El avance de resultados del XVI Informe Estado de la Pobreza, presentado en febrero de este año por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, es muy claro: la pobreza se cronifica en Canarias. La tasa Arope en 2025 representa el 31,2% de la población, la misma tasa que en 2024, es decir, la pobreza no se reduce. Se mantiene. Se consolida. Se cronifica.

Después del impacto de la pandemia y gracias al escudo social puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez y por Ángel Víctor Torres en Canarias los distintos indicadores sociales que forman parte del Informe Arope se venían reduciendo año tras año. Pero con el actual Gobierno de CC-PP, y cito literalmente el avance del informe Arope: “La pobreza se cronifica en las islas, consolidándose como un fenómeno estructural que no se reduce de forma significativa, pese a las mejoras puntuales en algunos indicadores”.

Cuando casi una de cada tres personas vive en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, hablamos de más de 700.000 personas, debería ser una prioridad política ofrecer soluciones porque es una cuestión de cohesión social, de dignidad y de futuro.

Canarias bate récord en llegada de turistas, en recaudación por IGIC y, en transferencias recibidas del Estado, 7.524 millones en 2025, la cifra más alta registrada nunca. Con semejante fotografía, la pregunta se impone: ¿por qué la pobreza no se reduce?

La respuesta del Gobierno de CC-PP se remite a “la complejidad”, a las guerras, o el mantra de culpar a Madrid de todo aquello que no funciona en Canarias y que es competencia de este Gobierno. Si en un periodo de crecimiento los indicadores sociales no mejoran, la conclusión es política y de diseño de estas políticas en Canarias: la pobreza se cronifica porque la riqueza no se está redistribuyendo en Canarias. O bien las políticas no actúan en los puntos críticos, o bien llegan tarde, o bien no alcanzan a quienes más lo necesitan. Y cuando ocurre eso, el resultado es claro: familias que ya estaban al límite entran en un bucle de vulnerabilidad social. 

Crece el número de personas que no pueden afrontar gastos imprevistos: 49,8%, casi la mitad de la población. Si cualquier emergencia, una reparación del hogar, una urgencia médica, una avería del coche, una subida del alquiler puede desestabilizar la economía familiar, esto sitúa a las familias en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad permanente.

Según el avance del Informe Arope, empeora el dato de la baja intensidad en el empleo, un indicador clave de inclusión social, que aumenta 1,2 puntos porcentuales en 2025 y el 54,7% de la población canaria declara tener dificultades para llegar a final de mes. Una situación que golpea con mayor intensidad a niños, niñas y adolescentes (53,1%), a hogares monoparentales (67,1%), a quienes viven de alquiler a precio de mercado (63,9%), a la población extracomunitaria (60,6%) y a las personas en desempleo (67,9%).

La única solución que ofrece el Gobierno de CC-PP ante esta preocupante realidad social son titulares vacíos que no sirven para que las familias puedan afrontar el pago del alquiler, acceder a bienes básicos o poder compartir tiempo de ocio y cultura de calidad con sus hijos e hijas. El día a día de miles de familias en Canarias está muy alejado de los titulares que nos vende el Gobierno de Canarias.

En este contexto, la pobreza infantil merece una atención aún mayor. La situación de estrés y de incertidumbre por el empleo precario, las carencias materiales y dificultades para llegar a fin de mes, cuando muchas familias destinan más del 40% de su renta disponible al pago de unos alquileres con los precios desorbitados, toda esta situación familiar afecta al bienestar emocional, a la salud mental y física y a las oportunidades presentes y futuras de las y los menores y adolescentes. Y esta situación conecta con indicadores como el fracaso escolar, que en Canarias se sitúa en el 15,92%, casi tres puntos más que en 2024, alejándose de la media estatal. Un fracaso escolar que el Gobierno de Ángel Víctor Torres lo dejó en un mínimo histórico.

Cuando el propio consejero de Educación ha dicho que muchos chicos, porque son sobre todo chicos, abandonan los estudios porque tienen que ayudar en sus casas, es inaceptable que no se adopten medidas con urgencia porque se está hipotecando las oportunidades de futuro de toda una generación de jóvenes en Canarias condenándolos a seguir reproduciendo el círculo de la pobreza y la desigualdad.

En el núcleo de la pobreza y la desigualdad en Canarias aparecen tres elementos que se refuerzan entre sí: ingresos insuficientes, poco margen ante imprevistos y costes fijos elevados, especialmente los relacionados con la vivienda. 

Si la principal causa del empobrecimiento de las familias en Canarias, según los informes especializados, está en la vivienda, especialmente los precios inasumibles del alquiler, entonces cualquier estrategia que no ponga la vivienda en el centro corre el riesgo de quedarse en “marketing” y no en soluciones. Un Gobierno que se niega a declarar zonas tensionadas como permite la Ley estatal de vivienda, que lleva tres presupuestos aprobados por el actual Gobierno de CC-PP y no ha aprobado el reglamento para el complemento a la vivienda que establece la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía, es un Gobierno alejado de la realidad social que se vive en Canarias. 

En definitiva, cuando la pobreza se cronifica en Canarias el problema es que faltan decisiones políticas con impacto suficiente. El marketing puede llenar titulares, pero no permite pagar alquileres imposibles, ni mejora ingresos precarios, ni reduce la situación de vulnerabilidad familiar. La sociedad canaria no necesita titulares: necesita resultados medibles, compromisos presupuestarios y políticas enfocadas en la raíz del problema. 

Si la pobreza se cronifica, entonces ya no hablamos de un contexto puntual: hablamos de un modelo, el de CC-PP, fracasado, que no está funcionando y que está alejado de la realidad de vida de miles de canarios y canarias.

La no ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no es una mera cuestión administrativa, supone cerrar de un portazo una ventana vital de oportunidades para transformar la realidad social y la de las personas que participan en los distintos proyectos que se desarrollan bajo este pacto. Son cientos de mujeres, hombres, adolescentes que dependen de programas que venían funcionando en años anteriores y que este año 2025 no se van a poner en marcha por la incapacidad de gestión del Gobierno de CC-PP. En Canarias, con la alta prevalencia de la violencia machista, la parálisis de estos fondos no es un simple retraso burocrático, es una grave irresponsabilidad política con graves consecuencias para las tan necesarias política de atención, prevención y sensibilización frente a la violencia de género.

Desde agosto, las profesionales que trabajan en Igualdad vienen avisando de la parálisis. Fueron llamadas a presentar propuestas según criterios cambiantes: proyectos bianuales, luego anuales, y finalmente la imposibilidad práctica de ejecutar intervenciones en apenas dos meses. El resultado: renuncias (por responsabilidad profesional, no se puede hacer en dos meses intervenciones que requieren de todo un año de trabajo), proyectos que no salen adelante y debilitamiento y abandono de las políticas de prevención y sensibilización.

Estamos hablando de intervenciones sociales que requieren de tiempo y confianza; de programas de intervención social y comunitaria, de programas de investigación que sirven de apoyo y orientan las políticas públicas o de recursos especializados para víctimas de trata y prostitución o violencia machista. En 2025, Canarias corre el riesgo de anotar un año perdido en la lucha contra la violencia machista. Y todo lo que no sea avanzar supone un grave retroceso.

Canarias va a recibir este año 2025 10,4 millones de euros del pacto, un millón más que en 2024, reflejo del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer efectivo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero los recursos económicos sin ejecución no sirven de nada.

La señora Candelaria Delgado, después de más de dos años al frente de la consejería, dice que tiene que mandar los proyectos al Ministerio para verificar su adecuación al pacto. La pregunta es: entonces, ¿qué han hecho estos dos años? ¿No verificaban? ¿No sabían si los proyectos cumplían o no? A esta altura no puede alegarse desconocimiento. A esto hay que sumar la falta de trabajo y diálogo con las profesionales de igualdad que son las mejores aliadas en estas políticas. No se trata solo de un error político: es una decisión que menosprecia su conocimiento y experiencia y que empobrece las políticas de igualdad al desaprovechar el talento y la capacidad de innovación social que tenemos en Canarias.

Que proyectos premiados por el Laboratorio de Innovación Social de la ULL integrados en el Programa Aliadas no tengan continuidad por falta de gestión es un lujo que no nos podemos permitir. O el proyecto Por-No-Hablar, reconocido por el Consejo General de Trabajo Social, es otro ejemplo de iniciativas innovadoras que ahora se paralizan. ¿Cómo es posible que programas con aval y resultados demostrados queden en papel mojado por incapacidad de gestión política?

Lo que ha ocurrido este año no puede volver a pasar. Exigimos transparencia en la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, conocer qué actuaciones se desarrollan cada año, el nivel de ejecución, el impacto de los proyectos y sus resultados. Información que debería ser pública y presentarse en el Parlamento de Canarias.

La señora Delgado tiene que responder y explicar con urgencia qué medidas concretas va a adoptar para ejecutar los fondos antes de que concluya el año, y qué medidas va a adoptar para garantizar que en 2026 los proyectos puedan estar desarrollándose desde principios del año.

A 30 de junio el nivel de ejecución del Instituto Canario de Igualdad era del 16%. Una pésima ejecución. A esto se añade un Gobierno de CC-PP que lleva dos años recortando el presupuesto del Instituto Canario de Igualdad. Si en 2023, el Pacto de las Flores destinó 14,9 millones de euros, en 2025 el presupuesto aprobado fue de 13,7 millones.

Por su parte, el Gobierno de España destinó a Canarias este año 17,3 millones de euros, entre el Pacto de Estado y el Plan Corresponsables. La realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez destina más recursos a Canarias de los que presupuesta el Gobierno de Canarias.

No hablamos solo de números. Hablamos de que la falta de ejecución de los fondos del Pacto se va a traducir en menos programas en centros educativos, menos formación para profesionales en sanidad, justicia o educación, menos recursos para atender a las víctimas de las distintas manifestaciones de la violencia machista. Para el Gobierno de CC-PP las políticas de igualdad no son una prioridad.

Si este Gobierno de CC-PP y la señora Delgado no garantizan la ejecución de estos fondos, 2025 pasará a la historia de la agenda de la igualdad y la lucha contra la violencia machista como un año perdido por su negligente gestión política.

En un presupuesto que crece, cómo se explican estos recortes. Pues o bien por falta de voluntad política del Gobierno de CC-PP o por incapacidad de gestión, porque se ha presupuestado a gasto real. Nos tememos que se debe a ambas cuestiones.

Nos enfrentamos a la hipocresía de un gobierno que se rasga las vestiduras ante la situación de las personas migrantes que llegan a Canarias y en especial la infancia migrante, que a día de hoy sigue siendo su competencia exclusiva y recorta casi 5 millones de euros para proyectos dirigidos al apoyo y la inclusión social de las personas migrantes y recorta la inversión para atender a la infancia migrante no acompañada de 15 millones en 2024 a 5.614.992, un recorte de 9.384.008, un 62,56% menos que en 2024. Hipocresía porque, mientras se exigen recursos al Gobierno de España, el Gobierno de CC-PP reduce su inversión en tanto que el Gobierno de España se compromete a aportar 100.000 millones de euros.

El Pacto de las Flores aprobó la Renta Canaria de Ciudadanía, una herramienta fundamental para fortalecer el escudo social en Canarias y que complementa al Ingreso Mínimo Vital en la tan necesaria política de garantizar el derecho a una renta mínima a las personas más vulnerables. En 2025 esa Renta Canaria de Ciudadanía apenas crecerá 18 millones, con lo que solo se dará cobertura a la nómina actual y poco más. Con este presupuesto difícilmente se podrán poner en marcha complementos como el de la vivienda, tan urgente y necesario cuando el informe Arope vuelve a reiterar que es el principal factor de vulnerabilidad social, y cuando el 8,6 % de la población canaria tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta disponible.

En dependencia crece en 16 millones, mientras en 2024 creció 24 millones. No se explica cómo es posible que, incrementándose el número de personas que solicitan la dependencia, el Gobierno del señor Clavijo destine a este fin menos que el ejercicio anterior. Con este presupuesto es imposible incrementar el precio-plaza, lo cual va a poner en riesgo muchos servicios. Además, el sector de la discapacidad alerta de que están en peligro los servicios de atención a estas personas y sus familias, dada la falta de compromiso en estas nuevas cuentas.

Eso sí, incrementan 20 millones para la privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio y, para culminar el atropello, quitarles a los cabildos la gestión y pasar a un modelo centralista y alejado de las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Dos datos preocupantes más. La consejera, la señora Candelaria Delgado, no ha presupuestado el incremento de plazas del convenio con los cabildos para la prestación de servicios de dependencia, cuya adenda acaba de firmar con estas corporaciones insulares. Por ejemplo, a Gran Canaria le ha reconocido 887 plazas nuevas que no están recogidas en el presupuesto de 2025, y esto afecta a todos los cabildos que tienen que aprobar sus respectivos presupuestos sin que conste el compromiso presupuestario del Gobierno para el sostenimiento de las plazas nuevas puestas en marcha. Por otro lado, el recorte en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar y vinculadas al servicio pasa de 87 millones a 78.516.301 euros, un recorte de 9.301.550 euros, cuando faltan recursos y la lista de espera se incrementa.

En atención a la infancia y las familias, presupuesto hipócrita. Recortan 6.723.337, un recorte del 9,3%, mientras seguimos sufriendo la mayor tasa de pobreza infantil.

Recortes también en la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y la Dirección General de Diversidad que, como sigan a este ritmo, en 2027 lo único que va a quedar de esas áreas será la nómina de los altos cargos. Queda constatado el poco valor que le dan a las políticas LGTBIQ+.

Este Gobierno vuelve a abandonar a las personas jóvenes, no dando respuesta a ninguna de sus problemáticas. Aunque digan lo contrario, esta partida tampoco crece, puesto que la subida que plantean se debe realmente a que han centralizado en esta dirección general los 1,7 millones de fondos europeos para jóvenes extutelados

Si hablamos de las políticas de igualdad, los presupuestos parecen diseñados por la ultraderecha negacionista con los derechos de las mujeres. Hemos pasado de un presupuesto que dejó el Pacto de las Flores de 14,4 millones a 13,7 millones en 2025. En este caso, como ya sabemos, todo lo que no sea avanzar es retroceder. Y sí, estamos retrocediendo alarmantemente en un ámbito tan sensible cuando vemos que se incrementa la violencia machista y este gobierno destina cada año menos presupuesto al Instituto Canario de Igualdad. Y lo que es sangrante no se recupera la inversión que había en 2023 para el fondo canario de emergencia social para las mujeres víctimas de violencia de género, que era de 840.000 euros, y lo siguen dejando en 390.000, un 53,5% menos que en 2023 (-450.000). O que las ayudas a víctimas de violencia de género siguen siendo un 35% menos que en 2023, cuando ascendían a 1,5 millones y ahora se quedan en un millón.

En definitiva, presupuestos hipócritas, alejado de las necesidades sociales que tiene Canarias, insuficiente para el sostenimiento del sistema público de servicios sociales y que no garantizan los derechos de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Los mismos que lamentaban que la izquierda fuese incapaz de llegar a acuerdos ahora critican que lo hagamos. Pese a quien pese, este acuerdo surge sin embargo de la responsabilidad y de la urgencia de romper el bloqueo, pues es imprescindible formar ya un Gobierno para hacer frente a los grandes retos que tenemos como país. Los problemas del día a día de la ciudadanía no pueden seguir esperando.

Un Gobierno cohesionado, para cuatro años, defensor de los valores comunes de la izquierda: el feminismo, el ecologismo, la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Es lo que ha decidido la mayoría de este país.

Frente a quienes cuestionan los grandes consensos sociales, quienes niegan derechos o quienes quieren una España excluyente, este acuerdo garantiza un Gobierno de progreso centrado en lo que más preocupa a la mayoría social: la generación de empleo y la lucha contra la precariedad laboral, la ampliación de nuevos derechos, la lucha contra el cambio climático y avanzar en la transición ecológica, políticas feministas y lucha contra la violencia de género, así como justicia fiscal para avanzar en justicia social.

Canarias es ya un ejemplo de acuerdo con un Gobierno progresista que avanza en la necesaria cohesión social de nuestra tierra. Un Gobierno comprometido en la justicia social, la economía solidaria y el desarrollo sostenible.

Para las islas, este acuerdo para la gobernabilidad de España resulta alentador, con la posibilidad de un Gobierno en Madrid y en Canarias con valores compartidos.

Es hora de altura de miras, incluso para el resto de formaciones políticas, que tienen ahora la posibilidad de facilitar la estabilidad que este país necesita evitando el bloqueo en la próxima sesión de investidura. Apelamos a la responsabilidad para que no bloqueen y respeten que gobierne quien ha ganado las elecciones. La alternativa sería unas nuevas elecciones. Quienes dicen oponerse a la formación de un Gobierno progresista, ¿qué nos están diciendo? ¿Que prefieren ir de nuevo a elecciones?

La ciudadanía ha hablado. Diez millones de votos progresistas legitiman este acuerdo. Ahora, toca Gobierno, progreso y estabilidad.

El feminismo supone una revolución, la auténtica revolución pendiente y la única capaz de provocar una profunda transformación social

Este año se cumplen 20 años de la celebración de la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres, que tuvo lugar en Beijing, China, en 1995, que contó con la participación de 189 países y en la que se renovó el compromiso de la comunidad internacional con los objetivos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Dos décadas después, y pese a los avances, las mujeres y las niñas en todo el mundo nos seguimos enfrentando a desigualdades, discriminaciones, violencias y recortes en nuestros derechos.

Las mujeres no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población. Las mujeres somos diversas, por circunstancias socioeconómicas, culturales, religiosas, por razón de etnia, por orientación sexual o por identidad de género. Son muchas las intersecciones que ahondan las situaciones de discriminación que todavía hoy sufre la mitad de la población, las mujeres.

Ante cualquier pérdida de derechos, las mujeres somos las primeras afectadas. El precio de la crisis lo estamos pagando las mujeres. Las políticas del PP son un claro ejemplo de cómo los  recortes en derechos y libertades impactan negativamente en el día a día de muchas mujeres  (ley aborto, reforma laboral, desmantelamiento de la ley de dependencia…) y todo eso se traduce en que España ha retrocedido en el Índice de Igualdad de Género que publica el Foro Económico Mundial. En 2007 España estaba en el puesto 10 y en 2014 ocupamos el puesto 29. Y el indicador que mide la igualdad de oportunidades en el empleo nos sitúa en el puesto 87 de 142 países.

En estos momentos, la consecución de la igualdad ha quedado relegada de algunas agendas políticas. En algunos casos, porque nunca la tuvieron y en otros, porque la nueva política parte de la vieja premisa de que ahora lo urgente son otras cosas.

No cabe la posibilidad de retroceder ni de abandonar el camino emprendido hace décadas.  Ni siquiera la de esperar más tiempo para lograr la igualdad plena, ni supeditar la igualdad a otras conquistas previas. Las mujeres ya hemos esperado muchos años. La igualdad de género debe estar presente en nuestro día a día; en el de las mujeres y también en el de los hombres. La igualdad no es un asunto solo de las mujeres, se trata de una cuestión de calidad democrática y justicia social.

Las mujeres, y los hombres que apuestan por la igualdad, llevamos muchos años luchando para superar brechas, para ser sujetos de derechos y para que se nos reconozcan nuestras capacidades y talento. Años en los que se ha ido avanzando lentamente con normativas nacionales e internacionales para la consecución de la igualdad y con declaraciones de la comunidad internacional. Al menos en el papel, en la teoría, porque la realidad es bien distinta a lo que contemplan las distintas legislaciones. La Igualdad plena y efectiva está lejos de ser conseguida. Ante esta realidad, no queda otra repuesta posible que exigir que el tiempo para la igualdad es YA.

Hay que aprender a mirar desde el feminismo, que nos aporta una mirada crítica sobre la sociedad y las discriminaciones, algunas sutiles y escurridizas y otras no tanto; que le pone nombre al malestar de las mujeres y que no es producto del victimismo, ni pretende privilegios, sino derechos y justicia social para la mitad de la población. Porque las mujeres nos reconocemos como ciudadanas plenas y no estamos dispuestas a renunciar a los derechos y libertades que tanto nos ha costado conquistar.

El feminismo supone una revolución, la auténtica revolución pendiente y la única capaz de provocar una profunda transformación social. Es la única agenda política posible y que debe impregnar transversalmente cualquier propuesta política que aspire de verdad a transformar la sociedad. Con esta profunda convicción, el Instituto Canario de Igualdad,  con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de  la Declaración y la Plataforma de Beijing, hemos organizado el congreso ‘Feminismo: agenda global’, que se celebrará los días 27 y 28 de marzo en Gran Canaria, para propiciar un espacio de análisis y debate sobre los logros alcanzados y los retos pendientes. Porque en definitiva, entre todas y todos podemos construir una sociedad más democrática, más justa, más libre, más plena y más satisfactoria para mujeres y hombres.

Señora Mato, no es “el momento adecuado para revisar la Ley” como le gusta manifestar, es el momento urgente de cumplir la Ley sin subterfugios y dotarla con medios suficientes

Este año conmemoramos el X aniversario de una ley socialista que ha marcado un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. Una Ley que acaba de recibir una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

Por primera vez una ley reconocía que la violencia hacia la mujer es una cuestión estructural, que tiene que ver precisamente con las desigualdades estructurales que existen en nuestra sociedad. En definitiva, la Ley reconoce que la violencia machista es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Una ley fruto también del trabajo conjunto con las organizaciones feministas y las asociaciones de mujeres de este país que venían reclamando desde finales de los años 90 una Ley Integral.

Este reconocimiento requería de una acción transversal, y así la Ley abarca de manera integral tanto los aspectos punitivos como los relacionados con la prevención, la educación, y los aspectos sociales, asistenciales y la atención a las víctimas, así como la normativa civil y por supuesto, la actuación de las Administraciones Públicas. Por primera vez se coloca en la agenda política al máximo nivel la lucha contra la violencia de género.

Una ley pionera en Europa en unos años en los que España se encontraba entre los primeros países del mundo en materia de igualdad. Según el último informe del Foro Económico Mundial, España se sitúa en el puesto 29 y en materia de igualdad de oportunidades en el empleo ocupamos el puesto 84 de 142 países —y seguramente el Partido Popular nos dirá que la reforma laboral que impusieron no tiene nada que ver en la precarización de las mujeres en el mercado laboral— y por si fuera poco, España es el país europeo que más ha retrocedido en los últimos años.

Mientras el Gobierno de Rajoy acude a recoger un merecido premio a una ley que significó un revulsivo en la lucha contra la violencia de género, por estos lares las políticas del Partido Popular han estado minando permanentemente las políticas de igualdad y la defensa de las víctimas de la violencia machista. Con una ministra que ni siquiera acude, ni por vía plasma, a la reuniones de la Conferencia Sectorial de Igualdad que convoca su Ministerio.

La Ley sigue vigente, pero las sucesivas reformas legislativas del PP han ido dirigidas a restarle efectividad, todo ello aderezado con unos significativos recortes presupuestarios. En Canarias, a pesar de que hemos sufrido un recorte del 22% desde 2011 en las partidas destinadas a la violencia de género en los PGE, mantenemos sin recortes el presupuesto destinado a mantener los recursos existentes que garantizan la atención a las víctimas de la violencia de género. Sirva como ejemplo una reforma educativa que suprime la asignatura de Educación para la ciudadanía, un instrumento para educar en valores como la igualdad entre mujeres y hombres; o la Reforma de la Administración Local que considera “impropias” las competencias municipales en Igualdad y Violencia de Género; o el proyecto de reforma del Código Penal que rebaja la gravedad del delito de lesiones o que abre la puerta a la mediación —una auténtica aberración, ¿qué va a mediar una víctima con el maltratador?—. El proyecto “estrella” del Estatuto de la Víctima obliga a pagar las costas en caso de sobreseimiento o absolución, cuando sabemos que es un delito público pero que ocurre en el ámbito privado, con las dificultades de prueba que eso conlleva. Disminuyen las denuncias y con estas políticas lamentablemente seguirán disminuyendo, aumentando la indefensión de muchas mujeres.

Señora Mato, no es “el momento adecuado para revisar la Ley” como le gusta manifestar, es el momento urgente de cumplir la Ley sin subterfugios y dotarla con medios suficientes. Ya es hora de que la violencia hacia las mujeres vuelva a ser una prioridad política, pero me temo que tendremos que esperar, como siempre, a un cambio de gobierno con una voluntad política clara y demostrada que vuelva a defender al máximo nivel político la vida y la integridad de las mujeres.

La “marca España” es, en estos momentos, sinónimo de retroceso en derechos y libertades, gracias a las políticas del Gobierno del PP.

Hace pocos años, las mujeres españolas salíamos a la calle para solidarizarnos con mujeres de otros países que no gozaban de los derechos y libertades que aquí habíamos conquistado. Hoy son mujeres de países vecinos y también del otro lado del Atlántico, las que salen a la calle “en solidaridad con las mujeres españolas”.

Ésta es la España de Rajoy: la de “la recuperación”. Lo que no parece tan claro es qué estamos recuperando, porque este país se parece cada día más a la primera temporada de la serie televisiva “Cuéntame”.

A diario nos sorprenden titulares con “amenazas” de excomunión o afirmaciones de políticas y políticos del PP en las que califican como terroristas a las mujeres que abortan o recomiendan la prostitución como alternativa a la falta de empleo y oportunidades. Éstas y otras declaraciones públicas machistas, retrógradas y absolutamente reprochables con las que nos sobresaltan cada día están consiguiendo que olvidemos lo fundamental. Hablamos de derechos, de libertades, de igualdad de oportunidades, de valores consustanciales a la democracia que están siendo atacados por acción o por omisión por parte de la derecha de este país.

Hablar de derechos y libertades en España se ha convertido en un anatema. Para evitarnos “peligros”, se nos “protege” de nuestra libertad para decidir con una Ley del aborto que nos tutela y nos convierte en víctimas o personas incapaces de decidir libre y responsablemente sobre nuestros cuerpos y nuestra maternidad. También nos “defienden” con una Ley de seguridad ciudadana para protegernos del derecho de manifestación, porque ya sabemos que si no formas parte de la presunta “mayoría silenciosa” eres un peligro social. Y ahora toca también “defender”, aún a costa del respeto a los derechos humanos más fundamentales, nuestras fronteras de las “avalanchas” de personas inmigrantes.

Qué importante es el lenguaje y qué fácil de manipular y tergiversar. Pero si importante es lo que se dice, también lo que se omite. Se puede ser responsable por acción o por omisión. Y las omisiones de este Gobierno son de lo más significativas. Acabamos de pasar por el Debate del Estado de la Nación y parece claro que entre las preocupaciones del presidente no está la ni la igualdad, ni la violencia de género.

En consecuencia, perdimos el debate todas las personas ausentes de un discurso en el que lo único que parece importar es la macroeconomía ¿Para quién se gobierna entonces?

Acabamos de conocer las cifras de la violencia machista en Europa. En los países en los que se avanza en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres, nos sentimos más respaldadas a la hora de denunciar y hacer valer nuestros derechos. En cambio, cuando no existe un discurso político claro y firme a favor de la igualdad, cuando se gobierna de espaldas a la situación de violencia y discriminación que viven muchas mujeres, cuando se legisla contra los derechos fundamentales de las mujeres, se produce el efecto contrario. Por tanto, no debe sorprendernos que en España sigan disminuyendo las cifras de denuncias por violencia de género.

Está en juego la democracia y todos los avances políticos, sociales y en derechos que hemos ido conquistando a lo largo de estos años.

En definitiva, poco que celebrar y mucho que reivindicar este 8 de marzo.