Decía el filósofo Karl Polanyi que el hombre y la mujer de la modernidad se acostumbraron a aceptar, casi como un hecho natural, que la abundancia material llegara de la mano de la pobreza. Que la opulencia conviva con el hambre. El capitalismo del siglo XXI condena al hambre a países enteros mientras que la otra mitad de la humanidad convive con la epidemia de obesidad y diabetes; al mismo tiempo, se sigue repitiendo, como un mantra, que el modelo agroindustrial es inevitable y que es nuestra única baza contra el hambre.

Medio siglo después de que la Revolución verde entrase en los campos, 821 millones de personas, una de cada nueve, sufren hambre, y esa cifra sigue creciendo, pese a que la tierra podrá alimentar a los 9.100 millones de seres humanos que, según la FAO, poblarán la tierra en 2050, con solo evitar que se desperdicie, como ahora sucede, un tercio de la comida que se produce.

Hoy, al igual que hace 60 años, el loable objetivo de acabar con el hambre sigue siendo el argumento legitimador del modelo agroindustrial, a pesar de que la realidad demuestre que, más bien al contrario, la expansión de la frontera del agronegocio supone la expulsión de los campesinos y la pérdida de soberanía alimentaria para las comunidades locales. Según un estudio de ETC Group de 2017, la red campesina provee un 70 por 100 de los alimentos que se producen en el mundo, a pesar de contar sólo con el 25 por 100 de los recursos. Los campesinos son, también, quienes garantizan la biodiversidad: si la cadena alimentaria industrial se enfoca en apenas una docena de cultivos y cien variedades de ganado, los campesinos crían ocho mil variedades de ganado y han aportado más de 1,9 millones de variedades vegetales a los bancos genéticos del planeta.

En contraste, la lógica de la agricultura industrial ha reducido rápidamente el número de especies que cultivamos y comemos, hasta el punto de que el 90 por 100 de las calorías que se consumen actualmente a nivel mundial proceden de apenas una treintena de variedades.

Pero los monocultivos de una sola variedad dejan campos enteros inermes frente a las plagas; para evitarlas, se hacen cada día más necesarios pesticidas y herbicidas cada vez más potentes, que acaban con los microbios, pero que también tienen efectos perjudiciales en la población humana. Y, si la toxicidad de los alimentos que consumimos es cada vez más preocupante, no lo es menos la pérdida de biodiversidad de las especies, que hace a los seres humanos cada vez más vulnerables y pone en entredicho la soberanía alimentaria. En muchas regiones del mundo, la privatización de las semillas y las patentes es un debate candente y, para las comunidades campesinas, una batalla definitiva contra un sistema económico que las condena a la marginalidad.

Y dentro de esta lógica, la soja, la caña y la palma son, en el siglo XXI, tres monocultivos que han transformado el mundo. Si la caña de azúcar es el más antiguo de esos “monarcas agrícolas” a los que se refería Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, la palma y la soja han tenido una expansión mucho más reciente.

En los tres casos, se trata de monocultivos industriales que no están destinados primariamente al cultivo de alimentos, sino a la producción de biomasa que se destina a usos diversos: desde el sector agroalimentario, que vende productos comestibles antes que alimentos saludables, hasta la industria cosmética, pasando por la elaboración de agrocombustibles. En nuestro libro, apuntamos cuestiones que son transversales a este modelo agroindustrial: los impactos para nuestra salud del consumo de productos ultraprocesados, las certificaciones de sostenibilidad y los riesgos que implican los agrotóxicos.

De lo que estamos hablando es de la existencia de dos modelos de desarrollo en disputa: de un lado, la agricultura campesina y otras iniciativas más recientes que proponen un uso sostenible de la tierra para la producción de alimentos saludables y culturalmente adecuados; tales experiencias pueden agruparse en torno a la idea de soberanía alimentaria. Del otro lado, los monocultivos orientados a la exportación a cambio de divisas, que no producen alimentos para la población local, sino ganancias que acaparan los grandes terratenientes y las multinacionales del sector agroalimentario y biotecnológico que, como veremos, están concentradas en cada vez menos manos.

Esas pocas manos son las que toman las decisiones respecto a qué comemos, en qué condiciones se produce y quiénes son los ganadores y perdedores del modelo. Si quienes más pierden a día de hoy son las comunidades indígenas, negras y campesinas, a las que se les arrebatan sus tierras y, con ello, la posibilidad de mantener sus formas de vida ancestrales, a largo plazo la gran perdedora es la especie humana en su conjunto, pues el modelo del agronegocio basado en el monocultivo se está cobrando un alto costo en forma de pérdida de biodiversidad y contaminación de las fuentes de vida de las que depende nuestra existencia, como el agua dulce y la fertilidad del suelo.

No podemos permitir que el proceso de avance, que es positivo para la sociedad en su conjunto, sufra retrocesos ni se paralice. Es necesario defender y mantener conquistas adquiridas y seguir impulsando actuaciones que hagan efectivo el derecho a decidir entre otros aspectos, la protección eficaz frente a la violencia de género, la igualdad en el empleo, la igualdad salarial, y el derecho a la conciliación, en definitiva, la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En materia de políticas de igualdad y de derechos no hay margen para el retroceso. No podemos bajar la guardia. En el mundo aún pervive la violencia física, psíquica, sexual y económica contra las mujeres; se siguen produciendo violaciones a su derecho a la libertad e igualdad; son las principales víctimas de la pobreza; persisten conductas obstinadas en hacer invisibles a las mujeres; sigue siendo escasa la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y se incrementa la precariedad laboral, la discriminación salarial, las dificultades para conciliar la vida laboral y personal y familiar y la falta de corresponsabilidad en los cuidados.

Los cambios que se deben generar están en nuestras manos, en nuestro trabajo conjunto y en el esfuerzo aunado. Es necesario que mujeres y hombres nos libremos de esos estigmas que continúan marcándonos y separándonos para poder avanzar. Debemos romper estas cadenas opresoras heredadas del pasado y forjar una sociedad donde el concepto de Igualdad sea real y efectivo. Es fundamental que se abandonen los estereotipos de género que subyacen e impregnan hasta lo más profundo de esta sociedad y que impiden la construcción de un mundo más justo e igualitario. Estereotipos que están presentes en cada rincón de nuestras vidas, que determinan miradas, acciones e incluso convicciones de muchos y muchas y que están tan interiorizados y arraigados en nuestro día a día que los aceptamos sin cuestionarlos y, por lo tanto, sin someterlos a revisión y sin reaccionar ante ellos.

Debemos tomar conciencia de la realidad social en la que vivimos y, es por ello, que todas y todos tenemos y debemos seguir apostando y luchando por conseguir unas relaciones más equitativas en todos los ámbitos, entre chicas y chicos, entre hombres y mujeres, pues sólo así, conseguiremos que la lucha de aquellas mujeres célebres y anónimas que alzaban sus voces hace más de un siglo, no se pierdan en el eco del olvido.

Sin igualdad entre mujeres y hombres y sin la plena participación de las mujeres no habrá democracia plena. Cuando se atacan los derechos de las mujeres pierde toda la sociedad. Si avanzamos en derechos y libertades gana la sociedad en su conjunto. Este es el primer paso para poder construir cualquier proyecto colectivo de transformación social.

La crisis no puede ser utilizada como excusa para abandonar las políticas de igualdad de género, ni para legitimar la desigualdad; puede y debe ser una oportunidad, nunca un retroceso. Tenemos que seguir reforzando aquellas políticas y servicios dirigidos a las personas más vulnerables, como es el caso de las mujeres y menores en situación de violencia de género. Tenemos que exigir a las administraciones, cada una desde su ámbito de actuación, que se dote de presupuesto y se deriven las acciones necesarias para acabar con esta situación.

Las mujeres continúan siendo objeto de importantes discriminaciones y la desigualdad continúa estando muy arraigada en la sociedad actual. El ritmo de progreso es lento, pero debe ser continuo. No es tiempo para pausas. Hay que trabajar en la consolidación y ampliación de derechos, en la concienciación y sensibilización, en desterrar comportamientos injustos y anquilosados, desde la responsabilidad de hombres y mujeres, de colectivos y de Administraciones.

Es necesario hacer una mención especial a la situación de mujeres y niñas que en muchas partes del mundo viven la extrema situación de desigualdad, de violencia, por el hecho de serlo. Es algo que debemos tener muy presente no cada 8 de marzo sino los 365 días del año.

Con el convencimiento de que el trabajo conjunto y continuado es esencial y en esa labor debemos poner nuestro empeño diario. Solo con la igualdad será posible una sociedad más democrática y justa.

Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan a los menores y las menores que se encuentran dentro del ámbito familiar.

Tras 11 años de entrada en Vigor de la Ley 16/2003 de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género en Canarias y 10 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y a pesar de que en nuestra sociedad se han producido avances en la lucha para erradicarla, aún perviven numerosas formas y expresiones de violencia fundadas en la desigualdad entre los sexos. Dichas formas de violencia vulneran los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Constatamos que aún perviven condiciones sociales que facilitan la pervivencia de la violencia machista en el ámbito de la pareja, las agresiones sexuales a mujeres y niñas, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y otras formas de intolerable vulneración de derechos.

Entendemos que sólo avanzando en Igualdad podremos hablar de una sociedad verdaderamente libre, en la que las mujeres y los hombres se relacionen sin dominio ni sumisión: sin violencia.

Es necesario adoptar nuevas medidas para reforzar la lucha contra la Violencia de Género. Una lucha que debe implicar a los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las Instituciones y toda la población.

La participación corresponsable de partidos, instituciones, empresas, sindicatos, asociaciones... hombres y mujeres, con acciones comprometidas por la Igualdad, serán imprescindibles. Queremos hacer un llamamiento especial a los hombres igualitarios, para que su compromiso contribuya a reducir a 0 la tolerancia social hacia todas las formas de dominación y presión contra la libertad de las mujeres.

Pero se hace necesario hacer un reconocimiento en la ley de forma efectiva a los hijos e hijas de las mujeres víctimas, en dejar de utilizar con respecto a los menores en el término de víctimas indirectas de la violencia de género. Establecer que tenemos la obligación de hablar de los menores como Víctimas directas de la violencia de Género, y en consecuencia que le debe dar la protección por parte de la administración a los menores en la misma medida que a las mujeres que padecen violencia de Género.

Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan a los menores y las menores que se encuentran dentro del ámbito familiar. Son Víctimas de esta violencia.

Se hace necesario considerar que la violencia de género es una forma de maltrato infantil ya que las hijas y los hijos de las mujeres que sufren violencia de género son víctimas de la misma, porque tiene consecuencias sobre su desarrollo en todos los aspectos.

Y teniendo en cuenta que los estudios concluyen que los niños y niñas que están expuestos a la violencia presentan más problemas de conducta y de otra índole que los que no lo están, se hace necesario por tanto, asumir desde las Instituciones que hay que ofrecerles recursos para que sean atendidos y que deberá disponerse de medidas de protección que tengan en consideración el interés superior del menor y de la menor Sólo así estaríamos atendiéndoles de verdad.

Un año más, celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, ante una realidad que nos hace reflexionar sobre los avances logrados, pero también sobre los retos que aún nos quedan por conseguir, además de rechazar los retrocesos que bajo ningún pretexto debemos consentir.

Un año más, celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, ante una realidad que nos hace reflexionar sobre los avances logrados, pero también sobre los retos que aún nos quedan por conseguir, además de rechazar los retrocesos que bajo ningún pretexto debemos consentir.

Nadie discute ya la necesidad de avanzar en materia de derechos y establecer políticas dirigidas a la consecución de la plena igualdad. Es hora de hablar sobre los obstáculos, de esos que imposibilitan alcanzar más cotas de igualdad, de los grandes y de los pequeños detalles que persisten e impiden visualizar a las mujeres como parte integrante de esta sociedad.

Quiero hacer una reflexión sobre algo tan cotidiano como el lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje sexista? ¿Acaso alguien piensa que el lenguaje no es sexista? Partimos de la confirmación de que entre los usos sexistas del lenguaje, algunos se derivan del androcentrismo, es decir, reflejan el mundo desde lo masculino obviando otras realidades de género.

Es una realidad que el lenguaje refleja los prejuicios sexistas, como construcción social que es; estos prejuicios están presentes en todas partes, en nuestro día a día, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra manera de hablar. Por tanto, si el lenguaje es producto de una sociedad androcéntrica, no nos extrañe que refleje una realidad que discrimina, que lo ha hecho a lo largo del tiempo, amparada en realidades del momento y tradición, pero hoy es necesario avanzar.

Cuando se habla de la necesidad de fomentar un uso no sexista del lenguaje observamos una resistencia muy violenta, incluso misógina, por parte de algunos sectores de la sociedad. Cada vez que defendemos el uso de un lenguaje no sexista, en la sociedad en general y, en particular, en un ámbito concreto, escuchamos la ridiculización y, a veces, hasta palabras insultantes.

En diversos espacios, y entre ellos el político, se ha ridiculizado la propuesta con diferentes argumentos. Es curioso comparar las posturas de algunos académicos de la RAE respectos a este y otros temas. El uso no sexista del lenguaje se ha presentado como una cuestión sin importancia y demagógica, y a menudo se ha argumentado que la lengua es una tradición que hay que respetar. Sin embargo, esos mismos académicos se muestran mucho más flexibles a la hora de incorporar cambios que vienen del uso cotidiano, argumentando que la lengua es algo flexible que debe aceptar realidades cambiantes.

A la hora de rechazar el lenguaje no sexista se esgrimen argumentos como que es pesado, repetitivo y poco espontáneo. En realidad, el esfuerzo por transformar de forma consciente nuestra manera de hablar permite usos creativos y ricos del lenguaje. Claro que puede resultar complicado al principio, pero se trata de un aprendizaje que nace de una convicción política y que requiere un cierto esfuerzo inicial.

También se dice que afectaría al principio de economía, es decir, al principio lingüístico de eficacia. Pero no es cierto que siempre rija ese principio, aún menos cuando se trata de lenguaje oral; para comunicarnos usamos frecuentemente recursos antieconómicos (muletillas, repeticiones, etcétera)

Y también hay quien dice que es políticamente correcto, que es una moda, pero ¿por qué no verlo como un avance, como una toma de conciencia? Es evidente que el lenguaje es la forma de expresión de una comunidad, pero además, configura el pensamiento, de modo que lo que no se nombra, no existe.

Si usamos el lenguaje de una forma consciente tratamos de corregir la discriminación, en este caso lingüística, que sufren las mujeres y las personas que no se identifican con el género masculino. Además, puede significar una buena práctica de empoderamiento, es decir, una práctica que permite una toma de conciencia para mejorar nuestra condición social. También porque el lenguaje se transforma en su uso y en nuestra mano está normalizar usos no sexistas.

Utilizar un lenguaje no sexista es hacer un uso igualitario del lenguaje que, de forma consciente, fomente una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere. Pero, sobre todo, es una apuesta política dado que el lenguaje es una herramienta de exclusión. Y este debe ser nuestro principal argumento.

Esperanzada de que así sea, sigo pensando en el momento en que aquella niña de corta edad me contestó un día cuando le pregunté si todos los niños habían ido de excursión: “Sí, mami, y las niñas también”. Este 8 de marzo, además de reivindicar nuestros derechos y denunciar los retrocesos que pretenden imponer, es una oportunidad para subrayar aspectos que, como el lenguaje sexista, siguen contribuyendo a que existan diferencias.