta última comparta espacio en las derechas más extremas con el líder estadounidense. Y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el primero que se posicionó y el más claro en su rechazo a la guerra, sintonizando con la posición mayoritaria de la ciudadanía, como confirman los distintos sondeos realizados sobre este asunto.

Crímenes de guerra, inseguridad extrema

Esta guerra ilegal está teniendo consecuencias inmediatas en forma de destrucción de infraestructuras -entre ellas viviendas, escuelas y hospitales-, el desplazamiento obligado y la muerte de miles de personas; la mayoría civiles, como esas 176 niñas asesinadas por un bombardeo estadounidense a su colegio de primaria al sur de Irán. Dirán que es un daño colateral más, pero probablemente sería mejor definirlo como un crimen de guerra más.

Y, al tiempo, esta guerra destruye lo poco que queda de multilateralidad, de respeto al derecho internacional, de reconocimiento al papel de las Naciones Unidas, nacidas tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto, el de 1939-1945, causado también por el papel militarista, expansionista y genocida de las extremas derechas de entonces, del nazismo y el fascismo.

Por eso, lo primero debería ser tratar de parar esta guerra que lleva a la Humanidad al borde del abismo. Intentando que se imponga el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional sobre el matonismo ultra. Y a ello debe dedicar sus esfuerzos la mayoría de la comunidad internacional y, en nuestro ámbito, la Unión Europea, que también puede y debe adoptar medidas extraordinarias para paliar sus efectos económicos y sociales, como hizo en la pandemia de la Covid o tras la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin.

Como se sabe, la subida de los precios del petróleo y del gas, una de las consecuencias de la aventura bélica trumpista, impacta en la economía, especialmente en el transporte, la industria y el sector primario, y llevará aparejado un aumento de la inflación con la más que previsible subida de los precios de los alimentos y otros productos de consumo. Al margen de que algunos, como siempre sucede, aprovechen la coyuntura para especular.

Medidas desde la UE, el Estado y Canarias

El Gobierno estatal ha aprobado dos decretos. Uno centrado en la bajada de impuestos a los combustibles y el apoyo a transporte, industria y sector primario; así como a intentar controlar los precios, de más difícil aplicación. Y un segundo decreto de congelación de los alquileres. Habrán de ser ratificados en el Congreso, con más apoyos previsibles para el primero que para el segundo.

Por su parte, el Gobierno de Canarias también puede implementar algunas medidas. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) hemos planteado al presidente canario algunas, en el marco del autogobierno, en el ejercicio de las competencias propias canarias, ante el impacto de esta guerra.

Me refiero a recuperar la bonificación del 99,9% del Impuesto de Especial de Combustibles de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo que beneficia a 25.000 transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. Aplicada en los años 2022 y 2023 por el anterior Gobierno de progreso, supuso, por un lado, una importante ayuda a estos sectores que tienen en el combustible una parte importante de sus costes de producción y, por otro, limitar la extensión del proceso inflacionario a través de la contención de los precios del transporte de mercancías y de los alimentos locales. Supuso 18 millones de euros de ahorro para los sectores implicados.

Y, asimismo, proponemos recuperar la deducción en el IRPF por el alza de precios para aquellos contribuyentes con rentas menores a 30.000 euros anuales de forma individual o 45.000 euros en modalidad conjunta; lo que llega al 80% de los contribuyentes del Archipiélago. En los dos años que se aplicó, 2022 y 2023, supuso un beneficio fiscal para las familias de cerca de 176 millones de euros.

En materia social, defendemos reforzar la protección a las familias más vulnerables mediante el aumento de la Renta de Ciudadanía y la puesta en marcha de los complementos pendientes, prioritariamente para educación y vivienda. Asimismo, el aumento de las prestaciones para los pensionistas no contributivos, en coordinación con el Estado. Así como otras actuaciones relacionadas con el alquiler y compra de vivienda. Sin olvidar la aplicación de rebajas selectivas del IGIC sobre algunos productos y servicios que pueden verse afectados en esta crisis de la que solo estamos percibiendo sus primeras secuelas.

En definitiva, somos firmes defensores de la paz, de la soberanía de los pueblos y del derecho internacional. Y la consecución de esos objetivos deben estar entre las prioridades de la Unión Europea de la que formamos parte. Rechazamos, por tanto, el imperialismo, el unilateralismo y las políticas belicistas y genocidas, denunciando a quienes las impulsan y mantienen. Exigimos parar la guerra y volver al diálogo y a las reglas y normas internacionales. Entendemos, además, que Europa y el Estado español deben implicarse para atenuar sus efectos económicos y sociales. Al tiempo que, desde Canarias y su autogobierno, planteamos un conjunto de medidas para aliviar su impacto en nuestra tierra, algunas de las cuales ya han sido puestas en práctica con éxito en anteriores crisis. Convencidos firmemente de que hay que parar la guerra y paliar sus consecuencias.

 El Debate del Estado de la Nacionalidad posibilita llevar a cabo anualmente un análisis en profundidad de la situación política, económica y social de Canarias, de las acciones de su Gobierno, del ejercicio que este hace de los recursos y competencias de la Comunidad Canaria. Todo ello, situados en el marco de los contextos estatal e internacional, muy favorables en la etapa más reciente, aunque ahora se están complicando, y mucho, por el militarismo trumpista y la guerra ilegal e injusta que Estados Unidos e Israel han declarado a Irán. Con consecuencias en el ámbito de la seguridad global y, también, económicas.

Un conflicto muy grave en el que el Gobierno de Canarias y su presidente, al igual que ocurrió con la ilegal intervención militar de Estados Unidos en Venezuela o en el genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos en Gaza, se pone de perfil, como si le importaran poco la paz, la soberanía de los pueblos o la intencional voladura de las organizaciones y el derecho internacional. Mientras Nc se posiciona claramente contra la guerra y exige parar los bombardeos y que prevalezca el derecho internacional. 

Mala gestión y derechización

El Gobierno canario de las dos derechas combina mala gestión y conservadurismo. De lo primero son muestras su pésima ejecución presupuestaria, dejando de utilizar 3.352 millones de las cuentas públicas (1.090 en 2023, 1.289 en 2024 y 973,3 en 2025) en lo que va de legislatura; igual ocurre con los fondos europeos de recuperación (MRR), dirigidos a responder a los estragos económicos causados por la pandemia de la Covid 19. Canarias ya ha devuelto 53,8 millones. Y quedan por ejecutar, según la Consejería de Hacienda, 722,5 millones para 2026, el 41,8% de los 1.727,1 adjudicados a Canarias. Favoreciendo, asimismo, la especulación con la modificación del REF para aplicar la RIC en la construcción de viviendas para alquiler sin límite de renta; o aprobar un decreto ley canario que está favoreciendo la edificación de viviendas por encima de los 250.000 euros, inaccesibles para jóvenes y trabajadores y trabajadoras.

Su conservadurismo se plasma en múltiples aspectos. Entre ellos eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava la transmisión de la riqueza; favoreciendo a una minoría, el 0,3% de la población, que se ahorrará 180 millones de euros en la legislatura. Y otras regresivas decisiones fiscales, como eliminar la deducción por alza de precios en el IRPF que puso en marcha el Pacto de Progreso para rentas menores de 30.000 euros. 

También respecto al modelo económico y su sostenibilidad, apostando por un desarrollismo sin límites que favorece un crecimiento poblacional nada modulado, y que tiene importantes consecuencias negativas en los servicios públicos, en el consumo energético y de agua, en la producción de residuos, en la vivienda o en los atascos. Afectando al territorio y al medio natural. Y a la convivencia.

Y, asimismo, en su relación con la ultraderecha. Ya votaron la fallida investidura de Feijóo junto a Vox y los regionalistas más conservadores, ya tienen acuerdos con los ultras en algunos ayuntamientos canarios y, si les hace falta, pactarán también en el Gobierno de Canarias, no les quepa duda.

Otra Canarias es posible

Frente a la pasividad del Gobierno, que poco o nada hace para cambiar los hándicaps de la sociedad canaria y los problemas que afectan más a su ciudadanía, no vale la resignación. Otra Canarias es posible. Contamos con un instrumento, el autogobierno, con un elevado grado de capacidad de decisión y con recursos suficientes, aunque siempre mejorables, para superar esas dificultades y construir una comunidad más sostenible, más equilibrada socialmente, más justa.

Disponemos, asimismo, de hombres y mujeres muy cualificados, aunque muchos, especialmente jóvenes, se vean obligados a hacer la maleta por falta de oportunidades. Pero carecemos, y eso el que más nos limita y nos lastra, de políticas gubernamentales decididas, valientes, transformadoras y con visión de futuro que rompan con las inercias y nos saquen de la precariedad y la pobreza. 

Por eso, nuestras diputadas Carmen Hernández y Esther González defendieron en la última jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad 2026 un conjunto de resoluciones de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) dirigidas, justamente, a plantear un cambio de orientación en las políticas para que estas beneficien a la mayoría social y no a las minorías con mayor poder y capacidad económica.

En esa línea, con esos objetivos, el nacionalismo progresista que representamos en la Cámara canaria presentó un total de 46 propuestas de resolución. De las que 13 fueron aprobadas, entre ellas, algunas relacionadas con el refuerzo del autogobierno, la defensa de los intereses de Canarias en el ámbito europeo -con referencias al nuevo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) y los cambios en la Política Agraria Común- o la mejora de la conectividad y la movilidad entre las islas. 

También el apoyo a sectores productivos estratégicos (primario e industrial), el rechazo a las prospecciones de tierras raras en Fuerteventura y diversas iniciativas vinculadas a la juventud, las universidades públicas, la investigación, la innovación y la cooperación internacional. 

Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de NC-bc destinadas a impulsar cambios más profundos respecto a la vivienda, la redistribución de la riqueza, el refuerzo de los servicios públicos o la transformación del modelo económico no obtuvieron el respaldo necesario por el rechazo de los grupos que apoyan al Gobierno. 

Derecho a la vivienda y límites al crecimiento

En el caso de la vivienda, reclamando que sea considerada un derecho subjetivo, poniendo el foco en la vivienda protegida, construyendo nuevas viviendas y con acciones para que se pongan en alquiler parte de las más de 200.000 viviendas vacías, así como desarrollando un programa específico para jóvenes que facilite su emancipación. Y respecto al turismo sostenible, estableciendo límites al crecimiento, estableciendo moratorias en las islas con claros signos de saturación, o implantando una ecotasa finalista, que grave las estancias turísticas de nuestros visitantes. Rechazando, igualmente, nuestra propuesta destinada a “no volver a organizar, promover o participar en ningún tipo de viaje, o delegación de carácter comercial o de cualquier otra índole, en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental”.

Nos movemos entre la ficción, la Canarias idílica que presenta Clavijo, y la realidad, mucho más dura, de las enormes dificultades para acceder a una vivienda, los bajos sueldos en relación con el conjunto del Estado, el aumento de la brecha social y la incapacidad de las dos derechas para ejecutar los presupuestos (3.352 millones de euros sin utilizar). Y, en consecuencia, pese a disponer de recursos, este Ejecutivo no invierte lo que se precisa para tratar de resolver los problemas estructurales que afectan a las canarias y canarios en vivienda, sanidad, dependencia o educación. 

El Debate del Estado de la Nacionalidad 2026 confirma que este Gobierno no va a rectificar sus políticas ineficaces y conservadoras, su constante priorización de los intereses de los más ricos, su permanente empeño en culpar a otros de sus errores. Y el mejor ejemplo es el decreto Clavijo, un compendio de reclamaciones para eludir responsabilidades y hacer propaganda. La oportunidad para cambiarlo la tienen los ciudadanos y ciudadanas en las urnas en mayo de 2027. Reclamando más autogobierno y menos victimismo.

El Gobierno de las dos derechas canarias es transparente en su constante defensa de las minorías más poderosas y adineradas, en su nula preocupación por el territorio y el medio ambiente, en su poco disimulado desarrollismo o en su regresiva fiscalidad. En definitiva, en su clara orientación conservadora en lo político, en lo económico y en lo ideológico

Tras casi tres años de legislatura puede analizarse con numerosos hechos y datos la actuación del Gobierno de Canarias de CC y PP. Y evaluarse lo que ha realizado o dejado de realizar desde su llegada, en el verano de 2023, hasta hoy. Sus decisiones en torno a los servicios públicos, vivienda, territorio y medio ambiente, empleo, fiscalidad… y sus consecuencias para la ciudadanía de las Islas. En ese sentido, el Gobierno de las dos derechas es transparente en su constante defensa de las minorías más poderosas y adineradas, en su nula preocupación por el territorio y el medio ambiente, en su poco disimulado desarrollismo o en su regresiva fiscalidad. En definitiva, en su clara orientación conservadora en lo político, en lo económico y en lo ideológico.

 Una orientación conservadora que mostró desde el momento de su toma de posesión. Junto al incumplimiento de su gran promesa electoral (reducir el IGIC), su estreno, su primer decreto ley en septiembre de 2023, con carácter de urgencia, fue para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava la transmisión de la riqueza; favoreciendo, por tanto, a una pequeña minoría de no más del 0,3% de la población que se ahorrarán 180 millones de euros en esta legislatura.

 Luego vendrían otras decisiones fiscales en la misma línea de beneficiar a unos pocos. Entre ellas, eliminar la deducción por alza de precios en el IRPF que puso en marcha el Pacto de Progreso para las rentas menores de 30.000 euros, una significativa medida de alivio frente a la inflación, tanto en términos de beneficio fiscal para las familias de rentas bajas como por la cantidad de contribuyentes afectados.

 Otras actuaciones regresivas socialmente son sacar cien millones de emisión de deuda pública (que Canarias no precisa) para que los que no pudieron materializar la Reserva de Inversiones (RIC) en tiempo y forma no paguen impuestos y encima puedan obtener beneficios; una modificación puntual del REF para permitir que la Reserva se pueda invertir en la construcción de viviendas para alquiler sin límite de renta; o aprobar un decreto ley canario que está favoreciendo la edificación de viviendas por encima de los 250.000 euros, inaccesibles para jóvenes y trabajadores y trabajadoras, y destinados a su adquisición por clase media alta o extranjeros.

 Desarrollismo sin límite y pésima gestión

 Con otra característica relevante: su pésima gestión de los recursos públicos. En lo que va de legislatura el Gobierno de las dos derechas ha dejado de utilizar 3.352 millones de los Presupuestos (1.090 millones en 2023, 1.289 en 2024 y 973,3 en 2025), que no hubiesen resuelto todos los problemas pero que podrían ayudar a mejorar nuestra situación educativa y sanitaria, así como las infraestructuras, la vivienda protegida o el apoyo a sectores económicos como el primario. El Gobierno que está constantemente reclamando a terceros no hace sus deberes y es incapaz de usar los recursos de que dispone, que son muchos.

El fracaso es total, asimismo, respecto a los fondos europeos de recuperación (MRR), puestos en marcha para responder a los estragos económicos que causó la pandemia de la Covid 19. Canarias es la comunidad menos cumplidora, tanto por la falta de ejecución como por no haber asignado aún las partidas económicas a proyectos concretos. Ya ha devuelto 53,8 millones al Estado. Y quedan por ejecutar, según la Consejería de Hacienda, 722,5 millones para 2026, el 41,8% de los 1.727,1 millones adjudicados a Canarias de fondos MRR

 Un segundo plano donde se visibiliza nítidamente el conservadurismo del actual Ejecutivo canario es en las políticas que afectan al territorio y al medio. Empeñados en un desarrollismo sin límites en un crecimiento turístico sin modulación alguna, en la ocupación territorial, en el consumo de recursos, en el incremento de gasto energético…

 Un modelo nada sostenible que lleva a un crecimiento poblacional que solo puede ser aminorado con medidas que pueden ser tomadas en Canarias, no en instancias exteriores, como una moratoria en el crecimiento de camas turísticas, adaptada a la realidad de cada isla, y la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. Implantando, además, una tasa turística, exenta para residentes, que supondría una recaudación estimada de entre 200 millones de euros y 250 millones de euros anuales destinados a la sostenibilidad y la renovación de infraestructuras públicas turísticas.

 En una etapa marcada por los récords turísticos -en número de visitantes y el gasto que estos efectúan- el grueso del beneficio impacta fundamentalmente sobre unos pocos, mientras la mayoría de la población canaria sufre sus efectos colaterales: incremento de los atascos en las carreteras, mayores dificultades para acceder a una vivienda, gentrificación de sus barrios… y, paralelamente, sus trabajadores y trabajadoras padecen los salarios más bajos de las comunidades autónomas en una sociedad que mantiene elevadas tasas de pobreza y exclusión social. Según la Federación Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN), el 40,2 % de los niños, niñas y adolescentes canarios vive en riesgo de pobreza o exclusión social, más de 90.000 menores cuya infancia está condicionada por la precariedad.

 Un Gobierno para ricos cada día más a la derecha

 Aunque CC no tuvo ningún problema en votar a un Gobierno con Vox en la fracasada investidura de Feijóo en 2023, los ultras no forman parte aún del acuerdo de Gobierno de Canarias, como sí sucede en algunos ayuntamientos de las Islas. Se trata de una circunstancia numérica, no ideológica: si les hicieran falta sus votos para mantenerse en el Gobierno no dudarían en pactar con la extrema derecha, por muy xenófoba, autoritaria, machista, centralista, belicista, enemiga del medio ambiente y anti autonomista que esta sea.

 Lo que sí hay es una elevada sintonía entre la derecha regional canaria y la derecha estatalista, como hemos visto estos días con la agresión militar de Estados Unidos en Irán o anteriormente con su actuación armada en Venezuela, así como su silencio sobre el genocidio perpetrado en Gaza. El presidente canario nada dijo de la segunda citada (salvo expresar su preocupación por los canarios que allí residen, que todos y todas compartimos) y, respecto a Irán, se limitó a desmarcarse de la posición del presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez. Dado que esta se basa, esencialmente, en la exigencia de respeto a la legalidad internacional, que Donald Trump se ha saltado una vez más impunemente, y, asimismo, en su rechazo a la guerra y apuesta por el dialogo, cabe deducir que Clavijo comparte las barbaridades imperialistas y bélicas trumpistas que están poniendo en peligro al conjunto del planeta y causando destrucción y muertes, así como duras consecuencias económicas por el aumento de los costes de los combustibles y su repercusión en el conjunto de los precios, lo que afectará también a las familias canarias; y, asimismo, que le trae al pairo esta guerra que, una vez más, solo traduce intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos e Israel. Colocándose, por tanto, en el bando pro-Trump que en España conforman Vox y el PP.

 Tenemos, por tanto, un Ejecutivo canario tan conservador como ineficiente. Que no es capaz de utilizar adecuadamente y en beneficio de la mayoría los instrumentos, competencias y recursos del autogobierno, que no planifica el futuro, que no se adelanta a los acontecimientos. Limitándose a ser una (mala) gestoría, como vemos en su baja ejecución de los presupuestos canarios o en su no menos penosa gestión de los cuantiosos fondos europeos. Que defiende con entusiasmo a los más ricos y sus intereses, que es en lo único en lo que la gestoría se emplea a fondo y funciona mejor. Que se inserta en el bloque conservador que apoyará, en su momento, un gobierno con presencia de la extrema derecha aquí y en Madrid.

Los grupos que apoyan al Gobierno en el Parlamento de Canarias acaban de aprobar el decreto Clavijo. Lo denomino así porque no merece ser llamado decreto Canarias, ya que el Ejecutivo de CC y PP lo convirtió en un instrumento para sus exclusivos intereses partidarios y electorales, para fomentar la confrontación con el Estado con las más variopintas exigencias. Muchas de ellas planteadas eludiendo de forma intencionada las competencias y las responsabilidades propias de un Gobierno, el de Canarias, incapaz de intervenir para abordar los graves problemas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de las Islas. Una oportunidad perdida más en la semana en que se confirmaba, asimismo, que en lo que va de legislatura el Gobierno de las dos derechas ha dejado de utilizar 3.352 millones de los Presupuestos entre 2023 y 2025.

El decreto Clavijo, apoyado por el PP, pretende abrir un nuevo frente de lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que desvíe la atención de lo verdaderamente urgente: el acceso a la vivienda; las dificultades de muchas familias canarias para llegar a fin de mes; las personas dependientes que no disfrutan los servicios a los que tienen derecho; las y los trabajadores con los salarios más bajos del estado; unos altísimos niveles de pobreza y de desigualdad social; un sector primario asfixiado por los costes; el creciente deterioro de los servicios públicos fundamentales, y un modelo económico sustentado en el turismo que no redistribuye la riqueza generada pero si descarga sobre la población las “externalidades negativas” que provoca.

Mucho pedir y poco hacer

Podría tener interés un real decreto que supliera compromisos presupuestarios imprescindibles para Canarias ante la ausencia de presupuestos estatales, así como para cubrir aspectos incluidos en el acuerdo para la investidura de Sánchez entre CC y PSOE. Pero, seis meses después del anuncio, se volatilizan esas medidas “inaplazables, necesarias, urgentes y extraordinarias”. No casan con un texto que hace un totum revolutum que mezcla competencias estatales con otras que dependen exclusivamente del Gobierno de Canarias. Eso sí, todas las soluciones a nuestros problemas se derivan al Gobierno central, como si el autogobierno no existiera y como si el Ejecutivo canario ejerciera de libre oyente.

El presidente canario en esta legislatura no ha convocado a los grupos de la oposición para trabajar en una estrategia conjunta desde Canarias que permita transformar la realidad del Archipiélago en vivienda, empleo, turismo o fiscalidad. Y, además, no ha aceptado ni una sola de las 41 medidas propuestas por Nueva Canarias-Bloque Canarista a su decreto, como tampoco lo ha hecho con el resto de la oposición. Y, en su prolijo texto, también incluye peticiones que nada tienen que ver con el acuerdo suscrito por el PSOE y por CC para que este partido apoyara, como así hizo, la investidura de Pedro Sánchez.

Pero es que, además, hay muchas que ni siquiera constan en el Acuerdo de Investidura firmado por PP y CC para formar el actual Gobierno y que nunca han sido siquiera discutidas en el Parlamento de Canarias, como la bonificación del 60% del IRPF para La Gomera y El Hierro (como se hace provisionalmente en La Palma por motivo de la erupción del volcán). O la bonificación del 50% de la cuota patronal a la Seguridad Social en estas tres islas.

En el decreto hay otras peticiones completamente injustificadas. Como cuando se solicita 204 millones anuales más para Convenio de Carreteras de 2026 a 2030, es decir, 1.020 millones adicionales, cuando a petición del Gobierno canario, se firmó en septiembre de 2025 una Tercera Adenda ampliando en el Convenio de Carreteras el plazo de ejecución de 2027 a 2030 con el mismo importe de 1.448,2 millones existente. De los que aún quedan unos 840 millones por ejecutar hasta el 2030 y la Comunidad Canaria no tiene capacidad para ejecutarlos antes. O solicitar “de extraordinaria y urgente necesidad” que el Gobierno central financie 1.400 plazas de la Policía Canaria, cuando desde su creación, en junio de 2010, apenas cuenta con unos 300 efectivos.

O, rizando el rizo, sin duda ‘urgente y vital’ para el futuro de Canarias es proponer que sea el presidente Clavijo quien nombre la Dirección de la Radio Televisión Española en Canarias -cuando, por algo será, esta goza de excelentes audiencias en las Islas- o al delegado de la Agencia EFE en el Archipiélago. Que solo puede ser entendido como un intento de control del total de los medios públicos, tras el asalto que Coalición Canaria ha hecho para intentar convertir la Radio Televisión Canaria en un ente al servicio de su Gobierno. 

¿Real decreto ley o proyecto de ley?

Para Clavijo y los suyos todas estas propuestas son tan necesarias y urgentes para Canarias que deben llevarse a un Real Decreto Ley del Gobierno central cuando, como se sabe, este procedimiento legislativo solo se justifica para atender “situaciones de extraordinaria y urgente necesidad”. Y, encima, tienen la demagogia y la desfachatez de calificar poco menos que de traidores a Canarias a quienes no traguen con su decreto. Lo que deben hacer CC (1 escaño) y PP (137 escaños) es presentar un proyecto de ley en las Cortes Generales y buscar apoyos para aprobarlo, pero no lo harán porque quedarían en evidencia.

Nueva Canarias ha estado con el Gobierno en diferentes asuntos que afectan a las Islas. Desde los migratorios a la financiación autonómica, pasando por la defensa de los intereses canarios en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea. Lo seguirá estando en la defensa de nuestra comunidad en España y en Europa. Pero no aceptamos que se use al Parlamento canario para, desde la búsqueda de una artificial bronca con el Estado y sin asunción de las propias responsabilidades, iniciar su campaña electoral para 2027.

Por nuestra parte, planteamos un texto en el que se instara al Gobierno de España al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el PSOE y CC para que este partido apoyara la investidura de Sánchez. Y para que se cumplan con las partidas presupuestarias para Canarias incluidas en los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2023, que luego han sido prorrogados, y con los compromisos recogidos en los programas de las leyes del REF vigentes.

Exigiendo, en esa línea, que se transfieran a Canarias las cantidades acordadas: las partidas para la pobreza; la subvención al transporte de guaguas; la subvención al transporte público gratuito para 2026; la subvención para el agua de abasto y para el riego agrícola; el Plan Integral de Empleo para Canarias; el 100% del POSEI Adicional que se ejecute en cada anualidad, etc. También las cantidades acordadas para financiar el coste del acogimiento de los menores inmigrantes que llegan y se les atiende en las islas hasta que culmine su distribución entre todas las nacionalidades y regiones como exige la nueva ley.

Proponiendo NC además desde aquí un paquete de 41 propuestas estructuradas y realistas en materia fiscal, social, educativa, sanitaria, turística y medioambiental. Entre ellas, la supresión de la bonificación del 99,9% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias superiores a 1,2 millones de euros, aprobada por Clavijo en julio de 2023, y que supondrá dejar de ingresar 180 millones de euros en la legislatura. También el restablecimiento de la deducción en el IRPF por el incremento de precios para rentas inferiores a 30.000 euros. La implantación de una tasa turística, exenta para residentes, con una recaudación estimada de entre 200 millones de euros y 250 millones de euros anuales destinados a la sostenibilidad y la renovación de infraestructuras públicas turísticas.

Así como implantar una moratoria para nuevas camas turísticas, adaptada a la realidad de cada isla, y la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. El cumplimiento de la Ley Canaria de Educación para alcanzar el 5% del PIB, un incremento de 30 millones de euros en financiación universitaria y la recuperación de 25 millones recortados en I+D+i. Una nueva ley canaria de vivienda con derecho subjetivo exigible y un Plan Canario de Alquiler Seguro para movilizar parte de las 211.000 viviendas vacías. O medidas de apoyo al sector primario, entre otras recuperar en este año 2026 al menos los 12 millones de euros menos que tiene la Consejería de Agricultura en sus presupuestos respecto a los que tenía en el 2023 con el Gobierno del Pacto de Progreso.

Un conjunto de medidas realistas, urgentes e imprescindibles que pueden y deben hacerse desde Canarias y su Gobierno; y que impactan de forma decidida en la mejora de la calidad de vida de los canarios y canarias, en el apoyo a los sectores económicos, en los servicios públicos y en el avance hacia un modelo más sostenible que contribuya a un mejor reparto de la riqueza en las islas y a combatir un panorama marcado por los bajos salarios, las dificultades de acceso a una vivienda, la pobreza y la exclusión social. Añadiendo, por supuesto, aquellos compromisos que debe asumir el Gobierno central, pero no olvidando los propios. Sin embargo, el Gobierno de CC y PP insiste en su política de despejar balones, de completa inacción, de plena incapacidad de asumir responsabilidades y, eso sí, de un enorme empeño propagandístico en intentar culpar a Madrid, a Bruselas y la oposición de todos los males que afectan a esta tierra. Y así, desde la absoluta pasividad y la pésima gestión de los recursos públicos, no se transforma Canarias y solo se cronifican y enquistan sus problemas.

Ninguna razón puede justificar el crimen colectivo que los actuales gobernantes de Estados Unidos están cometiendo contra el pueblo de Cuba. No contra su Gobierno o su partido único y sus dirigentes. No contra su ejército. Lo hace, directamente, contra la inmensa mayoría de sus hombres y mujeres, contra sus personas mayores, contra sus niños y niñas, contra las embarazadas y los recién nacidos. Intentando (y logrando), con las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump, que carezcan de combustible, de alimentación básica, de medicamentos y de transporte, en una brutal vuelta de tuerca del bloqueo financiero, económico y comercial que la isla caribeña viene padeciendo desde hace más de sesenta años. Es difícil medir el inmenso daño que ha causado a su economía y a sus habitantes ser asediados por tierra, mar y aire durante más de medio siglo por la nación más poderosa militar y económicamente del planeta.

Por desgracia, no se trata de un comportamiento novedoso. Ocurrió recientemente en Gaza, donde en dos años, entre 2023 y 2025, con la complicidad de la comunidad internacional y especialmente de Estados Unidos, Israel produjo un auténtico genocidio, asesinando a más de 70.000 civiles, en gran parte menores de edad, y destruyendo la mayoría de las infraestructuras -viviendas, hospitales, instituciones educativas, redes de abastecimiento de agua o electricidad- que hacen posible la vida cotidiana. Tras el alto el fuego, las muertes siguen produciéndose entre la población palestina de Gaza. Mientras en Cisjordania, Israel procede de facto a la ilegal anexión del territorio palestino ocupado desde 1967.

Hambre y enfermedad, armas letales

Ahora, en 2026, es Cuba la atacada. Con la decisión del presidente Trump de castigar con la imposición de aranceles a quienes vendan petróleo a la isla. Lo que constituye una enorme agresión imperialista de graves consecuencias para Cuba y su gente. Se trata de producirles el mayor sufrimiento posible. Sin límites. Sin moral. Sin el menor respeto a la legalidad internacional. En este caso, eso sí, procurando un exterminio más lento. Con las letales bombas del hambre y de la imposibilidad de hacer frente a las enfermedades. Contando para ello con la deshumanización del planeta y con la ausencia de instituciones y reglas internacionales, favoreciendo la imposición de la fuerza por los poderosos no sujetos a ley alguna. 

La situación en Cuba viene siendo muy dura desde hace varias décadas. A comienzos de los años noventa del pasado siglo sufrió las consecuencias de la caída del bloque soviético, con quien mantenía buena parte de sus relaciones comerciales en favorables condiciones. Lo que supuso un verdadero hundimiento económico que llevó a la aplicación del denominado “período especial en tiempos de paz”, con durísimas restricciones que la situaron al borde del colapso y que causaron un enorme daño en las condiciones de vida de la población.

Desde entonces millones de personas han abandonado la isla en busca de mejores perspectivas vitales, especialmente jóvenes, dejando una población cada vez más envejecida. Antes eran bien recibidos en el exterior y tenían muchas dificultades en su país para que les dejaran marcharse. Sin embargo, hoy tienen más facilidades administrativas para irse, pero inmensos problemas para que los reciban, por el endurecimiento de las políticas migratorias en los países receptores, especialmente Estados Unidos.

Tras un periodo de cierta recuperación económica, especialmente con la mejora de las relaciones con Estados Unidos en la etapa presidencial de Obama y la aportación de petróleo por parte de la Venezuela de Hugo Chávez, así como por las facilidades para la llegada de remesas procedentes de los cubanos del exterior, la llegada de Trump a la Casa Blanca en su primer mandato y la pandemia de la Covid 19 y sus efectos devastadores sobre el turismo, hicieron que la crisis se agudizara más aún; y los apagones y las carencias materiales de todo tipo forman parte de la realidad que padecen cotidianamente los cubanos y cubanas.

Bloqueo económico que daña a la población

Sin duda, el bloqueo económico al que los ha sometido sin descanso el gran imperio del norte ha sido determinante en las graves dificultades que padece Cuba prácticamente desde el triunfo a comienzos de 1959 de la revolución encabezada por Fidel Castro. Una revolución que impulsó un profundo cambio político y social que supuso, en su primera etapa, un enorme avance sanitario, cultural y educativo, alcanzando datos muy superiores en diversos parámetros educativos y de salud a los de los países de su entorno. Y convirtiéndose en referente, especialmente en América Latina.

Pero buena parte de los problemas que les afectan también tienen que ver con las dinámicas y las decisiones internas. Entre otras razones, por haber optado, dogmáticamente, por implantar un modelo económico tan hiper estatalizado como ineficiente. Una cosa es disponer de una educación y una sanidad potentes, o que pública sea la producción de energía y otra, bien distinta, es estatalizar las peluqueras, a los zapateros y, por supuesto, a todas las pequeñas empresas de los distintos sectores, como bares y restaurantes, así como a los productores agrícolas. El resultado no fue en modo alguno positivo. “Debemos sentirnos responsables de todo lo que funciona mal en Cuba”, dijo en enero el presidente Miguel Díaz Canel, abriendo puertas a una autocrítica que no ha abundado en la dirigencia cubana.

Lo que sucede ahora añade mucho más drama. Como afirma acertadamente el escritor y cineasta David Trueba, “el bloqueo al envío de medicinas, alimentos y servicios de primera necesidad es una acción de guerra que los cubanos no se merecen”, al margen de la opinión que legítimamente podamos mantener sobre su gobierno, su sistema político y las carencias democráticas y de libertades. 

Esa acción de guerra contra Cuba de la que habla Trueba es impulsada, por cierto, por quien está restringiendo la democracia, despreciando la separación de poderes o atacando a la libertad de expresión en Estados Unidos; quien detiene a niños de cinco años en su brutal cruzada antiinmigración; quien pone en duda los resultados electorales si estos no le favorecen; quien elimina las agencias de cooperación internacional y suprime las políticas contra la Crisis Climática; quien se cree legitimado para apropiarse, por las buenas o por las malas, de los recursos de otros estados, sea en Venezuela o en Groenlandia; el que protege, en el caso Epstein, a las mafias que violan menores; quien va dando pasos que se dirigen a la implantación de una dictadura de los tecnócratas supermillonarios.

Nos encontramos ante la puesta en práctica de una verdadera política de exterminio de una superpotencia contra la población de un pequeño país con el que Canarias mantiene profundos vínculos históricos y afectivos. Es imprescindible redoblar la solidaridad, así como el envío de ayuda humanitaria por parte de los gobiernos canario, estatal y europeo; y, sobre todo, exigir el fin del inmoral, ilegal e injusto bloqueo, el respeto a la soberanía de Cuba y que, desde esta, se aborden cambios políticos y económicos que permitan mejorar las condiciones de vida de los cubanos y cubanas.

Los distintos acuerdos comerciales que se adoptan a nivel global suponen importantes ventajas para las partes y, también, algunos inconvenientes que deben ser sosegadamente cuantificados y, en su caso, compensados. Afectan de forma desigual a distintos estados y, asimismo, a diferentes sectores económicos y productos. Así sucede con los suscritos en las últimas décadas entre la Unión Europea (UE) y Marruecos; y, más recientemente, con los alcanzados por la UE con Mercosur (270 millones de habitantes) y con la India (1.437 millones). Tienen, además, implicaciones no solo comerciales, sino también de cooperación, políticas y estratégicas.

Esos acuerdos resultan imprescindibles para facilitar las relaciones comerciales en una realidad donde es imposible la autarquía y donde nadie produce todo lo que su economía y su población precisa y demanda. Son especialmente necesarios cuando Estados Unidos plantea políticas extremadamente proteccionistas y, de modo imperial, castiga con aranceles al resto del mundo.

Marruecos y sus cómplices

Veamos, de entrada, algunos datos del impacto de los acuerdos establecidos por la UE con el Reino de Marruecos. Las importaciones españolas de frutas y verduras desde Marruecos alcanzaron 416.559 toneladas en los primeros ocho meses de 2025, con un valor de 952,6 millones de euros. Incrementándose un 34%, tanto en volumen como en valor, respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta 2025, Marruecos representaba el 26% del valor de todas las importaciones españolas de frutas y hortalizas. También representa cerca del 38% del valor de todas las importaciones de frutas y verduras no comunitarias. 

Desde que el acuerdo agrícola con Marruecos se amplió (2012), las importaciones comunitarias de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos pasaron de 831.338 a 1,4 millones de toneladas, un aumento del 71%. Sobre el Impacto señalado sobre productores españoles, organizaciones sectoriales como FEPEX han señalado que España dejó de ser el principal proveedor de tomate del mercado comunitario en 2022, superado por Marruecos. 

Estos acuerdos comerciales tienen su efecto directo en Canarias, de manera especial en el sector del tomate que, entre 2010 y 2023, sufrió una caída del 60% en producción y exportaciones. Aunque esta puede tener numerosas motivaciones -de coste, estructurales o de competitividad-, la competencia directa del tomate marroquí es un factor que impacta claramente en la misma. 

La realidad es que el peso de las importaciones de tomate de Marruecos es cada vez mayor en la UE, con un incremento desde 2012 del 86%, pasando de 347.000 a 646.000 toneladas. No hay que olvidar, además, que tiene la ventaja competitiva de unos costes de producción mucho menores, por la enorme diferencia en aspectos como salarios o precio de la energía. Y, asimismo, que varios de sus productos coinciden con los del sector agrícola español y canario.

Y la cosa parece empeorar. Una sentencia de octubre del 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló parte de los acuerdos económicos y comerciales suscritos entre la Comisión Europea y Marruecos que afectaban al Sahara. En la misma se reafirma que el Sahara no pertenece a la soberanía de Marruecos. Señalando que sus recursos son propiedad del pueblo saharaui y que quien lo representa es el Frente Polisario. Sin embargo, desde enero de este año la Comisión Europea permite que Marruecos pueda etiquetar hortalizas y frutas producidas en el Sahara, sin mencionar su auténtico origen.

Sobre estos acuerdos con Marruecos que afectan gravemente al sector primario de Canarias -no solo a la agricultura, no olvidemos su impacto en la pesca-, el Gobierno de CC y PP mantiene un silencio cómplice. Mientras apoya de forma entusiasta al reino alauita, con reiteradas visitas de delegaciones comerciales, en infraestructuras portuarias que competirán con los puertos canarios, en su desarrollo turístico y en otras actividades económicas.

Mercosur y alarmismo gubernamental 

Por otra parte, ha levantado polémica el reciente Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que pretende fortalecer la relación política, de cooperación y comercial, creando una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Estamos hablando de más de 700 millones de personas: los países de Mercosur suman 270 millones de habitantes y la UE unos 450 millones. El Acuerdo hay que analizarlo globalmente, evaluando no solo los problemas que pueda generar a algunos productos agrícolas, sino también lo que favorece a las exportaciones europeas, al desarrollo económico del conjunto de los sectores productivos y del empleo de los 27 países que forman la UE. Es evidente que la automoción, los bienes industriales, los productos químicos y farmacéuticos, los servicios tecnológicos y avanzados, etc., salen ganando.  

Lo que siempre hay que evitar o paliar son las afecciones negativas que pudiera haber, en este caso a algunas producciones agrarias, poniendo periodos de transición, cláusulas de salvaguarda y/o compensaciones para aquellos productos que se vieran perjudicados por el aumento de las importaciones al reducirse la protección arancelaria. Los denunciados por las organizaciones agrarias europeas como más perjudicados, porque se favorece su acceso al mercado europeo mediante cuotas con arancel reducido, son las carnes de bovino, pollo y porcino, así como azúcar, arroz, soja o millo. Mientras que otros productos agrarios europeos que se exportan se beneficiarán al reducirse los aranceles de los países del Mercosur: vino, aceite de oliva, jamones o embutidos. 

¿Afecta a productos de Canarias? No es verdad, como se está afirmando, en el caso del tomate, el plátano o el vino canario. Podría hacerlo, sin embargo, en los cultivos tropicales que precisarán de una mayor atención y apoyo desde el Gobierno canario para su desarrollo y para su exportación. Y, respecto a la carne, en Canarias ya importamos a arancel 0% importantes cantidades de estos países desde el origen del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), en el año 1992. Representando la inmensa mayoría de la carne que consumimos en las Islas.

Poner en duda la seguridad sanitaria de los productos que vienen de estos países, como hace el consejero Narvay, es muy peligroso e irresponsable. ¿Quiere decir que la carne que mayoritariamente consumimos desde hace décadas presenta riesgos para la salud? ¿O los 52,4 millones de kg de azúcar, los 40,3 millones de kg de aceites vegetales o los 121,7 millones de kg de leche líquida? Si fuera cierto, ¿qué hace para impedirlo? Recordar, por otra parte, que el acuerdo ha sido apoyado en el Parlamento Europeo por los dos partidos que sustentan al Gobierno canario: PP y CC, este último a través de la diputada del PNV, formación con la que concurrió a los comicios europeos.

Prioridades de Canarias

Defiendo que antes de firmar acuerdos comerciales con terceros países, la UE evalúe el impacto en el sector primario de las RUP, como Canarias. Y, en el caso de existir alguna afección, habilitar nuevas compensaciones. Actuando. Como hicimos en el caso del Acuerdo con la India, donde el eurodiputado que representa a Nueva Canarias en el Parlamento europeo y la dirigente de NC-bc integrante de su equipo, Vicent Marzà (Compromís) y Lorena López, lograron la aprobación de una enmienda, en el Legislativo de la UE, para que el plátano de la India no sea una competencia desleal para la producción canaria.

Concluyo. El Acuerdo UE-Mercosur no es el principal peligro exterior que tiene el sector primario en las Islas. Lo vienen siendo los distintos acuerdos establecidos con Marruecos y el Gobierno de Canarias debería controlar su impacto en las producciones canarias. Y lo es, sobre todo, con diferencia, el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la UE. Por eso, hay que luchar para lograr que no se reduzca el importe de la PAC y que se reconozca su aplicación diferenciada para Canarias a través del POSEI (con un Reglamento comunitario propio), como sucede en la actualidad, con una ficha financiera específica, que debería actualizarse. Así como vigilar otros acuerdos que se establezcan, como desde NC hicimos con el firmado por la UE con la India.

Se precisa, asimismo, recuperar el apoyo del Ejecutivo canario al sector primario. Durante el anterior Gobierno de Progreso (2019/2023). se incrementaron las partidas al sector en un 68%, pasando de 100,7 millones de euros en el año 2019 a 168,8 millones en su último presupuesto del año 2023. Lo que supuso el mayor aumento presupuestario del sector primario de la historia de Canarias. Ahora, en 2026, tienen 156 millones, es decir 12 menos que en 2023. Nuestro sector primario tiene que ser defendido fuera de Canarias, pero también apoyado nítidamente en las Islas, lo que este Gobierno de las dos derechas no hace. Valga como ejemplo que el POSEI representa casi 300 millones de euros anuales, es decir, el doble del esfuerzo presupuestario con el sector primario del Gobierno de Clavijo, cuando, presupuesto a presupuesto, al Ejecutivo canario le sobra el dinero.

El Gobierno de Canarias vive en medio de una enorme paradoja. No para continuamente de quejarse y de solicitar recursos al Estado y a Europa. Lo que a veces es conveniente y justo y, en otras ocasiones, demasiadas, pura demagogia y tapadera de su propia inacción e incompetencia. Y, al mismo tiempo, deja de ejecutar 2.376 millones de euros de sus Presupuestos en los dos primeros años de legislatura, cifra que aumentará notablemente con los datos de 2025; van sobrados. Además, estos días queda confirmada una realidad que desde Nueva Canarias-Bloque Canarista venimos denunciando reiteradamente: Canarias es la peor comunidad en ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Y no se trata de una maldición bíblica, sino de la grave constatación del ´modo Clavijo’ de pésima gestión que forma parte del ADN de este Gobierno de CC y PP.

Como he señalado en otras ocasiones respecto a la ejecución presupuestaria, esa infrautilización de los recursos financieros incluidos en las cuentas públicas se produce cuando Canarias presenta graves problemas de acceso a una vivienda, es muy baja la implantación de la educación infantil 0-3 años, las dos universidades públicas presentan graves necesidades financieras, son importantes las carencias en obras hidráulicas, en digitalización y en implantación de energías renovables o en aplicación de la ley de la dependencia.

La ejecución presupuestaria de 2023 fue del 91% y todavía peor fue la de 2024 (89,52%). Y, respecto a las partidas destinadas a inversión, de los 2.360 millones de euros que establecía el Presupuesto para 2024, el Gobierno solo ejecutó 1.396, es decir el 45%, dejando casi 1.000 millones sin utilizar, los peores datos de la historia de la Comunidad Canaria. Estamos, por tanto, ante una falta de ejecución que supone una gran ineficacia y, asimismo, una grave dejación de funciones, una irresponsabilidad absoluta frente a las dificultades y problemas de esta tierra y de su gente.

Fracaso anunciado

Otro tanto ocurre cuando hablamos de los fondos europeos de recuperación (MRR), puestos en marcha para responder a los estragos económicos que causó la pandemia de la Covid 19. Las comunidades autónomas presentan importantes cifras de dinero sin ejecutar e incluso sin ni siquiera asignar a proyectos concretos. Pero una destaca, lamentablemente, sobre el resto como menos cumplidora: Canarias. Solo ha gastado un 40% (en fase de obligaciones reconocidas); pendiente de ejecutar queda un 22,7%. Pero, además, sin asignar, es decir, sin ni siquiera compromiso a lo que se destinará, un 37,1%

Con diferencia es la comunidad con peor ejecución. Cataluña, que también aparece en la cola, tiene un contencioso con el Ministerio de Hacienda desde el principio sobre la plataforma estatal para enviar los datos del MRR, lo que contamina sus datos, y todo apunta a que su ejecución es mucho mayor, similar a las de las nacionalidades y regiones con mejores datos, que son Madrid, Castilla La Mancha y Euskadi.

Pero resulta, además, de enorme gravedad que Canarias sea de forma destacada la última (con el 37,1%, la más cercana es Murcia con el 31,75%, del resto ninguna llega al 30%) en el importe que aún no ha sido asignado a 31 de diciembre de 2025. Y hay que gastarlo (en fase de obligaciones, no de adjudicación) antes del 31 de agosto. Lo que parece absolutamente imposible de lograr.

Ya en mayo de 2025, nuestra portavoz en materia económica, Esther González, censuró en el Parlamento de Canarias al Ejecutivo de Fernando Clavijo por devolver, “por el momento, 47 millones de euros vitales, entre 2024 y la previsión de 2025, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por pura ineficacia, no por falta de financiación”. Señalando que las devoluciones ya reconocidas, afectaban a sectores “estratégicos como Educación, Obras Públicas-Vivienda y movilidad, Universidades-Ciencia-Innovación y Cultura y el Servicio Canario de Empleo. Así como a Transición Ecológica y el Instituto Canario de la Vivienda. Sin olvidar que la Consejería de Economía ”devuelve (51%) más que lo ejecutado (40%)“. Advirtiéndoles de lo mal que se estaban haciendo las cosas y que, de no rectificar, Canarias terminaría perdiendo cientos de millones. Como, lamentablemente, va a ocurrir.

1.727 millones con ley propia

Reiteramos la crítica a la ejecución de los Fondos MRR en nuestra enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Canarias para este año. Indicando que estos reconocen que para 2026 quedan 1.028 millones de euros de MRR por realizar. “Con la ejecución que conocemos de 2025 y teniendo solo 7 meses para ejecutar de 2026 (las ”obligaciones“ hay que hacerlas de forma improrrogable antes del 31 de agosto), no es aventurado pensar en que va a existir una gran devolución de fondos al Estado con sus intereses de mora. Porque Canarias ha ingresado en sus cuentas 1.727,1 millones de los fondos MRR que debe devolver si no los ejecuta”.

La primera remesa de ingresos de estos fondos llega a la CAC el último trimestre de 2021. El Gobierno anterior tuvo que adoptar y poner en marcha en los años 2021 y 2022 las medidas legales y administrativas para la gestión, seguimiento y control que exigía toda la normativa comunitaria y española aprobadas para la gestión de los Fondos Next Generation, especialmente los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Para ello se elaboró la Ley 4/2021, de 2 de agosto. Con tres objetivos: definir el modelo de gobernanza de los fondos, planificando de forma estratégica las inversiones y creando las Comisiones de dirección e Instrumentos de Planificación Estratégica (IPE); simplificar y flexibilizar los procedimientos: agilizar la gestión de los fondos; y planificar y profesionalizar los Recursos Humanos encargados de gestionar los fondos, contratando 282 personas.

De esa forma se crearon, a partir de mayo de 2021, los organismos de gestión: Comisión de Planificación y Gobernanza de los fondos y el Comité director de Planes y proyectos. Se aprobaron los IPE y se constituyeron 15 Unidades Administrativas Provisionales (UAPs) por cada departamento que gestionaba estos fondos europeos, así como se reforzó la capacidad de gestión de la Dirección General de Presupuesto, Intervención General y la Dirección General de Función Pública.

El Gobierno de CC y PP, por tanto, se encontró en junio de 2023 con toda la normativa modificada, la estructura de gestión de los MRR creada y el refuerzo de más de 282 personas exclusivamente para la gestión de estos fondos, así como el trabajo previo de las subvenciones y proyectos ya preparados y/o en ejecución de los años 2021 y 2022 y primer semestre de 2023.

¿Y qué hizo el Ejecutivo de las dos derechas? Cargarse en la práctica, no hacer seguimiento alguno -solo dos reuniones frente a la veintena de la etapa anterior-, por puro sectarismo y dejación de responsabilidades, la estructura de gobernanza existente y regulada en la Ley 4/2021 que pretendía realizar una dirección política al máximo nivel de la gestión de estos fondos que, por su volumen y tiempo limitado de realización, así lo exigía. Y ahora, en un ejercicio de cinismo, echan la culpa a los plazos y a las exigencias, cuando estas se conocían perfectamente. Siempre buscan la manera de intentar responsabilizar a otros de sus errores y de su manifiesta incompetencia.

Los resultados están a la vista de forma contundente: los últimos en ejecución y los de mayor porcentaje de cantidades aún por asignar de todas las comunidades. Un absoluto fracaso, desaprovechando importantes partidas, cientos de millones que habrá que devolver a Europa, que hubiesen contribuido a las transformaciones que precisa Canarias en numerosos ámbitos. Disponiendo de más recursos que nunca, la pésima gestión y, asimismo, la ausencia de políticas comprometidas socialmente que modifiquen la negativa realidad de las Islas influye, directamente, en que sigamos a la cola en casi todos los parámetros y sin perspectivas claras para alcanzar un futuro mejor. Canarias no merece semejante y permanente maltrato.

El anuncio del Gobierno de España sobre el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes es una buena noticia para los derechos humanos, para la convivencia y para la economía. “Se reconoce así su dignidad”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aunque los obispos ultraconservadores se oponen. Mientras, en el ámbito de la política, era mayoritario el apoyo, con excepciones en el PP y Vox. El PP se pronunció negativamente, olvidando las regulaciones masivas realizadas por el gobierno de Aznar en los años 2000 (264.000 personas migrantes) y 2001 (239.000) y rechazando esta, a la que apoyaba hace apenas año y medio. Mostrando, una vez más, su enorme capacidad para plegarse a las presiones de Vox y caer en sus trumpistas discursos antimigratorios. De momento no disponen del brutal ICE estadounidense, aunque la extrema derecha española aplaude la cacería de personas, incluido niños, que se está haciendo en Estados Unidos, que recuerda a las de la Gestapo. 

Se trata de un acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos -sí, son posibles los acuerdos en política, aunque últimamente estén poco de moda- que, a través de un decreto da cumplimiento a una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por la firma de 700.000 ciudadanos y ciudadanas; y que planteaba modificar la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para facilitar la regularización de los extranjeros que se encuentran en España sin respaldo legal. En abril de 2024 su toma en consideración obtuvo el apoyo de una inmensa mayoría en el Congreso: solo 33 de los 350 diputados y diputadas, integrantes de la bancada de la extrema derecha, la rechazó.

El partido de Feijóo votó a favor, pero ahora, apenas un año después, se opone radicalmente a una medida que viene a ser su desarrollo y aplicación práctica. Lo que confirma su deriva ultraconservadora y su situación cada vez más evidente de rehén de Vox, a quien teme y no quiere dejar solo en su discurso contra los inmigrantes. Y, para ello, no les queda otra que falsear la realidad.

Efecto llamada y elecciones

Recurriendo, por ejemplo, al “efecto llamada”, que por algún extraño motivo no debe funcionar cuando las regularizaciones las hace el PP. O, en un giro mayor de tuerca, a sus consecuencias electorales. Cuando lo que logran con la regularización es una residencia legal, pero no la obtención de la nacionalidad española (que, además, tarda casi diez años en obtenerse), que es lo que permite votar, salvo el caso de los extranjeros de origen comunitario, que pueden hacerlo en las municipales, así como de los ciudadanos y ciudadanas de una docena de estados - entre ellos Reino Unido, Ecuador, Colombia, Chile, Perú o Nueva Zelanda- con los que hay un tratado de reciprocidad, que permite votar a los españoles en sus comicios locales y a sus nacionales en las locales españolas. Además de ser muy aventurado pensar que, si pudieran ejercer el derecho al voto, lo harían mayoritariamente a favor de opciones políticas de carácter progresista. Soy de los que creen que, por el contrario, hoy tienen mucho más peso las posiciones conservadoras.

Hay unos 9 millones de inmigrantes en el Estado español, el 18% de la población total. De ellos, 2,8 millones cuenta con nacionalidad española.

En el Estado español la mayor procedencia de migrantes regularizados está en Marruecos, Colombia y Venezuela, seguidas por Rumanía, Ecuador, Argentina, Perú, Reino Unido, Cuba, Francia y Ucrania. Los nacidos en Latinoamérica suponen el 47%, muy por encima de los que vienen de estados de la Unión Europea (18%), África (17%), Europa no comunitaria (9%) y Asia (6%).

En Canarias, según datos del ISTAC, se supera ya el medio millón, con un porcentaje más elevado que la media estatal, en torno al 23%; aunque por debajo de Baleares (por encima del 28%), Comunidad de Valencia, Cataluña, Madrid y Murcia. Las comunidades autónomas menos receptoras son Extremadura, Asturias y Castilla-León.

Por países de origen destacan Venezuela (cerca de 90.000, la mayoría establecidos en la isla de Tenerife; de ellos unos 55.000 tendrían también la nacionalidad española), Cuba, Colombia e Italia. Más de la mitad de los inmigrantes en Canarias procede de América (261.422). De Europa son 172.717 residentes, de los cuales casi 45.000 son italianos, una comunidad que ha aumentado mucho en los últimos años. Otros 47.077 (menos del 10% del total) son africanos, con unos 30.000 marroquíes. De Asia provienen 23.490 personas, de las cuales 9.213 son chinas. Fuerteventura es la isla con mayor porcentaje de población nacida fuera de España (39,3% de sus habitantes), seguida de Lanzarote (33,2%), El Hierro (31,9%), La Gomera (25,4%), Tenerife (24,7%), La Palma (22,6%) y Gran Canaria (15,6%).

700.000 inmigrantes sin regularizar

Por otra parte, se estima en torno a 700.000 los que se encuentran residiendo irregularmente, de los que siete de cada diez son latinoamericanos. Hombres y mujeres que trabajan en distintos sectores económicos, desde la hostelería a los cuidados a las personas, pasando por la construcción o las tareas agrícolas, imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Y, pese a sostener sectores claves de la economía, son criminalizados en los discursos de odio de la extrema derecha que tienen una enorme difusión en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.

Lo que se pretende con esta regularización extraordinaria es acabar con esa situación de marginalidad y ausencia de derechos. La medida es apoyada por la cúpula de la Iglesia Católica, por centenares de ONGs, por la inmensa mayoría de los partidos y sindicatos, e incluso por la Patronal Andaluza y otros sectores empresariales. Radicalmente en contra se posicionan Vox y PP.

La fórmula adoptada en el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo supone, a los solicitantes que se les responda favorablemente, la regularización de su situación y la obtención de un permiso de trabajo. Con una validez de un año, tras lo cual podrán incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería para completar definitivamente su regularización. Se excluye a las personas que tengan antecedentes penales.

La regularización extraordinaria beneficiaría, en primer lugar, a las personas afectadas, hoy en la marginalidad y proclives a caer en situaciones de explotación; posibilitando su plena inserción cívica, laboral y fiscal. Pero también es positiva para el conjunto de la sociedad española y canaria. Una sociedad democrática no se sostiene cuando una parte significativa de ella se encuentra invisibilizada y marginada. Y, además, como confirman otras regularizaciones anteriores, junto a posibilitar una más armónica convivencia, tiene efectos positivos sobre los ingresos públicos.

Son personas que hoy son usuarias de los servicios públicos y que pagan impuestos cuando consumen. Pero al regularizarse van a ser, además contribuyentes por medio de las cotizaciones a la Seguridad Social y del IRPF. Estudios realizados por las universidades Carlos III y Pompeu Fabra coinciden en señalar que el impacto neto positivo de la medida en las arcas públicas se encuentra entre 3.300 y 4.000 euros por persona y año. Destacan, asimismo, que las regularizaciones anteriores no produjeron efectos negativos sobre el mercado de trabajo.

Por todas esas razones, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) apoyamos la regularización impulsada por el Gobierno central. Por ser una medida absolutamente humana, valiente, justa y realista, frente a las injustas y violentas expulsiones masivas que se producen otros lugares. Como he señalado en otras ocasiones, entre todos y todas, nacidos en Canarias y personas migrantes de los más diversos orígenes, podemos construir una sociedad mejor. Con mayor equidad, avanzados y sólidos servicios públicos e infraestructuras y mayor solidaridad y cohesión social.

Y para los apocalípticos y sus voceros: el fenómeno migratorio continuará creciendo en las próximas décadas, por razones demográficas o económicas (necesidad de mano de obra en los estados receptores; pobreza, conflictos bélicos y consecuencias de la crisis climática, en los emisores). Es una realidad tangible, que hay que afrontar desde políticas públicas que apunten a la plena integración, con deberes y derechos, de los que hoy carecen quienes se encuentran en un auténtico limbo administrativo, circunstancia completamente intolerable. Potenciando, asimismo, una inmigración segura, ordenada y regular. La regularización, a la que en Canarias se calcula podrían acogerse unas 40.000 personas, va en la buena línea para contribuir a conseguir esos objetivos.

A través de una nueva legislación -el proyecto de Ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias-, el Gobierno de CC y PP pretende secuestrar la radiotelevisión pública y convertirla en un puro y duro instrumento de propaganda al servicio de sus exclusivos intereses políticos. Concentrando todo el poder en el titular de la Dirección General. Eliminando los contrapesos profesionales y parlamentarios. Restringiendo la pluralidad. Favoreciendo la privatización. E incumpliendo con la normativa europea y la Constitución, como ha señalado el rotundo dictamen del Consejo Consultivo sobre este proyecto de ley. Por esas razones, el grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) presentó una enmienda a la totalidad, solicitando su devolución al Gobierno. 

En el texto de nuestra enmienda a la totalidad se recuerda que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias para decidir sobre la asunción del servicio público de comunicación audiovisual autonómico; determinar su regulación, así como su forma de prestación (directa o indirecta); y, en caso de gestión directa, determinar atribución y el régimen organizativo de su prestación.

Cualquier cambio normativo de la legislación canaria en materia audiovisual debe someterse a la normativa básica estatal (Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, en particular su Título III relativo a “la prestación del servicio público de comunicación audiovisual”) y a las directrices de la Unión Europea, especialmente el Protocolo 29 sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros y el Reglamento (UE) 2024/1083, de 11 de abril (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación). 

En NC-bc compartimos la necesidad de adaptar la normativa canaria a la legislación vigente, siempre salvaguardando el bien superior de la comunicación audiovisual, que no es otro que respetar el valor constitucional del pluralismo político y el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, veraz e imparcial, basada en la independencia profesional, evitando cualquier atisbo de injerencia política del ejecutivo de turno.

Consejo Consultivo

Desde Nueva Canarias criticamos que la elección de los distintos órganos de la radiotelevisión canaria -ya sea la Junta de Control o la Dirección General- ya no se haga por mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara -como estaba establecido hasta ahora, lo que obligaba a la búsqueda del consenso entre los grupos- sino que si esta no se alcanza pueden ser elegidos por mayoría absoluta, lo que facilita su designación solo con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno. Cuestionamos, igualmente, que desaparecen los Consejos Informativos, reclamados por los profesionales de la RTVC, y que posibilitan la revisión de contenidos y velar por la independencia editorial y profesional.

No compartimos, igualmente, el enorme poder que se otorga al director general, con plenos poderes de gestión, de contratación -elevada hasta un máximo de 1,5 millones de euros, por encima de lo permitido a otros responsables de radiotelevisiones autonómicas y muy cerca de los 2 millones que tiene el máximo responsable de RTVE que tiene un presupuesto global que multiplica por veinte el de RTVC- y de establecimiento de la línea editorial. Un poder unipersonal sin contra pesos, eliminando los Consejos Informativos y, de facto, la Junta de Control, cuya constitución puede retrasarse sine die, y minimizando el control parlamentario. 

En su informe, el Consejo Consultivo de Canarias considera que varios de los artículos del proyecto vulneran claramente la Constitución y la normativa comunitaria. Cuestionando, por ejemplo, el tratamiento que recibe la referida Junta de Control. Indicando que la redacción del art 10 entraña “riesgos significativos para la coherencia normativa y la estabilidad institucional”. Añadiendo que sus artículos 13 y 14, que vinculan el mandato de los miembros de la Junta de Control, así como el de la Dirección General, a la legislatura parlamentaria “es incompatible con el art. 5 del Reglamento (UE) 2024/1083, que exige que los Estados miembros garanticen la independencia funcional de los órganos de gobierno de los medios públicos mediante mandatos estables y desvinculados del ciclo político”.

Concluyendo que esto supone una infracción del principio de primacía del Derecho de la Unión y una vulneración indirecta de derechos fundamentales recogidos en la Carta Europea y que, en consecuencia, “debe, por tanto, establecerse un mandato cierto durante un periodo temporal que no esté anudado automáticamente al mandato parlamentario”.

El Consultivo también cuestiona el artículo 20, que no pone plazos a la constitución de la Junta de Control y que prevé que sine die, si esta no se constituye, sea la Dirección General quien asuma las competencias del órgano colegiado de control. Por tanto, a juicio del Consultivo, “no garantiza la transición hacia la normalidad institucional, sino que institucionaliza la excepcionalidad, comprometiendo la coherencia interna de la Ley y su adecuación a los principios constitucionales y europeos”.

Con relación a este órgano colegiado, desde NC-bc proponemos que la Junta pase de siete a 11 o 13 integrantes, sin coste añadido alguno (no se cobra por esta función), con un representante de cada grupo parlamentario y el resto de manera proporcional.

Pluralismo e independencia informativa

Nueva Canarias siempre ha defendido a la radiotelevisión canaria. Considerando que debe estar al servicio de la ciudadanía, del pluralismo político y de la cohesión territorial de las Islas. En ningún caso puede convertirse, como se pretende instaurar con esta nueva ley, un instrumento al servicio del Gobierno y de su presidente, no de la ciudadanía de Canarias.  

En la enmienda se señalan algunos de nuestros planteamientos respecto a la radiotelevisión pública canaria. Apostando por un modelo de prestación directa, considerando de especial relevancia el carácter público de los servicios informativos. Y plenamente convencidos de que debe contribuir a la preservación, promoción y difusión de la identidad canaria, entendida como una realidad plural, diversa, abierta y en constante evolución; resultado de su historia, su condición atlántica, archipelágica y tricontinental, y de la convivencia de distintas culturas y realidades sociales. Fomentando la producción audiovisual canaria, el talento creativo local y la industria cultural, como instrumento de desarrollo cultural, social y económico; fortaleciendo el tejido profesional y garantizando la proyección de la realidad canaria tanto en el ámbito canario (interno) como en el exterior.

Igualmente, expresamos nuestra nítida defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la RTVC, al advertir que la redacción de la disposición adicional séptima abre la puerta a la subrogación obligatoria del personal y a procesos de externalización que ponen en riesgo la estabilidad laboral y la gestión pública directa del servicio. Estamos convencidos, como destacó la presidenta de nuestro grupo, Carmen Hernández, de que un medio público fuerte precisa profesionales con “derechos, seguridad y autonomía. Precarizar o externalizar a su plantilla es debilitar la calidad informativa y la independencia del servicio”.

Por todas esas razones, defendimos la devolución del proyecto de ley al Ejecutivo de las dos derechas y la elaboración de una nueva norma basada en el consenso parlamentario, el respeto constitucional y al derecho europeo.

Clavijo ya se atrevió a decir públicamente que la radiotelevisión canaria “es del Gobierno”, lo que es una clara declaración de intenciones. Por el contrario, desde NC-bc queremos que sea de la sociedad canaria, de su ciudadanía, de su pluralidad y diversidad, prestando un servicio público en un momento en el que, más que nunca, se hacen imprescindibles unos medios informativos públicos que ofrezcan información objetiva, veraz e imparcial de la realidad local y global. Con elementos reales de control parlamentario y la activa participación de sus profesionales a través de los Consejos Informativos.

Sus decisiones regresivas se reflejan también en los propios Estados Unidos, con el desmantelamiento de las ya débiles políticas públicas y de cohesión social, además de poner en grave riesgo las libertades y derechos cívicos con su xenofobia, racismo y machismo. Reduciendo, además, la democracia, gobernando por decreto y dejando en un plano secundario a los órganos de representación ciudadana

Imagínense que hace una década un cineasta realizara una ficción en la que un presidente del Partido Republicano de Estados Unidos decidiera enviar a la Guardia Nacional a intervenir en ciudades gobernadas por los demócratas o pusiera en marcha una auténtica cacería contra personas migrantes; que jugara a repartir aranceles por el mundo según sus particulares criterios; que castigara económicamente a las universidades que no comulgan con sus ideas reaccionarias y persiguiera a los defensores de los derechos humanos, prohibiendo su entrada al país o congelando sus cuentas corrientes. Amenazando sin el menor disimulo a los periodistas y a los medios de comunicación críticos. Proponiendo convertir a la Gaza destruida por su aliado Netanyahu en un resort turístico. Despreciando a la Unión Europea y apoyando a sus partidos ultraderechistas como salvadores patrióticos. Bombardeando impunemente Venezuela al margen de cualquier legalidad internacional para así sustraer su enorme riqueza petrolífera. Atacando hasta cinco estados en 2025, al margen de Naciones Unidas, coqueteando permanentemente con otro reaccionario como Putin… 

Pensaríamos, sin duda, que se trata de todo un derroche de desmesurada imaginación, de circunstancias anómalas imposibles de plasmar en la realidad de la veterana democracia estadounidense y, asimismo, en un mundo con unas mínimas reglas de juego internacionales. Sin embargo, todo eso y mucho más está ocurriendo desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025; y todo apunta a que esa situación autoritaria -bañada con intervenciones excéntricas, disparates e insultos-, se consolidará e incrementará en el periodo próximo. Chaplin podría hacer hoy una versión actualizada de El gran dictador.

En el ámbito de la seguridad, Trump cuestiona la Alianza Atlántica, al aplicar una política unilateral que deja a Europa en situación de enorme debilidad. En materia económica impulsa una política proteccionista con la imposición arbitraria de aranceles. Sus decisiones regresivas se reflejan también en los propios Estados Unidos, con el desmantelamiento de las ya débiles políticas públicas y de cohesión social, además de poner en grave riesgo las libertades y derechos cívicos con su xenofobia, racismo y machismo. Reduciendo, además, la democracia, gobernando por decreto y dejando en un plano secundario a los órganos de representación ciudadana. 

Seguridad Nacional

En el documento de Estrategia de Seguridad Nacional presentado el pasado mes de diciembre se expresan las prioridades del trumpismo y, también, sus contradicciones. En un análisis realizado por el instituto Elcano se destaca como se ensalza a Trump como “presidente de paz”, al tiempo que se ordenan operaciones militares más que discutibles en El Caribe o se amenaza con un cambio de gobierno en Venezuela. 

Además, los expertos del instituto Elcano señalan que la Estrategia “exalta la soberanía mientras parece dispuesto a recompensar a Rusia pese a su violación de ésta en Ucrania. Proclama derechos naturales ”otorgados por Dios“ frente a un trato cruel a inmigrantes y refugiados; promete preservar la ventaja estadounidense en ciencia y tecnología mientras recorta la investigación”.

Las referencias a Europa son claras. La considera en declive, se le deslegitima, instando a Estados Unidos a “cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las propias naciones europeas”. No se corta a la hora de plantear una clara injerencia política mediante el apoyo explícito a las fuerzas de extrema derecha (a los partidos “patriotas”) poco o nada europeístas. Trump quiere una Europa más débil, más fragmentada, menos cohesionada, y para ello cuenta con poderosos aliados que cada vez disponen de más poder electoral y presencia en los gobiernos. Al tiempo, Trump impone a los estados integrantes de la OTAN incrementar hasta el 5% el PIB su presupuesto armamentístico. Gasto que, sin duda, beneficiaría en gran medida a la industria militar estadounidense. 

El negacionismo climático es otro de los ejes del trumpismo. Abandonando el Acuerdo de París. Mostrando sus fobias hacia las energías renovables, los coches eléctricos o la racionalización y el ahorro en el consumo del agua. Su rechazo firme a la agenda verde y a las medidas para hacer frente a la Crisis Climática. Defendiendo la continuidad del uso y extracción de los combustibles fósiles y embelleciendo sus consecuencias. Un informe del Departamento de Energía llega a afirmar que “la creciente cantidad de CO2 en la atmósfera influye directamente en el clima terrestre al promover el crecimiento de las plantas, mejorando así el rendimiento agrícola y neutralizando la alcalinidad de los océanos”.

Todo por y para los más ricos

También es diáfano su repudio a la solidaridad internacional. Como muestra el desmantelamiento de la USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, organismo encargado de canalizar los programas de cooperación y ayuda humanitaria. Lo que afecta a millones de personas, que se quedan sin programas de acceso al agua potable, vacunación, asistencia médica a recién nacidos en zonas de guerra o acciones frente a la desnutrición infantil. Las organizaciones humanitarias consideran el cierre de la USAID una catástrofe de dimensiones históricas.

Además, y en plena sintonía con lo que vienen haciendo las extremas derechas en todo el mundo, Trump defiende una fiscalidad claramente regresiva, en la que se disminuyen o eliminan los impuestos a los más ricos. Y que tiene como directas consecuencias la disminución del papel del Estado, el recorte del gasto social y el incremento de las desigualdades.

Todo ese conglomerado de ideas y prácticas van dibujando un mundo en el que las democracias son cada vez más formales, más vaciadas de contenido y poder real. En el que las grandes decisiones económicas, sociales o medioambientales no les corresponde implementarlas a los parlamentos y gobiernos, sino a los grandes poderes económicos. En el que se protege a los más ricos y se desprecia a los más vulnerables. En el que se trata de desprestigiar y neutralizar a los organismos internacionales.

Los riesgos no son menores. Steven Forti, profesor titular en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona, asevera en la revista Galde que estamos viviendo “la primera gran ola desdemocratizadora desde 1945 con la sustitución paulatina de sistemas democráticos pluralistas por autocracias electorales. Hace veinte años más de la mitad de la población mundial vivía en democracias plenas, ahora menos del 30%. Si no conseguimos romper esta tendencia, las democracias pueden lisa y llanamente extinguirse”.

En el caso del Estado español son directas las conexiones entre el trumpismo y Vox. Pero las posiciones ultras también están presentes también el PP, como es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que defiende planteamientos muy similares a los de las extremas derechas europeas y mundiales. En ambos partidos, como en algunos de sus satélites, es nula la crítica a las constantes barbaridades de Trump.

Este año de trumpismo ha ido construyendo un mundo peor, más injusto, más violento, más autoritario, menos democrático. Sustentado por un gran poder militar, económico y mediático. Con consecuencias muy graves para el conjunto de la Humanidad. Pero, afortunadamente, comienzan a producirse algunos hechos que demuestran que es posible levantar alternativas a ese tsunami reaccionario. 

Con hitos como la victoria electoral de Mamdani, con un programa progresista -congelación del precio de los alquileres, financiación pública para la construcción de 200.000 nuevas viviendas asequibles, transporte público gratuito y eficiente; cuidado infantil gratuito para niños y niñas desde las seis semanas hasta los cinco años, supermercados públicos a bajo coste…), que este 1 de enero se estrenó como alcalde de Nueva York. Demostrando que las extremas derechas trumpistas pueden ser derrotadas con programas que respondan a las necesidades más acuciantes de la mayoría social. Ese es el camino, junto a la unidad de las fuerzas progresistas, para defender las libertades y las conquistas sociales, la diplomacia y la paz.

En Canarias son permanentes las referencias en los discursos del Gobierno a la imprescindible diversificación económica. Tanto como el choque frontal de esas declaraciones con una realidad, bien distinta, en la que casi todo gira en torno al turismo y la construcción; y donde difícilmente se abren paso los otros sectores, como el primario, que están sufriendo un maltrato permanente en el periodo reciente. Lo que nos hace aún más dependientes. Se trata de un sector estratégico que nos suministra alimentos frescos y de calidad, los productos del país, que tanto reconocimiento tienen por parte de la ciudadanía de las Islas y por quienes nos visitan. Que resulta determinante, además, en la conservación del paisaje y en el mantenimiento de los suelos frente a la erosión. Que evita el despoblamiento de zonas rurales. Que preserva buena parte de nuestras tradiciones. Que contribuye a la sostenibilidad ambiental. Y que genera empleo.

Un sector que recibió un buen trato, al que modestamente contribuimos desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, durante el Gobierno de Progreso (2019/2023). Un Ejecutivo -en el que dirigimos la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos- que incrementó durante la anterior legislatura las partidas al sector en un 68%, pasando de 100,7 millones de euros en el año 2019, a 168,8 millones en su último presupuesto del año 2023. Lo que supuso el mayor aumento presupuestario del sector primario de la historia de Canarias. Un apoyo que no sólo consistió en un importante aumento de créditos para el sector, sino que vino acompañado de otras medidas para favorecer a las actividades agropecuarias. 

Ampliación del POSEI Adicional

Entre ellas, poner en marcha en 2022 y 2023 la devolución del 99,9% del Impuesto Especial sobre combustibles derivados del petróleo al sector agrícola y ganadero, junto con los transportistas profesionales. La rebaja del IGIC del 3% al 0% a los productos de alimentación animal de las explotaciones ganaderas. O la ampliación y mejora de la protección de hasta trece productos agrarios locales por medio del AIEM. Asimismo, se propuso y se logró la autorización de la Comisión Europea para aumentar la ficha de las ayudas directas a los productores locales del POSEI Adicional (o POSEI ayudas de estado) para 2023 y años siguientes. Esto supuso incrementar en 8,7 millones la ficha del POSEI Adicional, que pasó de 28 a 36,7 millones, tanto para la ganadería como para la producción vegetal. O concediendo ayudas directas extraordinarias al sector ganadero para compensar el encarecimiento de los insumos necesarios para su actividad.

Todo eso cambió con la llegada del Gobierno CC-PP. Lo expresamos de forma nítida en nuestra enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Comunidad Canaria para el próximo año: “2.311 millones de euros de incremento después, tras los tres presupuestos del Gobierno de Clavijo (2024, 2025 y 2026), el sector primario cuenta para 2026 con 12 millones de euros menos que los que dejó el Pacto de Progreso en 2023”.

Frente a una legislatura pasada marcada por un apoyo decidido al sector primario, estamos ante una etapa de retroceso. Los presupuestos recién aprobados establecen que dispondrá en 2026, en términos absolutos, de 156,7 millones de euros para el conjunto del sector sobre un presupuesto total de gasto no financiero de 12.491,4 millones. Es decir, le corresponderá un irrisorio 1,2% de estas cuentas públicas.

Incertidumbres en el nuevo marco europeo

En NC-bc nos preocupan mucho las incertidumbres que afectan a las nuevas prioridades de la Unión Europea y la propuesta de la Comisión Europea (CE) de nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.La propuesta inicial de la Comisión Europea es muy decepcionante, con un importe económico insuficiente del MFP y una reducción del importe de la Política Agraria Común (PAC). Y, también, por eliminar la propia PAC como política propia como hasta ahora, incorporándola a una partida global que se concede a cada Estado. Se habla de un “único plan nacional por estado miembro” que agruparía los fondos de cohesión, la PAC y otras ayudas. Lo que supone un enfoque más recentralizador de la gestión del presupuesto comunitario que en la actualidad.

Para Canarias es clave mantener la política de cohesión diferenciada para las RUP: fondos estructurales y de inversión (FEDER, FSE+, Cooperación Territorial Europea). Conservando el fondo adicional RUP que hasta ahora incorporan estos fondos, además de manteniendo su gestión descentralizada y regionalizada, como ocurre actualmente. Entendemos que las comunidades y regiones son las más cercanas a la realidad de su ciudadanía; y desde ellas se puede programar mejor para responder a las necesidades propias del territorio. 

Igualmente, estamos convencidos de la necesidad de mantener la aplicación diferenciada de la Política Agrícola Común (PAC) para el conjunto de la UE. Pero, sin duda, específicamente para las RUP, sobre la base del art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Como se sabe, el primer pilar de la PAC (política de rentas y de mercados) se aplica en Canarias a través del POSEICAN. El POSEI supone 268 millones de euros anuales, de los que 206 son ayudas a producciones agrarias locales y 62 para ayudas del REA. Debemos plantear, asimismo, la necesidad de actualizar el valor de estas ayudas POSEI, que se encuentran con el mismo importe desde el año 2007.

Por cierto, lo que perjudica a la defensa de la posición de Canarias ante el nuevo MFP post 2027 es aprobar un mal uso de las ayudas de estado de minimis europeas en el sector platanero de La Palma para evitar los reintegros de una subvención que se concedió en 2022, con un anticipo por encima de lo establecido, a 1.296 plataneros afectados por la erupción del volcán. Las cosas hay que hacerlas bien.

En efecto, la incorporación de estas ayudas de minimis a la Ley de Presupuestos para 2026 con una nueva Disposición Adicional Cuadragésima sexta bis contraviene de forma palmaria y evidente el Derecho Europeo, cuyos Reglamentos reguladores de las ayudas de Estado son de obligado cumplimiento por la legislación española y autonómica, como ya denunció Nueva Canarias-Bloque Canarista con un voto particular impugnando esta disposición. 

Esta Disposición, auspiciada por CC de La Palma y secundada por los grupos que apoyan al Gobierno, fue presentada como enmienda en lugar de haberla incorporada inicialmente como una disposición del texto articulado del Proyecto de Ley presupuestario como correspondería, para eludir los informes jurídicos ex ante de legalidad que emiten los distintos órganos de la CAC. Pero peor aún, posteriormente, mediante otra enmienda in voce, le han añadido eliminar el preceptivo informe ex post de la Dirección General de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda. Informe de compatibilidad sobre el acto administrativo individual de concesión de estas ayudas de minimis con las normas comunitarias de la competencia. Esa es la prueba del algodón de la ilegalidad de estas ayudas. ¿Qué otra explicación tiene ese interés en eludir este informe que no sea la certeza de que va a ser negativo?

Sin embargo, nos parece muy positivo que las organizaciones agrarias de Canarias le hayan arrancado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión celebrada el pasado lunes 15 de diciembre, el compromiso de abonar la totalidad de las ayudas del POSEI adicional de la campaña de 2024, cuando hasta ahora había mantenido que no se adelantarían estas ayudas hasta que las pagara en su totalidad el Gobierno de España. Somos de la opinión que le corresponde al Gobierno de España el abono de la totalidad del importe del POSEI Adicional en cumplimiento del artículo 24.2 del REF. No en vano fue Nueva Canarias-Bloque Canarista quien logró incluir esa medida en esa norma en el año 2017. Y vamos a estar con las organizaciones agrarias y con el Gobierno de Canarias exigiendo ese cumplimiento. Pero en ningún caso hubiéramos apoyado que en esta disputa con el Gobierno central sean las y los productores agrarios los perjudicados. 

El sector primario de las Islas precisa políticas adecuadas en el ámbito europeo que deben ser defendidas por el Gobierno español y el Ejecutivo canario. Así como cumplimientos de sus responsabilidades por parte del Estado español. Pero, también, exige que el Gobierno de Canarias le apoye sustancialmente, que pase del aplauso en los discursos a su plena consideración en las cuentas públicas de la Comunidad Canaria. Y que respete la legalidad vigente. Hace falta creérselo y ponerlo en práctica consecuentemente. Para que el sector primario tenga presente y, sobre todo un mejor futuro, en nuestro Archipiélago. Y esa no es, como se ve en el maltrato presupuestario, la actitud hacia el sector primario por parte del Gobierno canario de las dos derechas.

Como viene sucediendo en los últimos años, Canarias crece económicamente y continúa generando empleo, en lo que resulta determinante el empuje del sector turístico. Lo que, al margen de la escasa diversificación económica y sus implicaciones medioambientales y sociales, podría considerarse, en una primera mirada, un periodo exitoso. Pero lo es menos, mucho menos, cuando ese persistente incremento del Producto Interior Bruto (PIB) no se distribuye adecuadamente, aumentando de forma sustancial los ingresos de las grandes fortunas mientras buena parte de la población atraviesa crecientes dificultades para desarrollar una vida digna. Cronificando la pobreza. Consolidando una sociedad cada vez más desigual.

 Comencemos por el crecimiento económico, muy relevante sin duda. La senda de crecimiento de Canarias tras la caída brutal del año 2020 por la pandemia de la Covid ha sido muy intensa. Logrando ya en junio de 2023, cuando acabó su legislatura el anterior Gobierno de Progreso, igualar el nivel del PIB prepandemia del año 2019. Además, en estos últimos años el incremento del PIB ha sido superior a la media del Estado español.

Crecimiento económico de España y de Canarias 

PIB Tasas de variación real (crecimiento real)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

CANARIAS

2,4%

1,6%

-18,8%

8,6%

12,6%

3,6%

4,4%

ESPAÑA

2,4%

2,0%

-10,9%

6,7%

6,4%

2,5%

3,5%

Fuente: INE Revisión 30 septiembre de 2025. Contabilidad Regional España (CRE). PIB resultados. Enfoque funcional por CCAA.

En el texto de nuestra enmienda a la totalidad de los Presupuestos Canarios para 2026, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) considera que en este ejercicio de 2025 el crecimiento del PIB canario estará por encima del 3,5% (muy superior al 2,9% previsto por el Informe económico del Proyecto presupuestario) teniendo en cuenta los datos de su evolución los tres primeros trimestres del año (una media del 3,6%, según el ISTAC).

Un crecimiento, el de Canarias, sustentado, fundamentalmente, en la extraordinaria situación en que se encuentra el turismo, con las mejores cifras de su historia. Según datos del ISTAC, en 2024 se logró el récord absoluto de llegadas de turistas con 17,8 millones, 2,7 millones más (17,9%) que los visitantes del año 2019, antes de la pandemia. Y la estimación más prudente pronostica que acabaremos el año en torno a los 18,6 millones de turistas. Por otra parte, la facturación turística ascendió en 2024 a 22.351 millones de euros, cifra jamás antes alcanzada. Supone 2.786 millones más (14,2%) que en 2023, año en que los ingresos turísticos fueron 19.565 millones.

Respecto al empleo, las estimaciones de crecimiento de la Comunidad Canaria se encuentran por debajo de las previsiones de la AIREF. Apuntando a un crecimiento del empleo del 2,1% en este año 2025 y del 1,1% en 2026. Las estimaciones de la AIREF relativas al empleo prevén crecimientos en torno a un punto porcentual adicional en cada uno de esos ejercicios. Otra cosa bien distinta es su calidad, en términos de bajas retribuciones, malas condiciones laborales, inestabilidad y precariedad. Así, en 2024, a pesar de los buenos datos económicos para las empresas, Canarias es la comunidad autónoma con el salario medio bruto más bajo, con 2.051,7 euros frente a la media estatal que fue de 2.385,6 euros.

Pobreza estructural

Con datos económicos tan espectaculares podría deducirse que, de forma paralela, se ha incrementado la calidad de vida de los canarios y canarias. Lamentablemente no es así. Las clases medias y trabajadoras ven como no se incrementan suficientemente sus ingresos mientras la inflación aumenta y les hace perder mucho poder adquisitivo. Salarios de ayer, ya de por sí bajos, con precios de hoy, mucho más altos.

La riqueza se concentra cada vez en menos manos. Una minoría de 7.113 personas acumulan conjuntamente una riqueza de 25.811 millones de euros, el equivalente al 47,6 % del PIB de Canarias de 2023. Además, como señala un informe de la Universidad de La Laguna, “el 10 % de los hogares que más riqueza acumulan poseen aproximadamente el 60 % de la riqueza” y la mitad inferior de los hogares (“el 50 % que menos tiene”) posee solamente entre el 2 % y el 4 % del total de la riqueza de nuestro Archipiélago. Apuntando, asimismo, que el 10% más rico acumula entre 80 y 85 veces más riqueza que el 50 % más pobre en Canarias. En el resto del Estado esa relación es de entre 45-50 veces. 

Además, el impacto del aumento del PIB en la reducción de la pobreza es claramente insuficiente. Y algunos factores, como la vivienda, contribuyen aún más al empobrecimiento de una parte significativa de la población. Canarias es globalmente mucho más rica, pero la mayoría de su gente no mejora sus difíciles condiciones.

Como señalan numerosas investigaciones, el carácter estructural de la pobreza en Canarias hace que el crecimiento económico por sí solo no baste para reducir la desigualdad. Hacen falta políticas desde las administraciones públicas, al margen del mercado, para luchar contra la desigualdad y contra la pobreza. Y cuando esto no se hace la pobreza se cronifica.

Diversos estudios, informes y datos confirman que Canarias suspende en esta asignatura. La tasa AROPE en Canarias en 2024 fue del 31,2% de la población frente al 25,8% en España. Esto significa que 695.402 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, que es lo que mide esta tasa configurada con una metodología común por parte de la Unión Europea. Sigue estando 5,4 puntos porcentuales por encima de la media estatal y es la quinta comunidad autónoma con mayor tasa.

Mientras, la tasa de pobreza severa afectó al 10,1% de la población en 2024, creciendo 4 décimas respecto a 2023 (9,7%). Este dato en España fue del 8,4%. La pobreza severa se mide con el umbral del 40% de la mediana de la renta de España. Esto significa que en 2024 había en el Archipiélago 225.000 personas con ingresos inferiores a 644 euros al mes, es decir, por debajo del umbral que marca la pobreza más extrema. Con datos alarmantes, además, en pobreza infantil, el 40,2% de niños, niñas y adolescentes de Canarias (unos 91.000) viven en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las más altas del Estado.

Impuestos y políticas laborales

El economista francés Thomas Piketty, especialista en desigualdad económica y distribución de la renta, destaca que los impuestos y las políticas estatales juegan un papel clave a la hora de tratar de mitigar la desigualdad, haciendo hincapié en figuras tributarias sobre la riqueza y la herencia para incidir en una auténtica redistribución de la riqueza. El Gobierno canario de CC y PP hace justo lo contrario. Como muestra su eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que grava la transmisión de la riqueza, favoreciendo a una pequeña minoría de privilegiados que hereda patrimonios superiores a 300.000 euros por heredero. Y que supone que la Comunidad Canaria pierda 180 millones de euros en esta legislatura.

Cuando la riqueza generada queda, en gran medida, en manos de unos pocos. Cuando la fiscalidad no es progresiva y beneficia de forma nítida a las minorías con mayores recursos. Cuando las políticas sociales son insuficientemente dotadas y peor gestionadas, como ocurre con la dependencia. Cuando sucede lo mismo en el tratamiento a los servicios públicos. Cuando los salarios son muy bajos y la cesta de la compra sigue siendo de las más elevadas del Estado español. Cuando uno de los principales problemas, la vivienda, merece apenas 25 millones de euros en unas cuentas públicas que se elevan hasta los 12.491 millones…

Cuando todo esto pasa, Canarias está condenada a continuar presentando cifras inadmisibles de pobreza y desigualdad, incrementando los abismos sociales. Urge, por tanto, un profundo cambio en las políticas económicas, fiscales y sociales, así como más y mejor empleo, para que esta sociedad sea más justa y cohesionada. Para que los buenos datos económicos impacten, de verdad, en el bienestar colectivo.

Entendiendo que lo que necesita nuestra comunidad es un Gobierno canario comprometido en la transformación de una realidad marcada por la pobreza y la desigualdad, los altos precios de la cesta de la compra, la crisis habitacional, la insuficiente financiación y mala gestión de los servicios públicos o los problemas medioambientales y sociales inherentes a un modelo desarrollista. Y el actual Ejecutivo conservador no se compromete en modo alguno

Canarias atraviesa un complicado momento en el que convergen relevantes desafíos sociales, económicos, ambientales y territoriales. Frente a ello la respuesta no puede quedar en reclamar un decreto estatal, una especie de carta a los Reyes Magos, que sirve, especialmente, para que CC y PP eludan las responsabilidades propias del autogobierno que en estos momentos dirigen. Muchos de los grandes problemas que afectan a esta tierra y a su gente pueden y deben ser afrontados y resueltos desde nuestras instituciones, con capacidad para tomar decisiones en vivienda, fiscalidad, servicios públicos y orientación del modelo económico hacia la sostenibilidad. Se debe exigir al Estado y la UE que cumpla con Canarias. Lo que no se debe hacer es estar permanentemente responsabilizando a terceros de lo que aquí no se hace o se hace mal, errando en las prioridades y llevando a cabo una mala gestión presupuestaria. Poca credibilidad tienen las continuas exigencias externas cuando no se cumplen con las responsabilidades propias.  

Por eso, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista no compartimos ese decreto de medidas urgentes que Clavijo exige al Gobierno central. Proponiendo un documento alternativo de medidas que pueden desarrollarse de manera inmediata y efectiva desde el autogobierno canario, en el marco de las competencias estatutarias plenas que ya posee Canarias, y para lo que se dispone de recursos. Medidas estructuradas, realistas, viables, respaldadas en muchos casos por acuerdos parlamentarios previos, y orientadas a mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía, fortalecer los servicios públicos, proteger el territorio, impulsar un desarrollo económico sostenible y avanzar en una Canarias más justa, moderna y cohesionada. 

Entendiendo que lo que necesita nuestra comunidad es un Gobierno canario comprometido en la transformación de una realidad marcada por la pobreza y la desigualdad, los altos precios de la cesta de la compra, la crisis habitacional, la insuficiente financiación y mala gestión de los servicios públicos o los problemas medioambientales y sociales inherentes a un modelo desarrollista. Y el actual Ejecutivo conservador no se compromete en modo alguno. 

Fiscalidad justa para una mayor equidad 

Canarias mejoraría sus recursos y avanzaría en una mejor distribución de la riqueza recuperando medidas fiscales que este gobierno de las dos derechas se cargó para favorecer a los que más tienen. Proponemos varias actuaciones al respecto. Eliminar la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para las herencias superiores a 1,2 millones de euros. Recuperar las ayudas 

tributarias para rentas medias y bajas puestas en marcha por el anterior Gobierno de Progreso, así como eliminar los beneficios fiscales para rentas altas incluidos en los Presupuestos. Medidas que no precisan de cartas petitorias a Madrid, sino de voluntad de las instituciones canarias para avanzar hacia una mayor equidad. Y que supondrían reorientar la fiscalidad hacia modelo más progresivo y justo. Además, hay que mejorar la calidad del empleo y los bajos salarios que se padecen en Canarias. 

Sucede igual con la vivienda, una de las mayores preocupaciones sociales, cuyo progresivo encarecimiento está empobreciendo a amplias capas sociales. Se puede y debe actuar desde aquí. Impulsando un programa canario de alquiler seguro, en el que el Gobierno actúa como arrendador y garante, para tratar de sacar al mercado parte de las 210.000 viviendas vacías que hay en las Islas. Y promoviendo incentivos fiscales -reducciones del impuesto de transmisiones patrimoniales y en el IRPF- para la juventud y las rentas bajas, para facilitar la compra o alquiler de la vivienda habitual. Cumpliendo el plan de vivienda y tomando medidas, como las adoptadas por Cataluña, de compra de 1.000 viviendas privadas para incorporarlas sin dilaciones al parque público. 

Más y mejor gestión de los servicios públicos 

Los servicios públicos también precisan de actuaciones rigurosas desde las instituciones canarias. No solo de financiación, sino también de reformulación de objetivos y buena gestión. Algunas de las urgentes en materia sanitaria son la integración de los técnicos de emergencias sanitarias en el Servicio Canario de Salud (SCS); y el refuerzo a la salud mental, con más medios y profesionales ante un problema creciente y de enorme impacto en la población. En el ámbito social, consideramos esencial fortalecer el sistema de la dependencia. Incrementando los recursos humanos y las partidas económicas destinadas al mismo; y, también procediendo a simplificar trámites sin recortes de derechos e incorporando mecanismos permanentes de escucha social. 

Y, respecto a la educación, el Gobierno debe rectificar y entrar en la senda presupuestaria que posibilite alcanzar el 5% del PIB para educación, tal y como exige la Ley Canaria. Con prioridades en educación infantil 0-3 años, modernización de instalaciones, reducción de ratios, atención a la diversidad o decidido impulso a la FP Dual. También dar estabilidad al personal interino y potenciar la enfermería escolar universal. Acabando, asimismo, con el maltrato a nuestras universidades públicas. Garantizando una financiación suficiente para sostener en condiciones la investigación, la docencia, la innovación y el funcionamiento de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.  

Otro trato también merece la televisión pública, acabando con los intentos de convertirla en teleclavijo. Lo que perjudica a sus profesionales y a la credibilidad y las audiencias de esta. 

Por otra parte, el sector primario, el más halagado en los discursos gubernamentales y, paralelamente, el más olvidado en los presupuestos canarios, necesita que se tomen medidas de apoyo claras. Entre otras, las destinadas a aliviar fiscalmente el alto coste de los combustibles y, asimismo, una apuesta decidida por la producción agrícola sostenible, reforzando un modelo compatible con la conservación del paisaje y biodiversidad del Archipiélago. Y de diversificación económica nada: 7 millones en los Presupuestos para comercio, industria y autónomos, frente a los 25 destinados para el autobombo de Presidencia del Gobierno. 

Otro modelo turístico 

Consideramos que no se puede continuar en la línea del incremento en el número de turistas, con impactos negativos en el medioambiente, en la movilidad (con los crecientes atascos), en el acceso a la vivienda o en el consumo de territorio, agua y electricidad. Sin que, además, repercuta suficientemente en los salarios y en la calidad de vida de los canarios y canarias. Por eso, desde NC bc planteamos medidas como la adopción de una moratoria insularizada a nuevas plazas turísticas, la implementación de una ecotasa finalista, la desclasificación del suelo turístico no urbanizado o los límites cuantitativos a nuevas camas alojativas. Instando, además, a una regulación adecuada del alquiler vacacional, lo que no cumple la ley aprobada por CC y PP. Se trataría de proteger a los residentes y a los pequeños propietarios y no a los grandes operadores, como hace el actual Gobierno canario. Controlando la especulación y sus efectos sobre el parque residencial. 

Otras medidas que proponemos se dirigen a la protección del sector cultural, priorizando la participación de creadores locales y el fortalecimiento del tejido artístico de las Islas, así como a impulsar acciones de reparación histórica y divulgación que superen la visión colonial en torno a los primeros habitantes de Canarias. Sin olvidar, el compromiso de Canarias con la paz y la defensa de los derechos humanos, la defensa de la legalidad internacional y el apoyo a la autodeterminación del Sahara o la protección de la población civil palestina, en consonancia con las resoluciones de Naciones Unidas. 

Esos avances parecen imposibles con un Gobierno, como el actual, que gestiona, además, muy mal. Dejando de ejecutar 1.090 millones en 2023 y 1.330 en 2024, y, al tiempo, incumpliendo con la regla de gasto como acaba de certificar el Ministerio de Hacienda. Lo que supondrá, por su temeridad e imprudencia en las cuentas públicas para 2024, tal y como denunció NC-bc en su momento, que deberá presentar un plan de ajuste de al menos 445 millones para 2026, por lo que la capacidad de gasto para ese año no serían los 813,2 millones adicionales presupuestados inicialmente, sino una cantidad notablemente inferior. 

En definitiva, lo que necesita Canarias es huir de ese permanente letargo del Gobierno CC-PP, de esa crónica incapacidad para asumir sus responsabilidades, de esa negativa a llevar a cabo transformaciones imprescindibles para poder tener un mejor futuro, de esa pésima gestión de los dineros públicos pese a contar con recursos suficientes. Y creer, de verdad, en la capacidad del autogobierno para modificar la realidad económica, social y medioambiental de esta tierra. Actuando, en consecuencia, para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población, garantizar la equidad social y proteger el territorio y los recursos naturales del Archipiélago. En vez de un decreto, lo que necesita Canarias es un buen Gobierno.

Se elabora en un marco económico marcado por el crecimiento del PIB, que puede estar este año por encima del 3,5%, y con positivos datos de empleo, en lo que son determinantes los récords en facturación turística. Sin embargo, todo eso convive con los bajos salarios y la elevada pobreza de las Islas, a lo que se añaden los altos precios de la vivienda o la muy cara cesta de la compra

Los Presupuestos expresan las prioridades del Gobierno y de los grupos que le apoyan, señalando cuáles son sus preocupaciones esenciales y su modelo de país. Reflejan si se plantean propuestas transformadoras a corto, medio y largo plazo o si se intenta mantener lo que hay. Si se pretende alcanzar una mayor equidad social o conformarse con la actual y elevada desigualdad. Si se apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra la Crisis Climática o por el desarrollismo sin límites. En ese sentido, las cuentas públicas canarias para 2026 muestran una orientación conservadora en los ingresos, con una fiscalidad que beneficia a los que más tienen; y un escaso compromiso con la inversión, con los servicios públicos y con sectores, como el primario, tan alabado en discursos como castigado por este Ejecutivo de las dos derechas en esta trascendental ley presupuestaria.

Se elabora en un marco económico marcado por el crecimiento del PIB, que puede estar este año por encima del 3,5%, y con positivos datos de empleo, en lo que son determinantes los récords en facturación turística. Sin embargo, todo eso convive con los bajos salarios y la elevada pobreza de las Islas, a lo que se añaden los altos precios de la vivienda o la muy cara cesta de la compra. Lo que confirma que hacen falta políticas desde las administraciones públicas, al margen del mercado, para luchar conta la desigualdad y contra la pobreza. Y este Gobierno suspende completamente en este ámbito.

Para empezar, se trata de unos presupuestos que han sido elaborados con un elevado grado de ficción. Unas cuentas de casi 12.500 millones de euros, con un aumento de 813,2 millones respecto al de 2025, pero en las que la mayor parte de este incremento, 498 millones (61%), corresponde a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que en lo que va de legislatura el Gobierno de CC y PP ha demostrado sobradamente que es incapaz de ejecutar. Volverá a suceder.

Respecto a los ingresos, se mantiene la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Medida que supone una pérdida de 50 millones de euros anuales para la Comunidad canaria y un beneficio para las grandes herencias, las situadas por encima de 1,2 millones. Continúa la eliminación de la deducción por alza de precios que pusimos en marcha en 2022 y 2023 para las rentas menores de 30.000 euros. Su eliminación perjudica a los 514.053 contribuyentes que se beneficiaron en 2022 de estas deducciones o a los 363.375 que lo hicieron en 2023. Por otra parte, siguen sin cumplir su irresponsable promesa electoral de bajada del IGIC del 7% al 5%.

Abandono de sectores claves

El sector primario es el gran castigado por este Ejecutivo. Por ejemplificar, se incrementan más las partidas de publicidad y propaganda de Presidencia del Gobierno (25 millones de aumento), que los presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, solo 12 millones más que en el presente ejercicio. Y sigue estando 12 millones por debajo de lo que tenía en el presupuesto del Pacto de Progreso del año 2023.

Las partidas de turismo potencian claramente la promoción, olvidando la renovación y transformación de los espacios turísticos obsoletos. Persisten sin retoque alguno en el actual modelo: el del incremento del número de visitantes que no impacta en una mejor distribución de la riqueza en la sociedad canaria.

Por otra parte, con un presupuesto incrementado en 2.300 millones en tres años, apenas 3 millones adicionales se destinan al organismo encargado de promover el empleo. Con recortes, además, para colectivos vulnerables y para la integración laboral de personas con especiales dificultades.

Respecto a Transición ecológica se construye un presupuesto ficticio y con consecuencias para el futuro. Del crecimiento anunciado, 453 millones de euros, unos 311 millones provienen de fondos europeos. El esfuerzo real del Ejecutivo de CC y el PP con fondos propios se reduce a 142 millones de euros. Lo que conducirá a un auténtico precipicio financiero una vez finalice el marco temporal de los fondos europeos, en agosto de 2026.

En Educación, el conjunto de la legislatura aleja a Canarias del compromiso con el 5% de inversión establecido en la Ley Canaria de 2014. Si el último presupuesto del Pacto de Progreso lo dejó en el 4,63%, este Gobierno lo cifra en un 4,07% para 2026. Con asuntos muy graves, como la desaparición de las becas del alumnado NEAE. Y sin que se posibilite superar nuestro retraso en la implantación de la infantil 0-3 años. Con una escasa inversión, por otra parte, en infraestructuras educativas, entre ellas las destinadas a adaptar a los centros a las consecuencias del cambio climático.

Además, y actuando en modo ayuso, se maltrata a nuestras dos universidades públicas. Incumpliendo los compromisos de financiación de estas, cuyos rectores habían venido reclamando 25,6 millones de euros adicionales para garantizar el funcionamiento básico de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. Tampoco ha sido capaz el Ejecutivo de sacar adelante el contrato programa plurianual, que les ofrezca estabilidad financiera. Y, por otra parte, se produce un recorte de 12,5 millones de euros en materia de I+D+i, incumpliendo, por tanto, el Pacto Canario por la Ciencia.

En el ámbito de la cultura, a la que denominan “pilar de identidad y cohesión social”, el pilar queda muy deteriorado cuando no se cumple con el 2% del presupuesto que establece la Ley Canaria de Cultura, ni se recupera lo retrocedido en anteriores ejercicios respecto a las cuentas públicas del último año del Pacto de Progreso.

Mala gestión y les sobra el dinero

Vuelven a producirse incrementos en sanidad, alcanzando los 4.837 millones de euros -3.000 millones de euros para la Atención Especializada y 1.488 millones a Primaria-, pero no se evalúa el sistema ni se afrontan sus problemas y déficits, como las persistentes listas de espera para pruebas diagnósticas o la crisis en las urgencias. Y sigue sin abordarse con decisión la salud mental, con un gran incremento de la demanda en esta materia y que precisa de más recursos y de más profesionales para dar respuesta a uno de los mayores y crecientes problemas sociales. El cambio de modelo es urgente: la sanidad debe moverse hacia un enfoque basado en los cuidados, la prevención, la salud comunitaria y el fortalecimiento real de la Atención Primaria.

Aunque, como señalábamos antes, los presupuestos se han incrementado globalmente en 2.300 millones de euros en el acumulado de 2024, 2025 y 2026, el Gobierno hace bien poco en materia social. Así, mantiene bloqueada la Renta Canaria de Ciudadanía, cuya dotación pasa de 104,3 millones en 2025 a 113,3 millones en 2026. Y, además, sin ejecución real ni desarrollo reglamentario de los complementos de vivienda, educación o pensiones. Además, en la quinta comunidad con más casos de violencia machista, el Ejecutivo de CC y el PP recorta fondos esenciales y disfraza las cifras del Instituto Canario de Igualdad.

Igualmente, en plena crisis habitacional, constituye un incuestionable fracaso el ámbito de la vivienda, una de las principales preocupaciones ciudadanas, al destinar apenas 25 millones de euros en las cuentas canarias para 2026, una cantidad que no da ni para construir 300 nuevas viviendas públicas.

Y, mientras eso sucede, y no se destinan los recursos que se precisan para educación, vivienda, universidades, sector primario, ciencia, cultura o políticas de empleo, al Gobierno de Canarias le van a sobrar tres mil millones presupuestados y no ejecutados en los ejercicios de 2023 (1.090 millones), 2024 (1.286) y 2025 (calculamos que unos 800). Van sobrados.

Como acertadamente denunció el portavoz parlamentario de NC-bc, Luis Campos, los presupuestos para 2026 potencian un modelo económico desarrollista que perpetúa la desigualdad y concentra la riqueza en unas pocas manos, ese 1% de la población del Archipiélago que aglutina el 30% de la riqueza de las Islas. Si se quiere combatir la elevada desigualdad, la pobreza y la exclusión social que padece Canarias, resulta esencial actuar sobre los salarios, los impuestos y la inversión pública.

La Ley de Presupuestos tienen que servir para mejorar la vida de la gente. Un instrumento transformador que, a través de una fiscalidad progresiva, la inversión, las diferentes políticas públicas, contribuya a un mayor y más justo reparto de la riqueza. Situados en el proceso de debate y aprobación del penúltimo presupuesto de la legislatura, esta necesidad transformadora no figura

en la hoja de ruta del gobierno conservador canario. Por eso, NC-bc presenta, justificadamente, una enmienda a la totalidad a estas cuentas públicas.

Román Rodríguez es secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).

Se acaba de cumplir medio siglo de la Marcha Verde, la ilegal ocupación marroquí a principios de noviembre de 1975 del entonces Sahara colonizado por España, sin que esta hiciera nada por evitarlo. Todo lo contrario, el 14 de ese mismo mes, y al margen de la legalidad internacional y de los derechos del pueblo saharaui, España firma con Marruecos y Mauritania los Acuerdos Tripartitos de Madrid, que dan vía libre al reparto territorial y a la ocupación marroquí y mauritana. Estos días Naciones Unidas ha vuelto a pronunciarse sobre el conflicto, con una resolución, la 2797, cuyo contenido ha sido hábilmente manipulado en favor de sus intereses por los actuales ocupantes y por Estados Unidos. La realidad, como casi siempre, es mucho más compleja.

En el periodo transcurrido desde la ocupación marroquí han sido muchas las resoluciones favorables a la autodeterminación del pueblo saharaui. Tantas como los reiterados incumplimientos y bloqueos por parte de la monarquía alauita, durante el anterior reinado de Hasán II, organizador de la Marcha Verde, y en el de su heredero tras su fallecimiento, Mohamed VI, en el trono desde 1999. 

Así, la Resolución 3437 del año 1979 de la Asamblea general de Naciones Unidas insta a Marruecos “a poner fin a la ocupación militar del Sahara Occidental y a negociar con el Frente Polisario, en calidad de legítimo representante del pueblo saharaui, la terminación del conflicto”. Otras resoluciones posteriores inciden en la celebración de un referéndum de autodeterminación bajo las directrices de la ONU, creándose en los años noventa del pasado siglo la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental).

Recursos naturales y económicos

Con significativos pronunciamientos internacionales, también, respecto a los recursos naturales y económicos en el Sahara occidental, desde la pesca y los fosfatos al conjunto de los minerales. En efecto, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de octubre de 2024 anuló los acuerdos económicos y comerciales entre la Comisión Europea y el Reino de Marruecos. En la misma se reafirma que el Sahara no pertenece a la soberanía de Marruecos. Señalando que sus recursos son propiedad del pueblo saharaui y que quien lo representa es el frente Polisario. Y concluyendo, por todo ello, que los citados acuerdos son completamente nulos.

El Gobierno español no ha estado comprometido con el derecho del pueblo saharaui a decidir su destino. Lo que se ha acentuado con el apoyo de Pedro Sánchez a las tesis autonómicas de Marruecos. En el caso canario, el histórico apoyo a la autodeterminación del Sahara lo quebró el presidente Clavijo, cambiando la posición mantenida por nuestras instituciones y las propias tesis esgrimidas siempre por su partido.  

Se cumplen cincuenta años, una larga etapa, de enorme sufrimiento para la gente del Sahara, padeciendo una dura represión en los territorios ocupados por Marruecos, con la violación sistemática de los derechos humanos: torturas, violaciones, desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Y, paralelamente, con la enorme dificultad que supone desarrollar la vida cotidiana en el exilio en los campamentos ubicados en Tinduf, en territorio argelino, donde se ubican las estructuras políticas y administrativas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

Durante esas cinco décadas el reino alauita ha hecho lo posible y lo imposible para evitar que se pudiera culminar la realización del censo para la celebración de un referéndum de autodeterminación en la zona, previsto inicialmente para 1992. Y, ya en 1997, plantea su propuesta de estatuto de autonomía para el Sahara, bajo la soberanía de Marruecos, sin el aval de Naciones Unidas ni de la Unión Africana.

Resolución 2797

Lo más reciente ha sido la aprobación a finales de octubre de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU. Que Marruecos y sus aliados han aprovechado para desplegar una intensa campaña, en la que se asegura que la misma reconoce la marroquinidad del Sahara e impone como única salida el establecimiento de una autonomía bajo su soberanía. Sin embargo, pese a la propaganda, una atenta lectura de la Resolución no parece que lleve, ni mucho menos, a esas conclusiones tan contundentes.

En primer lugar, porque la Resolución 2797 continúa reconociendo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Además, ratifica que la solución a este prolongado conflicto debe respetar la Carta de Naciones Unidas que establece que el principio de autodeterminación debe dirimirse mediante un referéndum libre y democrático que contemple todas las posibles opciones: la autonomía, la integración y la independencia. Contemplando, asimismo, que la solución definitiva, fruto de la negociación entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario debe ser sin condiciones previas y mutuamente aceptables por las partes que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental.

Cierto es que, en esta ocasión, se incluye a la autonomía como uno de los elementos de negociación y como una posible salida al conflicto, pero no la única, como pretendía Estados Unidos, vulnerando las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional que reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos en los procesos de descolonización. Por tanto, considerar que el tema se ha zanjado aceptando la propuesta autonómica es falsear, de forma muy interesada, el contenido de la Resolución. 

Solidaridad y preocupación

Canarias, su pueblo y sus instituciones, siempre se han destacado por su solidaridad con el Sahara y su pleno apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas que exigen su libre autodeterminación. Por razones históricas, de vecindad y de compromiso con los derechos de los pueblos y la legalidad internacional. Una solidaridad y compromiso que debe mantenerse y fortalecerse. Exigiendo el respeto a los derechos humanos por el

gobierno de Marruecos en los territorios ocupados, la libertad de los presos políticos saharauis, así como el cese del expolio de los recursos naturales y económicos en el Sahara Occidental.

Canarias debe seguir actuando desde la solidaridad y, también, desde la justificada preocupación ante el expansionismo de Marruecos que, como recuerda la Plataforma Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, “ha venido tomando iniciativas para la ampliación del Mar Territorial entre el Sahara y Canarias, el control del tráfico aéreo del Sahara Occidental, la construcción de vías de comunicación con otros países africanos utilizando el Sahara Occidental o la captación de inversiones extranjeras y de la Unión Europea en los territorios ocupados”. Como para estar tranquilos.

Viendo su trayectoria, sus amenazas y sus actuaciones unilaterales, cabe legítimamente preguntarse cuáles considera el Reino de Marruecos sus límites territoriales. Si lograra hacerse con el Sahara, sus ambiciones expansionistas continuarían en parte del territorio de Mauritania y de Argelia, generando más inestabilidad en una zona del mundo ya bastante tensionada. Y afectando, sin duda, a nuestra situación económica, de seguridad y geoestratégica. Canarias se juega mucho en cómo se resuelva el tema del Sahara. La mejor solución es, sin duda, el cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto a la soberanía del Sahara.

Londres y Nueva York, dos de las ciudades más importantes del mundo, estarán dirigidas los próximos años por alcaldes progresistas, musulmanes y con orígenes migrantes. Tras los reiterados éxitos de Sadiq Khan en la capital británica desde 2016, lo que le permite estar desarrollando su tercer mandato, esta semana la gran manzana otorgaba una amplia mayoría en los comicios municipales al socialista Zohran Mamdani, lo que supone un gran revés para Donald Trump que, con su habitual desfachatez y autoritarismo, intervino en la campaña amenazando con retirar fondos a la ciudad si ganaba Mamdani; mientras sus amigos multimillonarios ponían decenas de millones de dólares para tratar de evitar el triunfo del emergente líder demócrata, financiando a su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo. Y su elección representa, por contra, una gran esperanza para Estados Unidos y para el mundo: es posible ser alternativa a la ultraderecha, defender la democracia y sus valores e implementar programas sociales a favor de la gente, con un mejor reparto de la riqueza. 

Sadiq Khan ganó por primera vez las elecciones a la alcaldía de Londres en mayo de 2016, triunfo que ratificó en los comicios de 2021 y 2024. Este abogado y político del Partido Laborista nació en Londres en 1970 y es el cuarto hijo de una familia de inmigrantes pakistaníes. Su padre, sindicalista, fue conductor de guaguas, su madre costurera. Una de sus propuestas más recientes es la de construir un millón de viviendas en diez años para afrontar lo que considera “la crisis de vivienda más grave en la historia de la capital” asegurando que la iniciativa no contradice su compromiso ambiental: “Aumentaremos la biodiversidad y las áreas verdes accesibles”, aseguró en su presentación.

Además, hace unos meses presentó un plan, a desarrollar los próximos cinco años, para combatir el sinhogarismo en la capital londinense, mediante la rehabilitación de 500 viviendas sociales vacías. En los primeros meses de este año fueron registradas casi 4.500 personas que duermen en las calles, lo que supone un incremento del 8% respecto a los datos del mismo periodo de 2024. Desde 2016, las políticas de Khan han logrado que 18.000 personas abandonen la vida en la calle; tres de cada cuatro no han vuelto a su anterior situación de enorme vulnerabilidad.

De izquierdas consecuente

Por su parte, Zohran Kwame Mamdani, claro ganador esta semana de las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, nació en Kampala, Uganda, en 1991. Es hijo único de Mira Nair, cineasta, y Mahmood Mamdani, académico, ambos de ascendencia india. En la campaña a la Alcaldía, apoyada por referentes de la izquierda como Bernie Sanders o Alejandria Ocazio-Cortez, pero no por el conjunto del Partido Demócrata, se comprometió a adoptar medidas que impacten en la reducción de los elevados costes de la vida en la ciudad.

Entre ellas, la congelación del precio de los alquileres y la financiación pública para la construcción de 200.000 nuevas viviendas asequibles; transporte público gratuito y eficiente; seguridad comunitaria con un enfoque prioritariamente preventivo; cuidado infantil gratuito para niños y niñas desde las seis semanas hasta los cinco años; supermercados públicos a bajo coste; aumentar el salario mínimo de Nueva York a 30 dólares por hora para 2030, buscando una mayor justicia salarial; o subir el impuesto de sociedades hasta igualara el 11,5% que se aplica en Nueva Jersey o establecer un impuesto del 2% al 1% más rico de Nueva York. 

El alcalde de Londres señalaba estos días que a los londinenses y neoyorquinos no les importa el origen familiar de sus dirigentes ni a qué Dios adoren. “No eligen a sus políticos por su credo, color o cultura. Los eligen porque quieren políticas audaces y ambiciosas, acordes con la magnitud de los desafíos que enfrentas sus ciudades. Quieren ciudades más verdes. Quieren sociedades más justas, donde el tamaño de los salarios no determine las oportunidades de sus hijos en la vida. Quieren ayuda para afrontar la crisis del costo de la vida. Y quieren una economía más próspera donde el crecimiento no deje a nadie atrás”.

Para rematar la negativa semana para Trump y los suyos, dos mujeres del Partido Demócrata, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, serán las nuevas gobernadoras de Virginia y de Nueva Jersey. Con discursos mucho más moderados que los de Mamdani, pero con insistencia en centrar la acción política en aspectos como el acceso a la vivienda, la sanidad o el encarecimiento de la vida.

Son, como puede observarse, diversos ejemplos de propuestas político-electorales que, desde una izquierda consecuente, se enfrentan a los discursos y actuaciones regresivas, autoritarias y antisociales de la extrema derecha, y que alimentan la esperanza de la gente demócrata y progresista. 

Como sucede en Reino Unido con la reciente eclosión de los verdes. El mal gobierno del laborista Keir Starmer, que en un año ha dilapidado la mayoría absoluta que obtuvo en julio de 2024 y al que cuesta mucho distinguir de los conservadores, sitúa en los sondeos como primera fuerza de forma destacada a la extrema derecha de Nigel Farage. Pero, progresivamente, y en plena crisis del tradicional bipartidismo, se abre paso una formación de izquierdas, el Partido Verde de Zack Polanski, que ya supera el 15% de intención de voto. Centrado en la urgencia de la acción frente a la Crisis Climática, pero también en plantear una economía con regulación pública del mercado, la defensa de las libertades civiles o el apoyo a los derechos LGBTI. Siendo favorables a la implementación de una renta básica universal y a la significativa mejora de los salarios, así como a incrementar la calidad de la vida democrática.

En el Reino Unido también hay que seguir con atención al nuevo partido creado por Jeremy Corbyn, exdirigente del Partido Laborista, expulsado de este por su defensa de la causa palestina. Una organización creada hace unos meses y a la que ya se han adherido más de 650.000 personas. En su declaración fundacional plantean una más justa redistribución de la riqueza y el poder, el derecho a protestar contra el genocidio en Gaza y la defensa de los derechos de inmigrantes y personas refugiadas, así como el compromiso de impulsar políticas medioambientales que preserven al planeta.

Corbyn se muestra abierto a establecer espacios de colaboración con la organización de Polanski: “Colaboraremos con los Verdes allí donde podamos colaborar, sin duda en cuestiones medioambientales, pero espero que también en la defensa de la paz y los derechos humanos. Siempre estoy abierto a colaborar con personas y grupos con ideas similares. La cooperación nos hace más fuertes”.

Una alternativa canaria

Son distintos y plurales ejemplos. Considero que no se trata en modo alguno de copiar otros modelos, sino de conocer y aprender de las distintas alternativas que se vienen desplegando en el mundo para hacer frente al tsunami ultraconservador e iliberal. Para desarrollar creativamente las propias alternativas progresistas, adaptadas a la específica realidad de cada lugar, en Canarias, en el Estado español o en otros lugares del mundo. Siendo conscientes de la enorme complejidad del reto a afrontar. Sin disponer de los millonarios recursos económicos de los ultras y de la complicidad con ellos de numerosos y poderosos medios de comunicación. 

En nuestro caso, trabajando por alcanzar los máximos niveles de confluencia electoral entre la izquierda nacionalista canaria y la estatal ante unas elecciones generales que pueden convocarse antes de 2027. Unas elecciones en las que solo la suma entre las fuerzas progresistas estatales y el nacionalismo consecuente puede evitar un Gobierno PP-Vox-UPN-CC que supondría un grave retroceso en libertades y derechos. Frente a la creciente amenaza de la extrema derecha, hay que defender un programa de defensa de los intereses populares. A favor de las pensiones públicas, el acceso a una vivienda digna, la sanidad y la educación, el autogobierno, el sindicalismo y el derecho a la huelga, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los avances de la comunidad LGTBI o la imprescindible lucha contra la Crisis Climática y sus efectos. Con movilización, propuestas claras y unidad es posible alcanzar ese objetivo. Hay partido.

Repasando el conjunto de sondeos electorales a nivel estatal publicados en los últimos meses se dibuja un panorama que presenta algunas certezas y, asimismo, numerosas incertidumbres. Los datos muestran un PSOE que resiste e incluso sube ligeramente tras el importante retroceso experimentado a comienzos del verano. Un PP que pierde paulatinamente fuerza y al que le sigue comiendo terreno la ultraderecha. Un mantenimiento de los nacionalistas. Y unas izquierdas que pagarían muy caro en escaños su actual ruptura en dos ofertas electorales en el ámbito estatal.

Con los números actuales, podría producirse un gobierno del PP apoyado por unos 180 escaños. Con un Vox muy cercano en número de diputados a los populares y, por tanto, muy determinante en el programa de gobierno; e incluso que pudiera reclamar su cuota presencial en el Consejo de Ministros. Con un Ejecutivo estatal que, en la sesión de investidura del candidato, no necesitaría para alcanzar la mayoría absoluta, 176 escaños, los votos de los regionalistas CC y UPN, aunque estos, si obtienen representación, es muy probable que se sumaran sin mayores problemas.

Pero esta no es, ni mucho menos, la única posibilidad, el destino al que nos encontramos irremisiblemente condenados. Sobre todo, por las tendencias que vemos en los últimos meses. No hay que descartar que pueda establecerse una mayoría parlamentaria progresista. A ello contribuirían algunos factores que se vienen produciendo en el periodo reciente: la progresiva recuperación del PSOE tras un bache profundo por la explosión de distintos casos judiciales, el progresivo deterioro de los de Alberto Núñez Feijóo al que debilita el significativo traspaso de votos a una ascendente Vox y, asimismo, el buen momento de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Un espacio nacionalista en el que peor lo tiene es su opción más conservadora, Junts, por la irrupción del soberanismo ultraderechista de Alianza Catalana.

En todo caso, no es suficiente con esas tendencias que vienen confirmando las distintas encuestas. Resulta imprescindible, además, la recuperación de un espacio a la izquierda del PSOE que garantice 25-30 escaños, lo que parece un objetivo imposible de alcanzar si concurren a esos comicios generales, aún sin fecha, con dos fórmulas electorales competidoras y que se lastrarían mutuamente. Todos los esfuerzos que se hagan para superar la actual situación merecen la pena. No debería suponer una rendición de ninguna de las partes, sino una muestra de responsabilidad, sensatez y altura de miras.

Democracia y libertades

La gravedad de las circunstancias, en medio de un fuerte ascenso de las extremas derechas en todo el mundo, debiera invitar al conjunto de las izquierdas, sean estatalistas o de obediencia territorial, a una serena reflexión. Y a actuar de forma consecuente. Aparcando viejas o no tan viejas cuentas pendientes. Priorizando la defensa de la democracia y los derechos de la gente a sus diferencias políticas, así como a las pugnas de carácter personal, que también las hay.

Y, sobre todo, les debe obligar a tomar decisiones que contribuyan a frenar una deriva autoritaria con graves consecuencias para las libertades, para los derechos cívicos y para el propio estado democrático y social que, con mayores y menores desarrollos, hemos venido consolidando tras el final de la dictadura franquista. Y que nos ha permitido acercarnos a los que ya tenían los estados democráticos europeos e incluso siendo vanguardia destacada en algunos de los temas.

Con hitos como el desarrollo autonómico alcanzado tras décadas de feroz centralismo, la universalización de la sanidad que supuso la ley general de 1986, la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la consolidación de un sistema público de pensiones, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), toda la legislación dirigida a la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos o la que afecta a los derechos LGTBI.

Por eso, considero que, en esta encrucijada histórica, las formaciones que se reclaman parte del campo progresista deben centrar sus esfuerzos en la protección firme de las libertades y de los derechos sociales y cívicos, del autogobierno y de los servicios públicos. En la defensa de un mundo multipolar, la legalidad internacional y la paz, frente al discurso y las practicas belicistas, así como el intento de incrementar exponencialmente los gastos militares en detrimento de las políticas sociales.

Estado mínimo

La ofensiva ultraconservadora dirige sus actuaciones contra el conjunto de los programas sociales y de las intervenciones estatales y autonómicas que buscan alcanzar una sociedad más equilibrada, con mayor equidad, con menores niveles de pobreza y más y mejor integración, tanto de los autóctonos como de las personas migrantes. Y esto afecta al futuro de las prestaciones a los desempleados, a las ayudas energéticas o al transporte; así como a las pensiones de jubilación públicas. Todo eso se encuentra ahora mismo en profundo riesgo si ese espacio ultra accede al gobierno o influye decididamente en sus políticas. Su objetivo es minimizar el Estado, salvo para sus negocios, como es el caso de los armamentísticos. 

Sucede igual con los derechos tan duramente conquistados por las mujeres. Situando la extrema derecha en la diana a los avances feministas. Potenciando el negacionismo sobre la violencia de género y sus graves consecuencias para la libertad y la vida de las mujeres. Con discursos que cuestionan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Con planteamientos antiabortistas no solo de Vox, sino de una parte significativa de dirigentes del PP que cada vez se mimetizan, en este y otros asuntos, con los postulados de las extremas derechas.

Y, por supuesto, la ultraderecha también pretende hacer tambalear los derechos que ha ido logrando la comunidad LGTBI en las últimas décadas, con cambios legislativos muy relevantes en los que el Estado español se ha situado a la vanguardia mundial.

Por eso, al margen de la imprescindible unidad de las izquierdas y del entendimiento y colaboración entre el conjunto de los demócratas, resulta no menos imprescindible desarrollar una importante movilización social. De los trabajadores y de sus representantes sindicales, de los pensionistas, de los colectivos feministas, de las asociaciones LGTBIQ+, de los grupos ecologistas, de los empleados públicos, de las personas comprometidas con la educación y la sanidad, de los que defienden la libertad de expresión… Para frenar los intentos de retroceso social, en derechos y libertades; y continuar trabajando por un mundo con mayor equidad, mejor reparto de la riqueza, más solidario, más democrático y más libre. Convencidos de que es posible frenar la avalancha reaccionaria con una mayoría parlamentaria progresista en las próximas elecciones generales.

A esa Canarias tan desigual contribuye un modelo absolutamente terciarizado, con bajos salarios y mucha precariedad. Así como políticas públicas que no contribuyen a un reparto de la riqueza generada, como las que impulsa un Gobierno de Canarias, el de las dos derechas

“Basta ya de tutela odiosa,/que la igualdad ley ha de ser:/No más deberes sin derechos,/ningún derecho sin deber”. Esto afirma en su letra La Internacional, el histórico himno del movimiento obrero. Lo que sus autores no pudieron prever en modo alguno es que, casi 150 años más tarde, en los años veinte del siglo XXI, la desigualdad es la que se impone de forma contundente. Con una exigua minoría cada día más rica y sin que los enormes beneficios que genera el sistema económico repercutan suficientemente en la mejora de las condiciones salariales y de vida de la mayoría de la población. Conformando una realidad global en la que impera la desigualdad. Algo que no hace más que agudizarse con la abierta complicidad de políticos serviles a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. 

Una situación obscena que se repite a todos los niveles. Sucede así en el ámbito mundial, donde un 1% de la población controla el 80% de la riqueza. En el que, como denuncia Oxfam Intermón en sus informes, la fortuna de solo cinco de los mega ricos más ricos (Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison y Warren Buffet) ha crecido en los últimos años a un ritmo de 14 millones de dólares por hora, frente al 61% de la población mundial (5.000 millones de los 8.120 millones de habitantes del planeta) que se ha empobrecido más en este período. Destacando que la fortuna de estas personas “ha pasado de 405.000 millones a un total de 869.000 millones desde el año 2020 hasta 2023, en solo tres años. Es decir, su riqueza se ha incrementado un 114,57%”.

Tendencia global

La ONG añade que esa tendencia continúa aumentando: en el pasado año 2024 “la riqueza conjunta de los milmillonarios se incrementó tres veces más rápido que en 2023.Creciendo, en promedio, a un ritmo de dos millones de dólares al día, y en el caso de los diez milmillonarios más ricos, a un ritmo de 100 millones de dólares al día”. 

En vivo contraste, el número de los que viven en la pobreza “apenas ha variado desde 1990” y 700 millones de personas subsisten con menos de 2 dólares al día. Es también profunda la brecha entre países del norte y del sur. Se calcula que en 2023 el 1% más rico del norte global ‘extrajo’ 263.000 millones de dólares de los países del sur. Unos estados empobrecidos, de baja renta per cápita, y en la que su población tiene muchas dificultades para poder acceder a la educación, la sanidad o los desarrollos tecnológicos. 

Por otra parte, la pobreza afecta sustancialmente más a las niñas y a las mujeres. Pese a los avances de las últimas décadas, la brecha salarial dista mucho de ser superada. Globalmente, ganan un 23% menos que los hombres por el mismo trabajo. 

Estado español, mal

En el Estado español, pese a los buenos datos económicos de los últimos años – con un crecimiento del PIB en torno al 3% y buenas cifras también en el presente 2025, con una subida estimada del 2,7%-, notablemente superiores a los del conjunto de socios de la Unión Europea, la desigualdad también es una persistente realidad. Según señalan los datos del INE y los informes más recientes de Oxfam Intermón (2024–2025), el 10% más rico de la población española posee más del 53% de la riqueza total. Mientras que el 1% más acaudalado concentra alrededor del 23% de la riqueza estatal.

Según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, ocho de cada cien personas en España viven con menos de 644 euros al mes por unidad de consumo y se encuentran en riesgo de pobreza. Asegurando que estamos ante una pobreza estructural que no elimina el crecimiento económico, sino una mejor distribución de la riqueza. Consideran, en este sentido, que es necesario “fomentar la inversión social y el papel protector del Estado (...) con un sistema fiscal progresivo más justo que aumente la capacidad redistributiva”. Y recuerdan, asimismo, que el pasado año las ayudas y prestaciones sociales, incluidas las pensiones, evitaron que 11,1 millones de personas engrosaran las filas de la pobreza. 

En Canarias, la desigualdad es aún mayor que en el conjunto estatal: el 1% de las familias más ricas controla entre el 27 y el 30% de la riqueza del archipiélago, y el 10% superior posee cerca del 60%. Dicho de otra forma, unas 8.500 familias acumulan alrededor de 60.000 millones de euros, lo que equivale al 27% de la riqueza total del archipiélago. La renta media anual del 10% con más riqueza supera los 55.000 euros por persona, mientras que la renta media general de Canarias ronda los 13.300 euros/persona.

Nuestros salarios se encuentran entre los más bajos de las nacionalidades y regiones. La tasa AROPE, que refleja el riesgo de pobreza y exclusión social, se sitúa en las Islas en 2024 por encima del 31%. En el Estado español es del 25,8%, cinco puntos porcentuales menos. Por otra parte, Castilla-La Mancha (13,0%), Canarias (12,4%) y Andalucía (10,9%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que reconocían que llegaban a fin de mes con mucha dificultad en 2024.

Canarias, peor

Un informe de la Universidad de La Laguna, realizado por encargo del Gobierno de Canarias, concluyó que “el 10 % de los hogares que más riqueza acumulan poseen aproximadamente el 60 % de la riqueza” y que la mitad inferior de los hogares (“el 50 % que menos tiene”) posee solamente entre el 2 % y el 4 % del total de la riqueza de nuestro Archipiélago. Apuntando, asimismo, que el 10 % más rico tiene entre 80 y 85 veces más riqueza que el 50 % más pobre en Canarias. En el resto del Estado esa relación es de entre 45-50 veces. 

A ello contribuye, según señalan algunos estudios, que las clases altas tienen en la adquisición de vivienda una de las maneras preferentes para incrementar rentas, lo que ahonda aún más en la desigualdad. De hecho, pese a no ser una comunidad rica aparece, en torno al 16%, en el segundo lugar en porcentaje de inversión en inmuebles, solo por debajo de Baleares (17,6%).

Récord tras récord de llegada de turistas, el PIB crece y la riqueza se concentra en manos de unos pocos. Mientras la mayoría de la sociedad canaria ve como retrocede su poder adquisitivo y se hace mucho más difícil acceder a una vivienda. El modelo económico y sus buenas cifras globales no se traduce en mejoras sensibles de las condiciones de vida de los hombres y mujeres de Canarias. El modo canario es la desigualdad.

A esa Canarias tan desigual contribuye un modelo absolutamente terciarizado, con bajos salarios y mucha precariedad. Así como políticas públicas que no contribuyen a un reparto de la riqueza generada, como las que impulsa un Gobierno de Canarias, el de las dos derechas, cuya primera y urgente medida tras tomar posesión en 2023 fue rebajar los impuestos a los más ricos. Una regresión fiscal que detrae recursos a la comunidad canaria -imprescindibles para afrontar nuestras numerosas carencias sociales- y solo busca beneficiar a quienes más fortuna poseen. 

Los últimos contra los penúltimos

Aceptar esas políticas fiscales y aliarse alegremente con quienes las impulsan y ponen en práctica es situarse de forma clara en el campo de las derechas más conservadoras. En nuestro caso, el de NC-bc, las seguiremos criticando y combatiendo, como hemos hecho siempre; y defendiendo impuestos progresivos, adecuada financiación de los servicios públicos, igualdad de oportunidades y mejores salarios y condiciones laborales.

Los datos son vergonzosos en todos los ámbitos: canario, estatal y mundial. Sin embargo, lejos de señalarse a los auténticos responsables de esas desigualdades lacerantes lo que se viene produciendo, paradójicamente, es un creciente choque entre sus víctimas: desempleados contra trabajadores, jóvenes contra pensionistas, autóctonos contra migrantes… Y, mientras esta maniobra de distracción funciona a la perfección, unos pocos continúan amasando escandalosas fortunas.