De no retorno en el acoso de parte del Poder Judicial al Gobierno constitucional de España. Y en mi opinión, no sólo una parte del Poder Judicial sino de algunas alturas del Ministerio Fiscal. Por ejemplo, de la Fiscalía Anticorrupción.

Llueve no sobre mojado, sino sobre inundado.

Hay noticias que me han indignado. Sin agotar el listado: el registro de la Fiscalía General del Estado, como paso previo a la condena ignominiosa del Fiscal General; la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a solicitar el volcado del correo electrónico B de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, llegando a sancionar a la fiscala que ha impulsado la investigación; la petición de Anticorrupción de que se retire el pasaporte a Zapatero.

El juez que lleva dale que te pego persiguiendo inquisitorialmente a Begoña Gómez, ha llegado a hacer comentarios, en sus tan escandalosas como jurídicamente huecas resoluciones -del tipo de “las conductas provienen de palacios presidenciales, como en este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados” o la afirmación de que los agentes de la escolta de Begoña “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean quienes colaboren para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”- en las que se permite una vez tras otra alardes que destruyen toda apariencia de imparcialidad. Y ahí sigue, tan campante.

No nos engañemos: Peinado está compulsivamente predispuesto contra este Gobierno; pero no es tonto. Y hace lo que hace porque tiene una sensación de total impunidad y siente respaldos en las más altas esferas de la Judicatura, esas que el conservadurismo hispano ha ido copando después de secuestrar durante larguísimos años, violando flagrantemente la Constitución, el Consejo General de PoderJudicial.

Mucho habían tardado, pero ya salió la Gran Patronal a enseñar la patita expresando su apoyo expreso “a la justicia”, “ya que es brutal y peligroso el ataque a los jueces, porque están siendo atacados”. No es a los jueces, Garamendi, ni a la justicia. Se trata de la crítica a los que, eso sí, emboscados en el órgano judicial o de la fiscalía y en los momentos y procedimientos oportunos, están prostituyendo la función y la autoridad judicial para tumbar al Gobierno progresista.

Está ocurriendo, como si fuera una pesadilla, todo eso que parecía que sólo existía en los libros de los detractores de la democracia “burguesa”, que uno leía de joven. 

La retirada del pasaporte a Begoña Gómez y la obligación que se le impone de comparecer cada quince días en el Juzgado es un ataque directo al Gobierno y a su presidente (del que Begoña es la esposa y no una “particular”, como lo es el individuo del que -con la lógica del PP- Ayuso debe ser concubina o manceba. O a la viceversa: sólo que en el universo mental de la caverna, el concepto de concubino no existe). Y está pensada justamente para darle un alcance internacional: ssssh!!! a la mujer de Sánchez no la dejan salir de España y le piden 24 años de cárcel!!!! ¿O no está más claro que el agua?

He sentido la obligación, a lo largo de más de 32 años ejerciendo labores de oposición, de denunciar penalmente en mi tierra contados pero muy graves hechos de corrupción. Y sé, por mi propia experiencia, de la indolencia de determinados jueces y juezas y fiscales(as) a la hora de cumplir sus obligaciones de impulsar los procedimientos. Luego algo debo saber de lo que estoy hablando. Desde el caso Las Teresitas hasta el Caso Reparos (127 Decretos comprometiendo y pagando ilegalmente 60,3 millones de euros), he vivido de todo: ataques en los medios de comunicación afectos a los poderes establecidos, denuncias falsas (que nunca han pasado del primer trámite) para dar lugar a columnas periodísticas sicarias y caricaturas del tipo “el cazador anticorrupción, cazado”, en fin…, pero lo que viene ocurriendo era inimaginable. Créanme.

En mi modesta opinión, la de un isleño septuagenario que fue encausado por el siniestro Tribunal de Público de la Dictadura cuando recién acababa de cumplir 20 años, y que ha desempeñado treinta años de docencia universitaria en el campo del Derecho Constitucional, amén de siete legislaturas de trabajos parlamentarios en el Senado y en el Parlamento de Canarias, ¡esto no puede seguir así!

O los demócratas nos unimos (como está ocurriendo en los EEUU) y nos enfrentamos a esta trama, de la que -no nos engañemos- tanto el PP como los Peinado y sus espónsores aguas arriba de la Judicatura son meros instrumentos y figurantes o ¡adiós, democracia, adiós!

Porque no me asusta tanto (y miren que me asusta) lo que están dispuestos a hacer para derrocar al Gobierno legítimo como sea y “que el que pueda hacer, que haga”. Sino qué no estarán dispuestos a hacer para no perderlo “para siempre jamás”, como diría García Márquez, si todo este complot antigubernamental y antidemocrático logra sus objetivos: volver a poner en pié lo que los usufructuarios y detentadores del poder franquista pretendían: perpetuar una Dictadura disfrazada de Democracia. Y las dictaduras -sean conservadoras o revolucionarias- son todas opresión, violencia y corrupción desde el poder político. Y colonización de la sociedad por la mediocridad, la mires por donde la mires.

ATI nació y ha venido ejerciendo la medianería en los ayuntamientos de Tenerife, en el Cabildo y pocos años después, vestida de “nacionalista canaria”, en el Gobierno de Canarias, de intereses empresariales perfectamente identificables tras las decisiones políticas que han venido tomando en asuntos urbanísticos, de ordenación del territorio, de grandes equipamientos comerciales, de inversiones en infraestructuras…

Me ha llevado tiempo, casi 20 años, pero al final creo haberlo entendido. Y ha sido Ayuso quien me lo ha logrado explicar. Gracias. 

Fue un día ya lejano cuando un novel alcalde de La Laguna, ya alcalde por tanto y no estudiante de secundaria obligatoria, expresó su disposición a que Canarias se convirtiera en “Estado Libre Asociado”. Vamos: como Puerto Rico con relación a los Estados Unidos.

Yo no sabía muy bien qué es lo que proponía. Y me quedé con la sensación de que él tampoco. Pero sí que lo sabía. ¡Acabo de caer en la cuenta!

Los ciudadanos de Puerto Rico tienen ciudadanía norteamericana y su país, la bella Borinquen, disfruta de autogobierno. Pero los portorriqueños no pueden votar en las elecciones norteamericanas. Y, sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos tiene autoridad para aprobar leyes obligatorias para la población boricua, aunque ésta no haya participado en la elección de sus miembros ni cuente con los dos senadores que representan a cada uno de los Estados federados.

¿Será algo así como una colonia de los yanquis la Preciosa, como “la llaman los bardos que cantan su historia” que decía el inolvidable “lamento” borincano?, cuyo estatus proviene de la entrega que hizo la Monarquía española a los Estados Unidos, allá por 1898. Eran tiempos expansivos del naciente imperialismo yanqui.

Ayuso, como dije, me ha ayudado a entender lo que quería decir por aquel entonces el inefable presidente del Gobierno de Canarias, que viniéndose arriba añadía: “Y si Estado Libre Asociado significa la independencia del Archipiélago, ¿qué problema hay?”.

Ayuso se ha negado a cumplir el decreto estatal sobre la distribución solidaria de menores migrantes no acompañados y lo ha impugnado, presentando un recurso jurisdiccional. Es decir, que los menores no acompañados que llegan a Canarias por la arriesgadísima ruta atlántica se queden en nuestras Islas atendidos por nuestras Instituciones públicas y por las entidades privadas humanitarias. Como si fuera un territorio ajeno, un país tercero, algo parecido a como es Albania, a estos efectos, para la Unión Europea y para Meloni.

Ayuso también ha decretado que los estudiantes canarios en Madrid se queden sin bono de transporte, discriminándolos y yendo más allá que la propia Prioridad Nacional de Vox -la del mismísimo Abascal que quiere hundir al Open ARMS- que el PP vergonzosamente viene acatando en cada vez más comunidades autónomas donde son socios de los neofascistas. Y el Gobierno de Canarias, gobierno de perdedores pero con toda legitimidad constitucional y estatutaria, calladita la boca. ¡Sssssh!

Ayuso, en coherencia con las salvajadas de ignorancia y racismo que prodigó en su gira por tierras mexicanas, tiene clara cuál es la posición que corresponde a Canarias: será la de una colonia o “Estado Libre Asociado” de instituciones subordinadas en muchos terrenos y de ciudadanos sin derechos políticos. Siempre, en todo caso, una tierra, unos habitantes y unas instituciones no equiparados a los de los territorios de la Metrópoli.

Siempre he pensado, y no es ninguna novedad que lo diga ahora, que ATI nació y ha venido ejerciendo la medianería en los ayuntamientos de Tenerife, en el Cabildo y pocos años después vestida de “nacionalista canaria” en el Gobierno de Canarias, de intereses empresariales perfectamente identificables tras las decisiones políticas que han venido tomando en asuntos urbanísticos, de ordenación del territorio, de grandes equipamientos comerciales, de inversiones en infraestructuras… y de las que han dejado de tomar en materia sanitaria y hospitalaria, de financiación educativa, universitaria, de apoyo a la dependencia, entre tantas otras. Intereses empresariales, por cierto, perfectamente respetables; pero insaciables y demasiado hegemónicos, a través de sus “medianeros”, sobre las entidades y las políticas públicas isleñas, políticas que pagamos todos y que deben responder a los intereses, necesidades y expectativas de la mayoría.

Pero, tal vez por mis pocas entendederas, he tardado en convencerme de que también son medianeros del más tétrico conservadurismo español que representan el peor PP (el de Aznar y Ayuso, aunque figure Feijóo) y Vox, cada vez más indistinguibles: el centralista, insolidario, cínico a más no poder y cada vez más preñado de xenofobia, racismo y supremacismo. ¡Ah! y despectivo y ¿colonialista? con Canarias y con los canarios.

Y Clavijo calladito. Lo que cambian los tiempos, Venancio, qué te parece. ¿O no?

¿Se imaginan sus imprecaciones si la tercera de la cuarta parte de lo que el PP le está haciendo a Canarias proviniera de gobiernos o instituciones regidas por por gobiernos progresistas o por el PSOE?

Llega el Papa a las Islas. su visita viene inspirada por un mensaje explícito y rotundo de humanidad con los migrantes, sustentado en lo mejor de las tradiciones y valores del Cristianismo: “un nuevo mandamiento os doy”, con raíces en el Viejo Testamento (Levítico).

Cualquiera que observe estos días las acrisoladas actitudes de relevantes personajes de la derecha (sin conocerlos), que personifican un día sí y otro también lo peor de las tradiciones conservadoras hispanas, las de la naturalidad con la que practican hipocresía y cinismo, pensaría que nunca han roto un plato sembrando y agitando la xenofobia y el racismo contra los migrantes africanos pobres y de piel oscura. Podría decir negros, pero es que no son sólo negros.

Recapitulemos: el mapa de los Estados de África -trazado con escuadra y cartabón y sin la menor relación con la antigua distribución geográfica de las culturas y pueblos originarios del continente, Mamma África, que fue cuna de La Humanidad- reproduce con líneas rectas el reparto colonial que las potencias europeas fijaron a principios del siglo XX para la explotación de sus recursos y sus seres humanos, a los que en la peor tradición occidental -especialmente anglosajona, ya saben, wasap- se les negaba la titularidad de derechos sobre sus tierras ancestrales y sus recursos naturales y hasta la propia condición de seres humanos.

El expolio de recursos y las prácticas de trabajos forzados y de masacres fue algo habitual. La civilización occidental solía tener como agentes coloniales a lo peor de cada casa. Las inversiones en infraestructuras, cuando se ejecutaron, no tenían nada que ver con las potencialidades de desarrollo de aquellos territorios colonizados, sino con el transporte hasta las metrópolis de sus riquezas minerales, agrícolas, ganaderas, madereras..

Y después del logro de la independencia, todos las presiones imaginables para dejar gobiernos “medianeros”, que diría Clavijo, y perpetuar relaciones de dependencia neocolonial. Total, países sin el grado de cohesión interna imprescindible para hacer viable un Estado. Guerras, frecuentemente atroces, entre comunidades, tribus y etnias secularmente enfrentadas, empujadas por el proceso emancipador que reproducía las líneas de reparto colonial a convivir en el mismo país “independiente”. En fin, innumerables Estados fallidos cuya autoridad ha sido de inmediato ocupada por nuevos señores feudales armados hasta los dientes por las grandes empresas que continúan explotando minerales raros y “diamantes de sangre”, o por el yihadismo más agresivo, especialmente contra las mujeres africanas, como en el inmenso y cercano Sabel.

Y ahora, para más Inri, recortes salvajes de la cooperación y las ayudas humanitarias bajo inspiración trumpiana y de los intereses que este individuo aciago representa.

Y Canarias, en la Ruta Atlántica que recorren jugándose la vida y muriendo en desgarradoras circunstancias desesperados seres humanos, “les damnés de la Terre”, niños y menores solitos incluidos, en busca de la esperanza.

¿Cómo ha venido reaccionando aquí cierta clase dirigente (ya saben) ante lo que algunos desalmados llegaron a calificar de invasión? Que yo recuerde, con vergüenza como canario: convocando desde la órbita del mismísimo ayuntamiento en la primera oleada migratoria, allá por 2006, una inmunda manifestación en Santa Cruz de Tenerife. Fue jaleada por los editoriales de El Día a bombo y corneta. Pero fracasó, afortunadamente. 

Luego fueron las proclamas desde Coalición Canaria (les ahorro señalar a los protagonistas) de que Canarias se iba a convertir en una Nueva Lesbos o en Lampedusa 2, islas mediterráneas donde las murallas despiadadas de la misma Europa que diezmó sus riquezas y sus poblaciones hasta la extenuación los concentraba en el más despiadado hacinamiento. Luego vinieron maniobras y mensajes racistas de José Manuel Soria, las actitudes de la alcaldesa de Mogán llegando a abrir expedientes sancionadores a los hoteles que alojaron temporalmente a las personas concentradas en espantosas condiciones en el muelle de Arguineguín. 

Y, pa´ no ir más lejos, los infames panfletos que repartió Coalición Canaria en La Laguna, en los que llegaban a decir que a los canarios les vendría bien unas vacaciones pagadas con dinero público. Hacían llegar esos libelos jediondos especialmente en los entornos de los acuartelamientos de Las Raíces y de Las Canteras, donde hubo que alojar a los africanos después de una década de desmantelamiento de las instalaciones por parte de Gobiernos estatales del PP apoyados parlamentariamente, cómo no, por los de “el modo canario” de hacer las cosas. Y, más de último, la negativa y el boicot de los gobernantes autonómicos del PP y, cada vez más, de PP/Vox, es decir de los aliados genealógicos de nuestros “nacionalistas”, a la distribución solidaria de los menores no acompañados. 

Ese rechazo a los migrantes, y lo saben, les sirve políticamente como reclamo hacia quienes -como decía E. Hobsbawn en La Era del Imperio- les puede servir el nacionalismo y la xenofobia “como vehículo perfecto para expresar los resentimientos colectivos” ya que “no pueden explicar con precisión su descontento” por las desigualdades, la pobreza y el desamparo que sufren en sus propios países desarrollados, descargándolo “sobre los malhadados extranjeros”. Siempre, eso sí, que sean pobres y de tez oscura.

Pero ahora se postrarán en hinojos ante el Pontífice, con retransmisión a los cuatro vientos por la fanfarria mediática del régimen aticoalicionero, que ha llegado a la bravuconada de boicotear desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Clavijo la huelga de los trabajadores de los servicios informativos de la RTVC, en respuesta frente las salvajadas que vienen perpetrando en los medios públicos que pagamos todos los canarios.

La Declaración de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, dada a conocer este jueves, puede ser -supongo- comentada. E incluso, criticada.

Contiene, a primera vista, alguna contradicción llamativa entre el primer y el último párrafo. No es lo mismo que, por parte de los integrantes de otros poderes del Estado o por simples ciudadanos como el que esto escribe, se cuestionen “concretas actuaciones judiciales” que atribuirle genéricamente “a la función jurisdiccional, fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho...”, con la que concluye la declaración.

Porque, aunque la Comisión Permanente mezcle el cuestionamiento de actuaciones judiciales concretas con una especie de crítica a la función jurisdiccional en su conjunto, nadie está poniendo en tela de juicio la imprescindible labor de miles de jueces y juezas que, sean cuales sean sus afinidades ideológicas o políticas, cumplen a diario con las garantías y principios constitucionales.

Estamos viviendo en la sociedad democrática española una situación inimaginable hasta hace pocos años: por ejemplo, cuando gobernaba el PP. Es pública y notoria la beligerancia antigubernamental de algunos jueces y juezas y, al mismo tiempo, su extraordinaria magnanimidad cuando se trata de investigar y de juzgar a altos responsables del Partido Popular. 

Algunos de esos magistrados ocupan puestos de mucho relieve en juzgados y tribunales, de los que son inamovibles en garantía de su independencia, para los que fueron designados discrecionalmente por el Consejo General del Poder Judicial, cuyas mayorías conservadoras se han perpetuado largos años, y en diversas etapas (cada vez que el PP pierde la mayoría parlamentaria), incumpliendo los plazos legalmente establecidos en la Constitución y en su Ley Orgánica.

El PP lo ha llevado a cabo mediante un fraude constitucional grosero: convertir la mayoría parlamentaria cualificada (⅗ del Congreso o del Senado), establecida constitucionalmente para fomentar amplio pluralismo en los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en un derecho de veto en manos del PP cuando está en la oposición, bloqueando así una y otra vez la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

Durante esos grandes períodos de bloqueo, las mayorías conservadoras, configuradas como expresión de mayorías parlamentarias de la derecha, seguían efectuando nombramientos de jueces como si tal cosa, frente a un principio que forma parte de la cultura jurídica común de los países democráticos y sustentados en el Estado de Derecho, que es el de que los órganos con el mandato de todos sus integrantes o de quienes contribuyen a formar las mayorías ya caducado deben limitarse a mantener las constantes vitales de las Instituciones. Y no continuar ejerciendo la plenitud de sus competencias. Durante el último bloqueo del PP, el Consejo General del Poder Judicial “en funciones” llegó a efectuar 63 nombramientos discrecionales relevantes, 20 de ellos para el Tribunal Supremo. Hasta que por Ley se prohibió expresamente esa práctica abusiva.

A partir de este escenario, hemos visto cómo se desenvuelven durante la investigación judicial algunos jueces: estricto respeto a las garantías de defensa en unos casos; o “acotamientos” de la investigación (Kitchen, M.Rajoy, Cospedal... sin ir más allá) o dejadez a la hora de impulsar la investigación y dirigir la actuación de los órganos de la Policía Judicial que están a sus órdenes. 

En otros casos, una avidez instructora, inquisitorial y prospectiva sólo comparable con el desdén ante cualquier contra indicio, por relevante que sea, favorable a las personas investigadas; e incluso poniendo trabas a las iniciativas de la defensa en ejercicio de su derecho a proponer la práctica de diligencias, que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Los casos contra el Fiscal General del Estado y contra Begoña Gómez son simplemente de libro.

Y no digamos a la hora de dictar sentencia: máxima exigencia de prueba para destruir la presunción de inocencia en unos casos y sentencias condenatorias basadas en “inferencias” (dígase “suposiciones”) en otros. Respeto a la propia jurisprudencia consolidada, dependiendo de quiénes o de qué casos; y en otros interpretaciones creativas de conceptos establecidos por la legalidad penal y por la propia jurisprudencia, en el caso de la Sala II del Tribunal Supremo, al condenar al Fiscal General por hechos que pudiera haber realizado alguien “de su entorno” ampliando el concepto de autoría más allá de las garantías en el campo jurídico penal. O revisando pronunciamientos de sus propias sentencias, como cuando calificaron de golpe de Estado el Procés, a pesar de que a sus responsables no los habían condenado por rebelión, sino por sedición, que era, hasta su reciente derogación, un delito contra el Orden Público; y no contra la Constitución. O la novedosa ampliación del concepto de malversación. Y todo para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes Generales en ejercicio de sus funciones constitucionales.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, podría tener un poco más de respeto por la inteligencia de la ciudadanía y difuminar algo su corporativismo y su querencia conservadora.

Y dejar de efectuar grandes proclamaciones sobre la independencia y la responsabilidad de los jueces -que nadie discute- y subrayar, al menos por una vez, que esa independencia judicial se sustenta en el pleno sometimiento a la Constitución y a las normas jurídicas que deben ser interpretadas y aplicadas siempre respetando el derecho fundamental a la igualdad ante la ley (con el que se abre la Declaración de Derechos de la Constitución Española, artículo 14) y el principio de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, garantizado por la propia Constitución (artículo 9.3). Igualdad ante la ley y prohibición de la arbitrariedad en el ejercicio del “terrible” poder de juzgar.

Llevamos casi tres años de acoso a un Gobierno legítimo, con la Constitución en la mano. Aunque, en realidad, desde que el conservadurismo español se repuso de la pérdida de la Dictadura (podríamos señalar 1994, la fecha del encumbramiento de Aznar como heredero de Fraga Iribarne), ningún Gobierno progresista es legítimo. Porque España es de ellos, del conservadurismo empresarial -luego mediático,que diría I.Escolar-, judicial, eclesiástico, social… De forma que todo vale para derrocarlo.

He visto de todo. Por ejemplo, cómo el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en puro fraude constitucional, para ir copando mediante nombramientos discrecionales las mayorías y las presidencias de los más altos órganos judiciales. Y, a partir de ahí, instrucciones sin límites (o acotadas, a según de quién se trate), sentencias, manejo de los plazos y calendarios judiciales verdaderamente obscenos.

El prestigioso catedrático de derecho Penal Quintero Olivares subrayaba cómo para imponer la condena de los EREs manejaron la inferencia argumental, que “es todo lo contrario a la presencia de una prueba”, para concluir que “el presidente autonómico y sus consejeros y viceconsejeros, por razón de su cargo, tenían que saber que algo anormal estaba sucediendo”. 

Por el contrario, y manejando estrictamente las garantías jurídico penales, se declaró que no se había acreditado que Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid y líder del PP, tuviera conocimiento de la maraña de corrupción que supuraba su Gobierno y su partido.

Las interpretaciones creativas del concepto de malversación para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía o la degradación del concepto de autoría para condenar al Fiscal General por hechos que pudiera haber realizado alguien “de su entorno”, al margen de las causas de justificación relacionadas con el deber legal de defender la imagen de la Fiscalía frente a los bulos de Ayuso y su plenipotenciario jefe de gabinete, son simplemente escandalosas. 

A mí, particularmente, me tiene asombrada la deriva de la Fiscalía Anticorrupción bajo la égida de Luzón y Romeral. Lo digo por conocimiento directo, a propósito del caso Reparos; pero, entre otros hitos, por su oposición al vaciamiento del correo B de Cristóbal Montoro, en la investigación de los manejos de Equipo Económico para amañar el contenido de normas tributarias a la conveniencia de determinadas grandes empresas, previo paso por caja. Y, para colmo, sancionaron a la fiscala que lleva el caso, convencida de que la función de la fiscalía es investigar.

Podía seguir casi hasta el infinito; pero no quiero privarme de mencionar cómo ZZ es inequívocamente Zapatero; pero no está del todo claro para personajes como Hurtado, García-Castellón o cualquiera de esa caterva ultraconservadora que el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, sí, el de los sobresueldos de procedencia ilícita fuera Mariano Rajoy… En fin…

Pero dicho esto, me gustaría exponer alguna reflexiones:

He desempeñado durante más de treinta años funciones de oposición, en primera línea y con perseverancia, al sistema que se configuró en Tenerife y luego en Canarias desde 1987. Incluso después de que la candidatura del PSOE que lideré resultara la más votada al Ayuntamiento de La Laguna en las elecciones ya remotas de 1999. La verdad es que no se me ocurrió decir que no fui alcalde porque no quise.

Con la perspectiva del tiempo, creo que las Islas, mi Isla, han sido como un laboratorio exitoso de lo que la derecha española lleva intentando a la desesperada en toda España: aquí, bajo la marca ATI, los sectores más influyentes de la derecha empresarial recuperaron -en el tiempo récord de acortarlo a una sóla legislatura de gobierno socialista en el Cabildo-, simplemente reavivando hasta el paroxismo el pleito insular y la hostilidad anti canariona, el poder institucional y volviendo a concentrar en sus manos todo el poder: el político y el económico. Sumando el control de gran parte de los medios informativos, la muralla, eso que yo he venido llamando “el Régimen”, ha venido siendo prácticamente infranqueable en casi 40 años.

Como eso es lo que se está fraguando ante toda España, habiendo sido las Islas “adelantadas”, quienes desempeñen o hayan desempeñado cargos institucionales u orgánicos en representación del PSOE o de otras organizaciones de izquierdas, han de tener muy presente que no pueden actuar en contra de los valores que proclaman defender ni en contra de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Ni siquiera en apariencia. Porque es tanta la potencia de fuego mediática al servicio de los intereses conservadores que pueden convertir -como tantas veces me habrán oído decir mis compañeros- “una pistola de agua en un lanzagranadas”.

Y lo que buscan es desmoralizar a los votantes socialistas y de izquierdas. Allá en la Península y “aquí acá”, como se dice en algunos lugares de La Palma.

El PP y ATI-CC saben que ya les resulta imposible acaparar todo el espacio social y electoral que va desde el centro a la derecha ultra conservadora, que es lo que les permitió sus más rutilantes resultados electorales en el pasado reciente, porque esos sectores ultras ya tienen marca propia. Por eso, buena parte de su estrategia pretende la desmoralización del potencial votante socialista. 

Nunca me olvido de cómo M. Rajoy sacó en 2011 mayoría absoluta con los mismos votos con los que perdió las elecciones de 2008 frente a Zapatero. Por el camino, el PSOE perdió casi 4 millones de votos que se sumaron sobre todo a la abstención. Primero presionaron hasta lo indecible desde el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, la Troika, para imponer al Gobierno de ZP la recetas socialmente regresivas frente a la crisis financiera, apoyándose en los grandes desequilibrios financieros que afectaban entonces a la economía española.Y, después, sacaron petróleo del desconcierto que aquel cambio de rumbo produjo entre los votantes progresistas.

Por todas esas cosas, y por muchas más, las propias convicciones y valores y la comprensión del escenario real, interno e internacional, que enmarca la política española y canaria exigen coherencia a los representantes y dirigentes progresistas. Tanto en su actuación diaria como en las reacciones frente a quienes tengan comportamientos incompatibles con lo que los votantes progresistas y la ciudadanía en general esperan de la izquierda.

Y, además, cuando un comportamiento presenta indicios delictivos que puedan sustentar una investigación judicial está proporcionando la gran excusa: ¡lo ven!, para difuminar los escandalosos caso de acoso judicial y de investigaciones inquisitoriales y prospectivas que, esas sí y escandalosamente, están obedeciendo la arenga de que “el que pueda hacer que haga”, pronunciado desde su púlpito por el que tiene en su mochila (y no digo en su conciencia, para que tengo dudas de que la tenga) el haber embarcado a España en la guerra de Irak, un “acto ilegal”…exponiendo “a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes”, como reza el artículo 590 de Código Penal (Título XXIII, De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado…). Y luego vino la catástrofe de Atocha. Y ahí sigue impune y sermoneando, tan campante.

Entre “que los desembarquen en Cabo Verde” y “al Gobierno de España le importa un pepino Canarias”, Clavijo y Rosa Dávila se han despachado a gusto.

Y, como era previsible, los esbirros de Coalición Canaria en los medios informativos y alguna voz jurídica, dispuesta a defender al presidente de Canarias, siguen y seguirán haciendo su trabajo. De justificar lo que a algunos canarios nos ha indignado y avergonzado.

Canarias es España y es Unión Europea. Y Cabo Verde, no. Y la lealtad institucional empieza por esta premisa. Ni siquiera voy a hablar de la nacionalidad de los pasajeros, mayoritariamente española y europea, ni a hacer comparación entre los sistemas sanitarios de ambos archipiélagos macaronésicos.

La “pertenencia” de Canarias a la UE es una realidad de extraordinaria importancia para nuestro Archipiélago. Y no se puede pretender ser Europa para las maduras y no para las verdes. Porque, como decía el inolvidable Pedro Molina Ramos, “los europeos son rubios, pero no son tontos”. 

Algunos canarios, con permiso de los que pretenden apropiarse en exclusiva de Canarias y de lo canario -es el tic del autoritarismo de siempre-, creemos que la actitud de las Islas y de sus autoridades debe alejarse del patético victimismo, que son incapaces de no practicar cada vez que creen que les conviene, y debe ser digna: exigente y cumplidora. En suma, confiable. Digna, confiable y, por tanto, alejada de la peor versión del cambullonerismo a la que Clavijo and company son irremediablemente adictos.

La lealtad institucional no es un latiguillo que uno pueda usar así, en abstracto, para salir del paso. La valoración jurídica de cualquier episodio o acontecimiento no puede consistir en alegar principios abstractos. Requiere un análisis del caso concreto, de los actos de las personas -en este caso autoridades- y del entorno. Es decir, de las circunstancias.

Para empezar, en nuestro sistema de gobierno territorial, el Estado autonómico, o en el de cualquier federalismo contemporáneo, no hay compartimentos competenciales completamente estancos. Pero la responsabilidad de tomar decisiones corresponde, en relación al asunto que nos ocupa, a quien tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, es decir al Estado. Y tomarlas no frente a una situación remota, sino frente a una emergencia sanitaria de alcance internacional, “en la que existe un interés prevalente en la protección de la vida y de la salud de las personas que se encuentran en el barco”, como declaró la Audiencia Nacional. Y la competencia es un poder de actuación, sustentado por el Derecho, que no solo implica la facultad de actuar, sino el deber legal de actuar. Y la responsabilidad derivada del no ejercicio de las competencias propias. Y la lealtad institucional de los demás poderes territoriales empieza por respetar y no intentar boicotear las competencias que corresponden “en exclusiva” a otros poderes territoriales, al Estado en este caso. Ni tratar de impedir el cumplimiento por parte de España de sus obligaciones con la Organización Mundial de la Salud de la que es Estado miembro. Y son las Instituciones estatales las que detentan la competencia “exclusiva” en materia de Relaciones Internacionales (149.1.3ª de la Constitución).

Clavijo nos representa a los canarios en la misma medida a la que alcanzan las competencias de la Comunidad Autónoma. No es una representatividad urbi et orbi. Ni más ni menos. Y el Gobierno de España también nos representa a los canarios en el ejercicio de las competencias estatales. Claro que a quienes niegan que España sea una comunidad política, la que se constituye en Estado social y democrático de Derecho (proclama la Constitución, nada más abrirla), esto debe sonarles a swajili. España existe como país, como comunidad humana, y no es simplemente un mero artefacto de dominación,“el Estado”. 

Por mí, que sigan pensando como quieran. Pero que pretendan sin más dar por establecidas esas “creencias” y que los demás canarios las acatemos “por sus bemoles”, de eso nada.

Y Canarias forma parte de esa comunidad política, que es y se llama España. Digo “forma parte”, como las demás comunidades territoriales, y no “pertenece” a España. Singular, alejada, ultraperiféricos, atlántica… pero tal vez por primera vez en su historia, no es una pertenencia con muchos rasgos coloniales; sino que forma parte de la España constitucional, de un país plural que articula la convivencia democrática entre sus territorios y sus habitantes sobre una fórmula federalista: unitaria, plural y solidaria.

Y a algunos canarios ni Clavijo, ni los sectores e intereses a los que representa; ni ningún exponente del centralismo o del españolismo autoritario (me refiero al PP o a Vox, socios de Coalición Canaria en el gobierno autónomo y en algunos municipios) nos va a imponer cuáles deben ser nuestras lealtades: como canarios, como españoles, como europeos, como ciudadanos de este mundo cada vez más despiadado con los pueblos y las personas sumidos en la pobreza. Y también la lealtad a los propios valores y convicciones, a la ideología. Porque cada uno tenemos el derecho inalienable de administrar las propias lealtades.

Decía Eric Hobsbawn en La Era del Imperio 1875-1914, que “la Nación era una nueva religión cívica de los Estados… un nexo que unía a todos los ciudadanos con el Estado… y una forma de contrapeso frente a todos aquellos que apelaban a otras lealtades por encima de la lealtad al Estado… sobre todo a la (lealtad) a la clase (social)”. 

Esta es una clave esencial de todo nacionalismo, también el nacionalismo pintoresco de Coalición Canaria. Apelan a la diosa Canarias, de la que sólo ellos son el colegio sacerdotal, para zafarse de sus propias responsabilidades y, especialmente, para camuflar los intereses de los influyentes sectores sociales a los que representan, cada vez más fácilmente identificables simplemente con observar qué hacen al frente de las Instituciones. Y, sobre todo, qué no hacen. Me puede explicar alguien, por ejemplo, por qué han tardado años y años en desarrollar verdaderos hospitales públicos en el Sur y en el Norte de Tenerife. En fin, podría poner ejemplos legislativos, presupuestarios, portuarios, infraestructurales, medioambientales…, que están en la mente de todos.

Posdata.- Para ponerles un ejemplo del “colonialismo” que sufrimos. La Monarquía de los Austrias y de los Borbones exigió y endureció la aplicación de la alcabala a sus dominios americanos. Como impuesto sobre las ventas era de lo más parecido al IVA de estos tiempos. IVA que en Canarias no se aplica, porque aquí existe el IGIC, cuya recaudación se destina íntegramente a las instituciones canarias. Y, al tiempo, los municipios canarios participan en pie de igualdad (al 100%) con los municipios peninsulares en el porcentaje de participación en los ingresos del Estado, que se nutren fundamentalmente de la recaudación de los impuestos de la sobre la renta y del IVA. Y eso por no hablar de lo que supone la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en la recaudación del Impuesto de Sociedades. Curioso colonialismo. Ya “tá” bueno de tanta demagogia y de tanta impostura.

Nunca imaginé que en su presentación en sociedad, nada menos que ante la opinión pública internacional, ATI-Coalición Canaria iba a dar su versión más grotesca. Pero así ha sido para vergüenza de tantas buenas gentes de estas Islas.

No voy a detenerme en la riada infinita de memes, merecidos no: lo siguiente, en la que se ha desatado la imaginación hispana.

Clavijo y sus mariachis se han llegado a creer completamente inmunes, judicial y mediáticamente hablando. Y ya se sabe que la sensación de impunidad es mala consejera.

Sin embargo, más allá del descrédito que puedan sufrir y que, supongo porque les conozco, pensaran en lograr poderlo hacer olvidar antes de las elecciones, con ayuda de su división acorazada propagandística, me pregunto ¿tendrá algún tipo de relevancia jurídica la decisión de no autorizar el fondeo del MV Hondius y el desembarco y traslado de los pasajeros? Porque vivimos en un Estado de Derecho en el que todos los poderes públicos están sometidos a la Constitución (artículo 9.1). También el Poder Judicial, si me perdona el inmarcesible juez Marchena.

Y lo que ha hecho Clavijo (sí, el mismo que propugnaba que Canarias se convirtiera en un Estado Libre Asociado, como Puerto Rico, sin saber de qué estaba hablando) es sencillamente colocarse Él por encima de la Constitución como si tal cosa.

La Constitución estableció los principios y señaló el camino, las herramientas legales y los límites para emprender una profunda transformación de la organización territorial del Estado, de forma que hoy reúne las características que identifican al federalismo contemporáneo: las esenciales, como son la existencia de unas entidades territoriales que ejercen una parte considerable del poder legislativo, aprobando normas con fuerza de Ley, a partir de una distribución de competencias efectuada por la Constitución y los Estatutos de Autonomía que no puede ser alterada unilateralmente por el Poder Legislativo del Estado. Y del Tribunal Constitucional que, sin estar integrado en el Poder Judicial, tiene encomendada la función trascendental de garantizar la supremacía de la Constitución, interpretando y aplicándola con arreglo a criterios jurídicos. Y, en consecuencia, resolviendo todos los conflictos relacionados con la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Todo esto lo cuento, perdónenme, después de haber oído a Rosa Dávila hablar de “colonialismo”. Qué nivel.

La Audiencia Nacional rechazó hace varios días la paralización del desembarco solicitada por una Iustitia Europa, de ideología ultraderechista. En su resolución subrayaron los magistrados que la actuación del Gobierno de España, “orientada a la colaboración internacional” se iba a ejecutar en una situación de “urgencia sanitaria” y que, “en consecuencia, existe un interés prevalente en la protección de la vida y de las personas que se encuentran en del buque”.

El Gobierno de España tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de Sanidad Exterior (149.1.16ª) por la Constitución.

El Reino de España es parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en consecuencia, está obligado (artículos 93 y 96.1 de la Constitución) por las normas de su Tratado y por el Reglamento Sanitario Internacional, que atribuye a la OMS, en circunstancias de Emergencia de Salud Pública Internacional la coordinación de la respuesta y la de dirigir la propuesta de acogida al Estado que reúna las mejores condiciones técnicas y operativas, que queda obligado a colaborar en virtud de los principios de cooperación internacional y solidaridad sanitaria (artículos 13 y 44).

El Gobierno de España, por tanto, ni llevó a cabo ninguna imposición, ni ninguna violación de “nuestra autonomía”. La ocurrencia del portavoz de Clavijo de que ha sido como un artículo 155 de la Constitución encubierto es para tomársela a broma, si no estuviéramos hablando de algo muy serio.

La Comunidad Autónoma de Canarias no tiene competencias en materia de sanidad exterior, ni tampoco en la gestión de puertos de interés general, integrados en la red portuaria que gestiona un organismo autónomo, Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes.

Sí todo esto es así, ¿qué competencias y autoridad legal tiene Clavijo para decidir no autorizar el fondeo del buque muy pocas horas antes de su llegada, ni para transmitirle su decisión a la Autoridad Portuaria de Tenerife, para impedir la ejecución del operativo fijado por las autoridades internacionales y estatales competentes? Ninguna.

Ni tampoco para tomar esa decisión por su propia mano, es decir por la “vía de hecho”, sin tramitar ningún procedimiento ni disponer -por lo que ha reconocido su portavoz, Alfonso Cabello- de informe jurídico alguno.

La actuación de Clavijo ha sido absolutamente ilegal por no disponer de competencia alguna para tomarla y por haber tomado esa decisión prescindiendo absolutamente de cualquier procedimiento legal establecido. Y, según la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 47.1.a) y e), nula de pleno Derecho.

Fue la oposición de Clavijo y su decisión de “no autorizar” la que colocó al Gobierno de España en la necesidad de dictar, a la 01.12 horas, en la madrugada en la que iba a arribar el buque, la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, en legítimo ejercicio de sus competencias, imponiendo el fondeo o atraque el barco en el Puerto de Granadilla.

La situación de urgencia sanitaria internacional, en la que Clavijo ha intentado impedir la realización del operativo para el desembarco y el traslado de los pasajeros definido por las autoridades competentes, le dan a la conducta del presidente del Gobierno de Canarias una trascendencia jurídica y unos factores de agravamiento que, en opinión de este jurista de pueblo (si me lo permiten Marchena, Luzón y Choclán), van mucho más allá de la nulidad de pleno Derecho desde el punto de vista del Derecho Administrativo, y tienen alcance jurídico penal.

Posdata.- Si alguien me pidiera que definiera la esencia del colonialismo le respondería que la dominación colonial consiste, primordialmente, en la derogación en los territorios colonizados y en el trato a sus poblaciones originarias de todos los principios y derechos que solemnemente se proclaman en las metrópolis: especialmente la vida, la libertad y la propiedad de sus riquezas naturales, sometiéndolos a prácticas genocidas, esclavistas y al saqueo de sus recursos.

Y, en nuestro tiempo, destruyendo o secuestrando principios y derechos propios de la democracia. Por eso me indigna tanto que la Cadena Ser, referencia de toda esta etapa democrática de vida española, esté literalmente secuestrada aquí, en Canarias, por los que encima se permiten hablar de colonialismo y sus esbirros. Lo de estos días ha sido de traca: como si fueran dos cadenas informativas, la Ser Nacional y la Ser de Canarias completamente distintas. La primera, con principios deontológicos perfectamente identificables y aplicados por sus servicios informativos. Y la Ser Canarias, ya lo han visto. Suma y sigue.

Todo ha ido a más y más.

Se pasaron día tras día calificando los graves acontecimientos del Procés de “golpe de estado”. Y lo que estamos presenciando ¿qué es?

Todo esto empezó hace tiempo: desde que la derecha de verdad, la del poder económico, se recompuso para actuar en las instituciones con el PP de Aznar (“váyase señor González”, cosas veredes Sancho) después de la desaparición de Franco y el “advenimiento” de la democracia. Desde entonces hasta hoy todo ha ido a peor la mejoría. Ya no aceptan ningún Gobierno que no responda a sus intereses.

De modo que el Gobierno constitucionalmente legítimo es un Gobierno/okupa contra el que todo vale, a menos que sea un gobierno PP con sus correspondientes socios parlamentarios. Que si son fascistas o diabólicos indepes da lo mismo: se proclama la prioridad criminal contra las personas migrantes, o se habla catalán en la intimidad y se inicia la cesión del IRPF o lo que haga falta… Ya se sabe: España siempre es y sólo es lo que les conviene.

Confieso que me aterra todo el partenariado de esta estrategia.

En el Poder judicial, después de largos años secuestrando el Consejo General en claro fraude constitucional, ya tienen el juez idóneo en los tribunales y procedimientos oportunos: García-Castellón, Hurtado, Peinado…y el que, dicen por ahí, que controla todo desde atrás. Lo de estos días ha sido de traca: la jueza Teresa Palacios de cancerbera estricta de cualquier pregunta que pudiera tocar a M. Rajoy, a Cospedal y a la cúpula del PP (y del Gobierno) en el caso Kitchen reafirmando o las “líneas rojas” de la instrucción, por llamarla de algún modo, de García-Castellón. Todo para preservar a quienes autorizaron la utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para destruir las pruebas de la corrupción del PP que enarbolaba Bárcenas. Y para perjudicar a Podemos, a los independentistas y demás adversarios políticos. O dicho de otra forma: a cualesquiera potenciales aliados parlamentarios del PSOE.

No hay herramienta contra el Gobierno que no utilicen: todo lo que conlleve margen de discrecionalidad judicial y, por tanto, de difícil revocación en vía de recurso lo emplean a fondo. 

Veamos:

Valoración de testigos. A mí me ha impactado cómo Marchena condenó a Alberto Rodríguez sobre la declaración de un único testigo, que era el propio policía denunciante, y cómo han desechado en la investigación y juicio del ex fiscal general todos los testimonios que diluían la revelación de un secreto que tantos conocían de antemano.

Prisión o libertad provisional: Ábalos al trullo y Montoro tan campante, como si hubiera menos riesgo de que se fugue el ministro-fundador de Equipo Económico, el despacho que cobraba por amoldar el contenido de normas tributarias a los intereses de determinadas empresas.

Manejo de los tiempos procesales… todo, lo que se dice todo, en plena ofensiva contra un Gobierno progresista. Como diría mi padre, con lo largo que es el año (o los años desde que se inició la investigación de Kitchen) para ajustar el calendario y que coincidan en los mismos días, semanas y mes el juicio oral de Kitchen y el caso Ábalos. Y eso por no mencionar la “programación” de resoluciones contrarias a la izquierda antes de las elecciones. Y si son contrarias a la derecha, “pa´dispués”. Y “a la viceversa”: si favorecen a la izquierda, después. Si a la derecha, antes. De las elecciones, claro.

A mí me tiene particularmente asombrado en lo que han ido convirtiendo la Fiscalía Anticorrupción, al mando de Luzón, Romeral y Cía. La sanción a la fiscala que ha venido actuando en el caso Montoro porque intentó que se vaciara judicialmente el correo a.romero@minhap.es, el correo B de Cristóbal Montoro. La excarcelación del omnipresente Aldama por “colaborar” con la justicia en un caso diferente al que había determinado su prisión provisional. Por decisión de Luzón y del fiscal del caso, Luis Pastor, que desempeñó diversos cargos en sucesivos gobiernos del PP. Y todo sin consultar siquiera al Fiscal General del Estado… Ahora ya sabemos para qué Anticorrupción le soltó las riendas, perdón, retiró la solicitud de prisión provisional, que determinó el juez instructor se viera obligado a excarcelar a Aldama, hoy rutilante estrella judicial, con la benevolencia del presidente del tribunal, Martínez Arrieta, y televisiva. 

Y qué me dicen de la UCO, a las órdenes de Balas. Celeridad vertiginosa y exhaustividad investigadora “a sigún” qué asuntos. Indolencia y arrastradera de piernas en otros. ¿Se imaginan en qué casos circulan en primera y en cuáles en quinta? ¿O hace falta que les haga una relación?

No hay ningún mecanismo ni garantía del Estado de Derecho que resista una quiebra del pluralismo informativo, como la que estamos viviendo, en la que existe un oligopolio en manos de influyentes (e insaciables) poderes económicos y al servicio de sus gorgoritos políticos. Ni tampoco la degradación de los principios de independencia judicial y de su único sometimiento al imperio de la Ley (117.1 de la Constitución), que tan paciente como alevosamente han ido preparando durante años mediante la política de nombramientos y ascensos “discrecionales” por parte de un Consejo General del Poder Judicial secuestrado de hecho por el conservadurismo hispano. Que no es cualquier conservadurismo. Y a la Historia de esta España nuestra me remito.

Y si encima las actividades de auxilio judicial a cargo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también cojean del pié derecho, pobre democracia. Pobre España. Menos mal que existen policías dignos, y espero que muchos más, como el inspector-jefe Morocho.

Aunque tengamos todos los días la angustia de contemplar a la Humanidad retrocediendo hacia la barbarie, siempre quedan resquicios de esperanza. Y proclamar, como dicen que cantaban los coros angélicos: “Pax in terris hominibus (et mulieribus) bonae voluntatis”

Es una época saturada de plagas bíblicas, un tiempo tétrico, la del arranque del Siglo XXI d.C.

Con un bufón sanguinario y desquiciado en la Casa Blanca, que nos obliga a pensar en qué influyentes poderes y qué déficits en la democracia pueden haberle llevado electoralmente ¡por segunda vez! a la presidencia norteamericana.

Los mismos EEUU, los mismitos, que han promovido, tolerado o sustentado las más sangrientas dictaduras, y que apadrinan el exterminio del pueblo palestino, pretendiendo enarbolar la defensa de la libertad como coartada para sus ataques contra Irán -donde, claro que sí, existe un régimen político sanguinario- cuando está siniestramente comprobado que lo que buscan es apropiarse de sus recursos petrolíferos y ponerle chinitas en el camino a la potencia emergente (y perdón por lo de chinitas).

El mismito Trump que ordena asesinatos en las aguas latinoamericanas con pretextos como el de “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”, de hace tres días nomás.

Cuando la derecha española (no me refiero al PP, meros guiñoles en el teatro el ruedo ibérico), la derecha de verdad, la que disfruta de poder económico y de un control asfixiante de medios informativos, canales bulescos y circuitos propagandísticos, y vuelve a despreciar cualquier democracia en la que no controlen, y pongan a su servicio, las Instituciones.

¡O tempora! éstos en los que tenemos que presenciar en directo cómo Rajoy y Cospedal se vienen librando impunemente de sentarse en el banquillo en el caso Kitchen, por las maniobras de García-Castellón (al que había que traer de inmediato de su destino dorado y “mandar a tomar-por-culo” a Onteniente a quien le sustituía en su juzgado) dispuesto a interrumpir la investigación en el momento oportuno, y cómo otro juez practica puras pesquisas inquisitoriales para incriminar sea como sea a Begoña Gómez haciendo caso omiso de todo lo que desvirtúe sus propósitos, en el peor estilo del coleguita que se encargó del fiscal general. Si alguien cree que lo hacen por su cuenta y sin ningún paraguas en los altos estratos de la judicatura, está más despistado que un pulpo en un garaje.

Cuando el PP acuerda sendas desvestiduras en Extremadura y Aragón (y las que te rondaré) asumiendo el odio a los migrantes y las consignas racistas y xenófobas del nuevo fascismo. Perdónenme pero no he podido evitar estos días que me ronden la cabeza aquellas letras “…ay de mí, pena mortal, por qué me alejo España de ti, por qué me arrancan de mi rosal…” “...tengo una copla morena hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós… Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací..”, de nuestros emigrantes y exiliados.

Lo único que les falta después de firmar con la ultraderecha eso de la “prioridad nacional” es ponerse a rezar en actitud beatífica para acabar de parodiar del todo al coleguita de Epstein. Que dice no saber nada de su pedofilia, como tampoco Feijóo sabía nada del narcotráfico de Marcial Dorado.

La misma época en la que uno tiene que soportar la presencia de Felipe González compartiendo mesa y mantel con Feijóo, Vox y Corina Machado.

Pero es también el tiempo en el que el Papa Prevost, con su inglés materno chicoagan, le planta cara, en nombre de los mejores valores humanitarios y cristianos. Y el obispo canariense da la cara en defensa de quienes se ven obligados a migrar por la ruta atlántica más mortífera, la de Canarias, proclamando que “si se quiere ser cristianos y se quiere ser humano, hay que atenderlos y cuidarlos”.

También el tiempo en que un Gobierno español lidera ante la opinión pública internacional las mejores causas, la de la defensa del Derecho Internacional, la del respeto a los derechos humanos, la de la regularización de los migrantes a los que algunos querrían seguir tratando como mano de obra sin derechos, como esclavos que llegan por sus propios medios sin necesidad de traerlos encadenados en las bodegas…

También el tiempo en el que miles de personas de todos los países se involucran solidariamente con los pueblos que sufren agresiones militares despiadadas, en escenarios que están bajo los focos de la prensa internacional o en guerras, limpiezas étnicas, religiosas o de cualquier otro tipo en países y regiones olvidadas.

Por eso, aunque tengamos todos los días la angustia de contemplar a la Humanidad retrocediendo hacia la barbarie, siempre quedan resquicios de esperanza. Y proclamar, como dicen que cantaban los coros angélicos: “Pax in terris hominibus (et mulieribus) bonae voluntatis”.

Algo ha fallado clamorosamente en la democracia norteamericana (llena de déficits como todas las democracias, aún así el sistema menos malo de los posibles) para que estemos viviendo este panorama aterrador

Como si fuera una terrible pesadilla para los que lo observamos desde lejos; pero una aterradora realidad para las personas que sufren diariamente estas actuaciones criminales en sus propias carnes, Trump, su camarilla, los oligarcas multimillonarios a los que representa -y sus lacayos como Abascal, Feijóo y Ayuso y un etcétera que llega hasta estas Islas- nos lo pretenden contar con tintes épicos.

La de “llevar a Irán a la Edad de Piedra de donde proceden” es el termómetro terrorífico de en manos de quién está el mundo: un tipo que desconoce que cuando Europa era una península de Asia sumida en la barbarie, en la cuenca del Nilo, en la Mesopotamia, alrededor del Indo y en el Lejano Oriente florecían civilizaciones milenarias. Y que, a pesar de las esperpénticas plegarias en el Despacho Oval, también ignora la creencia en la existencia del alma y su inmortalidad proviene de la religión mazdeísta de la antigua Persia. 

Como si de un nuevo Far-(W)Est se tratara, un nueva serie de la epopeya de La Conquista del Oeste, es decir del genocidio de las naciones y tribus indígenas de Norteamérica con la que inundaron nuestra infancia los westerns de su industria cinematográfica.

Gaza, Irán, Líbano… y un suma y sigue de crímenes de lesa Humanidad, mal disfrazados con consignas en defensa de la democracia frente a regímenes dictatoriales o de acabar con la existencia de grupos terroristas, pero cuyos objetivos reales de apropiación de recursos estratégicos de Irán (como lo está siendo de Venezuela) o como excusa para el expansionismo supremacista israelí son completamente evidentes. Y ya ni se preocupan demasiado por ocultarlos.

Ya se sabe demasiado que lo de las dictaduras y la democracia en la política exterior de EEUU depende de si le hacen o no el rendez vous a los intereses estratégicos y a la voracidad de sus multinacionales o no. No paran en mientes para promover la instauración de regímenes atroces o proteger a los ya existentes si se doblegan a sus intereses. Como si las dictaduras, se pinten de negro, de rojo (o de azul) no fueran igual de abominables, sean cuales fueran sus proclamas fundacionales: fábricas de represión de las libertades, de corrupción, de impunidad y de mediocridad.

Pero a todo esto cada día me pregunto cómo el viejo Gran Old Party, el Partido Republicano, el que fue fundado en 1854 por un grupo de activistas antiesclavistas, el partido de Abraham Lincoln, el que lideró la abolición de la esclavitud, ha podido acabar secuestrado por un demente y criminal y por los poderosos lobbys que lo manejan. Y cómo un individuo que alentó una rebelión contra las elecciones que perdió frente a la candidatura de Joseph Biden ha podido volver a ganar unas elecciones presidenciales.

Algo ha fallado clamorosamente en la democracia norteamericana (llena de déficits como todas las democracias, aún así el sistema menos malo de los posibles) para que estemos viviendo este panorama aterrador. También en el plano interno de los EEUU, con toda la violencia desatada por el ICE, los visibles designios del Poder Ejecutivo de acabar con la separación de poderes, especialmente con la independencia del Poder Judicial, de instaurar la censura informativa y, en definitiva, de subvertir los principios fundamentales de la Constitución Norteamericana.

En mi opinión, allá (y ya casi “aquí acá”, que se dice aún en La Palma) la clave reside en el control omnímodo de los medios de comunicación, destruyendo el pluralismo informativo y “la existencia de la comunicación pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político y, por ello, al funcionamiento de un estado de derecho democrático”, reduciendo “a formas huecas las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática”, como nuestro Tribunal Constitucional proclamó desde sus más tempranas sentencias, a principios de los 80.

Sin el control de los medios informativos convencionales y -la novedad de estos tiempos- de la implacable apisonadora de intoxicación en que los megarricos han convertido las redes sociales, lo que estamos viviendo sería impensable. 

La degradación de la democracia, la derogación de los derechos sociales y laborales y la destrucción de las libertades políticas que les resulta imprescindible para poder perpetrar sin resistencia de ciudadanos y trabajadores esas degradación y derogación (¿se acuerdan de la Ley Mordaza?) es una etapa en el camino que el Gran Capitalismo y sus representantes políticos conservadores y neocons emprendieron, allá por los 70, desde que el bloque soviético se fue colapsando económicamente, como preludio de su desmoronamiento político pocos años después. Lo emprendieron en todo el Mundo Occidental. Y también en España, con sus agentes más grotescos: de Aznar al tándem Feijóo-Ayuso; por no mentar a Abascal, la peligrosa caricatura neofascista.

Por eso al intento de Clavijo de controlar (¡también!) la dirección de RTVE en Canarias, después del allanamiento de la radio autonómica y de la Televisión Canaria, no nos lo debemos tomar sólo como la ridiculez que es, sino como parte del guión de influyentes poderes empresariales -también por estos lares- de convertir la realidad política de Canarias y su autogobierno en un puro remedo de democracia. Y a sus Instituciones en meras agencias de sus intereses.

¿Ustedes se imaginan cuál sería cuál sería el panorama de la inmensa constelación de medios de comunicación en manos de la derecha si asuntos como Gürtel, “Policía Patriótica (Kitchen), los del ministro-milagro Rato o del sin par Montoro afectaran al PSOE? ¿O qué celo y con qué prisas no se estarían dando los jueces de la misma calaña que los García-Castellón, Hurtado, Peinado… para investigar y sentar en el banquillo a todo quisque de este Gobierno ”o de su entorno“, siguiendo las innovaciones jurídicas de Marchena?

¿O hasta dónde llegarían los ditirambos y las alabanzas si un gobierno del PP pudiera presentar la quinta parte de los datos económicos y de empleo del actual Gobierno de España?

Pero lo que estamos padeciendo es una hegemonía de tal calibre de los medios y canales informativos por parte de la derecha que a un observador distante le daría la impresión de que el Gobierno legítimo representa a una minoría marginal de la sociedad española, exacerbando hasta el infinito sus yerros reales o aparentes y silenciando los casos flagrantes de corrupción, las contradicciones obscenas y, en las últimas semanas, las actitudes serviles y antipatrióticas del PP y de Vox frente a los delitos de genocidio y de lesa humanidad que está la sociedad española presenciando en riguroso directo. Bajo esa campana de protección, y la sensación de impunidad que les proporciona, la derecha y la ultraderecha españolas se han creído que pueden hacer y decir -sin coste alguno- lo que se les antoje.

Con este panorama informativo y con la estrategia antigubernamental descarada de 

jueces que parecen estar colocados en los órganos jurisdiccionales y en los procedimientos oportunos, las bases de una democracia pluralista están más minadas que el estrecho de Ormuz. O que el Puerto de Haiphon, minado por el ejército americano durante la guerra del Vietnam. Pero parece que es “ley de vida” que quien ataca al imperio, aunque sea para defender su soberanía, es un terrorista. Y las agresiones genocidas del imperio, de cualquier imperio, siempre se cometen en nombre de la libertad, de la civilización y hasta de las creencias religiosas.

Han sido escuetas, prudentes, pero necesarias.

Y la derecha “patriótica” en todas sus variantes le ha salido al paso a SM.

La colonización de las Indias por la Corona de Castilla -no por el Estado Español, cuya unidad desde la Confederación de Reinos que fue la Monarquía no resulta reconocible hasta el advenimiento de la dinastía Borbónica- fue un largo y complejo proceso que no admite resúmenes simplistas ni desde las añoranzas imperialistas del españolismo conservador, ni desde el “indigenismo” de los gobernantes americanos o del de algunos sectores de la izquierda española.

Entre los exabruptos, como siempre, destacan los de Ayuso. De forma que la justificación de La Conquista, de Méjico por ejemplo, era acabar con las inmolaciones de seres humanos ante los dioses paganos. Ya caigo: fue una “intervención humanitaria” como la del asalto trumpista y netanyhista al régimen de los ayatolás. Como si los tormentos y las hogueras de la Inquisición se hubieran realizado en plena Edad Moderna en Katmandú; y no en lo que hoy es España y con pretendida justificación religiosa.

La conquista y la explotación de las Indias, con la consabida coartada de la evangelización y el “acrecentamiento de Nuestra Sancta Fee Catholica”, fue el fruto y el despliegue de muchos intereses metropolitanos, también de la Iglesia como poder “terrenal” y, desde tiempos relativamente tempranos, de las nacientes élites criollas. Las mismas oligarquías que lideraron la Independencia cuando el reformismo de los Borbones rompió el “consenso colonial”, básicamente mediante la Ordenanza de Intendentes (4/dic./1786), terminando con los repartimientos de tierras y de indios y sustituyendo a los corregidores y alcaldes mayores por intendentes, asistidos por subdelegados en los pueblos de indios.

La Corona, en tiempos de la Isabel de Castilla y hasta bien entrado el reinado de Carlos V, mantuvo una actitud celosa y protectora en relación a los derechos de los indígenas americanos, frente a los desmanes de conquistadores y colonizadores hambrientos de riquezas y de gloria. Las Instrucciones a Nicolás de Obando (1503) o el Codicilo testamentario de la Reina Católica y Las Leyes de Indias, especialmente Las Leyes Nuevas (1542) dan buena prueba de esa actitud.

De estas preocupaciones de la Corona hispana, asesorada por destacados tratadistas de convicciones cristianas y humanistas, no existe ni el menor indicio en ninguna de las monarquías europeas que emprendieron y consolidaron sus propios imperios coloniales. Todo lo contrario, especialmente en el terreno de Her Gracious Majesty británica. Así que cada cosa en su sitio.

Pero la Monarquía, involucrada por los Austrias en infinitas guerras en Europa, por intereses de los Habsburgo y como paladines del catolicismo, ahogada financieramente hasta el punto de haber sufrido sucesivas bancarrotas y suspensiones de pagos en tiempos de Felipe II (1557,1560,1575, 1590) cada vez dependía más del “quinto Real”, la parte del botín que correspondía a la Hacienda regia,tanto más oneroso cuanto más intenso fuera el expolio de las tierras y de los pueblos americanos originarios.

Durante buena parte del dominio español, tanto La Corona como sus funcionarios entendieron que el compromiso con las oligarquías criollas era imprescindible para conservar aquellos inmensos territorios. Y ese compromiso implicaba mantener un orden social especialmente opresivo sobre los pueblos indígenas, sobre el creciente número de esclavos africanos y sus descendientes y sobre los colonos pobres. Y, a pesar de que se formularon programas reformistas y modernizadores desde ámbitos intelectuales y políticos americanos, este orden no sólo no fue alterado sino a que en muchos aspectos intensificó su crudeza después del logro de las Independencias. La ruptura de aquel “consenso colonial”, de aquella “constitución no escrita”, por la frustrada “reconquista” americana de Los Borbones, añadida a la pérdida definitiva del control del Atlántico (Trafalgar 1805) a favor de la Monarquía Inglesa, desencadenaron el proceso de Independencia de los países hispanoamericanos.

Al final de todo este largo período colonial, en el que hubo “un afán de protección (de los indígenas, se entiende) que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso” como ha expresado Felipe VI, quedó en pié una América hispana muy mestiza. Exactamente al contrario de lo que ocurrió en la América inglesa tras haber perpetrado el genocidio de sus pueblos originarios. Con o sin Leyenda Negra antiespañola, no hay más que mirar a esa “América para los americanos” (americanos blancos, anglosajones y protestantes, of course) que continúa reproduciéndose criminalmente ante nuestros ojos.

En fin, me parece correcta la actitud del Rey de España. Y tengo claro que tanta petición de disculpas por parte de España “por la Conquista”, y muchas más por sus desmanes durante la larga etapa colonial y tras las independencias deben dar -pero no lo harán- los herederos de las élites criollas de hoy y de siempre.

Si todo esto no fuera una tragedia, la cantinflada de ayer habría que tomársela como lo que fue: una cantinflada propia de un imitador, del tres al cuarto, de Mario Moreno

¿Por qué no nos explicas por qué te opones a la posición del Gobierno de España frente a la guerra de agresión contra Irán desencadenada por el dúo de criminales

Trump/Netanyahu, violando todas las reglas del Derecho Internacional?

Si todo esto no fuera una tragedia, la cantinflada de ayer habría que tomársela como lo que fue: una cantinflada propia de un imitador, del tres al cuarto, de Mario Moreno.

“Clavijo ha indicado que no va a dar su opinión sobre su posición acerca de los bombardeos...pero a renglón seguido ha dicho que no comparte las declaraciones del presidente del Gobierno de España, sin especificar qué parte exactamente no comparte.”, ni por qué.

De modo que no vas a dar tu opinión personal, pero “no compartes” la toma de posición del presidente del Gobierno. ¡Ah!

Te voy a explicar (y de paso a los lectores) por qué no la “compartes”, o mejor por qué no la puedes compartir:

Primero, porque el PP te tiene cogido por los serenquenquenes. Pero no cualquier PP; sino éste PP, dirigido por Feijóo y su camarilla, una banda de gamberros en su que hacer cotidiano.

Y te tiene cogido por salva sea la parte desde que te abrieron las veredas para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo te librara del caso Reparos que, según el Informe de la Fiscalía Anticorrupción (la de Canarias, no la de Luzón y Romeral ¿capisci?) calificara los hechos investigados como constitutivos de prevaricación continuada. Ni siquiera el inmarcesible Marchena te tomó declaración. Y todo eso después de que te fugaras del Parlamento de Canarias, donde te tocaba ejercer la oposición, y después de dejar tirados ante la jurisdicción ordinaria a todos tus colaboradores que siguieron tus ilegales instrucciones en materia de contratación de los servicios municipales de La Laguna y les dieron continuidad. 

Mucho más te tienen cogido por los bemoles porque después de perder las elecciones te han permitido volver a presidir el Gobierno y te mantienen en él cada día y todos los días. De forma que te has convertido en el medianero de Feijóo.

Medianero, como a ti te gusta decir. Aunque no sólo de Feijóo: sólo hay que chequear las decisiones que has tomado (y las que has dejado de tomar, por ejemplo en sanidad) al frente de las instituciones para identificar a quienes representas medianeramente en estas Islas.

Y la otra razón es porque tú, y la ATI de hoy y de siempre, compiten electoralmente con todas las derechas. Y sólo ha ganado históricamente elecciones cuando ha logrado acaparar el voto de casi todo el electorado que va desde el centro-derecha a la extrema-derecha, incluido el de quienes se oponen a la demolición del monumento a Franco. ¿Nos entendemos, verdad?

Pero ahora resulta que el posfranquismo tiene marca propia y en ascenso. Y, en consecuencia, el PP está electoralmente afectado. Y ATI también.

Y estos competidores, y sin embargo aliados, son unos arrastrados ante Trump y lo que éste representa. Y eso te amarra.

Y esta es una clave esencial para entender tus renuncios y tus silencios.

De forma que tú te ocupas de intentar portarte como un chico bueno ante toda la carcundia de la Metrópoli y de las Islas. Por humillante que sea y aunque renuncies servilmente a defender los intereses de los canarios y la legalidad internacional frente al retorno a la ley de la selva.

Que de intentar desmoralizar al electorado socialista, dándole megafonía aquí a los bulos e infamias de allá, ya has encargado a tu sicario periodístico, más godo que canario, que se ha llegado a creer (desde que se relaciona contigo y con tus colaboradores) el más listo de la clase. Sólo que, como decía el inolvidable Pedro Molina, “la diferencia entre ser listo y ser inteligente es que de inteligente no te puedes pasar, pero de listo sí”.

Este individuo exhibe, cada día más, una mezcla de ignorancia, mediocridad y una falta de respeto a la inteligencia de los demás, sólo comparable con su descaro para mentir

Cuando un atentado de ETA asesinó a Carrero Blanco, que era una especie de garantía de continuidad de la dictadura sin Franco, un sentimiento de alivio se produjo en todos los ambientes de la oposición democrática. Fue un crimen terrorista en toda regla. Sin embargo, en la conciencia o en el inconsciente de muchos españoles latía una teoría -aunque muy presente en la filosofía política medieval- formulada por autores españoles, a finales del siglo XVI y principios del XVII: Juan de Mariana y Francisco Suárez, ambos pertenecientes a la orden jesuita.

Fue la teoría del tiranicidio, de la justificación del uso de la violencia contra el tirano: tanto aquel que usurpa el gobierno, como el tirano por ejercicio o mal gobernante. Seguramente fue el arraigo de esa teoría la que puede explicar por qué ETA tuvo el respaldo en ciertos ámbitos del clero vasco en sus actividades contra el régimen franquista.

Ahora resulta que tenemos entre nosotros un nuevo adepto al tiranicidio. Se llama Feijóo. Este individuo exhibe, cada día más, una mezcla de ignorancia, mediocridad y una falta de respeto a la inteligencia de los demás, sólo comparable con su descaro para mentir.

Que el régimen de los ayatolás es una dictadura despiadada es una evidencia. Que vino a sustituir a una monarquía despótica, la del Sha Reza Palhevi, completamente sumisa a los intereses económicos occidentales son hechos históricos difícilmente cuestionables. Y tampoco es discutible que, a lo largo de muchos decenios, la política exterior de los Estados Unidos, aparentemente sustentada en la defensa de la libertad, ha promovido y sostenido regímenes aborrecibles y a gobernantes asesinos porque convenía a sus intereses económicos o estratégicos.

Que el pueblo iraní tiene todo el derecho a rebelarse contra el régimen de los ayatolás en nombre de la libertad, nadie puede cuestionarlo en serio.

Pero todo eso es una cosa y otra bien distinta es que sean precisamente Trump y Netanyahu los promotores del tiranicidio. Y su homecillo Feijóo el que salga a defenderlos. Trump y Netanyahu constituyen ejemplos de valor universal del “tirano de ejercicio” al que también se referían las teorías de Mariana y Suárez. 

Desde el genocidio ininterrumpido de Gaza a las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, pasando por las atrocidades del ICE en el propio territorio estadounidense y por el asesinato de casi dos centenares de niñas en una escuela bombardeada del sur de Irán, hace menos de 48 horas. Y así, un suma y sigue en presente continuo.

Y eso por no hablar de la diaria violación del propio orden constitucional norteamericano y de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos. La última, el desencadenamiento de esta guerra de agresión sin la autorización del Congreso.

Me da miedo, créanme, el rumbo que ha tomado una derecha española, que no reconoce a ningún Gobierno que no esté en sus manos (y, por tanto, en manos de los poderes económicos que gobiernan al PP cuando “gobierna”). Y que es capaz, con una mano, de negarse y boicotear la legislación de memoria democrática, reivindicando vergonzantemente el régimen sanguinario del General Franco; y con la otra, de aplaudir el tiranicidio de Jameneí perpetrado por dos tiranos como Trump y Netanyahu.

Porque, mírese por donde se mire, la justificación del tiranicidio, nadie encontrará la menor justificación a que sean otros tiranos los puedan dictar “sentencia de muerte” contra un tirano. Nadie, claro, menos un lametrumps como Feijóo.

Los republicanos norteamericanos, “faro de la libertad” de Ayuso, su pupilo Feijóo y Cía, llevan más de 30 años esculpiendo la composición y la mayoría del Tribunal Supremo a lo que conviene a sus intereses. Sus discípulos del PP les han imitado con algunos años de retraso. Y lo han perpetrado mediante un fraude y una violación de la Constitución, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial para que una mayoría conservadora de éste se perpetuara indefinidamente y continuara designando discrecionalmente a los miembros del Tribunal Supremo y de los principales tribunales de nuestro país.

Sin embargo, acaba de ocurrir algo en los Estados Unidos que a mi me parece casi impensable en la España de aquí y ahora: se le han virado a Trump miembros de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, que acapara las competencias jurisdiccionales más trascendentes y las funciones jurisdiccionales de nuestro Tribunal Constitucional, y han conformado una mayoría contra gran parte de los aranceles disparatados establecidos por el desquiciado inquilino de la Casa Blanca, en su obsesión por derogar de facto los principios establecidos por los “padres fundadores” de la Constitución Norteamericana.

Lo primero que me ha venido a la mente es que esa actitud de independencia de jueces designados por su ideología conservadora sería insólita en el Tribunal Supremo de España, donde los magistrados que deben su designación al PP, perdón a los miembros del Consejo General del Poder Judicial controlado por el PP contra-constitutionem, están siempre en la primera posición del saludo: el caso del fiscal general y el respaldo a actuaciones puramente inquisitoriales de peinados, garcía-castellones y otros del mismo bando, ha sido y viene siendo escandaloso y obsceno.

Lo segundo es que el argumento de fondo que ha empleado el Supremo norteamericano, que es el de afirmar tajantemente que el poder tributario reside en el Congreso y no en el poder ejecutivo que ostenta el presidente, supone una defensa del principio de separación de poderes, esencia del Estado Constitucional de Derecho que Trump viene subvirtiendo cotidianamente.

Pero por encima de todo, el fallo tiene una potencialidad que va mucho más allá de la cuestión de los aranceles, porque apunta directamente a la utilización abusiva de normas que conceden poderes al presidente para situaciones de emergencia o verdaderamente excepcionales, como supuestos de rebelión o de guerra civil, para afrontar situaciones o asuntos que no lo son: por ejemplo, despliegues de fuerzas militares en el propio territorio norteamericano o llevando a cabo acciones de guerra y agrediendo la soberanía de otros países, suplantando la autoridad y competencias del Congreso o de las autoridades de los estados e instituciones gobernados por los demócratas; o valiéndose y potenciando el siniestro ICE (out now, ¡¡fuera ahora!!) auténtica gestapo antimigratoria, que tantas terribles violaciones de derechos fundamentales ha cometido. Y esta dimensión de la sentencia me parece verdaderamente trascendente.

De forma que, según la sentencia, la ley de poderes de emergencia aprobada en 1977 -precisamente para delimitar las competencias presidenciales en materia de economía exterior- no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos, para cuyo establecimiento es necesaria una autorización del Congreso, que Trump se ha saltado a la torera.

Si a esa Ley se la conoce por sus siglas como IEEPA, ante la sentencia del Tribunal Supremo haciendo valer la separación de poderes y poniendo en su sitio a Trump, habría que exclamar ¡YEEPA!. Al fin y al cabo, somos hispanos.

Pobre Cámara Alta. Pobre non nata Cámara Territorial.

Todos recordamos cómo apareció el Senado en la Constitución. Fue el ejemplo incunable de aquel dicho que dice que el camello con sus jorobas fue el fruto de una comisión. En nuestro caso, de un inolvidable pacto que alumbró la Constitución de la democracia.

La Norma Fundamental lo proclamó Cámara Territorial, sin que nadie supiera muy bien cuál iba a ser el desenvolvimiento de una descentralización política que fue alumbrando pasito tún tún la federalización del Estado.

Pero lo reguló como una Cámara de Segunda Lectura, muy subordinada al Congreso de Diputados, especialmente en el plano de la investidura del presidente y la estabilidad del Gobierno, que no dependen del respaldo de la Cámara Alta. Y, desde luego, en el ejercicio del Poder Legislativo. Porque, al fin y al cabo, la participación del Senado en la elaboración de las leyes, por útil que sea y lo es, se asemeja a la de una comisión del Congreso.

Después de haber participado, creo que activamente, en acontecimientos muy relacionados con la vocación territorial del Senado, como fueron la puesta en marcha de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la organización del primer debate sobre la Estado de las Autonomías -que generaron expectativas, pronto marchitadas, de potenciación paulatina del Senado, a raíz de la reforma del Reglamento parlamentario en 1994- y en la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado, que también se frustró después su intensa actividad durante toda una Legislatura (1996-2000), me fui haciendo una idea de las dificultades casi insuperables para que el Senado sea una Cámara Territorial verdaderamente útil para el desenvolvimiento de una forma de Estado que, desde hace tiempo, tiene características federales.

Las he ido resumiendo a lo largo del tiempo en ponencias, artículos y tribunas periodísticas de acuerdo a mi leal saber y entender.

La primera dificultad es que el espacio político que correspondería a una Cámara Territorial, relacionado con la formación de la voluntad del Estado en los asuntos legislativos y ante la UE, asociando a ella a las Comunidades Autónomas, está cubierto por el Congreso de Diputados y, previsiblemente, lo seguirá estando. Y en la política, más que en el escenario de la vida misma, existe el horror al vacío y los espacios se ocupan y se amojonan.

La legislación electoral concede un plus de representatividad a territorios entre los que existen partidos de orientación nacionalista en el Congrerso, de los que en unas legislaturas sí, y en algunas otras también, depende la estabilidad y el desarrollo del programa legislativo del Gobierno. Y han venido aprovechando esas circunstancias para reclamar y conseguir nuevas competencias y más inversiones estatales en sus respectivos territorios. Y no van a dejar de seguirlo haciendo. Es, permítanme, una Cámara Territorial distorsionada.

Otro déficit en el papel político del Senado tiene que ver con el procedimiento de elección de los senadores, que es de base provincial e insular mayoritariamente. El rol político constitucional de una cámara parlamentaria no depende sólo de la importancia de las funciones que tiene atribuidas, sino de la representatividad y del peso político de sus integrantes, tal y como lo enseñan la historia y el constitucionalismo comparado. Pues tampoco hubo forma de convencer al PP de alcanzar un acuerdo en este aspecto: comunidades autónomas representadas por un número mucho más reducido y tendencialmente similar y elegidos directamente por la ciudadanía en circunscripción autonómica, al “modo americano”, reforzaría notablemente su representatividad y su peso político efectivos. Y, por tanto, el de la Cámara. 

Y sería completamente indispensable reforzar sus atribuciones en el procedimiento legislativo para la aprobación de leyes relativas a la ordenación y evolución del poder territorial del Estado, tanto en el plano de la distribución de competencias, como en lo relativo a la financiación del sistema, y en la ordenación -organizativa, competencial y financiera- de las entidades locales. Y también en el proceso de formación de la voluntad del Estado en los asuntos europeos.

En su día propusimos en la Comisión para la Reforma Constitucional, ampliar las funciones de la Comisión Mixta Congreso/Senado prevista en el artículo 64 de la Constitución para crear así un ámbito de negociación entre ambas Cámaras en caso de discrepancia en la legislación y en la aprobación de otras decisiones políticas relevantes sobre todas esas materias. Aunque sin cuestionar que, en última instancia, la decisión continuara correspondiendo al Congreso. Pero a nadie se le oculta que la mera existencia de ese espacio de negociación entre el Congreso y un Senado con más y mejor representatividad territorial incentivaría el logro de acuerdos. Y por tanto, la utilidad y la legitimidad de la Cámara Alta.

Nunca se puso de manifiesto la voluntad del PP de potenciar al Senado como Cámara Territorial. Llegué a pensar que la propia estructura interna del PP, y el papel predominante que durante mucho tiempo ostentaban jerarcas provinciales que provenían de la propia articulación del poder franquista, impedían hasta la creación de circunscripciones electorales autonómicas. Aunque en los tiempos que corren, también en el PP -¡y tanto!- se han consolidado influyentes baronías regionales.

Es verdad que en la resistencia a convertir al Senado en una Cámara Territorial, papel que sesgadamente viene desempeñando el Congreso y que, con el paso del tiempo, será estudiado como un rasgo esencial del modelo territorial hispano -pues cada Estado Federal tiene rasgos que obedecen a las circunstancias políticas de cada país, sin que exista una especie de código inexorable del federalismo- han coincidido, aunque por opuestas intenciones como en tantos otros temas y momentos, la desconfianza hacia el Estado de las Autonomías del conservadurismo españolista y el recelo del nacionalismo periférico más afianzado, que aunque renuncie a imponer su programa independentista de máximos (si dejamos de lado el Procés) no apoyará nada que huela a multilateralismo en las relaciones Estado/Comunidades Autónomas. Lo suyo, de ellos, es bilateralismo y asimetrías competenciales y de modelo de financiación entre las comunidades autónomas.

Y ahora toca prostibular el Senado.

Que la derecha patriótica se resigna a la democracia en tanto y cuanto los conservadores ejerzan el poder no es una novedad. Pero lo que sí está siendo una actualidad, escandalosa no, lo siguiente, es la demostración de hasta dónde están dispuestos a llegar el PP y sus patrocinadores empresariales para derrocar al actual Gobierno.

Viví también un Senado presidido por Aguirre y no recuerdo graves incidencias ni manipulaciones partidistas de la institución. Sin embargo, lo de ahora es devastador.

Una presidencia y una mayoría en la Mesa de la Cámara en las antípodas de su consustancial papel moderador e institucional. Una ristra de conflictos constitucionales con el Congreso, sin otra finalidad que la de poner en cuestión la posición preeminente que la Constitución asigna a la Cámara de Diputados con el único propósito de bloquear la acción legislativa del Gobierno.

Y una prostibulación sin límites de la actividad y el funcionamiento de la Cámara, y hasta de los “Informes jurídicos” de algunos eminentes letrados parlamentarios, traídos ex profeso desde el Congreso para interpretar ese papelón, llegando a convertir hasta las comisiones de investigación, al margen completamente del objeto para el que hayan sido creadas, en otra herramienta inquisitorial contra el Gobierno y su presidente. En una burda imitación, si es que eso fuera posible, de las burdas pesquisas universales de los jueces de la Contra y con el mismo objeto estratégico. Y eso que Feijóo no es presidente porque-no-quiso. Si llega a querer ser presidente, y se hubiera quedado como hasta ahora en la oposición, que dios nos libre.

No sé si de todo el destrozo constitucional que el PP y sus aliados empresariales, judiciales, mediáticos y policiales están perpetrando podrá recuperarse la convivencia y la institucionalidad democráticas. Porque -y no es la primera vez que lo digo, incluso desde la propia tribuna del Senado- si están dispuestos a lo que estamos viendo para hacerse con el poder, qué no estarán dispuestos a hacer -si llegaran o llegasen a consumar esta estrategia- para no perderlo nunca jamás. Prefiero no imaginármelo.

He estado impaciente todos estos días esperando la toma de posición de Clavijo (ya saben: ni de izquierdas ni de derechas, sólo canario) sobre la agresión imperialista contra Venezuela. Y nada de nada.

Vamos a ver. Canarias es un país, un territorio atlántico, con personalidad e instituciones representativas y de autogobierno propias, con unas relaciones familiares indisociables con Venezuela, que todos llevamos muy adentro y no requieren de más explicaciones.

Venezuela, gobernada por una dictadura, ha sufrido una agresión a su soberanía ordenada por el presidente norteamericano con el explícito propósito de expoliar sus riquezas naturales. Y sin que le importe lo más mínimo al agresor -a los hechos me remito, en la región del Caribe y donde quiera- el restablecimiento de la democracia.

Trump ha llevado hasta el límite los objetivos de lo que denominan Estrategia de Seguridad. Que no son nuevos. Desde que George W. Bush, en 2002, como prólogo a la invasión de Irak, también detrás del petróleo, la Estrategia de Seguridad proclamaba la intención declarada del Estado más poderoso de la historia de “mantener su hegemonía mediante la amenaza, o el empleo de su fuerza militar” (Chomsky Hegemonía o Supervivencia), que había quedado definida desde Reagan. 

Bill Clinton la reiteró ante Naciones Unidas, en septiembre de 1993, reservando a los EEUU el derecho a actuar “unilateralmente cuando sea necesario”, incluyendo “el empleo unilateral del poder militar” para defender y asegurarse intereses vitales “como el acceso sin restricciones a mercados clave, a provisiones energéticas y a recursos estratégicos..” Nada nuevo por tanto en esos designios imperialistas llevados (y llevándonos) hasta el abismo por un personaje patológico y delincuencial como Trump.

No he tenido nunca la menor simpatía por el fundador del chavismo, Hugo Chávez Frías, desde que intentó un golpe militar en 1992 contra el Gobierno de Venezuela, con las mismas armas que la sociedad venezolana había puesto en sus manos para la defensa de la legalidad y de la República. Y no porque no fuera uno consciente de la corrupción de la democracia venezolana, ni el estado de abandono en que estaba sumida una parte considerable de su población. Pero en aquel entonces o en el actual régimen chavista, dictatorial y (como todas las dictaduras) corrupto, un golpe de Estado o una agresión militar contra la soberanía de un país desbordan límites infranqueables y definen para siempre a sus responsables.

Sin embargo, ni Clavijo ni su reverenciado Feijóo -ante el que no le faltaba sino genuflexionarse cada vez que pasaba, mochila al hombro y deportivos blancos, ante su escaño en el Senado- no han dicho ni esta boca es mía.

Las razones de esa “coincidencia” son evidentes: ambos saben que cualquier expectativa de ganar próximas elecciones pasa por impedir el crecimiento de Vox. El PP sólo ha ganado elecciones generales cuando ha logrado aglutinar todo el voto de derechas, hasta el del franquismo tardío y agazapado. Y lo mismo en mi Isla, en el caso de ATI. Vi cómo surgió el insularismo tinerfeño, qué sectores políticos, empresariales y sociales la respaldaron en su gran apoteosis de aquel 1987. Y qué mensajes lo sustentaron: antisocialismo visceral y “odio” a los canariones-que-quieren-“despojar”-a-Tenerife. Psicología de masas del franquismo en estado puro.

Ahora la extrema derecha tiene marca propia y -por cierto frente a la ultraderecha francesa defensora de la grandeur de La France- completamente lacaya y subsidiada por el trumpismo, de sus intereses y de sus mensajes de odio a negros y latinos.

Sin embargo, por esas mismas razones, son a la vez competidores y potenciales aliados: dónde y cuándo PP y ATI/CC les necesiten. Y esta es la clave de los obscenos silencios clavixanos: ni quiere alejarse de los potenciales votantes de Vox, por si acaso logra captar a algunos, ni puede renunciar a su apoyo en el Parlamento en el caso de que lo necesite para volver a ser presidente aunque vuelva a perder las elecciones. O para expulsar a la izquierda del gobierno de cualquier cabildo o ayuntamiento de las Islas, tal y como ha venido haciendo.

Ni, desde luego, quiere alejarse de las clases medias venezolanas desmanteladas por el chavismo (al que un día no tan lejano auparon a la presidencia de la República, hoy Bolivariana) entre las que hay tantos canarios, hermanos nuestros, que han visto desmoronarse lo que con tanto esfuerzo construyeron.

Y ambos dos, tras el mantenimiento de la nomenclatura chavista y de su régimen por parte de Trump y su desprecio a la flamante Premio Nobel, porque “esto no va de democracia stupid”- están más perdidos que el barco del arroz, como decíamos por aquí.

Por eso Clavijo y Feijóo han reaccionado -perdón: no han reaccionado- como dos almas gemelas.

Y a mí, el silencio clavixano me da vergüenza ajena. Y, como canario, vergüenza propia.

La derecha española no es cualquiera cosa. Me refiero a la derecha empresarial, eclesiástica, política, judicial, policial…, ¡a la derecha! ¡Y a sus terminales en los medios de comunicación! Están desagallados por recuperar el poder del Estado. Y, con el panorama internacional de estos tiempos, además embravuconados. 

Llevan más de siete años de ininterrumpido cuestionamiento del orden constitucional que establece la soberanía popular como fundamento de los poderes del Estado, sin excepción, y el régimen parlamentario como forma de Gobierno. 

Un régimen parlamentario racionalizado a la luz de las experiencias históricas de crisis e inestabilidades que destruyeron los regímenes parlamentarios de entreguerras y abonaron el auge del nazismo y del fascismo. De modo que es el Congreso el que inviste al presidente del Gobierno. Y sólo el Congreso, y por mayoría absoluta, quien puede destituirle como resultado de una moción de censura constructiva, invistiendo en el mismo acto al candidato a presidir el Gobierno, que debe identificarse obligatoriamente en el escrito promoviendo la censura.

Pero van cada día a más, sin importarles el precio ni el deterioro de la forma de convivencia basada en las libertades y derechos fundamentales y en la democracia, pluralista en lo político y federalizante y solidaria en lo territorial, que se pactó en la Transición y consagra y ordena la Constitución.

Y cada día, a peor la mejoría.

Un día nos desayunamos con las actuaciones inquisitoriales de algunos jueces acosando por todas las vericuetos imaginables al presidente del Gobierno. Eso sí, casi siempre con el respaldo de Marchena y de la mayoría de sus inefables colegas del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal. 

Hasta que han tenido que retratarse y ¡vaya que se han retratado! La sentencia contra el fiscal general es un alarde de prepotencia, de atropello a derechos fundamentales y a la seguridad jurídica y, sobre todo, de desprecio a la inteligencia de todos. 

Lo de ignorar durante la investigación y en el juicio oral el testimonio de los periodistas que declararon haber tenido acceso al correo de “ya saben” antes que el fiscal general, que en consecuencia ya no era ningún secreto. Y lo de recuperar para sustentar la condena la nota informativa que el fiscal difundió, cumpliendo el deber legal que le impone el propio Estatuto de la Fiscalía, el de defender la imagen y el modo de proceder del Ministerio Público frente a las calumnias divulgadas por el tal MAR, después de que el propio Tribunal Supremo descartara su entidad delictiva al inicio de la investigación, son de una gravedad jurídica difícilmente exagerable. Y la constatación definitiva del activismo antigubernamental y de la absoluta sensación de impunidad que embriaga a Sus Señorías.

La secuencia de anunciar extraoficialmente en una conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid el fallo condenatorio, darlo a conocer oficialmente el día después y redactar y publicar la sentencia casi tres semanas después es simplemente una obscenidad. Esta divulgación anticipada de la condena, ajena a cualquier tipo de precedentes y huérfana de cualquier causa de justificación -en el sentido del lenguaje común y en el del lenguaje jurídico- y dejando al fiscal general en la más absoluta indefensión, ¿no será, esa sí, una auténtica revelación de secretos?

A mí me impactó sobremanera cómo pasaron a calificar de “golpistas” -para boicotear el cumplimiento de la Ley de Amnistía y el principio de pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, que es el único que legitima el ejercicio del Poder Judicial- a los líderes del procés, a los que el propio Tribunal Supremo no condenó por el delito de rebelión, como correspondería a un intento de golpe de estado, sino por el de sedición que era un delito contra el orden público. Era porque ya ha sido derogado del Código Penal para armonizar la legislación penal española a la de los demás países de la UE. Con absoluta falta del más mínimo pudor han contradicho su propia sentencia. Insisto, para desobedecer la Ley de Amnistía.

¿Qué se han llegado a creer Marchena y Cía? 

Acabo de leer, entre deseos de Feliz Año y Feliz Año, que Feijóo -que cada día me da más miedo por su mediocridad y por su falta de escrúpulos, un cóctel explosivo si algún día llegara a presidir el Gobierno antes de que lo echen los suyos- dice que mantiene “un contacto fluido y respetuoso” con Junts, a nivel parlamentario.

De modo que un contacto fluido y respetuoso, después de llevar más de un lustro llamándolos golpistas. Ya sólo le falta aprender catalán -y aprenderlo mejor que el gallego- para poder hablarlo en la intimidad con los golpistas-hasta- anteayer.

Debe contárselo a Marchena y Cía, no sea que vuelvan a dictar otra resolución rebautizando como golpistas a los mismos de Junts a los que ahora Feijóo corteja. Sé que depender de Vox y cortejar a Junts, al mismo tiempo, debiera estar abocado irremediablemente al fracaso. Pero en esta España nuestra, peores cosas se han visto. Así que organícensen ambos líderes, el del PP y el del Tribunal Supremo, o pídanlen unas cuantas clases prácticas a Clavijo. El les explicará cómo hay que dejar el ruido atrás, porque el suyo de él ya se lo megawatean a la perfección sus sicarii periodísticos, y les dará una clase magistral enseñándoles a ser nacionalistacanario e incumplir la Ley de Memoria Histórica y tener así allanadito el camino para pactar con Vox donde quiera que le convenga a él y, sobre todo, a los intereses empresariales de los que es un mero chico de los recados.

Suma y Sigue.

Si esa estrategia cada vez más encarnizada del PP, bajo las instrucciones del que embarcó delictivamente a España en una guerra ilegal, la de Irak, está sembrando el distanciamiento de la ciudadanía de las instituciones y engordando al fascismo redivivo -especialmente a costa de los votantes del PP-, la principal responsabilidad es del PP y de sus patrocinadores

Mensaje del Rey. Editorial de El País. Tribunas y artículos de periodistas de prestigio como Soledad Gallego, a la que admiro.

En todos se sentencia que la polarización reinante en la vida política española es simétrica, creada por actitudes y estratégicas casi idénticas de los dos grandes partidos: PSOE y PP.

Y esa ecuanimidad salomónica, simplemente no es real. Desde 1993, el PP, teniendo a mano todo el arsenal mediático que ponen a su disposición los poderes fácticos a los que representa, no acepta otra situación que la de estar ellos en el Gobierno.

Ni acuerdos en los grandes asuntos que preocupan a la ciudadanía española. Ni un sólo apoyo a las medidas de política social y de mejora de los derechos laborales. Ni nada de nada. Se trata de deslegitimar como sea al Gobierno democrática y constitucionalmente legítimo.

Y es evidente que, cuando ha gobernado el PP, el PSOE ha propuesto y suscrito grandes Pactos de Estado, se ha avenido a la renovación de los órganos constitucionales cuando tocaba, aceptando que quedaran reflejadas en su composición las mayorías parlamentarias conservadoras, respetando la regla de oro constitucional de que la soberanía popular expresada en las urnas es el fundamento de TODOS los poderes del Estado.

Si esa estrategia cada vez más encarnizada del PP, bajo las instrucciones del que embarcó delictivamente a España en una guerra ilegal, la de Irak, está sembrando el distanciamiento de la ciudadanía de las instituciones y engordando al fascismo redivivo -especialmente a costa de los votantes del PP-, la principal responsabilidad es del PP y de sus patrocinadores.

Sé que la equidistancia bienpensante es siempre una tentación. Pero no es real ni es justa.

Y empiezan a convertirse en un sun-sun las reflexiones sobre el futuro de Pedro Sánchez. Que si debe convocar elecciones ya, que si debe renunciar a ser candidato, que si debe…

Siempre he pensado que “a tanto poder, tanta responsabilidad”. Y, por tanto, no voy a ser quien niegue que los errores in eligendo y en mantenendo a las personas en cuyas manos ha estado el PSOE tienen mucha entidad. Aunque mezclar los asuntos concernientes fundamentalmente al partido, con los asuntos de Gobierno es -permítanme decirlo- truculento. A menos que los trasiegos domésticos contaminen de corrupción al Gobierno, justo como ocurrió en los tiempos del judicialmente desconocido M.Rajoy y de una E. Aguirre que, según algún avispado juez instructor, era totalmente desconocedora de las fechorías de sus principales lugartenientes 

Viví, y disfruté, la vitalidad de los debates de los Comités Federales del PSOE en tiempos de Felipe González. Y se echan de menos. Pero en aquellos tiempos no había ningún expresidente y ex secretario general, ni señores territoriales que violaran recalcitrantemente las más elementales normas internas…eso sí, con estruendosas amplificaciones mediáticas. Y quebrando la igualdad esencial entre los militantes en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes estatutarios. Lo cual abona una distinción entre aristócratas y militantes de a pié que, a la larga, es completamente corrosiva para la cohesión de un partido asentado en valores progresistas.

Y soy plenamente consciente de los vacíos que dejan tras su estela los hiperliderazgos y de las secuelas que suelen estar asociadas a las estructuras piramidales, incubadoras de sumisiones y arbitrariedades.

Dicho lo cual, sostengo que la ejecutoria de los gobiernos presididos por Pedro Sánchez, en las circunstancias en las que ha tenido que desenvolverse, es inequívocamente positiva.

No voy a detenerme ni siquiera en el acoso al que le han sometido elementos integrantes del Poder Judicial, debidamente situados en el tribunal, el momento y las pesquisas y procesos oportunos, porque es eso exactamente lo que buscaba y logró el PP bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante largos períodos mediante un obsceno fraude constitucional. Ni en el alarde de impunidad con el que actúan (con apadrinamientos cada vez más descarados) los peinados, hurtados, garcía-castellones de turno, ni en la doble vara de interpretar las garantías constitucionales y los tiempos judiciales según de quién se trate. Ni en el andar de la perrita de la UCO de Balas que, créanme, me tiene atemorizado.

Ni voy a describir una situación internacional en la que al gran capitalismo global le estorban la democracia y el Estado de Derecho tanto como el Derecho y las instituciones internacionales. Ni en un paisaje mundial cada vez más en manos de gobernantes asesinos y genocidas que, por primera vez en la Historia, tienen en sus manos resortes sobrados para destruir el Planeta Azul con todo lo que contiene.

Pues en este mismo y tenebroso escenario, el Gobierno de España y su presidente acreditan una trayectoria de la que muchos nos sentimos orgullosos: manteniendo la apuesta por el imprescindible fortalecimiento de una Unión Europea desvencijada, comprometiéndose con todas las causas de la democracia, la paz y la Cooperación, rechazando agresiones imperialistas, crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales cada vez más “normalizadas”, combatiendo actitudes de odio, criminalización y racismo hacia los migrantes…

Por todo eso y por tantas razones…equidistancias no, gracias.

En España, hace ya más de 30 años que la derecha empresarial, financiera, eclesiástica… reagrupada tras el PP de Aznar después del desconcierto de la Transición, decidió que lo mejor para la “Patria” es tolerar una comedia de democracia; pero -eso sí- siempre que todo el poder esté en las mismas manos: en las suyas

Quienes nos hayamos ocupado de estudiar algo de Teoría del Estado sabemos que en los orígenes del poder (que hoy llamamos político) en una tribu, en una ciudad-estado, en un reino.., está la necesidad de protegerlos frente a amenazas o agresiones de los enemigos y la de resolver los conflictos internos. Ambas ponen en peligro la supervivencia de una comunidad o una sociedad humana: la primera por devastación, la segunda, por disolución.

Y también sabemos que a lo largo de los siglos el gobierno de un país ha consistido esencialmente en lo que modernamente conocemos como función o poder jurisdiccional. De modo que la intensa labor legislativa que en el mundo contemporáneo caracteriza al Estado ha jugado un papel muy secundario a lo largo y ancho del tiempo, porque el orden social se sustentaba en situaciones de hecho establecidas y en normas tradicionales o principios jurídicos muy consolidados (el Higher Law of The Land), que en última instancia interpretaban y aplicaban los gobernantes u órganos judiciales subordinados a ellos.

El liberalismo político -el de verdad, el genuino-, en su proclamación y defensa de las libertades individuales, lo tuvo bien claro: el Estado es necesario pero su poder, como todo poder, lleva en sus genes su fortalecimiento y su expansión incontrolada. 

Se trataba de frenar esa tendencia. Y se ideó a partir de la experiencia histórica anglosajona, el principio político y jurídico de distribuir el poder del Estado en funciones distintas y atribuírlas a órganos diferentes, de forma que se colocara un freno a la expansión del poder en las propias estructuras y funcionamiento del mismo Estado.

Sometimiento del Poder Ejecutivo a la supremacía y a las Leyes del Parlamento, representante de la soberanía “nacional” (identificando Nación con el Tercer Estado, es decir con la clase burguesa) e independencia del Poder Judicial -histórico garante de las libertades inglesas-, aunque también plenamente sometido a la Ley y al Derecho.

En España, hace ya más de 30 años que la derecha empresarial, financiera, eclesiástica… reagrupada tras el PP de Aznar después del desconcierto de la Transición, decidió que lo mejor para la “Patria” es tolerar una comedia de democracia; pero -eso sí- siempre que todo el poder esté en las mismas manos: en las suyas, el poder económico ya lo está, y en las de sus representantes políticos, el PP. De forma que ellos, los poderes fácticos, también “gobiernen a los que gobiernan”.

Lo novedoso en los últimos años -y algunos lo hemos venido advirtiendo- es que la cúpula judicial, convenientemente copada y amaestrada mediante el prolongado fraude constitucional de impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se ha quitado la careta y se viene colocando por encima de la Ley y a extramuros de la Constitución. 

A veces más ladinamente: administrando los tempos procesales, de modo que las sentencias y resoluciones se produzcan antes de las elecciones, si perjudican a la izquierda. Y después, si sancionan a políticos conservadores. Y si archivan o absuelven, exactamete al contrario. 

Otras veces diluyendo o aplicando a rajatabla las garantías del investigado o del acusado, según de quién(es) se trate: desde que no estaba claro que el M.Rajoy de los papeles de bárcenas fuera el que todo el mundo sabe quién era, hasta que no estuviera acreditado que Espe Aguirre conociera las corrupciones “de su entorno” (para emplear un término de actualidad) o aquello de que Manuel Chaves “no era posible que no conociera” todo lo relativo a los EREs, pasando por la condena al diputado Alberto Rodríguez sustentándola en el único testimonio del policía denunciante. Y, por si fuera poco, manejan “magistralmente”, cuando fuera o fuese menester, suposiciones e inferencias para tratar de apuntalar decisiones tomadas de antemano.

Saben mucho mejor que ustedes y que yo que, en base al “principio de inmediatez” la valoración de la prueba testifical y la credibilidad de los testigos por el tribunal que preside el juicio, es casi imposible de cuestionar en vía de recurso. Y actúan, vaya que si actúan, en consecuencia.

En la cuneta se han ido quedando derechos fundamentales y garantías constitucionales frente al terrible poder de juzgar. Les da lo mismo. Me impacta especialmente cómo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de abrumadora presencia conservadora y liderada por el insigne Marchena, se desdice de sus propias sentencias y resoluciones cada vez que conviene a su descarado alineamiento partidista: desde llamar “golpe de Estado” (para boicotear la Ley de Amnistía) a lo que había condenado como sedición, y no como rebelión, a condenar al fiscal general invocando la nota de desmentido a las mentiras del otro MAR, cuando había ya decretado que no tenía entidad delictiva. Cómo iba a tenerla si, como proclama el Estatuto del Ministerio Fiscal nada más abrirlo, constituye una obligación legal frente a los bulos contra la Fiscalía. La “única obligación legal”, como acaban de subrayar en su voto particular las dos magistradas progresistas.

El trasfondo de toda esta quiebra del orden constitucional, perpetrado por quienes tienen el “sagrado” deber cívico de defenderlo, es la absoluta sensación de impunidad que les embriaga. Porque, seamos francos: es la eterna cuestión de “quién vigila al vigilante”, que no tiene solución porque con el Derecho no pueden hacerse milagros si la propia sociedad, cuya indignación y resistencia es la última garantía, acaba siendo diariamente intoxicada e inmovilizada por la acorazada mediática en manos -también- de los poderes económicos.

A pesar de mis años y de mi larga singladura confieso que no llegaba del todo a creerme que fueran capaces. 

A veces pensaba, al ir siguiendo las pesquisas inquisitoriales que quedaban en nada, los rotundos testimonios de periodistas que declararon que habían conocido el correo del partner de Ayuso con antelación que lo tuviera el fiscal general (luego ya no era un secreto), las obligaciones legales del Ministerio Público y un largo etcétera…, que no se atreverían a dictar una sentencia condenatoria. 

Otras veces pensaba: si se han atrevido a respaldar las andanzas del magistrado inquisidor -perdón, instructor- y a llegar hasta aquí, es que lo tienen decidido. No habrán interpretado toda esta siniestra comedia para nada. 

Pero sí. Vaya si han sido capaces.

Así que entre dos Mares anda el juego: el que anuncia “p’alante” y el que remata la faena. Aunque, entretanto, el presidente de la Sala haya querido tener su momento de gloria (¿cometiendo él mismo un delito?) insinuando, y algo más que insinuando, en plena deliberación el carácter condenatorio de la Sentencia, ante la animada concurrencia del Colegio de Abogados de Madrid, transmutado en querellante y acusador popular.

Así que hoy me estremezco -pero sobre todo me indigno- cuando he visto a uno de los dos Mares, hacer otra vez de oráculo.

No habrían llegado hasta aquí para que todo quedara en nada.

La Sala II (¿y Marchena desde atrás?), ha querido que nos quede claro quién manda aquí.

Este hito, gravísimo y adobado con una fecha elegida a propósito, es un peldaño más (el más grave y obsceno) en toda una hoja de ruta de la judicatura ultraconservadora que viene de atrás: a mí, jurista de pueblo, me impactó cómo el Tribunal Supremo (el mismo órgano que, en su día, informó favorablemente las medidas de gracia al General Armada, uno de los protagonistas del golpe de estado del 23-F) se opuso a los indultos a los líderes del procés. Que, según el propio TS, no fue golpe de estado sino sedición: un delito contra el orden público.

Cómo el TS y otras altas instancias judiciales han venido gestionando a su antojo fechas y tiempos judiciales en sincronía casi perfecta con estrategias y apremios de la derecha política.

Cómo han manejado su autoridad jurisdiccional para valorar las pruebas e indicios, según quién sea el justiciable, para hacer prevalecer o destruir la presunción de inocencia de los acusados. El caso Alberto Rodríguez fue de libro.

Cómo se han desdicho de sus propios veredictos para intentar sustentar su boicot a la aplicación de la Ley de Amnistía, atreviéndose a re-calificar el procés como golpe de estado. O cómo han retorcido el concepto de malversación de caudales, en contra de la literalidad del Código Penal y de la jurisprudencia, con la misma finalidad de sustraerse al imperio de la Ley (la de Amnistía, claro) y encaramarse sobre el poder legislativo, representante de la soberanía popular.

No. No habían llegado hasta aquí respaldando en lo esencial una instrucción torquemadesca y plagada de diligencias carentes de todo resquicio de proporcionalidad y razonabilidad para tratar de apuntalar un juicio previo, es decir un pre-juicio: hay que condenar al fiscal general como quiera a que sea.

De nada han valido las causas de justificación, en el sentido del lenguaje corriente y en el de su alcance jurídico: ius facere (hacer conforme a Derecho) una conducta lesiva para un bien jurídico cuando concurre la legítima defensa o un estado de necesidad. O, como en este caso, un deber legal de la Fiscalía -el de velar por la imagen del propio Ministerio Público, establecido nada más abrir el Estatuto Orgánico de la Fiscalía- frente a las insidias del jefe de gabinete de Ayuso.

De nada en absoluto las declaraciones de todos los periodistas que afirmaron taxativamente que habían dispuesto del famoso correo del príncipe consorte con anterioridad a que le fuera entregado al Fiscal General por otros miembros de la Fiscalía, en cumplimiento del deber de “dar cuenta” a su superior jerárquico.

Y así un casi ya interminable catálogo de hechos, no de indicios, del rol que vienen jugando señalados miembros del Poder Judicial discrecionalmente colocados en las más altas instancias de la Judicatura durante los largos años en los que el PP, mediante un claro fraude constitucional, ha mantenido secuestrado al Consejo General del Poder Judicial. Porque éste era el objetivo, a imitación de la peor derecha norteamericana, desde los tiempos de Reagan.

Un rol descaradamente anti-Gobierno progresista, como el amigo del narco se ha encargado de poner en claro nada más hecho público el veredicto. Timing, que se dice. Porque no es que el fiscal general sea “un peón” del Gobierno, como lo ha llamado Feijóo. Un Feijóo que, él sí, es un peón patético de toda esta insurgencia conservadora contra el Gobierno legítimo

Este asunto tiene una gravedad difícilmente exagerable, en sí mismo. Pero me temo que aún sea mayor su gravedad como mensaje: a la ciudadanía y a los propios integrantes de la Fiscalía y de la Judicatura. Y, sobre todo, a los demás poderes del Estado.

Y un alarde de impunidad, rayana en la obscenidad, para instructores y juzgadores que “estén por la labor” o quieran hacer méritos ante Sus Altezas Judiciales . 

PD. La pregunta que me vengo haciendo desde hace tiempo, y hoy más entodavía, es: si los poderes fácticos están dispuestos a hacer lo que sea para tumbar al Gobierno legítimo y ser ellos “quienes gobiernen al Gobierno” que lo sustituya, qué no estarán dispuestos a hacer para no perder el control del Gobierno para siempre jamás. Y las respuestas que me doy me aterrorizan.

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