Ni tampoco el fascista de Abascal

Pero Trump ha perdido por goleada y también por goleada sus homecillos patéticos de andar por casa, aquí en España.

Y debemos los demócratas y progresistas de todo el mundo estar contentos y respirar aliviados porque la marea antidemocrática de los megarricos y sus títeres en las Instituciones va cayendo en picado.

La sociedad norteamericana ha dado un ejemplo vibrante de energía cívica, la misma energía que alentó durante los años sesenta y setenta la oposición a la guerra de Vietnam y la movilización legendaria en defensa de los derechos civiles.

A mí, qué quieren que les diga, me han emocionado mucho las victorias de mujeres de estirpe indígena, afroamericana o musulmana.

La elección como senadora por Minnesota de una nativa americana, Peggy Flanagan, comprometida a la implantación del programa Medicare For All y al desmantelamiento del ICE, la banda de matones de Trump. Sí, la de “ICE fuera ahora” de las calles de Minneápolis, de Bruce Sprinsteeng.

Y el retorno de los hispanos, que han sido elegidas y elegidos como gobernadores y como representantes al Congreso en buena parte de aquellos territorios que los Estados Unidos arrebataron a México, a través del Tratado Guadalupe Hidalgo (1848), de una superficie equivalente a cinco veces la de España: la de la totalidad o buena parte de los Estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Colorado, Nevada, Kansas, Oklahoma, Wyoming y Utah.

Por eso toda la ristra de payasitos del trumpismo por estos lares están hoy que no saben dónde meterse.

Ayer, sin ir más lejos, Feijóo se atrevió a pedir que no se celebre la huelga general del 11N, “69 muertos después” de la tragedia ferroviaria de Urda. En realidad, lo que quería decir es “vamos a seguir manipulando esas muertes hasta las elecciones”, no sea que la huelga general nos recuerde a todos el voto de PP y Vox no sólo contra los decretos-leyes Mari Carmen, sino contra todas las iniciativas sobre vivienda promovidas por el Gobierno progresista. Y, cómo no, el boicoteo de los gobiernos autonómicos que dirige (es un decir) o en los que participa el Partido Popular a la aplicación de la vigente Ley de Vivienda. También por parte del Gobierno de Canarias, que no se nos olvide.

Mi convicción -y la reiteraré cada vez que tenga ocasión de hacerlo- es que la derecha real, y sus bufonitos en las instituciones, está llevando al abismo la democracia española. Esa convivencia democrática que tan a regañadientes aceptaron los poderes fácticos que se lucraron y sostuvieron al franquismo.

Les estorba la independencia y el sometimiento de los jueces a leyes iguales para todos, el pluralismo informativo, los derechos sociales y laborales, el reconocimiento de la pluralidad territorial y cultural de la sociedad española.Y, al fin y al cabo, las libertades públicas y los derechos de participación: porque estos derechos activae civitatis, de ciudadanía activa, siempre serán una herramienta para la defensa de los servicios públicos y las políticas para la corrección de las desigualdades. Por eso las leyes mordaza y todo tipo de insidias contra la acampada de Sol.

Esa derecha real, la de verdad, se ha venido arriba en los últimos años con el auge de los trumps y toda la série de acólitos de los megarricos y sus intereses. Se han crecido tanto que se nos han desnudado en vivo y en directo. Somos y queremos lo mismo. La coalición PP/Vox al Senado, así, sin ningún tipo de tapujos, ha dejado claro que se trata de recuperar el control del Tribunal Constitucional, para que debidamente domesticado bendiga un programa legislativo diseñado para desmantelar la Constitución, sin necesidad de tramitar el procedimiento para la Reforma. 

Por eso, Trump ha perdido “aunque no estaba en las papeletas”. Y con él han perdido Feijóo y Abascal, sus monaguillos.

Y aunque tampoco estaba en las papeletas, ha ganado Gerónimo, el apache al que toda la filmografía yankee de la epopeya de la Conquista del Oeste (léase Genocidio de los pueblos aborígenes, pléase) dibujó como un salvaje, a forest best, y era un nativo americano que hablaba español y estaba bautizado. Y que se rebeló cuando los norteamericanos blancos y anglosajones invadieron las tierras de sus antepasados, cuyos títulos de propiedad habían sido reconocidos por la monarquía española, como en tantos lugares de América.

Así que la extrema derecha está en declive. Y la democracia, los derechos civiles y las políticas y servicios públicos, otra vez en alza.

Por eso estoy contento.

La cada vez más ultraderechizada derecha española. Aimitación ibérica de las querencias de los Trump y sus mentores oligárquicos, está reaccionando contra reloj a los acuerdos de los partidos progresistas para las candidaturas al Senado. 

¿De qué estamos hablando? ¿Por qué ha subido tan de repente la cotización de la “Cámara Alta”? 

Porque pretenden alcanzar los tres quintos del Senado para controlar la renovación del Tribunal Constitucional que tienen bloqueada, en pura violación de la Constitución, desde hace tiempo. A pesar que desde el propio tribunal se ha instado al Senado a efectuar esa renovación. 

Por cierto: no he leído a ninguno de los académicos ni, desde luego, a los comentaristas y opinadores que se vienen escandalizando de que el presidente del Gobierno no hubiera disuelto la Legislatura al no poder aprobar los Presupuestos para cada anualidad, comentar nada ni ahora ni cuantas veces el PP ha bloqueado la renovación del consejo General del Poder Judicial o la del propio Tribunal Constitucional cada vez que le ha interesado. Porque la legitimidad del Gobierno, tras la investidura parlamentaria de su presidente, se extiende a toda la Legislatura. Con la Constitución en la mano. Y eso es así porque nuestro régimen parlamentario está concebido para preservar la estabilidad del Ejecutivo frente a las coaliciones negativas como la que han protagonizado PP/Vox durante todos estos años hasta que, al fin juntos, se han declarado amor eterno. 

Precisamente para afianzar esa estabilidad del Gobierno, la Constitución definió la moción de censura como procedimiento reglado para destituir al Gobierno, invistiendo simultáneamente a un nuevo presidente. Esa moción de censura que no se han atrevido a presentar. 

Sin embargo, la legitimidad democrática de los integrantes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial se extingue cuando termina el plazo constitucional para el que fueron designados. 

Quieren controlar en todo caso la mayoría del Tribunal Constitucional -al igual que lo han logrado con el Tribunal Supremo- para echar abajo la Constitución sin necesidad de acometer su reforma. 

Si la gran derecha española hubiera estado tan organizada como ahora durante la transición, es evidente que el sistema político y el de convivencia, la organización territorial del Estado, las libertades públicas, los derechos laborales y sociales que consagra la Constitución del 78 hubieran sido una quimera. 

Pues de esto estamos hablando. Y mientras lo escribo me vienen a la cabeza la contrarreforma laboral y la ley mordaza de Rajoy y, para no ir más lejos, las despiadadas y miserables decisiones que acaban de tomar el meadulce de Moreno Bonilla and Vox suprimiendo las ayudas a las ONG que asisten a los migrantes. O las exigencias de devolución de menores migrantes no acompañados en franca violación de los derechos que les reconocen las normas internacionales y españolas. 

Durante todos estos años ni en un solo “caso” los personajes y personajillos que la derecha ha colocado en el CGPJ y en los más altos tribunales se han saltado la disciplina ni las instrucciones de sus mentores conservadores. Resolviendo siempre a conveniencia de los objetivos (y en completa sincronía en los plazos) de la estrategia política del PP y sus espónsores empresariales. Ni una sola vez. 

Los objetivos son ahora más, mucho más ambiciosos. 

Detestan el sistema federal en el que se ha convertido la España de las Autonomías; quieren recortar derechos sociales tanto como puedan y, para blindar esos recortes frente a los ciudadanos, amordazar libertades y derechos políticos; privatizar un sistema de pensiones que la Constitución ordena que tenga carácter público (artículo 41); degradar la educación y la sanidad públicas, obstruyendo así la efectividad de esos derechos constitucionales (artículos 27 y 43 del Texto Constitucional)… 

Todos son derechos reconocidos en el Título I de la Constitución, aunque no tienen idéntica estructura jurídica ni el mismo blindaje frente a una Reforma constitucional. Y todos han de ser desarrollados por Leyes, orgánicas u ordinarias. El Poder Legislativo ha de respetar su contenido esencial en el caso del derecho a la educación y los demás derechos reconocidos en el Capítulo II del título I. Y, respecto a los demás derechos, las Leyes deberán atenerse al reconocimiento, respeto y protección de los derechos que están constitucionalizados como principios rectores de la política social y económica: protección a la salud, al medioambiente, a la vivienda, a las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas para las personas de la tercera edad… 

Esta es la clave:

Si logran alcanzar los ⅗ del Senado y , en consecuencia, volver a controlar la mayoría del Tribunal Constitucional, podrán demoler gran parte de la Constitución sin que les haga falta proponer y aprobar una reforma de la Constitución para la que necesitarían en algunos supuestos los ⅔ del Congreso y del Senado (artículo 168) y en otros los ⅗ de cada una de las Cámaras. 

La experiencia histórica del constitucionalismo democrático enseña que muchas reformas constitucionales se han realizado sin tocar una letra del texto constitucional, por la mera sintonía del Legislativo y del Tribunal Supremo -en el caso de Estados Unidos, porque es el garante de la Constitución- o del Tribunal Constitucional, en el caso de algunos países europeos. Se llama a eso “mutación constitucional”, que normalmente se sustenta y desenvuelve en la lógica de la propia Constitución. El desenvolvimiento del federalismo norteamericano o del federalismo alemán son muy significativos. Algo similar ha venido ocurriendo importantes hitos en la consolidación de la Unión Europea: Leyes comunitarias más el visto Bueno del tribunal de justicia, sin tocar los tratados constitutivos. 

Aquí, una derecha completamente desatada, si pudiera hacerse con el Gobierno, sólo necesitaría recuperar la mayoría del Tribunal Constitucional para desmantelar derechos y principios constitucionales que constituyen el mejor legado de la transición y permitieron el paso desde una dictadura a una democracia que, con sus pros y sus contras, ha hecho posible el más prolongado período de convivencia pacífica y de avances en todos los ámbitos de la sociedad española. Tal y como es reconocido internacionalmente y está demostrado hasta en las competiciones deportivas. Imagínense el No-Do si el franquismo hubiera podido anotarse, por ejemplo, la tercera parte de la cuarta parte de los éxitos deportivos de esta España democrática 

Simplemente se trataría -y es lo que pretenden como sea- que un Tribunal Constitucional vaya respaldando ley a ley una reforma constitucional encubierta en todo aquello que interese a los poderes empresariales que respaldan y dirigen de facto a los partidos de la derecha y la ultraderecha. Aunque suponga la demolición de nuestro sistema de convivencia en democracia. Y un daño irreparable a las libertades y derechos de la mayoría. 

Y si, como espero, se vuelven a quedar en la oposición, el control del Senado les serviría para volver a convertirlo en el búnker contra un nuevo Gobierno progresista. Aún a costa de la prostibulación de una Cámara “Alta” en la que nunca colaboraron para convertirla en la Cámara Territorial de la España de las Autonomías en la que nunca creyeron. Créanme que sé de lo que hablo después de haber sido portavoz socialista en la única Comisión Especial creada y que realizó sus trabajos durante toda una Legislatura (la VI) para estudiar y proponer una reforma del Senado en clave de esa Cámara Territorial, que proclamó pero no reguló la Constitución de 1978. 

Para que arrejunte votos al Senado, claro. Parece que la Isla de Tenerife será uno de los escenarios de esa retirada. 

Ha sido una respuesta ipso facto a la noticia de que PSOE y Frente Amplio han acordado presentar candidaturas conjuntas a la Cámara Alta. Lo de Alta es un decir, sobre todo después de la degradación infinita a la que el PP ha llevado al Senado durante toda esta Legislatura. 

Esa decisión tan vertiginosa se habrá tomado en el verdadero cuartel general de la derecha española que ni está en la calle Génova, ni donde quiera que tengan su sede los epígonos del franquismo. El Alto Mando está en manos de grandes sectores empresariales que dirigen con mano férrea a sus títeres en las instituciones. 

El Alto Mando que pone al servicio de los Feijóo, Abascal y de sus respectivas mesnadas toda una división acorazada en medios informativos y redes (conocida también como la Brunete mediática) para amplificar todos sus desvaríos y tapar sus flagrantes contradicciones. El mismo Alto Mando que les viene ordenando que bajo ningún concepto apoyen ni una sola de las medidas o iniciativas gubernamentales… 

Ah, por cierto, la misma división acorazada que censura a rajatabla informativamente el balance económico y social exitoso de este Gobierno progresista, tan reconocido internacionalmente como amordazado en España. Si este balance económico (inimaginable en un Gobierno “de los suyos” en el plano de las libertades, de los derechos de los trabajadores y de las políticas sociales) lo hubiera logrado el PP, lo de santificar a sus ministros de Hacienda o de Economía como “ministro(s) milagro” -uno en la cárcel y Montoro, ya saben- hubiera sido poco. 

Sin embargo, ahí los tienen: VOX se retira de las elecciones al Senado en un buen puñado de circunscripciones; ya que no se atrevieron a presentar candidaturas conjuntas, que habría sido definitivamente clarificador, lo escenifican vergonzantemente. 

Necesitan controlar como sea el Senado, esa Cámara cuya reforma constitucional -para adaptarla a la realidad de un Estado Federal, que ni siquiera imaginaron los constituyentes, que es en lo que ha acabado siendo el Estado de las Autonomías- el PP siempre se negó a apoyar. Controlarlo para volver a hostigar chabacanamente a un nuevo Gobierno progresista. Y para intentar volver a controlar la mayoría del Tribunal Constitucional, cuya renovación han vuelto a bloquear durante esta Legislatura, reiterando el fraude constitucional que han perpetrado tantos años para sentar y mantener a sus peones en el Consejo General del Poder Judicial y, en consecuencia, en el Tribunal Supremo. 

Las garantías imprescindibles de la democracia son la libertad y el pluralismo en los medios informativos, esenciales para la formación de una opinión pública libre y una libre voluntad de los electores; y unos jueces independientes, última trinchera de libertades y derechos constitucionales. Precisamente por eso, todos los Gobiernos de la derecha española tienen,

para aplicar su programa de recorte de derechos sociales y laborales, que imponer leyes mordaza y atar en corto la independencia de los tribunales. Ése es el circuito. Ya está más que visto. Rememoremos las fechorías del Gobierno Rajoy, para no ir más lejos. 

Por eso hay, en mi modesta opinión -y dado el fiasco al que el infantilismo y el sectarismo de algunos ha llevado a la unidad de todas las fuerzas de izquierda-, que optar electoralmente con la cabeza fría. Y no perder de vista en ningún momento, ante un panorama de retorno de los brujos del fascismo en el que está en juego la propia democracia, esto: 

Y que, a la vista de la alianza reactiva y vergonzante del PP/Vox, apoyar las candidaturas conjuntas del PSOE y Frente Amplio es crucial. Y, allí donde no se presenten esas candidaturas, no desperdiciar ningún voto que, en la realidad de las cosas, vaya a facilitar -allá donde Vox se retire- el control del Senado por parte de una derecha dispuesta a todo. Y a cuyos patrocinadores, los poderes fácticos españoles o “extranjeros”, les viene sobrando la democracia. Desde hace tiempo. Y, no digamos, el Estado Social. 

En esta senda de barbarie y deshumanización a la que están empujando a la sociedad española, otro paso más. 

Así se regodeaban -según grabaciones acreditadas- de las palizas a los migrantes, tras la llegada masiva a Ceuta, algunos soldados españoles de las Tropas Regulares. 

Y eso que desde el Siglo XVI, la jerarquía católica declaraba la plena condición de seres racionales los indígenas americanos (Bula del Papa Paulo II Sublimis Deus,1537) en plena expansión de la conquista de aquel Continente por la Corona de Castilla. En el mismo marco del debate que se suscitó entre intelectuales y religiosos españoles, alentado por la propia Corona, en el que se enmarcan el Testamento y el Codicilo de la Reina Isabel y la conocidas como Jornadas de Valladolid, convocadas por Carlos V, cuyos debates inspiraron las Nuevas Leyes de Indias para el reconocimiento de los derechos y la protección de los aborígenes americanos. Tanto, que suscitaron una rebelión de los colonos del Virreinato del Perú indignados por el reconocimiento de la plena condición humana de los indígenas. Porque la Corona legislaba; pero después los colonos hacían de las suyas. Y los Austrias, que necesitaban el oro y la plata de las Indias para sus guerras dinásticas, pues acababan haciendo la vista gorda ante los desmanes, abusos y prácticas genocidas de criollos y peninsulares. 

Y eso ocurrió en el lado de allá del Atlántico y en el de acá, en las Islas Canarias. 

Recuerdo estos antecedentes porque representan la parte mejor de las tradiciones humanistas y la mejor versión del Cristianismo. Tanto como esta degradación supremacista y criminal alentada por la ultraderecha, y sus cada vez más acólitos del PP, representan la peor. 

¿Vamos a seguir en esa dirección degenerada y racistas? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿También aquí, en las Islas Canarias? 

Transcribía el historiador británico John Lynch, en su Latinoamérica, entre Colonia y Nación, en el Capítulo dedicado a los blancos pobres en América, que al final del período colonial, en Venezuela vivían 800.000 personas, de los que 10.000 eran canarios recién llegados y canarios criollos, nacidos en Venezuela, 190.000, el 23,75 % de la población, cuyo 73.75% eran indios, negros o “pardos”. 

Qué habría sido de nosotros, los canarios, si generación tras generación la América no nos hubiera brindado la esperanza y la posibilidad de una vida digna que aquí, en nuestro solar materno, era del todo imposible por la escasez de recursos y las desigualdades hirientes de la sociedad isleña. 

Pues eso es simplemente lo que buscan los migrantes, muchos de ellos muy jóvenes, casi niños, empujados por la pobreza, la represión y el “sin futuro” de tantos países del África, cuyos territorios fueron y siguen siendo expoliados y sus comunidades y organizaciones sociales y sus culturas devastados por los mismos países europeos que ahora les criminalizan y les agreden.

Y no es la primera vez que esos mismos ticks despiadados brotan entre los que se dicen a sí mismos “sólo canarios, ni de derechas ni de izquierdas”. Y hasta se emocionan con los recuerdos y la memoria de nuestros antepasados guanches, cuya sangre corre por las venas del pueblo que somos, fruto de un permanente mestizaje. 

[Siempre me acuerdo de la información de Eliseo Izquierdo, Cronista Oficial de La Laguna, e hijo de un hermano de mi bisabuela Victorieta Carlota Izquierdo, al presentar una exposición de Pedro González en la Iglesia de La Concepción: según los libros de la misma Parroquia Matriz lagunera, en las primeras décadas del Siglo XVI el 30% de los niños bautizados eran de raza negra. El 30! ] 

Alto, por favor, ¡deténganse! 

La afluencia migratoria no es un asunto sencillo, ni puede ser afrontado con soluciones simplistas. Tiene consecuencias positivas tan necesarias como evidentes, aunque algunos las nieguen miserablemente, en sociedades avejentadas y con tan poca natalidad como las europeas. Y plantean también problemas. 

Siempre he pensado que cuando algunos sectores empresariales jalean la inquietud de los trabajadores que pueden temer la competencia de los migrantes para ocupar sus puestos de trabajo, en la agricultura, la construcción, los servicios… lo que en realidad querrían es que esos migrantes vinieran en las bodegas de barcos negreros, a ser posible encadenados y sin ningún tipo de derechos. Carne de cañón para la explotación laboral. 

Por eso mismo se oponen a la regularización y al reconocimiento de los derechos laborales de los migrantes. Es justamente esa regularización -más allá sus positivas consecuencias para la economía española, para los ingresos tributarios y por sus sus aportaciones a la caja de la Seguridad Social y de las Pensiones- el mejor antídoto para evitar “competencia desleal” con nuestros trabajadores y para frenar la querencia de algunos empresarios a “contratar” a los migrantes sin derechos. 

Y suelen ser los representantes políticos de esos mismos empresarios, léase PP/Vox, los que alientan racismo y “prioridades nacionales” contra los migrantes y, al mismo tiempo, degradan la enseñanza pública, que es donde nuestros jóvenes deben tener la oportunidad de cualificarse intelectual y profesionalmente, que es la mejor manera de afrontar la competencia de otros jóvenes recién llegados: de África, de América o de la misma Europa. 

Pero al menos debemos tener muy claro cuál(es) no puede(n) ser las respuestas. Eso que los juristas llaman el “ámbito de certeza negativa”: qué no debe hacerse. Y lo que no debe hacerse, bajo ningún concepto ni circunstancia, es negarles a los migrantes su condición humana, su dignidad como personas y sus derechos inalienables. ¡Y encima se proclaman cristianos!

A la gran derecha occidental, es decir al gran capitalismo, le vienen sobrando Democracia y Estado Social. Esto empezó desde que se apercibieron de que aquel mundo, con el que competían por la hegemonía global, que era el de la Unión Soviética -que nació con una revolución y degeneró con el estalinismo- había colapsado económicamente. Era a principios de los 70 del siglo pasado. Entonces, no antes ni después, surgió la “revolución” neoconservadora, neoliberalismo en política económica, autoritarismo y deterioro de las libertades, de los derechos laborales y de los programas propios del Estado Social. Todo en el mismo pack. De Reagan y Thatcher a Trump, pasando por un Aznar cada vez más tétrico y amenazador. 

Y en España, justo entonces, se inició la Transición, entró en vigor la Constitución del 78 y nos pusimos a construir el Estado social remando contra la marea. 

Hoy están completamente desatados. Y, cómo no, también en España. Y al “modo hispano”. Para ponerse a temblar. Los poderes fácticos de este País Ibérico y nuestro, aceptaron a regañadientes que la desembocadura del franquismo no fuera un mero remedo de democracia. Y, en este contexto internacional, creen que les ha llegado la vez. 

Estas últimas legislaturas pasarán a los libros de Historia. Una derecha empresarial, con todos sus rejos de influencia; sus representantes políticos empapados de mediocridad y de falta de escrúpulos; una derecha judicial acaparadora de los principales enclaves de la judicatura, y hasta no hace mucho del Tribunal Constitucional, manejando obscenamente los plazos de las investigaciones judiciales y a la hora de dictar sentencias (siempre contra el Gobierno y siempre a conveniencia y en sintonía con las andanzas de la oposición) y dictando resoluciones jurídicamente aberrantes; la complicidad activa de algunos jefes policiales a las “órdenes”, es un decir, de ciertos jueces de instrucción… y el renacimiento de esa fuerza de choque del gran capital, que hoy son los partidos de la ultraderecha como en su día lo fueron el fascismo y el nazismo. 

La sistemática obstrucción a las políticas estatales y la dejación de sus propias competencias por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos en manos de la derecha, a pesar del notable incremento de recursos financieros que les ha proporcionado el Gobierno estatal, suponen un ataque sin precedentes al sistema político y a la forma de convivencia entre los pueblos de España que es el Estado de las Autonomías. Les da lo mismo, porque nunca creyeron en la idea de una España plural y solidaria y, por eso mismo, más unida. 

El objetivo es demoler el Estado Social y reinstaurar la ley de la selva y el capitalismo salvaje. Pero para eso tienen que fulminar la democracia o convertirla en una máscara vacía, en una tétrica farsa. 

Cuando en 2012 el Gobierno Rajoy modificó por decreto-ley en profundidad el Estatuto de los Trabajadores, estaba cantado que necesitarían deteriorar las libertades y los derechos de reunión y manifestación. Porque si no lo hacían, los trabajadores y amplios sectores de la población ejercerían esas libertades y esos derechos de ciudadanía activa para defenderse del deterioro de los servicios públicos, la privatización de la educación y la

sanidad y los ataques gubernamentales contra los derechos laborales. Y ése fue el camino que emprendieron aprobando la Ley Mordaza (2015). Por cierto, nada dijo la CEOE -que ahora se escandaliza de que se legisle sobre la vivienda por Decreto-Ley- cuando le dieron el serruchazo al Estatuto de Trabajadores ¡por decreto-ley! Con una “diferiencia”: que ahora es para reforzar el derecho a la vivienda y entonces fue para recortar derechos laborales. 

Desde que prosperó la moción de censura (2018) no han reconocido en ningún momento la legitimidad de los Gobierno progresistas. Ya se sabe que todos los golpes de estado empiezan negándole a un Gobierno su legitimidad. 

Pero en esta legislatura han desbordado todos los límites. 

El balance de la acción del Gobierno es excelente, a pesar de todas las vicisitudes que ha habido que superar. Son datos, simple y llanamente datos: en crecimiento económico y empleo (cantidad y calidad); en revalorización y saneamiento del sistema de pensiones; en transición e implantación de las renovables, fortaleciendo la soberanía energética… Y en el plano Internacional, un expediente impecablemente comprometido con la paz, con la defensa del Derecho y de las instituciones internacionales en peligro de demolición, con el fortalecimiento de la cooperación y desarrollo -mientras tantos gobiernos de países que han saqueado hasta el límite los recursos naturales de continentes enteros y devastado sus formas de organización social efectúan recortes despiadados en ayuda humanitaria y siembran el odio contra los migrantes-. 

Una España democrática de la que sentirse orgulloso con los datos en la mano, sin patrioterías hueras. 

La derecha y la ultraderecha y sus patrocinadores empresariales, por contra, dando un espectáculo protogolpista diario y sin tomarse un respiro. 

Vistas las cosas con alguna perspectiva, a nadie debiera quedarle dudas de que el Procés de Catalunya se fue incubando durante un decenio, el mismo que el de los recortes sociales a todo trapo que aplicaban con deleite el Gobierno de España y el de la Generalitat, ambos en manos de la derecha. Manejaban el conflicto como la coartada patriótica de siempre, la que sirve para cubrir de banderas los intereses a que responde una política y un gobierno. Y confiaban en que fuera sólo una “guerra” de baja intensidad, hasta que se les fue de las manos. Suele ocurrir. 

Después vino la campaña contra la Ley de Amnistía, en la que jugaron un papel tenebroso asociaciones y destacados personajes del Poder Judicial. Años enteros con la cantinela de “golpistas”. Tanto que hasta el propio Tribunal Supremo se negó a acatar la Ley de Amnistía calificando el Procés de golpe de estado, a pesar de que no condenó a sus líderes por el delito de rebelión, sino por un delito contra el orden público. Qué les va a importar a estas alturas la indudable mejora de la convivencia en Catalunya. 

Si los poderes fácticos y la derecha política han estado dispuestos a todo esto y más con tal de derrocar al Gobierno progresista, qué no estarán dispuestos a hacer -en términos de degradación de la democracia- si llegan al poder para no perderlo para “nunca jamás”.

Pues todo esto es lo que nos estamos jugando

He estado durante años escuchando a líderes y a alguna lideresa de ATI/Coalición Canaria clamar que el abandono “del Estado” acabaría convirtiendo a Canarias en una nueva Lesbos o en una Lampedusa 2, invadida por los migrantes llegados en pateras y cayucos.

Viví en 2006, a propósito de una “invasión”, la convocatoria de una manifestación de rechazo -jaleada, cómo no, por los editoriales de El Día- en Santa Cruz. Detrás de la convocatoria estaba visiblemente un asesor en nómina del entonces alcalde de la capital tinerfeña. Tenía nombre de Evangelista, pero no se llamaba Marcos, ni Lucas, ni Juan. Fue un completo fracaso.

He leído cómo Clavijo, líder entre los líderes, el mismo que anunció que Canarias sería la Dubai del siglo XXI, esclavitud incluida, of course, ha promovido reuniones de alto nivel con autoridades y empresarios marroquíes, llegando lamentablemente a involucrar hasta a las universidades canarias.

Han tratado y acordado sobre asuntos y proyectos, alguno de los cuales se desarrollarían en territorios del Sahara pendientes de descolonización, por ejemplo en materia portuaria, contraviniendo la legalidad internacional (artículo 73 de la Carta de NU). La misma legalidad que ha invocado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para anular el Convenio de Pesca entre la UE y Marruecos, porque afecta a recursos naturales del Sahara y ese tipo de acuerdos requieren el consentimiento de los representantes del pueblo saharahui, que para la ONU es el Frente Polisario.

Y, lo que me faltaba, su diputada al Congreso ha exigido al Gobierno que no “colabore con una dictadura”, la monarquía alauíta, casi al unísono que el susodicho líder entre los líderes sentenciaba que “la derecha, la ultraderecha y la izquierda” manipulan políticamente la migración. 

¡Ah!, me olvidaba que ATI-Coalición Canaria -la mismita que defiende a capa y espada en monumento dedicado Franco-Ángel Salvador de Santa Cruz, ahora ya ante los tribunales huérfana de argumentos relacionados con sus valores artísticos o de cualquier clase- no es ni de derechas ni de ultraderecha ni de izquierdas. Son simplemente criollos y, como todos los criollismos, tapadera de intereses económicos perfectamente visibles en todo lo que promueven. Y, por cierto, también en lo que no promueven, como el fortalecimiento de la sanidad pública, para dejarle más campo libre a quien(es) todos sabemos.

Decía John Lynch en Las revoluciones hispanoamericanas, que el criollismo pasó de ser “realista” a ser independentista, en el último momento, porque “no representaban a la Nación, sino (que eran) un grupo dirigente” y que “para ellos la independencia significaba el control de la política y de la clientela”. ¿Les suena?

Es una falta de respeto diaria a la inteligencia de los canarios que sólo se pueden permitir por el control omnímodo que ejercen sobre la inmensa mayoría de los medios de información del Archipiélago. Iba a decir que ¡hasta de la Cadena Ser!, pero no me atrevo.Y no digamos sobre los de titularidad atinómica, que diría Juan Fernando, perdón autonómica.

Ya sólo les falta sumarse al bulo de que Marruecos tiene chantajeado a Sánchez, después de haberle espiado a través del programa Pegasus, de patente israelí.

No sé si tendrán material para chantajearle, después de ese espionaje ilegal. Yo concedí, como tantas personas, mi voto y mi representación a Sánchez. Y, en consecuencia, tiene mi confianza.

Lo que sí pienso, cada vez que oigo manejar ese “argumento” es que si Marruecos tuviera o tuviese esa información, también la tendrían sus amos y protectores: Trump y Netanyahu.Y si Sánchez estuviera actuando o dejando de actuar por “acongojamiento” (ya saben) en relación a los graves acontecimiento de Ceuta, con mayor razón habría dejado de plantarle cara a Trump en asuntos como el de su exigencia de que la UE suba hasta el 5% los gastos en defensa para dedicarlos a comprar armamento a las empresas norteamericanas, o en relación al genocidio de Gaza perpetrado por el gobierno israelí o respecto a la guerra contra Irán, prohibiendo el uso de las bases en España para buques y aeronaves destronarían Irán. ¿O es que cada uno de estos asuntos no tiene una trascendencia estratégica para ese dúo siniestro infinitamente mayor que los acontecimientos de Ceuta?

El líder que no es de derechas ni de izquierdas, sino canario, se habrá puesto a pensar en algún momento de su trascendental agenda qué nos ocurriría en Canarias si Marruecos levantara la cortinas y diera vía libre, o promoviera o promoviese una flota de pateras y cayucos hacia las costas canarias.

Seguramente no habrá tenido ni un segundo, ni cabeza, para imaginárselo.

Por eso Sánchez, y cualquier otro estadista, tiene que seguir las enseñanzas impartidas desde tiempos de Maquiavelo y actuar con prudencia y con realismo político cuando ha de vérselas con un régimen como el marroquí que es vecino indisociable, con el que habrá que seguir coexistiendo y que históricamente ha dado pruebas de que está dispuesto a utilizar como carne de cañón a su propio pueblo, o mejor dicho a la gente más pobre de su propio pueblo. Que no es poca. ¿O nadie se acuerda de la Marcha Verde?

El Poder Judicial, cuyas funciones han de ejercitarse con pleno sometimiento a la Constitución y a la Ley, a través del máximo órgano jurisdiccional -el Tribunal Supremo- ha perpetrado una pirueta pretendidamente jurídica para usurpar el papel constitucional del Poder Legislativo al que, en representación de la soberanía popular, le corresponde desarrollar el contenido de los derechos fundamentales y definir el interés público que merece ser tutelado por la Ley.

La pirueta, diseñada por el magistrado Narváez -el mismo que expresó en una cena entre Feijóo y algunos fiscales su ferviente deseo que el PP llegara al Gobierno- consiste en colocarse por encima de la Ley, nada menos que en la adopción de unas medidas cautelares, aprovechando la impugnación de una resolución de la Junta Electoral Central para “derogar”, temporalmente claro, una disposición de la Ley de Memoria Democrática sin promover la cuestión de inconstitucionalidad, que sólo puede ponerse en marcha una vez concluido el proceso judicial y antes de dictar sentencia.

El juez Narváez es perfectamente conocedor del carácter restrictivo con el que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula las medidas cautelares: que “podrán denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero” (artículo 130.2). Intereses generales que la Ley, y sólo la Ley, puede definir. Interés de tercero, nada menos que consagrado como derecho fundamental de participación política (artículo 23 de la Constitución). Tanto lo sabe que lo subraya en el propio Auto, al reproducir la doctrina de la propia Sala (Auto de 26/3/26, fundamento jurídico Primero).

Por cierto: la Sala se pasa por l’arc du triomphe las referencias a su propia jurisprudencia en todo lo relativo al cuidado con el que se debe apreciar la apariencia de buen derecho de los demandantes y para no prejuzgar la cuestión de fondo, así como la adecuación de las medidas cautelares para “paliar o evitar los perjuicios de cualquier naturaleza”. Los prejuicios sobre derechos fundamentales son demoledores, la cuestión de fondo queda más que prejuzgada dada la trascendencia de estas medidas cautelares… ¿o es que alguien se puede imaginar que después de esta devastación de derechos van a desestimar la demanda de los ultraderechistas?

Sobre lo de “no prejuzgar la cuestión de fondo”, que en el propio auto de medidas cautelares se subraye que la significación especial de este incidente (de medidas cautelares) exigen a la Sala, para ponderar y valorar los intereses que concurren, adentrarse en extremos que pertenecen al fondo del asunto, fundamento quinto,,A (ii), nos pregona a gritos el fallo que dictarán.

Luego, el señor Narváez, y con él la mayoría de la Sala del Supremo, ha rematado un auténtico fraude de ley, al utilizar un mecanismo que la Ley prevé, la adopción de medidas cautelares, para “perseguir un resultado prohibido por el Ordenamiento Jurídico” (6.4 Código Civil): nada menos que privar a un número considerable de ciudadanos españoles de un derecho fundamental.

Es literalmente de traca la extensión de las medidas cautelares a “otras actuaciones administrativas”: la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública, de 25 de octubre de 2022, no impugnada en ningún otro proceso paralelo a éste (como refiere la Sentencia del Tribunal Supremo 1688/2020 FJ4, invocada en este auto), ni el el pasado.

Dan por sentado los señores magistrados, reproduciendo las consignas de la propaganda de la ultraderecha, de la de aquí y de la de acullá, que el incremento “extraordinario” del número de electores y su incidencia en las diferentes circunscripciones “pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados”. 

No habría estado de más que la Sala, al descalificar, eso sí “sin entrar en el fondo del asunto”, la instrucción de la dirección general interpretando la cláusula adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, hubiera tomado en consideración -aunque fuera de pasada- el principio “favor libertatis”, ecuménicamente aceptado como criterio de fundamentación e interpretación de normas y actos jurídicos relacionados con las libertades públicas y derechos fundamentales, que postula la interpretación más favorable al pleno contenido y efectividad de esos derechos. Justo al contrario de lo que la ultraderecha y sus aliados pretenden exigir a los “nietos”: la prueba diabólica de que sus ascendientes sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.

Para rematar la faena, el auto de medidas cautelares despacha en un sólo renglón que la afectación -léase la privación del ejercicio- del derecho de participación de las personas ya inscritas o que hayan solicitado su inscripción en en el Cera no “resulta desproporcionado”, quieren decir desproporcionada, “en relación con los intereses generales”, que pasan a definir Vox, Iustitia Europa y el conservadurismo abrumadoramente mayoritario de la Sala. Demandantes y magistrados que se colocan a sí mismos por encima de la Constitución y de la Ley, que definen cuál es el interés general en forma de proclamación, regulación y garantías de los derechos fundamentales.

Posdata.- Uno, que es jurista de provincias aunque le tocara por esas casualidades de la vida ser ponente de la Ley de Memoria Democrática, cree -y tratará de sustentarlo como mejor pueda- que cada uno de los lesionados en sus derechos por estas medidas cautelares tiene abierto el camino del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la solicitud de medidas que pongan remedio al atropello que acaban de sufrir, en un proceso judicial del que no han sido parte, para que esa agresión no tenga las consecuencias irreparables -esas sí que serían irreparables- que ya se dibujan en el horizonte del ya inminente año electoral, impidiéndoles el ejercicio del derecho fundamental de participación política. 

El daño en los derechos constitucionales se va a producir como consecuencia directa de una acción de un órgano judicial, nada menos que del Tribunal Supremo, y la trascendencia constitucional de este asunto es extraordinaria para la interpretación, aplicación y eficacia de la Constitución y para la determinación del contenido de los derechos fundamentales.

Las informaciones, compartidas con otras fuerzas de seguridad y agencias y servicios de información, nacionales y extranjeros, “no se correspondían en contenido ni alcance” con los hechos que provocaron después “el colapso de la frontera” por un desplazamiento de migrantes al mismo tiempo “con una dimensión sin precedentes”.

Así reza el informe que el Servicio de Información de la Guardia Civil ha remitido a la jueza Tardón, de la Audiencia Nacional.

Nadie ha cuestionado esta información contrastada y publicada por Pedro Águeda, periodista de tribunales de ElDiario.es.

¿Nadie? Nadie. Ni desde luego lo han cuestionado los dirigentes tanto más fascistizados cuanto mediocres del PP y de Vox. Ni, por supuesto, los poderes fácticos de los que Feijóo y Abascal son meros bufones.

Porque si las informaciones de que disponían el SIGC no proporcionaban indicios de los acontecimientos que se desencadenaron, promovidos o tolerados -que ya se acabará sabiendo- por Marruecos y por todos los que han salido desde el minuto cero a manejarlos como arma contra el Gobierno de España, empezando por Trump, ¿dónde podría sustentarse la “traición” de Pedro Sánchez que pretenden exigir por la vía penal?

De “traición” hablan desde el PP, el partido que embarcó a España en la Guerra de Irak, contraria al Derecho Internacional y sustentada en la mentira de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Y en contra de la opinión abrumadora de la sociedad española. Agresión ilegal y traición (esa sí) a España la que perpetró impunemente Aznar, y que luego tuvo como consecuencia trágica la matanza de Atocha, a pesar de su encaje como anillo al dedo en el Código Penal, cuyo artículo 590.1 castiga con penas de 8 a 15 años de prisión a la autoridad que “con actos ilegales… expusiere a los españoles a experimentar represalias en sus personas o en sus bienes”. El mismo tétrico individuo que se permite seguir dándonos instrucciones a los españoles.

Ni el menor atisbo de realidad ni de fundamento jurídico esas diatribas de ¡traición!, con que pretenden acabar llevando a Pedro Sánchez ante la Sala II del Tribunal Supremo, cuya mayoría está visiblemente involucrada en la estrategia contra todo lo que represente o tenga relación con el Gobierno constitucional de España y con su presidente.

Los mismos que han promovido el rechazo a la acogida de los menores migrantes llegados a Ceuta por parte de sus Comunidades Autónomas, al igual que han venido haciéndolo con los llegados a Canarias.

Los mismos que están realizando con insistencia la propuesta delictiva de devolver también a los menores a Marruecos. Los mismos partidos desde cuyas filas se propone ir a “cazar uno a uno” a los migrantes llegados a Ceuta. Los mismos que se echaron atrás del previo acuerdo entre las autoridades ceutíes y estatales de instalar un campamento temporal en terrenos de la zona portuaria de Ceuta, por lo que el Gobierno ha decidido tomar el control del puerto de Ceuta para autorizar que se instale en la zona más alejada de la población una ubicación temporal con carpas para más de 1.000 inmigrantes.

Ante este panorama protogolpista uno tiene que preguntarse ¿Quiénes están traicionando a España?

Pues los mismos sectores de intereses (y sus títeres institucionales) que allá por los años 90 consideraron “necesario llegar al límite y poner en riesgo el Estado, con tal de terminar”, como confesó Luis María Ansón sobre las maniobras del “sindicato del crimen” contra Felipe González. Pero ahora, contra Pedro Sánchez y su Gobierno. Porque desde la égida de Aznar a la presidencia del PP, la derecha real española no acepta la democracia si no concentran en sus manos no sólo el poder económico sino también el poder político.

Y en el actual tenebroso escenario internacional se sienten como pejes en el agua y están más desenfrenados que nunca.

A Bermúdez habría que tomárselo a broma. Como cuando dijo, al quedarse sin la alcaldía durante el tiempo imprescindible para organizar un bermuyazo, que se iba a dedicar a ejercer la abogacía. Pasó de la alcaldía a la más absoluta insignificancia social. Sin la aureola del poder, y sin sus pompas y sus “obras”, no es naide.

Aunque debe ser difícil, creo que hay que iniciar un procedimiento para ver de resignificarlo a él mismo. Es decir, a su ATI nutricia.

Estos días llegan por doquier recuerdos de los asesinatos que cometió el “ángel salvador”, cuya estatua Bermúdez quiere defender a toda costa de una demolición legalmente obligatoria. Asesinatos de personas y de mujeres una vez terminada la Guerra Civil: las Trece Rosas, La Jabalina, La Poeta… y en algún caso después de robarle a las criaturas que llevaban en sus vientres, nada más nacer y antes de fusilarlas.

Me ha horrorizado la imagen de la funcionaria de la cárcel madrileña envuelta en una capa azul marino que, con absoluta frialdad, anunciaba -lista en mano- a medianoche, celda a celda, los nombres de las presas que iban a ser pasadas por las armas al amanecer del día siguiente.

Que hubo atrocidades de bando y bando durante la Guerra, sí. Que las cometidas desde el bando republicano se perpetraron especialmente durante el vacío de poder a raíz del golpe de Estado y hasta que se restableció la autoridad legítima en la zona republicana, también. Que las del bando de los generales felones era una violencia programada, con el objetivo de aterrorizar, es difícil ponerlo en cuestión desde la Circular del “director”, general (luego “duque de”) Mola, a los jefes involucrados en la conspiración ordenando el empleo de la “máxima violencia”.

Pero después de la guerra vino la dictadura y su programa de exterminio meticulosa y genocidamente aplicado contra el bando vencido. Ni un ápice de compasión.

Pues es el monumento al generalísimo, el responsable de todas aquellas atrocidades, el mismo que entraba bajo palio en las iglesias, lo que quiere preservar el insigne Bermúdez.

¿Por qué?

Porque él sabe que ATI ha logrado sus mejores resultados electorales, desde sus tiempos fundacionales, siempre que y sólo si ha obtenido -también- el apoyo electoral de esa parte ultraderechista de la sociedad tinerfeña que quedó desorientada y resentida tras el restablecimiento de la democracia. No me refiero solamente a toda la pléyade de ex alcaldes y altos cargos franquistas que se alistaron a ATI desde el momento fundacional, sino también a una parte de la sociedad y a personajes influyentes del mundo empresarial que usufructuaron el Régimen franquista por estas tierras. Nadie me lo ha contado. Lo he vivido.

Ahora esos rescoldos del autoritarismo, con toda su siniestra partitura de odio a la izquierda, de xenofobia e inhumanidad contra los emigrantes -aquí, ¡en Canarias!-, a los derechos de los trabajadores… a las libertades y derechos constitucionales, especialmente al derecho fundamental a la igualdad que preside la Declaración de Derechos de la Constitución Española, esos rescoldos digo, tienen una marca propia: Vox. Y esta es la clave de la “heroica” defensa del monumento. No les queda otra a todos esos alguienes que se subieron al coche oficial desde antes de terminar sus estudios y “entodavía” siguen sin bajarse, ganen o pierdan las elecciones.

Porque si Bermúdez y toda esa caterva de profesionales del poder no logran mantener el apoyo electoral de la ultraderecha social -lo mismo que le ocurre al PP de cara a las elecciones generales- no pueden ganar las elecciones a los ayuntamientos, al Cabildo y al Parlamento de Canarias en Tenerife.

Y como aunque pierdan no dejarán de intentar aferrarse al poder, al precio que sea, se van a ver obligados a pactar con Vox, como ya lo han hecho en Granadilla o en Teguise.

Y tendremos que ver a nuestro criollismo agarrándose como una lapa al gobierno de las instituciones de la mano de quienes quieren cargarse el Estado de las Autonomías y niegan la pluralidad territorial y humana de la sociedad española. Y si pueden, de paso, cargarse también las libertades y la convivencia democrática.

Es casi litúrgico empezar cualquier opinión sobre la estrategia de una parte de la judicatura contra el Gobierno progresista con una especie de jaculatoria, una laica persignación: la inmensa mayoría de jueces y juezas cumplen solvente e imparcialmente su primordial función en este, España, Estado democrático de Derecho. Pues ya me he persignado y puedo empezar.

Pero esa no es la cuestión cuando de lawfare contra este Gobierno se trata. Son solamente unos “cuantos pocos” jueces y juezas, pero ¡qué bien situados están! Es el resultado de un componente sociológico conservador de la judicatura; pero sobre todo del secuestro por parte del PP durante años y años del Consejo General del Poder Judicial, para controlar -y los han controlado- sus nombramientos y ascensos discrecionales para los principales tribunales.

La gente que, por unas u otras razones, tenemos cierta familiaridad con las garantías constitucionales en materia de la tutela judicial efectiva -pero no sólo esas, sino también las de muchos otros derechos fundamentales- y alguna experiencia en el territorio de la jurisdicción penal nos quedamos atónitos e indignados con un tabla-rasa de esas garantías, cada vez más descarado. Pero eso sí: siempre en la misma dirección.

La falta de proporcionalidad de las intervenciones judiciales en casos como el del registro de la documentación y dispositivos de la Fiscalía y del Fiscal General, recientemente reproducida respecto a las agendas de ZP. Y mientras tanto la Fiscalía “Anticorrupción” (perdón por el entrecomillado) bajo la égida de Luzón oponiéndose como gato panza arriba al prometedor vaciado judicial del correo B de Montoro en el Ministerio de Hacienda, solicitado por la fiscala del caso… hasta acabar sancionando ¡a la propia fiscala!

Las contorsiones argumentativas de la Sala II en su insubordinación contra la Ley de Amnistía, retorciendo el concepto y la jurisprudencia del delito de malversación o calificando a los líderes del Procés como “golpistas” (¿les suena?), a pesar de que la propia Sala les condenó por sedición y no por rebelión/golpe de estado.

Bueno, bueno, bueno: la inédita condena por la revelación del “secreto” del quironesco novio de Ayuso, que ya conocía un montón de gente, que podría habría efectuado alguna persona “del entorno” del Fiscal General…un retroceso al Medioevo, respecto al concepto de la responsabilidad penal individual.

O el estiramiento, tipo chicle Bazooka Joe, del concepto de autoría en materia de prevaricación para condenar a David Sánchez como coautor-por-cooperación -necesaria de una prevaricación.

La campaña promocional de la delación, inaugurada con la impunidad del corruptor Aldama, es simplemente tenebrosa. Les apuesto triple contra sencillo que florecerán delaciones contra investigados o acusados de izquierda; porque la derecha tiene sobrados mecanismos “extrajudiciales” para aflojarles la piernas a los aspirantes a delator. Y si no, miren cómo ha ido ocurriendo en el asunto de la Kitchen. Todo el mundo calladita la boca. Y vaya que este ha podido ser un campo fecundo para confesiones y delaciones interesadas.

Y prefiero no insistir, porque ya lo he contado (aunque uno tiene que insistir porque los lawfaradores persisten día tras día y a peor la mejoría) en el manejo de la inferencias, es decir de las suposiciones en ausencia de pruebas: siempre contra los acusados de izquierda, nunca contra los de la derecha: el “no podía no saberlo” contra Manolo Chaves en el caso Eres o, anteayer mismo, contra el presidente de la Diputación de Badajoz contrastan desvergonzadamente con el “no está acreditado” que Aguirre conociera la maraña de corrupción (sistémica, que se dice ahora) del Gobierno y del PP de Madrid, de los que era lideresa por aquel entonces…o sin que sepamos todavía quién era el misterioso “M. Rajoy” de los sobresueldos en negro de los papeles de Bárcenas.

Por estas y taaantas otras razones, aunque no me preguntaron como encuestado, yo también comparto la opinión del 65%.

Y creo que la gravedad de la situación ya es inempeorable.

Cuando escucho o leo las declaraciones de Feijóo -o las de cualquiera de su guardia pretoriana- no sé si se trata de bromas macabras o de una pesadilla.

Resulta que Feijóo se nos presenta como el Pulibril, el abrillantador de la sociedad española, de España.

Me restriego los ojos si estoy leyendo, sí, estoy leyendo, la prensa y me viene a la mente si se trata del mismo individuo que fue promovido al liderazgo del PP cuando Pablo Casado fuera arrojado al vacío desde Génova, todos recordamos por quiénes y por qué.

Si este Feijóo era el mismo presidente de la Xunta frente al que los trabajadores de la tele gallega iban todos los viernes durante años enteros protestando por la manipulación al modo Clavijo, perdón al modo pepero, de los servicios informativos.

Si este Feijóo es el líder (es un decir) del partido que lleva a sus espaldas el caso Kitchen, el más grave caso de utilización del Estado para destruir las pruebas de corrupción del PP y para espiar a sus adversarios políticos.

El “líder” del único partido condenado por financiación ilegal y del que ha protagonizado casos de corrupción sistémica como el caso Gürtel y tantos otros…

Y, sobre todo, si este Feijóo abrillantador tiene detrás a quienes son responsables de 7.291 muertes atroces de personas abandonadas a los estragos de la pandemia en las residencias de Madrid; de 237 muertes como consecuencia de la “baja laboral” del presidente Mazón durante el fragor de la Dana, o de las 193 muertes del atentado yihadista (a ver, repítanlo conmigo: y i h a d i s t a) de la Estación de Atocha, en represalia contra la alta traición a España que cometió Aznar embarcando con mentiras a España en una guerra ilegal. Y, qué horror, todas esas muertes impunes hasta la fecha.

Se ha acabado instalando -sin que, por lo que se ve, le haya costado mucho- en la sensación de impunidad que le proporciona una división acorazada de medios informativos que ponen a su disposición los poderes fácticos de los que es un mero medianero. Y, día tras día, menosprecia la inteligencia de los españoles con sus flagrantes contradicciones. Hoy digo una cosa, mañana la contraria y aquí, en la Tierra, paz y en el Cielo gloria. Menuda falta de vergüenza.

El presidente del Partido que lleva toda la legislatura sin la menor iniciativa parlamentaria sobre la política económica del Gobierno, porque los datos positivos son indiscutibles, ni antes ni después de que el ministro haya accedido a la vicepresidencia, se compromete a que el país “vuelva a funcionar” con reformas económicas y sociales. ¿Qué reformas?, ¿los recortes de los derechos de los trabajadores que ha anunciado ante los empresarios o una nueva contrarreforma del Estatuto de los Trabajadores como la que perpetraron ¡por decreto-ley! con la coartada de la crisis financiera de la década pasada? Todos sabemos, además, que estas agresiones a los trabajadores siempre van acompañadas de ataques a las libertades como las de la Ley Mordaza. Para que no puedan utilizarse las libertades y derechos constitucionales para defenderse de los destrozos en derechos laborales y sociales perpetrados por los gobiernos conservadores.

Es el mismo personaje que ha bendecido los pactos con los neofranquistas de Vox el que nos anuncia que prepara una “reconstrucción nacional” a la altura de la que tuvo que llevar a cabo Adolfo Suárez, dice Feijóo, en la primera etapa democrática. ¿Qué “reconstruyó” Suárez? ¿La devastación heredada del franquismo, tal vez? ¿Y para ir adelantando esa reconstrucción se han opuesto, cogiditos de la mano a la ultraderecha, a la aprobación y al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática? ¿Y ya caminan a paso marcial por la senda de la Prioridad Nacional inconstitucional y racista? ¡Ah!, ya voy entendiendo: reconstrucción p’atrás, para las estancias sombrías del fascismo.

El cinismo pulibriliano de Feijóo se supera a sí mismo con la proclamación de que “la reconstrucción institucional no consiste solo en echar a quien ha corrompido las instituciones, consiste en impedir que nadie pueda volver a corromperlas”. Oséase que se trata de impedir que nadie vuelva a corromperlas. ¿Estaría pensando en Rato, en Montoro, en Espe Aguirre y todo su sórdido entorno, en el novietísimo quironesco…y así casi hasta el infinito? En realidad no es “reconstrucción institucional”, sino que se trata de una campaña de vacunación de España frente a ellos mismos y frente a los intereses insaciables de los que cada vez más obscenamente Feijóo es un mero y mediocre medianero.

Nota.- Fíjense que ni siquiera he nombrado a Marcial Dorado y a sus vacaciones en amor y compaña en Tenerife. No me ha hecho ni falta.

Llevo demasiado tiempo leyendo resoluciones de la derecha judicial aplicando estrictamente las garantías constitucionales cuando se trata de investigar o juzgar a personajes del PP y diluyéndolas y pisoteándolas cuando investigan o juzgan a políticos de la izquierda; o a las personas con las que tienen “la sola relación de parentesco”, como se ha atrevido a subrayar la Audiencia de Madrid que ha acabado respaldando la asquerosa “instrucción” del juez Peinado. Demasiado tiempo contemplando cómo manejan los tiempos procesales para acomodarlos al calendario de La Contra política y empresarial, luego mediática.

Demasiado tiempo contemplando cómo abusan del margen de apreciación de las declaraciones de testigos de cargo, si juzgan a la izquierda, y desprecian todas las declaraciones de quienes las contradicen. ¿Recuerdan los periodistas que declararon ante notario y en el juicio conocer el “secreto” del novio de Ayuso antes que el Fiscal General del Estado? Luego ya no era un secreto. ¿Les han pasado inadvertidos las declaraciones testificales desmontando las acusaciones contra David Sánchez? ¿Y cómo los jueces tomaron en cuenta exclusivamente las apreciaciones del teniente coronel Balas?

Tanto tiempo que ya casi no merece la pena detenerse en argumentos jurídicos frente a ese puñado de jueces, eso sí mágicamente ubicados en los tribunales, los procedimientos y los momentos precisos. Ni frente a los de la inmarchesible Sala II del Tribunal Supremo, que ha llegado a condenar por co… al Fiscal General del Estado. Y, para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía, a desdecirse obscenamente de su propia Sentencia sobre el Procés, a cuyos responsables condenó por sedición, que es un delito contra el orden público, y no por rebelión, que es un delito contra la Constitución. La propia Sala II que sentenció que no se les podía condenar por rebelión, porque tratar de culminar la intentona independentista era una “ensoñación”, les ha llamado después “golpistas” para aplicar una excepción a la aplicación de la amnistía. Pura obscenidad y sensación absoluta de impunidad.

Por el camino quedan demasiados atropellos jurídicos con la única finalidad de tumbarse al Gobierno legítimo de España.

Demasiados años tiene uno ya y demasiadas horas dedicadas -en cumplimiento de mis deberes ejerciendo funciones de oposición al “régimen” de ATI/Coalición Canaria- a estudiar casos, teoría y jurisprudencia sobre prevaricación, tráfico de influencias o malversación de dinero público para no quedarme espantado con la manipulación de estos conceptos por parte de los magistrados que han juzgado a David Sánchez; o expandiendo el concepto y el tipo delictivo de malversación para sentar a Begoña Gómez ante un Jurado; o ante el contorsionismo de Marchena (no se han enriquecido con los gastos del Procés pero han evitado tenerlos que pagar con su propio patrimonio, luego han malversado) para inaplicar la Amnistía.

Lo de la malversación de dinero público por la colaboración de la asistenta de Begoña es casi insuperable en cinismo y manipulación. Pero es esa acusación el “fundamento” de la entrada en escena del Jurado. Por eso la mantienen contra viento y marea. ¡Ah, malversación!

Quiero decirles que me he convertido en decidido partidario de que los casos de prevaricación judicial y otros delitos que puedan haber cometido miembros del poder judicial, “delitos en los que la acción típica carezca de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial”, como dice la Ley Orgánica del Jurado, sean juzgados por un Jurado. Al menos así, uno de los factores que les hacen sentirse impunes, el acendrado espíritu corporativo del estamento judicial, quedaría atenuado.¿Quién vería a Peinado ante el riesgo de acabar sentado ante un Jurado, o al Hurtado que instruyó salvajemente la causa contra el Fiscal General?

No me puedo resistir a comentar las afirmaciones de la Audiencia Provincial de Madrid por su flagrante inconstitucionalidad. Y tan campantes: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. O sea que la sola relación de parentesco… puede comportar presión moral eficiente y, por tanto, ¡es un indicio delictivo!. Sólo les faltaba decir si el parentesco corresponde a una mujer, que lo que debe hacer es quedarse con la pata quebrada y en casa. Mayor degradación de las garantías constitucionales y, permítanme, mayor machismo son inimaginables.

“La Contra”, también la judicial, está dispuesta a todo con tal de tumbar al Gobierno progresista, que con la Constitución en la mano es el Gobierno legítimo de España.

Y en un país con una historia tan turbulenta como la de España sólo hay dos opciones: o plantarles cara o echarse a temblar.

Por eso estoy convencido de que desde el lado de la defensa de la democracia, de la soberanía popular, de las libertades y garantías constitucionales “todo el que pueda hacer, que haga”. Pues hagamos.

Me trompecé, nada más despertarme, con José Manuel Bermúdez. Dispuesto a dejar su partido, ATI-CC, para el caso de que secunde la “propuesta” de Clavijo de sacar de Santa Cruz el estadio del Tenerifito. Y me parece respetable, aunque me ha surgido la duda de aónde irá Bermúdez, él solito.

No he podido evitar que me vinieran a la cabeza tantos episodios en que -empezando por la fusión Santa Cruz/Laguna, que habría implicado la desaparición de La Laguna como municipio- los ataques a La Laguna han sido una constante desde la dirigencia de ATI y desde las Instituciones que gobernaban.

[En la Memoria de mi familia siempre estuvo presente un motín de los concejales laguneros, allá por la segunda década del siglo XX, siendo mi abuelo concejal de Hacienda del Ayuntamiento, cuando al alcalde de turno se le ocurrió poner sobre la mesa la fusión. No es asunto nuevo].

Propuestas de infraestructuras, incorporadas por el Cabildo al planeamiento insular, es decir convertidas en normas jurídicas de ordenación territorial, que hipotecaban el derecho de La Laguna a establecer su propio modelo urbanístico sin más limitaciones que las derivadas realmente del interés de la Isla; pero no del interés del Ayuntamiento de Santa Cruz, “bendecido” desde el Cabildo:

La Autopista Exterior impuesta por el Plan del sistema Viario del área Metropolitana sin definir primero (como ordena el Plan Insular de Ordenación, PIOT) el modelo viario y de movilidad de Tenerife. De esa autopista, que colonizaría casi un millón de metros cuadrados de suelo agrícola lagunero protegido por el propio PIOT, pretendió colgar Bermúdez una Zona de Actividades Logísticas, a través del Plan de Ordenación de Santa Cruz y sin tener el Ayuntamiento de Santa Cruz competencias para ello, dada la envergadura y la trascendencia supramunicipal del polígono que pretendían. Tuvimos que formular directamente alegaciones ante la Casa de los Dragos, ya que el Gobierno municipal lagunero (ATI-PSOE, todo hay que decirlo) no secundó nuestra propuesta.

La prolongación de la Vía de Ronda desde la glorieta de las Canteras hasta la Autopista del Norte, devastando amplios espacios de La Vega de Aguere y sirviendo de percha para nuevos procesos urbanizadores que sus correligionarios de La Laguna se apresuraron a incorporar al Plan de Ordenación que Clavijo pretendió aprobar por la vía rápida y le obligamos los laguneros a envainárselo. La justificación real de esa prolongación -a poco que uno se leyera los papeles- era la de proporcionar una salida hacia el Norte a determinadas zonas de Santa Cruz, condicionando otra vez más el futuro y la autonomía de La Laguna.

El propio Bermúdez, desde el Cabildo y ATI-CC desde el Gobierno de Canarias, ¿cuántas veces condicionaron las subvenciones al CB Canarias a que se intitulara Tenerife, una vez que fracasaron los sucesivos intentos magnánimamente subvencionados de consolidar un equipo de élite -con base en Santa Cruz, claro- que llevara el nombre de Tenerife, relevando al legendario RC Náutico? ¿Cuántas veces tuve que presentar enmiendas a los presupuestos insulares y autonómicos para que incluyeran subvenciones para el equipo lagunero? ¿Y por qué trataban de impedir lo que finalmente ha acabado ocurriendo: CB Canarias-La Laguna-Tenerife?. Gracias, Luis Yeray, en nombre de generaciones de canaristas laguneros.

La Laguna, gran ciudad

¿Cuánto nos costó a los laguneros, representados por el PSOE, que La Laguna fuera incluida en el “club” de grandes ciudades, aplicándosele en pié de igualdad con Santa Cruz el Título X de la Ley de Régimen Local, regulado por la Ley estatal 53/2004?

No se trataba, solamente, del régimen jurídico y de la potenciación de los instrumentos ejecutivos propios de municipios de gran población, sino del rango político de la Ciudad y del Municipio de La Laguna. Y, por tanto, de poner en pié de igualdad sus relaciones de cooperación, que no de subordinación, con Santa Cruz. Y, en opinión de muchos laguneros, garantizaba definitivamente la “independencia” de La Laguna frente al guadianesco proyecto de fusión/absorción por Santa Cruz, siempre con el pleito insular como trasfondo.

Presentamos en el Ayuntamiento una moción para que se enmendara en las Cortes Generales el proyecto de ley, que desde su elaboración incorporaría automáticamente a Santa Cruz y Las Palmas. Se aprobó suavizar los requisitos “de admisión al club”, acogiendo a municipios de más de 50.000 habitantes de relevancia económica, histórica…, un anillo al dedo de La Laguna. Pero quien único se ocupó de enmendar el proyecto fue el Grupo Socialista del Congreso, con cuyo portavoz en esta materia, el diputado Martínez Sanjuán, lo gestionó Pepe Segura, a petición de los socialistas laguneros. ATI-CC no movió ni un dedo por La Laguna.

Luego vino la segunda fase. La Ley de Grandes Ciudades exigía que su aplicación a los municipios como el de la Laguna fuera decidida por el Parlamento de la comunidad autónoma respectiva.

Propusimos al Pleno del Ayuntamiento lagunero que solicitara al Parlamento incorporar definitivamente a La Laguna a la Ley de Grandes Ciudades. Y se aprobó con el voto del PSOE y del PP lagunero. Y ¡oh sorpresa (o no tanto)!, con el voto en contra de la alcaldesa y de su grupo.

El Parlamento de Canarias, cuya Mesa presidía ATI-CC, se negó a tramitar la solicitud que presentó este entonces diputado adjuntando el acuerdo del pleno lagunero, a la vista de que la alcaldía de La Laguna -que es el órgano competente y obligado a ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento- no daba cumplimiento al acuerdo del Consistorio lagunero. Así las cosas tuve que requerir, con todas las advertencias legales, a Ana Oramas para que cumpliera sus obligaciones y comunicara al Parlamento la solicitud de aplicar a la Laguna el régimen legal de las Grandes Ciudades. Finalmente lo hizo y, en marzo de 2007, La Laguna Gran Ciudad a todos los efectos: jurídicos y políticos.

Prefiero no entrar en el fondo del asunto “estadio” porque creo que en estos tiempos el suelo disponible y el esfuerzo presupuestario hay que dedicarlo a vivienda, vivienda, vivienda…; pero cuando oigo a Bermúdez hablar de que sacar el Estadio de Santa Cruz es un ataque a la “capitalidad”, no puedo dejar de preguntarme ¿y todo lo que nerudianamente “confieso que he vivido” y acabo de resumir, qué eran: ataques a La Laguna perpetrados desde las altas instancias de ATI?

¿Y durante todos esos episodios, desde la “fusión/absorción” de La Laguna a la obstrucción de su declaración como Gran Ciudad, los correligionarios de Bermúdez en La Laguna se plantearon alguna vez que ATI-CC dejara de ser su partido? ¿O se comportaban como lo que Clavijo llamaría “medianeros”, no de Santa Cruz, sino de los sectores dirigentes de la Capital y de sus intereses?

Debí aprender desde muy joven que en el mundo jurídico vale más la autoridad del argumento que el argumento “de autoridad”. Algo así como “la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero”.

Me he quedado impactado y preocupado al leer el artículo “Miseria de Parlamento” de Pedro Cruz Villalón, un eminente jurista que llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional con una vitola de progresista.

En mi opinión de jurista de islas ultraperiféricas, Cruz Villalón -tal vez porque haber presidido el Tribunal Constitucional debe imprimir un cierto carácter endeleble- se permite manejar a su antojo argumentos e interpretaciones a las que pretende dar un carácter concluyente e indiscutible. Y no lo son.

En otros pasajes de su artículos despliega elucubraciones muy creativas e imaginativas, con la seguridad que debe tener de sí mismo después de un largo cursus honorum y de sus múltiples distinciones del todo merecidas.

Y, desde luego, se desliza desde consideraciones políticas muy respetables a pretender suplantar la regulación constitucional de nuestro régimen parlamentario, respecto a las cruciales relaciones entre el Gobierno y el Congreso de Diputados, del que dependen en exclusiva la formación del Gobierno, el respaldo a su gestión y a su programa legislativo y, en última instancia, su destitución.

Trivializa, en mi opinión, el carácter racionalizado de nuestro régimen parlamentario fruto de una regulación constitucional muy precisa y muy orientada a garantizar la estabilidad del Gobierno, tomando lecciones, como lo hizo la Ley Fundamental de Bonn (1949) de las dramáticas consecuencias que tuvieron no sólo para el régimen parlamentario sino para la propia democracia las mayorías negativas del período de entreguerras (1919-39). Se trataba de alianzas contra natura entre la izquierda radical, muy revolucionarizada tras el triunfo de la Revolución Soviética de 1917, y la derecha ultraconservadora precursora del nazismo y del fascismo, para acorralar al gobiernos moderados que no disponían de mayorías parlamentarias consistentes.

De forma que sólo hay dos procedimientos para destituir al Gobierno: o mediante el rechazo a la cuestión de confianza que sólo puede plantear el presidente del Gobierno, y puede ser respaldada por una mera mayoría simple de diputados (ojo a la clara voluntad del constituyente de favorecer la estabilidad del Gobierno); o mediante una moción de censura, que requiere mayoría absoluta para ser aprobada (atención de nuevo a la apuesta por la estabilidad del Ejecutivo).

La moción de censura se califica como constructiva -y no es ningún oxímoron, con perdón de Cruz Villalón- porque para evitar mayorías meramente antigubernamentales, que podrían conformarse sin ir más lejos por el PP+Vox y por los que estos han venido acusando, como auténtico guineo, de “golpistas”. De forma que el constituyente configura la censura, si obtiene el respaldo de la mayoría absoluta (ojo, de nuevo) no sólo como desaprobación parlamentaria del Gobierno y de su gestión, sino como expresión de confianza e investidura del candidato que preceptivamente ha de proponerse con la moción de censura.

De modo que, con la venia del expresidente del Tribunal Constitucional, no es que la censura “tenga en su origen una más o menos intensa censura del Gobierno… y lo que verdaderamente se ventilará… es el nombramiento de un nuevo presidente”, no. Es que la Constitución configura muy precisamente ese acto parlamentario con ese doble objetivo y consecuencias jurídicas. Y frente a la regulación explícita de la Constitución, aquí si que “no caben” -que diría Cruz Villalón- interpretaciones imaginativas ni meramente sustentadas en apreciaciones políticas, que son por lo demás muy respetables.

Afirmando que “la confianza parlamentaria (o en su caso la desconfianza), se encauza de manera eventual a través de los mecanismos de la moción de censura o de la cuestión de confianza y de manera regular a través del rito anual de la aprobación de los Presupuestos del Estado”, el insigne jurista se coloca por encima de la Constitución. Por mucho que la incapacidad del Gobierno para cumplir el principio de anualidad presupuestaria, frente a las mayorías negativas, sea un hecho político de extraordinaria trascendencia política.

Este es el régimen parlamentario querido y establecido por la Constitución y no se ha establecido ninguna “constitución real de tintes espuriamente presidencialistas”, utilizando esa distinción conceptual entre la forma de gobierno prevista y regulada por la Norma Fundamental y su funcionamiento en la realidad efectiva.

Desde esa premisa argumental o interpretativa, llámenla como quieran, Cruz Villalón se da un salto de avestruz digno de mejor causa, para acabar proponiendo que dado que no se puede destituir al Gobierno con la Constitución en la mano, apliquemos para conseguir el mismo objetivo: derrocar al Gobierno mediante la actuación de una mayoría negativa, instrumentando la disposición constitucional sobre la exigencia de responsabilidad criminal al presidente del Gobierno, imitando el impeachment de la Constitución norteamericana, que estableció una forma de gobierno presidencialista, sustentado en la separación rígida de los poderes legislativo y ejecutivo, y en la que el presidente de la República, que también es jefe del Gobierno, no es elegido por la mayoría parlamentaria.

Aquí me parece que Cruz Villalón sugiere, ¿o propone?, que mediante lo que sería un fraude constitucional palmario y una pretendida “interpretación” jurídica que desecha principios tan consolidados en la cultura jurídica de los países “civilizados” -digamos mejor “de nuestro entorno” porque lo de civilizados es fruto de un ticks que desde hace demasiado tiempo, y cada día más, es desmentido por agresiones imperialistas y genocidas dantescas- como es el de la aplicación prevalente de la lex specialis, es decir de las normas de la Constitución de 1978 que regulan específicamente las relaciones Gobierno/Congreso de Diputados en nuestro Régimen Parlamentario.

Y esta sugerencia nada menos que en un país que tuvo un presidente que embarcó delictivamente a España en una guerra ilegal con las consecuencias que luego tuvo en Atocha sobre la vida y los derechos de los españoles, tal y como tipifica el artículo 590.1 del Código Penal, bajo el epígrafe de los “delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado”. Y nadie sugirió, aunque podría haberlo hecho el propio Cruz Villalón desde su auctoritas como expresidente del Tribunal Constitucional, allá por 2003, una exigencia parlamentaria de responsabilidad criminal.Y aquel presidente no solo quedó impune, sino que nos sigue dando lecciones a los españoles que votamos la Constitución de 1978. La misma Constitución que el inefable Aznar no votó.

He presenciado y participado en muchos debates parlamentarios en el Senado en los que el PP calificaba a Junts de “golpistas” y “socios” de Sánchez. No les quiero ni contar la que han armado el PP y sus brigadas judicial y mediática a cuenta de la amnistía. Aunque no es fácil determinar quiénes son la brigada de quiénes en este torbellino de defenestrar al Gobierno progresista desde que se constituyó en los términos previstos por la Constitución.

El PP y Junts, por fin juntos.

¿Ya no son golpistas? ¿Se han vuelto socios? ¿Y cuando Feijóo les pide que apoyen una moción de censura para investirlo a él presidente, es porque ya no son golpistas?

Más allá de la verborreas patrioteras, que no patrióticas, con las que llevan demasiado tiempo camuflando los verdaderos y coincidentes intereses conservadores que representan, más allá de las mareas de corrupción que obligaron a declarar amortizada a Convergencia i Unió (¿nos acordamos todavía del 3 per cent?), más allá de la ristra casi interminable de casos que viene arrastrando el PP, que lo puso al borde de que los poderes fácticos que lo patrocinan le dieran el finiquito (y se inventaran, promocionaran y pusieran a calentar en el banquillo a Ciudadanos, por si había que “refundar” la derecha siguiendo el ejemplo “CiU después Junts”), al final puede más, demasiado, lo que los une.

Durante la crisis financiera desencadenada desde 2008, ambos partidos aplicaron con verdadero deleite las fallidas e injustas recetas que sirvieron para descargar la crisis sobre los trabajadores de todas clases (que decía la Constitución Republicana), recortar las políticas del Estado Social y los derechos laborales e incrementar las desigualdades.

¿Se acuerdan de cómo M. Rajoy, ¡a través de un decreto-ley!, ejecutó la contrarreforma laboral? 

Fue el Real Decreto-Ley 3/2012, que facilitó y abarató drásticamente los despidos y dio un golpe de muerte a la contratación colectiva y a los sindicatos dándole prioridad a los convenios de empresa (el descuelgue) sobre los convenios de sector…

¿Como tuvieron que inventarse la Ley Mordaza, recortando los derechos políticos para impedir que la gente se revolviera contra los recortes y las políticas antisociales?

Y durante toda esa ofensiva conservadora con la excusa de la crisis, el PP y Junts mantuvieron una conflictividad constante Cataluña/España porque les convenía política y electoralmente. Hasta que, como suele pasar, se les fue de las manos: el Procés, la declaración unilateral de independencia, la coacción federal prevista en el 155 de la Constitución para restablecer la legalidad y la normalidad democráticas…

Luego vino la amnistía, el informe en contra del Tribunal Supremo, el mismo que informó favorablemente amnistías e indultos a los golpistas del 23-F, que esos sí que eran golpistas; el boicoteo de Marchena and boys a la aplicación de la Ley de Amnistía utilizando todas las truculencias “argumentales” que les ha dado la gana, llegando a llamar “golpistas” a quienes había condenado por sedición y no por rebelión o reinventándose el concepto de malversación del Código Penal contradiciendo hasta la doctrina establecida por el propio Tribunal Supremo…

Parece mentira, pero es verdad, la inmensa sordina que han impuesto los poderes empresariales -luego mediáticos- al balance de gestión del actual Gobierno. Los mismos poderes que llegaron a calificar de ministro milagro a Rodrigo Rato, luego convicto de corrupción. ¿Ustedes se imaginan que un Gobierno PP pudiera exhibir los datos de crecimiento y de creación y de calidad de empleo del gobierno presidido por el demoníaco Perro Sanxe? Sólo esos, dejando a un lado sus políticas sociales que serían inimaginables en el caso de un Gobierno de la derecha. Y sin que hablemos tampoco de la proyección internacional de España y de su Gobierno en defensa del Derecho Internacional, de la Paz, de la lucha contra el cambio climático, de la denuncia del genocidio contra el pueblo palestino, que en caso del conservadurismo hispano -el mismo que secundó servilmente la ilegal Guerra de Irak- serían simplemente impensables.

A uno, que tiene convicciones progresistas y que ha tenido que afrontar señalados casos de corrupción (hasta acabar conociendo cómo son y cómo funcionan sus canales en estas Islas y sus complicidades y resortes mediáticos), le avergüenzan y le indignan los comportamientos de quienes, aprovechándose de su poder orgánico o institucional se han aprovechado y profanado los valores que han sustentado la centenaria estela humana del socialismo español.

Pero de igual manera mantengo que el Gobierno y sus políticas deben continuar adelante, a pesar de la oposición devastadora de los sectores conservadores que ya ni aceptan ni aceptarán en un futuro ningún Gobierno que no represente sus intereses insaciables. Los suyos de ellos, aunque traten todos los días de esconderlos manoseando el nombre de España.

De no retorno en el acoso de parte del Poder Judicial al Gobierno constitucional de España. Y en mi opinión, no sólo una parte del Poder Judicial sino de algunas alturas del Ministerio Fiscal. Por ejemplo, de la Fiscalía Anticorrupción.

Llueve no sobre mojado, sino sobre inundado.

Hay noticias que me han indignado. Sin agotar el listado: el registro de la Fiscalía General del Estado, como paso previo a la condena ignominiosa del Fiscal General; la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a solicitar el volcado del correo electrónico B de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, llegando a sancionar a la fiscala que ha impulsado la investigación; la petición de Anticorrupción de que se retire el pasaporte a Zapatero.

El juez que lleva dale que te pego persiguiendo inquisitorialmente a Begoña Gómez, ha llegado a hacer comentarios, en sus tan escandalosas como jurídicamente huecas resoluciones -del tipo de “las conductas provienen de palacios presidenciales, como en este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados” o la afirmación de que los agentes de la escolta de Begoña “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean quienes colaboren para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”- en las que se permite una vez tras otra alardes que destruyen toda apariencia de imparcialidad. Y ahí sigue, tan campante.

No nos engañemos: Peinado está compulsivamente predispuesto contra este Gobierno; pero no es tonto. Y hace lo que hace porque tiene una sensación de total impunidad y siente respaldos en las más altas esferas de la Judicatura, esas que el conservadurismo hispano ha ido copando después de secuestrar durante larguísimos años, violando flagrantemente la Constitución, el Consejo General de PoderJudicial.

Mucho habían tardado, pero ya salió la Gran Patronal a enseñar la patita expresando su apoyo expreso “a la justicia”, “ya que es brutal y peligroso el ataque a los jueces, porque están siendo atacados”. No es a los jueces, Garamendi, ni a la justicia. Se trata de la crítica a los que, eso sí, emboscados en el órgano judicial o de la fiscalía y en los momentos y procedimientos oportunos, están prostituyendo la función y la autoridad judicial para tumbar al Gobierno progresista.

Está ocurriendo, como si fuera una pesadilla, todo eso que parecía que sólo existía en los libros de los detractores de la democracia “burguesa”, que uno leía de joven. 

La retirada del pasaporte a Begoña Gómez y la obligación que se le impone de comparecer cada quince días en el Juzgado es un ataque directo al Gobierno y a su presidente (del que Begoña es la esposa y no una “particular”, como lo es el individuo del que -con la lógica del PP- Ayuso debe ser concubina o manceba. O a la viceversa: sólo que en el universo mental de la caverna, el concepto de concubino no existe). Y está pensada justamente para darle un alcance internacional: ssssh!!! a la mujer de Sánchez no la dejan salir de España y le piden 24 años de cárcel!!!! ¿O no está más claro que el agua?

He sentido la obligación, a lo largo de más de 32 años ejerciendo labores de oposición, de denunciar penalmente en mi tierra contados pero muy graves hechos de corrupción. Y sé, por mi propia experiencia, de la indolencia de determinados jueces y juezas y fiscales(as) a la hora de cumplir sus obligaciones de impulsar los procedimientos. Luego algo debo saber de lo que estoy hablando. Desde el caso Las Teresitas hasta el Caso Reparos (127 Decretos comprometiendo y pagando ilegalmente 60,3 millones de euros), he vivido de todo: ataques en los medios de comunicación afectos a los poderes establecidos, denuncias falsas (que nunca han pasado del primer trámite) para dar lugar a columnas periodísticas sicarias y caricaturas del tipo “el cazador anticorrupción, cazado”, en fin…, pero lo que viene ocurriendo era inimaginable. Créanme.

En mi modesta opinión, la de un isleño septuagenario que fue encausado por el siniestro Tribunal de Público de la Dictadura cuando recién acababa de cumplir 20 años, y que ha desempeñado treinta años de docencia universitaria en el campo del Derecho Constitucional, amén de siete legislaturas de trabajos parlamentarios en el Senado y en el Parlamento de Canarias, ¡esto no puede seguir así!

O los demócratas nos unimos (como está ocurriendo en los EEUU) y nos enfrentamos a esta trama, de la que -no nos engañemos- tanto el PP como los Peinado y sus espónsores aguas arriba de la Judicatura son meros instrumentos y figurantes o ¡adiós, democracia, adiós!

Porque no me asusta tanto (y miren que me asusta) lo que están dispuestos a hacer para derrocar al Gobierno legítimo como sea y “que el que pueda hacer, que haga”. Sino qué no estarán dispuestos a hacer para no perderlo “para siempre jamás”, como diría García Márquez, si todo este complot antigubernamental y antidemocrático logra sus objetivos: volver a poner en pié lo que los usufructuarios y detentadores del poder franquista pretendían: perpetuar una Dictadura disfrazada de Democracia. Y las dictaduras -sean conservadoras o revolucionarias- son todas opresión, violencia y corrupción desde el poder político. Y colonización de la sociedad por la mediocridad, la mires por donde la mires.

ATI nació y ha venido ejerciendo la medianería en los ayuntamientos de Tenerife, en el Cabildo y pocos años después, vestida de “nacionalista canaria”, en el Gobierno de Canarias, de intereses empresariales perfectamente identificables tras las decisiones políticas que han venido tomando en asuntos urbanísticos, de ordenación del territorio, de grandes equipamientos comerciales, de inversiones en infraestructuras…

Me ha llevado tiempo, casi 20 años, pero al final creo haberlo entendido. Y ha sido Ayuso quien me lo ha logrado explicar. Gracias. 

Fue un día ya lejano cuando un novel alcalde de La Laguna, ya alcalde por tanto y no estudiante de secundaria obligatoria, expresó su disposición a que Canarias se convirtiera en “Estado Libre Asociado”. Vamos: como Puerto Rico con relación a los Estados Unidos.

Yo no sabía muy bien qué es lo que proponía. Y me quedé con la sensación de que él tampoco. Pero sí que lo sabía. ¡Acabo de caer en la cuenta!

Los ciudadanos de Puerto Rico tienen ciudadanía norteamericana y su país, la bella Borinquen, disfruta de autogobierno. Pero los portorriqueños no pueden votar en las elecciones norteamericanas. Y, sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos tiene autoridad para aprobar leyes obligatorias para la población boricua, aunque ésta no haya participado en la elección de sus miembros ni cuente con los dos senadores que representan a cada uno de los Estados federados.

¿Será algo así como una colonia de los yanquis la Preciosa, como “la llaman los bardos que cantan su historia” que decía el inolvidable “lamento” borincano?, cuyo estatus proviene de la entrega que hizo la Monarquía española a los Estados Unidos, allá por 1898. Eran tiempos expansivos del naciente imperialismo yanqui.

Ayuso, como dije, me ha ayudado a entender lo que quería decir por aquel entonces el inefable presidente del Gobierno de Canarias, que viniéndose arriba añadía: “Y si Estado Libre Asociado significa la independencia del Archipiélago, ¿qué problema hay?”.

Ayuso se ha negado a cumplir el decreto estatal sobre la distribución solidaria de menores migrantes no acompañados y lo ha impugnado, presentando un recurso jurisdiccional. Es decir, que los menores no acompañados que llegan a Canarias por la arriesgadísima ruta atlántica se queden en nuestras Islas atendidos por nuestras Instituciones públicas y por las entidades privadas humanitarias. Como si fuera un territorio ajeno, un país tercero, algo parecido a como es Albania, a estos efectos, para la Unión Europea y para Meloni.

Ayuso también ha decretado que los estudiantes canarios en Madrid se queden sin bono de transporte, discriminándolos y yendo más allá que la propia Prioridad Nacional de Vox -la del mismísimo Abascal que quiere hundir al Open ARMS- que el PP vergonzosamente viene acatando en cada vez más comunidades autónomas donde son socios de los neofascistas. Y el Gobierno de Canarias, gobierno de perdedores pero con toda legitimidad constitucional y estatutaria, calladita la boca. ¡Sssssh!

Ayuso, en coherencia con las salvajadas de ignorancia y racismo que prodigó en su gira por tierras mexicanas, tiene clara cuál es la posición que corresponde a Canarias: será la de una colonia o “Estado Libre Asociado” de instituciones subordinadas en muchos terrenos y de ciudadanos sin derechos políticos. Siempre, en todo caso, una tierra, unos habitantes y unas instituciones no equiparados a los de los territorios de la Metrópoli.

Siempre he pensado, y no es ninguna novedad que lo diga ahora, que ATI nació y ha venido ejerciendo la medianería en los ayuntamientos de Tenerife, en el Cabildo y pocos años después vestida de “nacionalista canaria” en el Gobierno de Canarias, de intereses empresariales perfectamente identificables tras las decisiones políticas que han venido tomando en asuntos urbanísticos, de ordenación del territorio, de grandes equipamientos comerciales, de inversiones en infraestructuras… y de las que han dejado de tomar en materia sanitaria y hospitalaria, de financiación educativa, universitaria, de apoyo a la dependencia, entre tantas otras. Intereses empresariales, por cierto, perfectamente respetables; pero insaciables y demasiado hegemónicos, a través de sus “medianeros”, sobre las entidades y las políticas públicas isleñas, políticas que pagamos todos y que deben responder a los intereses, necesidades y expectativas de la mayoría.

Pero, tal vez por mis pocas entendederas, he tardado en convencerme de que también son medianeros del más tétrico conservadurismo español que representan el peor PP (el de Aznar y Ayuso, aunque figure Feijóo) y Vox, cada vez más indistinguibles: el centralista, insolidario, cínico a más no poder y cada vez más preñado de xenofobia, racismo y supremacismo. ¡Ah! y despectivo y ¿colonialista? con Canarias y con los canarios.

Y Clavijo calladito. Lo que cambian los tiempos, Venancio, qué te parece. ¿O no?

¿Se imaginan sus imprecaciones si la tercera de la cuarta parte de lo que el PP le está haciendo a Canarias proviniera de gobiernos o instituciones regidas por por gobiernos progresistas o por el PSOE?

Llega el Papa a las Islas. su visita viene inspirada por un mensaje explícito y rotundo de humanidad con los migrantes, sustentado en lo mejor de las tradiciones y valores del Cristianismo: “un nuevo mandamiento os doy”, con raíces en el Viejo Testamento (Levítico).

Cualquiera que observe estos días las acrisoladas actitudes de relevantes personajes de la derecha (sin conocerlos), que personifican un día sí y otro también lo peor de las tradiciones conservadoras hispanas, las de la naturalidad con la que practican hipocresía y cinismo, pensaría que nunca han roto un plato sembrando y agitando la xenofobia y el racismo contra los migrantes africanos pobres y de piel oscura. Podría decir negros, pero es que no son sólo negros.

Recapitulemos: el mapa de los Estados de África -trazado con escuadra y cartabón y sin la menor relación con la antigua distribución geográfica de las culturas y pueblos originarios del continente, Mamma África, que fue cuna de La Humanidad- reproduce con líneas rectas el reparto colonial que las potencias europeas fijaron a principios del siglo XX para la explotación de sus recursos y sus seres humanos, a los que en la peor tradición occidental -especialmente anglosajona, ya saben, wasap- se les negaba la titularidad de derechos sobre sus tierras ancestrales y sus recursos naturales y hasta la propia condición de seres humanos.

El expolio de recursos y las prácticas de trabajos forzados y de masacres fue algo habitual. La civilización occidental solía tener como agentes coloniales a lo peor de cada casa. Las inversiones en infraestructuras, cuando se ejecutaron, no tenían nada que ver con las potencialidades de desarrollo de aquellos territorios colonizados, sino con el transporte hasta las metrópolis de sus riquezas minerales, agrícolas, ganaderas, madereras..

Y después del logro de la independencia, todos las presiones imaginables para dejar gobiernos “medianeros”, que diría Clavijo, y perpetuar relaciones de dependencia neocolonial. Total, países sin el grado de cohesión interna imprescindible para hacer viable un Estado. Guerras, frecuentemente atroces, entre comunidades, tribus y etnias secularmente enfrentadas, empujadas por el proceso emancipador que reproducía las líneas de reparto colonial a convivir en el mismo país “independiente”. En fin, innumerables Estados fallidos cuya autoridad ha sido de inmediato ocupada por nuevos señores feudales armados hasta los dientes por las grandes empresas que continúan explotando minerales raros y “diamantes de sangre”, o por el yihadismo más agresivo, especialmente contra las mujeres africanas, como en el inmenso y cercano Sabel.

Y ahora, para más Inri, recortes salvajes de la cooperación y las ayudas humanitarias bajo inspiración trumpiana y de los intereses que este individuo aciago representa.

Y Canarias, en la Ruta Atlántica que recorren jugándose la vida y muriendo en desgarradoras circunstancias desesperados seres humanos, “les damnés de la Terre”, niños y menores solitos incluidos, en busca de la esperanza.

¿Cómo ha venido reaccionando aquí cierta clase dirigente (ya saben) ante lo que algunos desalmados llegaron a calificar de invasión? Que yo recuerde, con vergüenza como canario: convocando desde la órbita del mismísimo ayuntamiento en la primera oleada migratoria, allá por 2006, una inmunda manifestación en Santa Cruz de Tenerife. Fue jaleada por los editoriales de El Día a bombo y corneta. Pero fracasó, afortunadamente. 

Luego fueron las proclamas desde Coalición Canaria (les ahorro señalar a los protagonistas) de que Canarias se iba a convertir en una Nueva Lesbos o en Lampedusa 2, islas mediterráneas donde las murallas despiadadas de la misma Europa que diezmó sus riquezas y sus poblaciones hasta la extenuación los concentraba en el más despiadado hacinamiento. Luego vinieron maniobras y mensajes racistas de José Manuel Soria, las actitudes de la alcaldesa de Mogán llegando a abrir expedientes sancionadores a los hoteles que alojaron temporalmente a las personas concentradas en espantosas condiciones en el muelle de Arguineguín. 

Y, pa´ no ir más lejos, los infames panfletos que repartió Coalición Canaria en La Laguna, en los que llegaban a decir que a los canarios les vendría bien unas vacaciones pagadas con dinero público. Hacían llegar esos libelos jediondos especialmente en los entornos de los acuartelamientos de Las Raíces y de Las Canteras, donde hubo que alojar a los africanos después de una década de desmantelamiento de las instalaciones por parte de Gobiernos estatales del PP apoyados parlamentariamente, cómo no, por los de “el modo canario” de hacer las cosas. Y, más de último, la negativa y el boicot de los gobernantes autonómicos del PP y, cada vez más, de PP/Vox, es decir de los aliados genealógicos de nuestros “nacionalistas”, a la distribución solidaria de los menores no acompañados. 

Ese rechazo a los migrantes, y lo saben, les sirve políticamente como reclamo hacia quienes -como decía E. Hobsbawn en La Era del Imperio- les puede servir el nacionalismo y la xenofobia “como vehículo perfecto para expresar los resentimientos colectivos” ya que “no pueden explicar con precisión su descontento” por las desigualdades, la pobreza y el desamparo que sufren en sus propios países desarrollados, descargándolo “sobre los malhadados extranjeros”. Siempre, eso sí, que sean pobres y de tez oscura.

Pero ahora se postrarán en hinojos ante el Pontífice, con retransmisión a los cuatro vientos por la fanfarria mediática del régimen aticoalicionero, que ha llegado a la bravuconada de boicotear desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Clavijo la huelga de los trabajadores de los servicios informativos de la RTVC, en respuesta frente las salvajadas que vienen perpetrando en los medios públicos que pagamos todos los canarios.

La Declaración de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, dada a conocer este jueves, puede ser -supongo- comentada. E incluso, criticada.

Contiene, a primera vista, alguna contradicción llamativa entre el primer y el último párrafo. No es lo mismo que, por parte de los integrantes de otros poderes del Estado o por simples ciudadanos como el que esto escribe, se cuestionen “concretas actuaciones judiciales” que atribuirle genéricamente “a la función jurisdiccional, fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho...”, con la que concluye la declaración.

Porque, aunque la Comisión Permanente mezcle el cuestionamiento de actuaciones judiciales concretas con una especie de crítica a la función jurisdiccional en su conjunto, nadie está poniendo en tela de juicio la imprescindible labor de miles de jueces y juezas que, sean cuales sean sus afinidades ideológicas o políticas, cumplen a diario con las garantías y principios constitucionales.

Estamos viviendo en la sociedad democrática española una situación inimaginable hasta hace pocos años: por ejemplo, cuando gobernaba el PP. Es pública y notoria la beligerancia antigubernamental de algunos jueces y juezas y, al mismo tiempo, su extraordinaria magnanimidad cuando se trata de investigar y de juzgar a altos responsables del Partido Popular. 

Algunos de esos magistrados ocupan puestos de mucho relieve en juzgados y tribunales, de los que son inamovibles en garantía de su independencia, para los que fueron designados discrecionalmente por el Consejo General del Poder Judicial, cuyas mayorías conservadoras se han perpetuado largos años, y en diversas etapas (cada vez que el PP pierde la mayoría parlamentaria), incumpliendo los plazos legalmente establecidos en la Constitución y en su Ley Orgánica.

El PP lo ha llevado a cabo mediante un fraude constitucional grosero: convertir la mayoría parlamentaria cualificada (⅗ del Congreso o del Senado), establecida constitucionalmente para fomentar amplio pluralismo en los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en un derecho de veto en manos del PP cuando está en la oposición, bloqueando así una y otra vez la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

Durante esos grandes períodos de bloqueo, las mayorías conservadoras, configuradas como expresión de mayorías parlamentarias de la derecha, seguían efectuando nombramientos de jueces como si tal cosa, frente a un principio que forma parte de la cultura jurídica común de los países democráticos y sustentados en el Estado de Derecho, que es el de que los órganos con el mandato de todos sus integrantes o de quienes contribuyen a formar las mayorías ya caducado deben limitarse a mantener las constantes vitales de las Instituciones. Y no continuar ejerciendo la plenitud de sus competencias. Durante el último bloqueo del PP, el Consejo General del Poder Judicial “en funciones” llegó a efectuar 63 nombramientos discrecionales relevantes, 20 de ellos para el Tribunal Supremo. Hasta que por Ley se prohibió expresamente esa práctica abusiva.

A partir de este escenario, hemos visto cómo se desenvuelven durante la investigación judicial algunos jueces: estricto respeto a las garantías de defensa en unos casos; o “acotamientos” de la investigación (Kitchen, M.Rajoy, Cospedal... sin ir más allá) o dejadez a la hora de impulsar la investigación y dirigir la actuación de los órganos de la Policía Judicial que están a sus órdenes. 

En otros casos, una avidez instructora, inquisitorial y prospectiva sólo comparable con el desdén ante cualquier contra indicio, por relevante que sea, favorable a las personas investigadas; e incluso poniendo trabas a las iniciativas de la defensa en ejercicio de su derecho a proponer la práctica de diligencias, que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Los casos contra el Fiscal General del Estado y contra Begoña Gómez son simplemente de libro.

Y no digamos a la hora de dictar sentencia: máxima exigencia de prueba para destruir la presunción de inocencia en unos casos y sentencias condenatorias basadas en “inferencias” (dígase “suposiciones”) en otros. Respeto a la propia jurisprudencia consolidada, dependiendo de quiénes o de qué casos; y en otros interpretaciones creativas de conceptos establecidos por la legalidad penal y por la propia jurisprudencia, en el caso de la Sala II del Tribunal Supremo, al condenar al Fiscal General por hechos que pudiera haber realizado alguien “de su entorno” ampliando el concepto de autoría más allá de las garantías en el campo jurídico penal. O revisando pronunciamientos de sus propias sentencias, como cuando calificaron de golpe de Estado el Procés, a pesar de que a sus responsables no los habían condenado por rebelión, sino por sedición, que era, hasta su reciente derogación, un delito contra el Orden Público; y no contra la Constitución. O la novedosa ampliación del concepto de malversación. Y todo para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes Generales en ejercicio de sus funciones constitucionales.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, podría tener un poco más de respeto por la inteligencia de la ciudadanía y difuminar algo su corporativismo y su querencia conservadora.

Y dejar de efectuar grandes proclamaciones sobre la independencia y la responsabilidad de los jueces -que nadie discute- y subrayar, al menos por una vez, que esa independencia judicial se sustenta en el pleno sometimiento a la Constitución y a las normas jurídicas que deben ser interpretadas y aplicadas siempre respetando el derecho fundamental a la igualdad ante la ley (con el que se abre la Declaración de Derechos de la Constitución Española, artículo 14) y el principio de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, garantizado por la propia Constitución (artículo 9.3). Igualdad ante la ley y prohibición de la arbitrariedad en el ejercicio del “terrible” poder de juzgar.

Llevamos casi tres años de acoso a un Gobierno legítimo, con la Constitución en la mano. Aunque, en realidad, desde que el conservadurismo español se repuso de la pérdida de la Dictadura (podríamos señalar 1994, la fecha del encumbramiento de Aznar como heredero de Fraga Iribarne), ningún Gobierno progresista es legítimo. Porque España es de ellos, del conservadurismo empresarial -luego mediático,que diría I.Escolar-, judicial, eclesiástico, social… De forma que todo vale para derrocarlo.

He visto de todo. Por ejemplo, cómo el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en puro fraude constitucional, para ir copando mediante nombramientos discrecionales las mayorías y las presidencias de los más altos órganos judiciales. Y, a partir de ahí, instrucciones sin límites (o acotadas, a según de quién se trate), sentencias, manejo de los plazos y calendarios judiciales verdaderamente obscenos.

El prestigioso catedrático de derecho Penal Quintero Olivares subrayaba cómo para imponer la condena de los EREs manejaron la inferencia argumental, que “es todo lo contrario a la presencia de una prueba”, para concluir que “el presidente autonómico y sus consejeros y viceconsejeros, por razón de su cargo, tenían que saber que algo anormal estaba sucediendo”. 

Por el contrario, y manejando estrictamente las garantías jurídico penales, se declaró que no se había acreditado que Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid y líder del PP, tuviera conocimiento de la maraña de corrupción que supuraba su Gobierno y su partido.

Las interpretaciones creativas del concepto de malversación para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía o la degradación del concepto de autoría para condenar al Fiscal General por hechos que pudiera haber realizado alguien “de su entorno”, al margen de las causas de justificación relacionadas con el deber legal de defender la imagen de la Fiscalía frente a los bulos de Ayuso y su plenipotenciario jefe de gabinete, son simplemente escandalosas. 

A mí, particularmente, me tiene asombrada la deriva de la Fiscalía Anticorrupción bajo la égida de Luzón y Romeral. Lo digo por conocimiento directo, a propósito del caso Reparos; pero, entre otros hitos, por su oposición al vaciamiento del correo B de Cristóbal Montoro, en la investigación de los manejos de Equipo Económico para amañar el contenido de normas tributarias a la conveniencia de determinadas grandes empresas, previo paso por caja. Y, para colmo, sancionaron a la fiscala que lleva el caso, convencida de que la función de la fiscalía es investigar.

Podía seguir casi hasta el infinito; pero no quiero privarme de mencionar cómo ZZ es inequívocamente Zapatero; pero no está del todo claro para personajes como Hurtado, García-Castellón o cualquiera de esa caterva ultraconservadora que el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, sí, el de los sobresueldos de procedencia ilícita fuera Mariano Rajoy… En fin…

Pero dicho esto, me gustaría exponer alguna reflexiones:

He desempeñado durante más de treinta años funciones de oposición, en primera línea y con perseverancia, al sistema que se configuró en Tenerife y luego en Canarias desde 1987. Incluso después de que la candidatura del PSOE que lideré resultara la más votada al Ayuntamiento de La Laguna en las elecciones ya remotas de 1999. La verdad es que no se me ocurrió decir que no fui alcalde porque no quise.

Con la perspectiva del tiempo, creo que las Islas, mi Isla, han sido como un laboratorio exitoso de lo que la derecha española lleva intentando a la desesperada en toda España: aquí, bajo la marca ATI, los sectores más influyentes de la derecha empresarial recuperaron -en el tiempo récord de acortarlo a una sóla legislatura de gobierno socialista en el Cabildo-, simplemente reavivando hasta el paroxismo el pleito insular y la hostilidad anti canariona, el poder institucional y volviendo a concentrar en sus manos todo el poder: el político y el económico. Sumando el control de gran parte de los medios informativos, la muralla, eso que yo he venido llamando “el Régimen”, ha venido siendo prácticamente infranqueable en casi 40 años.

Como eso es lo que se está fraguando ante toda España, habiendo sido las Islas “adelantadas”, quienes desempeñen o hayan desempeñado cargos institucionales u orgánicos en representación del PSOE o de otras organizaciones de izquierdas, han de tener muy presente que no pueden actuar en contra de los valores que proclaman defender ni en contra de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Ni siquiera en apariencia. Porque es tanta la potencia de fuego mediática al servicio de los intereses conservadores que pueden convertir -como tantas veces me habrán oído decir mis compañeros- “una pistola de agua en un lanzagranadas”.

Y lo que buscan es desmoralizar a los votantes socialistas y de izquierdas. Allá en la Península y “aquí acá”, como se dice en algunos lugares de La Palma.

El PP y ATI-CC saben que ya les resulta imposible acaparar todo el espacio social y electoral que va desde el centro a la derecha ultra conservadora, que es lo que les permitió sus más rutilantes resultados electorales en el pasado reciente, porque esos sectores ultras ya tienen marca propia. Por eso, buena parte de su estrategia pretende la desmoralización del potencial votante socialista. 

Nunca me olvido de cómo M. Rajoy sacó en 2011 mayoría absoluta con los mismos votos con los que perdió las elecciones de 2008 frente a Zapatero. Por el camino, el PSOE perdió casi 4 millones de votos que se sumaron sobre todo a la abstención. Primero presionaron hasta lo indecible desde el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, la Troika, para imponer al Gobierno de ZP la recetas socialmente regresivas frente a la crisis financiera, apoyándose en los grandes desequilibrios financieros que afectaban entonces a la economía española.Y, después, sacaron petróleo del desconcierto que aquel cambio de rumbo produjo entre los votantes progresistas.

Por todas esas cosas, y por muchas más, las propias convicciones y valores y la comprensión del escenario real, interno e internacional, que enmarca la política española y canaria exigen coherencia a los representantes y dirigentes progresistas. Tanto en su actuación diaria como en las reacciones frente a quienes tengan comportamientos incompatibles con lo que los votantes progresistas y la ciudadanía en general esperan de la izquierda.

Y, además, cuando un comportamiento presenta indicios delictivos que puedan sustentar una investigación judicial está proporcionando la gran excusa: ¡lo ven!, para difuminar los escandalosos caso de acoso judicial y de investigaciones inquisitoriales y prospectivas que, esas sí y escandalosamente, están obedeciendo la arenga de que “el que pueda hacer que haga”, pronunciado desde su púlpito por el que tiene en su mochila (y no digo en su conciencia, para que tengo dudas de que la tenga) el haber embarcado a España en la guerra de Irak, un “acto ilegal”…exponiendo “a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes”, como reza el artículo 590 de Código Penal (Título XXIII, De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado…). Y luego vino la catástrofe de Atocha. Y ahí sigue impune y sermoneando, tan campante.