Todo ha ido a más y más.

Se pasaron día tras día calificando los graves acontecimientos del Procés de “golpe de estado”. Y lo que estamos presenciando ¿qué es?

Todo esto empezó hace tiempo: desde que la derecha de verdad, la del poder económico, se recompuso para actuar en las instituciones con el PP de Aznar (“váyase señor González”, cosas veredes Sancho) después de la desaparición de Franco y el “advenimiento” de la democracia. Desde entonces hasta hoy todo ha ido a peor la mejoría. Ya no aceptan ningún Gobierno que no responda a sus intereses.

De modo que el Gobierno constitucionalmente legítimo es un Gobierno/okupa contra el que todo vale, a menos que sea un gobierno PP con sus correspondientes socios parlamentarios. Que si son fascistas o diabólicos indepes da lo mismo: se proclama la prioridad criminal contra las personas migrantes, o se habla catalán en la intimidad y se inicia la cesión del IRPF o lo que haga falta… Ya se sabe: España siempre es y sólo es lo que les conviene.

Confieso que me aterra todo el partenariado de esta estrategia.

En el Poder judicial, después de largos años secuestrando el Consejo General en claro fraude constitucional, ya tienen el juez idóneo en los tribunales y procedimientos oportunos: García-Castellón, Hurtado, Peinado…y el que, dicen por ahí, que controla todo desde atrás. Lo de estos días ha sido de traca: la jueza Teresa Palacios de cancerbera estricta de cualquier pregunta que pudiera tocar a M. Rajoy, a Cospedal y a la cúpula del PP (y del Gobierno) en el caso Kitchen reafirmando o las “líneas rojas” de la instrucción, por llamarla de algún modo, de García-Castellón. Todo para preservar a quienes autorizaron la utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para destruir las pruebas de la corrupción del PP que enarbolaba Bárcenas. Y para perjudicar a Podemos, a los independentistas y demás adversarios políticos. O dicho de otra forma: a cualesquiera potenciales aliados parlamentarios del PSOE.

No hay herramienta contra el Gobierno que no utilicen: todo lo que conlleve margen de discrecionalidad judicial y, por tanto, de difícil revocación en vía de recurso lo emplean a fondo. 

Veamos:

Valoración de testigos. A mí me ha impactado cómo Marchena condenó a Alberto Rodríguez sobre la declaración de un único testigo, que era el propio policía denunciante, y cómo han desechado en la investigación y juicio del ex fiscal general todos los testimonios que diluían la revelación de un secreto que tantos conocían de antemano.

Prisión o libertad provisional: Ábalos al trullo y Montoro tan campante, como si hubiera menos riesgo de que se fugue el ministro-fundador de Equipo Económico, el despacho que cobraba por amoldar el contenido de normas tributarias a los intereses de determinadas empresas.

Manejo de los tiempos procesales… todo, lo que se dice todo, en plena ofensiva contra un Gobierno progresista. Como diría mi padre, con lo largo que es el año (o los años desde que se inició la investigación de Kitchen) para ajustar el calendario y que coincidan en los mismos días, semanas y mes el juicio oral de Kitchen y el caso Ábalos. Y eso por no mencionar la “programación” de resoluciones contrarias a la izquierda antes de las elecciones. Y si son contrarias a la derecha, “pa´dispués”. Y “a la viceversa”: si favorecen a la izquierda, después. Si a la derecha, antes. De las elecciones, claro.

A mí me tiene particularmente asombrado en lo que han ido convirtiendo la Fiscalía Anticorrupción, al mando de Luzón, Romeral y Cía. La sanción a la fiscala que ha venido actuando en el caso Montoro porque intentó que se vaciara judicialmente el correo a.romero@minhap.es, el correo B de Cristóbal Montoro. La excarcelación del omnipresente Aldama por “colaborar” con la justicia en un caso diferente al que había determinado su prisión provisional. Por decisión de Luzón y del fiscal del caso, Luis Pastor, que desempeñó diversos cargos en sucesivos gobiernos del PP. Y todo sin consultar siquiera al Fiscal General del Estado… Ahora ya sabemos para qué Anticorrupción le soltó las riendas, perdón, retiró la solicitud de prisión provisional, que determinó el juez instructor se viera obligado a excarcelar a Aldama, hoy rutilante estrella judicial, con la benevolencia del presidente del tribunal, Martínez Arrieta, y televisiva. 

Y qué me dicen de la UCO, a las órdenes de Balas. Celeridad vertiginosa y exhaustividad investigadora “a sigún” qué asuntos. Indolencia y arrastradera de piernas en otros. ¿Se imaginan en qué casos circulan en primera y en cuáles en quinta? ¿O hace falta que les haga una relación?

No hay ningún mecanismo ni garantía del Estado de Derecho que resista una quiebra del pluralismo informativo, como la que estamos viviendo, en la que existe un oligopolio en manos de influyentes (e insaciables) poderes económicos y al servicio de sus gorgoritos políticos. Ni tampoco la degradación de los principios de independencia judicial y de su único sometimiento al imperio de la Ley (117.1 de la Constitución), que tan paciente como alevosamente han ido preparando durante años mediante la política de nombramientos y ascensos “discrecionales” por parte de un Consejo General del Poder Judicial secuestrado de hecho por el conservadurismo hispano. Que no es cualquier conservadurismo. Y a la Historia de esta España nuestra me remito.

Y si encima las actividades de auxilio judicial a cargo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también cojean del pié derecho, pobre democracia. Pobre España. Menos mal que existen policías dignos, y espero que muchos más, como el inspector-jefe Morocho.

Aunque tengamos todos los días la angustia de contemplar a la Humanidad retrocediendo hacia la barbarie, siempre quedan resquicios de esperanza. Y proclamar, como dicen que cantaban los coros angélicos: “Pax in terris hominibus (et mulieribus) bonae voluntatis”

Es una época saturada de plagas bíblicas, un tiempo tétrico, la del arranque del Siglo XXI d.C.

Con un bufón sanguinario y desquiciado en la Casa Blanca, que nos obliga a pensar en qué influyentes poderes y qué déficits en la democracia pueden haberle llevado electoralmente ¡por segunda vez! a la presidencia norteamericana.

Los mismos EEUU, los mismitos, que han promovido, tolerado o sustentado las más sangrientas dictaduras, y que apadrinan el exterminio del pueblo palestino, pretendiendo enarbolar la defensa de la libertad como coartada para sus ataques contra Irán -donde, claro que sí, existe un régimen político sanguinario- cuando está siniestramente comprobado que lo que buscan es apropiarse de sus recursos petrolíferos y ponerle chinitas en el camino a la potencia emergente (y perdón por lo de chinitas).

El mismito Trump que ordena asesinatos en las aguas latinoamericanas con pretextos como el de “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”, de hace tres días nomás.

Cuando la derecha española (no me refiero al PP, meros guiñoles en el teatro el ruedo ibérico), la derecha de verdad, la que disfruta de poder económico y de un control asfixiante de medios informativos, canales bulescos y circuitos propagandísticos, y vuelve a despreciar cualquier democracia en la que no controlen, y pongan a su servicio, las Instituciones.

¡O tempora! éstos en los que tenemos que presenciar en directo cómo Rajoy y Cospedal se vienen librando impunemente de sentarse en el banquillo en el caso Kitchen, por las maniobras de García-Castellón (al que había que traer de inmediato de su destino dorado y “mandar a tomar-por-culo” a Onteniente a quien le sustituía en su juzgado) dispuesto a interrumpir la investigación en el momento oportuno, y cómo otro juez practica puras pesquisas inquisitoriales para incriminar sea como sea a Begoña Gómez haciendo caso omiso de todo lo que desvirtúe sus propósitos, en el peor estilo del coleguita que se encargó del fiscal general. Si alguien cree que lo hacen por su cuenta y sin ningún paraguas en los altos estratos de la judicatura, está más despistado que un pulpo en un garaje.

Cuando el PP acuerda sendas desvestiduras en Extremadura y Aragón (y las que te rondaré) asumiendo el odio a los migrantes y las consignas racistas y xenófobas del nuevo fascismo. Perdónenme pero no he podido evitar estos días que me ronden la cabeza aquellas letras “…ay de mí, pena mortal, por qué me alejo España de ti, por qué me arrancan de mi rosal…” “...tengo una copla morena hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós… Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací..”, de nuestros emigrantes y exiliados.

Lo único que les falta después de firmar con la ultraderecha eso de la “prioridad nacional” es ponerse a rezar en actitud beatífica para acabar de parodiar del todo al coleguita de Epstein. Que dice no saber nada de su pedofilia, como tampoco Feijóo sabía nada del narcotráfico de Marcial Dorado.

La misma época en la que uno tiene que soportar la presencia de Felipe González compartiendo mesa y mantel con Feijóo, Vox y Corina Machado.

Pero es también el tiempo en el que el Papa Prevost, con su inglés materno chicoagan, le planta cara, en nombre de los mejores valores humanitarios y cristianos. Y el obispo canariense da la cara en defensa de quienes se ven obligados a migrar por la ruta atlántica más mortífera, la de Canarias, proclamando que “si se quiere ser cristianos y se quiere ser humano, hay que atenderlos y cuidarlos”.

También el tiempo en que un Gobierno español lidera ante la opinión pública internacional las mejores causas, la de la defensa del Derecho Internacional, la del respeto a los derechos humanos, la de la regularización de los migrantes a los que algunos querrían seguir tratando como mano de obra sin derechos, como esclavos que llegan por sus propios medios sin necesidad de traerlos encadenados en las bodegas…

También el tiempo en el que miles de personas de todos los países se involucran solidariamente con los pueblos que sufren agresiones militares despiadadas, en escenarios que están bajo los focos de la prensa internacional o en guerras, limpiezas étnicas, religiosas o de cualquier otro tipo en países y regiones olvidadas.

Por eso, aunque tengamos todos los días la angustia de contemplar a la Humanidad retrocediendo hacia la barbarie, siempre quedan resquicios de esperanza. Y proclamar, como dicen que cantaban los coros angélicos: “Pax in terris hominibus (et mulieribus) bonae voluntatis”.

Algo ha fallado clamorosamente en la democracia norteamericana (llena de déficits como todas las democracias, aún así el sistema menos malo de los posibles) para que estemos viviendo este panorama aterrador

Como si fuera una terrible pesadilla para los que lo observamos desde lejos; pero una aterradora realidad para las personas que sufren diariamente estas actuaciones criminales en sus propias carnes, Trump, su camarilla, los oligarcas multimillonarios a los que representa -y sus lacayos como Abascal, Feijóo y Ayuso y un etcétera que llega hasta estas Islas- nos lo pretenden contar con tintes épicos.

La de “llevar a Irán a la Edad de Piedra de donde proceden” es el termómetro terrorífico de en manos de quién está el mundo: un tipo que desconoce que cuando Europa era una península de Asia sumida en la barbarie, en la cuenca del Nilo, en la Mesopotamia, alrededor del Indo y en el Lejano Oriente florecían civilizaciones milenarias. Y que, a pesar de las esperpénticas plegarias en el Despacho Oval, también ignora la creencia en la existencia del alma y su inmortalidad proviene de la religión mazdeísta de la antigua Persia. 

Como si de un nuevo Far-(W)Est se tratara, un nueva serie de la epopeya de La Conquista del Oeste, es decir del genocidio de las naciones y tribus indígenas de Norteamérica con la que inundaron nuestra infancia los westerns de su industria cinematográfica.

Gaza, Irán, Líbano… y un suma y sigue de crímenes de lesa Humanidad, mal disfrazados con consignas en defensa de la democracia frente a regímenes dictatoriales o de acabar con la existencia de grupos terroristas, pero cuyos objetivos reales de apropiación de recursos estratégicos de Irán (como lo está siendo de Venezuela) o como excusa para el expansionismo supremacista israelí son completamente evidentes. Y ya ni se preocupan demasiado por ocultarlos.

Ya se sabe demasiado que lo de las dictaduras y la democracia en la política exterior de EEUU depende de si le hacen o no el rendez vous a los intereses estratégicos y a la voracidad de sus multinacionales o no. No paran en mientes para promover la instauración de regímenes atroces o proteger a los ya existentes si se doblegan a sus intereses. Como si las dictaduras, se pinten de negro, de rojo (o de azul) no fueran igual de abominables, sean cuales fueran sus proclamas fundacionales: fábricas de represión de las libertades, de corrupción, de impunidad y de mediocridad.

Pero a todo esto cada día me pregunto cómo el viejo Gran Old Party, el Partido Republicano, el que fue fundado en 1854 por un grupo de activistas antiesclavistas, el partido de Abraham Lincoln, el que lideró la abolición de la esclavitud, ha podido acabar secuestrado por un demente y criminal y por los poderosos lobbys que lo manejan. Y cómo un individuo que alentó una rebelión contra las elecciones que perdió frente a la candidatura de Joseph Biden ha podido volver a ganar unas elecciones presidenciales.

Algo ha fallado clamorosamente en la democracia norteamericana (llena de déficits como todas las democracias, aún así el sistema menos malo de los posibles) para que estemos viviendo este panorama aterrador. También en el plano interno de los EEUU, con toda la violencia desatada por el ICE, los visibles designios del Poder Ejecutivo de acabar con la separación de poderes, especialmente con la independencia del Poder Judicial, de instaurar la censura informativa y, en definitiva, de subvertir los principios fundamentales de la Constitución Norteamericana.

En mi opinión, allá (y ya casi “aquí acá”, que se dice aún en La Palma) la clave reside en el control omnímodo de los medios de comunicación, destruyendo el pluralismo informativo y “la existencia de la comunicación pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político y, por ello, al funcionamiento de un estado de derecho democrático”, reduciendo “a formas huecas las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática”, como nuestro Tribunal Constitucional proclamó desde sus más tempranas sentencias, a principios de los 80.

Sin el control de los medios informativos convencionales y -la novedad de estos tiempos- de la implacable apisonadora de intoxicación en que los megarricos han convertido las redes sociales, lo que estamos viviendo sería impensable. 

La degradación de la democracia, la derogación de los derechos sociales y laborales y la destrucción de las libertades políticas que les resulta imprescindible para poder perpetrar sin resistencia de ciudadanos y trabajadores esas degradación y derogación (¿se acuerdan de la Ley Mordaza?) es una etapa en el camino que el Gran Capitalismo y sus representantes políticos conservadores y neocons emprendieron, allá por los 70, desde que el bloque soviético se fue colapsando económicamente, como preludio de su desmoronamiento político pocos años después. Lo emprendieron en todo el Mundo Occidental. Y también en España, con sus agentes más grotescos: de Aznar al tándem Feijóo-Ayuso; por no mentar a Abascal, la peligrosa caricatura neofascista.

Por eso al intento de Clavijo de controlar (¡también!) la dirección de RTVE en Canarias, después del allanamiento de la radio autonómica y de la Televisión Canaria, no nos lo debemos tomar sólo como la ridiculez que es, sino como parte del guión de influyentes poderes empresariales -también por estos lares- de convertir la realidad política de Canarias y su autogobierno en un puro remedo de democracia. Y a sus Instituciones en meras agencias de sus intereses.

¿Ustedes se imaginan cuál sería cuál sería el panorama de la inmensa constelación de medios de comunicación en manos de la derecha si asuntos como Gürtel, “Policía Patriótica (Kitchen), los del ministro-milagro Rato o del sin par Montoro afectaran al PSOE? ¿O qué celo y con qué prisas no se estarían dando los jueces de la misma calaña que los García-Castellón, Hurtado, Peinado… para investigar y sentar en el banquillo a todo quisque de este Gobierno ”o de su entorno“, siguiendo las innovaciones jurídicas de Marchena?

¿O hasta dónde llegarían los ditirambos y las alabanzas si un gobierno del PP pudiera presentar la quinta parte de los datos económicos y de empleo del actual Gobierno de España?

Pero lo que estamos padeciendo es una hegemonía de tal calibre de los medios y canales informativos por parte de la derecha que a un observador distante le daría la impresión de que el Gobierno legítimo representa a una minoría marginal de la sociedad española, exacerbando hasta el infinito sus yerros reales o aparentes y silenciando los casos flagrantes de corrupción, las contradicciones obscenas y, en las últimas semanas, las actitudes serviles y antipatrióticas del PP y de Vox frente a los delitos de genocidio y de lesa humanidad que está la sociedad española presenciando en riguroso directo. Bajo esa campana de protección, y la sensación de impunidad que les proporciona, la derecha y la ultraderecha españolas se han creído que pueden hacer y decir -sin coste alguno- lo que se les antoje.

Con este panorama informativo y con la estrategia antigubernamental descarada de 

jueces que parecen estar colocados en los órganos jurisdiccionales y en los procedimientos oportunos, las bases de una democracia pluralista están más minadas que el estrecho de Ormuz. O que el Puerto de Haiphon, minado por el ejército americano durante la guerra del Vietnam. Pero parece que es “ley de vida” que quien ataca al imperio, aunque sea para defender su soberanía, es un terrorista. Y las agresiones genocidas del imperio, de cualquier imperio, siempre se cometen en nombre de la libertad, de la civilización y hasta de las creencias religiosas.

Han sido escuetas, prudentes, pero necesarias.

Y la derecha “patriótica” en todas sus variantes le ha salido al paso a SM.

La colonización de las Indias por la Corona de Castilla -no por el Estado Español, cuya unidad desde la Confederación de Reinos que fue la Monarquía no resulta reconocible hasta el advenimiento de la dinastía Borbónica- fue un largo y complejo proceso que no admite resúmenes simplistas ni desde las añoranzas imperialistas del españolismo conservador, ni desde el “indigenismo” de los gobernantes americanos o del de algunos sectores de la izquierda española.

Entre los exabruptos, como siempre, destacan los de Ayuso. De forma que la justificación de La Conquista, de Méjico por ejemplo, era acabar con las inmolaciones de seres humanos ante los dioses paganos. Ya caigo: fue una “intervención humanitaria” como la del asalto trumpista y netanyhista al régimen de los ayatolás. Como si los tormentos y las hogueras de la Inquisición se hubieran realizado en plena Edad Moderna en Katmandú; y no en lo que hoy es España y con pretendida justificación religiosa.

La conquista y la explotación de las Indias, con la consabida coartada de la evangelización y el “acrecentamiento de Nuestra Sancta Fee Catholica”, fue el fruto y el despliegue de muchos intereses metropolitanos, también de la Iglesia como poder “terrenal” y, desde tiempos relativamente tempranos, de las nacientes élites criollas. Las mismas oligarquías que lideraron la Independencia cuando el reformismo de los Borbones rompió el “consenso colonial”, básicamente mediante la Ordenanza de Intendentes (4/dic./1786), terminando con los repartimientos de tierras y de indios y sustituyendo a los corregidores y alcaldes mayores por intendentes, asistidos por subdelegados en los pueblos de indios.

La Corona, en tiempos de la Isabel de Castilla y hasta bien entrado el reinado de Carlos V, mantuvo una actitud celosa y protectora en relación a los derechos de los indígenas americanos, frente a los desmanes de conquistadores y colonizadores hambrientos de riquezas y de gloria. Las Instrucciones a Nicolás de Obando (1503) o el Codicilo testamentario de la Reina Católica y Las Leyes de Indias, especialmente Las Leyes Nuevas (1542) dan buena prueba de esa actitud.

De estas preocupaciones de la Corona hispana, asesorada por destacados tratadistas de convicciones cristianas y humanistas, no existe ni el menor indicio en ninguna de las monarquías europeas que emprendieron y consolidaron sus propios imperios coloniales. Todo lo contrario, especialmente en el terreno de Her Gracious Majesty británica. Así que cada cosa en su sitio.

Pero la Monarquía, involucrada por los Austrias en infinitas guerras en Europa, por intereses de los Habsburgo y como paladines del catolicismo, ahogada financieramente hasta el punto de haber sufrido sucesivas bancarrotas y suspensiones de pagos en tiempos de Felipe II (1557,1560,1575, 1590) cada vez dependía más del “quinto Real”, la parte del botín que correspondía a la Hacienda regia,tanto más oneroso cuanto más intenso fuera el expolio de las tierras y de los pueblos americanos originarios.

Durante buena parte del dominio español, tanto La Corona como sus funcionarios entendieron que el compromiso con las oligarquías criollas era imprescindible para conservar aquellos inmensos territorios. Y ese compromiso implicaba mantener un orden social especialmente opresivo sobre los pueblos indígenas, sobre el creciente número de esclavos africanos y sus descendientes y sobre los colonos pobres. Y, a pesar de que se formularon programas reformistas y modernizadores desde ámbitos intelectuales y políticos americanos, este orden no sólo no fue alterado sino a que en muchos aspectos intensificó su crudeza después del logro de las Independencias. La ruptura de aquel “consenso colonial”, de aquella “constitución no escrita”, por la frustrada “reconquista” americana de Los Borbones, añadida a la pérdida definitiva del control del Atlántico (Trafalgar 1805) a favor de la Monarquía Inglesa, desencadenaron el proceso de Independencia de los países hispanoamericanos.

Al final de todo este largo período colonial, en el que hubo “un afán de protección (de los indígenas, se entiende) que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso” como ha expresado Felipe VI, quedó en pié una América hispana muy mestiza. Exactamente al contrario de lo que ocurrió en la América inglesa tras haber perpetrado el genocidio de sus pueblos originarios. Con o sin Leyenda Negra antiespañola, no hay más que mirar a esa “América para los americanos” (americanos blancos, anglosajones y protestantes, of course) que continúa reproduciéndose criminalmente ante nuestros ojos.

En fin, me parece correcta la actitud del Rey de España. Y tengo claro que tanta petición de disculpas por parte de España “por la Conquista”, y muchas más por sus desmanes durante la larga etapa colonial y tras las independencias deben dar -pero no lo harán- los herederos de las élites criollas de hoy y de siempre.

Si todo esto no fuera una tragedia, la cantinflada de ayer habría que tomársela como lo que fue: una cantinflada propia de un imitador, del tres al cuarto, de Mario Moreno

¿Por qué no nos explicas por qué te opones a la posición del Gobierno de España frente a la guerra de agresión contra Irán desencadenada por el dúo de criminales

Trump/Netanyahu, violando todas las reglas del Derecho Internacional?

Si todo esto no fuera una tragedia, la cantinflada de ayer habría que tomársela como lo que fue: una cantinflada propia de un imitador, del tres al cuarto, de Mario Moreno.

“Clavijo ha indicado que no va a dar su opinión sobre su posición acerca de los bombardeos...pero a renglón seguido ha dicho que no comparte las declaraciones del presidente del Gobierno de España, sin especificar qué parte exactamente no comparte.”, ni por qué.

De modo que no vas a dar tu opinión personal, pero “no compartes” la toma de posición del presidente del Gobierno. ¡Ah!

Te voy a explicar (y de paso a los lectores) por qué no la “compartes”, o mejor por qué no la puedes compartir:

Primero, porque el PP te tiene cogido por los serenquenquenes. Pero no cualquier PP; sino éste PP, dirigido por Feijóo y su camarilla, una banda de gamberros en su que hacer cotidiano.

Y te tiene cogido por salva sea la parte desde que te abrieron las veredas para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo te librara del caso Reparos que, según el Informe de la Fiscalía Anticorrupción (la de Canarias, no la de Luzón y Romeral ¿capisci?) calificara los hechos investigados como constitutivos de prevaricación continuada. Ni siquiera el inmarcesible Marchena te tomó declaración. Y todo eso después de que te fugaras del Parlamento de Canarias, donde te tocaba ejercer la oposición, y después de dejar tirados ante la jurisdicción ordinaria a todos tus colaboradores que siguieron tus ilegales instrucciones en materia de contratación de los servicios municipales de La Laguna y les dieron continuidad. 

Mucho más te tienen cogido por los bemoles porque después de perder las elecciones te han permitido volver a presidir el Gobierno y te mantienen en él cada día y todos los días. De forma que te has convertido en el medianero de Feijóo.

Medianero, como a ti te gusta decir. Aunque no sólo de Feijóo: sólo hay que chequear las decisiones que has tomado (y las que has dejado de tomar, por ejemplo en sanidad) al frente de las instituciones para identificar a quienes representas medianeramente en estas Islas.

Y la otra razón es porque tú, y la ATI de hoy y de siempre, compiten electoralmente con todas las derechas. Y sólo ha ganado históricamente elecciones cuando ha logrado acaparar el voto de casi todo el electorado que va desde el centro-derecha a la extrema-derecha, incluido el de quienes se oponen a la demolición del monumento a Franco. ¿Nos entendemos, verdad?

Pero ahora resulta que el posfranquismo tiene marca propia y en ascenso. Y, en consecuencia, el PP está electoralmente afectado. Y ATI también.

Y estos competidores, y sin embargo aliados, son unos arrastrados ante Trump y lo que éste representa. Y eso te amarra.

Y esta es una clave esencial para entender tus renuncios y tus silencios.

De forma que tú te ocupas de intentar portarte como un chico bueno ante toda la carcundia de la Metrópoli y de las Islas. Por humillante que sea y aunque renuncies servilmente a defender los intereses de los canarios y la legalidad internacional frente al retorno a la ley de la selva.

Que de intentar desmoralizar al electorado socialista, dándole megafonía aquí a los bulos e infamias de allá, ya has encargado a tu sicario periodístico, más godo que canario, que se ha llegado a creer (desde que se relaciona contigo y con tus colaboradores) el más listo de la clase. Sólo que, como decía el inolvidable Pedro Molina, “la diferencia entre ser listo y ser inteligente es que de inteligente no te puedes pasar, pero de listo sí”.

Este individuo exhibe, cada día más, una mezcla de ignorancia, mediocridad y una falta de respeto a la inteligencia de los demás, sólo comparable con su descaro para mentir

Cuando un atentado de ETA asesinó a Carrero Blanco, que era una especie de garantía de continuidad de la dictadura sin Franco, un sentimiento de alivio se produjo en todos los ambientes de la oposición democrática. Fue un crimen terrorista en toda regla. Sin embargo, en la conciencia o en el inconsciente de muchos españoles latía una teoría -aunque muy presente en la filosofía política medieval- formulada por autores españoles, a finales del siglo XVI y principios del XVII: Juan de Mariana y Francisco Suárez, ambos pertenecientes a la orden jesuita.

Fue la teoría del tiranicidio, de la justificación del uso de la violencia contra el tirano: tanto aquel que usurpa el gobierno, como el tirano por ejercicio o mal gobernante. Seguramente fue el arraigo de esa teoría la que puede explicar por qué ETA tuvo el respaldo en ciertos ámbitos del clero vasco en sus actividades contra el régimen franquista.

Ahora resulta que tenemos entre nosotros un nuevo adepto al tiranicidio. Se llama Feijóo. Este individuo exhibe, cada día más, una mezcla de ignorancia, mediocridad y una falta de respeto a la inteligencia de los demás, sólo comparable con su descaro para mentir.

Que el régimen de los ayatolás es una dictadura despiadada es una evidencia. Que vino a sustituir a una monarquía despótica, la del Sha Reza Palhevi, completamente sumisa a los intereses económicos occidentales son hechos históricos difícilmente cuestionables. Y tampoco es discutible que, a lo largo de muchos decenios, la política exterior de los Estados Unidos, aparentemente sustentada en la defensa de la libertad, ha promovido y sostenido regímenes aborrecibles y a gobernantes asesinos porque convenía a sus intereses económicos o estratégicos.

Que el pueblo iraní tiene todo el derecho a rebelarse contra el régimen de los ayatolás en nombre de la libertad, nadie puede cuestionarlo en serio.

Pero todo eso es una cosa y otra bien distinta es que sean precisamente Trump y Netanyahu los promotores del tiranicidio. Y su homecillo Feijóo el que salga a defenderlos. Trump y Netanyahu constituyen ejemplos de valor universal del “tirano de ejercicio” al que también se referían las teorías de Mariana y Suárez. 

Desde el genocidio ininterrumpido de Gaza a las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, pasando por las atrocidades del ICE en el propio territorio estadounidense y por el asesinato de casi dos centenares de niñas en una escuela bombardeada del sur de Irán, hace menos de 48 horas. Y así, un suma y sigue en presente continuo.

Y eso por no hablar de la diaria violación del propio orden constitucional norteamericano y de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos. La última, el desencadenamiento de esta guerra de agresión sin la autorización del Congreso.

Me da miedo, créanme, el rumbo que ha tomado una derecha española, que no reconoce a ningún Gobierno que no esté en sus manos (y, por tanto, en manos de los poderes económicos que gobiernan al PP cuando “gobierna”). Y que es capaz, con una mano, de negarse y boicotear la legislación de memoria democrática, reivindicando vergonzantemente el régimen sanguinario del General Franco; y con la otra, de aplaudir el tiranicidio de Jameneí perpetrado por dos tiranos como Trump y Netanyahu.

Porque, mírese por donde se mire, la justificación del tiranicidio, nadie encontrará la menor justificación a que sean otros tiranos los puedan dictar “sentencia de muerte” contra un tirano. Nadie, claro, menos un lametrumps como Feijóo.

Los republicanos norteamericanos, “faro de la libertad” de Ayuso, su pupilo Feijóo y Cía, llevan más de 30 años esculpiendo la composición y la mayoría del Tribunal Supremo a lo que conviene a sus intereses. Sus discípulos del PP les han imitado con algunos años de retraso. Y lo han perpetrado mediante un fraude y una violación de la Constitución, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial para que una mayoría conservadora de éste se perpetuara indefinidamente y continuara designando discrecionalmente a los miembros del Tribunal Supremo y de los principales tribunales de nuestro país.

Sin embargo, acaba de ocurrir algo en los Estados Unidos que a mi me parece casi impensable en la España de aquí y ahora: se le han virado a Trump miembros de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, que acapara las competencias jurisdiccionales más trascendentes y las funciones jurisdiccionales de nuestro Tribunal Constitucional, y han conformado una mayoría contra gran parte de los aranceles disparatados establecidos por el desquiciado inquilino de la Casa Blanca, en su obsesión por derogar de facto los principios establecidos por los “padres fundadores” de la Constitución Norteamericana.

Lo primero que me ha venido a la mente es que esa actitud de independencia de jueces designados por su ideología conservadora sería insólita en el Tribunal Supremo de España, donde los magistrados que deben su designación al PP, perdón a los miembros del Consejo General del Poder Judicial controlado por el PP contra-constitutionem, están siempre en la primera posición del saludo: el caso del fiscal general y el respaldo a actuaciones puramente inquisitoriales de peinados, garcía-castellones y otros del mismo bando, ha sido y viene siendo escandaloso y obsceno.

Lo segundo es que el argumento de fondo que ha empleado el Supremo norteamericano, que es el de afirmar tajantemente que el poder tributario reside en el Congreso y no en el poder ejecutivo que ostenta el presidente, supone una defensa del principio de separación de poderes, esencia del Estado Constitucional de Derecho que Trump viene subvirtiendo cotidianamente.

Pero por encima de todo, el fallo tiene una potencialidad que va mucho más allá de la cuestión de los aranceles, porque apunta directamente a la utilización abusiva de normas que conceden poderes al presidente para situaciones de emergencia o verdaderamente excepcionales, como supuestos de rebelión o de guerra civil, para afrontar situaciones o asuntos que no lo son: por ejemplo, despliegues de fuerzas militares en el propio territorio norteamericano o llevando a cabo acciones de guerra y agrediendo la soberanía de otros países, suplantando la autoridad y competencias del Congreso o de las autoridades de los estados e instituciones gobernados por los demócratas; o valiéndose y potenciando el siniestro ICE (out now, ¡¡fuera ahora!!) auténtica gestapo antimigratoria, que tantas terribles violaciones de derechos fundamentales ha cometido. Y esta dimensión de la sentencia me parece verdaderamente trascendente.

De forma que, según la sentencia, la ley de poderes de emergencia aprobada en 1977 -precisamente para delimitar las competencias presidenciales en materia de economía exterior- no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos, para cuyo establecimiento es necesaria una autorización del Congreso, que Trump se ha saltado a la torera.

Si a esa Ley se la conoce por sus siglas como IEEPA, ante la sentencia del Tribunal Supremo haciendo valer la separación de poderes y poniendo en su sitio a Trump, habría que exclamar ¡YEEPA!. Al fin y al cabo, somos hispanos.

Pobre Cámara Alta. Pobre non nata Cámara Territorial.

Todos recordamos cómo apareció el Senado en la Constitución. Fue el ejemplo incunable de aquel dicho que dice que el camello con sus jorobas fue el fruto de una comisión. En nuestro caso, de un inolvidable pacto que alumbró la Constitución de la democracia.

La Norma Fundamental lo proclamó Cámara Territorial, sin que nadie supiera muy bien cuál iba a ser el desenvolvimiento de una descentralización política que fue alumbrando pasito tún tún la federalización del Estado.

Pero lo reguló como una Cámara de Segunda Lectura, muy subordinada al Congreso de Diputados, especialmente en el plano de la investidura del presidente y la estabilidad del Gobierno, que no dependen del respaldo de la Cámara Alta. Y, desde luego, en el ejercicio del Poder Legislativo. Porque, al fin y al cabo, la participación del Senado en la elaboración de las leyes, por útil que sea y lo es, se asemeja a la de una comisión del Congreso.

Después de haber participado, creo que activamente, en acontecimientos muy relacionados con la vocación territorial del Senado, como fueron la puesta en marcha de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la organización del primer debate sobre la Estado de las Autonomías -que generaron expectativas, pronto marchitadas, de potenciación paulatina del Senado, a raíz de la reforma del Reglamento parlamentario en 1994- y en la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado, que también se frustró después su intensa actividad durante toda una Legislatura (1996-2000), me fui haciendo una idea de las dificultades casi insuperables para que el Senado sea una Cámara Territorial verdaderamente útil para el desenvolvimiento de una forma de Estado que, desde hace tiempo, tiene características federales.

Las he ido resumiendo a lo largo del tiempo en ponencias, artículos y tribunas periodísticas de acuerdo a mi leal saber y entender.

La primera dificultad es que el espacio político que correspondería a una Cámara Territorial, relacionado con la formación de la voluntad del Estado en los asuntos legislativos y ante la UE, asociando a ella a las Comunidades Autónomas, está cubierto por el Congreso de Diputados y, previsiblemente, lo seguirá estando. Y en la política, más que en el escenario de la vida misma, existe el horror al vacío y los espacios se ocupan y se amojonan.

La legislación electoral concede un plus de representatividad a territorios entre los que existen partidos de orientación nacionalista en el Congrerso, de los que en unas legislaturas sí, y en algunas otras también, depende la estabilidad y el desarrollo del programa legislativo del Gobierno. Y han venido aprovechando esas circunstancias para reclamar y conseguir nuevas competencias y más inversiones estatales en sus respectivos territorios. Y no van a dejar de seguirlo haciendo. Es, permítanme, una Cámara Territorial distorsionada.

Otro déficit en el papel político del Senado tiene que ver con el procedimiento de elección de los senadores, que es de base provincial e insular mayoritariamente. El rol político constitucional de una cámara parlamentaria no depende sólo de la importancia de las funciones que tiene atribuidas, sino de la representatividad y del peso político de sus integrantes, tal y como lo enseñan la historia y el constitucionalismo comparado. Pues tampoco hubo forma de convencer al PP de alcanzar un acuerdo en este aspecto: comunidades autónomas representadas por un número mucho más reducido y tendencialmente similar y elegidos directamente por la ciudadanía en circunscripción autonómica, al “modo americano”, reforzaría notablemente su representatividad y su peso político efectivos. Y, por tanto, el de la Cámara. 

Y sería completamente indispensable reforzar sus atribuciones en el procedimiento legislativo para la aprobación de leyes relativas a la ordenación y evolución del poder territorial del Estado, tanto en el plano de la distribución de competencias, como en lo relativo a la financiación del sistema, y en la ordenación -organizativa, competencial y financiera- de las entidades locales. Y también en el proceso de formación de la voluntad del Estado en los asuntos europeos.

En su día propusimos en la Comisión para la Reforma Constitucional, ampliar las funciones de la Comisión Mixta Congreso/Senado prevista en el artículo 64 de la Constitución para crear así un ámbito de negociación entre ambas Cámaras en caso de discrepancia en la legislación y en la aprobación de otras decisiones políticas relevantes sobre todas esas materias. Aunque sin cuestionar que, en última instancia, la decisión continuara correspondiendo al Congreso. Pero a nadie se le oculta que la mera existencia de ese espacio de negociación entre el Congreso y un Senado con más y mejor representatividad territorial incentivaría el logro de acuerdos. Y por tanto, la utilidad y la legitimidad de la Cámara Alta.

Nunca se puso de manifiesto la voluntad del PP de potenciar al Senado como Cámara Territorial. Llegué a pensar que la propia estructura interna del PP, y el papel predominante que durante mucho tiempo ostentaban jerarcas provinciales que provenían de la propia articulación del poder franquista, impedían hasta la creación de circunscripciones electorales autonómicas. Aunque en los tiempos que corren, también en el PP -¡y tanto!- se han consolidado influyentes baronías regionales.

Es verdad que en la resistencia a convertir al Senado en una Cámara Territorial, papel que sesgadamente viene desempeñando el Congreso y que, con el paso del tiempo, será estudiado como un rasgo esencial del modelo territorial hispano -pues cada Estado Federal tiene rasgos que obedecen a las circunstancias políticas de cada país, sin que exista una especie de código inexorable del federalismo- han coincidido, aunque por opuestas intenciones como en tantos otros temas y momentos, la desconfianza hacia el Estado de las Autonomías del conservadurismo españolista y el recelo del nacionalismo periférico más afianzado, que aunque renuncie a imponer su programa independentista de máximos (si dejamos de lado el Procés) no apoyará nada que huela a multilateralismo en las relaciones Estado/Comunidades Autónomas. Lo suyo, de ellos, es bilateralismo y asimetrías competenciales y de modelo de financiación entre las comunidades autónomas.

Y ahora toca prostibular el Senado.

Que la derecha patriótica se resigna a la democracia en tanto y cuanto los conservadores ejerzan el poder no es una novedad. Pero lo que sí está siendo una actualidad, escandalosa no, lo siguiente, es la demostración de hasta dónde están dispuestos a llegar el PP y sus patrocinadores empresariales para derrocar al actual Gobierno.

Viví también un Senado presidido por Aguirre y no recuerdo graves incidencias ni manipulaciones partidistas de la institución. Sin embargo, lo de ahora es devastador.

Una presidencia y una mayoría en la Mesa de la Cámara en las antípodas de su consustancial papel moderador e institucional. Una ristra de conflictos constitucionales con el Congreso, sin otra finalidad que la de poner en cuestión la posición preeminente que la Constitución asigna a la Cámara de Diputados con el único propósito de bloquear la acción legislativa del Gobierno.

Y una prostibulación sin límites de la actividad y el funcionamiento de la Cámara, y hasta de los “Informes jurídicos” de algunos eminentes letrados parlamentarios, traídos ex profeso desde el Congreso para interpretar ese papelón, llegando a convertir hasta las comisiones de investigación, al margen completamente del objeto para el que hayan sido creadas, en otra herramienta inquisitorial contra el Gobierno y su presidente. En una burda imitación, si es que eso fuera posible, de las burdas pesquisas universales de los jueces de la Contra y con el mismo objeto estratégico. Y eso que Feijóo no es presidente porque-no-quiso. Si llega a querer ser presidente, y se hubiera quedado como hasta ahora en la oposición, que dios nos libre.

No sé si de todo el destrozo constitucional que el PP y sus aliados empresariales, judiciales, mediáticos y policiales están perpetrando podrá recuperarse la convivencia y la institucionalidad democráticas. Porque -y no es la primera vez que lo digo, incluso desde la propia tribuna del Senado- si están dispuestos a lo que estamos viendo para hacerse con el poder, qué no estarán dispuestos a hacer -si llegaran o llegasen a consumar esta estrategia- para no perderlo nunca jamás. Prefiero no imaginármelo.

He estado impaciente todos estos días esperando la toma de posición de Clavijo (ya saben: ni de izquierdas ni de derechas, sólo canario) sobre la agresión imperialista contra Venezuela. Y nada de nada.

Vamos a ver. Canarias es un país, un territorio atlántico, con personalidad e instituciones representativas y de autogobierno propias, con unas relaciones familiares indisociables con Venezuela, que todos llevamos muy adentro y no requieren de más explicaciones.

Venezuela, gobernada por una dictadura, ha sufrido una agresión a su soberanía ordenada por el presidente norteamericano con el explícito propósito de expoliar sus riquezas naturales. Y sin que le importe lo más mínimo al agresor -a los hechos me remito, en la región del Caribe y donde quiera- el restablecimiento de la democracia.

Trump ha llevado hasta el límite los objetivos de lo que denominan Estrategia de Seguridad. Que no son nuevos. Desde que George W. Bush, en 2002, como prólogo a la invasión de Irak, también detrás del petróleo, la Estrategia de Seguridad proclamaba la intención declarada del Estado más poderoso de la historia de “mantener su hegemonía mediante la amenaza, o el empleo de su fuerza militar” (Chomsky Hegemonía o Supervivencia), que había quedado definida desde Reagan. 

Bill Clinton la reiteró ante Naciones Unidas, en septiembre de 1993, reservando a los EEUU el derecho a actuar “unilateralmente cuando sea necesario”, incluyendo “el empleo unilateral del poder militar” para defender y asegurarse intereses vitales “como el acceso sin restricciones a mercados clave, a provisiones energéticas y a recursos estratégicos..” Nada nuevo por tanto en esos designios imperialistas llevados (y llevándonos) hasta el abismo por un personaje patológico y delincuencial como Trump.

No he tenido nunca la menor simpatía por el fundador del chavismo, Hugo Chávez Frías, desde que intentó un golpe militar en 1992 contra el Gobierno de Venezuela, con las mismas armas que la sociedad venezolana había puesto en sus manos para la defensa de la legalidad y de la República. Y no porque no fuera uno consciente de la corrupción de la democracia venezolana, ni el estado de abandono en que estaba sumida una parte considerable de su población. Pero en aquel entonces o en el actual régimen chavista, dictatorial y (como todas las dictaduras) corrupto, un golpe de Estado o una agresión militar contra la soberanía de un país desbordan límites infranqueables y definen para siempre a sus responsables.

Sin embargo, ni Clavijo ni su reverenciado Feijóo -ante el que no le faltaba sino genuflexionarse cada vez que pasaba, mochila al hombro y deportivos blancos, ante su escaño en el Senado- no han dicho ni esta boca es mía.

Las razones de esa “coincidencia” son evidentes: ambos saben que cualquier expectativa de ganar próximas elecciones pasa por impedir el crecimiento de Vox. El PP sólo ha ganado elecciones generales cuando ha logrado aglutinar todo el voto de derechas, hasta el del franquismo tardío y agazapado. Y lo mismo en mi Isla, en el caso de ATI. Vi cómo surgió el insularismo tinerfeño, qué sectores políticos, empresariales y sociales la respaldaron en su gran apoteosis de aquel 1987. Y qué mensajes lo sustentaron: antisocialismo visceral y “odio” a los canariones-que-quieren-“despojar”-a-Tenerife. Psicología de masas del franquismo en estado puro.

Ahora la extrema derecha tiene marca propia y -por cierto frente a la ultraderecha francesa defensora de la grandeur de La France- completamente lacaya y subsidiada por el trumpismo, de sus intereses y de sus mensajes de odio a negros y latinos.

Sin embargo, por esas mismas razones, son a la vez competidores y potenciales aliados: dónde y cuándo PP y ATI/CC les necesiten. Y esta es la clave de los obscenos silencios clavixanos: ni quiere alejarse de los potenciales votantes de Vox, por si acaso logra captar a algunos, ni puede renunciar a su apoyo en el Parlamento en el caso de que lo necesite para volver a ser presidente aunque vuelva a perder las elecciones. O para expulsar a la izquierda del gobierno de cualquier cabildo o ayuntamiento de las Islas, tal y como ha venido haciendo.

Ni, desde luego, quiere alejarse de las clases medias venezolanas desmanteladas por el chavismo (al que un día no tan lejano auparon a la presidencia de la República, hoy Bolivariana) entre las que hay tantos canarios, hermanos nuestros, que han visto desmoronarse lo que con tanto esfuerzo construyeron.

Y ambos dos, tras el mantenimiento de la nomenclatura chavista y de su régimen por parte de Trump y su desprecio a la flamante Premio Nobel, porque “esto no va de democracia stupid”- están más perdidos que el barco del arroz, como decíamos por aquí.

Por eso Clavijo y Feijóo han reaccionado -perdón: no han reaccionado- como dos almas gemelas.

Y a mí, el silencio clavixano me da vergüenza ajena. Y, como canario, vergüenza propia.

La derecha española no es cualquiera cosa. Me refiero a la derecha empresarial, eclesiástica, política, judicial, policial…, ¡a la derecha! ¡Y a sus terminales en los medios de comunicación! Están desagallados por recuperar el poder del Estado. Y, con el panorama internacional de estos tiempos, además embravuconados. 

Llevan más de siete años de ininterrumpido cuestionamiento del orden constitucional que establece la soberanía popular como fundamento de los poderes del Estado, sin excepción, y el régimen parlamentario como forma de Gobierno. 

Un régimen parlamentario racionalizado a la luz de las experiencias históricas de crisis e inestabilidades que destruyeron los regímenes parlamentarios de entreguerras y abonaron el auge del nazismo y del fascismo. De modo que es el Congreso el que inviste al presidente del Gobierno. Y sólo el Congreso, y por mayoría absoluta, quien puede destituirle como resultado de una moción de censura constructiva, invistiendo en el mismo acto al candidato a presidir el Gobierno, que debe identificarse obligatoriamente en el escrito promoviendo la censura.

Pero van cada día a más, sin importarles el precio ni el deterioro de la forma de convivencia basada en las libertades y derechos fundamentales y en la democracia, pluralista en lo político y federalizante y solidaria en lo territorial, que se pactó en la Transición y consagra y ordena la Constitución.

Y cada día, a peor la mejoría.

Un día nos desayunamos con las actuaciones inquisitoriales de algunos jueces acosando por todas las vericuetos imaginables al presidente del Gobierno. Eso sí, casi siempre con el respaldo de Marchena y de la mayoría de sus inefables colegas del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal. 

Hasta que han tenido que retratarse y ¡vaya que se han retratado! La sentencia contra el fiscal general es un alarde de prepotencia, de atropello a derechos fundamentales y a la seguridad jurídica y, sobre todo, de desprecio a la inteligencia de todos. 

Lo de ignorar durante la investigación y en el juicio oral el testimonio de los periodistas que declararon haber tenido acceso al correo de “ya saben” antes que el fiscal general, que en consecuencia ya no era ningún secreto. Y lo de recuperar para sustentar la condena la nota informativa que el fiscal difundió, cumpliendo el deber legal que le impone el propio Estatuto de la Fiscalía, el de defender la imagen y el modo de proceder del Ministerio Público frente a las calumnias divulgadas por el tal MAR, después de que el propio Tribunal Supremo descartara su entidad delictiva al inicio de la investigación, son de una gravedad jurídica difícilmente exagerable. Y la constatación definitiva del activismo antigubernamental y de la absoluta sensación de impunidad que embriaga a Sus Señorías.

La secuencia de anunciar extraoficialmente en una conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid el fallo condenatorio, darlo a conocer oficialmente el día después y redactar y publicar la sentencia casi tres semanas después es simplemente una obscenidad. Esta divulgación anticipada de la condena, ajena a cualquier tipo de precedentes y huérfana de cualquier causa de justificación -en el sentido del lenguaje común y en el del lenguaje jurídico- y dejando al fiscal general en la más absoluta indefensión, ¿no será, esa sí, una auténtica revelación de secretos?

A mí me impactó sobremanera cómo pasaron a calificar de “golpistas” -para boicotear el cumplimiento de la Ley de Amnistía y el principio de pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, que es el único que legitima el ejercicio del Poder Judicial- a los líderes del procés, a los que el propio Tribunal Supremo no condenó por el delito de rebelión, como correspondería a un intento de golpe de estado, sino por el de sedición que era un delito contra el orden público. Era porque ya ha sido derogado del Código Penal para armonizar la legislación penal española a la de los demás países de la UE. Con absoluta falta del más mínimo pudor han contradicho su propia sentencia. Insisto, para desobedecer la Ley de Amnistía.

¿Qué se han llegado a creer Marchena y Cía? 

Acabo de leer, entre deseos de Feliz Año y Feliz Año, que Feijóo -que cada día me da más miedo por su mediocridad y por su falta de escrúpulos, un cóctel explosivo si algún día llegara a presidir el Gobierno antes de que lo echen los suyos- dice que mantiene “un contacto fluido y respetuoso” con Junts, a nivel parlamentario.

De modo que un contacto fluido y respetuoso, después de llevar más de un lustro llamándolos golpistas. Ya sólo le falta aprender catalán -y aprenderlo mejor que el gallego- para poder hablarlo en la intimidad con los golpistas-hasta- anteayer.

Debe contárselo a Marchena y Cía, no sea que vuelvan a dictar otra resolución rebautizando como golpistas a los mismos de Junts a los que ahora Feijóo corteja. Sé que depender de Vox y cortejar a Junts, al mismo tiempo, debiera estar abocado irremediablemente al fracaso. Pero en esta España nuestra, peores cosas se han visto. Así que organícensen ambos líderes, el del PP y el del Tribunal Supremo, o pídanlen unas cuantas clases prácticas a Clavijo. El les explicará cómo hay que dejar el ruido atrás, porque el suyo de él ya se lo megawatean a la perfección sus sicarii periodísticos, y les dará una clase magistral enseñándoles a ser nacionalistacanario e incumplir la Ley de Memoria Histórica y tener así allanadito el camino para pactar con Vox donde quiera que le convenga a él y, sobre todo, a los intereses empresariales de los que es un mero chico de los recados.

Suma y Sigue.

Si esa estrategia cada vez más encarnizada del PP, bajo las instrucciones del que embarcó delictivamente a España en una guerra ilegal, la de Irak, está sembrando el distanciamiento de la ciudadanía de las instituciones y engordando al fascismo redivivo -especialmente a costa de los votantes del PP-, la principal responsabilidad es del PP y de sus patrocinadores

Mensaje del Rey. Editorial de El País. Tribunas y artículos de periodistas de prestigio como Soledad Gallego, a la que admiro.

En todos se sentencia que la polarización reinante en la vida política española es simétrica, creada por actitudes y estratégicas casi idénticas de los dos grandes partidos: PSOE y PP.

Y esa ecuanimidad salomónica, simplemente no es real. Desde 1993, el PP, teniendo a mano todo el arsenal mediático que ponen a su disposición los poderes fácticos a los que representa, no acepta otra situación que la de estar ellos en el Gobierno.

Ni acuerdos en los grandes asuntos que preocupan a la ciudadanía española. Ni un sólo apoyo a las medidas de política social y de mejora de los derechos laborales. Ni nada de nada. Se trata de deslegitimar como sea al Gobierno democrática y constitucionalmente legítimo.

Y es evidente que, cuando ha gobernado el PP, el PSOE ha propuesto y suscrito grandes Pactos de Estado, se ha avenido a la renovación de los órganos constitucionales cuando tocaba, aceptando que quedaran reflejadas en su composición las mayorías parlamentarias conservadoras, respetando la regla de oro constitucional de que la soberanía popular expresada en las urnas es el fundamento de TODOS los poderes del Estado.

Si esa estrategia cada vez más encarnizada del PP, bajo las instrucciones del que embarcó delictivamente a España en una guerra ilegal, la de Irak, está sembrando el distanciamiento de la ciudadanía de las instituciones y engordando al fascismo redivivo -especialmente a costa de los votantes del PP-, la principal responsabilidad es del PP y de sus patrocinadores.

Sé que la equidistancia bienpensante es siempre una tentación. Pero no es real ni es justa.

Y empiezan a convertirse en un sun-sun las reflexiones sobre el futuro de Pedro Sánchez. Que si debe convocar elecciones ya, que si debe renunciar a ser candidato, que si debe…

Siempre he pensado que “a tanto poder, tanta responsabilidad”. Y, por tanto, no voy a ser quien niegue que los errores in eligendo y en mantenendo a las personas en cuyas manos ha estado el PSOE tienen mucha entidad. Aunque mezclar los asuntos concernientes fundamentalmente al partido, con los asuntos de Gobierno es -permítanme decirlo- truculento. A menos que los trasiegos domésticos contaminen de corrupción al Gobierno, justo como ocurrió en los tiempos del judicialmente desconocido M.Rajoy y de una E. Aguirre que, según algún avispado juez instructor, era totalmente desconocedora de las fechorías de sus principales lugartenientes 

Viví, y disfruté, la vitalidad de los debates de los Comités Federales del PSOE en tiempos de Felipe González. Y se echan de menos. Pero en aquellos tiempos no había ningún expresidente y ex secretario general, ni señores territoriales que violaran recalcitrantemente las más elementales normas internas…eso sí, con estruendosas amplificaciones mediáticas. Y quebrando la igualdad esencial entre los militantes en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes estatutarios. Lo cual abona una distinción entre aristócratas y militantes de a pié que, a la larga, es completamente corrosiva para la cohesión de un partido asentado en valores progresistas.

Y soy plenamente consciente de los vacíos que dejan tras su estela los hiperliderazgos y de las secuelas que suelen estar asociadas a las estructuras piramidales, incubadoras de sumisiones y arbitrariedades.

Dicho lo cual, sostengo que la ejecutoria de los gobiernos presididos por Pedro Sánchez, en las circunstancias en las que ha tenido que desenvolverse, es inequívocamente positiva.

No voy a detenerme ni siquiera en el acoso al que le han sometido elementos integrantes del Poder Judicial, debidamente situados en el tribunal, el momento y las pesquisas y procesos oportunos, porque es eso exactamente lo que buscaba y logró el PP bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante largos períodos mediante un obsceno fraude constitucional. Ni en el alarde de impunidad con el que actúan (con apadrinamientos cada vez más descarados) los peinados, hurtados, garcía-castellones de turno, ni en la doble vara de interpretar las garantías constitucionales y los tiempos judiciales según de quién se trate. Ni en el andar de la perrita de la UCO de Balas que, créanme, me tiene atemorizado.

Ni voy a describir una situación internacional en la que al gran capitalismo global le estorban la democracia y el Estado de Derecho tanto como el Derecho y las instituciones internacionales. Ni en un paisaje mundial cada vez más en manos de gobernantes asesinos y genocidas que, por primera vez en la Historia, tienen en sus manos resortes sobrados para destruir el Planeta Azul con todo lo que contiene.

Pues en este mismo y tenebroso escenario, el Gobierno de España y su presidente acreditan una trayectoria de la que muchos nos sentimos orgullosos: manteniendo la apuesta por el imprescindible fortalecimiento de una Unión Europea desvencijada, comprometiéndose con todas las causas de la democracia, la paz y la Cooperación, rechazando agresiones imperialistas, crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales cada vez más “normalizadas”, combatiendo actitudes de odio, criminalización y racismo hacia los migrantes…

Por todo eso y por tantas razones…equidistancias no, gracias.

En España, hace ya más de 30 años que la derecha empresarial, financiera, eclesiástica… reagrupada tras el PP de Aznar después del desconcierto de la Transición, decidió que lo mejor para la “Patria” es tolerar una comedia de democracia; pero -eso sí- siempre que todo el poder esté en las mismas manos: en las suyas

Quienes nos hayamos ocupado de estudiar algo de Teoría del Estado sabemos que en los orígenes del poder (que hoy llamamos político) en una tribu, en una ciudad-estado, en un reino.., está la necesidad de protegerlos frente a amenazas o agresiones de los enemigos y la de resolver los conflictos internos. Ambas ponen en peligro la supervivencia de una comunidad o una sociedad humana: la primera por devastación, la segunda, por disolución.

Y también sabemos que a lo largo de los siglos el gobierno de un país ha consistido esencialmente en lo que modernamente conocemos como función o poder jurisdiccional. De modo que la intensa labor legislativa que en el mundo contemporáneo caracteriza al Estado ha jugado un papel muy secundario a lo largo y ancho del tiempo, porque el orden social se sustentaba en situaciones de hecho establecidas y en normas tradicionales o principios jurídicos muy consolidados (el Higher Law of The Land), que en última instancia interpretaban y aplicaban los gobernantes u órganos judiciales subordinados a ellos.

El liberalismo político -el de verdad, el genuino-, en su proclamación y defensa de las libertades individuales, lo tuvo bien claro: el Estado es necesario pero su poder, como todo poder, lleva en sus genes su fortalecimiento y su expansión incontrolada. 

Se trataba de frenar esa tendencia. Y se ideó a partir de la experiencia histórica anglosajona, el principio político y jurídico de distribuir el poder del Estado en funciones distintas y atribuírlas a órganos diferentes, de forma que se colocara un freno a la expansión del poder en las propias estructuras y funcionamiento del mismo Estado.

Sometimiento del Poder Ejecutivo a la supremacía y a las Leyes del Parlamento, representante de la soberanía “nacional” (identificando Nación con el Tercer Estado, es decir con la clase burguesa) e independencia del Poder Judicial -histórico garante de las libertades inglesas-, aunque también plenamente sometido a la Ley y al Derecho.

En España, hace ya más de 30 años que la derecha empresarial, financiera, eclesiástica… reagrupada tras el PP de Aznar después del desconcierto de la Transición, decidió que lo mejor para la “Patria” es tolerar una comedia de democracia; pero -eso sí- siempre que todo el poder esté en las mismas manos: en las suyas, el poder económico ya lo está, y en las de sus representantes políticos, el PP. De forma que ellos, los poderes fácticos, también “gobiernen a los que gobiernan”.

Lo novedoso en los últimos años -y algunos lo hemos venido advirtiendo- es que la cúpula judicial, convenientemente copada y amaestrada mediante el prolongado fraude constitucional de impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se ha quitado la careta y se viene colocando por encima de la Ley y a extramuros de la Constitución. 

A veces más ladinamente: administrando los tempos procesales, de modo que las sentencias y resoluciones se produzcan antes de las elecciones, si perjudican a la izquierda. Y después, si sancionan a políticos conservadores. Y si archivan o absuelven, exactamete al contrario. 

Otras veces diluyendo o aplicando a rajatabla las garantías del investigado o del acusado, según de quién(es) se trate: desde que no estaba claro que el M.Rajoy de los papeles de bárcenas fuera el que todo el mundo sabe quién era, hasta que no estuviera acreditado que Espe Aguirre conociera las corrupciones “de su entorno” (para emplear un término de actualidad) o aquello de que Manuel Chaves “no era posible que no conociera” todo lo relativo a los EREs, pasando por la condena al diputado Alberto Rodríguez sustentándola en el único testimonio del policía denunciante. Y, por si fuera poco, manejan “magistralmente”, cuando fuera o fuese menester, suposiciones e inferencias para tratar de apuntalar decisiones tomadas de antemano.

Saben mucho mejor que ustedes y que yo que, en base al “principio de inmediatez” la valoración de la prueba testifical y la credibilidad de los testigos por el tribunal que preside el juicio, es casi imposible de cuestionar en vía de recurso. Y actúan, vaya que si actúan, en consecuencia.

En la cuneta se han ido quedando derechos fundamentales y garantías constitucionales frente al terrible poder de juzgar. Les da lo mismo. Me impacta especialmente cómo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de abrumadora presencia conservadora y liderada por el insigne Marchena, se desdice de sus propias sentencias y resoluciones cada vez que conviene a su descarado alineamiento partidista: desde llamar “golpe de Estado” (para boicotear la Ley de Amnistía) a lo que había condenado como sedición, y no como rebelión, a condenar al fiscal general invocando la nota de desmentido a las mentiras del otro MAR, cuando había ya decretado que no tenía entidad delictiva. Cómo iba a tenerla si, como proclama el Estatuto del Ministerio Fiscal nada más abrirlo, constituye una obligación legal frente a los bulos contra la Fiscalía. La “única obligación legal”, como acaban de subrayar en su voto particular las dos magistradas progresistas.

El trasfondo de toda esta quiebra del orden constitucional, perpetrado por quienes tienen el “sagrado” deber cívico de defenderlo, es la absoluta sensación de impunidad que les embriaga. Porque, seamos francos: es la eterna cuestión de “quién vigila al vigilante”, que no tiene solución porque con el Derecho no pueden hacerse milagros si la propia sociedad, cuya indignación y resistencia es la última garantía, acaba siendo diariamente intoxicada e inmovilizada por la acorazada mediática en manos -también- de los poderes económicos.

A pesar de mis años y de mi larga singladura confieso que no llegaba del todo a creerme que fueran capaces. 

A veces pensaba, al ir siguiendo las pesquisas inquisitoriales que quedaban en nada, los rotundos testimonios de periodistas que declararon que habían conocido el correo del partner de Ayuso con antelación que lo tuviera el fiscal general (luego ya no era un secreto), las obligaciones legales del Ministerio Público y un largo etcétera…, que no se atreverían a dictar una sentencia condenatoria. 

Otras veces pensaba: si se han atrevido a respaldar las andanzas del magistrado inquisidor -perdón, instructor- y a llegar hasta aquí, es que lo tienen decidido. No habrán interpretado toda esta siniestra comedia para nada. 

Pero sí. Vaya si han sido capaces.

Así que entre dos Mares anda el juego: el que anuncia “p’alante” y el que remata la faena. Aunque, entretanto, el presidente de la Sala haya querido tener su momento de gloria (¿cometiendo él mismo un delito?) insinuando, y algo más que insinuando, en plena deliberación el carácter condenatorio de la Sentencia, ante la animada concurrencia del Colegio de Abogados de Madrid, transmutado en querellante y acusador popular.

Así que hoy me estremezco -pero sobre todo me indigno- cuando he visto a uno de los dos Mares, hacer otra vez de oráculo.

No habrían llegado hasta aquí para que todo quedara en nada.

La Sala II (¿y Marchena desde atrás?), ha querido que nos quede claro quién manda aquí.

Este hito, gravísimo y adobado con una fecha elegida a propósito, es un peldaño más (el más grave y obsceno) en toda una hoja de ruta de la judicatura ultraconservadora que viene de atrás: a mí, jurista de pueblo, me impactó cómo el Tribunal Supremo (el mismo órgano que, en su día, informó favorablemente las medidas de gracia al General Armada, uno de los protagonistas del golpe de estado del 23-F) se opuso a los indultos a los líderes del procés. Que, según el propio TS, no fue golpe de estado sino sedición: un delito contra el orden público.

Cómo el TS y otras altas instancias judiciales han venido gestionando a su antojo fechas y tiempos judiciales en sincronía casi perfecta con estrategias y apremios de la derecha política.

Cómo han manejado su autoridad jurisdiccional para valorar las pruebas e indicios, según quién sea el justiciable, para hacer prevalecer o destruir la presunción de inocencia de los acusados. El caso Alberto Rodríguez fue de libro.

Cómo se han desdicho de sus propios veredictos para intentar sustentar su boicot a la aplicación de la Ley de Amnistía, atreviéndose a re-calificar el procés como golpe de estado. O cómo han retorcido el concepto de malversación de caudales, en contra de la literalidad del Código Penal y de la jurisprudencia, con la misma finalidad de sustraerse al imperio de la Ley (la de Amnistía, claro) y encaramarse sobre el poder legislativo, representante de la soberanía popular.

No. No habían llegado hasta aquí respaldando en lo esencial una instrucción torquemadesca y plagada de diligencias carentes de todo resquicio de proporcionalidad y razonabilidad para tratar de apuntalar un juicio previo, es decir un pre-juicio: hay que condenar al fiscal general como quiera a que sea.

De nada han valido las causas de justificación, en el sentido del lenguaje corriente y en el de su alcance jurídico: ius facere (hacer conforme a Derecho) una conducta lesiva para un bien jurídico cuando concurre la legítima defensa o un estado de necesidad. O, como en este caso, un deber legal de la Fiscalía -el de velar por la imagen del propio Ministerio Público, establecido nada más abrir el Estatuto Orgánico de la Fiscalía- frente a las insidias del jefe de gabinete de Ayuso.

De nada en absoluto las declaraciones de todos los periodistas que afirmaron taxativamente que habían dispuesto del famoso correo del príncipe consorte con anterioridad a que le fuera entregado al Fiscal General por otros miembros de la Fiscalía, en cumplimiento del deber de “dar cuenta” a su superior jerárquico.

Y así un casi ya interminable catálogo de hechos, no de indicios, del rol que vienen jugando señalados miembros del Poder Judicial discrecionalmente colocados en las más altas instancias de la Judicatura durante los largos años en los que el PP, mediante un claro fraude constitucional, ha mantenido secuestrado al Consejo General del Poder Judicial. Porque éste era el objetivo, a imitación de la peor derecha norteamericana, desde los tiempos de Reagan.

Un rol descaradamente anti-Gobierno progresista, como el amigo del narco se ha encargado de poner en claro nada más hecho público el veredicto. Timing, que se dice. Porque no es que el fiscal general sea “un peón” del Gobierno, como lo ha llamado Feijóo. Un Feijóo que, él sí, es un peón patético de toda esta insurgencia conservadora contra el Gobierno legítimo

Este asunto tiene una gravedad difícilmente exagerable, en sí mismo. Pero me temo que aún sea mayor su gravedad como mensaje: a la ciudadanía y a los propios integrantes de la Fiscalía y de la Judicatura. Y, sobre todo, a los demás poderes del Estado.

Y un alarde de impunidad, rayana en la obscenidad, para instructores y juzgadores que “estén por la labor” o quieran hacer méritos ante Sus Altezas Judiciales . 

PD. La pregunta que me vengo haciendo desde hace tiempo, y hoy más entodavía, es: si los poderes fácticos están dispuestos a hacer lo que sea para tumbar al Gobierno legítimo y ser ellos “quienes gobiernen al Gobierno” que lo sustituya, qué no estarán dispuestos a hacer para no perder el control del Gobierno para siempre jamás. Y las respuestas que me doy me aterrorizan.

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Cómo han manejado su autoridad jurisdiccional para valorar las pruebas e indicios, según quién sea el justiciable, para hacer prevalecer o destruir la presunción de inocencia de los acusados. El caso Alberto Rodríguez fue de libro

No habrían llegado hasta aquí para que todo quedara en nada.

La Sala II (¿y Marchena desde atrás?), ha querido que nos quede claro quién manda aquí.

Este hito, gravísimo y adobado con una fecha elegida a propósito, es un peldaño más (el más grave y obsceno) en toda una hoja de ruta de la judicatura ultraconservadora que viene de atrás: a mí, jurista de pueblo, me impactó cómo el Tribunal Supremo (el mismo órgano que, en su día, informó favorablemente las medidas de gracia al General Armada, uno de los protagonistas del golpe de estado del 23-F) se opuso a los indultos a los líderes del procés. Que, según el propio TS, no fue golpe de estado sino sedición: un delito contra el orden público.

Cómo el TS y otras altas instancias judiciales han venido gestionando a su antojo fechas y tiempos judiciales en sincronía casi perfecta con estrategias y apremios de la derecha política.

Cómo han manejado su autoridad jurisdiccional para valorar las pruebas e indicios, según quién sea el justiciable, para hacer prevalecer o destruir la presunción de inocencia de los acusados. El caso Alberto Rodríguez fue de libro.

Cómo se han desdicho de sus propios veredictos para intentar sustentar su boicot a la aplicación de la Ley de Amnistía, atreviéndose a re-calificar el procés como golpe de estado. O cómo han retorcido el concepto de malversación de caudales, en contra de la literalidad del Código Penal y de la jurisprudencia, con la misma finalidad de sustraerse al imperio de la Ley (la de Amnistía, claro) y encaramarse sobre el poder legislativo, representante de la soberanía popular.

No. No habían llegado hasta aquí respaldando en lo esencial una instrucción torquemadesca y plagada de diligencias carentes de todo resquicio de proporcionalidad y razonabilidad para tratar de apuntalar un juicio previo, es decir un pre-juicio: hay que condenar al fiscal general como quiera a que sea.

De nada han valido las causas de justificación, en el sentido del lenguaje corriente y en el de su alcance jurídico: ius facere (hacer conforme a Derecho) una conducta lesiva para un bien jurídico cuando concurre la legítima defensa o un estado de necesidad. O, como en este caso, un deber legal de la Fiscalía -el de velar por la imagen del propio Ministerio Público, establecido nada más abrir el Estatuto Orgánico de la Fiscalía- frente a las insidias del jefe de gabinete de Ayuso.

De nada en absoluto las declaraciones de todos los periodistas que afirmaron taxativamente que habían dispuesto del famoso correo del príncipe consorte con anterioridad a que le fuera entregado al Fiscal General por otros miembros de la Fiscalía, en cumplimiento del deber de “dar cuenta” a su superior jerárquico.

Y así un casi ya interminable catálogo de hechos, no de indicios, del rol que vienen jugando señalados miembros del Poder Judicial discrecionalmente colocados en las más altas instancias de la Judicatura durante los largos años en los que el PP, mediante un claro fraude constitucional, ha mantenido secuestrado al Consejo General del Poder Judicial. Porque éste era el objetivo, a imitación de la peor derecha norteamericana, desde los tiempos de Reagan.

Un rol descaradamente anti-Gobierno progresista, como el amigo del narco se ha encargado de poner en claro nada más hecho público el veredicto. Timing, que se dice. Porque no es que el fiscal general sea “un peón” del Gobierno, como lo ha llamado Feijóo. Un Feijóo que, él sí, es un peón patético de toda esta insurgencia conservadora contra el Gobierno legítimo

Este asunto tiene una gravedad difícilmente exagerable, en sí mismo. Pero me temo que aún sea mayor su gravedad como mensaje: a la ciudadanía y a los propios integrantes de la Fiscalía y de la Judicatura. Y, sobre todo, a los demás poderes del Estado.

Y un alarde de impunidad, rayana en la obscenidad, para instructores y juzgadores que “estén por la labor” o quieran hacer méritos ante Sus Altezas Judiciales . 

PD. La pregunta que me vengo haciendo desde hace tiempo, y hoy más entodavía, es: si los poderes fácticos están dispuestos a hacer lo que sea para tumbar al Gobierno legítimo y ser ellos “quienes gobiernen al Gobierno” que lo sustituya, qué no estarán dispuestos a hacer para no perder el control del Gobierno para siempre jamás. Y las respuestas que me doy me aterrorizan.

“..entendiendo ser cumplidero e serviçio De Dios e mío en en acrecentamiento de nuestra Santa Fe católica he mandado conquistar las yslas de Tenerife e La Palma”..“e acatando cuanto nuestro señor Dios sería servido que los dichos infieles sean convertidos a la dicha nuestra Santa Fe o sean lançados de las dichas yslas”

Doña Ysabel, por las gracia De Dios Reyna de Castilla e de León,de Aragón…(Valladolid, 17 de enero de 1481)

Por la conquista de Méjico, por la de Canarias, por la de cualquier otro lugar de ultramar…y hasta por los territorios reconquistados a los musulmanes árabes o norteafricanos, en los que llevaban hasta ocho siglos arraigados en la propia Península Ibérica.

La presidenta mejicana Sheinbaum o su predecesor López Obrador han reclamado a España que pida ese perdón. Y el Gobierno está dispuesto a pedirlo.

La expansión de la Corona de Castilla fue continuación de la culminación de La Reconquista. E impulsada por las mismas energías acumuladas y por los mismos motivos: “el acrecentamiento de la Santa Fe católica” que sirvió de fundamento a la concesión del Papa Alejandro VI (tan vinculado a los propios Isabel y Fernando) mediante la bula Inter caetera (1493), atribuyendo a la Corona de Castilla la pertenencia de las tierras “halladas y por hallar” en la otra orilla del Atlántico; y, por otro, la fuerza expansiva de la propia Monarquía y la ambición de riquezas y de gloria que empujaron a tantos conquistadores y aventureros. Exactamente las mismas razones y motivaciones que alentaron La Reconquista.

Nadie negará las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios y civilizaciones de la América. Y contra los aborígenes de nuestras Islas Canarias.

Masacres, esclavizaciones más o menos maquilladas de encomiendas para educarles en el cristianismo, trabajos forzados hasta la extenuación y la muerte en las minas de plata de Zacatecas o de Guanajuato, en Méjico… o del Cerro Rico de Potosí, en el Alto Perú, imponiéndoles mismas las prestaciones personales (la mita) que exigía El Inca a sus súbditos.

Y por este lado de la Mar Océana, muertes, sometimientos y capturas de nuestros aborígenes para su venta como esclavos en los mercados peninsulares..

Todo eso fue terriblemente cierto.

También fue cierto el papel de la Corona, cambiante y contradictorio a lo largo de los siglos del Imperio. Los Reyes dictaron instrucciones y normas dictadas para la protección de los indígenas. Las tempranas instrucciones de la propia reina Ysabel de Castilla a fray Nicolás de Obando (1503) -sustituto del Almirante Cristóbal Colón- para la gobernación de sus nuevas posesiones americanas, propugnando el respeto a los indígenas como súbditos y haciéndole el encargo de que “los indios se casen con sus mujeres en haz de la Santa Madre Iglesia y que asimismo procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios” . O su Codicilo testamentario en el que suplica a Fernando, a su hija Juana y a Felipe el Hermoso que “no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y Tierra Firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio que lo remedien…”.

O las Leyes Nuevas de Indias (1542) encaminadas a la abolición de las encomiendas que suscitaron la rebelión de los colonos del Virreinato del Perú, que asesinaron al propio Virrey, Núñez de Vela.

Sin embargo la Metrópoli estaba muy lejos de aquel hemisferio. Y las nacientes oligarquías ocuparon todos los vacíos y resquicios de poder para “acatar y no cumplir” las normas y los dictados de La Corona. Y para dar así rienda suelta a todas sus ambiciones y a todos los padecimientos de la población indígena.

Una Monarquía, además, cada vez más ahogada financieramente como consecuencia de las infinitas contiendas en suelo europeo en las que la Casa de Austria, por sus intereses dinásticos o por su papel de faro de la Cristiandad frente la expansión del Turco, involucró intensamente, arruinándolo de riquezas y de hombres, al Reino de Castilla. Prueba de ello fueron las dos bancarrotas de la Monarquía durante el reinado del mismísimo Felipe II.

La Hacienda de los Austrias necesitaba, pues, agobiantemente el “quinto real” de las remesas de plata y de otras riquezas fruto del expolio de aquellas tierras y de la explotación de sus habitantes originarios. Y de aquí proviene gran parte de su complicidad en el expolio americano.

También hay que decir que la preocupación y los debates estimulados por la propia Monarquía sobre el derecho a la conquista, a la explotación de las riquezas americanas y al sometimiento de sus habitantes -con aportaciones trascendentales como las de Francisco de Vitoria, el Padre Mariana o el propio Bartolomé de Las Casas, frente a la tesis conservadoras y racistas de personalidades como Ginés de Sepúlveda- no tienen el menor parangón en otras monarquías europeas durante la construcción y consolidación de sus respectivos imperios.

Las conclusiones de esos debates en las Jornadas de Valladolid, convocadas por el propio Carlos V, fueron el origen inmediato de las Nuevas Leyes de Indias.

La monarquía británica, para no ir más lejos, acabó oficializando tesis supremacistas que relegaban a los aborígenes a la condición de meras bestias humanas de la selva (like beast in the forest, human beasts) y les negaban, por tanto, cualquier derecho de propiedad sobre las tierras de sus ancestros, cualquier autoridad a sus propios gobernantes y cualquier vigencia a sus propias leyes, derogadas de inmediato por la soberanía de la Corona inglesa.

El resultado innegable de esas diferencias está a la vista: sociedades mestizas en Hispanoamérica, con gobiernos que reivindican su pasado y sus culturas aborígenes -desde López Obrador y Sheinbaum a Evo Morales…- y práctico exterminio de los pueblos originarios en la América colonizada por los británicos.

De forma que me parece bien que se pida perdón por tantas atrocidades cometidas por y durante la colonización de Méjico y de otros territorios americanos; o por las que sufrieron los antepasados aborígenes de un pueblo como el nuestro, fruto también de un intenso mestizaje. Tiene un importante valor fraternal, de buena voluntad, reconciliación y de resarcimiento simbólico…Y más en tiempos donde vuelven a campar criminalmente el supremacismo y el racismo blanco.

Pero cada cosa en su sitio: también la existencia de sociedades mestizas, y una altísima presencia de etnias y culturas aborígenes, son el resultado de aquella expansión y del Imperio español.

Frente a esa realidad histórica y actual, la devastación, el exterminio y el apartheid de los pueblos originarios que han caído bajo el dominio de otras potencias europeas: como en América septentrional durante la Edad Moderna y en África hasta anteayer mismo.

No hace falta que todos los integrantes de algunos poderes del Estado estén en el ajo. Sólo que los que están alineados con el objetivo de derrocar al Gobierno legítimo estén situados en el lugar y en los momentos adecuados. Perdón, en los procedimientos judiciales adecuados.

Pero hace falta que estén dispuestos a conducirse por sus propias preferencias políticas, por sus prejuicios o por sus “expectativas de destino” y a desobedecer el pleno sometimiento o a la especial sujeción a la Constitución y a la Ley que dan sentido y legitimidad a sus actuaciones como miembros del poder judicial o integrantes de cualquier otro cuerpo o Administración del Estado.

Ese lugar puede ser el propio Tribunal Supremo, un juzgado de instrucción donde recaiga la investigación de un asunto “interesante” para hostigar al Gobierno -aunque sea a costa de convertir la instrucción en una pesquisa inquisitorial-, una unidad especializada de la propia Guardia Civil o, miren por dónde, hasta un urraca anidado en los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea para francotirar contra la Ley de Amnistía. ¡Guárdame una cría!, como se dice por estos lares isleños.

Cada día que pasa tengo la sensación de que mi capacidad de asombro (e indignación democrática) ya han sido desbordados. Que ya “no va más”. Pero no: una y otra vez me equivoco.

Reconozco que me impactó que el mismísimo Tribunal Supremo (no sé si controlado o no por el juez Marchena, como dijo un tal Cosidó) contradijera su propia sentencia sobre el Procés, re/calificando de “golpe de estado” los incidentes a los que había condenado por sedición; y no por rebelión, que es el delito que cometen los golpistas. Y todo para intentar sustentar, mediante una cuestión de inconstitucionalidad, la desobediencia del propio Tribunal Supremo a la Ley de Amnistía.

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, que ha sido desechada firmemente por el Tribunal Constitucional, guardián y máximo intérprete de la Norma Fundamental, tenía un claro objetivo dilatorio. Y, de paso, proporcionaba en tiempo real un buen manojo de titulares a la escuadra mediática antigubernamental o antisanchista (llámenla como quieran), financiada por los poderes económicos que Vdes. y yo sabemos.

Los magistrados que han inquisitoriado las diligencias judiciales contra el Fiscal General del Estado o contra Begoña Gómez han estado actuando con absoluta desinhibición; pero no son tontos. Ni han carecido de apoyos en instancias judiciales superiores -y lo saben- para poder manejarse como lo han venido haciendo. Reconozco que me aturdió todo lo relacionado con la orden de registro de los dispositivos del Fiscal General. La desproporcionalidad y la falta de razonabilidad fueron pasmosas. Así como la puesta en riesgo de bienes jurídicos muy relevantes. Pero todo siguió yendo p´alante.

De todas las pesquisas y resoluciones de los peinados, hurtados y cía, reconozco que la de desdeñar todas las declaraciones de periodistas que reconocieron haber tenido acceso al correo entre el abogado de Alberto Quirón y la Fiscalía antes que el Fiscal General, para seguir como fuera la hoja de ruta marcada y llevar al banquillo a Álvaro García Ortiz me pareció la más despreciable, si cabe.

Y ayer, otra más: el taconazo -de entrada- y las declaraciones, suposiciones y justificaciones de un teniente coronel de la Benemérita de por qué las pesquisas de la UCO no se habían interesado por todas aquellas personas que podrían haber tenido acceso a los correos del novio de Ayuso, sino exclusivamente por el Fiscal General y su entorno inmediato; y cómo explicaba los recortes que efectuó la UCO en el contenido de algunos e-mails entre el teniente fiscal Diego Villafañe y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para poder dar pié a sus propias suposiciones e ideas preconcebidas…y plomo a sus balazos acusatorios contra el F.G.E… ¡¡¡bueno, bueno, bueno!!!

Güenos mal que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas conclusiones sirven casi de ponencia de las Sentencias, nos ha dado un poco de alegría-a-tu-cuerpo-Macarena al subrayar bien clarito, frente a tantas insidias, que la Ley de Amnistía “es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista. No es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario, sino de un debate y de una votación democrática en las Cortes Generales”… con la finalidad de “dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

Así que, entre las conclusiones del abogado general, la victoria de Mamdani en New York New York, la comprobación de que el PP ha dejado de llamar golpista a Puigdemont (por lo que pueda pasar, ¿capisci?), aunque el panorama mundial esté “más oscuro que una pelea de cochinos”, que diría Dacio Ferrera, nos queda todavía un ratito de esperanza en la democracia… y en el futuro.

Entre las derechas “estatalistas”, anti autonomistas y cada vez más extremoderechizadas… y Junts, claro!

Es exactamente en lo que Clavijo y los demás elementos y elementas de su hornada están acabando de convertir a lo que sedicentemente llaman Coalición Canaria, sólo canaria -¡mucho cuidado con eso!-, ni de izquierdas ni de derechas.

Después de contemplar en vivo y en directo cómo Clavijo votaba una vez tras otra con el PP, Ciudadanos y Vox en contra de las iniciativas del Gobierno progresista en el Senado. Sí, en la Cámara a la que se escapó para acogerse a la magnificencia del insigne Marchena, y dejando tirados en la jurisdicción ordinaria a todos los lugartenientes que le acompañaron en los manejos ilegales de lo que se vino en llamar y se sigue llamando el caso Reparos.

Sí, en la Cámara donde aparecía en la pantalla, votación tras votación, una lucecita solitaria entre los escaños ocupados por Junts, PNV, Bildu, Podemos y hasta ASG, que se encendía con el mismo color antigubernamental que las de los de Feijóo y Abascal. Era la de Clavijo.

Todos los días, todos, los senadores del PP se referían a Junts como los “golpistas”, con la misma insistencia con la que llamaban “herederos-de-ETA” a los senadores de Bildu.

En más de una ocasión tuve que decirles, desde la tribuna, que el Procés había sido un grave quebranto del orden constitucional, pero no un golpe de estado. Y que alguien tendría que demostrarme jurídicamente que ese quebranto había sido más grave, por ejemplo, que el secuestro del Consejo General del Poder Judicial durante años, y para designar “discrecionalmente” a jueces afines hasta copar el Tribunal Supremo, para que acabara ocurriendo lo que está ocurriendo. O más grave que la creación de la policía patriótica para perseguir a los adversarios políticos o para borrar las huellas de la corrupción de los gobiernos de Aznar y Rajoy y de tantas fechorías de la lideresa Aguirre, de sus lugartenientes y de tantos otros.

Pero ahora ya no les escucho llamar “golpista” a Puigdemont. Y Feijóo debe estar aprendiendo catalán a toda pastilla, no sea que tenga que hablarlo en la intimidad ya sabemos con quiénes. Pero, claro, con VOX soplándoles electoralmente en el pescuezo, no se atreven a proponer directamente nada a los epígonos de Pujol y de Más. Ni se atreven a presentar una Moción de Censura que necesitaría del respaldo de VOX y de JUNTS, previa bendición urbi et orbe de Puigdemont desde su refugio de Waterloo.

“Y en esto llegó el de Lugo”, digo Clavijo, para hacerle el juego sucio a todas las derechas, desde la neofranquista hasta la “golpista” catalana. Demasiado les debe para no pagarles esta factura ahora, que es “cuando toca”, como diría el Jordi.

Y, ya por segunda vez y cumpliendo el timing que le ordena Génova, vuelve a exigir que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, cuya iniciativa es potestad exclusiva del presidente del Gobierno.

Y eso que, hasta ahora y a pesar de la endiablada geometría parlamentaria y del rol inmundo que el PP está haciendo jugar al Senado, esta legislatura está siendo infinitamente más fructífera en todos los órdenes que la actual legislatura del Parlamento de Canarias. Y no digamos si nos ponemos a hacer un balance de los resultados de la gestión de Pedro Sánchez, al que Clavijo (perdón, el PP, Vox y Junts) exige que se someta a una Cuestión de Confianza y la del gobierno clavijista, cada uno en función de sus competencias.

Así que mira por dónde tenemos a nuestro Clavijo, que no es de izquierdas ni de derechas, sólo canario, convertido en enlace e intermediario de todas las derechas de la piel de toro y de los poderes fácticos a los que representan, se llamen o se disfracen como les dé la gana. Y si finalmente tuviéramos o tuviésemos Moción de Confianza y votaran contra el Gobierno PP,VOX, JUNTS y Coalición Canaria, que es lo que en el fondo está tratando de orquestar l´ambassadeur Mr. Clavijo, ¿todos ellos serán socios, aliados o coleguitas de una noche loca?

El intermediario. Aunque tal vez una periodista “responsable de contenidos” de la Cadena SER de las Colonias, y de gatillo fácil a la hora de hacer méritos ante la corte clavija, se atrevería a llamarlo MAMPORRERO. Razones no le faltarían. Pero no; no creo que se atreva.

Coalición Canaria y su entorno deben ser invitados a un gran pacto en defensa de la Democracia y la Constitución Española

No sé si lo aprendí leyendo a Mao (Quiénes son los amigos del Pueblo), en mis tiempos de estudiante, pero siempre he estado convencido de que la decisión estratégica más importante consiste en no equivocarte al trazar la línea roja que separa tus adversarios de tus posibles aliados.

Y esa línea hay que dibujarla en cada etapa de la historia de un país. No es por lo tanto un trazado que responda meramente a simples cambios coyunturales, ni para sustentar meras maniobras tácticas.

Estamos ante un escenario estatal y global definido por el retroceso de la democracia y por la voluntad de los grandes capitales de volver a convertir el Estado y “al poder público en pura y simplemente un consejo que gobierna los intereses colectivos de la clase burguesa”, como decían Marx y Engels en El Manifiesto Comunista. A las grandes élites económicas les está sobrando ya la democracia y no digamos cualquier atisbo de Estado Social.

Frente a este amenazante escenario no podemos manejarnos con la inercia y las batallas dialécticas, por relevantes que sean, que son propias de los tiempos de normalidad democrática.

La democracia es un ideal, como lo son las libertades públicas y los derechos sociales y políticos. Un ideal civilizatorio que ni se atisbaba cuando se redactó El Manifiesto Comunista, pues las elecciones -donde las había- se regían por el sufragio censitario: votaban sólo los mayores rentistas y, andando el tiempo, los individuos con estudios superiores (sufragio capacitario). En España, no llegaban los electores ni al 3% de la población. El sufragio universal, y no digamos el sufragio femenino, no estaba ni en el orden del día.

Un ideal, la democracia, que requiere para su viabilidad unas condiciones previas de desarrollo social y cultural. Y es incompatible, como lo demuestra la Historia de España, con la existencia de grandes desigualdades sociales. Se trata de un sistema de convivencia y de gobierno que no ha estado vigente, hasta ahora, sino en un reducido grupo de países (del Primer Mundo, para decirlo suavemente) y durante períodos de tiempo extremadamente breves, si lo miramos con perspectiva histórica. 

La razón de ser y la finalidad que justifican la democracia consiste en que el poder de las instituciones políticas actúe en función del interés público y de los derechos de la mayoría de la sociedad. El reto es formidable. Los avances en ese terreno, como en el de los derechos humanos nunca serán definitivos.Y los retrocesos, como el que ya se está produciendo, catastróficos.

Culminado el primer cuarto del siglo XX, la ofensiva antidemocrática de los grandes poderes económicos de este mundo global es brutal. Y en España, no digamos.

Por eso es indispensable e inaplazable la suma de todas las energías dispuestas a defender la democracia, el Estado Social y, en España, el modelo de convivencia y de organización territorial que llamamos Estado de las Autonomías.

El cómo admite muchas fórmulas y no tienen por qué articularse de la misma manera según en qué territorios. 

Tengo dos certezas.

La de quiénes deben quedar fuera del campo de las alianzas por la democracia: Vox y este PP aznarizado, ayusizado y cada vez más a rastras del neofranquismo. A extramuros, por tanto, de la línea que demarca el campo de la defensa de la democracia en nuestro país. Certeza negativa.

Y la de hasta dónde debe abarcar el campo de las fuerzas de la democracia: al resto de las fuerzas políticas. Eso implica - y lo digo convencidamente- que Coalición Canaria y su entorno deben ser invitados a un gran pacto en defensa de la Democracia y la Constitución Española.

Sé perfectamente qué es y hasta dónde llega Coalición Canaria. Y, especialmente, cómo surgió y a qué intereses representa desde sus orígenes la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI). Y cómo desde sus inicios heredaron toda la cultura y los resabios del viejo caciquismo. Eso sí, tras las pinturas de camuflaje de un nacionalismo pintoresco.

Y tengo una opinión formada por más de 30 años desempeñando tareas de oposición frente a esa muralla de poder económico e institucional que ha hegemonizado la vida de Canarias y de Tenerife, articulada casi siempre por medio de pactos entre CC y PP. En vivo en directo han tomado decisiones importantes en ordenación y gestión del territorio y de los recursos naturales, en materia de conciertos sanitarios -privatización sanitaria, para entendernos-, regulación del comercio y grandes superficies, régimen de distribución a los agricultores de las ayudas europeas a la producción platanera, planeamiento de grandes infraestructuras, grandes contratos de obras y servicios públicos…

Y esa opinión la mantengo íntegramente.

Pero no puedo confundir lo que han sido y son sus dirigentes principales, ni quiénes se han beneficiado de importantes decisiones políticas que han ido tomando a lo largo del tiempo, con el gran número de sus militantes y votantes que se sienten sinceramente comprometidos con la democracia y con el autogobierno del Archipiélago.

Les he visto apoyarse en los votos de Vox para desplazar a alcaldes y alcaldesas socialistas allí donde “los tranquen”, sin argumentos o con argumentos que son simplemente puros insultos a la inteligencia. Pues aún así, CC debe ser incluida en el bando de defensa de la democracia. 

No sé cuáles deben ser las fórmulas en las que se articule ese acuerdo, ni si en algunos ámbitos territoriales debe llegar incluso a traducirse en candidaturas conjuntas. Pero sí tengo claro que debe ser un acuerdo político con compromisos explícitos ante la ciudadanía. Y que, a la hora de concretar las fórmulas para aplicarlo -que es responsabilidad de los dirigentes de todos los partidos- no debe perderse nunca de vista cuál es el panorama y las tendencias electorales de las diferentes circunscripciones y cómo la legislación electoral, incluidos el número de escaños en juego en cada una de ellas y la incidencia que previsiblemente pueda tener la fórmula D´Hont en la asignación de esos escaños, para optimizar el éxito del Acuerdo Por la Democracia.

No viví ni la Guerra Civil ni la posguerra y la política de exterminio que practicó el régimen de aquel general al que la jerarquía eclesiástica rendía honores, casi veneración, permitiéndole entrar bajo palio en las iglesias. 

Pero sí viví los estertores de aquél régimen siniestro y mediocre. Y los viví intensamente comprometido (según los informes y las pesquisas la Brigada Político Social) con el antifranquismo y con ideas democráticas y radicales de izquierdas. Y por eso sé qué intereses representaba, por mucho que los revistieran de retórica patriótica y (pseudo) religiosa. Pasa siempre con el nacionalismo conservador.

Y ahora pretenden el retorno de todo eso, como cada vez más obscenamente exhibe la ultraderecha política y sus espónsores económicos, que han venido mostrando sus cartas desde hace tiempo: oponiéndose a cualquier medida de fortalecimiento democrático, como la derogación de la ley mordaza de M. Rajoy; a la recuperación de derechos laborales (pisoteados por ¡decreto ley! del mismo misterioso M.Rajoy); a las medidas de actualización de salario mínimo y pensiones; a todas las políticas de igualdad de género…

Eso por un lado. Y por otro, debilitando la sanidad y la enseñanza públicas en beneficio directo de los correspondientes lobbys empresariales. Controlando implacablemente, allí donde han podido hacerlo, los medios de comunicación de titularidad pública, cuya objetividad y pluralismo informativos son la última garantía para la formación de una opinión pública libre -sin la cual la democracia se convierte en una cáscara hueca, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional-, en un mundo donde los medios de comunicación privados están puestos por sus dueños a disposición de sus agentes políticos, PP y Vox en nuestro caso.

Estas décadas de democracia, con sus luces y sombras, han supuesto innegables progresos en la igualdad de las personas; han despertado las mejores, más solidarias y más creativas potencialidades de la sociedad española en todos los terrenos, desde la economía hasta la investigación científica, la educación y la protección del derecho a la salud, la producción artística y la competitividad internacional en el campo de los deportes.

Pero el peligro de involución es inminente. Sus promotores están a la vista y su programa, explícito.

Pues por todo ese panorama que me horroriza y que amenaza el futuro de España y a sus futuras generaciones, un gran acuerdo en defensa de la democracia es necesario e inaplazable.

El cóctel de ignorancia y descodificación moral que exhiben obscenamente cada vez más dirigentes de una derecha española, completamente ultraderechizada, es pavoroso.

A propósito de la cuestión del aborto, se están presentando como los máximos, casi los únicos, defensores de la vida humana algunas personajas y personajes que apoyan simultánea y descaradamente la matanza que está perpetrando en riguroso directo, y ante los ojos del mundo, el gobierno Netanyahu y sus valedores y cómplices en gobiernos y grandes corporaciones económicas.

No seré yo quien reste importancia a la complejidad que entraña la interrupción voluntaria del embarazo desde las perspectivas moral y jurídica. 

La protección de la vida humana como valor, el más importante valor moral y el bien jurídico más relevante, confluye con derechos de libertad de la mujer y con otros derechos suyos en el campo de la salud. Y, en muchos supuestos, hasta con sus deberes y los de su familia respecto a la crianza y educación de los hijos que ya se han tenido, deberes que pueden estar en el origen de la decisión de interrumpir un embarazo. Por eso, cuando hay confluencia o conflicto de valores la ponderación entre ellos es inexcusable. También para el legislador.

Dicho lo cual, no tengo la menor duda de que una legislación que despenalice la interrupción del embarazo, sea la anterior legislación de “supuestos” o la vigente legislación de “plazos”, no obliga a ninguna mujer a abortar. Y sí, por el contrario, contribuye a erradicar la gran hipocresía que ha rodeado el debate sobre el aborto a lo largo del tiempo. Porque seamos claros: la persecución y el castigo del aborto como delito, que estuvieron vigentes en España hasta prácticamente anteayer, no impidió nunca que se practicaran abortos. Pero sí estableció una terrible discriminación de carácter social y económico entre las mujeres que decidían abortar o se veían en la necesidad de interrumpir el embarazo.

Las que tenían recursos abortaban en condiciones adecuadas en el extranjero o en clínicas privadas en nuestro propio país, en este caso a precios exorbitantes (ya se sabe: suele ser el sobreprecio de la ilegalidad). Si era un secreto a voces que había agencias de viajes para ir a abortar a Londres, todo incluido.

Y las que carecían de medios económicos se veían obligadas a ponerse en manos de amañados o amañadas que practicaban abortos clandestinos, sin las más elementales condiciones sanitarias y poniendo en gravísimo riesgo la salud y la vida de las mujeres.

Y a esa realidad, que uno tuvo la experiencia estremecedora de conocer por razones profesionales, había que ponerle fin. Era esa realidad la que el legislador democrático tenía que afrontar sin demora. Porque el peso de la ley en una sociedad laica y democrática no debe ser, en ningún caso, una herramienta para imponer a los demás las propias convicciones morales. Que es lo que no entenderán nunca el conservadurismo político ni un conservadurismo religioso acostumbrado desde hace siglos a imponer los dogmas de la “religión oficial del Estado”. Y, cómo no, el PP recurrió sucesivamente ante el Tribunal Constitucional las dos normas reguladoras de la interrupción del embarazo. Por fortuna, sin éxito.

Y vienen a ser los mismos sectores conservadores que predican la defensa de la vida humana frente a la legalización del aborto los que manifiestan ahora la más repugnante indiferencia respecto al genocidio de Netanyahu o a las muertes de los migrantes en medio del mar (hay que hundir el Open Arms, sin ir más allá). La obscenidad llega a tal nivel, que Ayuso y Vox -que tanto monta- han llegado a llamar perroflautas a los activistas que se incorporaron a la flotilla humanitaria y a acusar a Ada Colau de irse a dar un baño a las islas griegas.

Porque las mujeres que morían como consecuencia de los abortos clandestinos eran pobres. Y porque las víctimas del genocidio de Netanyahu y de tantas guerras olvidadas, y los migrantes que naufragan y perecen a diario en el mar, no son de raza blanca.

A buen seguro que si las personas de raza negra vinieran hacinadas en las bodegas de barcos esclavistas y apresadas con grilletes no les pondrían ningún pero; porque, ya se sabe, business is business.

En fin: han sido y siguen siendo pura expresión de supremacismo racista y clasista, y empapadas de la más repugnante hipocresía, las proclamas de quienes en realidad no defienden la vida humana: su oposición a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y su indiferencia, cuando no explícita complicidad, con el genocidio que se está cometiendo en Gaza o con los migrantes que pierden su vida en el mar, o su propósito de derogar cuando puedan la legislación de interrupción voluntaria del embarazo, y entre tanto de dificultar su aplicación, dejan bien a las claras que la vida de los seres humanos de raza negra o de piel oscura, y las vidas de las mujeres de condición humilde que, hasta anteayer mismo, perdían o arriesgaban su vida en España en manos de abortistas amañados, les importan menos que nada. Porque hay vidas humanas que, al parecer, no valen nada. 

Son los herederos de aquellos sectores aristocráticos y burgueses que enviaban a la muerte a miles de jóvenes españoles, eso sí, empujándoles con arengas e himnos “patrióticos” a las inmundas guerras coloniales para conservar sus negocios y sus explotaciones de ultramar. Pero, faltaría más, librando a sus hijos “de la suerte del soldado” mediante el pago de una importante suma de dinero. Hoy regresa, de nuevo, la España Negra. Cuyo regreso debemos impedir con todas las armas de la democracia tantas personas demócratas, solidarias y de buena voluntad que queremos una España infinitamente mejor que la del eterno retorno que pretenden esta ralea de personajas y personajes. Y los intereses que representan.

Estamos hablando, sobre todo, de que el objetivo -aquí y acullá- es concentrar en las manos de los mismos sectores y lobbys absolutamente todo el poder: el económico y el de las instituciones políticas

Aquí quiere decir, en este planeta aldeanizado por la globalización, en todos lados. 

Reaparece por doquier. Y da lo mismo que su genética proceda del capitalismo occidental que del capitalismo de Estado de los regímenes del Telón de Acero y ahora en manos de oligarcas.

Reconozco que a mí me inquieta especialmente el nuevo fascismo de aquí/aquí, el español. Porque regresa reivindicando el legado de una dictadura sanguinaria, la franquista, de designios genocidas: los de exterminar a media España, que ejecutaron implacablemente, al menos, hasta la derrota de las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio por los aliados. Y porque las querencias fanáticas y represoras de muchos sectores de la derecha española están históricamente acreditadas.

Esa reafirmación de su filiación con la Dictadura la escenifican cada vez más descaradamente: oponiéndose a la aprobación y al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, votando en contra de cualquier medida de carácter social que proponga el Gobierno de España, a la derogación de la ley mordaza (que aprobó el Gobierno de M. Rajoy para dejar inermes a los afectados por los drásticos recortes sociales impuestos con la coartada de superar la crisis financiera 2008); a la derogación de la contra-reforma laboral que impuso el propio Rajoy ¡por Decreto-Ley!; no digamos a la reducción de la jornada laboral. Y, de último, anunciando que suprimirán el “ingreso mínimo vital” (proclama Tellado) porque produce el “efecto llamada” de más inmigrantes. O el rechazo a la Proposición de Ley legislativa promovida por Cáritas para la regularización de cientos de miles de inmigrantes que ya viven y trabajan en España.

Quede claro que cuando digo “ya está aquí” me estoy refiriendo al binomio formado por Vox y por un PP arrastrado al ultraderechismo un día sí y el otro también.

Decía Stephan Zweig en un artículo sobre los primeros compases de Hitler (Incipit Hitler) incorporado a su libro El Mundo de ayer, que “detrás de aquellas bandas surgidas de repente debían esconderse fuerzas económicas poderosas”…“manos más fuertes que impulsaban aquel nuevo movimiento” y les proporcionaba a las tropas de asalto nacionalsocialistas, “en unos tiempos de miseria”, “flamantes uniformes” y un “sorprendente parque de automóviles, motocicletas y camiones nuevos e impecables”.

Tantos días me pregunto: ¿quiénes son las “manos más fuertes” de este fascismo Siglo XXI?

Porque, por ahora, en este país no proveen de equipamiento a tropas de asalto que aún no han aparecido en el escenario, más allá de la barbarie de la caza del hombre de piel oscura en Torre Pacheco, un episodio y un antecedente estremecedores; de los ataques a las sedes del PSOE, con cortes de tráfico patroneados por Esperanza Aguirre incluidos; de las manifestaciones y hostigamientos ante los juzgados, en días y horas cuidadosamente elegidos por los peinados de turno para facilitarles la tarea; en amenazas y vejaciones a periodistas...

El equipamiento en esta hora de la tecnología de la información consiste en una acorazada mediática y almadrabas de redes sociales intoxicadoras, al servicio directamente de los esbirros políticos de esas “manos más fuertes”. Al servicio de los ayusos, feijóos o abascales, eso sí, siempre que desplieguen perrunamente la hoja de ruta establecida por sus amos: fuego graneado de mentiras contra el Gobierno legítimo, aplauso de decisiones judiciales descaradamente prevaricadoras, xenofobia y racismo antiinmigración a tutiplén… Y puesta en sordina, cómo no, de cualquier escándalo o contradicción de estos personajes estelares… Sin ese “flamante e impecable” y costosísimo equipamiento mediático, el resurgimiento del fascismo sería poco más que simbólico.

Sin embargo, no tienen la “técnica cínicamente genial de Hitler”, que durante años había hecho promesas a diestro y siniestro y se había ganado importantes prosélitos en todos los partidos (Zweig). Lo que en estudios posteriores se conoció como “prometer todo a todos”, aunque lo que se dice compromisos fueron los que firmó con sus patrocinadores del gran capital de la industria y las finanzas. Y luego ejecutó sangrientamente desde el poder.

Y no tienen el genial cinismo del cabo Adolf Hitler porque vienen mostrando desde hace tiempo todas sus cartas sobre la mesa. Y la sociedad española, a pesar de la escandalera propagandística y desinformadora, puede acabar teniendo pleno conocimiento de a dónde van y a qué poderes económicos sirven detrás de sus proclamas patrióticas. ¿A pesar de ello el bloque ultraderechista podría llegar al poder a través de las urnas? Peores cosas hemos visto en los últimos años.

Y aunque haya que responderles dialécticamente “fuego con fuego”, como un poco tardíamente exclamaba Kamala Harris -a la vista de la devastación trumpiana que asola la sociedad norteamericana y, de paso, a más de medio mundo- los demócratas no podemos dejar de combatir con información veraz y argumentos racionales la mentira, la irracionalidad y el fanatismo: la democracia no es posible si el ser humano, individual y colectivamente, no es capaz de regirse por la razón. Sin un cierto optimismo antropológico, sin un pequeño resquicio de esperanza sobre la condición humana, todas las ideas de civilización, libertad, democracia, justicia… no son más que meras ensoñaciones. Y, como durante miles y miles de años, el poder del más fuerte y la ley de la selva serán las únicas reglas de juego.

Y debemos preguntarnos: si están dispuestos a hacer lo que están haciendo (y lo que te rondaré morena) para echar como sea al Gobierno legítimo y volver a concentrar en sus manos todo el poder: el de la economía, que ya lo tienen, y el poder del Estado, ¿qué no estarán dispuestos a hacer después para no perderlo para siempre jamás?. Pues a destruir la convivencia democrática y degradar al límite los derechos políticos y sociales.

Reconozco que una de las cosas que más me jeringa es que, para mayor recochineo, se reclamen del liberalismo.

Ni siquiera respetan el imaginario régimen de mercado y de “libre competencia”, porque cada vez que pueden disfrutar de un negocio financiado con dinero público y bajo el manto del poder político, ¡que vivan las prácticas quironesas (en cualquier clase de contratos públicos, desde la sanidad y las infraestructuras a la defensa) y que vivan los oligopolios!

Y no digamos la mejor herencia del liberalismo político, su mejor aportación cultural y civilizatoria: la idea de que la concentración de poder en las mismas manos ahoga la libertad. De esa inquietud nació el principio y la técnica de separación de poderes, de la distribución del poder del Estado en departamentos diferentes y separados para hacer posible un contrapeso de poderes, colocando -como principal garantía de la libertad- dentro del propio edificio estatal un freno a la expansión sin límites a la que siempre tiende el poder político

Pero es que aquí y ahora no estamos hablando sólo del poder del Estado, aunque ya hemos comprobado y estamos soportando hasta dónde están dispuestos a llegar en el secuestro del Consejo General del Poder Judicial durante años para controlar los nombramientos de los jueces de los tribunales más importantes y con mayor incidencia en los asuntos políticos.

Estamos hablando, sobre todo, de que el objetivo -aquí y acullá- es concentrar en las manos de los mismos sectores y lobbys absolutamente todo el poder: el económico y el de las instituciones políticas.

De forma que se desvanecerían las principales razones de ser, las que dan legitimidad al Estado democrático: la de ser un contrapeso al poder de las oligarquías económicas y, por tanto, un dique de contención -por modesto que sea- a la insaciabilidad de esas oligarquías. La de defender el interés público y los intereses generales de los ciudadanos de hoy y de los de las generaciones venideras. Y la de ser la única protección que pueden esperar los que no tienen quién les proteja.