El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, considera que hechos tales como la querella del artista español Julio Iglesias contra el director de elDiario.es, Ignacio Esolar; y la que ha anunciado Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, contra el director editorial de infolibre.es, Jesús Maraña, son un intento de amedrentar a los citados profesionales para que no informen sobre ellos, o lo que es igual, no pretenden aclarar informaciones que consideren erróneas o perjudiciales sino atemorizar o infundir cierto miedo.

Lo ha escrito Yanel en un artículo publicado en un digital de Casilla la Mancha, titulado Contra el periodismo y contra el derecho a la información:

“Cuando un personaje millonario, o poderoso por otros motivos, se querella contra unos periodistas porque no le gusta algo que han publicado o han dicho, o porque lo consideran inexacto y perjudicial para él, no lo hace para aclarar los hechos. No. Si quisiera corregir lo erróneo de una información, les enviaría un escrito de rectificación, acogiéndose a la Ley Orgánica 2/1984, que regula ese derecho. Pero si interpone una querella y solicita penas de cárcel para los informadores, su objetivo está claro: amedrentar a esos profesionales para que no informen sobre él”.

Ese es el camino emprendido por el cantante y por el novio de la presidenta madrileña que se querellará, según ha anunciado, contra Maraña, si no rectifica unas afirmaciones que hizo en TVE. El director de infolibre.es, en su opinión, aprecia una doble vara de medir por parte de la Justicia y la diferente velocidad en la que son tramitados los asuntos en sede judicial, dependiendo de quién sea la persona acusada.

A la vista de los argumentos de las partes y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la prevalencia del derecho a la información frente a otros, el criterio principal es que cuando el periodista recaba información que es de interés general con la diligencia profesional exigible, como parece ser que han hecho en elDiario.es, se puede presumir -a la espera de la decisión de sus señorías- ninguno de los dos casos concluirá favorablemente para sus promotores en los juzgados.

Por eso, la FeSP ha sostenido públicamente que las acciones legales afrontadas ranto por Julio Iglesias como por González Amador representan un ataque al periodismo y al derecho a la información. “Los periodistas deben rectificar cuando se equivocan pero no se les puede pedir que dejen de informar sobre un asunto de interés general”, consigna Agustín Yanel en su análisis.

A primera vista, se trata de dos claros de las conocidas como ‘demandas estratégicas’ contra la participación pública. Claro, que la normativa de aplicación parece gustar poco, como lo prueba que, por un lado, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios debería estar incorporada a la legislación española desde el 7 de mayo del presente año pero ni, por otro, tal reglamento ni otra directiva relacionada, también de rango comunitario, básicos para defender el derecho a la información, se están valorando y teniendo en cuenta tal inhibición, por llamarla de alguna manera, no es de extrañar que las previsiones explicitadas sean pura ilusión.

Julio del presente año quedó atrás, ya es historia. Entre las hojas del almanaque, hay que consignar que el jueves 30 se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas. Pero la trata no espera a que llegue una fecha señalada para seguir captando, trasladando, explotando y destruyendo vidas. Desde el 24 de junio, Venezuela volvía a ocupar titulares por un terremoto que ha dejado a miles de personas enfrentándose, una vez más, a la incertidumbre, a la pérdida y a la ruina.

Y mientras la mayoría observamos esas imágenes con tristeza, una organización respetable, Cáritas Diocesana de Canarias, afontó las consecuencias de la tragedia que, como otras, acapara la atención informativa los primeros días hasta que se va diluyendo. Lo escribe Idaira Alemán Afonso, coordinadora del Centro Lugo de Cáritas Diocesana de Canarias: “Cuando una familia pierde su casa, su trabajo o la posibilidad de alimentar a sus hijos e hijas, la desesperación deja de ser splo una emoción para convertirse en una oportunidad de negocio para quienes viven de explotar a otras personas. Las redes de trata conocen perfectamente ese momento. Saben que una falsa oferta de empleo resulta mucho más creíble cuando alguien siente que no tiene nada que perder. Saben que una madre hará casi cualquier cosa si cree que así podrá sacar adelante a sus hijos e hijas. Saben que el hambre, las deudas o la necesidad de enviar dinero a quienes lo han perdido todo reducen el margen para decir que no. Y saben también que muchas mujeres que ya están siendo explotadas asumirán todavía más violencia para poder continuar enviando más dinero a casa. Las catástrofes no sólo destruyen hogares. También multiplican la vulnerabilidad de quienes ya vivían al límite. Y la vulnerabilidad es el lugar donde la trata encuentra su mejor aliado”.

Desde el citado Centro Lugo llevan treinta y ocho años acompañando a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata, 655 mujeres en el pasado 2025. Mujeres que un día salieron de su país creyendo que emprendían un viaje hacia una vida mejor. Mujeres que solo querían trabajar, cuidar de sus familias, ofrecer un futuro diferente a sus hijas e hijos o, simplemente, sobrevivir. Hoy, muchas de ellas son venezolanas. En los últimos años hemos visto, en efecto, cómo su presencia ha aumentado de forma constante. Es la nacionalidad más numerosa por detrás de la colombiana y solo en el primer semestre de este año se ha atendido el 89 % del número total de mujeres venezolanas atendidas en todo 2025.

Hemos conocido historias atravesadas por la pobreza, la violencia, la inestabilidad política, el hambre, la desesperanza y la ausencia de oportunidades. Y después de tantos años caminando junto a ellas, hemos aprendido algo esencial: la trata empieza mucho antes de la explotación, empieza cuando una mujer deja de tener alternativas. “Pero también hemos aprendido otra cosa -escribe Idaira Alemán-: la trata no existe únicamente porque existan tratantes, existe porque persiste un mercado dispuesto a comprar aquello que ellos venden. Mientras haya hombres que paguen por acceder al cuerpo de una mujer, el negocio seguirá siendo rentable. Mientras sigamos creyendo que la prostitución ocurre lejos de nuestra vida cotidiana, continuaremos alimentando el silencio que protege a quienes se enriquecen explotando a otras personas. Nos incomoda hablar de prostitución. Nos incomoda hablar de demanda. Nos incomoda reconocer que detrás de muchas puertas hay hombres integrados en nuestra sociedad sosteniendo una industria que mueve miles de millones de euros. Pero lo verdaderamente incómodo debe ser aceptar esa realidad sin hacer nada. A menudo escuchamos frases como ellas están ahí porque quieren, es el trabajo más antiguo del mundo o ¿por qué no se marchan? Y siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿Cómo hemos conseguido construir un relato en el que resulta más fácil cuestionar a una mujer explotada que a quien obtiene beneficios de su explotación? Porque detrás de cada anuncio hay una historia que casi nunca vemos. Hay una deuda. Hay una amenaza. Hay una familia a la que mantener. Hay una frontera cruzada con la promesa de una vida mejor. Hay miedo. Hay violencia. Hay trauma. Hay una persona intentando sobrevivir”.

La dirigente de Cáritas afirma que seguirán tocando puertas y compartiendo un café alrededor de una mesa. “Seguiremos creyendo en las mujeres incluso cuando ellas hayan dejado de creer en sí mismas. Pero ojalá llegue el día en que nuestro trabajo deje de ser necesario. Ojalá llegue el día en que ningún terremoto, ninguna guerra, ninguna crisis económica y ninguna frontera vuelvan a convertirse en una oportunidad para quienes hacen negocio con la desesperación humana. Porque ese será el día en que habremos entendido que ninguna sociedad puede llamarse verdaderamente libre, mientras exista una sola mujer cuya libertad pueda comprarse por horas”, concluye.

Nuevo gobierno en el Reino Unido tras el nombramiento el pasado lunes del laborista Andy Burnham. Los conocedores de la realidad británica señalan que el cambio político ha de reflejarse significativamente en la gobernanza del país que se plasmaría en el nuevo gabinete ministerial que encara un objetivo claro: afianzar su autoridad y marcar distancias con el desempeño de su predecesor, Keir Starmer.

Canarias, turísticamente hablando, debe estar atenta a la alternativa que surge. Efectivamente, la Asociación de Agentes de Viajes y Touroperadores de Reino Unido (ABTA, por sus siglas en inglés), en la que están agrupadas más de tres mil quinientas marcas del país, está tomando posiciones ante las políticas que despliegue el nuevo ejecutivo. Ante este nuevo panorama, ABTA ha manifestado que está plenamente preparada para reorientar su actividad parlamentaria hacia el ejecutivo laborista entrante. La organización turística intensificará sus contactos con los funcionarios, asesores y nuevos ministros que asuman sus carteras en estos días.

Anotemos que el mercado británico representa, aproximadamente, el 35% de las llegadas y de la facturación turística en Canarias, aportando unos ocho mil millones de euros anuales y superando los seis millones de visitantes cada año. Estos datos clave del impacto de este mercado se complementan con los del gasto medio de los visitantes (unos 191 euros por día), con estancias promedio de ocho días. Responsables públicos y del sector privado coinciden en resaltar el peso de los turistas ingleses en afluencia e implantación comercial, tal es así que en alguna isla, como Lanzarote, el volumen turístico del Reino Unido llegó a superar el 50% del total de visitantes en períodos recientes.

Lo que está haciendo ABTA, según publica el digital tourinews.com, es llevar a cabo reuniones con el sector para posicionar en la agenda del nuevo gobierno asuntos críticos para el turismo, como la revisión del Reglamento de Viajes Combinados, la implantación del Sistema de Entrada y Salida de la Unión Europea y el desarrollo de una nueva estrategia de crecimiento turístico y de combustibles de aviación sostenibles. Asimismo, la patronal mantiene la presión para lograr un acuerdo de movilidad juvenil con la Unión Europea (UE) que mitigue el impacto del brexit.

Son previsores experimentados los ingleses pues tratan de desarrollar una estrategia da continuidad a la intensa labor que han atesorado en los últimos doce meses, periodo en el que han mantenido conversaciones con más de 250 parlamentarios. Luke Petherbridge, director de Asuntos Públicos de ABTA, por ejemplo, subrayó la importancia de mantener un programa de relaciones institucionales para influir de forma real en los responsables políticos. “La verdadera influencia se logra con un programa de asuntos públicos equilibrado y sostenido”. En este sentido, reafirmó el compromiso de la asociación de seguir trabajando mano a mano con el nuevo ejecutivo de Burnham, con el fin de asegurar un entorno político favorable que permita a la industria turística prosperar y seguir contribuyendo de manera decisiva al crecimiento económico del Reino Unido.

A la espera de contrastar estas impresiones con Pepe Barreiro, el empresario gallego afincado en las islas que más sabe de los movimientos de los ingleses, a eso se le puede llamar promoción con fundamento.

La reanudación de la temporada en los medios de comunicación ha significado la entrada en la escena de algunos fichajes, el cambio de logos en los micrófonos desde los que ahora hablan y la continuidad en sus casas de quienes pueden presumir de veteranía y se han convertido en pilares de mantenimiento de audiencias. El proceso está aún a la espera de completarse pero ya se aprecian los perfiles que indican la competencia que, en algunos casos concretos, seguirá siendo feroz.

Como durísima va a resultar la que enfrente, no solo al ámbito mediático en el plano radio/televisión, sino a los participantes en su mayoría contagiados del encono que caracteriza a la aparición de políticos. Difícilmente, eluden alguna identificación ideológica -lo cual no es malo, siempre y cuando se conduzcan por la vía del raciocinio, sean capaces de enhebrar un discurso coherente y aporten datos con los que sustentarlo-, en tanto a menudo se enfrascan en un rifirrafe dialéctico que, cuando se produce, va marchamo de sufrir un corte radical por parte del moderador o una interrupción de esas que llaman la atención de telespectadores o radioescuchas. Lastimosamente, a veces -cada vez más- se pierden las formas y aquello se convierte en una contienda de tono bronquista insoportable.

Alguien se preguntaba días pasados en un artículo de opinión: ¿en una tertulia, es necesario confundir a un sinvergüenza de cloaca con un profesional de la información? La libertad necesita respetar opiniones que tradicionalmente se identifican con la derecha, el centro o la izquierda. ¿Pero tiene eso algo que ver con ofrecerle una pantalla a una persona indecente? Posiblemente la pregunta contenga la clave, o lo que es igual, ahí estriba el pecado original.

Son reflexiones que los consumidores de información -de opinión en este caso-, con sus preferencias, sus inclinaciones y sus fundamentos, deben hacerse si lo que se quiere es defender el valor del periodismo como una columna imprescindible para las sociedades democráticas. La historia nos ha enseñado -podía leerse en el artículo- que cualquier injerencia del poder político acaba convirtiéndose en un peligro para la libertad de expresión. Pero también nos ha enseñado la labor que puede desempeñar un Consejo Consultivo, formado por profesionales de prestigio, que vigile con independencia la dignidad informativa en un amplio escenario de asuntos e intereses.

Y volviendo al principio y a la responsabilidad de la ciudadanía, hay que tener en cuenta un hecho primordial: el buen periodismo cuesta dinero. Si no lo pagamos nosotros, dejamos las manos libres a los que quieren invertir en la manipulación de nuestras opiniones y nuestras conciencias. Por eso resulta también necesario leer y escuchar a los que no opinan como nosotros. Aunque vengan servidas en bandeja de plata, aptas para discrepar. Y duelan, que también.

La aprobación la Ley de Municipios Turísticos por parte del Parlamento de Canarias la pasada semana, ampliamente consensuada -solo la ultraderecha se apuntó al abstencionismo- nos retrotrae a tareas de tiempos pasados (segunda legislatura autonómica y mandato municipal 1995-99), en que unos pocos especialistas y versados en el hecho turístico se esforzaron en el reconocimiento jurídico específico de este carácter para que los ayuntamientos, principalmente, vieran garantizada la financiación de sus presupuestos a la hora de afrontar el capítulo dedicado a la prestación de servicios que, en su caso, eran muy superiores, cuantitativamente hablando, a los ordinarios para un padrón de habitantes de pleno derecho bastante inferior. En aquella época, y también en años anteriores, se acuñó un concepto, población asistida, que luego dejó de gustar. Primero se pensó en un Estatuto del Municipio Turístico y luego se fueron sucediendo interminables debates tratando de concluir cuál era -en todas las islas- la plena condición turística que habría de apellidar o distinguir a un municipio turístico.

La norma, impulsada inicialmente por trece ayuntamientos y asumida después por el conjunto de las entidades locales a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), en efecto, crea por primera vez ese régimen jurídico específico para los municipios cuya actividad está marcada por el turismo y que prestan servicios públicos a una población muy superior a la empadronada.

La norma establece dos categorías: municipio turístico de excelencia de Canarias y municipio turístico de singularidad de Canarias. Para obtener la consideración de excelencia, la ley distingue que los ayuntamientos deberán acreditar dos de tres requisitos: que su población turística anual sea cinco veces superior a la empadronada, contar con al menos cuatro mil plazas de alojamiento turístico o disponer de plazas o unidades alojativas de cinco estrellas iguales o superiores al 10 % de la población empadronada. Además, la actividad turística deberá representar más del 15 % de la economía municipal, mediante informe del Consejo Económico y Social o de una de las dos universidades públicas canarias.

Para ser municipio turístico de singularidad, la ley exige acreditar al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística suponga más del 5% de la economía local, aunque en las islas verdes y los municipios de reto demográfico bastará con un recurso singular. La declaración corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto, a solicitud del ayuntamiento interesado, previo acuerdo plenario por mayoría absoluta, y tendrá vigencia indefinida, salvo pérdida de los requisitos, incumplimientos reiterados o renuncia expresa.

Los municipios turísticos, según el texto aprobado, tendrán derecho a usar esa denominación, incorporarse a programas autonómicos e insulares de promoción, participar en órganos consultivos turísticos y ser tenidos en cuenta en políticas de infraestructuras y servicios que incidan en el turismo. También asumirán obligaciones como adaptar sus ordenanzas, aprobar instrumentos de planificación turística municipal, mantener espacios públicos, proteger el patrimonio natural y cultural, reforzar servicios turísticos, impulsar la movilidad sostenible y favorecer la participación ciudadana. Entre los servicios específicos que deberán prestar figuran la vigilancia ambiental, el refuerzo de la limpieza en zonas de uso turístico, el control de ruidos, la vigilancia y socorrismo en playas, la información turística accesible y la actualización de portales web con información para visitantes.

No son pocas ni residuales las competencias reservadas a los municipios turísticos. Al revés, se convierten en una exigencia que obligará a replantear muchas cosas a alcaldes, concejales, organismos y consejos específicos.

En pocas palabras, se abre una nueva etapa de exigencias. Y hasta de retos. Dotacionales, inspección y fiscalización. Que sean conscientes quienes se han desentendido o solo les ha preocupado salir en la foto o asistir a una cuchipanda.

Suele ocurrir en las transmisiones televisivas del Campeonato Mundial de Fútbol. Desde aquel ya lejano de 1966, en Inglaterra, recordamos leer en la sección Envido 7 del periódico El Día, comentarios sobre la pronunciación de los nombres y apellidos de los jugadores, entrenadores y árbitros a cargo de los relatores. Silar por Uwe Seeler, fue objeto, por ejemplo, hasta de una polémica entonces. Ahora, sesenta años después, el fenómeno ha reverdecido en medio de pausas de hidratación -al final otro negocio de los yankees y de la FIFA, por supuesto- y de incontables cortes publicitarios que ahuyentan la atención del telespectador.

Lo ha revuelto el periodista y crítico cinematográfico y televisivo Carlos Boyero, a quien no le gustan (confiesa en El País), las transmisiones de TVE de las confrontaciones mundialistas, a las que objeta hasta la narración de Juan Carlos Rivero. “Es lamentable tener que ver un espectáculo como el Mundial de fútbol despojándolo del sonido. Por estricta salud mental”, ha criticado Boyero, quien se queja de tanta caspa en los comentarios y la narración, haciendo bueno aquel poema que le dedicara Joaquín Sabina cuya primera estrofa decía: “Su oficio es escupirle al firmamento/ su vicio, vomitar en las medallas/ su gramática parda y su talento/ se crecen al fragor de las batallas”.

Por eso el debate va más allá de la diferencia entre fonética y fonología. El mismo Boyero no cree que la masa esté de acuerdo con la ausencia de ruido. El fútbol tiene su run-run peculiar, ese que cuando se apaga el (sonido) ambiente, porque una afición se resigna o no reacciona o porque la presumible ganadora se divierte con cánticos y politonos, hace que parezca un espectáculo languideciente y sin alma. Hasta que vuelve a sonar el himno nacional. Y vuelve a rugir la masa para estimular el quehacer de los relatores que, en algunos casos, puede ser una fuente voluble de caudal ilustrativo o, mala suerte, de gazapos intercalados.

Es cuestión de gustos, de adaptaciones y de exigencias. La comunicación oral, en el espectáculo deportivo, principalmente el futbolístico (que es el que más conocemos, sufrimos o disfrutamos), llena más, en cualquier caso, que las redes sociales.

En una de las primeras conversaciones que desde la madrugada del jueves mantenemos con el compañero Gustavo Armas, tratando de hacer un seguimiento de los terribles seísmos en Venezuela, coincidíamos en una apreciación de las imágenes: ¿dónde está el Ejército, donde la Guardia Nacional? Eran las primeras pruebas de la tragedia, los derrumbes, los escombros, los amasijos, la destrucción, las ruinas… Pero allí no veíamos a miembros de las Fuerzas Armadas apellidadas también Bolivarianas. Han tenido que pasar horas y días para que las emergencias y los rescates tuvieran activa participación militar, como otras tantas veces en situaciones de este tipo.

Alguna explicación habrá, desde luego, para esa ausencia que habrá sido suplida luego, esperemos que con creces, como exige la magnitud de la tragedia que llegó inopinadamente, de acuerdo, pero pareciera que con todo preparado para multiplicar los efectos de la devastación.

Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela al atardecer de la festividad de San Juan no solo movieron la corteza terrestre. Sacudieron también la fragilidad de un país que lleva unos veintiséis años viendo derrumbarse, poco a poco, mucho antes de que cayera el primer edificio. Un terremoto no distingue ideologías. No pregunta por partidos políticos. No vota. Pero sí encuentra lo que los seres humanos hemos construido… o destruido.

Algunos estudios señalan que Caracas parecía experimentar movimientos destructivos aproximadamente cada cincuenta o sesenta años —como el terremoto de 1967, que marcó a toda una generación— y terremotos verdaderamente catastróficos alrededor de cada dos siglos, como el devastador sismo del Jueves Santo de 1812.

Mientras se recuerda la historia y los estudios, una frase sencilla y al mismo tiempo escalofriante envolvía el pensamiento de miles de venezolanos:

-Nos tocó esta vez.

Y para ello había que estar mejor preparados. Sólo basta comparar los registros de las repercusiones de temblores en otras zonas del mundo. No es que la sismología permita predecir fechas pero es una cuestión de prevención -en todos los órdenes- de civismo y hasta de cultura. La naturaleza, cierto, no funciona como un reloj pero ya Bolívar revelaba su estimulante rebeldía cuando palpaba sobre los escombros las consecuencias del terremoto de 1812.

Y justamente por eso duele más.

Porque durante esos más de doscientos años, hubo que haber construido ciudades y edificaciones más resistentes, instituciones más sólidas, planes de emergencia mejor preparados y una cultura permanente de prevención.

En cambio, el terremoto encontró un país exhausto.

Durante décadas, Venezuela tuvo instituciones capaces de responder a emergencias con daños de evaluación casi imposible. O eso era lo que se publicaba. Gustavo Armas lo comentaba con admiración cuando entraba en la redacción y descansaba sus cámaras. Había protocolos, mantenimiento, planes de contingencia, hospitales que funcionaban, cuerpos de rescate dotados e infraestructura relativamente sólida. Hoy, después de más de un cuarto de siglo de deterioro sistemático, la naturaleza encontró un país mucho más vulnerable de lo que debía ser. Antes, golpes de Estado, dictaduras, frágiles democracias, libertades a veces mal protegidas, alternancias en el poder y hasta una revolución a la que algunos osaron calificar bonita.

Pero hay algo aún más doloroso: el terremoto ocurrió en el peor momento imaginable.

No porque existan buenos momentos para una tragedia de esta magnitud, sino porque Venezuela ya vivía una emergencia humanitaria antes de que la tierra decidiera recordarnos su fuerza. Millones de venezolanos necesitaban ayuda humanitaria antes del primer temblor; ahora esa necesidad se multiplica.

Los hospitales llegan debilitados, por no decir en el piso, después de años sin inversión. Las ambulancias son insuficientes. Los servicios públicos apenas sobreviven. El suministro de agua ya era precario antes de que se rompieran las tuberías. La electricidad ya fallaba antes de que colapsaran nuevas líneas. Las carreteras ya estaban heridas antes de abrirse nuevas grietas.

Cuando todo funciona mal, cualquier emergencia se multiplica. Seguro.

Algo lejanos quedan ya los tiempos en que una organización política -puede que de otro carácter también- exigía que cualquier solicitud de ingreso viniera acompañada de la firma de dos o tres avalistas, una forma -principalmente durante la advenediza democracia- de fiscalizar mínimamente las incorporaciones de gente llegada de otras localidades y era cuasi perfecta desconocida en los ámbitos o círculos en donde iba a cohabitar. Poco que ver la identificación o desafección con aquel desaparecido Movimiento cuyo carácter constaba -puede decirse que para los restos- en los registros o archivos de aquel sustrato político preconstitucional.

Aquel “requisito” -y no queda más remedio que entrecomillar el término- se fue flexibilizando hasta prácticamente desaparecer. Se partía de un principio: afiliarse a una organización política era un acto volitivo de una persona mayor edad, se supone que consciente, identificada con los módulos de participación y con postulados programáticos, dispuesta a asumir reglamentos y resoluciones disciplinarias con mayor o menor formación política y con desigual bagaje ideológico. Los partidos necesitaban incrementar sus censos de afiliados. Algunos, a la vista de que la filiación era más bien un freno, crearon la figura del simpatizante, que era un modo de integrarse pero más blando o moderado: se trataba de captar pero sin presionar o exigir. La regulación intrapartidaria de la participación era variable y nunca quedó muy clara a efectos jurídicos. No es que los aparatos de dirección miraran para otro lado pero, ciertamente, se descuidaron, al menos en la organización socialista que es, para nosotros, la más conocida.

Importaba sumar, casi a cualquier precio. Claro, la política ha generado, por muy distintas causas, tal nivel de desafección y de comodidad individual elusiva de responsabilidades que propiciar medidas para intentar congregar a personas que reúnan los requisitos exigibles parecen mecanismos de disuasión.

Pero la gran verdad es que algo tendrán que hacer las direcciones de todos los niveles con tal de superar los evidentes riesgos que supone incorporar a filas a personas que han revelado comportamientos abstrusos e inaceptables, especialmente desde el ángulo ético y no digamos cuando incurren en comisiones delictivas. A las mismas -respetemos, por supuesto, la presunción de inocencia- les da igual actuar con tal de aprovecharse, se prevalen de posiciones relevantes en administraciones públicas para influir o aprovecharse, carecen de escrúpulos. Y por supuesto, no son conscientes del enorme daño que causan a la organización a la que un día accedieron se supone que con la intención de ser útiles e interactuar en beneficio de la colectividad. Habrán comprobado lo fácil que es la generalización injusta y lo pronto que prende un juicio de valor negativo para todos los que decidieron abrazar un ideal político por un comportamiento inapropiado de tres o cuatro los garbanzos negros, que dicen- que no responde a lo que debe aguardarse. Así, esa creencia cada vez más extendida, enriquecerse, aprovecharse en el ejercicio de las políticas públicas. Así, desmoralización, cansancio, rechazo, descrédito, desafección, repulsión…

Y la democracia, sufriendo.   

Las circunstancias quisieron que coincidiéramos en el espacio de RadioTelevisión Canaria (RTVC), ‘Buenos días, Canarias’, durante el que se transmitía la llegada de un cayuco al puerto de La Restinga, en El Hierro, hace poco más de un año. El imprevisible final tenía reservada la carta de la zozobra de la embarcación que, según se supo con posterioridad, procedía de Guinea Conakry, a más de dos mil kilómetros del enclave herreño, con unas ciento cincuenta personas a bordo.

Estábamos en plena conexión. Fue una experiencia singular, de esas que se viven con una intensidad fuera de lo común, en vivo y en directo, como suele repetirse hasta en los ‘spots’ promocionales ya en desuso. Pasaban los minutos, la tensión fue creciendo, el cayuco había volcado, cuando ya tocaba los diques del pequeño embarcadero…, a duras penas, con la imagen reflejada en las pantallas interiores, mientras se sobresaltaba -sin que apenas se notara- la ilación del relato de la periodista presentadora y coordinadora, Pilar Rumeu, consciente de la gravedad de la situación y con mucho temple, mascándose la tragedia indeseada, la impotencia en la distancia pero también allí en el Mar de las Calmas, donde gritos, brazos, saltos, lamentos y movimientos a la desesperada convergían en una precipitada y apurada operación de salvamento y rescate, en la que participaban no solo los operarios de Salvamento Marítimo, una unidad Salvamar, sino también voluntarios, cruzrojistas y miembros de clubes de buceo (Si alguien aún dudaba de lo que es la solidaridad activa, allí pudo comprobar cómo los resortes, en tratándose de vidas humanas, funcionaron con diligencia).

Se entrecortaba, como es natural, el relato de Eduardo Pulido, redactor de RTVC, y el desespero de los noes de su cámara, Maribel Armas, desbordados ambos ante el suceso cuya magnitud aún se desconocía. Se sabía que ellos estaban allí, que su testimonio era de una gran trascendencia periodística y mediática, que eran notarios afectados por el dolor y la impotencia. Juani Brito, la directora del programa, se movió con su destreza habitual, ultimando esos detalles que, inapreciables, son de gran valor sobre todo en los directos. Y aquel era uno de primerísimo orden. Porque ante todo, fueron periodistas: lo que veían y contaban iba a ser imagen de portada, eran las secuencias de aquello que debían visionar las autoridades y representantes institucionales que se reunían por enésima vez en el lugar de los hechos, en busca de una solución exenta de peligros y de riesgos, una solución a esa tragedia humana que no distingue entre hombres, mujeres y niños, embarazadas y nadadores que apenas flotan o de hecho no saben y que, según se supo, se cobró en La Restinga siete víctimas más. Eran las imágenes y el desespero que debían ver esos comisionados y si alguien las pasa a las autoridades de los países africanos y a las mafias traficantes de seres humanos, aunque dudemos de su dolor, mejor; a ver si las conciencias impulsan otras medidas pues una cosa es intentarlo, a la desesperada, en busca de la tierra de promisión, y otra muy distinta, jugarse la vida.

Murieron en la orilla, al cabo de más de dos mil kilómetros de su partida. Su travesía solo sirvió para eso: para morir. Qué cruel y qué triste. La experiencia, a nuestros años, también marcó. Y días pasados, coincidiendo con el Papa León XIV por estos lares, con tantos mensajes sustanciosos tan cerca del escenario del drama, merece ser recordada.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife considera que ni Abreu (veinticinco años como regidor) ni el secretario se lucraron con la adjudicación de las obras, pese a que resultan probadas unas irregularidades sobre la contratación que, en todo caso, según la instancia judicial, no llegan al grado de arbitrariedad e injusticia necesario para constituir un delito penal ni tampoco una apropiación indebida de fondos públicos. Se subraya en la resolución judicial la falta de acreditación de lucro personal por parte de los dos acusados, en aquel momento alcalde y secretario del Ayuntamiento.

O sea, Aurelio, que bienvenido al mundo de quienes han desarrollado buena parte su carrera política en esa cada vez más intrincada administración local, preñada de dificultades no solo en la disposición o habilitación de soluciones que superen las trabas económico-financieras sino en administración de recursos, materiales y personales, con la agilidad necesaria para sobrepasar las dificultades y las limitaciones o escasez. Has sufrido, vaya que sí. Tú y los tuyos que han compartido un tortuoso camino. Sabes bien que esto se ha vuelto cada vez más exigente. Benditos sean la vocación y el voluntarismo de entonces cuando creíamos que eran, al menos, una buena parte de las soluciones que eran requeridas. Ya no bastan y de eso tienen que aprender y mucho quienes, teniendo más o menos vocación, piensan dedicarse a la política pero sin hacer de ella un medio de vida. Qué bien suenan, al menos desde la distancia, las dedicaciones parciales que no disminuyen las responsabilidades jurídico-administrativas, de acuerdo, pero hacen ver la realidad de una manera más palmaria y más consecuente. No se trata de atemorizar sino de prevenir.

¿Que eso dilata la toma de decisiones? Pues lo que haga falta con tal de dar pasos seguros. Un Estado de derecho debe funcionar mejor, para bien, sobre todo, de los administrados. Entonces, sus representantes, quienes han elegido, deben estar a la altura y valerse con asesoramientos adecuados, principalmente en la fase de estudio y debate. Prevenir mejor que curar, seguro.

Aurelio Abreu estará respirando y conviviendo con más tranquilidad. Claro que se ha quitado un peso de encima. Esa absolución acredita que procuró siempre lo mejor para su pueblo y para sus gentes. Cierto que las penas de los informativos mediáticos y de las tertulias pluriopinativas irresponsables -pues no tienen reparos ni testimonios que siquiera apelen a la presunción de inocencia- no se las quita nadie. Dio una lección de resistencia y confianza. Los alcaldes de ahora prefieren el postureo y las redes sociales de (auto)promoción directa. Aurelio, alcalde absuelto. 

La Encuesta de Satisfacción de los Turistas Internacionales (ESTI 2025), elaborada por Turespaña, a partir de más de 20.000 entrevistas a visitantes no residentes, puntúa la satisfacción de los viajeros internacionales con 9,3 sobre 10, según adelantó el organismo autónomo encargado de la promoción de nuestro país como destino turístico.

En efecto, el 69,5% de los turistas internacionales que visitó España el año pasado se muestra “muy satisfecho” de su viaje, frente al 60,7% del año 2022. El estudio refleja “valoraciones especialmente altas en entorno, infraestructuras, oferta de ocio y movilidad”. De acuerdo con esta encuesta, el porcentaje de turistas muy satisfechos (máxima puntuación en escala 1 a 5) “mantiene una tendencia creciente desde el inicio de la encuesta en 2022, hasta alcanzar el 69,5% en 2025, lo que refleja un fortalecimiento continuo de la experiencia turística en España”.

Como decimos, se habla de “valoraciones especialmente altas en entorno, infraestructuras, oferta de ocio y movilidad”. Si se fijan, son casi los mismos aspectos que los profesionales del sector (al menos en la isla) suelen trasladar, pero en sentido inverso, a las autoridades y cargos públicos cuando tienen oportunidad en algunas de las reuniones que se convocan para recibir quejas, intercambiar criterios y sondear opiniones sobre alguna actuación o proyecto.

En alojamiento, destacan la calidad de las habitaciones y la relación calidad/precio; en restauración, el ambiente y la experiencia del espacio “son determinantes”; en entorno, factores como la tranquilidad y la limpieza actúan como principales palancas de satisfacción; y en ocio, “la oferta cultural sobresale como el elemento mejor valorado y con mayor peso en la satisfacción”.

Según explica Turespaña, “uno de los resultados más relevantes del informe es la estrecha relación entre satisfacción y fidelidad. Los turistas que alcanzan niveles máximos de satisfacción presentan una probabilidad significativamente mayor de volver a España y de recomendar el destino, generando un potente efecto de prescripción internacional”.

Para el director general de Turespaña, Miguel Sanz, “la elevada satisfacción de nuestros visitantes es la mejor garantía de fidelidad y refuerza nuestro modelo turístico, basado en la excelencia, la sostenibilidad y la generación de valor”. Los turistas que repiten destino, así como los que viajan en pareja y en familia son los segmentos con mayores niveles de satisfacción.

Pero atención, porque a pesar de los buenos resultados, genéricamente hablando, el informe también refleja “una percepción desigual de la sostenibilidad”, según apunta Turespaña. Por un lado, “los turistas valoran positivamente los aspectos medioambientales, como la gestión de residuos, el reciclaje o el uso eficiente de recursos”. Por otra parte, “los aspectos de sostenibilidad social, como la masificación o el impacto sobre la población local, presentan valoraciones más moderadas y tienen menor peso en la satisfacción, lo que indica que estos aspectos sociales son menos vinculados a la sostenibilidad en la percepción del visitante”, según señala Turespaña.

En esto debemos fijarnos todos, especialmente promotores, empresarios y profesionales del sector. Para los mentores de la encuesta, hay que hablar muy en serio de acciones prioritarias como “consolidar los avances en sostenibilidad medioambiental, reforzar la comunicación y visibilidad de la sostenibilidad social y mantener la inversión en los principales conductores de satisfacción, como el entorno y las infraestructuras”.

O sea, que satisfacción sí, pero atención a lo que no debe descuidarse, a seguir siendo exigentes con el mantenimiento, protección y cuidado de lo que se ofrece. Según concluye Turespaña, “la mejora continua de los niveles de satisfacción, junto con el nuevo enfoque metodológico de la encuesta, proporciona una base sólida para seguir avanzando en la adaptación del destino a las nuevas demandas del turismo internacional”.

Entrada la noche de ayer, cuando se apagaban los ecos de la festividad de la Comunidad Autónoma, circuló la noticia desde la capital grancanaria: falleció Armando Marcos Placeres, periodista, profesional de la comunicación radiofónica y televisiva que durante décadas proyectó no sólo su sello personal sino el de un estilo periodístico labrado en la vieja escuela y contrastado en ambientes y destinos que acreditaron su solvencia.

Su corazón se paró a los 78 años, acaso cuando menos se esperaba, después de haber superado no pocos ataques y achaques que él sobrellevó con un clínico espíritu descriptivo y con frases que siempre alumbraban un cierto optimismo que Armando sacaba no se sabe de dónde.

Le conocimos en los años noventa del pasado siglo, en la primera etapa de nuestra estancia en Las Palmas de Gran Canaria, él todavía en el centro de producción de Radiotelevisión Española (RTVE), donde presentaba los informativos y conducía programas de debate que se realizan en el hotel Santa Catalina. Cuando le dijimos que aún recordábamos crónicas que enviaba desde Londres, donde trabajó junto a José Antonio Plaza, histórico corresponsal del medio público, casi no se lo creía y mostró interés en revelar episodios de lo él mismo llamaba “una etapa inolvidable”.

En aquellas fechas supimos de sus vínculos familiares con Alfonso Silva Placeres, que se había forjado en el Real Club Victoria antes de fichar por el Atlético de Madrid con el que fue dos veces campeón de Liga y que tantos aficionados cosechó en las islas. Armando siempre hablaba de la depurada técnica de su pariente que fue internacional en cinco ocasiones y disputó el célebre Campeonato Mundial de 1950.

El periodista grancanario cubrió una etapa primorosa en la televisión pública de las islas. Popularizó su rostro y una voz muy peculiar. Celoso con su trabajo, preparaba y cuidaba con mimo sus apariciones. Le valieron de mucho sus antecedentes, entre los que figuraban su estancia en Londres, como corresponsal, la que registró en Radio Atlántico y después Radiocadena Española, de la que fue director regional. Cultivó, como pocos, el respeto a los guiones y escaletas. Luego formó parte de los servicios Informativos de TVE en Las Palmas, donde fue emblemático presentador del Telecanarias, además de otros programas de contenido informativo y de ocio. Su voz ha sido reconocida para varias generaciones de oyentes y espectadores. En la etapa final de su trayectoria llevó a cabo reportajes e investigaciones de la oferta turística en Gran Canaria. También colaboró con los medios del Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC).

Se ha ido para siempre una persona muy apreciada dentro y fuera de la profesión periodística. Reciba María del Carmen, su viuda, y sus hijos, este merecido testimonio de respeto y afecto.

Hasta siempre, amigo. 

“La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, no a ser bombardeada con basura”, ha reflexionado, en una larga entrevista emitida en youtube, el magistrado Joaquim Bosch, muy activo en debates y distintos medios de comunicación principalmente en asuntos de justicia y democracia. De ello se hace eco Israel Molina Gómez en el digital El HuffPost. La frase, en una época en la que arrecian bulos, sesgos y desinformación, resulta contundente.

Bosch abordó en su intervención el fenómeno de los pseudomedios, las granjas de bots y los algoritmos que amplifican contenidos falsos en redes sociales. Todo ello después de que le preguntaran si considera necesario endurecer la legislación frente a los bulos.

Bosch, al respecto, admitió que no tiene claro que el Código Penal sea la primera herramienta para afrontar este problema, pero sí cree que la desinformación se ha convertido ya en “una amenaza muy seria para el sistema democrático”. En varias ocasiones hemos expresado una opinión similar. Los riesgos no han desaparecido. Al contrario, están latentes y algunos hechos, como la expulsión de algunos activistas del Congreso de los Diputados o la impunidad con la que han actuado en sus acosos a personajes y cargos públicos, ponen de relieve que sus métodos y formas de actuar son una verdadera amenaza para la convivencia democrática. El Partido Popular debería tomar buena nota de estos sucesos pues su inhibición o su desapego no siempre resultarán favorables.

Durante la conversación en youtube, el juez Bosch describe un ecosistema digital dominado por “falsedades” y “desinformación industrializada”, impulsada por estructuras perfectamente organizadas. “Nos encontramos ante el reto de tener que actuar ante una mentira industrial difundida a través de granjas de bots que vienen a ser una red de dispositivos o programas automatizados que ejecutan tareas digitales de manera masiva y coordinada, con fines tanto legítimos como maliciosos y organizaciones muy bien engrasadas económicamente”, sostuvo el magistrado.

Durante su intervención, Joaquim Bosch consideró que el problema se ha agravado enormemente con la aparición de las plataformas digitales y los algoritmos que multiplican el alcance de determinados mensajes.

“Hoy se generan auténticas bolas de nieve que vulneran los derechos de la ciudadanía y contra las que es muy difícil responder con los instrumentos jurídicos que tenemos”, afirma.

De todo ello deben tomar buena nota los usuarios de redes y los consumidores de información, especialmente quienes se nutren de las propias redes para acceder a la información

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando el magistrado puso el foco directamente sobre influencers y pseudomedios que, según explica, tienen hoy una capacidad de difusión gigantesca.

“Hay influencers que tienen mucha más capacidad de difundir bulos y mentiras tóxicas que incluso algunos medios”, advierte.

Por eso, Bosch reclamó una legislación “mucho más avanzada” tanto a nivel europeo como nacional, capaz de actuar sobre algoritmos, plataformas virtuales y sistemas de recomendación que, en su opinión, favorecen la manipulación y el engaño.

El magistrado también insiste en que la propia Constitución ya protege el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Y ahí dejó una de las frases que más repercusión está teniendo en redes:

“La Constitución indica claramente que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz. Y atención: no dice que tenga derecho a ser bombardeada con basura”.

Tengamos en cuenta su apreciación.

“No tenemos absolutamente nada. Ya no tenemos reservas”. La manifestación de Vicente de la O Levy, ministro cubano de Energía y Minas, suena desesperada, incluso cuando se lee en silencio, por si se quiere interpretar más dramática la confesión. Situación límite pues: sin diésel ni fueloil, el país se quedará a oscuras y si la vida, en esas circunstancias, ya es difícil, ahora, sin combustible, se torna insostenible. Peor que todas las amenazas y advertencias del omnipotente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el que pesa la parte alícuota del bloqueo energético (¿otra modalidad de genocidio?) que los yankees someten a Cuba.

Como en los tristes y lacónicos últimos partes del Estado Mayor de la República española en los últimos días de la contienda fratricida en aquella España de los años treinta del pasado siglo, el drama está vivo para un pueblo que resiste heroicamente y parece no resignarse ante las adversidades. “La situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa en los últimos días”, llegó a escribir en la red social que, como todo, agonizará, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. No falta la literatura preñada de tragedia: el bloqueo energético, dicen, suplementado con la aplicación de aranceles irracionales a cualquier nación que se apiade de esta agonía cubana.

Ya se verá cómo concluyen los malvados planes de Trump. El presidente cubano recordó que, hace pocas fechas, medios estadounidenses que “sirven a la agenda belicosa de agencias federales de ese país, mostraron desconcierto frente a la heroica resistencia del pueblo cubano, y la firmeza e inquebrantable unidad de nuestro Gobierno. «Han tenido que reconocer que, pese a las cruentas medidas de asfixia económica y energética que USA ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un estado fallido”.

Pero hay que ser realistas. Está, cuando menos, tambaleándose. Y frente a quienes, acaso en un exceso de idealismo patriótico, aún resisten y se niegan a claudicar, estarán los que digan hasta aquí hemos llegado y sueñan con un mundo mejor, de más libertades y de menos escasez. Seis décadas de bloqueo cruel influyen lo suyo. Una red eléctrica maltrecha, anuncios terriblemente pesimistas como los que estamos comentando y convivencia, entre hambre, vacíos y oscuridad, cada vez más delicada, la población tiene que estar sobreviviendo al límite. Los focos de delincuencia que brotan sin cesar, según las pocas noticias que llegan, ya deben estar alternando con las protestas ciudadanas que desafían los apagones en La Habana y otras ciudades de la isla donde suman muchas superficies a oscuras. Así las cosas, servicios básicos como la atención hospitalaria o el transporte público, deben estar funcionando bajo mínimos y no es de extrañar que lleguen noticias de desespero familiar, vecinal o personal.

Es una situación de crisis, sin duda, acaso la más grave desde que la entonces Unión Soviética cesó en los suministros, como pudimos comprobar personalmente en 1991 y cuando comenzó la economía cubana a depender del turismo para el que, obviamente, no estaban preparados. No bastaban con los encantos naturales ni con el talento creativo desmenuzado entre el exotismo y el empuje de quienes desafiaban la distancia y las gruesas limitaciones de los recursos.

Un ejemplo, leído en un periódico de hace un par de días: Cuba tiene una capacidad instalada de 1.300 megavatios de energía solar gracias a los paneles instalados por empresas chinas durante los últimos dos años. Pero mucha de esa energía se pierde al no poder almacenarla en baterías eléctricas por la inestabilidad de la precaria red energética. “En La Habana, los apagones ahora superan las 20-22 horas (por día)”, dijo el ministro de la O Levy.

La futura norma -a la espera de los resultados de la tramitación parlamentaria- trata de adaptar la normativa al reglamento europeo, limitando al 35% la dependencia de medios de la publicidad institucional para aumentar la transparencia, objetividad y pluralismo, afectando también a plataformas digitales

Deben estar preparándose en el meollo de las organizaciones políticas y de las administraciones públicas -aún en las de recursos más limitados- para la tramitación y entrada en vigor de la Ley de Publicidad del Sector Público, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero. Cada vez resulta más preocupante un cierto descontrol y un aparente derroche que se aprecia en el manejo de este capítulo en ayuntamientos e instituciones locales, a la vez que medianas y pequeñas productoras y empresas de comunicación empiezan a acostumbrarse a la laxitud, los vacíos legales para subsistir y depender cada vez más de ese recurso o ingreso en la contabilidad presupuestaria. La costumbre puede cambiar de faz, cuando menos. Parece que tanta alegría en el gesto se va a acabar.

La futura norma -a la espera de los resultados de la tramitación parlamentaria- trata de adaptar la normativa al reglamento europeo, limitando al 35% la dependencia de medios de la publicidad institucional para aumentar la transparencia, objetividad y pluralismo, afectando también a plataformas digitales. 

Veamos algunos aspectos sobresalientes del anteproyecto.

El documento, según algún análisis ya publicado, refuerza los principios de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminació

El texto parte de una premisa clara: la publicidad institucional debe servir al interés general. La ley fija que su finalidad ha de ser informativa, educativa o de utilidad pública, y establece como principios rectores la neutralidad, la veracidad, la objetividad y la proporcionalidad. En otras palabras, se refuerza la idea de que la publicidad institucional no puede confundirse con propaganda política. Sin embargo, la delgada línea es muy fina. En efecto, cabe preguntarse: ¿Dónde están los límites? ¿Qué es, o se puede considerar, propaganda?

Una línea roja sensible

Pero es que el anteproyecto recoge un nutrido catálogo de prohibiciones. Se establece -ejemplo muy importante- que las campañas no podrán incluir mensajes que ensalcen logros de gobierno con finalidad electoral ni inducir a confusión con campañas de partidos políticos. Tampoco podrán incorporar imágenes o menciones personalizadas de cargos públicos.

Además, se introducen restricciones específicas en periodos electorales, reforzando los límites ya existentes en la normativa vigente.

Sabido es que la delimitación entre información institucional legítima y comunicación con carga política no siempre es sencilla. La valoración sobre si una campaña ensalza logros o simplemente informa sobre políticas públicas, por lo general, es susceptible de controversia y da pie a situaciones incómodas que los gobernantes suelen justificar con explicaciones a veces poco convincentes, desde la ayuda al sector a la voluntad de estimular el quehacer de las firmas audiovisuales dedicadas a este menester.

La norma no se limita a fijar principios generales, sino que también regula la planificación de la actividad publicitaria. Las administraciones deberán aprobar planes anuales de publicidad institucional, acompañados de memoria justificativa y evaluación posterior. El objetivo declarado es evitar campañas discrecionales, improvisadas o carentes de una estrategia clara vinculada al interés público.

Otro de los pilares del anteproyecto comentado y en el que interventores van a tener un papel determinante es la transparencia. Se establece la obligación de publicar información detallada sobre la inversión realizada, los medios contratados y los criterios de reparto.

En fin, estamos ante un salto en el modo de hacer las cosas. Tendrán unos y otros que ponerse las pilas.

La sociedad pública Turismo de Tenerife, dependiente del Cabildo de Tenerife, ya con treinta y tres años de historia, empeñada en hacer de la isla un destino líder, referente internacional, moderno y diverso, que responda a las demandas del viajero actual, todo ello, con el apoyo incondicional de las más de quinientas cincuenta empresas con las que trabaja estrechamente, promueve el proyecto denominado Gen explorador que aúna ciencia y turismo. Su objetivo: buscar a personas que lleven en su ADN el instinto viajero para que colaboren en el desarrollo del turismo de experiencias y la promoción de una oferta más responsable.

La pregunta que se hacen en la promotora es: cuando viajar es una necesidad intensa, una fuerte predisposición a conocer nuevos lugares, ¿ello puede tener su origen en una explicación genética?  

Lo cierto es que Turismo de Tenerife busca a personas portadoras del gen denominado DRDR-7R, asociado a la necesidad de vivir nuevas experiencias. Invita a todos los ciudadanos a hacerse el test para saber si son portadores del mismo.

El proyecto plantea la creación de una nueva figura en el sector: se convertirían en los denominables “tester oficiales de Tenerife” y tendrían la oportunidad de disfrutar de las experiencias que ofrece la isla para contribuir a desarrollar nuevos productos que se incluirían en la denominada “Ruta del gen explorador”.

La consejera de Turismo de Tenerife, Dimple Daswani, explicó durante la presentación de la iniciativa que “su misión es viajar a Tenerife, probar, descubrir, disfrutar de esas experiencias que tenemos en la isla, pero no como cualquier turista. Van a aportar esa sensibilidad a la hora de identificar y diseñar, junto con los expertos locales, esa ruta del gen explorador. Una propuesta inédita que busca despertar emociones y el instinto de descubrir”.

Turismo de Tenerife presentó hace seis años no solo nueva imagen sino que dio a conocer una estrategia de marketing y comunicación que sitúa al destino Tenerife como un enclave estratégico que destaca por su arquitectura, patrimonio, gastronomía, enología, naturaleza o paisajes. También, por su oferta de sol y playa y por contar con la mejor planta alojativa premium vacacional de Europa.

Miguel Pita, divulgador científico y profesor del departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), argumentó que algunos estudios han asociado la presencia de la variante 7R a comportamientos que llevan a la búsqueda de experiencias novedosas. Se calcula que el gen está presente en una de cada cinco personas, es decir, el veinte por ciento de la población.

“Todos tenemos el gen DRD4, pero algunas personas tienen la variante 7R y otras, otras variantes. Aquí es donde nos diferenciamos unos de otros desde el punto de vista de la genética” añadió el profesor Pita. 

No obstante, “la genética no escribe el guion de nuestra vida”, aclaró. “Los genes dotan de una propensión, nunca marcan completamente un destino. Tener la variante 7R es una invitación biológica, pero la decisión de explorar es una decisión voluntaria y una cuestión de actitud”, añadió

El experto puso en valor la propuesta de Turismo de Tenerife que nos ocupa porque “utiliza la ciencia para entablar un diálogo, una conversación sobre la naturaleza humana”.

Cómo saber si se es portador del instinto viajero. Carmen Porras Núñez revela en hosteltur.com que los interesados en descubrir si llevan en su ADN el instinto viajero, “solo tendrán que realizar un test mediante una muestra de saliva, con la colaboración de ”Lab Genetics“. Podrán hacerlo desde la distancia, todos los pasos están en la web de Turismo de Tenerife, o de forma presencial, para lo que se ha puesto en marcha un laboratorio itinerante que recorrerá varias ciudades. Comenzó el pasado martes en Madrid y continúa en Málaga, Bilbao y Lisboa”.

Los participantes que resulten seleccionados y que tengan el gen viajarán a la isla para aportar su sensibilidad al diseño de una ruta que conecte la forma más auténtica de descubrir este destino.  

Un diputado de la ultraderecha rampante que cree que España vuelve a ser suya, José María Sánchez García, protagonizó días pasados uno de esos episodios que no solo merman la credibilidad política sino que ponen de relieve que cuando no se tienen y no se respetan o no se practican los más elementales cánones de civismo y educación es natural que cunda el desapego y se acentúe la tendencia a enjuiciar o valorar los comportamientos públicos de los representantes institucionales. La socorrida frase de todos son iguales. Cuando no es así…

Resultó que el diputado Sánchez, con antecedentes poco edificantes durante su actuación parlamentaria, ya había sido llamado al orden por la presidencia del Congreso cuando subió al estrado para, primero, increpar a una letrada -si es que les da igual-; y luego, encararse sin reserva y en actitud desafiante con el vicepresidente primero de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en aquellos momentos ejercía la presidencia. Si no fuera por qué, se diría que era como una situación prebuscada o deseada, como si no importara un mañana, como si se fomentara el cuanto peor, mejor. Y váyanse el decoro, el respeto y el prestigio a freír pugnetas. Cronistas parlamentarios han llegado a escribir que no se ha visto nada parecido en la democracia española desde su reinstauración. Las mismas voces indican que es una imagen nefasta y que no se puede dejar pasar un episodio tan inaudito y reprobable, algo que no debe repetirse, sencillamente. Esas imágenes de algaradas y puñetazos o mandobles desde los escaños o desde las bancadas de otros parlamentos que tanto hemos reprobado no son deseables desde ningún ángulo.

El diputado ultra -¿o es centrista-liberal, como algunos se esfuerzan en confundir acaso porque se avergüencen de ser reconocidos o adscritos a ese radicalismo político?- abogado, catedrático y juez en excedencia pone al desnudo, con su conducta, que no ha aprendido o no ha asumido del todo las nociones de democracia que, sumando episodios de parecida naturaleza de aquí y de allá, es la que sufre y sigue debilitándose, por muchos reglamentos internos que ahora se endurezcan con ánimo corrector y preventivo. El estupor de los diputados y de la ciudadanía en general, incluso la más alejada de la política, ante el incremento de la polarización y de la conflictividad, cuando es un hecho constatado que la brusquedad y la violencia pueden saltar en cualquier momento, se justifica por sí mismo. 

‌A la ultraderecha y sus satélites les disgusta la democracia y lucha contra ella. Se aprovechan de sus debilidades e imperfecciones. Cuando surgieron Podemos y sus confluencias, se habló de partidos antisistema que, más o menos veladamente, venían a romper esquemas, usos y costumbrismo político. Ahora, cuando la polarización es una realidad y en sectores de la sociedad palpitan el encono, la desinformación y sus derivados, las amenazas y las descalificaciones injuriosas van cobrando cuerpo hasta reflejar un cierto desprecio a los consensos mínimos de la convivencia y, en definitiva, a la institucionalidad. Son otros los que galopan al antisistema. 

Menudo problema para el Partido Popular (PP): aliarse con una formación política cuya hostilidad a los usos democráticos es evidente.

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista. Consistía -consiste- en establecer de forma obligatoria la incorporación de camas elevables y carros motorizados en los alojamientos turísticos de nuestra Comunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector en las islas, en especial de las camareras de piso

Una modificación legislativa que es histórica. 

No, no hay exageración con el calificativo, comúnmente empleado -sobre todo, en el lenguaje deportivo- cada vez que se rompe un récord o una marca, cada vez que se supera o altera un hecho que perdura en el tiempo o se hace consuetudinario. Si se tienen en cuenta los presupuestos de lo que analizamos, desde luego, hay elementos sobrados para aludir justificadamente. 

Y es que el pleno del Parlamento de Canarias aprobó esta semana la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista. Consistía -consiste- en establecer de forma obligatoria la incorporación de camas elevables y carros motorizados en los alojamientos turísticos de nuestra Comunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector turístico de las islas, en especial de las camareras de piso.

Le correspondió a Gustavo Santana, portavoz de Empleo del citado Grupo, la defensa de la iniciativa, subrayada con esa calificación: histórica. Y es que, claro, han sido muchos años de lucha contra imponderables de todo tipo hasta alcanzar un logro que debe satisfacer a todos. Tenía motivos Santana para expresar el contento que suponía que la medida haya prosperado. No fueron pocos quienes dudaron de esta posibilidad. “Hay quienes creyeron que nunca llegaríamos a este punto”, afirmó el portavoz socialista, destacando los numerosos obstáculos encontrados en el camino, entre ellos la oposición de determinados sectores económicos que consideraban que la salud de las trabajadoras podía ser objeto de negociación.

Ahí, en el núcleo de esa lucha pertinaz e indesmayable, pese a los sucesivos reveses, estaba un colectivo, Las Kelly -también identificable en plural-, agrupadas en torno a las camareras de piso. A la denuncia por las condiciones de trabajo y la reivindicación consiguiente, se sumaron sindicatos y otros sectores de trabajadores. A su constancia se debe buena parte de la consecución. Santana, en su alegato final, señaló que con la salud de las personas trabajadoras “no se negocia”, y defendió que esta reforma responde a una cuestión de dignidad, justicia social y reconocimiento de derechos laborales básicos, especialmente en un sector clave para la economía canaria como es el turístico.

Esos tres factores deben ser tenidos en cuenta por las trabajadoras y los trabajadores. Para quienes la tenacidad es primordial en cualquier tipo de aspiración, si está bien fundamentada. Las duras condiciones laborales que envolvían la jornada de esta modalidad de trabajo en numerosos residenciales turísticos requerían un afán constante y una entrega a prueba de incomprensiones. La perseverancia es fundamental en la consecución de derechos sociales.

Los datos argumentados por el diputado socialista son preocupantes preocupantes: en el sector hotelero canario, solo un 12 % de los establecimientos dispone de camas elevables y únicamente seis hoteles cuentan con carros motorizados. Por otro lado, denunció carencias en materia de prevención, como la ausencia de comités de seguridad y salud en un porcentaje significativo de hoteles, así como la falta de planes adecuados de prevención de riesgos laborales. Para Santana, estos datos evidencian la necesidad urgente de legislar. “La ley va a cambiar radicalmente esta tendencia”, aseguró, defendiendo que la incorporación de estas herramientas no solo mejora la salud de las trabajadoras, sino que también incrementa la productividad del sector. “Es una inversión, no un gasto”, insistió. El hecho de que la Proposición de Ley prosperase con un amplio consenso parlamentario es también relevante. Tómese en cuenta que la norma contempla una implantación progresiva de las medidas, respetando la actividad empresarial y previendo líneas de subvenciones para facilitar su adopción. No obstante, Santana fue claro al exigir responsabilidad a aquellas empresas que han obtenido beneficios extraordinarios en los últimos años, instándolas a asumir la incorporación de estas mejoras con recursos propios.

Pero que sepan las Kelly, los sindicatos y los colectivos beneficiados que esto no ha hecho más que empezar, que se abre ahora otro período de observación y seguimiento de las disposiciones aprobadas, sobre todo en lo que concierne a riesgos laborales. Y para eso se requiere responsabilidad y madurez si es que se quiere corresponder a una modificación legislativa que sí, es histórica.

Salvador Pérez, entrañable y respetable compañero, el gran Paladín, seudónimo que empleó en aquellos inolvidables tiempos del periodismo deportivo airelibresco, se despide con una documentada carta como presidente de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz, los nombres de sus hijos, víctimas de trágicos accidentes de tráfico. Una fundación que ha llegado a la meta, “a pesar de la vida en contra”, como dice en su texto Pérez.

Carlos Salvador fue licenciado en Filología Hispánica, bibliotecario, escritor… Su hermana Beatriz, licenciada en Psicología, máster en Recursos Humanos, idiomas… Eran donantes de sangre y de órganos. De Carlos Salvador fueron aprovechadas diecisiete partes de su cuerpo. Con sus pulmones, por cierto, se realizó en un hospital de Córdoba el primer trasplante simultáneo a dos receptores. Es bueno recordar sus libros póstumos: Dioses para cinco minutos, prologado por Eduardo Haro Tecglen; Retrato de un viejo prematuro, con un llamativo texto de Alfonso González Jerez, y Duelos del extranjero ilimitable, que prologó Juan Cruz Ruiz.

Carlos Salvador soñaba con “la adolescencia que tendré a los ochenta años”, por eso, “lo único que me preocupa del pasado es que pueda ser futuro”, dos frases de su escritura fresca, del hombre que “escribía mañana”. Junto a su hermana, y junto a sus padres ejemplares, Salvador y Aurora, trabajaron por la educación y la cultura, ayudando a quienes más lo necesitan. Ese fue siempre su camino, el que transitaron con humildad y modestia, con ganas de ayudar y con afán de ser útiles.

La fundación, a punto de cumplir veinte años, será recordada por resultar una iniciativa. No ha sido estéril su camino pues ha servido para algo más que mantener encendida la llama de la nostalgia. Para llevar a cabo acciones que cruzaron los caminos de Perú y Paraguay, de La Guancha y de las islas. Ha servido para sobrellevar el dolor de una tragedia y de una ausencia. Para estimular las ayudas al estudio como fue la convocatoria de doce ediciones, distribuidas entre alumnos de las ocho islas Canarias atendiendo a criterios de la crisis económica, los índices de paro y los menores recursos dedicados a la enseñanza pública.

Entre tanta desazón y tanta pobredumbre, identificadas con el comportamiento aprovechado, perverso y presuntamente delictivo de algunos servidores públicos, Salvador y Aurora, Aurora y Salvador, la fundación, sus loables y constructivas finalidades, el comportamiento y el desempeño transparente, el ejemplo que nos dejan, son todo un estímulo para contrastar que la vida tiene otra cara, que no debe estar oculta, precisamente, sino todo lo contrario: debe ser exaltada como se merece. Como se merece la pequeña gran historia de quienes la han protagonizado pensando en los demás.

Porque hay causas, como ha sido la de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz que ahora se extingue, acreedoras de respeto y reconocimiento.

Gracias, sencillamente, gracias. 

La necesidad de proteger al peatón, según se dice, se basa, entre otras razones, en que es el único usuario universal de la vía, y además es el más lento y vulnerable; es igualmente el usuario que más fallecidos registra y el segundo con más heridos graves, que siempre es víctima en caso de siniestro. Pero, además es el más ecológico y de hábitos más saludables y el que cuenta con más derechos.

En el momento de la presentación del manifiesto ya eran diez las ciudades firmantes: Badalona, Zaragoza, Palma, Málaga, Valencia, Vigo, Bilbao, Santander, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Jerez de la Frontera y A Coruña. Lo que se plantea a los municipios firmantes es la realización en sus términos “de todos los esfuerzos técnicos, estructurales, reglamentarios y humanos que permitan que en 2030 los peatones fallecidos o heridos de gravedad se reduzcan a la mitad tomando como base las cifras de 2019, año anterior a la pandemia”.

En este sentido propone que, en la medida de sus posibilidades, se implementen iniciativas que van desde el establecimiento de pasos de peatones adaptados a un modelo que los hace más seguros, hasta el aumento de las zonas peatonales y de las de velocidad limitada o el establecimiento de aceras confortables, con menos obstáculos.

También se consigna, según fuentes de la FEMP, entre otras propuestas, la sensibilización de los peatones sobre no mirar el móvil al cruzar y reducir su uso en las aceras; iniciar el cruce de forma lenta y hacerse visible antes de cruzar; y no hacerlo nunca fuera de los pasos de peatones ni con el semáforo peatonal en rojo.

Tiene razón el secretario general de la Federación, Luis Martínez-Sicluna, cuando señala que “la seguridad vial no es una estadística, sino una obligación ética y un deber institucional, porque detrás de cada cifra hay vidas y familias que merecen toda nuestra atención”. Entre lo mal que se conduce, la progresiva reducción de espacios y el crecimiento galopante del parque automovilístico, lo cierto es que las políticas orientadas a mejorar la seguridad en el espacio urbano parecen resultar insuficientes a tenor del balance comentado al principio. Así, indica Martínez-Sicluna, la movilidad peatonal sitúa a la persona en el centro, lo que obliga a diseñar entornos urbanos que permitan desplazarse con autonomía y seguridad. De este modo, apostar por el peatón implica prestar atención a colectivos especialmente vulnerables, como los niños, las personas mayores o quienes tienen movilidad reducida.