Sobre la “herencia recibida” convendría recordar que cuando Zapatero dejó el Gobierno en el año 2011, la Deuda Pública española era de 737.406 M€, lo que representaba el 70,50% de PIB, casi 13 puntos inferior a la media europea. Las Comunidades Autónomas más endeudas entonces eran Cataluña, Madrid y Valencia, ninguna gobernada por el PSOE. Y convendría saber que tres años después, España cuenta con una Deuda Pública que ronda los 1.020.236 M€ (282.830 M€ más que en 2011), un 97% del PIB (26 puntos más que en 2011).

Convendría recordar que a finales del año 2011, la tasa de paro en España se situaba en el 22,56%, el número de ocupados era de 18.153.000 y el de parados de 5.273.600. Y convendría saber que tres años después, como consecuencia de la Reforma Laboral del PP, y según fuentes de la EPA(3º Trimestre del 2014), en España existen 17.504.000 de ocupados (649.000 personas menos), 5.428.000 parados (155.000 más que en 2011), y una tasa de paro que se sitúa en el 23,67% (1,11 % más); que por primera vez en la reciente democracia más de 600.000 personas han tenido que salir de España para buscar trabajo o ya ni se apuntan al paro ante la falta de expectativas, y que España es el segundo país con más número de parados de larga duración y más paro juvenil de la Unión Europea.

Convendría recordar que en la legislatura 2008–2011, el Gobierno de Zapatero destinó más de 30.000 M€ anuales a prestaciones por desempleo, hasta alcanzar, por primera vez en la historia democrática de este país, una tasa de cobertura de más del 80 % de quienes se encontraban en desempleo. Al mismo tiempo, se adoptaron medidas de estímulo público a la creación o el mantenimiento del empleo: 2.500 millones de euros anuales en bonificaciones de cuotas para el fomento de la contratación; reducciones en el impuesto de sociedades y en la tributación por módulos para las inversiones generadoras de empleo; planes estatales para inversión y empleo por importe total de 16.000 M€; implantación de un sistema adicional de protección para quienes habían agotado las prestaciones contributivas y asistenciales de desempleo y se incorporaran a programas de recualificación profesional. La Seguridad Social cerró el año 2011 con 17.229.922 afiliados, y el Gobierno del PSOE dejó el Fondo de Reserva de Pensiones con casi 70.000 M€, habiéndolo cogido con menos de 6.000 M€. Y convendría saber que hoy, tres años después, la España de Rajoy tiene 3,8 millones de personas en paro que carecen de protección y que sólo 1 de cada 3 parados tiene protección por desempleo. España tiene 1.789.000 hogares con todos sus miembros en paro y 728.500 hogares sin ingresos. El trabajo temporal se impone; el salario medio bajó en casi 100 euros; aumentan los pobres con empleo (el 65% de los que encuentran trabajo no consiguen salir de la pobreza). Los afiliados a la Seguridad Social han bajado en 560.000 a Noviembre de 2014, y la hucha de las Pensiones ha perdido 13.071 millones, casi el 20% de sus recursos.

Convendría recordar que en el último periodo de Gobierno Socialista en España, el gasto social pasó de representar el 49,4% del total del gasto público del estado en 2004 al 58% en 2011; que se incrementó el salario mínimo un 18% y las pensiones mínimas un 27%; se multiplicó por dos el presupuesto destinado a Educación, con más Becas y nuevos programas para luchar contra el abandono escolar; se incrementó la inversión en Sanidad y se mejoró la eficiencia y la calidad del sistema. Se puso en marcha un nuevo sistema de Atención a la Dependencia, que entonces beneficiaba a 700.000 personas; se recuperó la función social básica de la política de vivienda, beneficiando a 1.500.000 de personas y se favoreció la emancipación de 300.000 jóvenes españoles a través de la ayuda al alquiler. Se impulsó el compromiso empresarial con la Igualdad; se trabajó decididamente en la lucha contra las violencias que obstaculizan a las mujeres el pleno ejercicio de derechos; se fortaleció la conciliación de la vida familiar y laboral y se aumentaron los recursos destinados a las organizaciones sin ánimo de lucro. Y convendría saber que hoy, tres años después, en la España de Rajoy:

En definitiva, convendría recordar que el PSOE hoy no gobierna; y convendría saber que tres años después, con el PP en el Gobierno, en España hay más DEUDA, más PARO, menos SALARIOS, menos EDUCACIÓN, menos SANIDAD, menos PENSIONES, menos JUSTICIA, menos PROTECCIÓN SOCIAL.

Y con relación a la PROTECCIÓN SOCIAL, a la defensa de la IGUALDAD, la JUSTICIA SOCIAL y la DIGNIDAD de las personas, convendría recordar a quienes desde posiciones de izquierda ponen en duda nuestra capacidad para ofrecer soluciones a los problemas que la sociedad española demanda, que no olviden que el proyecto del PSOE ha sido siempre inseparable de la búsqueda continua de esos valores; que a lo largo de nuestra ya larga historia hemos sabido adaptar nuestros principios a la realidad de cada época y que La construcción en España del Estado del Bienestar y la universalización de sus pilares básicos (SANIDAD, EDUCACIÓN, PENSIONES, DEPENDENCIA e IGUALDAD) fue diseñada, defendida e implantada por los Gobiernos Socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Y de la misma manera que supimos hacerlo entonces, lo haremos en un futuro próximo. En eso estamos.

Desde el año 1975 asistimos al periodo más estable de la historia contemporánea española.

Desde el año 1975 asistimos al periodo más estable de la historia contemporánea española. Con los matices que quieran aportarse, recortes del Gobierno de Rajoy incluidos, no cabe la menor duda que España es hoy un estado social y democrático de derecho, moderno, y en el que se han alcanzado niveles de bienestar social jamás soñado. LA POLÍTICA, canalizadora del deseo de cambio de la ciudadanía, supo dar respuesta a los múltiples retos a los que la sociedad española se enfrentaba al inicio de la transición política.

Estoy plenamente convencido de que si LA POLÍTICA supo y pudo entonces, sabrá y podrá también ahora aportar soluciones a los problemas que nos afectan, a pesar de la desafección existente, que debe preocuparnos a todos, que es reflejo de la insatisfacción ciudadana con el funcionamiento del sistema, y que se ha acentuado en los últimos tiempos con la crisis económica y los casos de corrupción existentes.

Es obvio que existe en la ciudadanía indignación y hartazgo por los múltiples casos de corrupción de los que un día sí y otro también nos dan cumplida cuenta los medios de comunicación, indignación que se multiplica cuando estos casos se eternizan en el tiempo, sin muchas veces entender el por qué.

El derecho de un acusado a que sea juzgado dentro de un plazo razonable, sin “dilaciones indebidas”, está reconocido como fundamental por nuestra Constitución de 1978. La reforma del Código Penal de Junio de 2010 contempla como causa que atenúa la responsabilidad criminal «La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa», dilación que deberá ser denunciada previamente por el acusado, en tiempo y forma.

La “dilación indebida” es considerada por la jurisprudencia como un concepto indeterminado, abierto, que no siempre debe entenderse como el incumplimiento de los plazos procesales por parte de la Administración de Justicia, pues la mayor o menor complejidad de cada caso puede convertir el retardo del proceso en una demora más que justificada. Sin embargo, el que algunos procedimientos judiciales, especialmente aquellos que tienen que ver con casos de “corrupción política”, tarden demasiado tiempo en resolverse, favorece la creencia de que en ellos se está dando más que una dilación indebida, una “dilación calculada”, aquella diseñada aposta para beneficio de parte, y que nada tiene que ver con lo complicado que pudiera resultar el procedimiento que se siga, ni siquiera con la causa misma.

Esa creencia, ¿tiene fundamento? ¿Podría un acusado valerse de determinadas maniobras para alargar más allá de lo razonable el procedimiento judicial en el que está implicado, alegar “dilación indebida”, acogerse a sus beneficios y demandar, incluso, la prescripción de los delitos cometidos? Y un juez/jueza, ¿Podría un juez/jueza permitir y/o practicar la “dilación calculada”, bien porque convenga al propio acusado o bien porque responda a intereses espurios, ajenos a la propia causa que se juzga?

No es la respuesta a estas preguntas lo que nos debería preocupar; lo alarmante sería que no tuviéramos el convencimiento de que nuestro Estado de Derecho dispone de los suficientes mecanismos para impedir que estas estratagemas se produzcan. ¿Usted lo tiene?