La declaración del estado de alarma, para limitar los desplazamientos, es una medida ampliamente aceptada. Todos somos conscientes de la necesidad de limitar los contactos para vencer al virus, y consecuentemente, la de sancionar a quienes, egoístamente, se saltan la norma en perjuicio de la comunidad.

Todos tenemos nuestro criterio de si la extensión del confinamiento es demasiado estricta o demasiado relajada, pero en esta situación no es el momento de enfrentarse, sino de sumar. Ya desde los griegos, a los que tenemos por inventores de la democracia, ésta se suspendía en momentos excepcionales, en los que era necesario estar a una. Nuestra democracia mantiene controles importantes (artículo octavo) y límites a ese poder (ordinal uno del artículo tercero, y dos, in fine, del artículo sexto, todos ellos de la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio), que deben ser ejercidos. Sin embargo venimos observando disentimientos públicos por parte de algunas autoridades, principalmente autonómicas, dando mensajes o acordando medidas contradictorias, que confunden y en nada ayudan a mantener el estado de ánimo de la opinión pública, el cumplimiento voluntario de las medidas, y a estar como es necesario todos a una.

Algo tiene que ver la aplicación relajada en este punto de las facultades otorgadas por el Real Decreto que declaró el estado de alarma, sin imponer instrucciones sino estableciendo una suerte de diálogo, entre la autoridad delegada, y al frente de ésta la del ministro de Sanidad, y las de las comunidades autónomas; pero desde luego mucho tiene que ver la falta de lealtad institucional y política que se esconde en el “tiempo habrá de dirimir las negligencias”, o en la libérrima y retadora actuación de alguna comunidad autónoma en relación con, por ejemplo, las aplicaciones de autotest y generación de mapas calientes de expansión de la epidemia.

El Gobierno anunció que desarrollaría una aplicación partiendo de la de la Comunidad de Madrid. Posteriormente se ha conocido que pudiera usar la información que los operadores obtienen de la posición de los móviles, que no requiere la instalación de ningún software en los dispositivos de los usuarios, ni de su consentimiento; parece que en parte ante la negativa de la Comunidad de Madrid a ceder el código, proponiendo que se use la misma aplicación pero con despliegues ad hoc para otras administraciones y territorios (su licencia de uso apunta a la idea de que existan otros COVIDAPP, como llaman la aplicación, que no lo gestione la Comunidad de Madrid), sin revisar dicho código. Esa opción la valoro contraria a la obligación de permitir la reutilización que rige para todas las administraciones públicas, pero es que además obligaría al Gobierno de la nación a extender un cheque en blanco en lo que a la protección de los datos personales de los ciudadanos se refiere, ya que la aplicación madrileña contiene importantes mecanismos de seguimiento implementados por multinacionales del big data, sin garantías técnicas de que no se vayan a reutilizar dichos datos por dichas compañías y para otros propósitos. En esos términos, es una opción inasumible.

¿Qué alternativa queda al Gobierno? Una es desarrollar el software desde cero, o partiendo del modelo coreano (que dicen que lo ceden a otros países, pero no parece que lo hayan publicado en ningún sitio, para el escrutinio público); el otro es usar de la información que ya almacenan los operadores de telecomunicaciones, por obligación nada nueva, impuesta por la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, “con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales” (según dispone su artículo 1.1). Entre los datos que se vienen almacenando está, letra f) del artículo 3, los “datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil”. Ciertamente esta práctica, contra la que pocos se han levantado pese a los ya más de 12 años de existencia que tiene, modificó en su día el principio de presunción de inocencia (vamos a guardarlo todo un tiempo, que no se sabe nunca quién puede delinquir).

La existencia de ese estado de vigilancia total en una sociedad democrática es sin duda algo sobre lo que debemos reflexionar, cuando todo esto pase. Tiene sin embargo importantes ventajas en la situación actual. La captación y almacenamiento de dichos datos se realiza con una serie de garantías (establecidas en artículo 4), que se han ido verificando y mejorando por actuaciones de la autoridad responsable de velar por el cumplimiento de estas reglas, la Agencia Española de Protección de Datos, cuya corrección queda a su vez bajo la tutela judicial. De ese modo, los datos que se quiere tener de localización y desplazamientos ya los tienen los operadores, la cesión al Gobierno está justificada sólo para los supuestos de ilícito penal, como lo son los delitos de desobediencia, en sus diversas modalidades. El uso de los datos está permitido para la “detección, investigación y enjuiciamiento” de dichos ilícitos, por lo que puede ser usado para detectarlos.

Ciertamente las medidas excepcionales requerirían de cierta expansión de dichas normas para habilitarla al seguimiento sanitario, puesto que en algún momento hay que cruzar esos datos con los de salud, para asignar (por poner el ejemplo de lo hecho en China) colores a los distintos afectados (por ejemplo verde especialmente autorizados a circular; ámbar, ciudadanos con confinamiento estándar; y rojo, ciudadanos confinados expresamente por sintomatología, contacto, o resultar positivo,...) . En ese ámbito sanitario los datos pueden estar anonimizados, como ya se ha hecho en otras ocasiones para el ajuste de políticas públicas. También puede ser necesario obligar a salir de casa con móvil, encendido y no en modo vuelo y habilitar una fórmula para quien no teniendo móvil requiera desplazarse.

Lo importante y que quiero subrayar aquí, es que dicha práctica resulta más garantista con la privacidad que el usar una aplicación que cede datos a las grandes multinacionales del big data. Es una forma que ofrece muchas más garantías que las aplicaciones de las que se ha hablado estos días. Es necesario que dado lo sensible de la operación (recordemos lo mal que se entendió en ciertos ámbitos el uso de esa técnica para la mejora de servicios públicos en el pasado) se extremen las garantías y se cumplan escrupulosamente las exigencias legales, que se resumen en dos principales: que el cruce y anonimización de datos se realice en servidores hospedados por la propia administración; y que el código que se ejecute para extraer y cruzar los datos, se haga público, por transparencia, y por reutilización por otros países. Evidentemente, como exigen nuestras normas y estándares, siempre será asistido desde el inicio por el delegado de protección de datos, y debe detallarse la finalidad del uso de los datos, las garantías del tratamiento, y el plazo de retención de dicha información, cuestiones que son de esperar y de habitual cumplimiento en las administraciones públicas, y en particular en la Administración General del Estado.

Baste sólo señalar, por si a alguno aún le ofrecen dudas, que el dispositivo que probablemente tiene próximo, tal vez desde el que en estos días lea este artículo, esté dando muchos más datos a grandes empresas, incluyendo datos de los que se infiere información relativa a la salud (si usted se mueve mucho o poco, y a qué ritmo, por ejemplo), por el uso de redes sociales y buscadores poco amigos de la privacidad. Si le preocupa la exposición de sus datos personales, comience por ahí, hay alternativas.

Sabemos que el problema se está solucionando, que la empresa que en una actualización de su software de seguridad causó el caos ha distribuido instrucciones a los técnicos de empresas e instituciones para resolver el problema. La pregunta es cómo es posible que tantos técnicos en las más sofisticadas empresas y en nuestras Administraciones Públicas, Ingenieros Superiores en Informática, no sepan ni prevenir, ni resolver el problema, y ni siquiera revertir la situación. ¿Qué lleva a tantos miles de técnicos con tan alta formación a seguir unas instrucciones que les ofrece un puñado de ingenieros desde la sede del distribuidor de la solución? El problema del gobierno tecnológico no está en la tecnología, y es tan evidente que todos lo conocemos: nadie sabe cómo funciona. Y eso, es malo para todos, menos para quienes se lucran de ese desconocimiento generalizado.

La idea de un programador que diseña su programa del inicio al final, en plan artesanía, ni existe ya ni es razonable. Pero lo contrario, que es que nadie sepa como funciona un producto, tampoco es admisible, y es lo que ocurre, por muchos factores que se suman en la industria tecnológica, donde han primado los intereses de unas pocas empresas frente a un mercado libre, frente a los valores democráticos, y frente a lo que es bueno para la humanidad.

La tecnología que nos venden, que compramos, y de regalo nuestra intimidad

La industria ofrece actualmente sólo la tecnología que les viene bien para conformar el mundo y el comportamiento, para someterlo a sus intereses de mayor control y poder. Debemos cambiar la mirada, permitir una tecnología que no someta a la prensa a malvenderse en redes sociales, a la pérdida de su libertad; que permita la competitividad tecnológica; que no altere la tranquilidad de la juventud, llevándolos por ideas narcisistas y apelando a los más bajos instintos humanos, para convertirlos en adultos aislados, necesitados del gadget que los mantenga por un ratito más algo felices, que los active o desmotive según el talonario del grupo político o de intereses que esté detrás; que erosione como está haciendo la calidad de nuestras democracias; que con todo lo buenas que son las tecnologías para tantas cosas, sólo esté orientado a la solución del problema una pequeña parte de su capacidad de proceso, dedicándose el resto al control y manipulación, es ineficiente en términos económicos, y hasta ambientales, es moral y éticamente reprobable, y como vemos, conduce con facilidad al caos. Porque un modelo mejor supervisado y gestionado, no permitiría tampoco que ocurrieran estas cosas en las que las grandes tecnológicas basan su poder actual.

Los monstruos tecnológicos no están montados sobre la idea de crear herramientas útiles a la sociedad, sino de generar poder; y la concentración del poder requiere pocos ojos supervisando. El desarrollo tecnológico que interesa a la humanidad pierde con ello, porque las inversiones no las realizan pensando en dar solución a los problemas humanos, sino en cómo supervisar e incidir mejor en la conducta. Habitualmente cuando una técnológica quiere una solución, compra una pequeña empresa que ya la produce. Cuando la tecnológica ya tiene la solución y le surge un competidor con una buena tecnología, compra la pequeña empresa que lo hace mejor, y sigue ofreciendo su solución sin mejoras. ¿Por qué? Porque es su solución la que está diseñada para obtener datos. Este modelo necesita estar alejado de las miradas, y es por eso que se causan estos desastres.

¿Es posible la resiliencia sin valores?

Tal vez en lugar de hablar de resiliencia debemos, siguiendo la propuesta de Álex Rovira, hacerlo de longanimidad, grandeza ante la adversidad buscando lo mejor para todos. ¿No fue acaso así como superamos la pandemia? ¡Qué corta memoria tenemos, y cuán poderosos intereses fomentan nuestro olvido! Procurar lo mejor, hacer un buen trabajo, dar un buen servicio, cumplir con el propósito que queremos marcarnos en la vida, pero hacerlo bien. Sin embargo, al chapucero dios de la informática se lo perdonamos todo. Cuando se construye una casa o se diseña una máquina exigimos los diseños, los planos, la estructura; en la informática se ocultan, se distribuyen con código cerrado, imposible de descifrar, bajo el muy cuestionable argumento de la protección del mercado (para garantizar que nadie copie sería mejor conocer lo que todos hacen), y en perjuicio de la seguridad. Acabamos de asistir a otro de sus nocivos efectos.

Los expertos nos dicen que la seguridad que se consigue por ofuscamiento, por guardar secretos, es una seguridad de mala calidad, que puede permitir que un atacante conozca la vulnerabilidad durante años antes de que salga a la luz; y por ello el Esquema Nacional de Seguridad exige para ciertos niveles de seguridad conocer el código fuente, las instrucciones que el programa da al ordenador, para poder auditarlas. Cuando un producto causa un daño o se estropea, lo llamamos producto defectuoso, y la normativa otorga ciertos derechos a los consumidores; salvo que se trate de productos informáticos, de los que nos hemos acostumbrado no sólo a que salgan actualizaciones para solucionar bugs, problemas de un mal diseño informático, sino a pagar las “actualizaciones”, y asumiremos también como sociedad el costes de apagones como este, y no pasa nada. Es sencillamente inadmisible. Esto es muy fácil, hagamos bien las cosas.

La tecnología humana, ética, existe, dignifica al individuo, y no es más difícil de usar

Es necesario volver a una tecnología humana, pensada para y al servicio de las personas, y no como la que tenemos pensada para el control y el sometimiento de la gente, oculta, y en la que estos efectos masivos se replican con facilidad. Es inadmisible que con la legislación que tenemos las Administraciones Públicas no estén protegiendo al ciudadano, que se permita que los móviles vengan con redes del capitalismo de la vigilancia, y no traigan alternativa; que las Administraciones Públicas no fomenten las alternativas; que sigamos hablando de resiliencia, y no de cumplir nuestros valores. Bastaría con algo tan sencillo. Además, cumplir con valores ilusiona. Tenemos una ciudadanía desganada, que no quiere saber cómo funcionan las cosas. Hemos renunciado a ello. Y créanme, no es porque sea difícil, es porque nos lo ponen muy cuesta arriba. El discurso, esto es fácil, es muy vendible, aunque sea muy falso. Lo otro no sólo es igual de fácil, o aún más, sino que genera conocimiento, comprensión de cómo funcionan las cosas, y ello dificulta la manipulación, y la prevención de este tipo de desastres. No se trata de formar informáticos, pero sí de ciudadanos que saben moverse por sus ciudades sin necesidad de seguir una pantalla; que comprenden lo que es una perpendicular, y una paralela, y una bocacalle... Hagan la prueba con sus hijos. Como a nadie le interesa cómo se llama la calle, ni poder elegir el sistema de navegación, ya no te mandan las coordenadas gps, sino un código que informa a la plataforma quién compartió esa ubicación, a quiénes llega el enlace (para consultar la dirección es necesario conectar con la plataforma, pinchar el enlace, y proporcionarle tu ip, tu modelo de dispositivo, la huella personal de tu navegador, tal vez incluso los datos de tu sesión en esa red tan amable que todo te soluciona), y cuándo cada uno de los receptores visita la ubicación físicamente (si usa el navegador gps de la misma solución, que suele ser lo habitual). ¿Cuál es la percepción del usuario? Que la maravillosa plataforma le resuelve la vida. Claro, que si utilizáramos los mapas ofrecidos por las Administraciones Públicas, si ellas dieran ejemplo divulgando donde están sus oficinas con sus propios sistemas, tal vez empezaríamos a liberarnos de un único proveedor, comenzaría a haber productos de muchas empresas sobre plataformas abiertas, que no sacrifican a la empresa a pasar por alimentar el modelo de negocios de otra. Digámoslo una vez más, es ese modelo el que lleva aparejado el que se sigan repitiendo estos problemas.

Las tecnologías que nos venden y compramos eliminan la capacidad crítica del ser humano. No hay que pensar, ni tomar decisiones. Se explica lo mínimo imprescindible. Cada pieza de software es una caja negra que sólo unos pocos desarrolladores saben cómo funciona, y tienen firmados acuerdos de secreto bajo gravísimas penas pecuniarias. Lo que pasa con la ciudadanía que usa un enlace a una dirección que no comprende, ocurre con los técnicos de alto nivel de las mejores de nuestras empresas. Esa visión acrítica, esa falta de personas que comprendan qué está pasando, hace que un error sea fácilmente reproducible, porque todo el mundo sigue los dictados de un grupo muy pequeño y exclusivo que, como hemos visto, no es infalible.

El problema es de modelo tecnológico, necesitamos una tecnología humana. Muchos son los intentos en España y en Europa. Instalar Linux en lugar de Windows en centros de trabajos y en Administraciones Públicas; usar navegadores no diseñados para el tracking (como Chrome), sino para navegar (como Firefox); usar software libre y de fuentes abiertas (y no software privativo con código objeto, cerrado), así por ejemplo la suite ofimática Libreoffice, el sistema de chat Gajim, el editor de imágenes Gimp, el cliente de correo Thunderbird, o el editor de vídeo Kdenlive, por sólo decir unos pocos; usar redes de comunicación y redes sociales que cumplan con nuestros valores (como las que gestionó como proyecto piloto y difundió para las Instituciones de la Unión Europea el Supervisor Europeo en Protección de Datos, Mastodon y Peertube); utilizar nubes que no sean el ordenador de otro, sino tecnología disponible remotamente (como la alemana Nextcloud, también usada por las instituciones de la UE; o la francesa Cryptpad); buscar los mejores estándares de comunicación, y no los que interese a ciertos agentes tecnológicos por tazones de mercado; en definitiva, hacer el bien y buscar lo mejor, porque otra tecnología existe (no, no es que sea posible, es que existe y está disponible). Evitar este caos es posible y deseable.

La seguridad en estos otros sistemas es fruto de un diálogo abierto en el que muchos operadores analizan y ofertan para llegar a la mejor solución colectiva, no es imposible un fallo humano, pero es mucho más improbable por el mayor número de consideraciones y perspectivas. Además, el carácter abierto de la discusión y del código permite que todos los técnicos puedan antes de aplicar la mejora en los sistemas a su cargo, comprobar su contenido y prever el efecto de aquellas sobre estos.

No hacen falta más leyes, sino una Administración que las haga cumplir, si queremos salvar la poca calidad democrática que nos queda

Necesitamos con urgencia una Administración que comience a impedir la venta de dispositivos en el que el ciudadano no pueda elegir qué software o qué redes desea usar; una Administración que exija el cumplimiento normativo desde los pliegos de los contratos públicos. Una Administración que no nos diga “accesible por WhatsApp” o “Síguenos en Twitter”, sino que utilice Jabber (la tecnología libre que hace que WhatsApp funcione) o Mastodon (la alternativa libre a Instagram o Twitter), y lo haga desde servidores propios, seguros, éticos. Y, aunque parezca que no tiene que ver, si se implementa una tecnología ética, el verdadero cumplimiento normativo de todo lo demás, vendrá detrás, porque habremos erradicado lo que motiva el oscurantismo, que es perpetuar estas malas prácticas.

Muchos pensarán que si salen al mercado será que son lícitos en esa forma; que con tanto jurista y técnico de alto nivel en las Administraciones Públicas si no está en los pliegos será que no es exigible, y que el errado es el redactor de estas líneas, que no es posible que las soluciones habituales sean además ilegales. La realidad es que al jurista le resulta más cómodo analizar un documento de muchas alambicadas páginas que la empresa proveedora le ofrece (asegurando, por descontado, que cumple con todos los estándares y exigencias técnicas y legales), que comprender cómo funciona de verdad el producto. Y a los técnicos, llevar toda la palabrería legal a requisitos técnicos les resulta complejo y agotador; pero es más, cómo va el informático a emitir una opinión sobre un producto que es una caja negra que no puede observar por dentro. Es mucho mejor dejar que el mercado le ponga sellos y adjetivos de calidad, y si tiene el sello cumple, y así no tienen que vérselas con explicar si la caja negra cumple o no la ley. Por otro lado, ¿para qué preocuparse? Ya sabemos que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la ley y al Derecho; del chapucero dios de la informática no podemos decir lo mismo.

¿Para qué una ingeniería superior, cualquier formación incluso media?

En estos momentos tenemos legiones de técnicos siguiendo una receta para revertir el daño, que ellos no son capaces de analizar ni de atajar, pese a sus años de estudios, porque las soluciones son cerradas, porque nadie sabe cómo funciona el producto (salvo un grupo de desarrolladores de la empresa que lo distribuye para todo el planeta). Son los únicos que guardan el tesoro. No sabemos si correrán la misma suerte que los arquitectos de las pirámides egipcias. Yo, por lo que pudiera pasar, prefiero no estar allí, sino del otro lado, escribiendo esta columna y clamando contra el imperio. Todavía es posible defender la libertad sin que vengan a buscarnos, aunque ya hoy defender lo humano y la tecnología humana parezca ser una antigualla, algo de bichos raros. En tiempos de inteligencia artificial, defender la razón puede resultar revolucionario.

Un cambio de modelo requiere cambios radicales ¿estamos preparados?

Prensa, redes sociales, y el lodazal en que vivimos.

En su primera entrevista en RTVE tras su reflexión sobre si dimite por el uso de bulos constantes contra su entorno, y la fuerte degradación que supone de la vida política, señala Sánchez que una de las diferencias en la repercusión de los ataques deslegitimadores constantes de la derecha a los gobiernos socialistas de Felipe González, de Zapatero y luego el suyo, así como a periodistas, académicos, intelectuales y otras personalidades públicas, viene siendo el gran poder que las redes sociales tienen ahora, y antes no tenían. Ciertamente, incluso la prensa está acorralada por estos. La venta de periódicos ha caído en picado en la última década, de tal suerte que una de las fuentes económicas fundamentales del sector es su impacto en redes sociales. Para que los algoritmos los muevan los titulares tienen que llamar la atención, lo que fuerza a los periodistas, en un acto de supervivencia, a hacer titulares impactantes, que la prensa seria explicará luego en el cuerpo de la noticia (cuerpo de nulo recorrido en las redes sociales). Las redes sociales antisociales buscan realidades a medida de sus consumidores, apelar a sus impulsos, en lugar de a su razón, y utilizan estos mensajes descontextualizados. Es necesario cambiar esto. Necesitamos la prensa libre que España tuvo y, pese al ambiente descrito, tiene y debe mantener. Para liberar la prensa tenemos que garantizar su financiación. Los intentos de vivir de suscriptores no funcionan ni a las editoriales más grandes. Necesitamos normas que impidan que la prensa necesite de estas redes. La verdad es que esas normas existen en Europa, pero...

Unas normas que no se cumplen (ni se van a cumplir si seguimos dependiendo de los mismos actores)

Es necesario obligar a que se cumplan las normas que en Europa protegen nuestros valores. No en vano el Comité Europeo en Protección de Datos, que reúne a todas las autoridades nacionales de protección de datos de la Unión, y de la que por tanto forma parte la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), ha adoptado desde 2022 reiteradas decisiones vinculantes obligando a diversas empresas del capitalismo de la vigilancia, como Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram) a dejar de reutilizar los datos frutos del análisis del comportamiento de sus usuarios como base de sus estrategias comerciales. En otras palabras, el negocio de Meta, Google, TikTok, y otras empresas (en la medida en que han seguido dicho modelo, como Microsoft o Apple) es ilegal en Europa. Y, como declaró Elon Musk en octubre pasado, si Europa tiene normas que restringen su negocio (refiriéndose a la Ley de Servicios Digitales), podría plantearse prohibir el acceso a X en Europa. La ley existe. Las multinacionales que basan su negocio en el incumplimiento sistemático de la ley (como señaló el director de una de las autoridades de protección de datos alemana) no van a renunciar a su negocio, ilegal sí, pero muy lucrativo. No van a renunciar a la gallina de los huevos de oro. Por eso es necesario retomar las políticas que iniciaran gobiernos socialistas autonómicos y posteriormente impulsara Zapatero, basada en la promoción de los estándares, de lo abierto, frente a las redes centralizadas que vinieran con Aznar, que es la que, en lo sustancial, se ha perpetuado. Basamos la política tecnológica en unos pocos grandes actores que no cumplen nuestras normas, que no respetan nuestros valores, y que no permiten desarrollar nuestro potencial digital.

Otra tecnología es posible

La realidad es que existen tecnologías éticas que el usuario no conoce. Hay alternativas, y la mayoría de las veces son incluso mejores que los productos de las empresas del capitalismo de la vigilancia, diseñados más pensando en la supervisión del usuario que en la eficacia de la herramienta. Existen tecnologías lícitas, que pueden implementarse, como ejemplifica el Supervisor Europeo en Protección de Datos, que ha dotado de ellas a todas las Instituciones de la UE, tanto redes sociales (Véase su Mastodon o su Peertube como herramientas de trabajo colaborativo (Nextcloud). En algunas asociaciones y en ámbitos académicos venimos también utilizándolas. Pero la promoción de la Sociedad de la Información que realiza la Administración Pública, los programas que vienen preinstalados en nuestros móviles, todo está basado en esas redes ilegales. Partidos políticos, gobiernos y administraciones siguen basando sus campañas de comunicación en las redes sociales del capitalismo de la vigilancia, del control de masas, de la movilización puramente emotiva y sobre hechos e ideas difícilmente contrastables, porque no hay más referentes que la realidad atrofiada y personalizada que le llega a cada uno de los usuarios. “¿Cómo puede haber tanto energúmeno suelto?, ¿no ve todo lo que está pasando?, ¿no leen estas noticias?”. Y la realidad es que lo que pueden leer, lo que les llega, es totalmente distinto. No es posible el tan necesario diálogo. Acordemos que esas redes sociales nos están haciendo daño, acordemos que no se pueden domesticar, debemos sustituirlas. Es una cuestión de salud mental y democrática.

La reforma de la Justicia sugerida por Sánchez

Es verdad que puede llevarse la noticia calumniosa, el bulo o noticia no contrastada a los tribunales por difamación; es verdad que la Ley de protección del Honor, la Intimidad personal y familiar y la Propia Imagen tiene un largo y claro bagaje doctrinal en nuestro país. Pero es imposible que nuestra Justicia, incluso si no estuviese atascada con muchísimos otros asuntos, pueda hacer frente a un fenómeno global, que en gran medida se produce fuera de nuestras fronteras, y en el que están involucrados enormes sectores de la población. No es un problema de la Justicia, sino de modelo económico-social que está lastrando a nuestras sociedades. Es ahí donde debe actuarse, y ya no con normas, que tenemos, sino con el ejemplo. Y ahí viene la pregunta:

¿Punto y aparte? Ojalá lo sea

Ojalá que su próxima carta la podamos leer en un entorno menos manipulado. Ojalá que los partidos, incluidos el PSOE, cambien sus estrategias de marketing. Ojalá que las Administraciones Públicas sigan ese ejemplo del Supervisor Europeo en Protección de Datos. Otra tecnología existe, y sólo con ella otras formas son posibles, otra política, la defensa de la democracia, nuestra sociedad. ¿Punto y aparte? Ojalá se ataque el principal problema de la desinformación: Un programa de regeneración democrática tiene que incluir necesariamente el cumplimiento de las normas europeas en algo tan sensible y de tanto impacto en la libertad de prensa, la libre formación de la opinión, y la libertad de expresión como es la protección de datos y la sociedad de la información, normas que se están incumpliendo sistemáticamente, y en la que las políticas públicas y la práctica de los partidos no está en sintonía con la normativa europea. Es imprescindible fomentar el uso de canales de expresión e información éticos y no mediatizados por algoritmos: la democracia no puede ser objeto de mercadeo, de polarización por objetivos económicos espurios.

Canarias tiene inteligencia para liderar ese pulso

Hace unos días un mensaje de Twitter, esa red donde sigo pese a cuestionarme los valores que aquí expondré, me ha hecho reflexionar sobre la actitud del intelectual y las TICs. Fue un mensaje de Borja Adsuara (@adsuara), que me dejó pensando por qué un candidato a presidir la Agencia Española de Protección de Datos se declara desconocedor de cómo funciona uno de los servicios de la sociedad de la información más recurrentes, las analíticas de Google. No me pareció creíble.

No me lo creo: usted sabe y no quiere posicionarse. Porque de lo que pide opinión no es nada que pertenezca a una ciencia oculta y complicada. Dice que no se posiciona sobre si el servicio de analíticas de Google incumple el Reglamento General de Protección de Datos, y en particular si exporta datos indebidamente fuera del territorio de la Unión, y (poco más o menos) que eso es cosa de los técnicos. Me explicaré.

Un jurista no es nada sin los hechos. Es como un médico que sabe de medicinas y protocolos (leyes) pero no diagnosticar. La ciencia jurídica se proyecta sobre la realidad, y un jurista para ofrecer soluciones, para hacer su trabajo, tiene que conocer el objeto del mismo. Si se dedica a inmigración, conoce la realidad social sobre la que trabaja; si a reclamaciones de hipotecas, tendrá que saber hacer algunos cálculos; y si trabaja con temas tecnológicos, tendrá que saber cómo funcionan los servicios en la red, que no son nubes sino grandes centros de datos con cientos o miles de servidores, que los conectan cables, y que unidos por esos cables se identifican entre ellos y por internet usando por lo general un identificador único llamado “dirección ip”. Si además conoce su trabajo se habrá preocupado por ver cuando menos informes de estadísticas de uso de los servicios, y logs de muy diversos servicios de red, y habrá visto que no es solo la ip, sino el sistema operativo, el software utilizado para la conexión, y otra mucha información la que se maneja en cualquier servidor. Como me consta que sabe de protección de datos, no dudará en reconocer que esa información son datos personales. Si hay información personal obtenida como consecuencia de un servicio administrativo, esa información no puede usarse para nada distinto... La legitimación no es (ni puede ser) el consentimiento del ciudadano, porque al ciudadano usar ese servicio le es impuesto; la alternativa a no querer ceder los datos no puede ser no acceder al servicio administrativo. En definitiva, la Administración no puede usar ese tipo de servicios porque no puede ceder esos datos. Si además estudia la política de uso de esos datos. verá que Google puede usarla para mejorar su servicio y otros servicios de la empresa... Ya lo tiene... Introducen la información obtenida de un servicio público en su negocio de manipulación inteligente basada en data mining agresivo. Pero el Sr. Adsuara además es bueno, y sabe que para poder hacer la mitad de todo eso se necesitan unos estudios de evaluación de impacto, unos acuerdos con unos contenidos mínimos, pruebas y garantías que acrediten la privacy by default. ¿Dónde queda todo eso en las implementaciones de nuestra Administración?

La mayoría de los juristas no se quieren meter en este fregado, y puedo entenderlo: nadie lo paga, te excluyes del mercado, no resulta políticamente conveniente, o vaya usted a saber. Desconozco absolutamente las razones del Sr. Adsuara, que acostumbra a compartir su opinión, aunque imagino que es difícil abstraerse de haber sido propuesto en el pacto PP-PSOE como candidato a segundo de la AEPD, y encontrarse ahora con el proceso selectivo que el acuerdo político se saltaba. Pero no me diga que no opina de lo que no sabe, porque esto no es una ciencia oscura. Es clarito y evidente, es lógica... y al alcance de todos.

Sí y mil veces sí, la Administración incumple al usar esos servicios (la pregunta no es si Google cumple). Es un caso muy parecido al que ha hecho que la AEPD haya abierto recientemente expediente frente a la Consejería de Justicia Gobierno de Canarias [2] por usar ese tipo de servicios (el uso de un acortador de direccione que “se queda” con la información de todo el que intente acceder al servicio enlazado, y además el enlace no funciona y llevan tres meses sin arreglarlo desde que les avisara).

Lo menos importante es que se haga sin acuerdo de exportación de datos que, puestos a pensar, a ver... Todo comienza por una asociación, Noyb, que demanda a la Administración por el uso de Google Analytics. ¿Noyb es esa asociación austriaca montada por un tal Schrem? ¿El mismo que con su acción frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó el Acuerdo de Puerto Seguro que permitía a exportación de datos a Estados Unidos? ¿Y cuando la Comisión negocia con EEUU un nuevo acuerdo (Escudo de Privacidad) vuelve a tumbarlo en una segunda sentencia conocida como Schrem II porque el Derecho norteamericano no cumple los estándares europeos? ¿Y ahora que la comisión no se atreve ya a negociar nuevos acuerdos sale (la comisión) con que si usted conviene determinados términos será conforme al Derecho de la Unión? A ver, de igual lo que digan los términos jurídicos escritos por los más eminentes juristas: las normas que rigen esos servicios no cumplen, y no van a cumplir no solo porque estén bajo la mirada y uso del poder político, sino muy especialmente porque no hay garantías en lo que puedan o no hacer las empresas bajo la legislación norteamericana con esos datos.

Y aquí el precedente de conductas contrarias a nuestras normas sí debe ser usado para no seleccionar al contratista que sistemáticamente demuestra una absoluta falta de respeto a la protección de los datos personales.

No es posible que nada de lo que hasta aquí he escrito le sea novedoso al Sr. Adsuara. Es posible inventar otra excusa, poner un pero, un matiz a alguno de los frentes abiertos. Pero serán eso, artificios. De los servicios del capitalismo salvaje de la vigilancia (Google, Yahoo, Hotmail, WhatsApp, Facebook, Youtube, etc...) se puede casi decir, por simplificar, que son ilegales en Europa, y dicho con rigor, que tienen difícil encaje en nuestra normativa y su uso por la Administración Pública es siempre contrario a Derecho. Para no andar con tapujos le pongo un simple ejemplo: si usted comparte mi número de teléfono con WhatsApp sin pedirme permiso (y lo hace si tiene WhatsApp y me graba en su móvil), está lesionando mi intimidad. O todos aceptamos ceder, o no puede usarse. El modelo tecnológico de esas empresas no encaja en nuestras normas, pero hay empresas y sistemas que cumplen, y no son precisamente peores tecnológicamente. Ese es el reto de las empresas TICs europeas. Eso es uno de los valores que podemos ofrecer al mundo, y además es bueno para Europa, hasta para su economía.

No escondamos más esta trascendente cuestión. Saber cómo funciona una red no es hoy de especialistas. Envolverlo en el oscurantismo medieval de una ciencia al alcance de pocos no es de nuestra época, aunque sea en estos tiempos cuando se puede negar lo evidente y lo racional, al menos si se tienen los suficientes followers. Por eso es preciso que los candidatos inmersos en el proceso de renovación de la AEPD se pronuncien (conozco la europeísta apuesta del Sr. Cervera en el Diario de Sevilla, como no podía ser de otro modo con su bagaje). Por eso ese silencio (tan generalizado, no se tome esto como una cuestión personal) me resulta incómodo, y me parece poco comprometido. Quien deba suceder en la presidencia y adjuntía de la Agencia deben ser defensores convencidos del espíritu del Reglamento europeo, deben posibilitar esa oportunidad para España y Europa. No sólo está en juego el futuro de muchas empresas punteras europeas, sino nuestros valores y la misma democracia.

Eli y Pedro son maestros, no sabían en qué lío metían a sus alumnos

Eli es maestra. Está feliz de la vuelta al cole, y siente que esta vez si pasa algo con la COVID-19 está más preparada para que sus niños no pierdan clase. El cole ha optado por usar Google Classroom, GMail y el resto de soluciones de dicho entorno. No sabe que cada error que cometan sus niños en clase le está cerrando puertas. Su inteligencia artificial (IA) analiza sin cesar el comportamiento actual, y los comportamientos archivados, para deducir el futuro. Acierte o no, ha condicionado el devenir de sus niños. Lo mismo ocurre con otras soluciones que siguen el modelo de uso por datos.

Pedro, el director del CEIP, había acogido la idea con entusiasmo. Por fin alguien le daba soluciones, y sólo por 20 euros al año. No se dio cuenta de que por ese precio no se puede prestar ese servicio, que es una práctica monopolística para eliminar la competencia, porque lo que interesa son los datos de los niños. Él no está en esas cosas, es normal. En su escuela el delegado de Protección de Datos ni está ni se le espera, aunque sea obligatorio. Nadie le ha dicho que esas decisiones hay que tomarlas asesorado por este tipo de profesionales. Eso es una de las cosas que quiere el Derecho de la Unión Europea para proteger a sus ciudadanos de la lacra de este mercado de los datos (“protección de datos desde el diseño y por defecto” lo llaman). Es por eso que nadie le ha explicado que el responsable de los datos (su colegio) cuando pide ayuda para su gestión a un tercero (encargado del tratamiento) tiene que tener un contrato que garantice que el centro pueda dar instrucciones sobre la forma de uso de los datos. Él no se ve dándole instrucciones a Google... ni le harán caso, ni el contrato lo dice. No, claro que no ha hecho la evaluación de impacto en derechos y libertades requerido por la normativa, pero sí ha pedido el consentimiento de los padres, siguiendo una plantilla que la empresa tiene disponible en su web... Sí, también eso lo ha hecho mal. El colegio es un servicio público, todos lo tenemos que usar, un padre no puede decidir no llevar a su hijo... y tampoco discriminarlo y marcarlo en la comunidad educativa haciendo que sea el bicho raro que no usa la tecnología elegida por el Colegio. La legitimación de las Administraciones Públicas para usar los datos de los ciudadanos para prestar el servicio no les viene del consentimiento del ciudadano (artículo 6.1.a del RGPD), sino de su competencia para la gestión del servicio (letra e del mismo ordinal y artículo). No tienen que preguntar, lo que tienen es que hacerlo legalmente, fundamentalmente informar de qué tipo de tratamientos realizan con los datos, cómo los gestionan. Los padres no pueden contestar que no, no se les puede hacer correr con ese peso. No les corresponde, y su autorización no exime al responsable del servicio de su correcta elección.

Pedro es víctima de la falta de políticas públicas para implementar nuestras normas. Es consciente de que muy bueno no puede ser. Ha intentado en otros años montar grupos de Telegram en lugar de WhatsApp, informar a los padres con un canal de Twitter… pero no se ha dado cuenta de que con eso ha descuidado el único canal en el que no se reutilizan por terceros los datos de los usuarios: el blog del que les dotó la Consejería de Educación. Sabiendo como saben que hay otros mecanismos modernos, no se explica cómo no le ofrecen una solución rápida de comunicación con los padres. Los medios que ofrece la Consejería son viejos e insuficiente, inutilizables.

Pedro hizo lo mismo que ve hacer a sus políticos, a las Administraciones Públicas, volcados en “irse a la nube”. Precisamente el Cabildo de su isla está con un proyecto piloto para migrar el correo corporativo a una nube pública… Nadie les ha dicho que cuando se envíe información de un expediente proponiendo una sanción a un ciudadano, será leído… e igual que al Consejero le sale en su móvil cuando compra un billete el mensaje de “Veo que vas a volar el día 27 ¿quieres que te lo guarde en la agenda?”, a las entidades de crédito le sale un “yo no recomendaría dar crédito a...” a ese ciudadano… porque ya saben que podría ser objeto de una sanción… Es un ejemplo simple, pero Dani, que trabaja en servicios sociales, ha comenzado a comprender ahora porqué la sociedad parece haber marcado a las víctimas de violencia… él ya no quiere mandar los informes sobre su situación por el correo corporativo, y si lo hace exige cifrarlo… sus compañeros lo miran como un loco… él es consciente de que está protegiendo a personas que ya lo han pasado bastante mal, y tienen derecho a que les dejen rehacer su vida. Dani no sabe cómo hacérselo ver a los que él llama “los de arriba”. Tiene un amigo informático que le ha ayudado a comprender el problema, un compañero de trabajo que además le dice que se da la paradoja de que el Cabildo tiene una envidiable nube privada… Vamos, que además es innecesario el viaje.

Estas historias son reflejo de lo que está pasando, de cómo las grandes corporaciones con fortísima influencia en la configuración de nuestras sociedades están atenazando aún más nuestra sociedad, aprovechando la circunstancia, aunque nos hayamos dado normas que no se cumplen. Es fácil darse cuenta, pero es que hay mucho mequetrefe justificando lo injustificable. Hay tecnología alternativa, para hacer lo mismo, y mejor… pero no hay (o no suficientes) políticas públicas impulsándolas. Un ejemplo: el pasado fin de semana fui invitado a impartir una conferencia que titulé “El feudalismo de los datos”, conectando con una valoración de quien fuera Director de la Agencia Española de Protección de Datos, que hablaba de los señores de los datos, y del capitalismo salvaje de la vigilancia permanente (algo sabrá cuando dice que acoge como buena la definición de nuestro modelo económico como “surveillance capitalism” mantenida porla profesora Zuboff, de la Universidad de Hardvard, y gran número de relevantes especialistas). Lo interesante fue que en ese congreso, EsLibre-2020, acogido por la Universidad Rey Juan Carlos, se utilizaron programas de fuentes abiertas, plenamente disponibles para los colegios, que no deja rastro a las grandes corporaciones: fue totalmente on-line, grabado al mismo tiempo, con cinco salas en paralelo gestionadas en un único ordenador (ciertamente potente) para unas 300 personas, vídeo, audio, pizarra, escritorio, vídeos pregrabados... todo fue posible fácil. Nadie echó en falta ningún recurso de los ofrecidos por los todopoderosos señores de los datos. Sirva como ejemplo de los proyectos que están tardando en implementarse...

El TJUE una y otra vez tumba dicho modelo de neocapitalismo con el que Estados Unidos protege a sus empresas, por incompatible con los valores europeos (anuló el acuerdo de puerto seguro en 2016, y ahora, en julio de 2020, declara inválido el escudo de privacidad que pretendía sustituirlo), pero el mercado impone otra cosa, y vuelven a la carga. El mismo Alto Tribunal europeo aclara que las Administraciones Públicas no pueden (o sólo bajo unos muy estrictos requisitos) usar redes sociales, y ahí está el Gobierno habilitando canales de WhatsApp, o la RTVE poniéndolo como forma principal de participar en sus programas... A los poderes públicos, a los políticos, cumplan las leyes, atiendan las actuales emergencias, y creen canales públicos libres para la relación con la ciudadanía, no acrecienten nuestro vasallaje. A la ciudadanía ¿qué tal si nos organizamos? Propongo crear una Fundación que forme, gestione proyectos alternativos, de servicios de red básicos, y formación a la tan necesitada Administración Pública. La tenemos que salvar entre todos, porque ella es la que nos puede salvar a nosotros de este modelo de sociedad al que estamos, hoy por hoy, abocados.

Basará su app en este mal referente de la Comunidad de Madrid, ya señalamos que debemos confiar, colaborar, y vigilar para que efectivamente se haga correctamente (código fuente y verificación en ejecución, datos alojados en servidores de la administración, y que el usuario pueda usar el sistema sin implicar recursos de empresas de minería de datos: desde los repositorios de aplicaciones a sistemas de analítica de tráfico o elementos embebidos en su navegación). Entre esas medidas de colaboración está el dar a conocer alguna buena idea:

Novedoso sistema europeo para “apps de coronavirus”: la conveniencia de su uso.

Aunque se dice mucho de usar la app para rebajar la tensión de los teléfonos de urgencia, lo cierto es que lo más importante es poder acomodar la realización de las analíticas a quienes efectivamente pueden estar infectados.

Existe una solución europea de desarrollo ético, incluido que su código sea abierto. Está desarrollada por una muy reciente organización suiza, creada para unir esfuerzos en la lucha contra la pandemia, y que según su página reunía el 31 de marzo a 130 miembros de 8 países europeos, entre los que se encontraban científicos, ingenieros, y expertos de reputados institutos de investigación y empresas, cubriendo las ramas de la comunicación, psicología, epidemiología, trazabilidad, seguridad, privacidad, cifrado, protección de datos, desarrollos informáticos, escalabilidad de sistemas, supercomputación e inteligencia artificial. Todos han trabajado de forma altruista para lograr la solución, a la que denominan PEPP-PT, por sus imbricadas siglas en inglés (trazabilidad paneuropea de proximidad preservando la privacidad), pepp-pt.org.

Podría perfectamente incorporarse en la App que desarrolla el Gobierno de España para el autotest diagnóstico, ya que según informa Marcel Salathé en un Twitt, se ha trabajado teniendo como primer objetivo la privacidad. “No debe haber ninguna concesión de la privacidad por luchar enérgicamente contra el COVID19 y, en cualquier caso, el cumplimiento del RGPD es el mínimo”, escribió. No es una app, sino una tecnología que cualquier app puede incorporar. Si se usa internacionalmente podría permitir los viajes transfronterizos. El código, indican, será de fuentes abiertas.

Funciona del siguiente modo:

Ello ayudaría notablemente a saber quiénes pueden ser portadores asintomáticos sin lesionar la privacidad, haciendo más eficiente la realización de las analíticas. El almacenamiento local de los datos, en los móviles de los usuarios, el cifrado y el control por el usuario de cada paso ha sido también la garantía en privacidad de la aplicación que acaba de lanzar el gobierno islandés.

La geolocalización móvil, ¿para el control de los infectados?

La geolocalización móvil, ¿para el control de los infectados?Otra cosa después será cómo se controla, si se quiere controlar, que los positivos leves, que no llevan internamiento, se queden efectivamente en sus casas ¿Piensa el Gobierno en controlarlos con la geolocalización móvil cuando habla del estudio de movilidad? ¿Lo que se quiere se cubriría con la introducción del PEPP-PT?

La geolocalización móvil se viene almacenando desde 2007 para la prevención e investigación de los delitos. Anteriores estudios del INE usaron esos datos previamente almacenados, y deben ser criticados. No nos oponemos al uso de la geolocalización, sino de los datos almacenados para exclusivos fines penales. Como ya señalamos, preferimos la geolocalización que aplicaciones más invasivas en términos de protección de datos, que están en los móviles de casi todos los usuarios.

El estudio del pasado octubre fue distinto, porque no acudió a los datos almacenados en virtud de la ley 25/2007, a los que sólo se puede acceder previa autorización judicial y para fines de investigación penal, sino guardando los que se iban generando durante determinados días. Es verdad que la normativa de protección de datos permite el uso de datos que se tengan para realizar estudios anonimizados, pero es que el INE no dispone de dichos datos, y los operadores sólo pueden cederlos con autorización judicial.

Para hacer ese estudio de movilidad el Gobierno ha de cambiar la norma, que no contempla el acceso en circunstancias imprevistas como las de esta crisis. Si lo que el Gobierno pretende es otra cosa, precisamente usarlo para fines de investigación penal por saltarse el confinamiento, deberá estudiar cómo obtiene la autorización judicial o cómo exceptúa ésta, garantizando que los operadores no puedan saber qué ciudadanos son los afectados. Salvemos a quienes se cuestionan, en ejercicio más de una elucubración académica que con efecto práctico. si el confinamiento cabe en nuestra Constitución, pues con mejor o peor técnica, está avalado por el Congreso. Sigamos colaborando, quedémonos en casa; y sigamos vigilantes, pidiendo y cuando no exigiendo que las cosas se hagan comme il faut.

Sorprendentemente, los primeros pasos del RGPD está teniendo poca trascendencia con respecto al funcionamiento de redes sociales que basan su modelo económico en la generación y explotación económica de perfiles de usuario. Por su parte la nueva LOPDgdd ha sido recibida con alarma en lo que modifica de la Ley electoral, señalándose que permite crear perfiles políticos de los usuarios, interpretación poco plausible por cuanto la LOPD ha de interpretarse en el marco del RGPD europeo, que claramente los prohíbe. Sin embargo, sí hay cuestiones verdaderamente preocupantes donde poner el foco, y es precisamente en la parte de “garantías de derechos digitales”, que seguidamente abordo.

Aportación de la LOPD, que pasa probablemente desapercibida dada la poca claridad de la redacción, es su artículo 82 titulado “derecho a la seguridad digital”. Cuando la ley dispone que “los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de internet” ¿no está consagrando como un derecho el uso de la única tecnología capaz de dar esa seguridad, el cifrado? A mi entender, sin duda. No hay experto en seguridad que no niegue la importancia de firmar y de cifrar las comunicaciones, y debe ser uno de los contenidos de esa educación básica en tecnologías de la información que a partir del pasado día 7 exige la ley en todas las etapas educativas y como contenido en las pruebas de acceso a la función pública. Soy consciente de que cifrar se asocia a cosas oscuras… como los cuchillos a los asesinatos; pero estos como aquellos tienen otros muchos usos, y si nadie quiere mandar datos de tarjetas de crédito sin cifrar por la red ¿por qué no proteger nuestra información personal, que es un valor jurídico superior al patrimonial?

Nada novedoso resulta el principio de neutralidad de la red, pero éste consigue ahora una protección fuerte, cuasiconstitucional. Que la red sea neutral quiere decir que el proveedor fija el precio de la conexión de red, y el usuario hará con ella lo que quiera, será libre de usar los servicios de la sociedad de la información que desee. No hacerlo así fomenta que sólo los servicios patrocinados por grandes empresas sean accesibles. Hoy en día hay operadores que ofertan tarifas especiales para usar determinadas redes sociales: es un ejemplo de falta de neutralidad en la red. El legislador deja claro que desea garantizar el acceso universal. La neutralidad persigue no dejar sin sentido al derecho de acceso, y por eso no se puede abaratar el acceso a las redes sociales comerciales, porque lo que se estaría haciendo es castigar la red “libre”, entendida por no comercial.

¡Ah!, pero ¿existe una red “libre”? Sí, existen al menos unas redes (por hablar sólo de redes sociales) con un funcionamiento claramente distinto, como Diaspora (tipo Facebook), Mastodon (microblog tipo Twitter), o Jabber (uso análogo a WhatsApp), que poco o nada tienen que envidiar a las comerciales. Se trata de redes distribuidas, en la que ninguna empresa tiene el control de los datos, no hay un nodo central al que todos los usuarios se conectan. Como en telefonía, funcionan las llamadas entre distintos operadores, porque usan unos mismos protocolos. Son precisamente los protocolos abiertos (que forman parte del concepto de neutralidad) lo que permite luchar contra la concentración informativa. En estas el usuario es dueño de sus datos y decide si sólo los comparte con usuarios del mismo nodo, con otros nodos seguros, o con la totalidad de la red. Finalmente se caracterizan por no ser comerciales, en ellas es evitable la generación de perfiles de usuario, ya que el usuario elige su proveedor, con su política de protección de datos.

Los nodos gratuitos son hoy por hoy montados por entusiastas, asociaciones u otros colectivos que los ofrecen a un uso público. También hay empresas que los ofertan con servicios de pago. Cabe pensar, además, que haya nodos gratuitos patrocinados por empresas con cesión de datos análogos a las actuales redes sociales al uso (eso sí, no centralizados ni tan masivo), y también que la administración pública ofrezca dichos servicios, como hiciera en otro tiempo con el correo electrónico. Sin embargo, no parece que esas políticas estén entre las “políticas de impulso de los derechos digitales” enumeradas por la nueva ley en su artículo 97, lo que considero una clara deficiencia de la norma. El artículo 97 parece ir orientado a financiar con dinero público el acceso a la internet que existe, sin emprender acciones para fomentar su neutralidad e interoperabilidad, y sin éstas es imposible asegurar los derechos digitales que la ley enumera.

Se obliga a los padres a cuidar de que sus hijos “hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales”, pero es difícil encontrar un dispositivos que no traiga preinstalada redes sociales cuestionables en los términos referidos en ese artículo. Un padre responsable simplemente no encontrará en el mercado un dispositivo apto para su hijo. Al mismo tiempo “el sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales”. ¿Cómo se va a realizar esa plena inserción en la sociedad digital? ¿Con dispositivos que traen preinstaladas las redes tóxicas? ¿Es esa la inserción en la sociedad digital que se pretende?

La clave está en impedir que los dispositivos que compramos traigan preinstalados programas que no se puedan eliminar por el usuario medio y que informen al fabricante o a terceros sobre los gustos y prácticas de los usuarios, lo hagan mediante software de redes sociales o cualquier otra técnica. Tampoco deberían traer un único repositorio no desinstalable, que suelen llamar “market” pero que no cumple las más mínimas exigencias del mercado libre, generando de hecho mercados cautivos para cada vez bienes y servicios más heterogéneos. Recuérdese cómo se obligó en su día a Microsoft, por prácticas monopolísticas, a permitir desinstalar su navegador Internet Explorer, distribuido con su sistema operativo. Dicha regla es previa a las que la ley incorpora, y necesaria para su implementación. Piénsese que a día de hoy controlan el software de muchos coches, de televisiones, neveras, accesos, y, por supuesto, del móvil y muchos canales de compra y de pago mediante dicho dispositivo. Saben todos mis gustos, con quién y a dónde voy, mis rutinas, mis planteamientos vitales, mis debilidades,... y no puedo elegir el proveedor, me viene preinstalado… No lo saben porque consienta, lo saben porque no tengo alternativa.

Está muy bien que ciertos derechos reciban el rango de orgánicos que su entronque constitucional requiere, pero se hace sin claridad suficiente, y con un tratamiento muy parcial, al punto de servir a la protección de los derechos digitales tanto como pueden protegernos hoy nuestros móviles. Mientras el control de mis dispositivos tecnológicos lo tenga una empresa (no elegida por mí) y no yo, mis derechos digitales serán puro papel mojado.

1) La mujer, en España, ha estado obligada hasta hace nada a obedecer a su padre y después a su marido, no pudiendo administrar su patrimonio, según nuestras leyes.

¿suena raro? ¿extraño? ¿arcaico? Pues asómbrense, esa era la ley española ¡¡hasta 1975!! Sí, como muestra las reglas generales que contenía hasta dicha fecha el Código civil(1):

57. El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido.

58. La mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia

59. El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal(2)

60. El marido es el representante de su mujer. Ésta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de Procurador.

61. Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse

Colofón ejemplar de dicha doctrina es el artículo 62, que reza:

62. Son nulos los actos ejecutados por la mujer contra lo dispuesto en los anteriores artículos, salvo cuando se trate de cosas que por su naturaleza estén destinadas al consumo ordinario de la familia, en cuyo caso las compras hechas por la mujer serán válidas. Las compras de joyas, muebles y objetos preciosos, hechas sin licencia del marido, sólo se convalidarán cuando éste hubiese consentido a su mujer el uso y disfrute de tales objetos.

Es verdad que se establecen excepciones, y que la mujer puede disponer por testamento, pero este es el estrecho margen en el que se ha movido la mujer española, y no ha sido muy distinto en otros países de nuestro entorno cultural (hay que decir, por romper mitos impuestos desde la religión imperante, que hasta 1975 la mujer en el mundo árabe, por regla general, podría considerarse con más derechos que la española).

2) Aún no hace un siglo que la mujer vota en España.

Fue la Segunda República la que permitió primeramente el sufragio pasivo a las Cortes Constituyentes de 1931, y finalmente se extendió también al sufragio pasivo con la Constitución de dicho año (Artículo 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes), que se ejerció por primera vez en las elecciones de 1933. El golpe de estado de 1939 impediría que se volviese a ejercer el sufragio democrático hasta las elecciones de 1977 (no se olvide que en este tiempo, tras el paréntesis de la República -véase art. 43 de la Constitución del 31 en siguiente epígrafe-, se vuelve al sometimiento de la mujer al padre y luego al marido en los términos que acabamos de señalar).

3) El divorcio, quitando los escasos años de la II República, sólo se consigue en España en 1981, y sólo es libre (sin alegar causa y sin pasar por separación previa) desde hace 9 años.

El divorcio se consigue en España con una Ley de la República, en 1932 (4), después de que la Constitución señalara en su artículo 43 “La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación en este caso de justa causa”. La primera ley franquista, la Ley de 23 de septiembre de 1939, publicada en el BOE. del 5 de octubre de 1939, deroga la ley del divorcio de 1932 y declara nulas todas las sentencias de divorcio, a instancia de una de las partes.

Para que el divorcio llegue a España habrá que esperar a la Ley 30/1981, que lo permite si se alega y prueba una justa causa, y sólo es libre desde hace 9 años, con el primer gobierno de Zapatero.

Sí, hasta entonces había que pasar por la calumnia, por la garantía de estar previamente separado, y sólo después cabía la separación, lejos pues del libre desarrollo de la personalidad. La Derecha española votó en contra de la flexibilización del divorcio en el primer gobierno de Felipe González(5), y criticó la reforma de Zapatero. A nadie se obliga a divorciarse, pero la libertad del individuo, el libre desarrollo de su personalidad, no puede hacerse depender de la voluntad de otros. La pareja, el matrimonio, debe ser reflejo de libertad, de crecimiento personal, de libre decisión de construir.

4) El aborto, castigado tradicionalmente en nuestro Código penal, ve en el año 1985 su despenalización en tres bien conocidos supuestos, y tras un paréntesis de 25 años, se convierte sólo hace 3 (desde el 4 de julio de 2010) en una libre decisión de la mujer para optar en las primeras 14 semanas de gestación. Hoy se propone una vuelta a una situación más restrictiva que la de 1985.

Vigente la Ley de 1985, la gestante podía interrumpir el embarazo en centros públicos o privados en las primeras 12 semanas en el caso criminológico, en las 22 primeras semanas en el eugenésico, y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico. La ley orgánica 2/2010 permite la libre decisión de la mujer durante las 14 primeras semanas. En su artículo 15 señala que el plazo de posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo aumenta hasta la semana 22 en casos de «graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto». A partir de la vigésima segunda semana, solo podrá interrumpirse el embarazo en dos supuestos: que «se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida» o que «se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico(6). Como es bien sabido(7), se está tramitando una reforma de esta normativa, para restringir el aborto a cuestiones exclusivamente de graves y duraderos problemas para la vida de la mujer o violación, reduciendo además los plazos(8).

5) El cambio operado en nuestra sociedad en relación con la igualdad en general, y de la mujer en particular, ha sido fruto de una reivindicación frente al sistema establecido, que ha culminado en nuestra avanzada y progresista Constitución.

Es fruto de una lucha donde muchos se lo han jugado todo. Hoy queda plasmado en nuestra muy avanzada y progresista Constitución Española de 1978, que también en los últimos tiempos recibe ataques desde el inmerecido olvido de lo que significa. Olvidar esta lucha para convertirlo en un día de regalo de lapiz de labios, y de sentirse muy “lady”, resulta de una frivolidad escalofriante. La igualdad significa igualdad de derechos y deberes, y es una lucha no de la mujer sola, sino de todos los que abogamos por una sociedad cada vez más justa. por eso no es el día de la mujer, por el hecho de serlo, es el día de la igualdad en el trabajo, de la igualdad porque es una igual, porque puede asumir cualquier papel de los que tradicionalmente se atribuyen al hombre, por eso desligar el día de la posibilidad de asumir cualquier rol, esto es, desligarlo del trabajo, que es donde nace la reivindicación, y que explica todas las demás facetas de la vida (principalmente, las aquí comentadas), resulta frívolo.

La igualdad en general, y la de la mujer en particular, ha sido caballo de batalla de las ideas socialistas, de las que beben muchos partidos de izquierda. Centrados en lo que hoy celebramos, debe recordarse que fue el Partido Socialista norteamericano el que por primera vez señala un día, el 28 de febrero de 1909, para reivindicar los derechos de la mujer (no olvidemos cómo estaban -según se acaba de describir- por aquél entonces en España: sin voto, y a voluntad del hombre en todos los aspectos de la vida), en lo que denominaron el Día de las mujeres socialistas, conmemorando “una manifestación de trabajadoras que se había realizado en Nueva York en 1857. Pero el suceso que marcó la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer fue el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en esa misma ciudad, el 25 de marzo de 1911, que causó la muerte de 146 trabajadoras, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes. De las cenizas de ese trágico evento surgió la llama de la búsqueda de justicia social para mujeres y hombres” (así lo relata la propia Organización Mundial del Trabajo, 9).

Rápidamente “en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague [en agosto de 1910], se reiteró la demanda de sufragio universal [e igualdad de derechos en general] para todas las mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. [...] Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico Incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. [...] El movimiento internacional en defensa de los derechos de la mujer es creciente y es reforzado por la Organización de Naciones Unidas que ha celebrado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica”(10).

Me consta que me centro en aspectos propios del modelo de sociedad, los aspectos que para un profesor de Derecho civil como yo le son mejor conocidos. Ni que decir tiene que todos estos logros parten de la lucha obrera, aunque se manifiesten en estas otras facetas. El derecho laboral ha visto muchos logros, que hoy son negados a todos los trabajadores, y pese a ello queda para una igualdad real y efectiva. Permítaseme que me haya extendido y a la vez limitado a estos aspectos que me son más conocidos.

No ha sido fácil llegar a reconocer en nuestra Constitución la protección de todo individuo, y “el libre desarrollo de la personalidad” de cada cual, que se consigue garantizando la libertad e igualdad real y efectiva de todos. Hoy se denosta dicha lucha, y su resultado que fue el reconocimiento en la norma suprema de derechos que la práctica socioeconómica nos está restringiendo. Lejos de defender nuestras normas, y criticar estas prácticas, arremetemos contra ellas. Nos manipulan, con sutilezas como “Día de la Mujer” en lugar de la reivindicación que supone el “Día de la Mujer Trabajadora”, lucha que ha conseguido llegar a disponer de su patrimonio, a una cada vez más real igualdad laboral, a decidir sobre su sexualidad y su cuerpo con derechos como el divorcio o el aborto. Todo ello, logros que, pese a las garantías legales, requieren ser recordados en la calle, para no retroceder en lo conseguido.

Por todo ello, cuando todos, sin importar el sexo, nos manifestamos en la calle un día como hoy, 8 de marzo, lo hacemos para reconocer una lucha larga y justa, recordar la trágica muerte de las 147 trabajadoras de la fábrica textil de Nueva York en 1911, y con ella la lucha de todo un siglo, Margarita Nelken, María Cambrils, Clara Campoamor, Victoria Kent, Dolores Ibáruri, mujeres sometidas al exilio, como muchos de sus compañeros exiliados o fusilados, por exigir una igualdad que hoy nadie se atreve a negar en público. Mujeres que compartían con sus compañeros de partido el ideal de la igualdad, y gracias a quienes se ha llegado a plasmar como derechos en nuestras leyes.

Es, en definitiva, un asunto importante que nos implica a todos, que no es sólo de las mujeres, porque nos va en ello el respeto a la igualdad de todo individuo que tanto esfuerzo nos ha costado a hombres y mujeres. Desde lo mucho conseguido, en defensa de cuanto hemos logrado, haciendo bandera de los hoy denostados principios constitucionales, feliz día de la mujer trabajadora.

El Gobierno ya consideró que existía una situación de urgencia hace menos de un año, y reguló la relación laboral de este colectivo (Real Decreto-Ley 1/2010) haciendo uso del poder de dictar normas con rango de ley que corresponde al Parlamento y sólo excepcionalmente al Gobierno. El Parlamento convalida en cuatro días el Real Decreto-Ley, y decide su tramitación como Proyecto de Ley por el trámite de urgencia (como corresponde conforme al artículo 151 del Reglamento del Congreso). Esta tramitación se hace en menos de dos meses, con todas las fases de enmienda en el Congreso y en el Senado, dando lugar a la Ley 9/2001, de 14 de abril. Parece que tan corto espacio de tiempo no fue suficiente para una reflexión pausada, tal vez por las prisas del Gobierno por cumplir sus propios planes de abaratamiento del servicio en los próximos dos años y, lo que no dicen, ante la posible actuación del Tribunal Constitucional.

Sorprendió el contenido de esa primera norma que dictó el Gobierno (con forma de Real Decreto Ley) dejando fuera de acción a los controladores de mayor experiencia, que los echó literalmente de las torres de control, perdiendo sus licencias e imposibilitando con ello la posibilidad de “colocarse en la emisora” junto a los nuevos controladores para hacer prácticas. Una norma que pretende ahorrar, sigue pagando a los más veteranos pero les impide trabajar en puestos de control efectivo. ¿Tiene eso sentido? Y lo peor ¿no es mejor aprovechar la experiencia para permitir que la cantera crezca y que puedan mantener la licencia (la pierden si no operan) para que ayuden a la formación de los nuevos controladores? Me consta que el grupo socialista en el Senado quiso enmendar el Proyecto de Ley en ese sentido, y no pudo por las prisas del ejecutivo. Los trámites, importantísimos como el parlamentario, se vacían así de su contenido, con gran irresponsabilidad del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno (lo que ocurre sistemáticamente, sea el gobierno que sea: es una lamentable práctica de nuestra democracia).

Así los mismos parlamentarios que aprueban la Ley 9/2010 (la que trae origen de la tramitación parlamentaria del Decreto-Ley 1/2010) en abril, la modifican en octubre (Ley 36/2010). Desconozco cuántos controladores habrán perdido en ese tiempo su licencia, pues volverla a obtener requiere mucho tiempo, y un considerable desembolso económico a costa de las arcas públicas. Al mismo tiempo se negociaba el convenio colectivo, del que a finales de octubre se pide cuentas en el Congreso al Gobierno.

Creía que ocurría que los derroteros de ese convenio no satisfacen las necesidades gubernamentales y sus nuevos planes de privatización, pero cuando he indagado algo más resulta que su realización está bloqueada porque el Gobierno no responde (ni sí ni no) a las propuestas efectuadas por los trabajadores. Más bien parece que el Gobierno no tiene interés en resolver la situación mediante Convenio colectivo, por lo que vuelven a considerar urgente el intervenir en las condiciones laborales de los controladores, y aprueban el viernes 3, primer día del puente de la Constitución, el famoso Real Decreto-Ley de la discordia, 13/2010, que además de indicar que las horas de trabajo se computarán por las horas aeronáuticas (que por lo visto no tienen sesenta minutos como las de los demás trabajadores) permite también la militarización del servicio, inspirada en los acontecimientos de Estados Unidos del año 81. Fue sin duda desafortunado arremeter con ese Real Decreto-Ley el viernes antes del puente, para ponerlo en aplicación horas después, mediante un Real Decreto (el 1611/2010) que el Ministro de Fomento indica en declaraciones a la Ser que entrará en vigor “a las 21:30 horas de hoy”, aunque se publicará en el primer BOE del sábado 4, número 294, y justo antes de la publicación del estado de alarma (aprobado por Real Decreto 1673/2010) en el BOE extraordinario de primera hora de la tarde del mismo sábado 4, número 295. Doble edición del BOE el viernes, y doble edición el sábado. Sin duda va a ser un ejemplo que se ponga en las Facultades de Derecho sobre la vigencia de las normas jurídicas. Aún no sé si como ejemplo de lo que se puede o de lo que no se puede hacer.

¿Realmente volvía a ser urgente volver a regular la situación laboral de los controladores (RD-L 13/2010)? ¿La misma urgencia que ya era conocida hacía un año (RD-L 1/2010) y sobre la que se ha pronunciado en dos ocasiones el legislativo (Leyes 9 y 36/2010)? Hay que reconocer como mínimo que algo no cuadra. No critico el uso del estado de alarma, para lo cual ninguna de estas normas eran necesarias (pues se basa en el artículo 19 CE y en la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio), y que en todo caso cabría pensar que se tardó mucho en decretarlo. Critico el empleo de tantas normas excepcionales, cambiando situaciones anteriores, y hurtando el debate y el poder de decisión al legislativo, al tiempo que no se da razón de porqué no se aprueba el Convenio colectivo. Parece más bien que al Gobierno le viene mejor para conseguir sus propósitos con los controladores y con la proyectada privatización, montar el número que se ha montado que evitar el daño a los ciudadanos.

La Constitución Española, continuando una lógica elemental e histórica de nuestro Código civil (art. 2), establece garantías para que las normas puedan ser conocidas, disponiendo que “entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado” y, para supuestos que requieran actuar más rápidamente, pero siempre ponderando la necesidad de garantizar su conocimiento, añade, “si en ellas no se dispone otra cosa”. El legislador, que debiera velar por la buena aplicación de las normas, debería permitir que se conozcan bien antes, y ampliar estos plazos. Lejos de ello, tiene prisa por ver su política realizada, y acorta sistemáticamente dichos plazos, en lo que es una horrorosa práctica legislativa, muy dañina para los principios básicos de la convivencia democrática. La aplicación tan rápida de esta cascada de normas, con implicaciones incluso penales (la ley penal no puede ser retroactiva y, por lo mismo, debe ser especialmente bien conocida con antelación suficiente), va a ser la baza (junto con la de la ley-acto, que no tiene eficacia general) con la que se defiendan, muy legítimamente, los controladores. Esto, señores, no es más que un problema laboral, y no justifica la entrada en vigor de la norma el mismo día. Ante la reacción irresponsable (pero previsible en un colectivo sometido a todos los cambios que se han referido más arriba) de los controladores, la declaración del estado de alarma ha sido excesivamente lenta, quizá porque el tiempo jugaba a favor de reforzar las decisiones políticas del Gobierno. Si es irresponsable el comportamiento de los controladores, no lo es menos el de un Gobierno tan poco previsor, y ansioso de regularizar a unos trabajadores en puertas de una privatización parcial del servicio. Si por el contrario consideramos que no le ha faltado previsión, el comportamiento no es menos grave, pues habrían permitido el daño a la ciudadanía pese a que lo habían podido prever. Probablemente no sea así, pero ya se sabe, la mujer del César... no debe hacer ciertas cosas cuando se sabe que está buscando novia para sus empresas.

No dudo que algunas exigencias de los controladores puedan no ser muy razonables, pero desde luego la forma de actuar del Gobierno no es sólo de ordeno y mando, es que confunde lo que no normas de alcance general con lo que son actos administrativos (no lo sería si regula de forma general el cómputo de horas de todos los empleados públicos en servicios relacionados con la seguridad, o como quisiera agruparlos: bomberos, protección civil, conductores de transportes de personas,..., pero sí si afecta sólo a uno de ellos sin justificación suficiente de porqué un régimen distinto). Por lo demás, no parece que este proceder haga mucho honor a la penúltima letra del acrónimo del partido en el Gobierno, pues no explica porqué no han realizado una contrapropuesta a los términos del Convenio colectivo remitido por el sindicato de controladores.

Ciertamente el colectivo de controladores tiene un sueldo elevado, y parece razonable que se elabore un plan para moderarlo, entendiendo que dicho plan debe ser a medio plazo, pues a nadie se le debe cambiar el salario radicalmente. El que se requieran unas condiciones anímicas y físicas para la prestación del trabajo en términos de seguridad, puede llevar a un máximo de horas de trabajo, lo que significa incompatibilidad para efectuar cualquier otro trabajo, e imposibilidad de que existan horas extras. Por tanto yo no me opondría a que el gobierno, si no se alcanza un acuerdo por Convenio (lo que está por ver) elimine a medio plazo las horas extras. Es una plantilla pequeña para el servicio que ha de prestarse, por lo que es necesario o bien esas extras, o bien contratar más trabajadores. He ahí la labor que debe hacer el Gobierno, previendo esas nuevas entradas de controladores, y la moderación paulatina de sus sueldos. Una buena fórmula podría ser el fijar un techo alto de horas máximas de trabajo, y proponer un plan de disminución de esas horas, según se adecúa la plantilla a las necesidades del servicio. Probablemente el Gobierno esté pensando en eliminar gastos con los AFIs por un lado, y con la asunción de servicios de tránsito aéreo ligados al aeropuerto por operadores privados, manteniendo los de ruta y aproximación bajo el control público. Pero todo ello, siendo importante, no es una cuestión urgente que justifique el Decreto-Ley, sin vacatio legis, y el viernes del puente de la Constitución.

No estoy a favor de las huelgas salvajes, pero entre éstas y el uso salvaje de la potestad reglamentaria o del poder legislativo, tengo claro dónde me sitúo. Los políticos, de todos los colores, están acostumbrados a modificar las normas con prisa, y a ordenar su inmediata entrada en vigor. El ordenamiento requiere reflexión, pausa, calma. Y, aunque haya situaciones urgentes, las formas en Derecho siempre importan, y mucho... En ese área donde se tocan Derecho y política los políticos (todos, pues ocurría igual con anteriores gobiernos) debieran de saber que no todo vale, que pueden desde luego cambiar las normas, pero que éstas tienen unos cauces que no son arbitrarios ni potestativos. Y no se olviden de la mujer del César.

*Doctor en Derecho. Abogado y Profesor de Derecho civil en la Universidad de La Laguna.

Luis Fajardo*