Hay una tendencia en el ser humano, muy bien explicada por la psicología cognitiva, que lleva a pensar que las cosas irán bien cuando se sigue haciendo sistemáticamente lo mismo que se ha hecho siempre. Es la base de muchas costumbres, por supuesto de la tradición, y políticamente es el principal fundamento de las ideas conservadoras, más allá de otros estímulos que luego comentaré. No es que las mentes progresistas estén completamente libres de estas tendencias, pero la diferencia, probablemente, es que se preguntan más frecuentemente sobre el porqué de deber hacer siempre lo mismo, mientras que los más tradicionalistas ni siquiera se lo suelen cuestionar o incluso temen hacerlo. Para ellos, perder esa manera de actuar es una forma de sentir morir su cultura y esencia.

En cualquier país existen ambas tendencias, pero en España la incidencia del conservadurismo es especialmente visible. Unos se fijan en la tauromaquia, el desprecio o la ironía con los catalanes, el sesgo ultraconservador de una parte relevante de los cuerpos armados –militares y policiales–, la condescendencia con la picaresca o el amiguismo y enchufismo, la aversión machista a hombres bien parecidos que cuidan su físico –con el permiso de los nuevos gymbros con aspecto de matones– y la visión estrictamente unitaria y monolingüe de España, y tienden a identificar todo ese conglomerado con algo llamado hace años “España cañí”, y les gusta. Mientras tanto, otros sienten estupor ante todo lo anterior y sólo ven en las corridas de toros la muerte cruel de un animal, en realidad, indefenso; en la catalanofobia, una forma estúpida de racismo; en militares y policías filofascistas, el riesgo constante de un golpe de Estado; en los pícaros, una horda de criminales de atuendos rancios y sonrisas desdentadas, como las de las pinturas negras de Goya; en el nepotismo, criminalidad sistémica; en el machismo, un atavismo repugnante; y en la unidad casi sagrada de España y el monolingüísmo, algo muy cercano a una limpieza étnica. En definitiva, un crimen contra la humanidad.

No es que existan dos bandos, sino que, como en todo colectivo, hay grises. Desde luego, hay conservadores que son perfectamente sabedores de lo que ven los progresistas, pero, conscientes de que el mantenimiento de ese statu quo les da privilegios que disfrutan constantemente, prefieren no combatirlo. Son todos aquellos a los que les encanta “tener amigos en todas partes” y conseguir una rápida cita médica saltándose la lista de espera, la matrícula preferente en un centro docente para sus hijos, o hasta una sentencia favorable, simplemente descolgando el teléfono o en un encuentro más discreto, con la promesa explícita o implícita de devolver el favor a la primera ocasión. Para ellos, ese intercambio de influencias es la más perfecta medida de la felicidad, del mundo que quieren conservar y en el que consiguen el cumplimiento de todos sus deseos, de manera ilegítima, claro está, pero poco les importa lo anterior porque sienten que es completamente justo lo que piden y obtienen, porque lo merecen. Además, sus familiares y amigos les admiran por ello.

Por descontado, hay progresistas que picotean también, en la medida de sus posibilidades, en todo lo anterior. La diferencia, probablemente, es que el grupo conservador es más disciplinado y el progresista es más errático y sectorial. Al final, las ideas políticas de los progresistas en cuanto a la redistribución de la riqueza y la igualdad les hacen tener más frenos morales que aquellos que disfrutan y adoran el clasismo y las diferencias sociales, buscando mantener el mundo que siempre fue, o más bien los restos de una sociedad como la española que, como bien explican varios autores, nunca superó bien el feudalismo, acogió a finales del s. XIX una versión del liberalismo muy acomodada a los intereses de los grandes terratenientes y, en definitiva, acabó promoviendo toda una guerra civil precisamente para que se conservasen los antiguos privilegios de unos pocos, que tan bien describió Berlanga en una deliciosa escena de 'El verdugo'. Aquella en la que el funcionario les dice al aspirante y a su triste mentor que, si no es con una buena recomendación, será imposible obtener el anhelado puesto de matarife que, por cierto, es instrumental para obtener, agárrense, una vivienda.

Puede que no existan ya auténticamente dos Españas, como tantas veces se dijo, sino una errónea identificación de algunas disfunciones, heredadas de un pasado atroz, como características distintivas de un país. Una de ellas es, sin duda, ese desprecio o desconfianza, entre irónico y enojado, hacia los “catalanes” en su conjunto, que es una de las conductas más atávicas y difundidas en toda España, especialmente reverdecida tras el procés y que con más vehemencia se niega, por cierto, en las conversaciones cotidianas, especialmente ante catalanes. Pero que existe y se observa cuando la palabra “catalán” provoca una sonrisa, o un comentario irónico, y esa sonrisa y comentario no causan estupor, sino complicidad. Sustituyan la palabra “catalán” por “negro” y entenderán por qué deberían causar estupor siempre.

Es justamente esa disfunción semirracista, muchísimas veces inconsciente, la que ha hecho de Pedro Sánchez un “traidor” por haber promovido la amnistía de unos políticos que no se alzaron en armas contra nadie, sino que solo intentaban que se pudiera votar una secesión como en Escocia y otros lugares, frente a la reiterada cerrazón al diálogo de Moncloa y ante la existencia de casi dos millones de catalanes –y muchísimos indecisos– manifestándose constantemente pidiendo ese referéndum, y cuyo número iba creciendo ante cada negativa al diálogo. Es cierto que esos políticos erraron estrepitosamente, hasta el ridículo a veces, en el modo, las formas y las conductas, pero… ¿merecía una acusación por “rebelión” quien jamás se alzó en armas ni pretendió hacerlo? ¿Merecieron ser condenados a altísimas penas dos líderes sociales cuya única conducta demostrada fue subirse a un coche de policía para ser más visibles ante una multitud pacífica, instándoles a que se fueran a casa, mientras el resto de la población tomaba cañas y tapas tranquilamente en las terrazas aledañas?

Sin embargo, la condena fue hasta percibida como blanda en la mayor parte de España, y como traidores a quienes la indultaron y amnistiaron. Puede que solo el terror y ultraje que sintió –y aún siente– esa misma parte de la población española en 2017 permita explicar esa gigantesca ceguera colectiva ante la tremenda desproporción del tratamiento penal que impuso la Fiscalía y la Sala Segunda del Tribunal Supremo a aquellos hechos. Y que ese terror y ultraje solo se entienda desde una convicción ultraconservadora, muy difundida, de la unidad de España, que reniega de cualquier forma de federalismo, desconfía del actual Estado de las autonomías y que hasta es compartida por algunos sectores socialdemócratas o de izquierdas.

Tal vez sea bueno recordar que a cualquier colectivo, habitualmente, le favorece un progresismo constante, más o menos acelerado, cuando se opera de forma consciente y racional, es decir, culta, por tanto, sin etiquetas excluyentes cargadas de moralina. Solo así esa predisposición constante por el cambio y la mejora se convierte en puro racionalismo que permite que la sociedad evolucione. 

También conviene no olvidar que el miedo es un mecanismo biológico que nos permite, en ocasiones de riesgo inminente, permanecer con vida, pero que habitualmente nos impide gozar de esa vida en paz y con felicidad. El conservadurismo, qué duda cabe, viene habitualmente inspirado por el miedo a que cambie todo y se extingan nuestras seguridades. Pero suele no ser así. Mientras unos, en estas elecciones, están deseando votar para que en España vuelva a amanecer –o incluso que vuelvan banderas victoriosas–, puede que haya otros muchos que sepan que amanecer no es poco, y que lo que ridiculizaba José Luis Cuerda en aquella inolvidable obra de arte es justamente lo que tradicionalmente ha impedido a mucha gente, en este país, gozar de tantos amaneceres y atardeceres, días y noches, en una auténtica libertad, es decir, carente de los privilegios del pasado, del clasismo y de la picaresca de millares de lazarillos, ciegos y escuderos, observando la vida como lo que es: una oportunidad extraordinaria y única de intentar ser felices y ayudar a los demás a serlo, sin cometer delitos.

La noticia se cuenta rápido. El Tribunal Constitucional ha afirmado que no fue “razonable” la interpretación que hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo al no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación. De hecho, afirma literalmente que esa interpretación es “manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta”. En sustancia, el Tribunal Supremo había afirmado que dicho delito supuso enriquecimiento personal de los condenados, caso que hubiera quedado exceptuado por la propia ley de amnistía. Ahora el Tribunal Constitucional afirma que algo así es contrario a la lógica, puesto que toda malversación posee ánimo de lucro, por lo que debe considerarse amnistiada, además de que la propia ley de amnistía considera amnistiable ese ánimo de lucro si está vinculado con las finalidades independentistas, como sin duda era el caso.

Por añadidura, aprovecha el Tribunal Constitucional para recordarle al Tribunal Supremo que en los autos en que se negaba a aplicar la ley de amnistía –que son los que se recurrieron en amparo– dispuso en contra de su propia sentencia de condena de 2019, cuando sostuvo que ninguno de los actos protagonizados por los independentistas eran idóneos para provocar la secesión, afirmando en esos autos, casi cinco años después, justamente lo contrario para sustentar su repercusión económica, tan fuerte como para poner en riesgo las finanzas de la Unión Europea, cosa que, además, ya ha descartado hace poco el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, el Tribunal Constitucional ordena al Tribunal Supremo declarar amnistiada la malversación, recordando, en un claro, directo e infrecuente aviso a navegantes, que en los propios autos del Tribunal Supremo “no se apreció la concurrencia de ningún otro motivo obstativo a la medida”, por lo que es obligado deducir que no cabría encontrarlo ahora. Es decir, que el Tribunal Supremo no puede poner más peros a la aplicación de la Ley de amnistía.

Siendo interesante lo anterior, lo es también que cinco magistrados, en su voto particular, además de desautorizar la sentencia, afirman que los siete magistrados restantes, es decir, los que han votado a su favor, estarían descalificando a los magistrados del Tribunal Supremo con falta de un “entendimiento elemental del debido respeto institucional”, y que, de hecho, les estarían descalificando a ellos mismos como fruto de su discrepancia. A tal efecto, se quejan porque esos siete compañeros motejen a las resoluciones del Tribunal Supremo como “contrarias a la lógica” o al “sentido común”, o que actuaran con carácter “manifiesto” contra el espíritu de la Ley de amnistía, o en “drástica contradicción” con la misma, añadiendo frases como “quiebra de racionalidad inconciliable” o “razonamientos que presenten de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico”.

En definitiva, el Tribunal Constitucional acusa al Tribunal Supremo de haberse apartado por completo del contenido de la ley cuya interpretación no presentaba dudas, cosa que evidentemente puede, y debe, corregir un Tribunal Constitucional cuando analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que le permite anular las resoluciones que no sean motivadas y fundadas en Derecho. Y obviamente no está bien motivada una resolución que le da la espalda por completo –drástica contradicción– a la ley. No es que el Tribunal Constitucional esté usurpando la labor del Tribunal Supremo como máximo intérprete de las leyes. Eso hubiera ocurrido si, entre las diversas interpretaciones razonables de la ley, el Tribunal Supremo hubiera optado por una, perfectamente razonable, y el Tribunal Constitucional hubiera decidido sustituirla por otra, también razonable. Eso sí sería, claramente, una usurpación. Sin embargo, cuando un tribunal dispone en “drástica contradicción” con lo que dice claramente una ley, el Tribunal Constitucional existe precisamente para resolver este tipo de quebrantos –entre otros– del orden constitucional que, en este caso, habrían puesto en cuestión la mismísima división de poderes, fundamento de nuestra democracia. Si en opinión del Tribunal Constitucional se ha producido ese peligrosísimo quebranto, no le queda otra opción que corregirlo.

Se preguntará el lector si lo que dice el Tribunal Constitucional que han hecho los magistrados del Tribunal Supremo, integra el delito de prevaricación. Pues bien, dicho delito requiere que la aplicación que el juez haga del derecho no resulte objetivamente sostenible según los métodos habituales de interpretación. Y en el caso de que las normas aplicables tengan un contenido más ambiguo, la existencia de prevaricación exige la demostración de que el juez tomó su decisión por razones ajenas a la voluntad que expresa el ordenamiento jurídico.

No puede negarse que la variedad de epítetos y expresiones utilizados por el Tribunal Constitucional para describir la conducta del Tribunal Supremo están cerca del contenido de este delito, lo que es una pésima noticia para todos, empezando por los ciudadanos, que somos los que directamente padecemos el mal funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, no parece ni que fuera la intención de los magistrados del Tribunal Constitucional afirmar algo así, ni que nadie lo deba interpretar de ese modo. Varios juristas avalaron la interpretación de la ley realizada por el Tribunal Supremo, lo que hace imposible sostener que todos ellos –o siquiera algunos– estuvieran avalando como cómplices una supuesta prevaricación. Pero asumiendo –no sin generosidad– que la ley de amnistía podía tener alguna ambigüedad en el punto analizado por el Tribunal Supremo, es entre difícil e imposible probar que el tribunal hubiera actuado movido por razones ajenas al ordenamiento jurídico, como podría ser un interés político o personal que nada tuviera que ver con el proceso.

Por otra parte, si el Tribunal Constitucional hubiera observado prevaricación, lo habría dicho claramente en su sentencia y hubiera cumplido con su indudable obligación de darle traslado a la Fiscalía a los efectos de persecución del delito. Por tanto, descartemos que este sea un caso de prevaricación o, lo que es lo mismo, de lawfare. No es que quiera sentirme ingenuamente tranquilo con la limpieza de las instituciones del país en el que resido, sino que no es bueno para la salud de esas instituciones andar haciendo insinuaciones poniéndolas en cuestión, manoseándolas constantemente y utilizándolas para finalidades netamente políticas.

En definitiva, ojalá –ojalá– este sea un caso en que, por una vez, no se produzca el enésimo choque de trenes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y sea, de una vez, la última hora de esta amnistía. Acéptese la corrección de este último tribunal, como corresponde en respeto a su función, y asúmase de una vez que la ley de amnistía ha pasado el filtro de la Comisión de Venecia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –en la no afectación de las fianzas de la Unión– y del propio Tribunal Constitucional. Que no se ha materializado, en absoluto, ninguno de los planteamientos apocalípticos para el orden constitucional que se profirieron cuando se estaba aprobando la ley. Y que, en definitiva, se puede estar ideológicamente a favor o en contra de dicha ley, pero no es legítimamente posible estar en contra de su cumplimiento. No se puede incumplir la voluntad de un parlamento, y mucho menos si es avalada por el Tribunal Constitucional y hasta por un tribunal supranacional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incluso llegó a decir más en favor de esta ley de lo que se le había preguntado. Por algo sería.

Aunque la actualidad del discurso de una autoridad institucional acostumbra a durar la jornada en que se pronuncia, en esta ocasión las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial tuvieron un superior impacto. Pasan los días, y ahí siguen causando eco. Pese a que, probablemente, fueron calculadas para no tener esa repercusión apelando, en términos amplios, al respeto a la institucionalidad, ha causado estupor en no pocas personas que la presidenta no fuera de algún modo sensible, no a algunos de los fallos más sorprendentes –y ha habido varios– de los tribunales en el último año, sino a las disfunciones que propiciaron esos fallos polémicos y que incluso criticase con bastante extensión en su discurso a quienes lanzaron, con más o menos elegancia, objeciones a esa labor.

Se podrá decir que la presidenta debía defender genéricamente al poder judicial y cerrar filas, pero no es exactamente así. Cerrar filas es propio de un ejército en guerra, y no de algo tan equilibrado, ecuánime y pacífico como debe ser el conjunto de jueces de un país. Por otra parte, defender a un colectivo no pasa por mirar para otro lado cuando se produce una conducta absolutamente incalificable de un juzgador, sino que consiste en propiciar que se activen todos los mecanismos para que la disfunción sea corregida. No hacerlo da alas a todos los que aplauden al infractor y da una imagen pésima de la Justicia ante la sociedad. Me entristecen extraordinariamente las críticas a los jueces, incluso cuando son acertadas, porque revelan que existe un problema allá donde, en puridad, no debiera haber ninguno. La Justicia es lo último que nos queda a la ciudadanía cuando falla todo lo demás. Y si algunos jueces se comportan en su quehacer evidenciando que no les gusta el gobierno de la nación, o bien que odian a la oposición o detestan cualquier otra opción política, están faltando a su misión principal. No es concebible la ecuanimidad en el juez que ha tomado partido públicamente, o incluso a través de sus resoluciones judiciales, y que hasta se enorgullece de ello en privado con sus allegados, o no tanto.

El hecho es que han sucedido demasiadas cosas como para que, precisamente el día en que se pronuncia el discurso ante el jefe del Estado, no se dé cuenta ante la ciudadanía, no solo de lo que ha ido bien, sino también de las disfunciones. En este curso pasado se ha investigado a la esposa del presidente del Gobierno en unos términos que todavía estremecen, sobre todo por la cantidad insólita de veces que tuvo que ser corregido el instructor por la Audiencia Provincial de Madrid, llegando dicho juez hasta el inconcebible extremo de prohibir a Begoña Gómez salir del territorio nacional por riesgo de fuga, lo que fue calificado literalmente como un “disparate” por no pocos juristas de reconocido prestigio. Se ha condenado al hermano del presidente por un delito que un sinfín de penalistas, de cualquier tendencia, no ven. Se ha condenado a un fiscal general del Estado tras una instrucción en la que se emplearon excepcionalísimos y desproporcionados medios de investigación para, finalmente, no acabar descubriendo nada a través de los mismos y pronunciar una sentencia en la que se le condena porque “él o alguien de su entorno”, habría filtrado datos de una investigación que ya eran públicos, y todo tras unos desafortunados comentarios off the record de dos de los magistrados que pronunciaron la condena, y que escuchó toda España. Todo ello sin descuidar un buen número de atropellos a la independencia judicial, jamás corregidos por el Consejo General del Poder Judicial, perpetrados por no pocos jueces que se dedican a opinar en las redes en términos incendiarios, grotescos, ofensivos, o simplemente sesgados, sobre los más variados temas políticos, o acerca de pronunciamientos judiciales con impacto también político.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue padeciendo los retrasos increíbles de la Justicia, citándose en algún caso a las partes para comparecer dentro de cuatro años, cuando los protagonistas del litigio pueden ya estar muertos, o a otra cosa, para su suerte. Se está aplicando a trompicones la ley de eutanasia porque la ideología de algunos colectivos ha prolongado la extensión de agonías absolutamente contrarias a la voluntad del legislador, concediendo legitimación para discutir esos procesos a quien jamás se la dio el legislador. Se ha perseguido, en democracia, a humoristas que han acabado obviamente absueltos por denuncias que hubieran debido ser inadmitidas de plano, desde un principio, y todo ello tras las molestias e inquietud propias de la investigación; hasta alguno ha pasado una noche en el calabozo.

Por su parte, los abogados sufren, asimismo, constantes discrepancias de criterio en trámites idénticos por interpretaciones sorprendentes y contradictorias de Letrados de la Administración de Justicia y de Jueces, de manera que realmente ya no saben lo que hacer y desean, no pocos de ellos, que llegue por fin la inteligencia artificial a la justicia y, al menos, gracias a sus parametrizaciones, se unifiquen de una santa vez los criterios para que uno sepa qué va a encontrarse cuando acude a los tribunales, y también para que le pueda hacer a su cliente una previsión mínimamente razonable de cómo va a acabar su caso, sin tener que estar pendiente de sorpresivos cambios de criterio o hasta de arbitrariedades provocadas por el exceso de trabajo, así como el consecuente hastío y superficialidad en el enjuiciamiento que provoca tener que navegar entre una marea incontenible de asuntos, resolviendo como se puede y al ritmo que se puede.

Cuesta creer que nada de ello estuviera, no en la cabeza de la presidenta, que a buen seguro lo estaba, sino más bien en el acervo argumental que debe exhibir la institución, es decir, la presidencia, en ocasiones tan señaladas, más que nada para que la ciudadanía no se quede pensando que a nadie –con poder para cambiar las cosas– le importan los desastres enumerados. Y todo ello sin poner en cuestión, por descontado, el criterio de cada juez, sino simplemente apelando a que se corrijan lo que no son sino evidentes disfunciones completamente inaceptables para cualquier observador.

Ojalá el próximo discurso, sea el de apertura del año judicial o sea el que fuere, recoja la realidad de lo que se está viviendo y se apunte a soluciones, y no se ocupe el espacio más extenso del discurso para lanzar reprimendas a los mensajeros. Si a la ciudadanía y sus representantes ya no les va a quedar ni la libertad de expresión…

Llevamos ya una larga temporada en que algunas resoluciones judiciales españolas, cuando son mediáticas, son innecesariamente kilométricas y se hacen previsibles, no por razones de técnica jurídica, sino por motivos de orientación política. Ese hecho, unido a las sistemáticas filtraciones del sentido de los fallos, hace que, en este tipo de casos, estemos viviendo un momento crítico en nuestros tribunales que algún día habrá que corregir, simplemente porque la Justicia necesita exhibir siempre estricta seriedad, y con este tipo de resbalones no la está mostrando en absoluto.

Lo anterior se evidencia cuando se observa cómo trabaja el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, no ha habido ni una filtración de la sentencia, lo que nos ha ahorrado tener que aguantar a profetas que suelen predecir en los medios el sentido de una resolución, previo el cotilleo de algún interesado desvergonzado. En segundo lugar, las dos sentencias son breves (38 y 28 páginas), precisas, completas y muy bien motivadas, dando respuesta certera a todas las cuestiones planteadas, sin caer en comentarios subjetivos que pueden revelar prejuicio, animadversión, simpatía o simple orientación política. Y, en tercer lugar, justamente por lo anterior, el fallo del Tribunal de Justicia era perfectamente previsible para cualquier conocedor del Derecho europeo. Y eso se llama seguridad jurídica, que también es lo que deben favorecer los tribunales en todo caso.

Pues bien, el Tribunal de Justicia, en sus dos sentencias dice sustancialmente que la amnistía no es contraria al Derecho europeo, que avala que los Estados, en ejercicio de su autonomía legislativa, puedan decidir hacer uso de este instrumento. Y que, además, la intención de la ley orgánica de amnistía es favorecer la reconciliación nacional en un caso concreto, lo que permite aplicar esta institución incluso en el supuesto de delitos de terrorismo. Y lo cierto es que el Tribunal de Justicia no podía decir otra cosa. El instrumento de la amnistía existe efectiva o potencialmente, de un modo u otro, en todos los Estados Miembros de la Unión Europea, en ejercicio de su soberanía. Afirmar que la amnistía, como institución, es contraria al Derecho Europeo, hubiera supuesto un conflicto político de enorme magnitud que hubiera ultrapasado innecesariamente las fronteras españolas.

Por otra parte, también se ocupa una de las sentencias de la posible afectación del principio de igualdad, por haberse amnistiado unos hechos y no otros que podrían ser análogos. El Tribunal de Justicia no ve, en absoluto, este problema, pues entiende que los hechos amnistiados están suficientemente individualizados y debidamente motivada la decisión de amnistiarlos, precisamente por ese objetivo de reconciliación nacional. Estas palabras avalan, sin duda, la sentencia sobre la ley de amnistía ya pronunciada por el Tribunal Constitucional español y, de hecho, se lo pone ya muy fácil para orientar el sentido de sus futuros pronunciamientos.

En tercer lugar, se había afeado a la ley de amnistía que podía haber vulnerado el Derecho europeo al amnistiar delitos de malversación que comprometían las arcas comunes europeas. En este punto, con una delicada contundencia, el Tribunal de Justicia afirma con rotundidad que no es así dadas las cantidades y partidas implicadas, que sólo afectan al presupuesto nacional, y que incluso si las cantidades hubieran servido para propiciar la secesión de Cataluña, tampoco sería el caso, pues, en este supuesto, el territorio dejaría de formar parte de la Unión Europea, con la consiguiente e inevitable mengua presupuestaria, claro está, sin más trastornos. Como sucedió en el caso del Brexit, por ejemplo. Con ello se descarta completamente este argumento, aunque también se resuelve, de rebote, uno de los temas, ya olvidados, que más se debatió durante el procés: si Cataluña alcanza la independencia, dejaría de formar parte de la Unión Europea. Obviamente, salvo que políticamente se pudiera favorecer otra solución menos traumática, a la que el Tribunal de Justicia, como no podía ser de otro modo, no menciona.

Por último, una de las sentencias se refiere, nuevamente con respetuosa vehemencia, a cuál debe ser la conducta de los tribunales españoles aplicando la ley de amnistía. Según dictamina el Tribunal de Justicia, los jueces deben dictar una resolución de extinción de la responsabilidad, sin más valoraciones. Ese punto 119 de la sentencia más extensa es un más que evidente mensaje a los tribunales que no han obrado, hasta el momento, de ese modo, propiciando, de hecho, todo lo contrario.

Ante todo lo expuesto, no queda sino esperar el fallo del Tribunal Constitucional, que es razonable prever que será completamente coherente con todo lo anterior, vista su sentencia de 26 de junio de 2025. Pero en lo que se refiere al resto de tribunales, nuevamente, por desgracia, entramos en el terreno de lo imprevisible. Queda por ver si el Tribunal Supremo se mantiene en su postura de considerar –completamente al margen de la evidente voluntad del legislador– que la malversación condenada en su sentencia no está cubierta por la ley de amnistía, tema en el que, por cierto, es posible que entre el Tribunal Constitucional, aunque está por ver si lo hace y en qué medida.

Y también habrá que estar pendientes de lo que digan el resto de tribunales con casos pendientes de la aplicación de esta ley. Las palabras del Tribunal de Justicia han sido contundentes: “En este contexto, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía. Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluir este con una resolución de extinción de la responsabilidad sin previamente valorar esas alegaciones y pruebas”. Imposible ser más directo y no dejar, en absoluto, espacio alguno a la ambigüedad.

Siempre me ha molestado profundamente que se utilice el deporte para hacer exhibiciones o proclamas patrióticas. Hay quien dice que es mejor que esa exaltación nacionalista se haga en los terrenos de juego y no en el campo de batalla, y también es verdad que, en el panorama ultranacionalista internacional que rige desde hace mucho tiempo, algunos pueblos sin Estado solo pueden expresarse a través de ocasiones incidentales, como el deporte precisamente. Sin embargo, creo que hubiera sido bastante mejor anular la pulsión nacional y no exhibirla en ninguna parte, sustituyéndola por el amor a la cultura, en general. Puede parecer naif este pensamiento. Intentaré explicarlo a continuación.

El nacionalismo no es más que una ultraidentificación de la propia cultura, que se considera diferente o incluso superior al resto por razones absurdas e inconcretas, por lo general. Si se exacerba, se llega al crimen del racismo. Este último ni siquiera se distingue de las peleas entre grupos colindantes de chimpancés, cuyo único pretexto es siempre la protección del propio grupo frente al vecino. Se trata, en definitiva, de un instinto de autoprotección colectivo, considerando que si desaparece el grupo, uno mismo también está en peligro de perecer. Con esa base, se invaden territorios, o se defiende la propia tierra a muerte, y se protegen a veces hasta límites irracionales las propias expresiones culturales o costumbristas, creyendo que, si desaparecen, el grupo también será eliminado.

De ahí que inquiete la presencia de otras culturas en el medio que se considera propio, como le sucede actualmente a demasiadas personas con los inmigrantes. En ocasiones, se produce la misma reacción dentro del propio grupo, cuando algunos quieren distanciarse por preferir una nueva religión, o un cambio político no deseado por el resto, o simplemente nuevas costumbres que alteran las tradiciones respetadas por la mayoría, lo que hace que se individualice a ese grupúsculo de prácticamente la misma genética, y algunos piensen hasta en extirparlo, nuevamente, por el horror a los cambios y al nacimiento de diferencias. En realidad, claro está, las diferencias pueden hacer nacer nuevos grupos, acabando con el original, y ningún grupo desea perder huestes, sobre todo en previsión de ataques de grupos vecinos, para cuya defensa se necesita, por supuesto tropa, como bien sabe cualquier país en guerra. Nuevamente, también les sucede a los chimpancés, como han demostrado los primatólogos. De ahí, de hecho, las ideas ultraconservadoras de la vida de algunas religiones con respecto al aborto o a la eutanasia, y sorprendentemente más liberales con la pena de muerte; no se desea que el ejército pierda soldados, pero sí se desea acabar con los discrepantes.

Todo ello es esencialmente absurdo, si se considera despacio y en simples términos de supervivencia y consecución de la felicidad, que solo es posible gozando de una libertad que no permite el yugo costumbrista de estas agrupaciones de individuos. Sin embargo, hay algo que sí es positivo de todo lo indicado, sobre todo en términos de diversidad en todos los sentidos, que siempre produce mayores oportunidades de supervivencia. Un grupo de sujetos que siempre hace exactamente lo mismo, perecerá si cambian las circunstancias. En cambio, un colectivo propenso a los cambios, sabrá reaccionar a cualquier novedad y sobreponerse cuando dichas novedades se conviertan en adversidades. Además, esa propensión favorecerá la identificación de dichas novedades como oportunidades, lo que hará crecer intelectualmente al colectivo, cosa que, obviamente, también le otorgará mayores oportunidades de supervivencia.

Esa es justamente la razón por la que el amor a la cultura se convierte en una eficaz herramienta de bienestar. Si se respetan y promueven las lenguas propias de todos los individuos de un territorio, sin imponer por la fuerza un idioma común, se conservan diversos modos de expresar la realidad, lo que también hace nacer nuevas ideas. Lo sabe cualquier políglota que, además de recordar palabras en diversos idiomas, es capaz de profundizar en sus raíces etimológicas y comprende que detrás de cada modo de expresarse, existen diversas maneras de ver el mundo que ayudan a entenderlo cada vez mejor. Lo mismo sucede con las ideologías políticas, los hábitos morales o las simples costumbres alimenticias o de higiene. Mejoramos cuando incorporamos platos sabrosos de otras culturas, o adoptamos medidas de control de la suciedad, o del calor, o del frío, o probamos otras formas de vestirnos, o incluso de dirigirnos a los demás. Todo ello amplía el acervo cultural general, de manera que cada vez es menos posible que las diferencias culturales sean contempladas como abismos que nos separan, transformándose en fuentes de curiosidad que nos llevan a acercarnos e integrarnos sin dejar de sentirnos nosotros mismos.

Algo así debería ocurrir algún día con los Estados. Son, en su origen, muy claramente, territorios que se consiguió controlar militarmente en una época pasada, y poco más. El cierre de fronteras ha hecho que sus integrantes se parezcan cada vez más entre sí y se diferencien de sus antiguos vecinos, otrora tan parecidos a ellos. En realidad, en ocasiones no son más que una fuente de empobrecimiento cultural general, pretendiendo a veces ser, en realidad, lo contrario.

Por ello, si bien en el pasado, sobre todo desde la paz de Westfalia del siglo XVII, aprendimos -mal que bien- a respetar las fronteras para prevenir conflictos, puede que la próxima “paz” que llegue en el futuro consista en la toma de consciencia de lo absurdo de las diferencias nacionales, reconociendo a los grupos humanos vecinos como personas de las que aprender y con las que convivir. Mutuamente, por supuesto. De ese modo, será más posible que nadie quiera imponerse culturalmente sobre otro, ni que sigamos tolerando auténticos crímenes de lesa humanidad cuando ridiculizamos formas de vestir, idiomas, religiones, gastronomía o cualquier expresión de las costumbres de cualquier colectivo humano.

Puede que en el futuro seamos capaces de liberarnos de la esclavitud de todas esas expresiones culturales, viendo precisamente en la cultura solamente lo que es: una oportunidad de constante aprendizaje permanente abierta a nuevas experiencias observadas desde el más estricto respeto a la libertad. Tal vez de esa forma logremos disfrutar del deporte como juego, y no como victoria. Quizás de ese modo aprenderemos a perder el orgullo de la pertenencia al propio pueblo en beneficio de la identificación como ser humano. Ojalá que, de ese modo, sepamos ya, por fin, que solamente somos una agrupación de sustancias omnipresentes en un mismo universo que tuvieron la suerte de crear unidades de autoconsciencia que nos dan la oportunidad de disfrutar. De ser felices. Y de vivir pensando permanentemente en hacer felices a los demás como el mejor camino para obtener la propia felicidad.

Tenía que pasar. Hay que asumir que hace mucho tiempo que en España se está manoseando a la Justicia de una manera insólita desde prácticamente todos los frentes, y era cuestión de tiempo que se abriera en la ciudadanía un debate precedido de una pregunta: ¿realmente podemos confiar en nuestros jueces?

Han confluido demasiados factores hasta llevar a la sociedad a un punto en el que, si no se despierta a tiempo, vamos a seguir viviendo una pesadilla que ya dura demasiado. Ahora ha evidenciado una encuesta el descontento, pero hace mucho tiempo que se debería haber corregido el rumbo de la nave asumiendo cada cual su tanto de culpa, modificando su comportamiento hacia un futuro en el que se identifiquen y corrijan los malos usos, como ha pasado antes, tantas veces, en la historia.

Aunque, ciertamente, podrían ser más, cabe destacar nada menos que nueve factores que nos han llevado hasta aquí.

El primero, y tal vez el desencadenante, han sido algunas resoluciones sorprendentes, o muy difícilmente explicables, de algunos tribunales. Para quien estuvo en Barcelona en aquella manifestación frente a la Conselleria d’Economia, que fue fundamentalmente festiva, con gente tomando cañas y tapas tranquilamente en las terrazas de los bares a escasos metros, resultó muy difícil entender que la Fiscalía viera nada menos que “rebelión” en dos de los líderes de esa manifestación por subirse a un coche de policía y suplicar a la gente que se fuera a casa. Al final se condenó por sedición, pero debe recordarse que ningún tribunal de otro país europeo vio esos delitos. Algo parecido sucedió cuando un fiscal general del Estado fue condenado por haber rectificado una noticia falsa, sin que se demostrara, superando el umbral de la presunción de inocencia, que fuera él quien filtró un mail. Y todo ello mientras hemos presenciado constantes filtraciones de material judicial sin que nadie haya investigado a los supuestos responsables con la extrema dureza con la que lo fue el fiscal general, como estamos viendo actualmente con la vida privada de Rodríguez Zapatero.

También se ha visto a un juez persiguiendo hasta la extenuación a la esposa del presidente del Gobierno por delitos que han ido cambiando a lo largo de la instrucción y de los que escasos o ningún indicio existe. La Audiencia Provincial de Madrid le ha dejado hacer, aun con múltiples correcciones. Pero incluso fue rechazada, con cajas innecesariamente destempladas, toda una querella por prevaricación nada menos que de la Abogacía del Estado ante los erráticos movimientos del juez en este caso, que incluso llevaron a la inconducente declaración de Pedro Sánchez, o al sorprendente intento de imputación del ministro de justicia desautorizado con contundencia por el Tribunal Supremo. Y todo ello mientras parece que la investigación contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o contra Cristóbal Montoro, no se acaban nunca. O surgen resoluciones judiciales con impacto político en el momento más inoportuno. Todo ello siempre tiene una explicación razonable, claro está, pero la reiteración en las casualidades ha activado las suspicacias.

Tampoco ha ayudado (dos) que se haya evidenciado totalmente, con siempre irresponsables retrasos con cálculos partidistas, que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es marcadamente política, o que se hayan situado en el Tribunal Constitucional, también con político retraso, a perfiles con un marcado sesgo partidista y escaso o ningún prestigio, cosa que también ha sucedido, por cierto, en el Tribunal Supremo. También ha trascendido (tres) el descarado uso de las llamadas puertas giratorias de la justicia a la política, y al revés, con reiteración. Y todo ello mientras (cuatro) se ha exhibido por parte del colectivo una tremenda autocomplacencia ante todo lo anterior, llamando a “respetar a la justicia” mientras se intentaba minimizar la gravedad de lo sucedido, sin el más mínimo propósito de la enmienda. Sorprendente (cinco) también ha sido que algunos políticos anuncien imputaciones de otros -el famoso “p’alante”- y no se equivoquen ni les critique ninguna asociación judicial. ¿Cabe concebir más grueso salivazo contra la independencia judicial?

Y todo lo anterior se acompaña del recuerdo (seis) de los tremendos retrasos en los juzgados que han padecido no pocos ciudadanos, resoluciones superficiales o desacertadas fruto del colapso de asuntos, y en algunos casos (siete) incluso conductas inapropiadas o frívolas de los jueces durante los procesos que no han merecido ni siquiera una advertencia por parte del Consejo General del Poder Judicial. ¿De veras que alguien cree que es una conducta apropiada empezar a hablar de una marisquería durante la declaración de un imputado que podía acabar en prisión?

Esa frivolidad de algunos también se ha reflejado en otros jueces especialmente activos en las redes sociales (ocho), que han roto por completo su apariencia de imparcialidad haciendo muy vehementes comentarios políticos, edificante conducta por la que hasta han llegado a ser amparados, de un modo u otro, por el Consejo General del Poder Judicial.

Por último (nueve), ya es conocido en la sociedad que el acceso a la función de juez depende de una oposición solamente memorística para la que los candidatos suelen contar con “preparadores” cuyo pago ha trascendido que es opaco en demasiadas ocasiones. Puede que sean ya demasiados contratiempos para seguir manteniendo un sistema de oposición que, paradójicamente, es considerado la auténtica joya de la corona para todo el colectivo.

Después de todo lo anterior, es evidente que la percepción ciudadana algún día tenía que sensibilizarse. Ojalá ello anime reformas que son imprescindibles y urgentes… desde hace décadas.

El magistrado instructor del proceso penal iniciado contra el expresidente del Gobierno tuvo un giro insólito el pasado 5 junio. En esa fecha, el juez dicta un auto en el que solicita a la Homeland Security Investigations (HSI) de EEUU, “autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso” del volcado que este organismo hizo del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, con ocasión de su detención en un aeropuerto estadounidense.

Debe explicarse, en primer lugar, que la HSI no es ningún juez, sino un organismo del ICE, es decir, del servicio de inmigración y aduanas que Trump decidió hacer tristemente famoso durante los últimos meses por delitos que tal vez nunca sean juzgados, pero que en otro contexto y país hubieran sido considerados indudablemente crímenes contra la humanidad. Connotaciones de esta realidad al margen, lo cierto es que este organismo no es ningún juez, y opera a los fines de seguridad y prevención de propia autoridad, sin autorización judicial, cabe insistir, haciendo estos volcados rápidos y otras medidas de investigación por razones, diría que excepcionales, de seguridad nacional.

Pues bien, algo así simplemente no es posible en nuestro país. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, muy claramente, permite estas intervenciones de terminales y memorias de almacenamiento masivo solamente bajo autorización judicial. No hay ningún matiz al respecto a esta estricta y, por otra parte imprescindible, norma. Lo que EEUU haya decidido hacer en su legislación por razones de seguridad nacional, es cuestión solamente de los EEUU y sus poderes públicos, entre ellos su Justicia, si lo consiente. Pero el hecho de que en ese país un clonado semejante sea legal, no lo convierte en admisible en España. Piensen que no hubiera sido EEUU, sino Corea del Norte, quien hubiera practicado ese volcado, y entenderán que en ningún caso un juez español aceptaría una vulneración semejante del derecho fundamental a la intimidad. Los datos que provinieren, por esta vía, de Corea del Norte, serían considerados prueba ilícita y, por tanto, enteramente nula.

Y por si acaso lo están pensando, tampoco podrían utilizarse esos datos para practicar diligencias legales en España a partir de los mismos, y de esa manera sanar, de algún modo, la nulidad inicial. Justamente semejante martingala es la que intentó la policía estadounidense a principios del siglo XX, encontrándose con dos sentencias que sancionaron con la nulidad, la prueba derivada de datos obtenidos ilícitamente. Son las sentencias Silverthorne Lumber Co. vs. U.S. (1920) y Nardone vs. U.S. (1939). Es en esta última en la que se acuñó esta teoría como la “doctrina de los frutos del árbol envenenado”, siendo el árbol envenenado la prueba ilícita inicial, y siendo los frutos incomestibles las ulteriores diligencias que se intentaran practicar partiendo de los datos extraídos con la inicial prueba ilícita.

Con esa jurisprudencia, en EEUU ha estado vigente la llamada “regla de exclusión” desde el caso Weeks v. U.S. (1914), que precisamente prevé la expulsión del proceso de las pruebas ilícitas. Esa jurisprudencia ha conocido matizaciones y excepciones, algunas conocidas por la jurisprudencia española y otras no, a pesar de que en los últimos años ha recibido un par de varapalos que, desde luego, son coherentes con la deriva autoritaria que, por desgracia, están teniendo muchos sectores del país y que han infiltrado al Tribunal Supremo, pero que también han provocado algunos de los votos particulares más vehementes de toda la historia del tribunal, precisamente para reivindicar la vigencia de los derechos fundamentales, que son nuestro principal escudo protector en democracia frente a los abusos de las autoridades.

En EEUU, esa jurisprudencia no se inauguró sólo porque a muchas mentes bienpensantes y, por lo demás, prudentes, les gusten los derechos fundamentales, sino porque intentó el Tribunal Supremo crear un efecto disuasorio en la policía de aquella época, brutal y corrupta, con el fin de que dejaran de hacer barbaridades. Pensó el Tribunal Supremo que si la policía se encontraba con la nulidad de sus investigaciones tras haber vulnerado un derecho fundamental, se abstendrían de proceder a semejantes atropellos. Hay que decir que la eficacia de la regla ha sido, por desgracia, titubeante y desigual, pese a que mejoraron, sin duda, los usos de la policía.

Sin embargo, hay otra razón por la que no aceptamos en los procesos pruebas que vulneren derechos fundamentales, o que sean derivadas de las mismas. El problema es que cuando un policía vulnera un derecho fundamental, crea en torno a sí en espacio de clandestinidad e impunidad en el que, literalmente, puede hacer lo que le dé la gana, entre otras cosas, manipular el contenido de lo investigado, incluso de manera que no quede rastro. Por eso no solamente es prudente, sino que en términos probatorios es imprescindible declarar nulas esas pruebas.

Honestamente, no sé lo que va a hacer la justicia española en este caso. La vulneración del derecho a la intimidad es absolutamente evidente, tanto que sería imposible en España. Y el hecho de que los datos del terminal de Rodolfo Reyes jamás podrán ser comprobados en cuanto a su autenticidad –el volcado es de hace cinco años, además–, hacen que partir de estos datos sea, al menos, una imprudencia, cuando no una inconstitucionalidad. Confiemos, por tanto, en el buen criterio de la justicia española, sea quien sea el beneficiado. Incluso aunque sea Rodríguez Zapatero.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado. A partir de ahí, aunque ha encontrado algunos comentarios de apoyo, casi todas las reflexiones han sido prudentes, matizadas, y no incondicionales respaldándole. Siempre se habla de la crisis de credibilidad de la justicia, pero hay que aceptar que todavía conserva un no desdeñable prestigio en la sociedad porque, de lo contrario, cuando alguien es investigado por los tribunales, surgirían más voces recelando de sus actuaciones. Sin embargo, no es así, ni siquiera en casos en que desde el principio es evidente que no hay absolutamente nada contra esa persona, como, por cierto, les ha pasado a algunos humoristas, sin ir más lejos. O hasta a dos titiriteros, que acabaron en prisión provisional por representar un guiñol en el que una de las marionetas, con intención incuestionablemente satírica, exhibía el cartel “Gora Alka-ETA”. O a la pobre Dolores Vázquez, cuando lo único que objetivamente la involucraba con los hechos era un tremendo prejuicio ciudadano contra la homosexualidad, completado con amarillismo periodístico y una mala praxis policial.

Pero es indiferente. La memoria de los errores colectivos es muy corta. La realidad es que nadie cree a un reo. Este es un drama que ha sufrido cualquiera que ha estado involucrado en un proceso penal. Por mucho que tus amigos o tu propia familia te conozcan muy bien y sepan que serías incapaz de hacer según qué, cuando se produce una imputación, por disparatada que sea, se activa en la cabeza de cualquier persona el siguiente pensamiento: ¿Será verdad?

Científicamente no se ha estudiado mucho esa reacción instintiva, aunque existen claras razones psicológicas y sociológicas que la explican. En primer lugar, todo ser vivo tiene instinto de supervivencia, lo que biológicamente le lleva a alejarse inmediatamente de los peligros. Obviamente, el autor de un delito puede serlo, pero para identificarlo como peligro, antes hay que creer la imputación que existe sobre él. Y en eso cae todo el mundo. Además, existe una tendencia en el ser humano a interesarse mucho en informaciones desconocidas y alarmantes. Esa tendencia se explica también por ese instinto de supervivencia, aunque también por algo que ha hecho crecer muchísimo a nuestra especie: el hecho de poder compartir información a través del lenguaje. Por ello el periodismo se especializa especialmente en ese tipo de datos, porque son los que tienen más éxito de audiencia. Y es justamente esto, la difusión en la sociedad, lo único que necesita un rumor para consolidarse como información falsariamente verdadera en la sociedad. Lo tiene muy bien estudiado la Psicología social en interesantes análisis muy reveladores.

Todo ello genera lo que llamo desde hace años “prejuicio social de culpabilidad”. Es sistemático en cualquier cultura del mundo, y precisamente para combatirlo y dejarle al reo alguna oportunidad de defensa, existe desde hace casi 3.800 años la presunción de inocencia, a la que ya se refería indirectamente el Código de Hammurabi nada menos que en su Ley 1. Tan importante era ya entonces el problema que incluso podemos encontrar, siglos después, una referencia ya directa a la presunción de inocencia en el Shujing chino, que data nada menos del siglo IV a.C. Pero la afirmación que ha influido a nuestra cultura la debemos al Derecho romano, concretamente a Ulpiano (siglos II-III d.C.), de donde surge la muy difundida frase de que es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente.

No sólo existe la presunción de inocencia para permitir la defensa de un reo, sino que su cometido principal es garantizar la imparcialidad judicial. Al fin y al cabo, un juez es también un ser humano que pertenece a la sociedad y, por supuesto, también puede ser víctima del prejuicio social de culpabilidad. Aunque conoce, sin duda, lo que es la presunción de inocencia, y eso es una ventaja, el inconveniente es que un juez no recibe ninguna formación específica —particularmente psicológica— para conseguir esa neutralidad, por lo que sólo queda confiar en su presencia de ánimo, siempre variable de sujeto a sujeto, como no puede ser de otro modo. Así se introduce un factor de inseguridad jurídica que a duras penas combate la presunción de inocencia, aunque sea nada menos que un derecho fundamental en España. Consulten el art. 24.2 de la Constitución y lo encontrarán.

Con toda esa batería de protección jurídica, y en plena consciencia del problema gigantesco que supone el prejuicio social de culpabilidad, siempre que aparece una persona como imputada, está absolutamente injustificado levantar las campanas al vuelo y señalarlo entre siniestras carcajadas enojadas como culpable. Igual que es absurdo caer en la desesperanza ingenua de los que confiaban ciegamente en el reo y, de repente, sin habérsele condenado, le dan la espalda por atribuírsele indiciariamente hechos delictivos. Esa atribución es sólo una simple hipótesis que debe comprobarse antes de atribuirle una mínima credibilidad.

En el caso del expresidente estamos en un momento muy incipiente del proceso. Además, ni siquiera se ofrecen datos concretos de su participación en un supuesto delito de tráfico de influencias, ni tampoco en el de blanqueo de capitales. Hasta el momento, las cantidades que se están investigando habían sido cobradas sin ocultación alguna por servicios que efectivamente parecen haberse prestado. Otra cosa, naturalmente, es la cuantía de lo cobrado, los destinatarios del cobro, si existen más cantidades aparte de esas y si hay otros datos que permitan percibir con verosimilitud la responsabilidad del expresidente.

Pero incluso si aparecieran esos datos, el proceso no se celebra en vano. No podemos pronunciar una condena cuando el caso acaba de empezar. Ahora mismo solamente se están recogiendo vestigios y ni siquiera está el asunto en presencia del juez que debería juzgarlo en su día, lo que, por cierto, todavía no sabemos ni tan solo si va a suceder, puesto que, de no aparecer otros datos incriminatorios, habría que pronunciar un sobreseimiento, que hasta puede llegar a equivaler a una sentencia absolutoria anticipada, aunque ello no suela suceder con la frecuencia que, por cierto, debiera. Es una señal de que los jueces, por desgracia, no siempre están todo lo cerca que debieran de la presunción de inocencia.

Por tanto, es normal que los políticos hagan las declaraciones que más crean que les benefician en términos demoscópicos o electoralistas para manipular la opinión pública a su conveniencia. Pero el ciudadano corriente debería estar al margen de esas soflamas y hallarse más familiarizado con la presunción de inocencia. Cuando hay una acusación, casi todos se apuntan al carro de los crédulos y gritan culpable. La experiencia de milenios, que ya ha sido descrita en este artículo, enseña que acostumbran a acertar los escépticos. Intenten no olvidarlo en ningún caso, incluso cuando odien, por la razón que sea, al imputado. Esto vale para todos, con independencia del color político.

Pese a que las informaciones periodísticas sobre la marcha de procesos judiciales acostumbran a servir muy eficazmente para linchar mediáticamente a cualquier ciudadano, los procesos penales no sirven para ese fin, aunque no pocas veces son su instrumento. Con independencia de cuál sea la realidad de las imputaciones y, todavía más importante, el resultado final recogido en la sentencia, es enorme el daño que la sola noticia de la celebración del proceso causa en la imagen de una persona y en su patrimonio, no solo porque los procesos cuesten dinero, sino porque el daño reputacional que posee verse inmerso a la luz pública ante un tribunal, repercute decisivamente en las posibilidades profesionales de una persona. Desde luego, las cosas serían bastante diferentes si los procesos se celebraran de manera mucho más rápida, pues menor sería la exposición mediática, aunque ello sería negativo, sin duda, para los medios, que no podrían estirar tanto tiempo algo que, visto con cierta perspectiva, tal vez no sea realmente tan noticiable.

Sin embargo, una de las preguntas que es oportuno hacerse consiste en cuestionarse si todo este espectáculo de las audiencias judiciales es necesario. Tal vez haga mucha gracia ver en un aprieto a algunos interrogados famosos, pero… ¿Es imprescindible? ¿Se obtiene algo relevante de esas audiencias?

Las respuestas a esa pregunta están divididas. La profesión jurídica en general dice públicamente que sí, aunque en privado muchos manifiestan sus reservas, más profundas todavía en algunos profesores especialistas. Sin embargo, la ciencia no jurídica es implacable en este sentido por razones que, además, son fáciles de entender. Nadie puede saber si alguien miente o dice la verdad mirando su cara o sus gestos, salvo que posea poderes sobrenaturales, que nunca es el caso –tampoco si el observador es un juez–, lo cual pone en entredicho la práctica totalidad de los interrogatorios, muy vistosos, eso sí, para la ciudadanía, como entretenimiento. Es más, cuanto más se presiona a los interrogados, por más que le guste al populacho, peor, pues, como dice la ciencia, el estrés es enemigo de la memoria, lo que va en detrimento de que el interrogado aporte algo realmente útil para el esclarecimiento de los hechos. Por lo demás, que el estrés perjudica la memoria lo sabe cualquiera que se haya examinado alguna vez.

Pero no se detiene aquí el despropósito. En las audiencias de juicio se interroga también a los peritos, que son expertos en materias no jurídicas –biólogos, médicos, ingenieros, etc.–, y que son cuestionados por los abogados mientras el juez observa toda la performance, lo que tiene escaso sentido toda vez que el juez no es experto en esas materias. Es, realmente, el mundo al revés, sucediendo que un no experto –el juez– se ve obligado a evaluar lo que dice un experto. El problema ya fue detectado hace al menos treinta y tres años en EEUU –jurisprudencia Daubert, 1993–, habiendo encontrado soluciones inteligentes, pero cuestionables, a ese enorme problema.

Las sesiones de un juicio no sirven realmente para nada más. Solamente se desarrollan, al final de todas las audiencias, una serie de discursos de los abogados y fiscales en los que intentan hilvanar un alegato que retóricamente convenza al tribunal, creándole una especie de marco mental que haga simpatizar a los jueces con ese alegato. Pero dejando de lado la explicación de muy importantes cuestiones estrictamente jurídicas –que podrían explicarse perfectamente, y tal vez mejor, por escrito–, el resto es puro juego con las emociones del tribunal. En definitiva, una completa pérdida de tiempo que podría tener alguna utilidad si los jueces entraran en diálogo directo con abogados y fiscales, debatiendo las dudas del caso. Pero nada de eso suele suceder. Se trata de discursos enlatados que el tribunal escucha en absoluto silencio con unos recursos atencionales que en no pocas ocasiones cuestionan muchos abogados, sobre todo si los discursos son extensos.

Si todo esto es así, ¿por qué perdemos el tiempo celebrando esos juicios? Hay una parte de tradición, que se remonta a unos 5.000 años atrás, y que mantiene una creencia –más bien una fe– en que los jueces son capaces de averiguar la sinceridad de los testigos observándoles, lo que la psicología del testimonio ha demostrado como falso experimentalmente de manera muy contundente, prácticamente incuestionable. Pero sus conclusiones demoledoras para los interrogatorios, compartidas incluso por juristas históricos de indiscutido renombre –Franz von Liszt– no han sido atendidas en la práctica judicial. Es como si la mayoría de jueces –de casi todo el mundo– tuvieran vértigo a dejar atrás toda esa historia de superstición ante la inevitable pregunta: si no hacemos juicios, entonces ¿cómo juzgamos? Y por ello se conforman con guiarse por su intuición, que luego intentan motivar a duras penas, tras escuchar interrogatorios que, como sabe todo el mundo, ni siquiera son espontáneos, sino que en su mayoría están previamente preparados por abogados e incluso por fiscales, con entrevistas previas –y privadas– con los interrogados.

¿Cómo juzgaríamos sin juicios, entonces? Actualmente esa pregunta tiene fácil respuesta. Hoy en día, las cosas han cambiado muchísimo con respecto a la realidad que teníamos hace solamente treinta o cuarenta años atrás. La cantidad de pruebas científicas de que se dispone en la actualidad es inmensa con respecto a hace solo unas pocas décadas. Por otra parte, el número, variedad y fiabilidad de documentos de que disponemos ahora –audios, vídeos, mensajes, datos de tráfico, etc.– era inimaginable hace solo veinticinco años, e incluso menos. Con todo eso se puede juzgar muchísimo mejor que escuchando unos interrogatorios que después, además, la realidad es que escasísimas veces se tienen realmente en cuenta en las sentencias, o solo selectivamente en lo que sustenta la tesis principal del juez, silenciándose como material de desecho el resto de interrogatorios sin decir por qué, para desesperación de los abogados. Basta leer la jurisprudencia para darse cuenta. En definitiva, una completa pérdida de muchísimo tiempo que cada vez sienten más jueces, abogados y fiscales.

En estas condiciones, las audiencias de juicio sirven de poquísimo en realidad. Puede que a algún reo o víctima le den la sensación de que el tribunal los escucha directamente, lo que, por cierto, podría sustanciarse perfectamente en una audiencia más tranquila y reservada. Para lo que pueden servir, eso sí, en casos mediáticos, es para dar pábulo a venganzas o desahogos de reos o testigos que luego quedan muy lucidos en la prensa. En algún caso, hasta divierten impropiamente a algunos juristas y, desde luego, a unos cuantos paisanos acodados en una barra de bar, o a tertulianos improvisados en francachelas semejantes. Pero, desde luego, para juzgar no sirven.

Algún día se acabará la creencia en la eficiencia de los juicios, inspirada en nuestros sistemas, por cierto, por los jurados ingleses de hace unos dos siglos –cuando fueron copiados en Francia– y, desde luego, por la cinematografía, que nos ha hecho conocer a sus hermanos, los jurados estadounidenses, que sin duda precisan ver un espectáculo como un interrogatorio extenuante y agresivo para quedarse con alguna sensación estrictamente intuitiva –esto es, no científica– que les permita decir “culpable” o “no culpable”, por cierto, sin tener que justificar por qué, a diferencia de nuestros jueces. Si se preguntan qué dirían esos jurados si se les cuestionase sobre sus razones, basta con que repasen “Doce hombres sin piedad”. No crean que las razones de los jueces serían –o son– tan diferentes de las iniciales de la mayoría de los jurados de aquella película, que hasta hubieran condenado a muerte a un reo inocente. En todo caso, puede que algún día, en plena consciencia de todo lo anterior, algún legislador muy progresista y valiente, lleno de ciencia y sentido común, se anime a acabar con este antediluviano estado de cosas.

Aparecen de vez en cuando noticias acerca de los resultados de investigación de los primatólogos, sugiriendo prácticamente siempre concomitancias con el comportamiento humano. Existe, naturalmente, una fascinación por saber de dónde venimos que hubiera emocionado a Darwin y horrorizado a muchas de las jerarquías de su época por motivos religiosos. Pero superado ese momento de oscurantismo, el estudio del comportamiento de chimpancés y bonobos es interesante y pertinente, porque efectivamente da claves importantes sobre la conducta humana, sobre todo cuando el investigador tiene la prudencia de no lanzarse al vacío hablando de “guerras” entre chimpancés o de “justicia” o “equidad” en sus acciones.

La razón es que, por mucho que podamos elucubrar con la existencia, cada vez más probable, de un antepasado común entre sapiens y chimpancés más parecido a estos últimos que a nosotros, nuestros comportamientos son fruto de una privilegiada memoria a largo plazo que, pese a ser bastante más imperfecta de lo que creemos –y sobre todo de lo que se cree en los tribunales–, desde luego no está presente entre chimpancés y bonobos. Esa memoria nos ha permitido hacer cosas verdaderamente impresionantes, como asignar un valor semántico a los sonidos que somos capaces de emitir, lo que nos ha permitido crear nuestro lenguaje y así comunicarnos para compartir nuestros conocimientos y sentimientos. Ello nos ha hecho evolucionar, más allá de la genética, de manera espectacular en relación a la progresión de cualquier otra especie del planeta.

Una de las incógnitas que ayudan a despejar los siempre interesantes estudios de los primatólogos, combinados con la obra de antropólogos, psicólogos e historiadores, es la génesis de la noción de “justicia”, y no solamente del sistema judicial actual, sino de la misma idea que fundamenta nuestra idea de justicia: que gane los conflictos, no aquel que sea más fuerte o poderoso, sino aquel que tenga la verdad de su lado. Justamente por eso practicamos la prueba en los procesos, para descubrir la verdad, siendo justamente esa fase su razón fundamental de existencia.

Pero, ¿cómo empezó todo? Nuestra “justicia”, ¿posee una base biológica? Es fundamental observar que para seguirle la pista al concepto, hay que identificar situaciones en que dos seres no resuelven un conflicto entre ellos mismos, violenta o pacíficamente, sino que acuden a un tercero para que les ayude a resolverlo. En ese momento, la observación del comportamiento de los chimpancés vuelve a ser interesante. Son primates que viven en grupo, como nosotros. Y es justamente ese grupo el que es relevante, en muchas ocasiones, para la resolución de sus conflictos, especialmente cuando se ven atacados por un grupo vecino, pero no solamente entonces, sino también cuando un desencuentro entre dos chimpancés deriva en una pelea grupal en la que se toman bandos. 

También existen conductas que tratan de prevenir o disuadir conflictos, como la búsqueda de amistad practicando el aseo mutuo o compartiendo alimento, o buscando distancia, o realizando exhibiciones de poder a gritos intentando alejar a un grupo cercado. Esos comportamientos de apaciguamiento recuerdan poderosamente a la mediación que practicamos desde épocas muy ancestrales los seres humanos de cualquier cultura, pues también intentamos con la misma que los rivales, conviviendo, se respeten o se reconozcan, evitando así, o bien que entren en conflicto, o bien resolviendo una disputa ya existente.

Si a todo a ello le añadimos las cuatro razones principales por las que discuten los chimpancés –territorio, alimento, sexo y jerarquía–, que recuerdan poderosamente a los motivos de nuestros propios conflictos, se comprenderá que nuestra manera de celebrar mediaciones posee una continuidad biológica con los mecanismos de prevención y disuasión de los chimpancés, lo que permite aventurar un origen común muy remoto en alguna especie que ya no está entre nosotros.

Pues bien, los procesos judiciales no son más que el feliz heredero –muy probablemente egipcio– que surgió hace unos 5.000 años de esas antiguas mediaciones. Entre seres que podemos comunicarnos, las mediaciones son muy frecuentemente grupales. Se ha observado en culturas antiguas y actuales de todo el orbe este mecanismo de resolución de conflictos en el que los contendientes exponen su problemática –igual que se exponen las alegaciones en un proceso–, surgiendo en el grupo personas que tienen información de lo sucedido, que son los testigos que tan importantes han sido históricamente en los procesos, y que han perdido actualmente su antiguo valor por razones científicas muy sólidas, pese a que cueste mucho que esta evidencia se asuma en los tribunales por diferentes motivos, pero ese es otro tema. En todo caso, obsérvese que en esa mediación ya tenemos a un tercero catalizador del conflicto –el grupo– que, además, escucha a testigos. Para que se convierta en un proceso judicial, solo hace falta que el grupo decida a quién da la razón, bien en forma de jurado, como sucede todavía en EEUU entre otros lugares, bien a través de unos jueces, como determinaron los antiguos egipcios, inaugurando así la cultura del juez único que podemos identificar también en Mesopotamia y que más tarde se extendería a Grecia y Roma, y de ahí a todo el mundo. Existen altas posibilidades de que esa misma cultura se extendiera por las rutas comerciales hacia el este.

Pero falta un elemento fundamental. ¿Cuándo surge la idea de darle la razón en un conflicto, no al más fuerte, sino al que tenga la verdad de su lado? Es altamente probable que esa idea provenga también de la cultura egipcia. En algunas de sus fases más remotas se identifica una diosa, Maat, que luego fue copiada por los griegos, que la llamaron Themis, y más tarde por la cultura Romana, denominándola “Iustitia”. Como se habrá entendido, Maat era la diosa egipcia de la justicia, actuando aquellos antiguos jueces como sacerdotes del oráculo de la diosa. Lo que los egipcios entendían por “Maat” no cuesta mucho de entender si se analiza la etimología de la palabra, relacionada con los sustantivos “verdad” y “corrección”. Esa es nuestra justicia. Se comprenderá que el salto evolutivo es impresionante. Hasta entonces, como todavía ocurre en nuestras guerras y, por desgracia, demasiadas veces en la política internacional, los conflictos los ganaba el más fuerte, y no el que tenía la verdad de su lado.

Si algo nos enseña toda esta historia, este auténtico viaje alucinante, es que nuestra evolución solo es posible si persistimos en alejarnos de esos modelos de fuerza y poder. Es decir, si profundizamos en sistemas solidarios en los que los seres humanos procuran como prioridad la cooperación y la búsqueda de la felicidad ajena como mecanismo más perfecto de obtención de la propia felicidad. Esa lógica solidaria basada en una auténtica empatía egoísta puede que sea la principal enseñanza de este camino evolutivo que, a duras penas, pese a los contratiempos, vamos siguiendo de manera infatigable cada vez grupos más amplios de seres humanos.

----------------

Para saber más: Nieva-Fenoll, Jordi, 'El origen de la justicia', Ed. Tirant lo Blanch 2023.

Hace ya demasiado tiempo que un sinnúmero de irresponsables está utilizando indebidamente a los jueces para intereses particulares. No se trata solamente de las querellas que embarran la vida política del país y que, no pocas veces, acaban en nada, pero que hacen un daño tremendo a las personas que son imputadas, a su reputación e incluso a la opinión pública. También cabe hablar de las querellas que interponen, con cualquier pretexto, abogados temerarios simplemente para amedrentar a la parte contraria de un conflicto, con el objeto de llegar más rápidamente a un acuerdo. Se trata de casos que no debieran ni empezar y que, pese a los esfuerzos de varios jueces de instrucción, comienzan con demasiada frecuencia. 

La anterior conducta temeraria no sólo afecta a la jurisdicción penal. La administrativa sufre también las demandas de personas que saben que no tienen ninguna razón, pero que acaban iniciando la vía judicial para presionar en un conflicto que tienen perdido, y en el que sólo quieren ganar tiempo obstaculizando la labor de las administraciones para obtener una posición de fuerza que, eventualmente, les dé réditos económicos o incluso ideológicos. Por último, también la jurisdicción civil sufre sus males. Fondos de inversión o grandes empresas interponen de manera masiva demandas que carecen de futuro, sólo para amedrentar a algunos asustados o ingenuos deudores, siendo que algunos ni siquiera deben nada. En otras ocasiones, son las compañías las que fuerzan, con sus incumplimientos, a reclamar judicialmente a los consumidores para que esas empresas cumplan lo que debieran hacer de forma automática. Sucede con enorme frecuencia con las compañías aéreas y telefónicas. Los tribunales están hartos de esas reclamaciones en las que el consumidor tiene más razón que un santo, sucediendo, simplemente, que las empresas ganan tiempo incumpliendo, especulando así con sus propios clientes, los consumidores, sabedores de que la mayoría no reclaman por tan poco dinero, cobrando ilegítimamente las empresas cantidades que, globalmente consideradas, son enormes, engañando a esos clientes.

Estas últimas reclamaciones, que colapsan los tribunales civiles, se resolverían con eficientes aplicaciones de inteligencia artificial destinadas a ayudar a los jueces, que están por construir, además de con normativas más exigentes que obligaran a las compañías a restituir su dinero a los clientes con exactamente la misma facilidad y rapidez con las que cobraron de ellos. Pero el resto de las reclamaciones citadas, las penales y las administrativas sobre todo, son culpa de haber olvidado un poco todos, jueces, abogados y ciudadanos, que la jurisdicción penal es una herramienta muy excepcional, y que la administrativa no puede entrometerse en la labor política o incluso técnica de las administraciones, que es más amplia de lo que tantas veces se supone. 

Empezando por la jurisdicción penal, rige para la misma, y para todo el Derecho Penal, un principio llamado ultima ratio, que significa que el Derecho penal –y los jueces y fiscales que lo aplican– sólo se pondrá en funcionamiento en casos en que sea evidente la existencia de un delito, no cayendo en la trampa de forzar las normas y las investigaciones hasta que aparece algo que podría ser lejanamente delictivo, actuando a partir de entonces de una manera, a veces, un tanto obsesiva para perseguir aquello que nunca debió ser perseguido, o que tuvo que ser trabajo de jueces no penales. De las deudas se ocupan los jueces civiles y, cuando un deudor se retrasa, no puede suponerse que está estafando o ha cometido un delito de apropiación indebida. Cuando alguien tiene una conducta íntima poco aceptable desde el punto de vista moral, no hay por qué asumir automáticamente que ha cometido una agresión sexual. Las críticas, también las sarcásticas, no suelen ser delito de odio, y además es fácil saberlo leyendo sólo la querella, sin más trámites. Incluso un insulto no tiene que suponer automáticamente una querella, sino que los jueces civiles –es decir, no penales– se pueden ocupar de ese desencuentro de una manera más rápida, eficaz y hasta lucrativa. Cuando un juez se equivoca, no se puede pensar sin más que está prevaricando, pues ese delito solamente se puede reconocer en los supuestos más extremos en que un juez se pone las leyes por montera y hace lo que sus instintos le dictan.

Los ejemplos son infinitos, y el resumen sería que, en la actualidad –al contrario de lo que sucedió históricamente– si un juez no penal puede resolver ese conflicto, es ese juez el que tiene preferencia. Solamente esta última afirmación sacaría de los archivos de los tribunales penales un sinnúmero de procesos que, además, están en vía muerta y acabarán en nada, pero que colapsan la institución.

En el terreno administrativo el tema es más delicado. El abuso de algunos ciudadanos sucede con no pocas reclamaciones en oposiciones en las que una comisión da, legítimamente, la victoria a otro candidato porque aprecia que su currículum es más valioso que el suyo por criterios técnicos fundamentados. Los jueces sólo pueden anular esa valoración en supuestos de arbitrariedad, lo que supone que la comisión, simplemente, le ha adjudicado la plaza a quien le ha dado la gana sin ningún motivo científicamente sostenible. Pero existiendo esa motivación razonable, que expresa el criterio de la comisión, los jueces no pueden sustituir por su propio criterio el de la comisión, porque sería tanto como decir que son esos juzgadores, y no esa comisión, quienes otorgan plazas en la administración pública.

Pero también acontece que se les someten a los jueces decisiones de las administraciones que entran dentro de la simple política, como, por ejemplo, cuando una zona de una ciudad se peatonaliza. Las leyes dan un margen amplio a las administraciones para que hagan urbanísticamente en la ciudad aquello para lo que los ciudadanos los eligieron, precisamente porque son decisiones políticas, de manera que serán esas administraciones y sus representantes elegidos por la ciudadanía, y no los jueces, quienes decidan el futuro de la apariencia externa de la ciudad. Sin embargo, demasiadas veces se les someten a los jueces materias de puro gusto estético en las que no debieran entrar, porque ese gusto es, como se puede entender fácilmente, una cuestión política. Sucede hasta con monumentos de valor incuestionable en el que algunos ciudadanos se ven afectados por las obras para culminarlos. Siempre habrá quien quiera paralizarlo todo para intentar conseguir más dinero en las expropiaciones.

Y ha pasado incluso con la eutanasia de una joven que decidió morir voluntariamente, al amparo de la ley. Dos decenas de expertos dictaminaron a favor de la petición de dicha joven, pero hubo que esperar dos años a que varios tribunales confirmaran que, efectivamente, la ley se estaba cumpliendo debidamente en un caso, además, que no suscitaba tantas dudas, con independencia del juicio moral que merezca la eutanasia, que era lo realmente complejo, pero que en absoluto era ni podía ser el objeto de ese juicio.

Puede que algún día se extienda el pensamiento –sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional– de que la Justicia no debe ocuparse de todos estos conflictos, siendo mucho más ágil que los jueces pronuncien inadmisiones a trámite en casos especialmente evidentes de utilización indebida de los tribunales, es decir, de mala fe, sin merma del derecho de defensa. La respuesta a un ciudadano no siempre merece un proceso judicial completo, sobre todo cuando es evidente, desde el principio, que no le asiste la razón y que sólo desea instrumentalizar a los jueces para finalidades ajenas al proceso judicial.

Recuerdo bastante de aquella noche, aunque yo era un niño. Llegué a casa del colegio y mi madre, como solía, estaba escuchando la radio. Retransmitían el debate de investidura. Al poco, comenzaron los conocidos gritos de Tejero y los tiros. Poco después, marchas militares. En aquellas horas, mi familia, como la de tantos, se dividía entre los que estaban encantados y con ganas de abrir botellas de “champán” –hoy cava–, existiendo, no obstante, otros, más experimentados, que habían sufrido la Guerra Civil y guardaban muy buena memoria de ella, no corrompida por la propaganda del franquismo. Estos últimos estaban aterrorizados, pues sabían lo evidente: que aquello podía ser el detonante de otra guerra. En ese escenario, la intervención de madrugada del entonces rey provocó decepción en los primeros y un muy tenso e incierto alivio en los segundos. Al final, todos sabíamos que circulaban tanques por Valencia y eso no auguraba nada bueno, incluso tras el mensaje de Juan Carlos I. Duró aún años la tensión amenazante de un ruido de sables con el que se frivolizaba con frecuencia. 

Pero no les voy a contar más de mis vivencias de aquel día, que a nadie interesan. Lo que me parece relevante es destacar que esa ruptura ideológica en la sociedad, que fue a menos con los años pero que persistió, de hecho, hasta el día de hoy, no acabó con el proceso que condenó a algunos de los implicados, porque tampoco se pretendía eso. Es evidente que ningún conflicto político se acaba jamás con un proceso judicial.

El proceso, en realidad, sirve sobre todo para averiguar la verdad, ya que se trata de un mecanismo milenario de resolución de conflictos que se basa precisamente en eso: en determinar la realidad de los hechos, dándole la razón, no al más fuerte o poderoso, sino a aquel que tiene la verdad de su lado. Pues bien, es obvio que en el proceso contra los golpistas no se averiguó toda la verdad, sino que quedaron lagunas relevantes. Este, por cierto, es uno de los puntos que sí cambian decisivamente tras la reciente publicación de los documentos que hasta ahora estaban clasificados.

En concreto, hemos sabido algo que hubiera sido muy relevante para aquella sentencia, e incluso para el global del proceso: el hoy rey emérito se entrevistó en secreto, justo antes del inicio del proceso, con uno de los principales acusados: Jaime Milans del Bosch.

Esa entrevista es indudablemente impropia, e incluso hubiera podido tener relevancia penal –obstrucción a la justicia–, más allá del impacto político tremendo que hubiera provocado de haber sido conocida en su momento. Todo un rey entrevistándose personalmente con un golpista… De haberse sabido ese dato, con seguridad se le hubiera interrogado al militar sobre qué habló con el monarca. Y aunque cualquier reo tiene derecho a guardar silencio y, visto lo visto, muy probablemente lo hubiera guardado, el dato de esa entrevista hubiera sobrevolado en el ambiente, asentando la tesis de la implicación del rey en el golpe que profirieron varios de los reos, entre ellos el propio Tejero, que afirmó en el Congreso estar actuando en su nombre.

De hecho, puede que la sentencia no hubiera podido eludir pronunciarse sobre esa implicación. El rey es constitucionalmente inviolable y jamás hubiera podido ser juzgado, pero la revelación de esa entrevista era relevante en el terreno probatorio. No es lo mismo hablar con un capitán general la noche del golpe para conocer, al parecer, si apoyaba la asonada, lo que es lógico, que dirigirse a él en secreto, una vez pasado todo, no se sabe para decirle qué justo antes de ser juzgado. Se ha especulado con que no se quería que el militar pudiera implicar de algún modo a la Corona, pero… de ser solamente eso, ¿era imprescindible esa entrevista? Si Milans del Bosch hubiera hecho el clásico relato con efecto ventilador, típico de tantos acusados que buscan vanamente vengarse o protegerse, de nada le hubiera servido, como de poco le valió a Bárcenas todo lo que contó, por poner un solo ejemplo. Por ello, ¿cabría deducir que la preocupación estribaba, en realidad, en revelar datos concretos contrastables sobre la trama de apoyos del golpe?

Y esos datos debieron existir, puesto que, de lo contrario, las conversaciones del monarca con Milans del Bosch el día del golpe no hubieran sido “tensas”, como han revelado los servicios secretos. También parece ser que lo fueron con Armada. Y la tensión solo puede derivar de la discrepancia. ¿Sobre qué discrepaban dos casi ancianos militares de altísima graduación con un reciente rey de cuarenta y pocos años? ¿Por qué se produjo un evidente desencuentro final entre Armada y Milans del Bosch si, según parece ya seguro, el segundo apoyaba al primero para que fuera presidente de un Gobierno de concentración? Puede que nunca lo sepamos ya.

Por supuesto, la opción aparentemente más sencilla es pensar que el rey defendía la democracia y aquellos generales, un giro autoritario, y que Tejero lo estropeó todo, no solo cuando irrumpió a tiros generando una situación internacionalmente escandalosa y grotesca, sino cuando echó a Armada de la sede del Congreso, echándole así un cable involuntario a la democracia. Pero la llamada “navaja de Ockham” no ayuda a resolver en todos los casos los embrollos, puesto que no siempre es la opción más sencilla aquella que ha sucedido realmente. Y, de hecho, la hipótesis que se acaba de exponer no tiene nada de fácil. Supondría asumir que Armada fue por orden del rey al Congreso, pero por libre en cuanto a sus intenciones, y que Tejero, un nacionalista español exaltado, pero militar al fin, habría desobedecido no solo a Armada, sino nada menos que a Milans del Bosch en un momento así. Tejero contaba con antecedentes de insubordinación, ciertamente, pero no a ese nivel.

Sea como fuere, se trata de un interesante caso a nivel probatorio. Lo curioso es que existen personas vivas que sí saben lo sucedido y que de hecho han hablado, como el rey emérito. Tal vez nunca se sabrá si contaron la verdad. Cuando el proceso judicial se acaba, solo puede proseguir la labor de los historiadores. Veremos qué cuentan en el futuro de lo acaecido, si es que se acaban ocupando de ello en algún momento.

El título de este artículo no solamente refleja lo que EEUU está haciendo con el ya depuesto presidente de Venezuela, sino también mi propio estado de ánimo. No siento, como ser humano, piedad alguna por quien ha privado de libertad en condiciones infrahumanas a decenas de personas y situado en el exilio, bajo amenaza de prisión o muerte, a tantísimos ciudadanos cuyo único crimen fue discrepar con el chavismo. El exilio venezolano se cuenta por millones de personas, y ese dato lo dice todo.

Pero dicho esto, no puedo dejar que mi rabia me haga perder la objetividad como jurista, mirando para otro lado cuando se producen vulneraciones de derechos humanos a personas a las que odio, o bien, aún peor, manipulando mi criterio jurídico para que perjudique a esas personas a las que detesto. No crean que me mueve la ingenuidad, sino más bien la certeza de que si callo ante esas vulneraciones que pasan por delante de mí, los siguientes pueden ser personas que sí aprecie, o hasta yo mismo. Si hay algo que me repugna de la película “Matar a un ruiseñor” es su final. Los que hayan visto la película entenderán, tras la lectura de este párrafo por qué. Perdón por el spoiler.

Lo que EEUU ha hecho con Maduro y, por extensión, con Venezuela, no solamente es una flagrante violación del Derecho internacional que la presidencia de EEUU ni siquiera se ha ocupado de desmentir o encubrir, sino más bien todo lo contrario. Creo que todo el mundo entiende que un país no puede invadir a otro, deponer a su presidente, llevárselo preso, juzgarlo en sus tribunales y decir que va a “llevar al país” de ahora en adelante como si se tratase de dirigir una cadena de hoteles. Y eso por mucho que Maduro hiciera tiempo que, incuestionablemente, estaba usurpando el poder. Ningún país tiene por sí solo la autoridad legal para hacer algo así, salvo que volvamos a legitimar el derecho de conquista, como en épocas pasadas.

Pero haciendo abstracción de todo ello, que tendrá mejores comentaristas, desde la materia de la que me ocupo, el Derecho Procesal, lo ocurrido con la detención de Maduro es difícilmente justificable ante los tribunales de cualquier país que se quiera llamar democrático. Ha habido ya precedentes en que los tribunales de EEUU -y de algún otro Estado- han pasado por alto una total ausencia de respeto por los derechos del reo en el momento de su detención, dando por bueno que si el acusado es llevado ante ese tribunal de una manera que al menos parezca que no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental, se prescinde de las circunstancias de la captura. Es el llamado male captus, bene detentus, que no es más que una martingala jurídica de las que hacen época y que nos ha servido para poder juzgar a enemigos públicos como Adolf Eichmann o Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como “Carlos”. Y a EEUU, entre otros, a Manuel Antonio Noriega, antiguo dictadorzuelo de Panamá al que también se depuso del poder. Y nos hemos tragado la martingala porque nadie va a ponerse del lado de tipos como Adolf Eichmann, evidentemente, que ha pasado a la historia como el cerebro de la “solución final” que cristalizó en el holocausto judío a manos de los nazis.

En EEUU tienen además, desde hace tiempo, jurisprudencia que legitima esa manipulación flagrante de los derechos fundamentales. El caso Ker v. Illinois (1886) ya legitimó un secuestro ilegal en Lima para conducir a un reo a EEUU. Ocurrió, sin embargo, que en aquel caso se trataba de una extradición en la que toda la documentación estaba en regla y lo que sucedía es que las autoridades peruanas hicieron una dejación de funciones tal vez lógica, toda vez que todo sucedió durante la ocupación chilena de Lima (1881-1883). Es decir, el reo hubiera sido extraditado muy probablemente en condiciones normales, y los agentes estadounidenses simplemente hicieron lo posible para que la situación político-militar no frustrara la operación. Por otra parte, estamos hablando de hace casi 150 años. Eran otros tiempos, también en EEUU en materia de derechos fundamentales. Sea como fuere, el Tribunal Supremo validó la detención e inauguró esta jurisprudencia que avala que se pueda capturar mal pero detener bien -male captus, bene detentus-. Y pese a que sea perversa la lógica empleada, en este caso podría llegar a considerarse razonable lo sucedido, dadas sus circunstancias excepcionales.

Diferente fue ya el segundo caso que avala estas manera de hacer: Frisbie v. Collins (1952). Sucedió que las autoridades de Michigan secuestraron a un reo en Chicago (Illinois), a fin de conducirlo ante los tribunales de su Estado. Nuevamente, se pasó por alto la captura ilegal haciendo uso de otra orientación, muy polémica, que se ha utilizado también en otros diversos asuntos: si la vulneración de un derecho fundamental no ha afectado a los materiales probatorios que deben juzgarse -lo que sucedería con la tortura, por ejemplo-, esa vulneración puede ser dejada de lado. Aplicada a este caso, que la captura haya sido ilegal no significa que no pueda juzgarse al reo. Esta jurisprudencia fue aplicada también en el caso de Noriega, quien fue detenido al salir de la Nunciatura Apostólica donde se había refugiado. Es decir, EEUU no allanó la Nunciatura.

Ante lo anterior, uno puede tener la sensación de que en EEUU no han salido de la época de los cazarrecompensas que atrapaban a sus víctimas con el lazo típico de los westerns. Pero antes de precipitarse, debe aludirse también al caso, más reciente de United States v. Álvarez-Machaín (1992) en el que el citado fue secuestrado en México, en circunstancias desconocidas, por colaboradores de la DEA que lo entregaron a EEUU. En ese caso, el Tribunal Supremo sostuvo la validez de la jurisprudencia Ker-Frisbie ya citada, pero el reo acabó siendo absuelto en aplicación de la presunción de inocencia.

Pues bien, en el caso de Maduro existen importantes y evidentes diferencias con todos los anteriores. Maduro no hubiera sido extraditado jamás por Venezuela, ni ha sido detenido por autoridades de su propio país, sino de otro, que ha invadido su territorio, ha allanado su residencia vulnerando el derecho a la inviolabilidad del domicilio, también vigente en EEUU. Ha asesinado a varias de las personas que lo protegían, lo han metido en varios medios de transporte militar hasta que han logrado depositarlo en Nueva York, habiéndolo exhibido varias veces como trofeo, cosa tristemente habitual en EEUU pero que condena expresa y justamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por comprometer la presunción de inocencia. Es decir, no es que al reo se le haya detenido en circunstancias desconocidas y haya “aparecido” ante un juez estadounidense, que es algo parecido a lo que quizá le ocurrió a “Carlos” cuando probablemente le vendieron sus supuestos protectores de Sudán. Es que el ejército lo ha detenido violando a sabiendas sus derechos fundamentales, constando dichas violaciones porque hasta las grabaron en vídeo para solaz del Presidente Trump.

La pregunta es si, también en este caso, los tribunales estadounidenses van a tomar la opción de mirar hacia otro lado, o van a considerar que hacer una salvajada semejante en suelo estadounidense hubiera determinado la nulidad de todo lo actuado. Cualquier lector estará absolutamente convencido de que van a dar por buena la detención y, lamentablemente, bien puede ser que sea así. Pero algunos creímos un día que el mundo que promovía EEUU, con todos sus profundos defectos y múltiples contradicciones, era, en el fondo, el del abogado Ramson Stoddard, es decir, el de la ley y el orden, el de los tribunales en los que se puede confiar porque persiguen a quien abusa de los demás con su fuerza. Y no el del lazo y los pistoleros rápidos de escoria humana como Liberty Valance. Aunque a tantos les guste, al parecer, actualmente este último escenario.

Puede que sólo a unos pocos nos interese la defensa del prestigio que debe tener incuestionablemente el Tribunal Supremo. Por ello, no debe omitirse que la sentencia de condena del fiscal general del Estado, por desgracia, no consigue mantener ese prestigio, pues no parece realmente una sentencia, sino más bien el escrito de una parte acusadora que busca no hacer mucha sangre con el reo. No de otro modo se entiende que el relato de hechos probados, o incluso la argumentación jurídica, no se centren realmente en la evaluación de las razones de la defensa del reo -lo que vulnera la presunción de inocencia-, sino más bien en la reiteración de un relato condenatorio que busca convencer con la mera repetición, y no con argumentos muy difícilmente rebatibles, que es la obligación de una sentencia condenatoria, insisto, si desea superar el umbral de la presunción de inocencia.

Es así como, en resumidas cuentas, la sentencia pivota sobre cuatro ejes principales, a saber: 1. El fiscal borró los datos de su teléfono móvil, lo que sería una prueba de su ánimo de ocultación del delito; 2. La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra goza de total credibilidad; 3. No tienen credibilidad, en cambio, los periodistas que declararon poseer el correo antes que el Fiscal General. 4. La información de la nota de prensa era reservada.

Todo lo demás es, en realidad, secundario, por lo que se analizarán a continuación esos cuatro puntos.

Empezando por el primero, es obvio que el tribunal le da una tremenda importancia al dato del borrado. La sentencia ignora o descarta completamente -esto es importante- todos los motivos que alegó el fiscal general para proceder a ese borrado, incurriendo con ello en una suerte de responsabilidad objetiva incompatible, como se ha advertido, con la presunción de inocencia. Si ha borrado, algo habrá hecho, cabría resumir. Evidentemente, una conclusión así es frontalmente incompatible, no sólo con el derecho a no aportar pruebas contra uno mismo de cualquier reo, derivado de su derecho al silencio. Además, ignora que el Fiscal General no es cualquier ciudadano, sino un cargo público del máximo nivel obligado a proteger las informaciones que posea de terceros, e incluso su propia intimidad, absoluta, expresa e incomprensiblemente ninguneada por la sentencia, aun a sabiendas de que los datos privados de alguien tan sumamente relevante como el Fiscal General, hubieran servido en malas manos para destrozarle su vida presente y futura. Todo ello es ignorado por el Tribunal, y, de repente, lo que en este contexto de altísimo cargo público hubiera debido servir, no ya para exculparle, sino para considerar irrelevante el dato del borrado, se convierte en uno de los principales elementos de convicción para la condena.

El segundo eje es la total -y sorprendente- credibilidad que merece al Tribunal Almudena Lastra. Toda España pudo percibir en los interrogatorios que el grado de enfrentamiento personal con el fiscal general era, no ya máximo, sino exagerado. Pero ello no le merece ninguna sospecha de falta de objetividad al tribunal, sino todo lo contrario, y además sin exigir a dicha señora ningún dato objetivo para confirmar la veracidad de su testimonio, incluso con la evidente animadversión que, cabe insistir, se hizo evidente que sentía por el fiscal general.

Este último extremo -el dato objetivo de confirmación- es muy importante, porque cuando se trata de considerar la credibilidad de los periodistas que dijeron poseer el correo con anterioridad, la sentencia les resta su credibilidad, precisamente, porque no alegan, a juicio del tribunal, ningún dato objetivo que confirme lo que dicen, pese a que varios de ellos aludieron al contexto de su toma de conocimiento, es decir, a qué ocurría cuando se enteraron de la información. Sin embargo, este contexto no parece ser relevante para el tribunal. Cabe concluir, por tanto, que es cuando menos curioso que ese “dato objetivo de confirmación” que se les exige a los periodistas, no se le requiera a Almudena Lastra.

Por último, invierte el tribunal un esfuerzo, pese a las apariencias, escaso en motivar que la información difundida era reservada, para poder integrar el delito por el que se condena. Se habla a grandes rasgos de argumentos jurídicos, en general de segundo orden, para justificarlo. Pero no se afronta el punto principal: la información no podía ser ya reservada porque aquel a quien afectaba la información -la pareja de Isabel Díaz Ayuso-, la había difundido de manera interesada. Parece que ante esa eventualidad, lo único que podía hacer la fiscalía era decir “no es cierto lo que dice ese señor”, puesto que la expresión de cualquier dato rectificador sería considerado “reservado”. Para entenderlo, conviene reproducir brevemente los hechos. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso difunde una información que él mismo reconoce en sede judicial que es falsa. La información revela, aunque de manera sesgada, que hay una investigación por delito tributario contra la pareja de la presidente. La fiscalía rectifica los aspectos falsos de la información ya revelada. ¿Alguien acierta a entender cuál es el carácter “reservado” de una información ya revelada, aunque de manera sesgada?

Queda al margen el juicio sobre la desproporción brutal de las medidas de investigación del juez instructor, que decretó la incautación de cualquier dispositivo de comunicación del fiscal general y de su contenido. Y ello por un delito que, salvo en los sueños de alguna acusación popular, jamás mereció, ni de lejos, una pena superior a la impuesta, que es de multa y ni siquiera alta. Y ello, con la excusa de que sólo de ese modo podía descubrirse el delito, cuando, en realidad, nada se descubrió con esos medios excepcionales. A partir de ahora, ¿todos los jueces podrán ocupar nuestros ordenadores y smartphones por sospecha de la comisión de un delito menor? El ejemplo para el futuro que queda es ciertamente inquietante, pues en nada se diferencian estas medidas de investigación de las que podrían decretarse en un régimen autoritario. En democracia, las finalidades de la investigación no lo son todo, y sí lo es, en cambio, la protección de los derechos fundamentales.

También se ocupa el tribunal de advertir, muy a vuelapluma y de manera innecesariamente ambigua, que el Fiscal General no debería perder su plaza de fiscal, parecer que comparto por completo, pero bien hubiera estado que tras una condena tan sumamente coja, el tribunal lo hubiera recordado.

Esta sentencia quedará para la historia, ciertamente. Quedará en la memoria la imprudente frase de que el autor de la filtración fue, o bien el fiscal general, “o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento”. ¿Cabe condenar a alguien, respetando la presunción de inocencia, si ni siquiera aparece clara su autoría?

En definitiva, la sentencia quedará para la historia de lo que jamás se debe volver a repetir. Y mucho menos si la condena se jalona de comentarios inapropiados e innecesarios hechos fuera de contexto por algunos magistrados, y que desde luego no han dejado en buen lugar la imagen del Tribunal Supremo.

Mientras el mundo vive pendiente de la Guerra de Gaza, de la Guerra de Ucrania o del último titular diario, voluntario o involuntario, del presidente de los EEUU, en España seguimos a lo nuestro, es decir, a nuestras pequeñas batallas, siempre sobredimensionadas, que esconden o hasta sepultan otros temas de la actualidad cuya trascendencia real es muchísimo más importante.

Sea como fuere, hoy se ha producido un nuevo capítulo en el proceso contra el Fiscal General del Estado. El magistrado instructor ha dictado una resolución absolutamente previsible en cuanto a que se abría juicio oral en su contra. Queda para la salsa de las anécdotas que en un pasaje denomina al Fiscal General “Álvaro”, o que en su relato ya ni siquiera se refiere a los muchísimos indicios en contra de la hipótesis incriminatoria. Se mantiene en su creencia claramente intuitiva, y contraria a la presunción de inocencia, de que fue el Fiscal General quien filtró el correo de marras, y ya ni se detiene en la cuestión netamente jurídica de si la información en sí era realmente secreta. Es decir, no da respuesta a los argumentos de la defensa. Para conocer sus razones, o la falta de las mismas, hay que remitirse a otras resoluciones anteriores dictadas por el propio instructor.

Ahora mismo correspondería reflexionar sobre si la defensa del Fiscal General va a recusar a los jueces que van a formar su tribunal, o qué argumentos jurídicos y probatorios va a alegar en su defensa cuando se inicie el juicio o si, pese a las tremendas dificultades, intentará finalmente acudir al Tribunal Constitucional con carácter previo. Sin embargo, lo que resulta inquietante es que el debate ahora mismo se está centrando sobre todo en las cábalas acerca de en qué sentido van a juzgar los magistrados que integren la sala, empezando a formarse en todos los foros los clásicos equipos de progresistas y conservadores, llegando naturalmente a elucubrar quinielas sobre si será condenado o no. Adicionalmente, de lo que también se habla es de si este proceso, o la sentencia que en él se dicte, van, por fin, a “hacer caer a Sánchez”.

Ciertamente, nada de lo anterior es edificante, como tampoco lo es que algunos se dediquen a defender a machamartillo la integridad de algunas personas simplemente por el cargo que ocupan, eludiendo juzgar la calidad o intención de su trabajo. En una democracia, todos los ciudadanos pueden criticar a quienes ocupan sus instituciones, especialmente en los casos que les afecten, y manifestar su desacuerdo o hasta su disgusto con el producto de su labor. Pero son los que ocupan esas instituciones aquellos que primero deben honrarlas con su labor al frente de las mismas, evitando así que sean blanco fácil de críticas que hasta pueden ser fundadas.

Por ello, tal vez algún día haya que hacer un cierto borrón y cuenta nueva, sobre todo en algunos tribunales, acerca de su politización muy directamente favorecida por algunos de sus miembros. Hemos visto a algunos magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y de otros tribunales, realizando declaraciones claramente partidistas en los últimos años, o resoluciones que solamente se pueden entender racionalmente si escondían alguna intencionalidad política. Aún es pronto, tal vez, para poner el contador a cero, pero también para hablar de esas resoluciones, aunque algunas serán calificadas como vergonzosas en el futuro por todos aquellos que las estudien, porque el papel no lo aguanta todo. Y quienes ocupan esas instituciones no lo harán para siempre, cosa a veces olvidada por algunos de ellos.

Quiero decir con todo ello que, faltaría más, puede desautorizarse a quien critica a los jueces, especialmente si es un cargo político, pero son los mismos jueces los que deben proteger la institución que representan –nada menos que la Justicia– preservando su independencia e imparcialidad con su labor y también –no se olvide– con la imagen que proyectan en la vida pública. Estamos en un momento histórico en el que la población en general ve a los jueces como los seres humanos que son, y ya no cree en la “justicia” como la diosa que fue en el pasado, y mucho menos en los jueces como sus oráculos. Al contrario, cuando actualmente un juez cae en la tentación de confundir sus intenciones políticas con su criterio jurídico, ya no hay casi nadie mínimamente sagaz que no se dé cuenta. No se trata de que el resultado de la sentencia sea contrario a lo que esperaba un determinado ciudadano. Es que ese ciudadano, con independencia de ese resultado, percibe mucho mejor que hace décadas si le están engañando.

Por consiguiente, con independencia de quién vaya a integrar la sala que juzgue al Fiscal General, de lo que hay que estar muy pendientes es de la corrección de sus conclusiones en la declaración de hechos probados, analizando si es correcto que se haya acusado sin indicios de peso a Álvaro García Ortiz de haber filtrado un correo, o si es adecuado que se haya ignorado por completo que ese correo estaba previamente en manos de varios periodistas que así lo han asegurado en sede judicial, o que hasta lo pudo haber filtrado la propia defensa, que sin duda disponía del mismo porque fue quien lo redactó. Y si siendo ello así, habiendo una -o varias– hipótesis epistémicamente razonable(s) de inocencia, pese a todo es posible condenar por pura intuición derivada de pocos datos escogidos que se elevaron a la categoría de indicios, tal vez sin serlo realmente. En el propio Tribunal Supremo ya hay un magistrado que denunció esa falta de indicios de manera racionalmente impecable.

Y además, cabe insistir en ello, habrá que esclarecer jurídicamente si un correo de la defensa enviado a la fiscalía con una oferta de reconocimiento de unos hechos delictivos, es realmente o no una información secreta, no ya por haberse divulgado antes de la aparición del correo, sino porque forma parte de un proceso negociador entre defensa y fiscalía que, hay que insistir una vez más, merecería una transparencia que actualmente no posee, salvo que estemos dispuestos a asumir que las penas que impone el Código Penal, claramente obligatorias, son realmente “negociables”. España no es EEUU, e incluso en EEUU esas “negociaciones” no son algo de lo que se pueda estar especialmente orgulloso.

Antes de eso, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse también sobre si la medida cautelar de fianza pecuniaria por valor de 150.000 euros para cubrir daños morales de la supuesta víctima, es adecuada considerando que no se ofrece el más mínimo parámetro racional en el auto para determinar concretamente esa cuantía, tratándose, por tanto, de un cálculo intuitivo o, en román paladino, a ojo de buen cubero. También debe determinarse si en este momento procesal cabe imponer una medida cautelar como esa fianza, que por definición requiere que se acredite lo que se denomina técnicamente periculum in mora, es decir, un riesgo de impago. ¿Existe realmente alguna razón por la que quepa pensar racionalmente que el Fiscal General del Estado posee riesgo de insolvencia? Si la hay, de nuevo, en el auto no se indica.

Esos serán los temas de los que se hablará en el proceso. El resto será ruido que, por desgracia, también existirá. Sólo podrá desautorizar ese ruido un evidente ejercicio de independencia e imparcialidad de los magistrados cuando se dicte la sentencia.

Vaya por delante que es dudoso que una universidad así haya existido jamás. Me refiero a un lugar donde las clases eran impartidas por un grupo de sabios que, además, guiaban a sus estudiantes para una futura carrera profesional. Porque eso es justamente un maestro: alguien capaz de preparar a un aprendiz para convertirse en un profesional como él, lo cual, evidentemente, no solamente se hace en las clases, sino también en los pasillos de la universidad y, por supuesto, fuera de ella. Hay que salir del laboratorio para que la ciencia sea de calidad, puesto que el científico que no conoce la realidad no merece ese nombre.

Al contrario, la universidad del pasado era otra cosa muy distinta y conoció diversas épocas, algunas sorprendentes y entretenidas, a lo largo de los siglos. Aunque, dependiendo del país, tuvo algún momento feliz en el que coincidieron en el mismo centro dos o tres sabios, lo cierto es que tal cosa no solía ocurrir. Los que han escrito sobre el pasado universitario hablan de absentismo muy reiterado de los profesores, falta de seriedad en la evaluación y un tedio soberano en alumnos que únicamente acudían a la universidad a tomar apuntes y hacer amigos. Solo de vez en cuando aparece la referencia a un buen profesor cuya calidad, habitualmente, cabe confirmar con la obra que dejo escrita, lo que sucede en contadísimas ocasiones.

Lo que sí fue la universidad es un centro de prestigio social. Lo adquirían sus alumnos ya solo por estar matriculados, y por supuesto, los profesores por estar allí destinados. En aquellas épocas de enormes diferencias sociales, con la enorme mayoría de la población trabajando con sus manos y con unas tasas de analfabetismo espantosas, el hecho de tener estudios básicos ya marcaba la diferencia. Qué decir de aquellos que alcanzaban la gloria de poder sentarse en las aulas del alma mater, y mucho más de esos poquísimos elegidos que lograban impartir docencia. Ser catedrático, además, aseguraba influencia para decidir quienes serían los profesionales del mañana y designar a los sucesores de uno en la cátedra, sin apenas controles. Costó mucho, por ejemplo, que estuviera al menos mal visto el nepotismo de que los hijos -por la sola genética y sin méritos- sucedieran en la cátedra a sus padres, porque era una tradición muy arraigada, al menos hasta bien entrado el siglo XIX, y con crecientes dificultades después.

En ese escenario, salvo ocasiones puntuales, la obra científica de los catedráticos era entre pobre e inexistente, dejando de lado alguna excepción. Su aparente prestigio acababa con su jubilación o muerte. Es lo que ocurre en cualquier posición de poder que carece de control alguno: se abusa de ese poder, como demostró el desgraciado experimento de la cárcel de Stanford. En consecuencia, en demasiadas ocasiones, los catedráticos no eran más que caciques que abusaban sádicamente de sus discípulos con la lejana promesa de sucederles en la cátedra. Las humillaciones que debieron de pasar aún se cuentan, y por desgracia las recuerdan muy bien personas que todavía están bien vivas.

Personalmente encontré solo los restos de aquella antigua universidad. Había mucho caciquismo aún, pero estaba claramente en declive. Los tiempos habían cambiado y puede que aquel lejano mayo de 1968 no fuera realmente tan en vano, al menos para la universidad. La relación maestro y discípulo empezó a cambiar claramente y, paradójicamente, aumentó, al menos en parte, la calidad conjunta de lo publicado, siendo que el problema actual es que se publica demasiado, y habitualmente no aprovechable. Pero se distinguen trabajos de auténtica calidad no ligados a la posición de poder de un catedrático. Puede que la I.A. constituya un impulso para dejar de considerar trabajos científicos a lo que no son más que simples plagios y refritos que nada aportan. Pero al menos ahora se sabe lo que ha publicado un compañero, y resulta obvio si se trata o no de un material aprovechable. Antes, las obras del catedrático eran, durante su vida activa, artificialmente elevadas al Olimpo de la ciencia por insignificantes que fueran, para vergüenza ajena de los lectores dispuestos a comprender lo leído y, por consiguiente, a no dejarse engañar por aquellas farsas. Existen casos espeluznantes, y no son pocos.

Hoy ya casi no existen esas figuras visibles de antaño. Los catedráticos ya no tienen la consideración social del pasado con independencia del país de que se trate y de cuál sea el sistema de acceso a la cátedra. En ello ha influido que hay muchos más catedráticos que en el pasado porque aumentó el número de universidades y, además, puede haber más de un catedrático en cada “plaza”. Pero tengo para mí que el cambio ha sido social sobre todo, y tiene más que ver con esas luchas estudiantiles de los sesenta y setenta del siglo XX. Incluso los catedráticos más caciquiles ya no se comportaban -insisto, salvo excepciones cada vez más puntuales- con aquella miserable arrogancia pomposa del pasado. La disminución de las diferencias sociales también llegó a la universidad y, actualmente, aunque todavía queda camino por recorrer y errores que corregir y reparar, el panorama sería irreconocible para un catedrático de principios del siglo XX. Apenas hay ya Nerones, Cómodos o Calígulas entre el profesorado.

Ello ha llevado, al mismo tiempo, a que los mismos catedráticos renieguen de una posición de liderazgo con la que algún encorbatado fatuo antediluviano sueña despierto todavía, pero al que la propia realidad, siempre terca, acaba desmintiendo tarde o temprano para su desconsuelo. Muchos catedráticos, probablemente la enorme mayoría, ya solo desean pasar desapercibidos, dando sus clases y esperando a la jubilación.

Con todo, esa renuncia al caciquismo y esa ansia de tranquilidad no debiera provocar la pérdida del rol de maestro, puesto que alguien tiene que enseñar, es inevitable. En esa labor de enseñanza no asiste realmente la inteligencia artificial -que es solo una herramienta-, sino el estudio, la lectura y la experimentación. Ese rol de maestro no es nada fácil. Supone estar dispuesto a invertir mucho tiempo en la enseñanza de los estudiantes -aspiren o no a la cátedra-, pero también en el estudio propio porque para enseñar, primero hay que aprender. Y nadie se puede llamar legítimamente maestro si no dedica toda su vida profesional a aprender constantemente. Es el esfuerzo de no dormirse en los laureles.

Eso es justamente lo que confío que jamás se pierda en el futuro, al menos en algunas personas, porque constituye el único ejemplo que puede y debe dar el maestro: su estudio, esfuerzo y experiencia, que requiere una buena dosis de abnegación sin caer en la vida cenobial. Como dije, ser científico obliga a conocer el mundo. Y el mundo está también en el ocio, imprescindible para poder descansar y seguir estudiando.

En un estado de normalidad democrática en el que nadie se corrompa, la respuesta a esta pregunta es indudablemente positiva. Pero incluso en ese estado ideal, que por desgracia no siempre se produce, es necesario tener en cuenta varios aspectos que pueden hacer que, algún día, ni los periodistas, ni los políticos ni la ciudadanía en general lancen tan rápidamente las campanas al vuelo por lo que diga un informe policial, sino que tengan un poco de prudencia.

En primer lugar, un informe policial suele ser el inicio de una investigación judicial, pero no es su final. Es decir, un informe policial no es una sentencia. La razón no es solamente que un policía no es un juez, sino que, además, la policía no trabaja en favor de la presunción de inocencia, sino en su contra. No es esta una crítica a la labor policial, sino que la sospecha es el antecedente lógico natural de la misma. Un juez que tiene dudas debe declarar la inocencia. Si eso mismo lo hiciera un policía, jamás se abriría una investigación. Por eso los informes policiales suelen tener un enorme sesgo incriminatorio. Y por esa misma razón jueces y fiscales no deben hacer jamás un “corta-pega” de los mismos, sino que deben analizarlos y comprobarlos con sumo cuidado y a la luz, insisto, de la presunción de inocencia.

En segundo lugar, un informe policial no debería contener jamás conclusiones sobre los hechos, en el sentido de que la policía se atreva a elaborar un relato de lo sucedido. Al contrario, la labor de construir ese relato está encomendada en parte a los fiscales, e indudablemente, al juez en su sentencia. Por consiguiente, el informe policial sólo debe contener un listado neutro de indicios, de todos los indicios, y no sólo de los que escoja discrecionalmente la policía. Debe señalar, además, la fuente de donde han sido extraídos y la comprobación de su autenticidad. Nada más.

La labor de seleccionar y poner en orden esos indicios es de fiscales y, como se ha dicho, sobre todo de los jueces, que deben ignorar los extremos de un informe policial que se extralimite y elabore un relato. La razón es que ese relato policial puede generar en jueces y fiscales, incluso por inercia, un peligrosísimo marco mental incriminatorio cuya influencia se arrastre irremediablemente hasta la sentencia. Siendo así, el proceso se hace realmente inquisitorial, creándose desde ese informe una verdad de artificio contra la que el reo no hará sino forcejear inútilmente, llegando vencido al juicio, antes de la sentencia irremediablemente –y erróneamente–. Las anteriores palabras no son mías, sino un parafraseo de las que escribiera magistralmente Manuel Alonso Martínez en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, todavía vigente.

Finalmente, debe añadirse que en los últimos años, y muy particularmente en España, se está abusando de los informes policiales. Jueces y fiscales solicitan a los cuerpos armados investigaciones de contenidos para los que científicamente no está preparada la policía, por carecer de formación suficiente para ello. Con todo, se están realizando informes sobre materias para las que se requieren conocimientos profundos de economía, o de informática, que no tienen, en general, los agentes encargados de tal misión. Por no hablar de informes grafológicos, balísticos o de otras materias cuya fiabilidad científica es algo más que cuestionable, como se vio claramente en el histórico informe del PCAST (President’s Council of Advisors on Science and Technology) presentado en 2016 al presidente Obama. Ese informe dejó al descubierto, no solamente los frecuentes sesgos cognitivos de los investigadores, que les lleva a establecer conclusiones pseudocientíficas prejuiciosas, influenciados por su conocimiento de los hechos del caso concreto. También denunció la precariedad de técnicas tan populares como los análisis de ADN, de cabello, de huellas dactilares o de zapato, de escritura manuscrita o incluso los mismísimos análisis balísticos. Por decirlo claro, existe una gran distancia entre lo que cree intuitivamente la gente sobre la eficiencia de dichas técnicas, y lo que, sin embargo, dice la ciencia.

Si la ciudadanía tuviera un conocimiento concreto de todo lo anterior, el informe de la UCO del caso Ábalos no hubiera provocado el terremoto político que ocasionó. El mismo Ábalos ha declarado ante el Magistrado-instructor del Tribunal Supremo que no se reconoce en las grabaciones que configuraron el informe de la UCO y que, de hecho, dejando de lado conjeturas al margen, son su base principal, por no decir única. Que Ábalos diga que no se reconoce en esas voces va a obligar a investigar si las grabaciones son reales y no están manipuladas, para excluir que se haya producido lo que técnicamente se llama deepfake, es decir, una de esas falsificaciones que todos hemos visto u oído ya en entretenidos memes, pero que pueden ser realizadas incluso fácilmente, y en ocasiones con tal perfección que pueden llegar a ser indetectables en al menos un 15% de los casos. Pues bien, téngase solamente en cuenta que las técnicas periciales para identificar esos deepfakes son todavía demasiado incipientes como para que, salvo en los casos más frecuentes, puedan ser asumidas por la mayoría de los informáticos. Imagínese la competencia científica que para ello puede tener un cuerpo policial.

A finales del siglo XIX, las autoridades fueron muy conscientes de que era imprescindible la creación de un organismo que se ocupara de reunir a los mejores profesionales para realizar autopsias y otras técnicas de análisis de restos humanos, lo que más adelante se amplió al estudio de los tóxicos implicados en un delito. Esa saludable conducta, por desgracia, se perdió al mismo tiempo que se fueron desarrollando los cuerpos policiales, olvidando que necesitamos imperiosamente a auténticos expertos que se encarguen de esas investigaciones. Y así llegamos a la situación actual, en que diversas unidades policiales, a veces muy voluntariosas, se encargan del análisis de materias científicas sin estar debidamente dotadas de expertos especialistas en las mismas.

Ojalá algún día cambie esta situación, que no es exclusiva de España. Mientras tanto, si uno no quiere pasarse de listo, la mejor guía para interpretar los datos que vayan surgiendo de investigaciones en curso habrá de ser el respeto por un derecho fundamental: la presunción de inocencia. Sospechar por sistema puede ser popular en las barras de bar, pero no lo es en ningún ambiente científico. Más bien todo lo contrario.

Aunque no era la primera vez que sucedían cosas semejantes, el interrogatorio a Elisa Mouliaá -caso Íñigo Errejón- puso de manifesto una realidad que, aunque no es unánime, no es por desgracia tan infrecuente: un juez con un comportamiento autoritario en las audiencias, fundamentalmente ocupado de eso que llaman “guardar sala”, es decir, que nadie se atreva a formular un atisbo de cuestionamiento, no de su autoridad, sino de su criterio. Muchísimos abogados están cansados de soportar un trato que demasiadas veces consideran humillante, y que desde luego no tiene justificación posible. La Justicia no es obviamente ni el lugar ni la situación en la que el juez puede dejarse ir ni perder los nervios.

Pero insisto en que sucede, desafortunadamente, con alguna reiteración. Y en las últimas semanas hemos visto ejemplos de esas diversas disfunciones que, dada su frecuencia, aunque puedan no ser mayoritarias -hay casos ejemplares, como el de la magistrada-presidente del juicio oral del antiguo caso Urdangarin-, no se pueden considerar marginales. Hemos visto los aspavientos del juez del caso de Jenny Hermoso cuando declaraba inadmisible -impertinente, decimos los juristas- una pregunta, pues incluso teniendo razón en la declaración de inadmisibilidad -y la tuvo varias veces-, la perdía con ese innecesario gesto malhumorado. Se las hemos leído al juez Peinado cuando interrogó en tono de incredulidad a un reo, poniendo en riesgo así la presunción de inocencia, llegando al extremo de alterar en sus preguntas -ojalá que inadvertidamente- lo que había dicho otro reo. Hemos leído en las transcripciones de los interrogatorios cómo el magistrado Hurtado negaba verbalmente a la abogacía del Estado algo tan simple como la determinación concreta, y no divagante, de una vez por todas, del objeto de la imputación contra el Fiscal General del Estado. Oímos hace días el tono innecesariamente imperativo de la jueza encargada de la instrucción contra el hermano del presidente del gobierno. Y para muchos, como decía, llegó el colmo escuchando el interrogatorio a Elisa Mouliaá, en el que el juez no dejó sentarse a la interrogada, no la dejaba hablar, la interrumpía constantemente con sus propios comentarios y deslizaba alusiones impropias en el contexto de alguien que está denunciando violencia sexual, con un innecesario tono de “no te creo” que, desde luego, podría haber formulado de una forma bastante más edificante, si lo creía absolutamente necesario, que me temo que no lo era en ningún caso.

Sin embargo, es obvio que el juez quedó satisfecho con su actuación, puesto que después se atrevió a declararlo así en los medios de comunicación, dando la sensación de que estaba completamente convencido de haber cumplido con su obligación. Es evidente que dicho juez, y otros muchos, desconocen absolutamente aquello que exige la psicología del testimonio, que es justamente la ciencia que disciplina los interrogatorios y que jamás forma parte de la formación de un juez en España. Como mucho, reciben alguna conferencia de esta materia en la Escuela Judicial, o después en su formación continuada, pero en absoluto es algo que aprendan debidamente. Incluso en las simulaciones que se hacen aquí y allá en la formación de tantos juristas, es obvio que el modelo es más bien lo aprendido en la cinematografía americana que en cualquier otro lugar. Visto con perspectiva, lo que ocurre con los interrogatorios en España es un completo desastre, y evidentemente esa falta de conocimiento deriva en sentimiento de inseguridad y puede repercutir en la conducta del juez durante las audiencias. Quien no domina realmente lo que tiene que hacer, siente incertidumbre y puede llegar a recurrir a la prepotencia. Ocurre en cualquier contexto -empresas, clases, etc.-, no sólo en la Justicia.

La solución a todo ello es, obviamente, la formación. Muchos abogados, en su interrogatorio, creen que su labor es “crear un ambiente” de opinión favorable a su cliente con sus preguntas, creyéndose que son James Stewart en “Anatomía de un asesinato” o Charles Laughton en “Testigo de cargo”, personajes del cine, no de la realidad. Y hay muchos ciudadanos, no sólo abogados y jueces, que opinan que el interrogatorio sirve para hacer pasar un mal rato al interrogado, pues de su crispación surgirá la verdad. Bien al contrario, y lo sabe cualquier abogado, de esa crispación sólo puede resultar, si tienen éxito, una imagen de incredibilidad del interrogado, que muchas veces es lo que buscan: hacer pasar al declarante por un mentiroso. Al contrario, si para algo debería servir un interrogatorio, como cualquier otro medio de prueba, es para defender al cliente ayudando a esclarecer la verdad, y no para generar marcos mentales ni crear pantomimas mintiendo descaradamente o manipulando los hechos. La sala de audiencias de un juzgado no es un escenario teatral.

Y con respecto a los jueces, incluso siendo su tono adecuado, a veces rechazan peticiones en las audiencias simplemente porque les rompen su idea de cómo iba a conducirse aquel proceso y en qué tiempos, y no porque la ley impida esa petición de los abogados, todo lo contrario. No hay que confundir el tono sereno de un juez con su cumplimiento escrupuloso de la Constitución y las leyes. En alguna ocasión, las maneras más versallescas han encubierto, con un manto de aromáticas perlas en forma de florituras lingüísticas y elogios a los abogados, las peores vulneraciones del derecho al juez imparcial y al derecho de defensa. En el teatro, todo es mentira. En una sala de audiencias de un tribunal se busca solamente la verdad.

Cabe confiar en que algún día todo cambie, cuando la formación de abogados se ocupe más monográficamente de la prueba, y la de los jueces se concentre también en un aspecto central de la capacitación de un juzgador: el aprendizaje del pragmatismo, la tolerancia, la empatía y el buen talante como herramientas externas que deben acompañar a la independencia e imparcialidad de absolutamente todos los jueces. De hecho, un juez que no es independiente e imparcial no es un juez. Es un farsante disfrazado con una toga.

La mayoría de docentes no son demasiado conscientes de algo que sus alumnos mayoritariamente saben. La inteligencia artificial (IA) acabará con las clases magistrales en las aulas. Lo que casi ninguno de ellos sabe es que también cambiarán los métodos de evaluación, dado que muy probablemente se automatizarán en una parte sustancial. ¿Nos extinguiremos los profesores? No lo creo, pero cambiaremos de manera algo drástica nuestra misión dentro de no tanto tiempo. Lo explicaré de forma resumida.

En cuanto a la docencia, debe asumirse que las clases son, en su mayoría, una exposición de contenido. Pueden ser más o menos interactivas, pero al final, tal y como las esperan la mayoría de alumnos y las imparten también la mayoría de profesores, son solo una transmisión de resúmenes sobre los aspectos principales de una materia, que los alumnos recogen a través de sus apuntes. Así ha sido habitualmente hasta ahora, con intentos de innovaciones por parte de algunos profesores que con frecuencia han sido fallidas por diferentes razones, siendo la principal la resistencia de docentes y alumnos a los cambios. Al final, es más cómodo seguir como siempre –aunque lleve al desastre, como es el caso–, y el ser humano suele optar por lo más cómodo.

Ocurre ahora, sin embargo, que lo más cómodo ya no es tomar apuntes, sino que una herramienta de IA escuche al profesor y automáticamente le haga unos apuntes completos al alumno, basados en lo que el profesor haya dicho, errores incluidos. Por su parte el profesor, existiendo los libros, hace mucho tiempo –siglos– que debió haber dejado de dar clases si sólo pretendía dictar apuntes. Sin embargo, las clases se acabaron transformando en casi cualquier modalidad docente –bachillerato, grados, postgrados, cursos de especialización, etc.– en una especie de acompañamiento algo paternalista del alumno, dándole informaciones orales para que tomara notas, evitándole así la pereza de leer libros y resumirlos. Pues bien, ahora resulta que la IA ya es capaz de transmitir contenidos con un lenguaje agradable, muy ordenado, que repite una información tantas veces como sea necesario y que hasta responde preguntas, como sabe cualquiera que haya usado Gemini o ChatGPT, incluso considerando que la información que proporcionan estas aplicaciones es francamente mejorable. En todo caso, la máquina interactúa con una precisión y paciencia que pocos profesores poseen. En estas condiciones, ¿qué espacio le queda al profesor en el escenario del aula? ¿Tiene aún sentido el aula?

Pueden pensar que siempre nos quedará la evaluación, puesto que teóricamente requiere a un ser humano. Sin embargo, ese es probablemente el lugar del que primero van a desaparecer los docentes, encomendándose esa evaluación a la IA. La razón es que será cómodo para el profesorado y, además, puede acabar siendo casi incontestable el criterio de la máquina aprobando y suspendiendo. Una herramienta de IA puede ser diseñada para evaluar porque, de hecho, será la misma herramienta que imparta el contenido. Y aunque eso abre posibilidades enormes de manipulación de los profesionales del futuro para las grandes empresas tecnológicas, también es posible –ya sucede– que cada profesor, o cada grupo de docentes, elabore su propia herramienta de IA, cargándola del contenido que consensúen. El alumno se examinará presencialmente con un PC, sin posibilidad de copia. El aprobado o suspenso será automático y, como se ha dicho, prácticamente inapelable. Es posible incluso que desaparezcan las notas intermedias, que siempre fueron trampantojos intuitivos que pocas veces descubrieron a los mejores, quedando solamente la calificación de excelente al lado de las de aprobado y suspenso.

Con todo lo anterior, el papel del profesorado se limitará a la generación de contenidos y a la organización de actividades interactivas presenciales para trabajar el razonamiento abstracto, que todavía son tan penosamente infrecuentes. Y es que si se desea que el ser humano marque la diferencia con respecto a la máquina, será imprescindible poseer creatividad y, sobre todo, potenciarla. El profesor que se pasó toda su carrera dictando apuntes sin aportar nada nuevo, simplemente dejará de existir. Es posible que también la IA evalúe, al menos preliminarmente, la creatividad del docente, es decir, su capacidad de ir más allá de los contenidos que ya existen. Puede que ello cree la generación de profesores, todos ellos seres humanos, de más excelencia que ha existido jamás, yendo siempre por delante de la máquina, cuya única misión será transmitir los contenidos generados por los humanos y evaluar su conocimiento por parte de los alumnos. Eso sí, quizá habrá menos profesores que los actuales, puesto que la realidad es que la mayoría de docentes, en la actualidad, no posee esa creatividad. Tal vez, de hecho, sea una cualidad infrecuente. Puede que se haga más común si se potencia su aprendizaje.

Lo anterior es un posible futuro, puede que más cercano de lo que la enorme mayoría cree.

El juez es un ser humano. Siendo así, ¿podemos depositar nuestra confianza en el acierto de sus decisiones? La pregunta es potente, puesto que de su respuesta depende el mantenimiento de uno de los tres pilares de nuestro sistema democrático. Sin embargo, esa respuesta no es evidente.

Ni se puede afirmar con soberbia ceguera que sí, como pretenden particularmente algunos juzgadores, ni tampoco se puede contestar que no con contundencia, como suele decir cualquiera que pierde un proceso, cuando lo pierde, claro está. La única respuesta acertada es que depende, y hay buenos motivos para ello.

Los jueces tienen que realizar habitualmente dos trabajos: descubrir la realidad de los hechos y llevar a cabo una correcta interpretación y aplicación de las leyes, cuidando que al realizar esa labor no se vulneren derechos fundamentales. Y uno de los que deben preservar especialmente es el derecho al juez independiente e imparcial. Lo infringen cada vez que sus emociones, tengan origen afectivo o ideológico –la ideología es otra forma de afección, en el fondo–, les influyen a la hora de juzgar.

Puede pensarse que el uso de esas emociones es un factor humano clave para que se pueda hablar de “justicia”, pero sucede justamente lo contrario. Las emociones alteran la racionalidad de los juicios y, de ese modo, aunque los ciudadanos que compartan esas emociones considerarán que esas sentencias son correctas, en realidad son rematadamente erróneas.

Sucede con cierta frecuencia, particularmente cuando un caso es mediático, pero no solamente. Al margen de ello, uno de los principales escollos de la labor judicial es la prueba, tanto su práctica como su valoración. Para averiguar la realidad, las leyes procesales no han diseñado a lo largo de los siglos un escenario parecido a un laboratorio en el que el juez, como científico, pudiera investigar los hechos. Al contrario, siguiendo una alarmantemente escasa evolución de ancestrales tradiciones, las leyes parten de la base de que la memoria de los testigos es –o puede ser– fotográfica, cuando en realidad tiene un rendimiento pobrísimo, como está más que demostrado científicamente.

Además, esas mismas leyes suponen desde hace milenios que los jueces tienen el poder sobrenatural de saber quién miente en esas vistosas farsas pseudocientíficas que son los interrogatorios, que serían entretenidos si no provocaran la angustia de muchos interrogados y no fueran, a la postre, una miserable pérdida de tiempo.

Pero claro, aunque las personas recuerden mal y los jueces no puedan saber quién miente, muchos piensan –erróneamente– que cómo vamos a acabar con el primer medio de prueba que existió históricamente desde hace milenios, aunque sólo sirva, no para averiguar la realidad, sino para que los abogados intenten crear, con sus preguntas, una imagen de un testigo o de un litigante que inspire la empatía del juez hacia las posiciones de ese abogado.

Ante las profundas inseguridades que ofrece esa horrenda perspectiva, los jueces suelen refugiarse en las pruebas periciales y sobre todo en los documentos. Las primeras tienen el problema de que los jueces carecen de conocimientos técnicos para saber si un perito –médico, biólogo, ingeniero, etc.– ha hecho un buen trabajo en su dictamen, lo que les hace ir a ciegas demasiadas veces. En cambio, los documentos tienen la ventaja de que al menos pueden suministrar una frase en la que apoyarse en la sentencia, aunque esa frase pueda ser falsa, o bien no tenga el más mínimo sentido si se observan todos los datos del caso –los llamados indicios– y que son habitualmente dejados de lado ante la complejidad que encierra su valoración. Con todo ello, obviamente, es difícil que las conclusiones probatorias de los jueces sean correctas, salvo en casos excepcionales en que sí realizan esa labor de auténtico científico, considerando con detenimiento esos indicios.

Insisto, a veces sucede, pero esa labor de seria investigación cuesta un enorme esfuerzo que no suele haber tiempo para realizar, colapsados como están los tribunales. Para cubrir todas esas carencias, los jueces emplean con gran frecuencia la retórica, igual que los abogados y los juristas en general, de hecho. Ante la falta de datos para reconstruir la realidad –o ante la ausencia de paciencia o tiempo para recabarlos–, en lugar de declarar sinceramente que esos hechos no existen al no haber podido ser probados –es lo que haría cualquier científico–, demasiados jueces, para simplificar –en exceso– la resolución del caso, se dejan llevar por un rápido prejuicio sobre lo realmente acaecido, prejuicio que está inspirado por circunstancias habitualmente sociológicas.

Ese prejuicio les da una idea rápidamente formulada, sólo intuitiva, de cómo deben haber sucedido los hechos. Y con ese relato precipitado y prejuicioso, utilizan finalmente sus emociones para motivar la sentencia de acuerdo con ese prejuicio, tomando en consideración sólo algunos datos que resulten de la prueba de manera selectiva, a fin de asentar su idea inicial, dejando de lado todo lo que no sirve para fundamentar esa conclusión formulada al principio del proceso, con escasos datos.

Y todo ello para desesperación de muchos abogados, que ven cómo la sentencia, en realidad, ni siquiera toma mínimamente en consideración todos sus argumentos. No ocurre siempre, pero sí, por desgracia, con demasiada frecuencia. Y lo mismo sucede a veces con la labor de interpretación de las leyes. En lugar de hacer un ejercicio científico que busque los distintos significados de una norma en los que pensó el legislador, visualizando diputados y senadores del Parlamento los hechos a los que se aplicaría la futura norma, jueces y abogados le dan la espalda a esa voluntad del legislador utilizando la retórica, apelando sobre todo, nuevamente, a las emociones, a fin de hacer que la ley diga, no lo que quiso decir el legislador, sino lo que jueces o abogados desean en aquel momento.

Se trata de una trampa en la que se cae demasiadas veces. Al contrario, como antes se sugirió, las emociones sólo son un atávico mecanismo biológico de supervivencia, pero que posee una relevancia social extraordinariamente exagerada por la literatura sobre todo, aunque no solamente. Con independencia de ello, el problema es que las emociones conducen con frecuencia a decisiones erróneas, lo que no es de extrañar. Un mecanismo evolutivo que sólo sirve para detectar peligros inminentes de forma rápida, no puede servir para tomar decisiones que requieren una lenta reflexión, como es una decisión judicial.

Sin embargo, es mucho más cómodo y sencillo –e incluso más popular– dejarse llevar por ellas, evitando esa reflexión detenida. Y por ello, toda esa retórica de los escritos de abogados y jueces, toda esa palabrería en el fondo, se basa en esas emociones a las que se apela desesperadamente. Y es una lástima, porque un buen juez agradece infinitamente que los abogados le den información objetiva, y los buenos abogados gustan de preparar los casos ofreciéndola, sin apasionamientos. Los discursos basados en la retórica evidentemente no son ese tipo de información, aunque los jueces utilicen también a veces ese mismo método, particularmente en decisiones polémicas que sólo buscan tergiversar la realidad de los hechos o lo que dicen las leyes. Todo eso ha ocurrido, por fortuna no con frecuencia. Pero sucede. A veces encubre una falta de laboriosidad, sobre todo en los procesos en que el análisis judicial ha sido superficial como consecuencia de la acumulación de asuntos.

Algún día quizás, gobiernos y legisladores se darán cuenta de todo lo anterior, entendiendo finalmente que han de conseguir que los jueces se conviertan en auténticos científicos, haciendo que los juzgados dejen de ser burocráticas oficinas con una sala de audiencias fuera de época, que ya para poco o nada sirve, pese a su popularidad. La inteligencia artificial ayudará –el día que algún gobierno lo decida en serio y sepa cómo– a que se produzca una drástica reducción de asuntos pendientes. Quizás será entonces el momento en que se revisará, por fin, la formación de los jueces –hoy es muy defectuosa– y la mecánica de los procesos –que es medieval–, a fin de conseguir que esos juicios sean espacios de auténtica ciencia en los que se averigüe la realidad y se apliquen correctamente los mandatos del legislador, que son los mandatos de los ciudadanos en una democracia.

Mientras tanto, seguiremos esperando a la vez que aparentamos que todo funciona correctamente, cuando hace tiempo todos sabemos en el fondo que la justicia, y en parte el Derecho en general, funciona de espaldas a la evolución científica en otros campos del saber, lo que es, pensado fríamente, dramático.

Son nuestras propias vidas las que están implicadas en los procesos judiciales.

* Jordi Nieva es autor, entre otros libros, de 'El origen de la Justicia' (Editorial Tirant Lo Blanc)