A Bermúdez habría que tomárselo a broma. Como cuando dijo, al quedarse sin la alcaldía durante el tiempo imprescindible para organizar un bermuyazo, que se iba a dedicar a ejercer la abogacía. Pasó de la alcaldía a la más absoluta insignificancia social. Sin la aureola del poder, y sin sus pompas y sus “obras”, no es naide.

Aunque debe ser difícil, creo que hay que iniciar un procedimiento para ver de resignificarlo a él mismo. Es decir, a su ATI nutricia.

Estos días llegan por doquier recuerdos de los asesinatos que cometió el “ángel salvador”, cuya estatua Bermúdez quiere defender a toda costa de una demolición legalmente obligatoria. Asesinatos de personas y de mujeres una vez terminada la Guerra Civil: las Trece Rosas, La Jabalina, La Poeta… y en algún caso después de robarle a las criaturas que llevaban en sus vientres, nada más nacer y antes de fusilarlas.

Me ha horrorizado la imagen de la funcionaria de la cárcel madrileña envuelta en una capa azul marino que, con absoluta frialdad, anunciaba -lista en mano- a medianoche, celda a celda, los nombres de las presas que iban a ser pasadas por las armas al amanecer del día siguiente.

Que hubo atrocidades de bando y bando durante la Guerra, sí. Que las cometidas desde el bando republicano se perpetraron especialmente durante el vacío de poder a raíz del golpe de Estado y hasta que se restableció la autoridad legítima en la zona republicana, también. Que las del bando de los generales felones era una violencia programada, con el objetivo de aterrorizar, es difícil ponerlo en cuestión desde la Circular del “director”, general (luego “duque de”) Mola, a los jefes involucrados en la conspiración ordenando el empleo de la “máxima violencia”.

Pero después de la guerra vino la dictadura y su programa de exterminio meticulosa y genocidamente aplicado contra el bando vencido. Ni un ápice de compasión.

Pues es el monumento al generalísimo, el responsable de todas aquellas atrocidades, el mismo que entraba bajo palio en las iglesias, lo que quiere preservar el insigne Bermúdez.

¿Por qué?

Porque él sabe que ATI ha logrado sus mejores resultados electorales, desde sus tiempos fundacionales, siempre que y sólo si ha obtenido -también- el apoyo electoral de esa parte ultraderechista de la sociedad tinerfeña que quedó desorientada y resentida tras el restablecimiento de la democracia. No me refiero solamente a toda la pléyade de ex alcaldes y altos cargos franquistas que se alistaron a ATI desde el momento fundacional, sino también a una parte de la sociedad y a personajes influyentes del mundo empresarial que usufructuaron el Régimen franquista por estas tierras. Nadie me lo ha contado. Lo he vivido.

Ahora esos rescoldos del autoritarismo, con toda su siniestra partitura de odio a la izquierda, de xenofobia e inhumanidad contra los emigrantes -aquí, ¡en Canarias!-, a los derechos de los trabajadores… a las libertades y derechos constitucionales, especialmente al derecho fundamental a la igualdad que preside la Declaración de Derechos de la Constitución Española, esos rescoldos digo, tienen una marca propia: Vox. Y esta es la clave de la “heroica” defensa del monumento. No les queda otra a todos esos alguienes que se subieron al coche oficial desde antes de terminar sus estudios y “entodavía” siguen sin bajarse, ganen o pierdan las elecciones.

Porque si Bermúdez y toda esa caterva de profesionales del poder no logran mantener el apoyo electoral de la ultraderecha social -lo mismo que le ocurre al PP de cara a las elecciones generales- no pueden ganar las elecciones a los ayuntamientos, al Cabildo y al Parlamento de Canarias en Tenerife.

Y como aunque pierdan no dejarán de intentar aferrarse al poder, al precio que sea, se van a ver obligados a pactar con Vox, como ya lo han hecho en Granadilla o en Teguise.

Y tendremos que ver a nuestro criollismo agarrándose como una lapa al gobierno de las instituciones de la mano de quienes quieren cargarse el Estado de las Autonomías y niegan la pluralidad territorial y humana de la sociedad española. Y si pueden, de paso, cargarse también las libertades y la convivencia democrática.

Es casi litúrgico empezar cualquier opinión sobre la estrategia de una parte de la judicatura contra el Gobierno progresista con una especie de jaculatoria, una laica persignación: la inmensa mayoría de jueces y juezas cumplen solvente e imparcialmente su primordial función en este, España, Estado democrático de Derecho. Pues ya me he persignado y puedo empezar.

Pero esa no es la cuestión cuando de lawfare contra este Gobierno se trata. Son solamente unos “cuantos pocos” jueces y juezas, pero ¡qué bien situados están! Es el resultado de un componente sociológico conservador de la judicatura; pero sobre todo del secuestro por parte del PP durante años y años del Consejo General del Poder Judicial, para controlar -y los han controlado- sus nombramientos y ascensos discrecionales para los principales tribunales.

La gente que, por unas u otras razones, tenemos cierta familiaridad con las garantías constitucionales en materia de la tutela judicial efectiva -pero no sólo esas, sino también las de muchos otros derechos fundamentales- y alguna experiencia en el territorio de la jurisdicción penal nos quedamos atónitos e indignados con un tabla-rasa de esas garantías, cada vez más descarado. Pero eso sí: siempre en la misma dirección.

La falta de proporcionalidad de las intervenciones judiciales en casos como el del registro de la documentación y dispositivos de la Fiscalía y del Fiscal General, recientemente reproducida respecto a las agendas de ZP. Y mientras tanto la Fiscalía “Anticorrupción” (perdón por el entrecomillado) bajo la égida de Luzón oponiéndose como gato panza arriba al prometedor vaciado judicial del correo B de Montoro en el Ministerio de Hacienda, solicitado por la fiscala del caso… hasta acabar sancionando ¡a la propia fiscala!

Las contorsiones argumentativas de la Sala II en su insubordinación contra la Ley de Amnistía, retorciendo el concepto y la jurisprudencia del delito de malversación o calificando a los líderes del Procés como “golpistas” (¿les suena?), a pesar de que la propia Sala les condenó por sedición y no por rebelión/golpe de estado.

Bueno, bueno, bueno: la inédita condena por la revelación del “secreto” del quironesco novio de Ayuso, que ya conocía un montón de gente, que podría habría efectuado alguna persona “del entorno” del Fiscal General…un retroceso al Medioevo, respecto al concepto de la responsabilidad penal individual.

O el estiramiento, tipo chicle Bazooka Joe, del concepto de autoría en materia de prevaricación para condenar a David Sánchez como coautor-por-cooperación -necesaria de una prevaricación.

La campaña promocional de la delación, inaugurada con la impunidad del corruptor Aldama, es simplemente tenebrosa. Les apuesto triple contra sencillo que florecerán delaciones contra investigados o acusados de izquierda; porque la derecha tiene sobrados mecanismos “extrajudiciales” para aflojarles la piernas a los aspirantes a delator. Y si no, miren cómo ha ido ocurriendo en el asunto de la Kitchen. Todo el mundo calladita la boca. Y vaya que este ha podido ser un campo fecundo para confesiones y delaciones interesadas.

Y prefiero no insistir, porque ya lo he contado (aunque uno tiene que insistir porque los lawfaradores persisten día tras día y a peor la mejoría) en el manejo de la inferencias, es decir de las suposiciones en ausencia de pruebas: siempre contra los acusados de izquierda, nunca contra los de la derecha: el “no podía no saberlo” contra Manolo Chaves en el caso Eres o, anteayer mismo, contra el presidente de la Diputación de Badajoz contrastan desvergonzadamente con el “no está acreditado” que Aguirre conociera la maraña de corrupción (sistémica, que se dice ahora) del Gobierno y del PP de Madrid, de los que era lideresa por aquel entonces…o sin que sepamos todavía quién era el misterioso “M. Rajoy” de los sobresueldos en negro de los papeles de Bárcenas.

Por estas y taaantas otras razones, aunque no me preguntaron como encuestado, yo también comparto la opinión del 65%.

Y creo que la gravedad de la situación ya es inempeorable.

Cuando escucho o leo las declaraciones de Feijóo -o las de cualquiera de su guardia pretoriana- no sé si se trata de bromas macabras o de una pesadilla.

Resulta que Feijóo se nos presenta como el Pulibril, el abrillantador de la sociedad española, de España.

Me restriego los ojos si estoy leyendo, sí, estoy leyendo, la prensa y me viene a la mente si se trata del mismo individuo que fue promovido al liderazgo del PP cuando Pablo Casado fuera arrojado al vacío desde Génova, todos recordamos por quiénes y por qué.

Si este Feijóo era el mismo presidente de la Xunta frente al que los trabajadores de la tele gallega iban todos los viernes durante años enteros protestando por la manipulación al modo Clavijo, perdón al modo pepero, de los servicios informativos.

Si este Feijóo es el líder (es un decir) del partido que lleva a sus espaldas el caso Kitchen, el más grave caso de utilización del Estado para destruir las pruebas de corrupción del PP y para espiar a sus adversarios políticos.

El “líder” del único partido condenado por financiación ilegal y del que ha protagonizado casos de corrupción sistémica como el caso Gürtel y tantos otros…

Y, sobre todo, si este Feijóo abrillantador tiene detrás a quienes son responsables de 7.291 muertes atroces de personas abandonadas a los estragos de la pandemia en las residencias de Madrid; de 237 muertes como consecuencia de la “baja laboral” del presidente Mazón durante el fragor de la Dana, o de las 193 muertes del atentado yihadista (a ver, repítanlo conmigo: y i h a d i s t a) de la Estación de Atocha, en represalia contra la alta traición a España que cometió Aznar embarcando con mentiras a España en una guerra ilegal. Y, qué horror, todas esas muertes impunes hasta la fecha.

Se ha acabado instalando -sin que, por lo que se ve, le haya costado mucho- en la sensación de impunidad que le proporciona una división acorazada de medios informativos que ponen a su disposición los poderes fácticos de los que es un mero medianero. Y, día tras día, menosprecia la inteligencia de los españoles con sus flagrantes contradicciones. Hoy digo una cosa, mañana la contraria y aquí, en la Tierra, paz y en el Cielo gloria. Menuda falta de vergüenza.

El presidente del Partido que lleva toda la legislatura sin la menor iniciativa parlamentaria sobre la política económica del Gobierno, porque los datos positivos son indiscutibles, ni antes ni después de que el ministro haya accedido a la vicepresidencia, se compromete a que el país “vuelva a funcionar” con reformas económicas y sociales. ¿Qué reformas?, ¿los recortes de los derechos de los trabajadores que ha anunciado ante los empresarios o una nueva contrarreforma del Estatuto de los Trabajadores como la que perpetraron ¡por decreto-ley! con la coartada de la crisis financiera de la década pasada? Todos sabemos, además, que estas agresiones a los trabajadores siempre van acompañadas de ataques a las libertades como las de la Ley Mordaza. Para que no puedan utilizarse las libertades y derechos constitucionales para defenderse de los destrozos en derechos laborales y sociales perpetrados por los gobiernos conservadores.

Es el mismo personaje que ha bendecido los pactos con los neofranquistas de Vox el que nos anuncia que prepara una “reconstrucción nacional” a la altura de la que tuvo que llevar a cabo Adolfo Suárez, dice Feijóo, en la primera etapa democrática. ¿Qué “reconstruyó” Suárez? ¿La devastación heredada del franquismo, tal vez? ¿Y para ir adelantando esa reconstrucción se han opuesto, cogiditos de la mano a la ultraderecha, a la aprobación y al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática? ¿Y ya caminan a paso marcial por la senda de la Prioridad Nacional inconstitucional y racista? ¡Ah!, ya voy entendiendo: reconstrucción p’atrás, para las estancias sombrías del fascismo.

El cinismo pulibriliano de Feijóo se supera a sí mismo con la proclamación de que “la reconstrucción institucional no consiste solo en echar a quien ha corrompido las instituciones, consiste en impedir que nadie pueda volver a corromperlas”. Oséase que se trata de impedir que nadie vuelva a corromperlas. ¿Estaría pensando en Rato, en Montoro, en Espe Aguirre y todo su sórdido entorno, en el novietísimo quironesco…y así casi hasta el infinito? En realidad no es “reconstrucción institucional”, sino que se trata de una campaña de vacunación de España frente a ellos mismos y frente a los intereses insaciables de los que cada vez más obscenamente Feijóo es un mero y mediocre medianero.

Nota.- Fíjense que ni siquiera he nombrado a Marcial Dorado y a sus vacaciones en amor y compaña en Tenerife. No me ha hecho ni falta.

Llevo demasiado tiempo leyendo resoluciones de la derecha judicial aplicando estrictamente las garantías constitucionales cuando se trata de investigar o juzgar a personajes del PP y diluyéndolas y pisoteándolas cuando investigan o juzgan a políticos de la izquierda; o a las personas con las que tienen “la sola relación de parentesco”, como se ha atrevido a subrayar la Audiencia de Madrid que ha acabado respaldando la asquerosa “instrucción” del juez Peinado. Demasiado tiempo contemplando cómo manejan los tiempos procesales para acomodarlos al calendario de La Contra política y empresarial, luego mediática.

Demasiado tiempo contemplando cómo abusan del margen de apreciación de las declaraciones de testigos de cargo, si juzgan a la izquierda, y desprecian todas las declaraciones de quienes las contradicen. ¿Recuerdan los periodistas que declararon ante notario y en el juicio conocer el “secreto” del novio de Ayuso antes que el Fiscal General del Estado? Luego ya no era un secreto. ¿Les han pasado inadvertidos las declaraciones testificales desmontando las acusaciones contra David Sánchez? ¿Y cómo los jueces tomaron en cuenta exclusivamente las apreciaciones del teniente coronel Balas?

Tanto tiempo que ya casi no merece la pena detenerse en argumentos jurídicos frente a ese puñado de jueces, eso sí mágicamente ubicados en los tribunales, los procedimientos y los momentos precisos. Ni frente a los de la inmarchesible Sala II del Tribunal Supremo, que ha llegado a condenar por co… al Fiscal General del Estado. Y, para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía, a desdecirse obscenamente de su propia Sentencia sobre el Procés, a cuyos responsables condenó por sedición, que es un delito contra el orden público, y no por rebelión, que es un delito contra la Constitución. La propia Sala II que sentenció que no se les podía condenar por rebelión, porque tratar de culminar la intentona independentista era una “ensoñación”, les ha llamado después “golpistas” para aplicar una excepción a la aplicación de la amnistía. Pura obscenidad y sensación absoluta de impunidad.

Por el camino quedan demasiados atropellos jurídicos con la única finalidad de tumbarse al Gobierno legítimo de España.

Demasiados años tiene uno ya y demasiadas horas dedicadas -en cumplimiento de mis deberes ejerciendo funciones de oposición al “régimen” de ATI/Coalición Canaria- a estudiar casos, teoría y jurisprudencia sobre prevaricación, tráfico de influencias o malversación de dinero público para no quedarme espantado con la manipulación de estos conceptos por parte de los magistrados que han juzgado a David Sánchez; o expandiendo el concepto y el tipo delictivo de malversación para sentar a Begoña Gómez ante un Jurado; o ante el contorsionismo de Marchena (no se han enriquecido con los gastos del Procés pero han evitado tenerlos que pagar con su propio patrimonio, luego han malversado) para inaplicar la Amnistía.

Lo de la malversación de dinero público por la colaboración de la asistenta de Begoña es casi insuperable en cinismo y manipulación. Pero es esa acusación el “fundamento” de la entrada en escena del Jurado. Por eso la mantienen contra viento y marea. ¡Ah, malversación!

Quiero decirles que me he convertido en decidido partidario de que los casos de prevaricación judicial y otros delitos que puedan haber cometido miembros del poder judicial, “delitos en los que la acción típica carezca de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial”, como dice la Ley Orgánica del Jurado, sean juzgados por un Jurado. Al menos así, uno de los factores que les hacen sentirse impunes, el acendrado espíritu corporativo del estamento judicial, quedaría atenuado.¿Quién vería a Peinado ante el riesgo de acabar sentado ante un Jurado, o al Hurtado que instruyó salvajemente la causa contra el Fiscal General?

No me puedo resistir a comentar las afirmaciones de la Audiencia Provincial de Madrid por su flagrante inconstitucionalidad. Y tan campantes: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. O sea que la sola relación de parentesco… puede comportar presión moral eficiente y, por tanto, ¡es un indicio delictivo!. Sólo les faltaba decir si el parentesco corresponde a una mujer, que lo que debe hacer es quedarse con la pata quebrada y en casa. Mayor degradación de las garantías constitucionales y, permítanme, mayor machismo son inimaginables.

“La Contra”, también la judicial, está dispuesta a todo con tal de tumbar al Gobierno progresista, que con la Constitución en la mano es el Gobierno legítimo de España.

Y en un país con una historia tan turbulenta como la de España sólo hay dos opciones: o plantarles cara o echarse a temblar.

Por eso estoy convencido de que desde el lado de la defensa de la democracia, de la soberanía popular, de las libertades y garantías constitucionales “todo el que pueda hacer, que haga”. Pues hagamos.

Me trompecé, nada más despertarme, con José Manuel Bermúdez. Dispuesto a dejar su partido, ATI-CC, para el caso de que secunde la “propuesta” de Clavijo de sacar de Santa Cruz el estadio del Tenerifito. Y me parece respetable, aunque me ha surgido la duda de aónde irá Bermúdez, él solito.

No he podido evitar que me vinieran a la cabeza tantos episodios en que -empezando por la fusión Santa Cruz/Laguna, que habría implicado la desaparición de La Laguna como municipio- los ataques a La Laguna han sido una constante desde la dirigencia de ATI y desde las Instituciones que gobernaban.

[En la Memoria de mi familia siempre estuvo presente un motín de los concejales laguneros, allá por la segunda década del siglo XX, siendo mi abuelo concejal de Hacienda del Ayuntamiento, cuando al alcalde de turno se le ocurrió poner sobre la mesa la fusión. No es asunto nuevo].

Propuestas de infraestructuras, incorporadas por el Cabildo al planeamiento insular, es decir convertidas en normas jurídicas de ordenación territorial, que hipotecaban el derecho de La Laguna a establecer su propio modelo urbanístico sin más limitaciones que las derivadas realmente del interés de la Isla; pero no del interés del Ayuntamiento de Santa Cruz, “bendecido” desde el Cabildo:

La Autopista Exterior impuesta por el Plan del sistema Viario del área Metropolitana sin definir primero (como ordena el Plan Insular de Ordenación, PIOT) el modelo viario y de movilidad de Tenerife. De esa autopista, que colonizaría casi un millón de metros cuadrados de suelo agrícola lagunero protegido por el propio PIOT, pretendió colgar Bermúdez una Zona de Actividades Logísticas, a través del Plan de Ordenación de Santa Cruz y sin tener el Ayuntamiento de Santa Cruz competencias para ello, dada la envergadura y la trascendencia supramunicipal del polígono que pretendían. Tuvimos que formular directamente alegaciones ante la Casa de los Dragos, ya que el Gobierno municipal lagunero (ATI-PSOE, todo hay que decirlo) no secundó nuestra propuesta.

La prolongación de la Vía de Ronda desde la glorieta de las Canteras hasta la Autopista del Norte, devastando amplios espacios de La Vega de Aguere y sirviendo de percha para nuevos procesos urbanizadores que sus correligionarios de La Laguna se apresuraron a incorporar al Plan de Ordenación que Clavijo pretendió aprobar por la vía rápida y le obligamos los laguneros a envainárselo. La justificación real de esa prolongación -a poco que uno se leyera los papeles- era la de proporcionar una salida hacia el Norte a determinadas zonas de Santa Cruz, condicionando otra vez más el futuro y la autonomía de La Laguna.

El propio Bermúdez, desde el Cabildo y ATI-CC desde el Gobierno de Canarias, ¿cuántas veces condicionaron las subvenciones al CB Canarias a que se intitulara Tenerife, una vez que fracasaron los sucesivos intentos magnánimamente subvencionados de consolidar un equipo de élite -con base en Santa Cruz, claro- que llevara el nombre de Tenerife, relevando al legendario RC Náutico? ¿Cuántas veces tuve que presentar enmiendas a los presupuestos insulares y autonómicos para que incluyeran subvenciones para el equipo lagunero? ¿Y por qué trataban de impedir lo que finalmente ha acabado ocurriendo: CB Canarias-La Laguna-Tenerife?. Gracias, Luis Yeray, en nombre de generaciones de canaristas laguneros.

La Laguna, gran ciudad

¿Cuánto nos costó a los laguneros, representados por el PSOE, que La Laguna fuera incluida en el “club” de grandes ciudades, aplicándosele en pié de igualdad con Santa Cruz el Título X de la Ley de Régimen Local, regulado por la Ley estatal 53/2004?

No se trataba, solamente, del régimen jurídico y de la potenciación de los instrumentos ejecutivos propios de municipios de gran población, sino del rango político de la Ciudad y del Municipio de La Laguna. Y, por tanto, de poner en pié de igualdad sus relaciones de cooperación, que no de subordinación, con Santa Cruz. Y, en opinión de muchos laguneros, garantizaba definitivamente la “independencia” de La Laguna frente al guadianesco proyecto de fusión/absorción por Santa Cruz, siempre con el pleito insular como trasfondo.

Presentamos en el Ayuntamiento una moción para que se enmendara en las Cortes Generales el proyecto de ley, que desde su elaboración incorporaría automáticamente a Santa Cruz y Las Palmas. Se aprobó suavizar los requisitos “de admisión al club”, acogiendo a municipios de más de 50.000 habitantes de relevancia económica, histórica…, un anillo al dedo de La Laguna. Pero quien único se ocupó de enmendar el proyecto fue el Grupo Socialista del Congreso, con cuyo portavoz en esta materia, el diputado Martínez Sanjuán, lo gestionó Pepe Segura, a petición de los socialistas laguneros. ATI-CC no movió ni un dedo por La Laguna.

Luego vino la segunda fase. La Ley de Grandes Ciudades exigía que su aplicación a los municipios como el de la Laguna fuera decidida por el Parlamento de la comunidad autónoma respectiva.

Propusimos al Pleno del Ayuntamiento lagunero que solicitara al Parlamento incorporar definitivamente a La Laguna a la Ley de Grandes Ciudades. Y se aprobó con el voto del PSOE y del PP lagunero. Y ¡oh sorpresa (o no tanto)!, con el voto en contra de la alcaldesa y de su grupo.

El Parlamento de Canarias, cuya Mesa presidía ATI-CC, se negó a tramitar la solicitud que presentó este entonces diputado adjuntando el acuerdo del pleno lagunero, a la vista de que la alcaldía de La Laguna -que es el órgano competente y obligado a ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento- no daba cumplimiento al acuerdo del Consistorio lagunero. Así las cosas tuve que requerir, con todas las advertencias legales, a Ana Oramas para que cumpliera sus obligaciones y comunicara al Parlamento la solicitud de aplicar a la Laguna el régimen legal de las Grandes Ciudades. Finalmente lo hizo y, en marzo de 2007, La Laguna Gran Ciudad a todos los efectos: jurídicos y políticos.

Prefiero no entrar en el fondo del asunto “estadio” porque creo que en estos tiempos el suelo disponible y el esfuerzo presupuestario hay que dedicarlo a vivienda, vivienda, vivienda…; pero cuando oigo a Bermúdez hablar de que sacar el Estadio de Santa Cruz es un ataque a la “capitalidad”, no puedo dejar de preguntarme ¿y todo lo que nerudianamente “confieso que he vivido” y acabo de resumir, qué eran: ataques a La Laguna perpetrados desde las altas instancias de ATI?

¿Y durante todos esos episodios, desde la “fusión/absorción” de La Laguna a la obstrucción de su declaración como Gran Ciudad, los correligionarios de Bermúdez en La Laguna se plantearon alguna vez que ATI-CC dejara de ser su partido? ¿O se comportaban como lo que Clavijo llamaría “medianeros”, no de Santa Cruz, sino de los sectores dirigentes de la Capital y de sus intereses?

Debí aprender desde muy joven que en el mundo jurídico vale más la autoridad del argumento que el argumento “de autoridad”. Algo así como “la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero”.

Me he quedado impactado y preocupado al leer el artículo “Miseria de Parlamento” de Pedro Cruz Villalón, un eminente jurista que llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional con una vitola de progresista.

En mi opinión de jurista de islas ultraperiféricas, Cruz Villalón -tal vez porque haber presidido el Tribunal Constitucional debe imprimir un cierto carácter endeleble- se permite manejar a su antojo argumentos e interpretaciones a las que pretende dar un carácter concluyente e indiscutible. Y no lo son.

En otros pasajes de su artículos despliega elucubraciones muy creativas e imaginativas, con la seguridad que debe tener de sí mismo después de un largo cursus honorum y de sus múltiples distinciones del todo merecidas.

Y, desde luego, se desliza desde consideraciones políticas muy respetables a pretender suplantar la regulación constitucional de nuestro régimen parlamentario, respecto a las cruciales relaciones entre el Gobierno y el Congreso de Diputados, del que dependen en exclusiva la formación del Gobierno, el respaldo a su gestión y a su programa legislativo y, en última instancia, su destitución.

Trivializa, en mi opinión, el carácter racionalizado de nuestro régimen parlamentario fruto de una regulación constitucional muy precisa y muy orientada a garantizar la estabilidad del Gobierno, tomando lecciones, como lo hizo la Ley Fundamental de Bonn (1949) de las dramáticas consecuencias que tuvieron no sólo para el régimen parlamentario sino para la propia democracia las mayorías negativas del período de entreguerras (1919-39). Se trataba de alianzas contra natura entre la izquierda radical, muy revolucionarizada tras el triunfo de la Revolución Soviética de 1917, y la derecha ultraconservadora precursora del nazismo y del fascismo, para acorralar al gobiernos moderados que no disponían de mayorías parlamentarias consistentes.

De forma que sólo hay dos procedimientos para destituir al Gobierno: o mediante el rechazo a la cuestión de confianza que sólo puede plantear el presidente del Gobierno, y puede ser respaldada por una mera mayoría simple de diputados (ojo a la clara voluntad del constituyente de favorecer la estabilidad del Gobierno); o mediante una moción de censura, que requiere mayoría absoluta para ser aprobada (atención de nuevo a la apuesta por la estabilidad del Ejecutivo).

La moción de censura se califica como constructiva -y no es ningún oxímoron, con perdón de Cruz Villalón- porque para evitar mayorías meramente antigubernamentales, que podrían conformarse sin ir más lejos por el PP+Vox y por los que estos han venido acusando, como auténtico guineo, de “golpistas”. De forma que el constituyente configura la censura, si obtiene el respaldo de la mayoría absoluta (ojo, de nuevo) no sólo como desaprobación parlamentaria del Gobierno y de su gestión, sino como expresión de confianza e investidura del candidato que preceptivamente ha de proponerse con la moción de censura.

De modo que, con la venia del expresidente del Tribunal Constitucional, no es que la censura “tenga en su origen una más o menos intensa censura del Gobierno… y lo que verdaderamente se ventilará… es el nombramiento de un nuevo presidente”, no. Es que la Constitución configura muy precisamente ese acto parlamentario con ese doble objetivo y consecuencias jurídicas. Y frente a la regulación explícita de la Constitución, aquí si que “no caben” -que diría Cruz Villalón- interpretaciones imaginativas ni meramente sustentadas en apreciaciones políticas, que son por lo demás muy respetables.

Afirmando que “la confianza parlamentaria (o en su caso la desconfianza), se encauza de manera eventual a través de los mecanismos de la moción de censura o de la cuestión de confianza y de manera regular a través del rito anual de la aprobación de los Presupuestos del Estado”, el insigne jurista se coloca por encima de la Constitución. Por mucho que la incapacidad del Gobierno para cumplir el principio de anualidad presupuestaria, frente a las mayorías negativas, sea un hecho político de extraordinaria trascendencia política.

Este es el régimen parlamentario querido y establecido por la Constitución y no se ha establecido ninguna “constitución real de tintes espuriamente presidencialistas”, utilizando esa distinción conceptual entre la forma de gobierno prevista y regulada por la Norma Fundamental y su funcionamiento en la realidad efectiva.

Desde esa premisa argumental o interpretativa, llámenla como quieran, Cruz Villalón se da un salto de avestruz digno de mejor causa, para acabar proponiendo que dado que no se puede destituir al Gobierno con la Constitución en la mano, apliquemos para conseguir el mismo objetivo: derrocar al Gobierno mediante la actuación de una mayoría negativa, instrumentando la disposición constitucional sobre la exigencia de responsabilidad criminal al presidente del Gobierno, imitando el impeachment de la Constitución norteamericana, que estableció una forma de gobierno presidencialista, sustentado en la separación rígida de los poderes legislativo y ejecutivo, y en la que el presidente de la República, que también es jefe del Gobierno, no es elegido por la mayoría parlamentaria.

Aquí me parece que Cruz Villalón sugiere, ¿o propone?, que mediante lo que sería un fraude constitucional palmario y una pretendida “interpretación” jurídica que desecha principios tan consolidados en la cultura jurídica de los países “civilizados” -digamos mejor “de nuestro entorno” porque lo de civilizados es fruto de un ticks que desde hace demasiado tiempo, y cada día más, es desmentido por agresiones imperialistas y genocidas dantescas- como es el de la aplicación prevalente de la lex specialis, es decir de las normas de la Constitución de 1978 que regulan específicamente las relaciones Gobierno/Congreso de Diputados en nuestro Régimen Parlamentario.

Y esta sugerencia nada menos que en un país que tuvo un presidente que embarcó delictivamente a España en una guerra ilegal con las consecuencias que luego tuvo en Atocha sobre la vida y los derechos de los españoles, tal y como tipifica el artículo 590.1 del Código Penal, bajo el epígrafe de los “delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado”. Y nadie sugirió, aunque podría haberlo hecho el propio Cruz Villalón desde su auctoritas como expresidente del Tribunal Constitucional, allá por 2003, una exigencia parlamentaria de responsabilidad criminal.Y aquel presidente no solo quedó impune, sino que nos sigue dando lecciones a los españoles que votamos la Constitución de 1978. La misma Constitución que el inefable Aznar no votó.

He presenciado y participado en muchos debates parlamentarios en el Senado en los que el PP calificaba a Junts de “golpistas” y “socios” de Sánchez. No les quiero ni contar la que han armado el PP y sus brigadas judicial y mediática a cuenta de la amnistía. Aunque no es fácil determinar quiénes son la brigada de quiénes en este torbellino de defenestrar al Gobierno progresista desde que se constituyó en los términos previstos por la Constitución.

El PP y Junts, por fin juntos.

¿Ya no son golpistas? ¿Se han vuelto socios? ¿Y cuando Feijóo les pide que apoyen una moción de censura para investirlo a él presidente, es porque ya no son golpistas?

Más allá de la verborreas patrioteras, que no patrióticas, con las que llevan demasiado tiempo camuflando los verdaderos y coincidentes intereses conservadores que representan, más allá de las mareas de corrupción que obligaron a declarar amortizada a Convergencia i Unió (¿nos acordamos todavía del 3 per cent?), más allá de la ristra casi interminable de casos que viene arrastrando el PP, que lo puso al borde de que los poderes fácticos que lo patrocinan le dieran el finiquito (y se inventaran, promocionaran y pusieran a calentar en el banquillo a Ciudadanos, por si había que “refundar” la derecha siguiendo el ejemplo “CiU después Junts”), al final puede más, demasiado, lo que los une.

Durante la crisis financiera desencadenada desde 2008, ambos partidos aplicaron con verdadero deleite las fallidas e injustas recetas que sirvieron para descargar la crisis sobre los trabajadores de todas clases (que decía la Constitución Republicana), recortar las políticas del Estado Social y los derechos laborales e incrementar las desigualdades.

¿Se acuerdan de cómo M. Rajoy, ¡a través de un decreto-ley!, ejecutó la contrarreforma laboral? 

Fue el Real Decreto-Ley 3/2012, que facilitó y abarató drásticamente los despidos y dio un golpe de muerte a la contratación colectiva y a los sindicatos dándole prioridad a los convenios de empresa (el descuelgue) sobre los convenios de sector…

¿Como tuvieron que inventarse la Ley Mordaza, recortando los derechos políticos para impedir que la gente se revolviera contra los recortes y las políticas antisociales?

Y durante toda esa ofensiva conservadora con la excusa de la crisis, el PP y Junts mantuvieron una conflictividad constante Cataluña/España porque les convenía política y electoralmente. Hasta que, como suele pasar, se les fue de las manos: el Procés, la declaración unilateral de independencia, la coacción federal prevista en el 155 de la Constitución para restablecer la legalidad y la normalidad democráticas…

Luego vino la amnistía, el informe en contra del Tribunal Supremo, el mismo que informó favorablemente amnistías e indultos a los golpistas del 23-F, que esos sí que eran golpistas; el boicoteo de Marchena and boys a la aplicación de la Ley de Amnistía utilizando todas las truculencias “argumentales” que les ha dado la gana, llegando a llamar “golpistas” a quienes había condenado por sedición y no por rebelión o reinventándose el concepto de malversación del Código Penal contradiciendo hasta la doctrina establecida por el propio Tribunal Supremo…

Parece mentira, pero es verdad, la inmensa sordina que han impuesto los poderes empresariales -luego mediáticos- al balance de gestión del actual Gobierno. Los mismos poderes que llegaron a calificar de ministro milagro a Rodrigo Rato, luego convicto de corrupción. ¿Ustedes se imaginan que un Gobierno PP pudiera exhibir los datos de crecimiento y de creación y de calidad de empleo del gobierno presidido por el demoníaco Perro Sanxe? Sólo esos, dejando a un lado sus políticas sociales que serían inimaginables en el caso de un Gobierno de la derecha. Y sin que hablemos tampoco de la proyección internacional de España y de su Gobierno en defensa del Derecho Internacional, de la Paz, de la lucha contra el cambio climático, de la denuncia del genocidio contra el pueblo palestino, que en caso del conservadurismo hispano -el mismo que secundó servilmente la ilegal Guerra de Irak- serían simplemente impensables.

A uno, que tiene convicciones progresistas y que ha tenido que afrontar señalados casos de corrupción (hasta acabar conociendo cómo son y cómo funcionan sus canales en estas Islas y sus complicidades y resortes mediáticos), le avergüenzan y le indignan los comportamientos de quienes, aprovechándose de su poder orgánico o institucional se han aprovechado y profanado los valores que han sustentado la centenaria estela humana del socialismo español.

Pero de igual manera mantengo que el Gobierno y sus políticas deben continuar adelante, a pesar de la oposición devastadora de los sectores conservadores que ya ni aceptan ni aceptarán en un futuro ningún Gobierno que no represente sus intereses insaciables. Los suyos de ellos, aunque traten todos los días de esconderlos manoseando el nombre de España.

De no retorno en el acoso de parte del Poder Judicial al Gobierno constitucional de España. Y en mi opinión, no sólo una parte del Poder Judicial sino de algunas alturas del Ministerio Fiscal. Por ejemplo, de la Fiscalía Anticorrupción.

Llueve no sobre mojado, sino sobre inundado.

Hay noticias que me han indignado. Sin agotar el listado: el registro de la Fiscalía General del Estado, como paso previo a la condena ignominiosa del Fiscal General; la negativa de la Fiscalía Anticorrupción a solicitar el volcado del correo electrónico B de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, llegando a sancionar a la fiscala que ha impulsado la investigación; la petición de Anticorrupción de que se retire el pasaporte a Zapatero.

El juez que lleva dale que te pego persiguiendo inquisitorialmente a Begoña Gómez, ha llegado a hacer comentarios, en sus tan escandalosas como jurídicamente huecas resoluciones -del tipo de “las conductas provienen de palacios presidenciales, como en este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados” o la afirmación de que los agentes de la escolta de Begoña “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean quienes colaboren para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”- en las que se permite una vez tras otra alardes que destruyen toda apariencia de imparcialidad. Y ahí sigue, tan campante.

No nos engañemos: Peinado está compulsivamente predispuesto contra este Gobierno; pero no es tonto. Y hace lo que hace porque tiene una sensación de total impunidad y siente respaldos en las más altas esferas de la Judicatura, esas que el conservadurismo hispano ha ido copando después de secuestrar durante larguísimos años, violando flagrantemente la Constitución, el Consejo General de PoderJudicial.

Mucho habían tardado, pero ya salió la Gran Patronal a enseñar la patita expresando su apoyo expreso “a la justicia”, “ya que es brutal y peligroso el ataque a los jueces, porque están siendo atacados”. No es a los jueces, Garamendi, ni a la justicia. Se trata de la crítica a los que, eso sí, emboscados en el órgano judicial o de la fiscalía y en los momentos y procedimientos oportunos, están prostituyendo la función y la autoridad judicial para tumbar al Gobierno progresista.

Está ocurriendo, como si fuera una pesadilla, todo eso que parecía que sólo existía en los libros de los detractores de la democracia “burguesa”, que uno leía de joven. 

La retirada del pasaporte a Begoña Gómez y la obligación que se le impone de comparecer cada quince días en el Juzgado es un ataque directo al Gobierno y a su presidente (del que Begoña es la esposa y no una “particular”, como lo es el individuo del que -con la lógica del PP- Ayuso debe ser concubina o manceba. O a la viceversa: sólo que en el universo mental de la caverna, el concepto de concubino no existe). Y está pensada justamente para darle un alcance internacional: ssssh!!! a la mujer de Sánchez no la dejan salir de España y le piden 24 años de cárcel!!!! ¿O no está más claro que el agua?

He sentido la obligación, a lo largo de más de 32 años ejerciendo labores de oposición, de denunciar penalmente en mi tierra contados pero muy graves hechos de corrupción. Y sé, por mi propia experiencia, de la indolencia de determinados jueces y juezas y fiscales(as) a la hora de cumplir sus obligaciones de impulsar los procedimientos. Luego algo debo saber de lo que estoy hablando. Desde el caso Las Teresitas hasta el Caso Reparos (127 Decretos comprometiendo y pagando ilegalmente 60,3 millones de euros), he vivido de todo: ataques en los medios de comunicación afectos a los poderes establecidos, denuncias falsas (que nunca han pasado del primer trámite) para dar lugar a columnas periodísticas sicarias y caricaturas del tipo “el cazador anticorrupción, cazado”, en fin…, pero lo que viene ocurriendo era inimaginable. Créanme.

En mi modesta opinión, la de un isleño septuagenario que fue encausado por el siniestro Tribunal de Público de la Dictadura cuando recién acababa de cumplir 20 años, y que ha desempeñado treinta años de docencia universitaria en el campo del Derecho Constitucional, amén de siete legislaturas de trabajos parlamentarios en el Senado y en el Parlamento de Canarias, ¡esto no puede seguir así!

O los demócratas nos unimos (como está ocurriendo en los EEUU) y nos enfrentamos a esta trama, de la que -no nos engañemos- tanto el PP como los Peinado y sus espónsores aguas arriba de la Judicatura son meros instrumentos y figurantes o ¡adiós, democracia, adiós!

Porque no me asusta tanto (y miren que me asusta) lo que están dispuestos a hacer para derrocar al Gobierno legítimo como sea y “que el que pueda hacer, que haga”. Sino qué no estarán dispuestos a hacer para no perderlo “para siempre jamás”, como diría García Márquez, si todo este complot antigubernamental y antidemocrático logra sus objetivos: volver a poner en pié lo que los usufructuarios y detentadores del poder franquista pretendían: perpetuar una Dictadura disfrazada de Democracia. Y las dictaduras -sean conservadoras o revolucionarias- son todas opresión, violencia y corrupción desde el poder político. Y colonización de la sociedad por la mediocridad, la mires por donde la mires.

ATI nació y ha venido ejerciendo la medianería en los ayuntamientos de Tenerife, en el Cabildo y pocos años después, vestida de “nacionalista canaria”, en el Gobierno de Canarias, de intereses empresariales perfectamente identificables tras las decisiones políticas que han venido tomando en asuntos urbanísticos, de ordenación del territorio, de grandes equipamientos comerciales, de inversiones en infraestructuras…

Me ha llevado tiempo, casi 20 años, pero al final creo haberlo entendido. Y ha sido Ayuso quien me lo ha logrado explicar. Gracias. 

Fue un día ya lejano cuando un novel alcalde de La Laguna, ya alcalde por tanto y no estudiante de secundaria obligatoria, expresó su disposición a que Canarias se convirtiera en “Estado Libre Asociado”. Vamos: como Puerto Rico con relación a los Estados Unidos.

Yo no sabía muy bien qué es lo que proponía. Y me quedé con la sensación de que él tampoco. Pero sí que lo sabía. ¡Acabo de caer en la cuenta!

Los ciudadanos de Puerto Rico tienen ciudadanía norteamericana y su país, la bella Borinquen, disfruta de autogobierno. Pero los portorriqueños no pueden votar en las elecciones norteamericanas. Y, sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos tiene autoridad para aprobar leyes obligatorias para la población boricua, aunque ésta no haya participado en la elección de sus miembros ni cuente con los dos senadores que representan a cada uno de los Estados federados.

¿Será algo así como una colonia de los yanquis la Preciosa, como “la llaman los bardos que cantan su historia” que decía el inolvidable “lamento” borincano?, cuyo estatus proviene de la entrega que hizo la Monarquía española a los Estados Unidos, allá por 1898. Eran tiempos expansivos del naciente imperialismo yanqui.

Ayuso, como dije, me ha ayudado a entender lo que quería decir por aquel entonces el inefable presidente del Gobierno de Canarias, que viniéndose arriba añadía: “Y si Estado Libre Asociado significa la independencia del Archipiélago, ¿qué problema hay?”.

Ayuso se ha negado a cumplir el decreto estatal sobre la distribución solidaria de menores migrantes no acompañados y lo ha impugnado, presentando un recurso jurisdiccional. Es decir, que los menores no acompañados que llegan a Canarias por la arriesgadísima ruta atlántica se queden en nuestras Islas atendidos por nuestras Instituciones públicas y por las entidades privadas humanitarias. Como si fuera un territorio ajeno, un país tercero, algo parecido a como es Albania, a estos efectos, para la Unión Europea y para Meloni.

Ayuso también ha decretado que los estudiantes canarios en Madrid se queden sin bono de transporte, discriminándolos y yendo más allá que la propia Prioridad Nacional de Vox -la del mismísimo Abascal que quiere hundir al Open ARMS- que el PP vergonzosamente viene acatando en cada vez más comunidades autónomas donde son socios de los neofascistas. Y el Gobierno de Canarias, gobierno de perdedores pero con toda legitimidad constitucional y estatutaria, calladita la boca. ¡Sssssh!

Ayuso, en coherencia con las salvajadas de ignorancia y racismo que prodigó en su gira por tierras mexicanas, tiene clara cuál es la posición que corresponde a Canarias: será la de una colonia o “Estado Libre Asociado” de instituciones subordinadas en muchos terrenos y de ciudadanos sin derechos políticos. Siempre, en todo caso, una tierra, unos habitantes y unas instituciones no equiparados a los de los territorios de la Metrópoli.

Siempre he pensado, y no es ninguna novedad que lo diga ahora, que ATI nació y ha venido ejerciendo la medianería en los ayuntamientos de Tenerife, en el Cabildo y pocos años después vestida de “nacionalista canaria” en el Gobierno de Canarias, de intereses empresariales perfectamente identificables tras las decisiones políticas que han venido tomando en asuntos urbanísticos, de ordenación del territorio, de grandes equipamientos comerciales, de inversiones en infraestructuras… y de las que han dejado de tomar en materia sanitaria y hospitalaria, de financiación educativa, universitaria, de apoyo a la dependencia, entre tantas otras. Intereses empresariales, por cierto, perfectamente respetables; pero insaciables y demasiado hegemónicos, a través de sus “medianeros”, sobre las entidades y las políticas públicas isleñas, políticas que pagamos todos y que deben responder a los intereses, necesidades y expectativas de la mayoría.

Pero, tal vez por mis pocas entendederas, he tardado en convencerme de que también son medianeros del más tétrico conservadurismo español que representan el peor PP (el de Aznar y Ayuso, aunque figure Feijóo) y Vox, cada vez más indistinguibles: el centralista, insolidario, cínico a más no poder y cada vez más preñado de xenofobia, racismo y supremacismo. ¡Ah! y despectivo y ¿colonialista? con Canarias y con los canarios.

Y Clavijo calladito. Lo que cambian los tiempos, Venancio, qué te parece. ¿O no?

¿Se imaginan sus imprecaciones si la tercera de la cuarta parte de lo que el PP le está haciendo a Canarias proviniera de gobiernos o instituciones regidas por por gobiernos progresistas o por el PSOE?

Llega el Papa a las Islas. su visita viene inspirada por un mensaje explícito y rotundo de humanidad con los migrantes, sustentado en lo mejor de las tradiciones y valores del Cristianismo: “un nuevo mandamiento os doy”, con raíces en el Viejo Testamento (Levítico).

Cualquiera que observe estos días las acrisoladas actitudes de relevantes personajes de la derecha (sin conocerlos), que personifican un día sí y otro también lo peor de las tradiciones conservadoras hispanas, las de la naturalidad con la que practican hipocresía y cinismo, pensaría que nunca han roto un plato sembrando y agitando la xenofobia y el racismo contra los migrantes africanos pobres y de piel oscura. Podría decir negros, pero es que no son sólo negros.

Recapitulemos: el mapa de los Estados de África -trazado con escuadra y cartabón y sin la menor relación con la antigua distribución geográfica de las culturas y pueblos originarios del continente, Mamma África, que fue cuna de La Humanidad- reproduce con líneas rectas el reparto colonial que las potencias europeas fijaron a principios del siglo XX para la explotación de sus recursos y sus seres humanos, a los que en la peor tradición occidental -especialmente anglosajona, ya saben, wasap- se les negaba la titularidad de derechos sobre sus tierras ancestrales y sus recursos naturales y hasta la propia condición de seres humanos.

El expolio de recursos y las prácticas de trabajos forzados y de masacres fue algo habitual. La civilización occidental solía tener como agentes coloniales a lo peor de cada casa. Las inversiones en infraestructuras, cuando se ejecutaron, no tenían nada que ver con las potencialidades de desarrollo de aquellos territorios colonizados, sino con el transporte hasta las metrópolis de sus riquezas minerales, agrícolas, ganaderas, madereras..

Y después del logro de la independencia, todos las presiones imaginables para dejar gobiernos “medianeros”, que diría Clavijo, y perpetuar relaciones de dependencia neocolonial. Total, países sin el grado de cohesión interna imprescindible para hacer viable un Estado. Guerras, frecuentemente atroces, entre comunidades, tribus y etnias secularmente enfrentadas, empujadas por el proceso emancipador que reproducía las líneas de reparto colonial a convivir en el mismo país “independiente”. En fin, innumerables Estados fallidos cuya autoridad ha sido de inmediato ocupada por nuevos señores feudales armados hasta los dientes por las grandes empresas que continúan explotando minerales raros y “diamantes de sangre”, o por el yihadismo más agresivo, especialmente contra las mujeres africanas, como en el inmenso y cercano Sabel.

Y ahora, para más Inri, recortes salvajes de la cooperación y las ayudas humanitarias bajo inspiración trumpiana y de los intereses que este individuo aciago representa.

Y Canarias, en la Ruta Atlántica que recorren jugándose la vida y muriendo en desgarradoras circunstancias desesperados seres humanos, “les damnés de la Terre”, niños y menores solitos incluidos, en busca de la esperanza.

¿Cómo ha venido reaccionando aquí cierta clase dirigente (ya saben) ante lo que algunos desalmados llegaron a calificar de invasión? Que yo recuerde, con vergüenza como canario: convocando desde la órbita del mismísimo ayuntamiento en la primera oleada migratoria, allá por 2006, una inmunda manifestación en Santa Cruz de Tenerife. Fue jaleada por los editoriales de El Día a bombo y corneta. Pero fracasó, afortunadamente. 

Luego fueron las proclamas desde Coalición Canaria (les ahorro señalar a los protagonistas) de que Canarias se iba a convertir en una Nueva Lesbos o en Lampedusa 2, islas mediterráneas donde las murallas despiadadas de la misma Europa que diezmó sus riquezas y sus poblaciones hasta la extenuación los concentraba en el más despiadado hacinamiento. Luego vinieron maniobras y mensajes racistas de José Manuel Soria, las actitudes de la alcaldesa de Mogán llegando a abrir expedientes sancionadores a los hoteles que alojaron temporalmente a las personas concentradas en espantosas condiciones en el muelle de Arguineguín. 

Y, pa´ no ir más lejos, los infames panfletos que repartió Coalición Canaria en La Laguna, en los que llegaban a decir que a los canarios les vendría bien unas vacaciones pagadas con dinero público. Hacían llegar esos libelos jediondos especialmente en los entornos de los acuartelamientos de Las Raíces y de Las Canteras, donde hubo que alojar a los africanos después de una década de desmantelamiento de las instalaciones por parte de Gobiernos estatales del PP apoyados parlamentariamente, cómo no, por los de “el modo canario” de hacer las cosas. Y, más de último, la negativa y el boicot de los gobernantes autonómicos del PP y, cada vez más, de PP/Vox, es decir de los aliados genealógicos de nuestros “nacionalistas”, a la distribución solidaria de los menores no acompañados. 

Ese rechazo a los migrantes, y lo saben, les sirve políticamente como reclamo hacia quienes -como decía E. Hobsbawn en La Era del Imperio- les puede servir el nacionalismo y la xenofobia “como vehículo perfecto para expresar los resentimientos colectivos” ya que “no pueden explicar con precisión su descontento” por las desigualdades, la pobreza y el desamparo que sufren en sus propios países desarrollados, descargándolo “sobre los malhadados extranjeros”. Siempre, eso sí, que sean pobres y de tez oscura.

Pero ahora se postrarán en hinojos ante el Pontífice, con retransmisión a los cuatro vientos por la fanfarria mediática del régimen aticoalicionero, que ha llegado a la bravuconada de boicotear desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Clavijo la huelga de los trabajadores de los servicios informativos de la RTVC, en respuesta frente las salvajadas que vienen perpetrando en los medios públicos que pagamos todos los canarios.

La Declaración de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, dada a conocer este jueves, puede ser -supongo- comentada. E incluso, criticada.

Contiene, a primera vista, alguna contradicción llamativa entre el primer y el último párrafo. No es lo mismo que, por parte de los integrantes de otros poderes del Estado o por simples ciudadanos como el que esto escribe, se cuestionen “concretas actuaciones judiciales” que atribuirle genéricamente “a la función jurisdiccional, fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho...”, con la que concluye la declaración.

Porque, aunque la Comisión Permanente mezcle el cuestionamiento de actuaciones judiciales concretas con una especie de crítica a la función jurisdiccional en su conjunto, nadie está poniendo en tela de juicio la imprescindible labor de miles de jueces y juezas que, sean cuales sean sus afinidades ideológicas o políticas, cumplen a diario con las garantías y principios constitucionales.

Estamos viviendo en la sociedad democrática española una situación inimaginable hasta hace pocos años: por ejemplo, cuando gobernaba el PP. Es pública y notoria la beligerancia antigubernamental de algunos jueces y juezas y, al mismo tiempo, su extraordinaria magnanimidad cuando se trata de investigar y de juzgar a altos responsables del Partido Popular. 

Algunos de esos magistrados ocupan puestos de mucho relieve en juzgados y tribunales, de los que son inamovibles en garantía de su independencia, para los que fueron designados discrecionalmente por el Consejo General del Poder Judicial, cuyas mayorías conservadoras se han perpetuado largos años, y en diversas etapas (cada vez que el PP pierde la mayoría parlamentaria), incumpliendo los plazos legalmente establecidos en la Constitución y en su Ley Orgánica.

El PP lo ha llevado a cabo mediante un fraude constitucional grosero: convertir la mayoría parlamentaria cualificada (⅗ del Congreso o del Senado), establecida constitucionalmente para fomentar amplio pluralismo en los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en un derecho de veto en manos del PP cuando está en la oposición, bloqueando así una y otra vez la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

Durante esos grandes períodos de bloqueo, las mayorías conservadoras, configuradas como expresión de mayorías parlamentarias de la derecha, seguían efectuando nombramientos de jueces como si tal cosa, frente a un principio que forma parte de la cultura jurídica común de los países democráticos y sustentados en el Estado de Derecho, que es el de que los órganos con el mandato de todos sus integrantes o de quienes contribuyen a formar las mayorías ya caducado deben limitarse a mantener las constantes vitales de las Instituciones. Y no continuar ejerciendo la plenitud de sus competencias. Durante el último bloqueo del PP, el Consejo General del Poder Judicial “en funciones” llegó a efectuar 63 nombramientos discrecionales relevantes, 20 de ellos para el Tribunal Supremo. Hasta que por Ley se prohibió expresamente esa práctica abusiva.

A partir de este escenario, hemos visto cómo se desenvuelven durante la investigación judicial algunos jueces: estricto respeto a las garantías de defensa en unos casos; o “acotamientos” de la investigación (Kitchen, M.Rajoy, Cospedal... sin ir más allá) o dejadez a la hora de impulsar la investigación y dirigir la actuación de los órganos de la Policía Judicial que están a sus órdenes. 

En otros casos, una avidez instructora, inquisitorial y prospectiva sólo comparable con el desdén ante cualquier contra indicio, por relevante que sea, favorable a las personas investigadas; e incluso poniendo trabas a las iniciativas de la defensa en ejercicio de su derecho a proponer la práctica de diligencias, que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Los casos contra el Fiscal General del Estado y contra Begoña Gómez son simplemente de libro.

Y no digamos a la hora de dictar sentencia: máxima exigencia de prueba para destruir la presunción de inocencia en unos casos y sentencias condenatorias basadas en “inferencias” (dígase “suposiciones”) en otros. Respeto a la propia jurisprudencia consolidada, dependiendo de quiénes o de qué casos; y en otros interpretaciones creativas de conceptos establecidos por la legalidad penal y por la propia jurisprudencia, en el caso de la Sala II del Tribunal Supremo, al condenar al Fiscal General por hechos que pudiera haber realizado alguien “de su entorno” ampliando el concepto de autoría más allá de las garantías en el campo jurídico penal. O revisando pronunciamientos de sus propias sentencias, como cuando calificaron de golpe de Estado el Procés, a pesar de que a sus responsables no los habían condenado por rebelión, sino por sedición, que era, hasta su reciente derogación, un delito contra el Orden Público; y no contra la Constitución. O la novedosa ampliación del concepto de malversación. Y todo para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes Generales en ejercicio de sus funciones constitucionales.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, podría tener un poco más de respeto por la inteligencia de la ciudadanía y difuminar algo su corporativismo y su querencia conservadora.

Y dejar de efectuar grandes proclamaciones sobre la independencia y la responsabilidad de los jueces -que nadie discute- y subrayar, al menos por una vez, que esa independencia judicial se sustenta en el pleno sometimiento a la Constitución y a las normas jurídicas que deben ser interpretadas y aplicadas siempre respetando el derecho fundamental a la igualdad ante la ley (con el que se abre la Declaración de Derechos de la Constitución Española, artículo 14) y el principio de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, garantizado por la propia Constitución (artículo 9.3). Igualdad ante la ley y prohibición de la arbitrariedad en el ejercicio del “terrible” poder de juzgar.

Llevamos casi tres años de acoso a un Gobierno legítimo, con la Constitución en la mano. Aunque, en realidad, desde que el conservadurismo español se repuso de la pérdida de la Dictadura (podríamos señalar 1994, la fecha del encumbramiento de Aznar como heredero de Fraga Iribarne), ningún Gobierno progresista es legítimo. Porque España es de ellos, del conservadurismo empresarial -luego mediático,que diría I.Escolar-, judicial, eclesiástico, social… De forma que todo vale para derrocarlo.

He visto de todo. Por ejemplo, cómo el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en puro fraude constitucional, para ir copando mediante nombramientos discrecionales las mayorías y las presidencias de los más altos órganos judiciales. Y, a partir de ahí, instrucciones sin límites (o acotadas, a según de quién se trate), sentencias, manejo de los plazos y calendarios judiciales verdaderamente obscenos.

El prestigioso catedrático de derecho Penal Quintero Olivares subrayaba cómo para imponer la condena de los EREs manejaron la inferencia argumental, que “es todo lo contrario a la presencia de una prueba”, para concluir que “el presidente autonómico y sus consejeros y viceconsejeros, por razón de su cargo, tenían que saber que algo anormal estaba sucediendo”. 

Por el contrario, y manejando estrictamente las garantías jurídico penales, se declaró que no se había acreditado que Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid y líder del PP, tuviera conocimiento de la maraña de corrupción que supuraba su Gobierno y su partido.

Las interpretaciones creativas del concepto de malversación para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía o la degradación del concepto de autoría para condenar al Fiscal General por hechos que pudiera haber realizado alguien “de su entorno”, al margen de las causas de justificación relacionadas con el deber legal de defender la imagen de la Fiscalía frente a los bulos de Ayuso y su plenipotenciario jefe de gabinete, son simplemente escandalosas. 

A mí, particularmente, me tiene asombrada la deriva de la Fiscalía Anticorrupción bajo la égida de Luzón y Romeral. Lo digo por conocimiento directo, a propósito del caso Reparos; pero, entre otros hitos, por su oposición al vaciamiento del correo B de Cristóbal Montoro, en la investigación de los manejos de Equipo Económico para amañar el contenido de normas tributarias a la conveniencia de determinadas grandes empresas, previo paso por caja. Y, para colmo, sancionaron a la fiscala que lleva el caso, convencida de que la función de la fiscalía es investigar.

Podía seguir casi hasta el infinito; pero no quiero privarme de mencionar cómo ZZ es inequívocamente Zapatero; pero no está del todo claro para personajes como Hurtado, García-Castellón o cualquiera de esa caterva ultraconservadora que el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, sí, el de los sobresueldos de procedencia ilícita fuera Mariano Rajoy… En fin…

Pero dicho esto, me gustaría exponer alguna reflexiones:

He desempeñado durante más de treinta años funciones de oposición, en primera línea y con perseverancia, al sistema que se configuró en Tenerife y luego en Canarias desde 1987. Incluso después de que la candidatura del PSOE que lideré resultara la más votada al Ayuntamiento de La Laguna en las elecciones ya remotas de 1999. La verdad es que no se me ocurrió decir que no fui alcalde porque no quise.

Con la perspectiva del tiempo, creo que las Islas, mi Isla, han sido como un laboratorio exitoso de lo que la derecha española lleva intentando a la desesperada en toda España: aquí, bajo la marca ATI, los sectores más influyentes de la derecha empresarial recuperaron -en el tiempo récord de acortarlo a una sóla legislatura de gobierno socialista en el Cabildo-, simplemente reavivando hasta el paroxismo el pleito insular y la hostilidad anti canariona, el poder institucional y volviendo a concentrar en sus manos todo el poder: el político y el económico. Sumando el control de gran parte de los medios informativos, la muralla, eso que yo he venido llamando “el Régimen”, ha venido siendo prácticamente infranqueable en casi 40 años.

Como eso es lo que se está fraguando ante toda España, habiendo sido las Islas “adelantadas”, quienes desempeñen o hayan desempeñado cargos institucionales u orgánicos en representación del PSOE o de otras organizaciones de izquierdas, han de tener muy presente que no pueden actuar en contra de los valores que proclaman defender ni en contra de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Ni siquiera en apariencia. Porque es tanta la potencia de fuego mediática al servicio de los intereses conservadores que pueden convertir -como tantas veces me habrán oído decir mis compañeros- “una pistola de agua en un lanzagranadas”.

Y lo que buscan es desmoralizar a los votantes socialistas y de izquierdas. Allá en la Península y “aquí acá”, como se dice en algunos lugares de La Palma.

El PP y ATI-CC saben que ya les resulta imposible acaparar todo el espacio social y electoral que va desde el centro a la derecha ultra conservadora, que es lo que les permitió sus más rutilantes resultados electorales en el pasado reciente, porque esos sectores ultras ya tienen marca propia. Por eso, buena parte de su estrategia pretende la desmoralización del potencial votante socialista. 

Nunca me olvido de cómo M. Rajoy sacó en 2011 mayoría absoluta con los mismos votos con los que perdió las elecciones de 2008 frente a Zapatero. Por el camino, el PSOE perdió casi 4 millones de votos que se sumaron sobre todo a la abstención. Primero presionaron hasta lo indecible desde el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, la Troika, para imponer al Gobierno de ZP la recetas socialmente regresivas frente a la crisis financiera, apoyándose en los grandes desequilibrios financieros que afectaban entonces a la economía española.Y, después, sacaron petróleo del desconcierto que aquel cambio de rumbo produjo entre los votantes progresistas.

Por todas esas cosas, y por muchas más, las propias convicciones y valores y la comprensión del escenario real, interno e internacional, que enmarca la política española y canaria exigen coherencia a los representantes y dirigentes progresistas. Tanto en su actuación diaria como en las reacciones frente a quienes tengan comportamientos incompatibles con lo que los votantes progresistas y la ciudadanía en general esperan de la izquierda.

Y, además, cuando un comportamiento presenta indicios delictivos que puedan sustentar una investigación judicial está proporcionando la gran excusa: ¡lo ven!, para difuminar los escandalosos caso de acoso judicial y de investigaciones inquisitoriales y prospectivas que, esas sí y escandalosamente, están obedeciendo la arenga de que “el que pueda hacer que haga”, pronunciado desde su púlpito por el que tiene en su mochila (y no digo en su conciencia, para que tengo dudas de que la tenga) el haber embarcado a España en la guerra de Irak, un “acto ilegal”…exponiendo “a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes”, como reza el artículo 590 de Código Penal (Título XXIII, De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado…). Y luego vino la catástrofe de Atocha. Y ahí sigue impune y sermoneando, tan campante.

Entre “que los desembarquen en Cabo Verde” y “al Gobierno de España le importa un pepino Canarias”, Clavijo y Rosa Dávila se han despachado a gusto.

Y, como era previsible, los esbirros de Coalición Canaria en los medios informativos y alguna voz jurídica, dispuesta a defender al presidente de Canarias, siguen y seguirán haciendo su trabajo. De justificar lo que a algunos canarios nos ha indignado y avergonzado.

Canarias es España y es Unión Europea. Y Cabo Verde, no. Y la lealtad institucional empieza por esta premisa. Ni siquiera voy a hablar de la nacionalidad de los pasajeros, mayoritariamente española y europea, ni a hacer comparación entre los sistemas sanitarios de ambos archipiélagos macaronésicos.

La “pertenencia” de Canarias a la UE es una realidad de extraordinaria importancia para nuestro Archipiélago. Y no se puede pretender ser Europa para las maduras y no para las verdes. Porque, como decía el inolvidable Pedro Molina Ramos, “los europeos son rubios, pero no son tontos”. 

Algunos canarios, con permiso de los que pretenden apropiarse en exclusiva de Canarias y de lo canario -es el tic del autoritarismo de siempre-, creemos que la actitud de las Islas y de sus autoridades debe alejarse del patético victimismo, que son incapaces de no practicar cada vez que creen que les conviene, y debe ser digna: exigente y cumplidora. En suma, confiable. Digna, confiable y, por tanto, alejada de la peor versión del cambullonerismo a la que Clavijo and company son irremediablemente adictos.

La lealtad institucional no es un latiguillo que uno pueda usar así, en abstracto, para salir del paso. La valoración jurídica de cualquier episodio o acontecimiento no puede consistir en alegar principios abstractos. Requiere un análisis del caso concreto, de los actos de las personas -en este caso autoridades- y del entorno. Es decir, de las circunstancias.

Para empezar, en nuestro sistema de gobierno territorial, el Estado autonómico, o en el de cualquier federalismo contemporáneo, no hay compartimentos competenciales completamente estancos. Pero la responsabilidad de tomar decisiones corresponde, en relación al asunto que nos ocupa, a quien tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, es decir al Estado. Y tomarlas no frente a una situación remota, sino frente a una emergencia sanitaria de alcance internacional, “en la que existe un interés prevalente en la protección de la vida y de la salud de las personas que se encuentran en el barco”, como declaró la Audiencia Nacional. Y la competencia es un poder de actuación, sustentado por el Derecho, que no solo implica la facultad de actuar, sino el deber legal de actuar. Y la responsabilidad derivada del no ejercicio de las competencias propias. Y la lealtad institucional de los demás poderes territoriales empieza por respetar y no intentar boicotear las competencias que corresponden “en exclusiva” a otros poderes territoriales, al Estado en este caso. Ni tratar de impedir el cumplimiento por parte de España de sus obligaciones con la Organización Mundial de la Salud de la que es Estado miembro. Y son las Instituciones estatales las que detentan la competencia “exclusiva” en materia de Relaciones Internacionales (149.1.3ª de la Constitución).

Clavijo nos representa a los canarios en la misma medida a la que alcanzan las competencias de la Comunidad Autónoma. No es una representatividad urbi et orbi. Ni más ni menos. Y el Gobierno de España también nos representa a los canarios en el ejercicio de las competencias estatales. Claro que a quienes niegan que España sea una comunidad política, la que se constituye en Estado social y democrático de Derecho (proclama la Constitución, nada más abrirla), esto debe sonarles a swajili. España existe como país, como comunidad humana, y no es simplemente un mero artefacto de dominación,“el Estado”. 

Por mí, que sigan pensando como quieran. Pero que pretendan sin más dar por establecidas esas “creencias” y que los demás canarios las acatemos “por sus bemoles”, de eso nada.

Y Canarias forma parte de esa comunidad política, que es y se llama España. Digo “forma parte”, como las demás comunidades territoriales, y no “pertenece” a España. Singular, alejada, ultraperiféricos, atlántica… pero tal vez por primera vez en su historia, no es una pertenencia con muchos rasgos coloniales; sino que forma parte de la España constitucional, de un país plural que articula la convivencia democrática entre sus territorios y sus habitantes sobre una fórmula federalista: unitaria, plural y solidaria.

Y a algunos canarios ni Clavijo, ni los sectores e intereses a los que representa; ni ningún exponente del centralismo o del españolismo autoritario (me refiero al PP o a Vox, socios de Coalición Canaria en el gobierno autónomo y en algunos municipios) nos va a imponer cuáles deben ser nuestras lealtades: como canarios, como españoles, como europeos, como ciudadanos de este mundo cada vez más despiadado con los pueblos y las personas sumidos en la pobreza. Y también la lealtad a los propios valores y convicciones, a la ideología. Porque cada uno tenemos el derecho inalienable de administrar las propias lealtades.

Decía Eric Hobsbawn en La Era del Imperio 1875-1914, que “la Nación era una nueva religión cívica de los Estados… un nexo que unía a todos los ciudadanos con el Estado… y una forma de contrapeso frente a todos aquellos que apelaban a otras lealtades por encima de la lealtad al Estado… sobre todo a la (lealtad) a la clase (social)”. 

Esta es una clave esencial de todo nacionalismo, también el nacionalismo pintoresco de Coalición Canaria. Apelan a la diosa Canarias, de la que sólo ellos son el colegio sacerdotal, para zafarse de sus propias responsabilidades y, especialmente, para camuflar los intereses de los influyentes sectores sociales a los que representan, cada vez más fácilmente identificables simplemente con observar qué hacen al frente de las Instituciones. Y, sobre todo, qué no hacen. Me puede explicar alguien, por ejemplo, por qué han tardado años y años en desarrollar verdaderos hospitales públicos en el Sur y en el Norte de Tenerife. En fin, podría poner ejemplos legislativos, presupuestarios, portuarios, infraestructurales, medioambientales…, que están en la mente de todos.

Posdata.- Para ponerles un ejemplo del “colonialismo” que sufrimos. La Monarquía de los Austrias y de los Borbones exigió y endureció la aplicación de la alcabala a sus dominios americanos. Como impuesto sobre las ventas era de lo más parecido al IVA de estos tiempos. IVA que en Canarias no se aplica, porque aquí existe el IGIC, cuya recaudación se destina íntegramente a las instituciones canarias. Y, al tiempo, los municipios canarios participan en pie de igualdad (al 100%) con los municipios peninsulares en el porcentaje de participación en los ingresos del Estado, que se nutren fundamentalmente de la recaudación de los impuestos de la sobre la renta y del IVA. Y eso por no hablar de lo que supone la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en la recaudación del Impuesto de Sociedades. Curioso colonialismo. Ya “tá” bueno de tanta demagogia y de tanta impostura.

Nunca imaginé que en su presentación en sociedad, nada menos que ante la opinión pública internacional, ATI-Coalición Canaria iba a dar su versión más grotesca. Pero así ha sido para vergüenza de tantas buenas gentes de estas Islas.

No voy a detenerme en la riada infinita de memes, merecidos no: lo siguiente, en la que se ha desatado la imaginación hispana.

Clavijo y sus mariachis se han llegado a creer completamente inmunes, judicial y mediáticamente hablando. Y ya se sabe que la sensación de impunidad es mala consejera.

Sin embargo, más allá del descrédito que puedan sufrir y que, supongo porque les conozco, pensaran en lograr poderlo hacer olvidar antes de las elecciones, con ayuda de su división acorazada propagandística, me pregunto ¿tendrá algún tipo de relevancia jurídica la decisión de no autorizar el fondeo del MV Hondius y el desembarco y traslado de los pasajeros? Porque vivimos en un Estado de Derecho en el que todos los poderes públicos están sometidos a la Constitución (artículo 9.1). También el Poder Judicial, si me perdona el inmarcesible juez Marchena.

Y lo que ha hecho Clavijo (sí, el mismo que propugnaba que Canarias se convirtiera en un Estado Libre Asociado, como Puerto Rico, sin saber de qué estaba hablando) es sencillamente colocarse Él por encima de la Constitución como si tal cosa.

La Constitución estableció los principios y señaló el camino, las herramientas legales y los límites para emprender una profunda transformación de la organización territorial del Estado, de forma que hoy reúne las características que identifican al federalismo contemporáneo: las esenciales, como son la existencia de unas entidades territoriales que ejercen una parte considerable del poder legislativo, aprobando normas con fuerza de Ley, a partir de una distribución de competencias efectuada por la Constitución y los Estatutos de Autonomía que no puede ser alterada unilateralmente por el Poder Legislativo del Estado. Y del Tribunal Constitucional que, sin estar integrado en el Poder Judicial, tiene encomendada la función trascendental de garantizar la supremacía de la Constitución, interpretando y aplicándola con arreglo a criterios jurídicos. Y, en consecuencia, resolviendo todos los conflictos relacionados con la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Todo esto lo cuento, perdónenme, después de haber oído a Rosa Dávila hablar de “colonialismo”. Qué nivel.

La Audiencia Nacional rechazó hace varios días la paralización del desembarco solicitada por una Iustitia Europa, de ideología ultraderechista. En su resolución subrayaron los magistrados que la actuación del Gobierno de España, “orientada a la colaboración internacional” se iba a ejecutar en una situación de “urgencia sanitaria” y que, “en consecuencia, existe un interés prevalente en la protección de la vida y de las personas que se encuentran en del buque”.

El Gobierno de España tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de Sanidad Exterior (149.1.16ª) por la Constitución.

El Reino de España es parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en consecuencia, está obligado (artículos 93 y 96.1 de la Constitución) por las normas de su Tratado y por el Reglamento Sanitario Internacional, que atribuye a la OMS, en circunstancias de Emergencia de Salud Pública Internacional la coordinación de la respuesta y la de dirigir la propuesta de acogida al Estado que reúna las mejores condiciones técnicas y operativas, que queda obligado a colaborar en virtud de los principios de cooperación internacional y solidaridad sanitaria (artículos 13 y 44).

El Gobierno de España, por tanto, ni llevó a cabo ninguna imposición, ni ninguna violación de “nuestra autonomía”. La ocurrencia del portavoz de Clavijo de que ha sido como un artículo 155 de la Constitución encubierto es para tomársela a broma, si no estuviéramos hablando de algo muy serio.

La Comunidad Autónoma de Canarias no tiene competencias en materia de sanidad exterior, ni tampoco en la gestión de puertos de interés general, integrados en la red portuaria que gestiona un organismo autónomo, Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes.

Sí todo esto es así, ¿qué competencias y autoridad legal tiene Clavijo para decidir no autorizar el fondeo del buque muy pocas horas antes de su llegada, ni para transmitirle su decisión a la Autoridad Portuaria de Tenerife, para impedir la ejecución del operativo fijado por las autoridades internacionales y estatales competentes? Ninguna.

Ni tampoco para tomar esa decisión por su propia mano, es decir por la “vía de hecho”, sin tramitar ningún procedimiento ni disponer -por lo que ha reconocido su portavoz, Alfonso Cabello- de informe jurídico alguno.

La actuación de Clavijo ha sido absolutamente ilegal por no disponer de competencia alguna para tomarla y por haber tomado esa decisión prescindiendo absolutamente de cualquier procedimiento legal establecido. Y, según la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 47.1.a) y e), nula de pleno Derecho.

Fue la oposición de Clavijo y su decisión de “no autorizar” la que colocó al Gobierno de España en la necesidad de dictar, a la 01.12 horas, en la madrugada en la que iba a arribar el buque, la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, en legítimo ejercicio de sus competencias, imponiendo el fondeo o atraque el barco en el Puerto de Granadilla.

La situación de urgencia sanitaria internacional, en la que Clavijo ha intentado impedir la realización del operativo para el desembarco y el traslado de los pasajeros definido por las autoridades competentes, le dan a la conducta del presidente del Gobierno de Canarias una trascendencia jurídica y unos factores de agravamiento que, en opinión de este jurista de pueblo (si me lo permiten Marchena, Luzón y Choclán), van mucho más allá de la nulidad de pleno Derecho desde el punto de vista del Derecho Administrativo, y tienen alcance jurídico penal.

Posdata.- Si alguien me pidiera que definiera la esencia del colonialismo le respondería que la dominación colonial consiste, primordialmente, en la derogación en los territorios colonizados y en el trato a sus poblaciones originarias de todos los principios y derechos que solemnemente se proclaman en las metrópolis: especialmente la vida, la libertad y la propiedad de sus riquezas naturales, sometiéndolos a prácticas genocidas, esclavistas y al saqueo de sus recursos.

Y, en nuestro tiempo, destruyendo o secuestrando principios y derechos propios de la democracia. Por eso me indigna tanto que la Cadena Ser, referencia de toda esta etapa democrática de vida española, esté literalmente secuestrada aquí, en Canarias, por los que encima se permiten hablar de colonialismo y sus esbirros. Lo de estos días ha sido de traca: como si fueran dos cadenas informativas, la Ser Nacional y la Ser de Canarias completamente distintas. La primera, con principios deontológicos perfectamente identificables y aplicados por sus servicios informativos. Y la Ser Canarias, ya lo han visto. Suma y sigue.

Todo ha ido a más y más.

Se pasaron día tras día calificando los graves acontecimientos del Procés de “golpe de estado”. Y lo que estamos presenciando ¿qué es?

Todo esto empezó hace tiempo: desde que la derecha de verdad, la del poder económico, se recompuso para actuar en las instituciones con el PP de Aznar (“váyase señor González”, cosas veredes Sancho) después de la desaparición de Franco y el “advenimiento” de la democracia. Desde entonces hasta hoy todo ha ido a peor la mejoría. Ya no aceptan ningún Gobierno que no responda a sus intereses.

De modo que el Gobierno constitucionalmente legítimo es un Gobierno/okupa contra el que todo vale, a menos que sea un gobierno PP con sus correspondientes socios parlamentarios. Que si son fascistas o diabólicos indepes da lo mismo: se proclama la prioridad criminal contra las personas migrantes, o se habla catalán en la intimidad y se inicia la cesión del IRPF o lo que haga falta… Ya se sabe: España siempre es y sólo es lo que les conviene.

Confieso que me aterra todo el partenariado de esta estrategia.

En el Poder judicial, después de largos años secuestrando el Consejo General en claro fraude constitucional, ya tienen el juez idóneo en los tribunales y procedimientos oportunos: García-Castellón, Hurtado, Peinado…y el que, dicen por ahí, que controla todo desde atrás. Lo de estos días ha sido de traca: la jueza Teresa Palacios de cancerbera estricta de cualquier pregunta que pudiera tocar a M. Rajoy, a Cospedal y a la cúpula del PP (y del Gobierno) en el caso Kitchen reafirmando o las “líneas rojas” de la instrucción, por llamarla de algún modo, de García-Castellón. Todo para preservar a quienes autorizaron la utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para destruir las pruebas de la corrupción del PP que enarbolaba Bárcenas. Y para perjudicar a Podemos, a los independentistas y demás adversarios políticos. O dicho de otra forma: a cualesquiera potenciales aliados parlamentarios del PSOE.

No hay herramienta contra el Gobierno que no utilicen: todo lo que conlleve margen de discrecionalidad judicial y, por tanto, de difícil revocación en vía de recurso lo emplean a fondo. 

Veamos:

Valoración de testigos. A mí me ha impactado cómo Marchena condenó a Alberto Rodríguez sobre la declaración de un único testigo, que era el propio policía denunciante, y cómo han desechado en la investigación y juicio del ex fiscal general todos los testimonios que diluían la revelación de un secreto que tantos conocían de antemano.

Prisión o libertad provisional: Ábalos al trullo y Montoro tan campante, como si hubiera menos riesgo de que se fugue el ministro-fundador de Equipo Económico, el despacho que cobraba por amoldar el contenido de normas tributarias a los intereses de determinadas empresas.

Manejo de los tiempos procesales… todo, lo que se dice todo, en plena ofensiva contra un Gobierno progresista. Como diría mi padre, con lo largo que es el año (o los años desde que se inició la investigación de Kitchen) para ajustar el calendario y que coincidan en los mismos días, semanas y mes el juicio oral de Kitchen y el caso Ábalos. Y eso por no mencionar la “programación” de resoluciones contrarias a la izquierda antes de las elecciones. Y si son contrarias a la derecha, “pa´dispués”. Y “a la viceversa”: si favorecen a la izquierda, después. Si a la derecha, antes. De las elecciones, claro.

A mí me tiene particularmente asombrado en lo que han ido convirtiendo la Fiscalía Anticorrupción, al mando de Luzón, Romeral y Cía. La sanción a la fiscala que ha venido actuando en el caso Montoro porque intentó que se vaciara judicialmente el correo a.romero@minhap.es, el correo B de Cristóbal Montoro. La excarcelación del omnipresente Aldama por “colaborar” con la justicia en un caso diferente al que había determinado su prisión provisional. Por decisión de Luzón y del fiscal del caso, Luis Pastor, que desempeñó diversos cargos en sucesivos gobiernos del PP. Y todo sin consultar siquiera al Fiscal General del Estado… Ahora ya sabemos para qué Anticorrupción le soltó las riendas, perdón, retiró la solicitud de prisión provisional, que determinó el juez instructor se viera obligado a excarcelar a Aldama, hoy rutilante estrella judicial, con la benevolencia del presidente del tribunal, Martínez Arrieta, y televisiva. 

Y qué me dicen de la UCO, a las órdenes de Balas. Celeridad vertiginosa y exhaustividad investigadora “a sigún” qué asuntos. Indolencia y arrastradera de piernas en otros. ¿Se imaginan en qué casos circulan en primera y en cuáles en quinta? ¿O hace falta que les haga una relación?

No hay ningún mecanismo ni garantía del Estado de Derecho que resista una quiebra del pluralismo informativo, como la que estamos viviendo, en la que existe un oligopolio en manos de influyentes (e insaciables) poderes económicos y al servicio de sus gorgoritos políticos. Ni tampoco la degradación de los principios de independencia judicial y de su único sometimiento al imperio de la Ley (117.1 de la Constitución), que tan paciente como alevosamente han ido preparando durante años mediante la política de nombramientos y ascensos “discrecionales” por parte de un Consejo General del Poder Judicial secuestrado de hecho por el conservadurismo hispano. Que no es cualquier conservadurismo. Y a la Historia de esta España nuestra me remito.

Y si encima las actividades de auxilio judicial a cargo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también cojean del pié derecho, pobre democracia. Pobre España. Menos mal que existen policías dignos, y espero que muchos más, como el inspector-jefe Morocho.

Aunque tengamos todos los días la angustia de contemplar a la Humanidad retrocediendo hacia la barbarie, siempre quedan resquicios de esperanza. Y proclamar, como dicen que cantaban los coros angélicos: “Pax in terris hominibus (et mulieribus) bonae voluntatis”

Es una época saturada de plagas bíblicas, un tiempo tétrico, la del arranque del Siglo XXI d.C.

Con un bufón sanguinario y desquiciado en la Casa Blanca, que nos obliga a pensar en qué influyentes poderes y qué déficits en la democracia pueden haberle llevado electoralmente ¡por segunda vez! a la presidencia norteamericana.

Los mismos EEUU, los mismitos, que han promovido, tolerado o sustentado las más sangrientas dictaduras, y que apadrinan el exterminio del pueblo palestino, pretendiendo enarbolar la defensa de la libertad como coartada para sus ataques contra Irán -donde, claro que sí, existe un régimen político sanguinario- cuando está siniestramente comprobado que lo que buscan es apropiarse de sus recursos petrolíferos y ponerle chinitas en el camino a la potencia emergente (y perdón por lo de chinitas).

El mismito Trump que ordena asesinatos en las aguas latinoamericanas con pretextos como el de “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”, de hace tres días nomás.

Cuando la derecha española (no me refiero al PP, meros guiñoles en el teatro el ruedo ibérico), la derecha de verdad, la que disfruta de poder económico y de un control asfixiante de medios informativos, canales bulescos y circuitos propagandísticos, y vuelve a despreciar cualquier democracia en la que no controlen, y pongan a su servicio, las Instituciones.

¡O tempora! éstos en los que tenemos que presenciar en directo cómo Rajoy y Cospedal se vienen librando impunemente de sentarse en el banquillo en el caso Kitchen, por las maniobras de García-Castellón (al que había que traer de inmediato de su destino dorado y “mandar a tomar-por-culo” a Onteniente a quien le sustituía en su juzgado) dispuesto a interrumpir la investigación en el momento oportuno, y cómo otro juez practica puras pesquisas inquisitoriales para incriminar sea como sea a Begoña Gómez haciendo caso omiso de todo lo que desvirtúe sus propósitos, en el peor estilo del coleguita que se encargó del fiscal general. Si alguien cree que lo hacen por su cuenta y sin ningún paraguas en los altos estratos de la judicatura, está más despistado que un pulpo en un garaje.

Cuando el PP acuerda sendas desvestiduras en Extremadura y Aragón (y las que te rondaré) asumiendo el odio a los migrantes y las consignas racistas y xenófobas del nuevo fascismo. Perdónenme pero no he podido evitar estos días que me ronden la cabeza aquellas letras “…ay de mí, pena mortal, por qué me alejo España de ti, por qué me arrancan de mi rosal…” “...tengo una copla morena hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós… Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací..”, de nuestros emigrantes y exiliados.

Lo único que les falta después de firmar con la ultraderecha eso de la “prioridad nacional” es ponerse a rezar en actitud beatífica para acabar de parodiar del todo al coleguita de Epstein. Que dice no saber nada de su pedofilia, como tampoco Feijóo sabía nada del narcotráfico de Marcial Dorado.

La misma época en la que uno tiene que soportar la presencia de Felipe González compartiendo mesa y mantel con Feijóo, Vox y Corina Machado.

Pero es también el tiempo en el que el Papa Prevost, con su inglés materno chicoagan, le planta cara, en nombre de los mejores valores humanitarios y cristianos. Y el obispo canariense da la cara en defensa de quienes se ven obligados a migrar por la ruta atlántica más mortífera, la de Canarias, proclamando que “si se quiere ser cristianos y se quiere ser humano, hay que atenderlos y cuidarlos”.

También el tiempo en que un Gobierno español lidera ante la opinión pública internacional las mejores causas, la de la defensa del Derecho Internacional, la del respeto a los derechos humanos, la de la regularización de los migrantes a los que algunos querrían seguir tratando como mano de obra sin derechos, como esclavos que llegan por sus propios medios sin necesidad de traerlos encadenados en las bodegas…

También el tiempo en el que miles de personas de todos los países se involucran solidariamente con los pueblos que sufren agresiones militares despiadadas, en escenarios que están bajo los focos de la prensa internacional o en guerras, limpiezas étnicas, religiosas o de cualquier otro tipo en países y regiones olvidadas.

Por eso, aunque tengamos todos los días la angustia de contemplar a la Humanidad retrocediendo hacia la barbarie, siempre quedan resquicios de esperanza. Y proclamar, como dicen que cantaban los coros angélicos: “Pax in terris hominibus (et mulieribus) bonae voluntatis”.

Algo ha fallado clamorosamente en la democracia norteamericana (llena de déficits como todas las democracias, aún así el sistema menos malo de los posibles) para que estemos viviendo este panorama aterrador

Como si fuera una terrible pesadilla para los que lo observamos desde lejos; pero una aterradora realidad para las personas que sufren diariamente estas actuaciones criminales en sus propias carnes, Trump, su camarilla, los oligarcas multimillonarios a los que representa -y sus lacayos como Abascal, Feijóo y Ayuso y un etcétera que llega hasta estas Islas- nos lo pretenden contar con tintes épicos.

La de “llevar a Irán a la Edad de Piedra de donde proceden” es el termómetro terrorífico de en manos de quién está el mundo: un tipo que desconoce que cuando Europa era una península de Asia sumida en la barbarie, en la cuenca del Nilo, en la Mesopotamia, alrededor del Indo y en el Lejano Oriente florecían civilizaciones milenarias. Y que, a pesar de las esperpénticas plegarias en el Despacho Oval, también ignora la creencia en la existencia del alma y su inmortalidad proviene de la religión mazdeísta de la antigua Persia. 

Como si de un nuevo Far-(W)Est se tratara, un nueva serie de la epopeya de La Conquista del Oeste, es decir del genocidio de las naciones y tribus indígenas de Norteamérica con la que inundaron nuestra infancia los westerns de su industria cinematográfica.

Gaza, Irán, Líbano… y un suma y sigue de crímenes de lesa Humanidad, mal disfrazados con consignas en defensa de la democracia frente a regímenes dictatoriales o de acabar con la existencia de grupos terroristas, pero cuyos objetivos reales de apropiación de recursos estratégicos de Irán (como lo está siendo de Venezuela) o como excusa para el expansionismo supremacista israelí son completamente evidentes. Y ya ni se preocupan demasiado por ocultarlos.

Ya se sabe demasiado que lo de las dictaduras y la democracia en la política exterior de EEUU depende de si le hacen o no el rendez vous a los intereses estratégicos y a la voracidad de sus multinacionales o no. No paran en mientes para promover la instauración de regímenes atroces o proteger a los ya existentes si se doblegan a sus intereses. Como si las dictaduras, se pinten de negro, de rojo (o de azul) no fueran igual de abominables, sean cuales fueran sus proclamas fundacionales: fábricas de represión de las libertades, de corrupción, de impunidad y de mediocridad.

Pero a todo esto cada día me pregunto cómo el viejo Gran Old Party, el Partido Republicano, el que fue fundado en 1854 por un grupo de activistas antiesclavistas, el partido de Abraham Lincoln, el que lideró la abolición de la esclavitud, ha podido acabar secuestrado por un demente y criminal y por los poderosos lobbys que lo manejan. Y cómo un individuo que alentó una rebelión contra las elecciones que perdió frente a la candidatura de Joseph Biden ha podido volver a ganar unas elecciones presidenciales.

Algo ha fallado clamorosamente en la democracia norteamericana (llena de déficits como todas las democracias, aún así el sistema menos malo de los posibles) para que estemos viviendo este panorama aterrador. También en el plano interno de los EEUU, con toda la violencia desatada por el ICE, los visibles designios del Poder Ejecutivo de acabar con la separación de poderes, especialmente con la independencia del Poder Judicial, de instaurar la censura informativa y, en definitiva, de subvertir los principios fundamentales de la Constitución Norteamericana.

En mi opinión, allá (y ya casi “aquí acá”, que se dice aún en La Palma) la clave reside en el control omnímodo de los medios de comunicación, destruyendo el pluralismo informativo y “la existencia de la comunicación pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político y, por ello, al funcionamiento de un estado de derecho democrático”, reduciendo “a formas huecas las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática”, como nuestro Tribunal Constitucional proclamó desde sus más tempranas sentencias, a principios de los 80.

Sin el control de los medios informativos convencionales y -la novedad de estos tiempos- de la implacable apisonadora de intoxicación en que los megarricos han convertido las redes sociales, lo que estamos viviendo sería impensable. 

La degradación de la democracia, la derogación de los derechos sociales y laborales y la destrucción de las libertades políticas que les resulta imprescindible para poder perpetrar sin resistencia de ciudadanos y trabajadores esas degradación y derogación (¿se acuerdan de la Ley Mordaza?) es una etapa en el camino que el Gran Capitalismo y sus representantes políticos conservadores y neocons emprendieron, allá por los 70, desde que el bloque soviético se fue colapsando económicamente, como preludio de su desmoronamiento político pocos años después. Lo emprendieron en todo el Mundo Occidental. Y también en España, con sus agentes más grotescos: de Aznar al tándem Feijóo-Ayuso; por no mentar a Abascal, la peligrosa caricatura neofascista.

Por eso al intento de Clavijo de controlar (¡también!) la dirección de RTVE en Canarias, después del allanamiento de la radio autonómica y de la Televisión Canaria, no nos lo debemos tomar sólo como la ridiculez que es, sino como parte del guión de influyentes poderes empresariales -también por estos lares- de convertir la realidad política de Canarias y su autogobierno en un puro remedo de democracia. Y a sus Instituciones en meras agencias de sus intereses.

¿Ustedes se imaginan cuál sería cuál sería el panorama de la inmensa constelación de medios de comunicación en manos de la derecha si asuntos como Gürtel, “Policía Patriótica (Kitchen), los del ministro-milagro Rato o del sin par Montoro afectaran al PSOE? ¿O qué celo y con qué prisas no se estarían dando los jueces de la misma calaña que los García-Castellón, Hurtado, Peinado… para investigar y sentar en el banquillo a todo quisque de este Gobierno ”o de su entorno“, siguiendo las innovaciones jurídicas de Marchena?

¿O hasta dónde llegarían los ditirambos y las alabanzas si un gobierno del PP pudiera presentar la quinta parte de los datos económicos y de empleo del actual Gobierno de España?

Pero lo que estamos padeciendo es una hegemonía de tal calibre de los medios y canales informativos por parte de la derecha que a un observador distante le daría la impresión de que el Gobierno legítimo representa a una minoría marginal de la sociedad española, exacerbando hasta el infinito sus yerros reales o aparentes y silenciando los casos flagrantes de corrupción, las contradicciones obscenas y, en las últimas semanas, las actitudes serviles y antipatrióticas del PP y de Vox frente a los delitos de genocidio y de lesa humanidad que está la sociedad española presenciando en riguroso directo. Bajo esa campana de protección, y la sensación de impunidad que les proporciona, la derecha y la ultraderecha españolas se han creído que pueden hacer y decir -sin coste alguno- lo que se les antoje.

Con este panorama informativo y con la estrategia antigubernamental descarada de 

jueces que parecen estar colocados en los órganos jurisdiccionales y en los procedimientos oportunos, las bases de una democracia pluralista están más minadas que el estrecho de Ormuz. O que el Puerto de Haiphon, minado por el ejército americano durante la guerra del Vietnam. Pero parece que es “ley de vida” que quien ataca al imperio, aunque sea para defender su soberanía, es un terrorista. Y las agresiones genocidas del imperio, de cualquier imperio, siempre se cometen en nombre de la libertad, de la civilización y hasta de las creencias religiosas.

Han sido escuetas, prudentes, pero necesarias.

Y la derecha “patriótica” en todas sus variantes le ha salido al paso a SM.

La colonización de las Indias por la Corona de Castilla -no por el Estado Español, cuya unidad desde la Confederación de Reinos que fue la Monarquía no resulta reconocible hasta el advenimiento de la dinastía Borbónica- fue un largo y complejo proceso que no admite resúmenes simplistas ni desde las añoranzas imperialistas del españolismo conservador, ni desde el “indigenismo” de los gobernantes americanos o del de algunos sectores de la izquierda española.

Entre los exabruptos, como siempre, destacan los de Ayuso. De forma que la justificación de La Conquista, de Méjico por ejemplo, era acabar con las inmolaciones de seres humanos ante los dioses paganos. Ya caigo: fue una “intervención humanitaria” como la del asalto trumpista y netanyhista al régimen de los ayatolás. Como si los tormentos y las hogueras de la Inquisición se hubieran realizado en plena Edad Moderna en Katmandú; y no en lo que hoy es España y con pretendida justificación religiosa.

La conquista y la explotación de las Indias, con la consabida coartada de la evangelización y el “acrecentamiento de Nuestra Sancta Fee Catholica”, fue el fruto y el despliegue de muchos intereses metropolitanos, también de la Iglesia como poder “terrenal” y, desde tiempos relativamente tempranos, de las nacientes élites criollas. Las mismas oligarquías que lideraron la Independencia cuando el reformismo de los Borbones rompió el “consenso colonial”, básicamente mediante la Ordenanza de Intendentes (4/dic./1786), terminando con los repartimientos de tierras y de indios y sustituyendo a los corregidores y alcaldes mayores por intendentes, asistidos por subdelegados en los pueblos de indios.

La Corona, en tiempos de la Isabel de Castilla y hasta bien entrado el reinado de Carlos V, mantuvo una actitud celosa y protectora en relación a los derechos de los indígenas americanos, frente a los desmanes de conquistadores y colonizadores hambrientos de riquezas y de gloria. Las Instrucciones a Nicolás de Obando (1503) o el Codicilo testamentario de la Reina Católica y Las Leyes de Indias, especialmente Las Leyes Nuevas (1542) dan buena prueba de esa actitud.

De estas preocupaciones de la Corona hispana, asesorada por destacados tratadistas de convicciones cristianas y humanistas, no existe ni el menor indicio en ninguna de las monarquías europeas que emprendieron y consolidaron sus propios imperios coloniales. Todo lo contrario, especialmente en el terreno de Her Gracious Majesty británica. Así que cada cosa en su sitio.

Pero la Monarquía, involucrada por los Austrias en infinitas guerras en Europa, por intereses de los Habsburgo y como paladines del catolicismo, ahogada financieramente hasta el punto de haber sufrido sucesivas bancarrotas y suspensiones de pagos en tiempos de Felipe II (1557,1560,1575, 1590) cada vez dependía más del “quinto Real”, la parte del botín que correspondía a la Hacienda regia,tanto más oneroso cuanto más intenso fuera el expolio de las tierras y de los pueblos americanos originarios.

Durante buena parte del dominio español, tanto La Corona como sus funcionarios entendieron que el compromiso con las oligarquías criollas era imprescindible para conservar aquellos inmensos territorios. Y ese compromiso implicaba mantener un orden social especialmente opresivo sobre los pueblos indígenas, sobre el creciente número de esclavos africanos y sus descendientes y sobre los colonos pobres. Y, a pesar de que se formularon programas reformistas y modernizadores desde ámbitos intelectuales y políticos americanos, este orden no sólo no fue alterado sino a que en muchos aspectos intensificó su crudeza después del logro de las Independencias. La ruptura de aquel “consenso colonial”, de aquella “constitución no escrita”, por la frustrada “reconquista” americana de Los Borbones, añadida a la pérdida definitiva del control del Atlántico (Trafalgar 1805) a favor de la Monarquía Inglesa, desencadenaron el proceso de Independencia de los países hispanoamericanos.

Al final de todo este largo período colonial, en el que hubo “un afán de protección (de los indígenas, se entiende) que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso” como ha expresado Felipe VI, quedó en pié una América hispana muy mestiza. Exactamente al contrario de lo que ocurrió en la América inglesa tras haber perpetrado el genocidio de sus pueblos originarios. Con o sin Leyenda Negra antiespañola, no hay más que mirar a esa “América para los americanos” (americanos blancos, anglosajones y protestantes, of course) que continúa reproduciéndose criminalmente ante nuestros ojos.

En fin, me parece correcta la actitud del Rey de España. Y tengo claro que tanta petición de disculpas por parte de España “por la Conquista”, y muchas más por sus desmanes durante la larga etapa colonial y tras las independencias deben dar -pero no lo harán- los herederos de las élites criollas de hoy y de siempre.

Si todo esto no fuera una tragedia, la cantinflada de ayer habría que tomársela como lo que fue: una cantinflada propia de un imitador, del tres al cuarto, de Mario Moreno

¿Por qué no nos explicas por qué te opones a la posición del Gobierno de España frente a la guerra de agresión contra Irán desencadenada por el dúo de criminales

Trump/Netanyahu, violando todas las reglas del Derecho Internacional?

Si todo esto no fuera una tragedia, la cantinflada de ayer habría que tomársela como lo que fue: una cantinflada propia de un imitador, del tres al cuarto, de Mario Moreno.

“Clavijo ha indicado que no va a dar su opinión sobre su posición acerca de los bombardeos...pero a renglón seguido ha dicho que no comparte las declaraciones del presidente del Gobierno de España, sin especificar qué parte exactamente no comparte.”, ni por qué.

De modo que no vas a dar tu opinión personal, pero “no compartes” la toma de posición del presidente del Gobierno. ¡Ah!

Te voy a explicar (y de paso a los lectores) por qué no la “compartes”, o mejor por qué no la puedes compartir:

Primero, porque el PP te tiene cogido por los serenquenquenes. Pero no cualquier PP; sino éste PP, dirigido por Feijóo y su camarilla, una banda de gamberros en su que hacer cotidiano.

Y te tiene cogido por salva sea la parte desde que te abrieron las veredas para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo te librara del caso Reparos que, según el Informe de la Fiscalía Anticorrupción (la de Canarias, no la de Luzón y Romeral ¿capisci?) calificara los hechos investigados como constitutivos de prevaricación continuada. Ni siquiera el inmarcesible Marchena te tomó declaración. Y todo eso después de que te fugaras del Parlamento de Canarias, donde te tocaba ejercer la oposición, y después de dejar tirados ante la jurisdicción ordinaria a todos tus colaboradores que siguieron tus ilegales instrucciones en materia de contratación de los servicios municipales de La Laguna y les dieron continuidad. 

Mucho más te tienen cogido por los bemoles porque después de perder las elecciones te han permitido volver a presidir el Gobierno y te mantienen en él cada día y todos los días. De forma que te has convertido en el medianero de Feijóo.

Medianero, como a ti te gusta decir. Aunque no sólo de Feijóo: sólo hay que chequear las decisiones que has tomado (y las que has dejado de tomar, por ejemplo en sanidad) al frente de las instituciones para identificar a quienes representas medianeramente en estas Islas.

Y la otra razón es porque tú, y la ATI de hoy y de siempre, compiten electoralmente con todas las derechas. Y sólo ha ganado históricamente elecciones cuando ha logrado acaparar el voto de casi todo el electorado que va desde el centro-derecha a la extrema-derecha, incluido el de quienes se oponen a la demolición del monumento a Franco. ¿Nos entendemos, verdad?

Pero ahora resulta que el posfranquismo tiene marca propia y en ascenso. Y, en consecuencia, el PP está electoralmente afectado. Y ATI también.

Y estos competidores, y sin embargo aliados, son unos arrastrados ante Trump y lo que éste representa. Y eso te amarra.

Y esta es una clave esencial para entender tus renuncios y tus silencios.

De forma que tú te ocupas de intentar portarte como un chico bueno ante toda la carcundia de la Metrópoli y de las Islas. Por humillante que sea y aunque renuncies servilmente a defender los intereses de los canarios y la legalidad internacional frente al retorno a la ley de la selva.

Que de intentar desmoralizar al electorado socialista, dándole megafonía aquí a los bulos e infamias de allá, ya has encargado a tu sicario periodístico, más godo que canario, que se ha llegado a creer (desde que se relaciona contigo y con tus colaboradores) el más listo de la clase. Sólo que, como decía el inolvidable Pedro Molina, “la diferencia entre ser listo y ser inteligente es que de inteligente no te puedes pasar, pero de listo sí”.

Este individuo exhibe, cada día más, una mezcla de ignorancia, mediocridad y una falta de respeto a la inteligencia de los demás, sólo comparable con su descaro para mentir

Cuando un atentado de ETA asesinó a Carrero Blanco, que era una especie de garantía de continuidad de la dictadura sin Franco, un sentimiento de alivio se produjo en todos los ambientes de la oposición democrática. Fue un crimen terrorista en toda regla. Sin embargo, en la conciencia o en el inconsciente de muchos españoles latía una teoría -aunque muy presente en la filosofía política medieval- formulada por autores españoles, a finales del siglo XVI y principios del XVII: Juan de Mariana y Francisco Suárez, ambos pertenecientes a la orden jesuita.

Fue la teoría del tiranicidio, de la justificación del uso de la violencia contra el tirano: tanto aquel que usurpa el gobierno, como el tirano por ejercicio o mal gobernante. Seguramente fue el arraigo de esa teoría la que puede explicar por qué ETA tuvo el respaldo en ciertos ámbitos del clero vasco en sus actividades contra el régimen franquista.

Ahora resulta que tenemos entre nosotros un nuevo adepto al tiranicidio. Se llama Feijóo. Este individuo exhibe, cada día más, una mezcla de ignorancia, mediocridad y una falta de respeto a la inteligencia de los demás, sólo comparable con su descaro para mentir.

Que el régimen de los ayatolás es una dictadura despiadada es una evidencia. Que vino a sustituir a una monarquía despótica, la del Sha Reza Palhevi, completamente sumisa a los intereses económicos occidentales son hechos históricos difícilmente cuestionables. Y tampoco es discutible que, a lo largo de muchos decenios, la política exterior de los Estados Unidos, aparentemente sustentada en la defensa de la libertad, ha promovido y sostenido regímenes aborrecibles y a gobernantes asesinos porque convenía a sus intereses económicos o estratégicos.

Que el pueblo iraní tiene todo el derecho a rebelarse contra el régimen de los ayatolás en nombre de la libertad, nadie puede cuestionarlo en serio.

Pero todo eso es una cosa y otra bien distinta es que sean precisamente Trump y Netanyahu los promotores del tiranicidio. Y su homecillo Feijóo el que salga a defenderlos. Trump y Netanyahu constituyen ejemplos de valor universal del “tirano de ejercicio” al que también se referían las teorías de Mariana y Suárez. 

Desde el genocidio ininterrumpido de Gaza a las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, pasando por las atrocidades del ICE en el propio territorio estadounidense y por el asesinato de casi dos centenares de niñas en una escuela bombardeada del sur de Irán, hace menos de 48 horas. Y así, un suma y sigue en presente continuo.

Y eso por no hablar de la diaria violación del propio orden constitucional norteamericano y de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos. La última, el desencadenamiento de esta guerra de agresión sin la autorización del Congreso.

Me da miedo, créanme, el rumbo que ha tomado una derecha española, que no reconoce a ningún Gobierno que no esté en sus manos (y, por tanto, en manos de los poderes económicos que gobiernan al PP cuando “gobierna”). Y que es capaz, con una mano, de negarse y boicotear la legislación de memoria democrática, reivindicando vergonzantemente el régimen sanguinario del General Franco; y con la otra, de aplaudir el tiranicidio de Jameneí perpetrado por dos tiranos como Trump y Netanyahu.

Porque, mírese por donde se mire, la justificación del tiranicidio, nadie encontrará la menor justificación a que sean otros tiranos los puedan dictar “sentencia de muerte” contra un tirano. Nadie, claro, menos un lametrumps como Feijóo.