Han pasado más de dos meses desde que se hundió el barco pesquero ruso Oleg Naydenov a apenas quince millas de Maspalomas. Dos meses en los que el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias, con el apoyo de expertos y voluntarios, han gestionado una crisis que no se resolverá definitivamente hasta que se extraigan las 1.400 toneladas de fuel que se encuentran en su interior.

Muchas son las preguntas que existen sobre lo sucedido desde que se tomó la decisión de que el barco abandonase el puerto de Las Palmas, su extraño periplo por nuestras aguas hasta su definitivo hundimiento al sur de Gran Canaria. Unos interrogantes que deben servir para que las administraciones públicas, con el asesoramiento de expertos, adopten conclusiones que sirvan como referentes para contener las consecuencias de futuros sucesos similares.

Es un asunto que nos tenemos que tomar muy en serio como para que se realice un análisis riguroso y se extraigan conclusiones para el futuro. ¿Qué habría sucedido si hubiera sido un petrolero con 50.000 toneladas de fuel, y no un pesquero con 1.500? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias si se hubiera hundido al Norte de Gran Canaria, y no al sur? ¿O cuál hubiera sido la magnitud de la catástrofe si hubiese sido en otra época del año y con otras condiciones de las corrientes“.

Esta semana, en el pleno celebrado en el Congreso, trasladé todas estas preguntas e inquietudes a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en las que subyace la necesidad de blindar la protección de nuestras costas y el medio marino. Su respuesta no fue la que hubiese deseado, más allá de reconocer que va a crear un grupo de trabajo con la participación de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, por lo que espero que haya una comparecencia en un futuro próximo para ahondar en este asunto.

Accidentes de este tipo no se pueden evitar, pero sí se pueden mejorar las acciones de prevención y los medios técnicos, científicos y humanos necesarios para hacer frente a la misma, y esta experiencia con el pesquero ruso debe servir para mejorar y prevenir futuras mareas negras en Canarias. No hay que olvidar que el archipiélago es una zona de paso de grandes petroleros y destino de referencia mundial en materia de cruceros.

El archipiélago canario ha sido escenario de numerosos vertidos de hidrocarburos durante décadas, poniendo en serio riesgo la salud de las personas, del medio natural, la fauna y sectores productivos vitales como la pesca y el turismo.

Es imprescindible, como ha puesto de manifiesto el Grupo de Rescate de Fauna y Apoyo al Voluntariado, consolidar con urgencia un sistema de respuesta altamente cualificado, técnicamente formado y dotado de los recursos materiales y protocolos necesarios, para reaccionar ante futuros casos de contaminación aguda en las Islas Canarias. Estos sistemas existen en otros países desde hace décadas y están perfectamente articulados y dotados.

El sistema debe integrar una estrecha y real coordinación entre todas las administraciones públicas competentes, otorgar un peso real y específico al voluntariado ciudadano, y atender a un programa preventivo que contemple de forma precisa mecanismos de respuesta ante escenarios de impacto de diferentes magnitudes, designando coordinadores municipales, insulares, provinciales, autonómicos y estatales para mejorar la eficacia de la acción.

Debe abordarse con urgencia una evaluación rigurosa sobre los índices de riesgo de derrames de hidrocarburos u otras sustancias al medio marino en las Islas Canarias, adoptando las medidas preventivas para reducirlo: puertos refugios, operativos de extinción de incendios, protocolos de reacción ante supuestos accidentes, ensayos periódicos, mayor control sobre buques con cargas tóxicas en tránsito por las islas y que el programa de vigilancia de la Agencia Marítima de Seguridad de la Unión Europea permanezca permanentemente activo sobre las aguas canarias para aumentar la probabilidad de identificar aquellos buques que de forma deliberada derraman hidrocarburos.

Si se consideran los últimos 10 años, la frecuencia de derrames de hidrocarburos en el entorno marino de Canarias es de uno cada 255 días. Por tanto, la preocupación que existe es máxima. Y espero que esa preocupación sirva para que se extraigan conclusiones rigurosas y se tomen decisiones responsables.

Hace algunos años casi todas las personas que militaban en el emergente nacionalismo canario se conocían, se apreciaban y se respetaban dentro y fuera de las fronteras del partido. Éramos vecinos, ciudadanos que estábamos luchando para que nuestras islas tuvieran su propia voz. Pero sobre todo personas que se sentían cercanas y amigas de otras personas que estaban luchando a su lado, hombro con hombro. Con el tiempo la contaminación política ha aumentado. Los partidos políticos se han llenado de herrumbre y unos cuantos han convertido a los políticos en personas bajo sospecha; gente culpable de antemano hasta que demuestren su inocencia.

Fernando Clavijo no es sólo el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno, es el alcalde en quien dejé la responsabilidad de gobernar La Laguna, mi ciudad, mi cuna, sabiendo que la dejaba en las mejores manos. Es el amigo sensato, trabajador, serio; el compañero de corporación y de partido con el que siempre puedes contar en las horas buenas y en las malas.

Fernando es esa persona que te dice a la cara la verdad sin disfraces, aunque sea desagradable. El que se cabrea con los vagos, con los indolentes, con los que no tienen compromiso, con los que se quieren escabullir de sus responsabilidades. Es el amigo a quien le puedes confiar el rumbo de un barco porque sabes que va a dar hasta la última gota de su lealtad en la tarea.

Cuando a Fernando Clavijo lo imputaron por la venganza de un empresario de la noche, que había sido sancionado por el Ayuntamiento de La Laguna, sentí mucho más que tristeza, rabia y temor por el castigo se le estaba aplicando a un compañero de partido que iba a ser candidato a la presidencia del Gobierno. Sentí la indignación que te invade cuando alguien le hace algo malo a alguien de tu familia. Y también sentí confianza. Porque sé quién es. Porque sé cómo hace las cosas.

Desde el minuto de uno estaba convencida de que Fernando Clavijo iba a poder demostrar su inocencia más allá de toda duda. Porque Fernando es una persona que sigue una trayectoria recta en lo público y en lo privado. Cualquier persona a la que se le intervengan las conversaciones durante meses y meses se pone en situación de sufrir un daño irreparable. Cuando se habla en la intimidad uno se expresa de forma totalmente diferente a cuando lo haces en público. Fernando ha sobrevivido a la injusta, cruel e ilegal difusión mediática de sus conversaciones políticas y personales. Ha sobrevivido al vía crucis de un proceso jurídico que le ha puesto en los titulares de todos los periódicos justo cuando iniciaba su camino de renovación de Coalición Canaria y su candidatura a la presidencia del Gobierno de Canarias. Cuando muchos pensaron que no podría con esa carga, él ha demostrado que es capaz de seguir adelante, de luchar y de demostrar la falsedad de las acusaciones que se le imputaban.

Para algunos, los partidos políticos siguen siendo un lugar en el que caben los amigos. Gente que se aprecia de forma personal y que siente afecto por sus compañeros. Gente que no se traiciona, que se dice a la cara las críticas por los errores cometidos y que actúa siempre con lealtad. Gente que te ayuda a que no te desvíes del buen camino. Gente que te empuja en los momentos de debilidad. Porque cuando estás arriba, en el poder, te sobran los amigos. Pero cuando no es así, cuando llegan las horas difíciles, es cuando más te hace falta una mano que te sostenga y una voz que te anime a seguir.

Hace ya mucho tiempo, en el jardín de mi antigua casa de La Laguna, unos amigos nos reunimos para hablar del futuro. Nos reunimos, en realidad, para hablar de Fernando. Porque pensábamos que Coalición Canaria había extraviado el camino. Que se estaba alejando de la gente. Que debíamos volver a pisar la calle y a escuchar a nuestros vecinos. Y la persona en quien todos pensábamos que debía liderar ese gran cambio era Fernando Clavijo.Porque él era la fuerza, el empuje y la capacidad en la que sabíamos que podíamos confiar. Hoy, una vez más, me ha llenado de orgullo. Porque supo encajar la injusticia, la inoportunidad y la maldad de una denuncia vengativa. Porque supo reaccionar ante la acusación judicial que expuso a todos los medios de comunicación la parte más privada de su vida. Porque puso las cartas boca arriba desde el primer momento y transmitió la convicción de su inocencia. Porque dio la cara y salió a pecho descubierto a dar la batalla que acaba de ganar.

Si alguien tenía alguna duda de que Fernando es el tipo de líder que necesita el nacionalismo canario y el presidente que espera esta tierra, ya no debe tenerla. No sólo porque ha sido investigado y ha quedado acreditada su inocencia, sino porque ha demostrado que en los más oscuros y difíciles momentos es capaz de mantener la serenidad, el temple y la sensatez de un buen gobernante y una mejor persona. De aquí en adelante ya sabemos que Fernando Clavijo es ese buen hombre que necesita Canarias.

Ha sido un proceso que muchos han definido como “histórico para Canarias”, quizá porque nos hemos acostumbrado a que los consensos sean la excepción en la vida política

La unanimidad expresada por el Parlamento de Canarias con respecto a la reforma de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) debe ser la antesala del consenso que será necesario para acometer el debate que se abrirá para modificar la pata más importante –la económica- de la norma que nació para dotar a las Islas de los instrumentos necesarios para competir en igualdad de condiciones que en el territorio continental.

Tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros y el informe favorable de la Cámara autonómica, la reforma fiscal del REF se traslada al Congreso y el Senado, donde previsiblemente será ratificada por todos los grupos, con la excepción quizá de aquellos que en la deriva de su discurso siguen apostando por la aplicación en Canarias de las mismas políticas que en la Península.

El nuevo bloque del REF, que permitirá obtener beneficios fiscales para crear empleo, que incorpora una nueva deducción por inversiones en África Occidental o que consolida los incentivos a la innovación y a las producciones cinematográficas, es un éxito de todos, sin excepción, como explicó el consejero de Economía, Javier González Ortiz, dado que entreabre la puerta que fomentará la creación de puestos de trabajo y mejorará la competitividad de la economía canaria.

Tras dos años de negociaciones, en los que ha sido necesario aunar un mismo criterio a tres bandas, en intensos debates en los que ha participado la Comisión Europea, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, se ha dado un paso importante para cerrar un acuerdo imprescindible para incorporar al REF aquellos instrumentos que contribuirán a abrir nuevas vías de oxígeno para una economía asfixiada por la crisis pero, sobre todo, por los desaciertos de quienes, en estos tres últimos años, han restado oportunidades a los sectores productivos canarios.

Ha sido un proceso que muchos han definido como “histórico para Canarias”, quizá porque nos hemos acostumbrado a que los consensos sean la excepción en la vida política, pero que es insuficiente si al REF, además de las ayudas fiscales, no se le dota de medidas en aquella parte que, hasta ahora, ha sido la que menos se ha desarrollado y que, paradójicamente, contiene todas las claves para garantizar la igualdad con el resto del territorio no solo en materia económica sino en cuestiones que nos afectan a nuestra vida cotidiana, como el descuento de viaje por residente, la subvención de la desalación de agua, la compensación del sobrecoste de la energía, las ayudas para abaratar el sobrecoste del transporte de las mercancías o las bonificaciones al transporte en guagua

Sin embargo, para que ello sea así, para que en Canarias se remate la estructura legal que, en su momento, se forjó con visión política para que contásemos con las mismas opciones que el resto de los españoles, se necesita voluntad y, sobre todo, que los aspectos económicos que se plasmen en la segunda parte de la reforma del REF se cumplan por parte del Estado. O, al menos, que si queremos seguir construyendo juntos un proyecto de Estado, como reclamó el rey Felipe VI en su mensaje navideño, se respeten las singularidades

De nada sirve, por ejemplo, que varios artículos del REF obliguen al Estado a realizar una inversión anual en las Islas equivalente, como mínimo, a la media del resto de los territorios, si posteriormente se incumple, año tras años, en los Presupuestos que aprueba el Gobierno en las Cortes Generales.

A menudo, especialmente aquellos que ahora presumen de haber logrado un acuerdo en la parte fiscal, nos acusan de ser egoístas, de anteponer siempre los intereses de Canarias en detrimento de otras Comunidades Autónomas. Nunca ha sido así, nunca hemos pedido más de lo que nos corresponde, pero sí seguiremos reivindicado aquello que nos pertenece por nuestro estatus especial como archipiélago alejado del continente.

La arquitectura que debe proteger a quienes somos diferentes se resquebraja cada vez que se obvian derechos que son irrenunciables. Nosotros, pese a que algunos nos sigan tachando de victimistas, seguiremos luchando para que el Estado no se olvide en sus decisiones que, por encima de sus intereses partidistas, existen realidades geográficas que no se pueden ningunear en nombre de ajustes que, como comentaba la semana pasada, son muchas veces decisiones políticas.

Los verdaderos viajes empiezan cuando se acaban los caminos. El récord turístico que se registrará en 2014 ha contribuido a aliviar la crisis que se vive en las Islas, pero no es suficiente. La crisis ha puesto en evidencia que los caminos por los que debe transitar la economía canaria son otros. Y muchas de esas vías, algunas inexploradas, se encuentran precisamente en la parte más compleja, pero más necesaria, de un REF que se quedará cojo si no logramos concretar en la parte económica el mismo consenso sellado en los aspectos fiscales.

El Gobierno ha pasado de la psicosis de los ajustes económicos a la realización de sus presupuestos en función de sus intereses partidistas. De hecho, las cuentas que se aprobaron el jueves, tras más de dos meses en los que no ha habido diálogo por parte del Gobierno, es la suma de muchas decisiones políticas. Decisiones en las que premia a los territorios en los que gobierna su partido y castiga a aquellos en los que se encuentra en la oposición.

En el caso de Canarias, incumple un año más nuestro Régimen Económico y Fiscal, nos resta 800 millones euros más con respecto a la media, nos condena a prestar los mismos servicios públicos con menos presupuesto y, pese a ser la Comunidad con el déficit más bajo, nos castiga sin planes de empleo, con un nuevo ajuste en todos los convenios de infraestructuras, con más recortes en la subvención al transporte de mercancías o la supresión de la ayuda al sector primario.

Los mismos que usan la tijera en Madrid son los mismos que luego en Canarias nos exigen que hagamos lo que ellos nos quitan. Mientras a nosotros nos dejan sin 628 millones de euros para nuestro convenio de carreteras, que ha supuesto la pérdida de 10.000 empleos en cuatro años, el Ministerio de Fomento premia a Huesca o Coruña con nuevas inversiones en carreteras. ¿Hay o no hay dinero? Lo que no hay es voluntad política.

El mismo Ministerio que continúa adelante con una alocada carrera hacia adelante para sumar más y más kilómetros para el AVE, nos resta presupuesto para carreteras que son inaplazables, como la de La Aldea, en Gran Canaria; el anillo insular de Tenerife, el Eje Norte-Sur de Fuerteventura o la circunvalación de Arrecife.

Lo mismo sucede con el Ministerio de Industria. El mismo Ministerio que, hace tres años, nos dijo que nuestro plan de infraestructura turística era inviable por motivos económicos vuelve a incluir, en esta ocasión en el Senado, una partida de medio millón de euros para el Plan de Adecuación Turística de la Costa del Sol Occidental. Y es el segundo año que lo hace.

El mismo Ministerio que nos trata de convencer que no nos puede financiar los proyectos en el litoral canario, y que nos repite incesantemente que no existe disponibilidad económica, acepta que los parlamentarios del PP de Almería cuelen tres millones para su litoral.

El mismo Ministerio que deja morir el charco de los Clicos, en Lanzarote, uno de los símbolos más impresionantes de la isla, por unos miserables 500.000 euros, incluye tres millones para la regeneración de la Bahía de Portmán, en Murcia.

El mismo Ministerio que lleva años diciendo que Canarias no cumple con su parte en la financiación de los planes de empleo, se ve obligado a incluir una enmienda de 10 millones de euros para cumplir con la parte que no abonaron en 2013. Una enmienda que ha puesto en evidencia que las palabras que tantas veces ha repetido la ministra de Empleo y sus compañeros en Canarias, eran inciertas.

Una vez le pedí, casi le rogué, al presidente del Gobierno que nos diese herramientas para que el territorio más castigado por la crisis, el que más apoyo necesita por parte del Estado, pudiese luchar contra la recesión, crear empleo y construir una economía más competitiva. No nos ha dado ni una sola. Y ahora serán los senadores y diputados del Partido Popular de Canarias, los mismos que lograron sus escaños con un sinfín de promesas, los que tendrán que dar la cara y explicar a los canarios y canarias su insensato incumplimiento.

Que el PP de Canarias no haya obtenido los mismos resultados que los representantes de Galicia o Baleares se debe a su simbólica influencia en Génova y, sobre todo, a su escasa motivación para canalizar ante los diferentes Ministerios las demandas que ellos mismos prometieron en 2011 y que, paradójicamente, han sido incapaces de trasladar del programa electoral a los Presupuestos del Estado. ¿Ajustes económicos o decisiones políticas?

Muchos sentimos la impotencia que produce que el Gobierno no escuche a sus propios ciudadanos, y mucho menos al resto de los representantes políticos

Decía el crítico de arte John Berger que “toda protesta política profunda es un llamamiento a una justicia ausente, y va acompañada de la esperanza de que en el futuro se terminará restableciendo esa justicia”. Esa esperanza es prácticamente lo único que nos queda a quienes llevamos padeciendo la ausencia de diálogo por parte de aquellos que han desprovisto de vida a las Cortes Generales, apoyándose siempre en una mayoría absoluta incuestionable, pero actualmente irreal.

Muchos sentimos la impotencia que produce que el Gobierno no escuche a sus propios ciudadanos, y mucho menos al resto de los representantes políticos, y la incómoda sensación de que no existe ninguna vía a nuestro alcance para enfrentarnos a los abusos del poder, excepto la perspectiva de esperanza que nos concede la cercanía de las próximas elecciones.

En esta interminable legislatura, los diputados y senadores de la oposición, al igual que la inmensa mayoría de los ciudadanos, protestamos porque no hacerlo sería una insensatez y una irresponsabilidad, pero el Gobierno del Estado huye reiteradamente del diálogo no dando la cara o esquivando el debate con excusas vacías con las que tratan de justificarse a sí mismos.

Los proyectos de ley pasan por las Cortes Generales a una velocidad inaudita, sin un debate constructivo de ideas, y sin que el Partido Popular acepte siquiera escuchar o entender que existen propuestas alternativas para corregir sus errores o para enriquecer sus objetivos. Y esa máxima, la certeza de que cualquier propuesta que se plantee va a ser aplastada por la mayoría del PP, es la que más desasosiego genera entre quienes no desistimos de cumplir con nuestras obligaciones políticas pese al irritante comportamiento de quienes siguen creyendo que los ciudadanos le entregaron un cheque en blanco en aquel otoño de 2011.

Pese a que todos los estudios coinciden en que los ciudadanos castigan con su indiferencia aquellas estructuras políticas poco sensibles a sus intereses, nos adentramos en el último año de legislatura, tras un 20 de noviembre aciago en el que ni los propios populares osaron celebrar el tercer aniversario de su mayoría absoluta, con la plena convicción de que todo seguirá siendo igual, que seguiremos siendo testigos del insoportable vacío político que existe en las Cámaras.

Más del 95% de las iniciativas que hemos planteado quienes no formamos parte del grupo popular han sido rechazadas con rotundidad, incluso en aquellos casos en los que proponíamos en los mismos términos aquellas políticas que el Partido Popular defendía cuando ocupaba los escaños de la oposición. Lo han hecho sin miramientos, sin ningún pudor y sin sentir el más mínimo arrepentimiento por oponerse a lo que ellos mismos defendían con vehemencia antes de su llegada a la Moncloa.

Entre quienes dieron la espalda a los ciudadanos desde el mismo momento en el que recibieron las llaves del Palacio de la Moncloa y quienes hoy se presentan como la única opción para poner fin a la crisis política más dramática que hemos vivido en nuestro país, estamos aquellos que siempre hemos apostado por el diálogo, que hemos demostrado tener una mayor visión y compromiso de Estado que aquellos que se autodenominan patriotas, y que siempre hemos debatido con los datos en la mano, con la realidad presente en nuestro discurso, con las debilidades y las fortalezas, y sin rehuir las espinas que siempre afloran cuando se deben adoptar decisiones, unas deseables y otras impopulares.

El Partido Popular demostró más habilidad para llegar al poder que para gobernar. Y tres años después de que hayan quedado en el camino las promesas que dijo que cumpliría, trata ahora de reconciliarse con los ciudadanos con ofertas que, incluso resultan ofensivas, como los 399 euros para los parados de larga duración. Esta forzada estrategia con vistas a las elecciones es, además de una burda escenificación con fines partidistas, una ofensa a quienes el Gobierno ha condenado al ostracismo en nombre del déficit y del pago de la deuda.

Apenas quedan meses para que los ciudadanos acudan a ejercer su derecho al voto, primero en las elecciones municipales y autonómicas, y después en los comicios generales, y la inmensa mayoría lo hará con la plena convicción de que hemos atravesado la etapa más funesta de nuestra democracia.

Una de las consecuencias de la crisis que más preocupa es la de aquellos niños y niñas que apenas comen una vez al día

Sobre pobreza infantil se ha debatido poco en el Congreso, y cuando se ha hecho, como en el pleno del pasado día 29 de octubre, en una pregunta realizada por el socialista Pedro Sánchez al presidente del Gobierno, Rajoy optó por responder sobre lo que se tuvo que haber hecho en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PSOE, pero no fue capaz de citar ni una iniciativa concreta sobre lo que está haciendo su Gobierno para erradicar el problema que más duele en España.

Y se ha debatido poco sobre el asunto que más tendría que preocupar al Gobierno por muchos motivos pero, entre otros, por la parálisis de muchas de las iniciativas que se acumulan y que nunca se debaten en los plenos y las comisiones. Esta diputada, por ejemplo, presentó una proposición no de ley el día 12 de junio de 2012, es decir, hace dos años y cinco meses, con todas las propuestas que planteaba UNICEF en el informe que presentó aquel año, pero no ha sido incluida hasta ahora en el orden del día de ningún pleno ni comisión.

Sí se aprobó, en cambio, una proposición no de ley el día 28 de junio de 2012, que firmamos sin mucho entusiasmo todos los grupos, con objetivos menos ambiciosos, sin compromisos económicos y que, además, se alejaban mucho de los retos que plantea un desafío tan grave y sangrante como el que representa luchar contra un problema que no se soluciona ni con vagas declaraciones de intenciones ni con promesas que no van unidas a consignaciones presupuestarias.

UPyD planteó esta semana que se aprobase un plan específico, con la suficiente dotación económica y que incluyese un Pacto de Estado. En una sola frase proponía tres medidas que nunca, ni una sola vez, han sido admitidas en esta legislatura. Y en esta ocasión volvió a repetirse el mismo guión. El Partido Popular ha huido siempre de la idea de articular planes específicos para combatir los distintos frentes abiertos como consecuencia de la crisis económica; ha sido aún más implacable con cualquier iniciativa que conllevase una dotación presupuestaria, y ha rechazado con más vehemencia si cabe cualquier pacto de estado.

Una de las consecuencias de la crisis que más preocupa es la de aquellos niños y niñas que apenas comen una vez al día, que han abandonado su escolarización y que, incluso, tienen serias dificultades para acceder a la sanidad. La crisis, como todos sabemos, golpea con mayor dureza a los más pequeños. Es decir, a aquellos niños y niñas cuyos padres o aquellas personas que les tutelan buscan desesperadamente las escasas salidas a su alcance para cubrir las necesidades más básicas de sus hijos. La hipoteca y las facturas ahogan la economía de aquellas familias que lo han perdido todo. Y cubrir las necesidades básicas alimenticias de sus hijos se ha convertido en un lujo para muchos.

Ningún niño ha sido responsable de la deuda ni conoce a qué nos enfrentamos por la crisis económica pero, según Unicef, “mucha deuda contraída a altos intereses repercutirá como parte de una ”hipoteca social“ que hace que cada niño que nace en este momento en España lo haga con una deuda pública de 15.570 euros”.

¿Qué puede hacer el Gobierno para mitigar el impacto de sus políticas sobre los niños? El Gobierno debe proteger de los recortes aquellas inversiones en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales a la infancia, como la lucha contra la pobreza. En primer lugar, porque la pobreza tiene en el caso de los niños algunas implicaciones muy especiales que no se dan en el caso de los adultos: los niños no tienen por sí mismos recursos con los que hacer frente a su situación; la pobreza puede tener en su caso implicaciones irreversibles de cara al futuro -en forma de mala alimentación, peor desarrollo educativo, problemas psico-afectivos, etc.-; y por último, porque esas mismas implicaciones se hacen extensibles a medio plazo al conjunto de la sociedad, afectando a las perspectivas económicas, productivas y sociales de todo el país.

Y, con carácter vinculante, se debe efectuar un informe de impacto sobre la infancia en toda la legislación y las disposiciones normativas, además de poner en marcha mecanismos formales para evaluar los impactos de la crisis económica y de las políticas de austeridad en los niños y sus familias.

Nuestro sistema de protección social tiene un déficit histórico de atención a la infancia que se manifiesta, entre otras cosas, en una inversión muy por debajo de la media europea. Y además, esa inversión que realizamos es mucho menos eficaz de lo que debería: es decir, no reduce la pobreza suficientemente.

No podemos esperar más, ni el Partido Popular se puede seguir amparando en excusas para no aceptar lo que proponen las organizaciones no gubernamentales: la firma de un Pacto por la Infancia. Ya se han firmado nueve pactos autonómicos desde 2010, el último de ellos en Canarias. Pero tampoco será suficiente con este pacto. Se necesitan medidas y recursos concretos.

Como decía un adolescente de Bangladesh de solo 16 años, “dadnos a nosotros, vuestros niños, un buen presente. Nosotros, por nuestra parte, les daremos un buen futuro”.

La democracia vive un proceso de deterioro que es preciso atajar para evitar que la frustración siga avanzando

Lo hemos repetido muchas veces, demasiadas, pero la respuesta es siempre la misma: el silencio. Hemos reprochado en tantas ocasiones la ausencia de diálogo por parte del Partido Popular, que apenas tiene ya importancia que la fuerza política que gobierna en este país con mayoría absoluta haya zanjado el debate de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2015 sin aceptar ni una sola de las miles de propuestas planteadas por el resto de los grupos. Es una situación tan común en esta legislatura, que ya no sorprende. La noticia sería todo lo contrario, pero casi nunca sucede.

Que la crisis más agresiva que hemos vivido durante la democracia haya coincidido con un gobierno que goza de una amplia mayoría absoluta ha provocado que a la preocupación que viven millones de personas por la pérdida de su empleo o su vivienda se haya sumado una crisis de carácter político sin precedentes. La desconfianza de los ciudadanos hacia quienes somos sus representantes públicos era desoladora en 2011, pero la crispación ciudadana que hoy se vive, mucho más aguda que hace apenas tres años, tiene su origen en la irrupción de nuevos casos de corrupción que se han fraguado después de iniciada la crisis y, además, en la percepción generalizada de que el Gobierno está cada día más lejos de los ciudadanos y que las críticas en las calles no son tenidas en cuenta por el gabinete que preside Mariano Rajoy.

La salud de la democracia exige enfrentarse a una crisis política que no deja de crecer. Remar en la dirección contraria y esperar a que la tormenta amaine es un error tantas veces cometido por el Gobierno, que los ciudadanos han dicho basta. La contestación y el descrédito siguen creciendo en las encuestas. Ya nadie se cree los cantos de sirena del Gobierno sobre la inminente recuperación económica y produce desazón comprobar que el 61 por ciento de los ciudadanos reconozca que su presidente, Mariano Rajoy, no le inspira ninguna confianza.

Pese a la crudeza de los datos que arrojan las encuestas del CIS o los estudios de opinión que publican los medios de comunicación, el Gobierno continúa adelante como si viviera en una realidad paralela. Nada ni nadie se mueve de la foto ni en el Ejecutivo ni en el Congreso. El disenso no está permitido entre quienes han decidido refugiarse en los despachos del Gobierno y en sus escaños para no tener que justificar sus decisiones. Y la consecuencia es que la distancia entre quienes realizaron tantas promesas incumplidas y los ciudadanos se sigue agrandando.

La democracia vive un proceso de deterioro que es preciso atajar para evitar que la frustración siga avanzando. Y para ello es preciso que el Gobierno se despoje de la máscara protectora que le impide mirar a la cara a los ciudadanos, que los partidos cambien y que la gente vuelva a percibir que los políticos trabajan para ellos, no para mercados ni para entidades supranacionales cuyos objetivos son totalmente opuestos a los que demanda un país que vive sumido en una profunda crisis.

Esta semana hemos vivido en el Congreso uno de los episodios más gráficos sobre la impotencia y la decepción que provoca a todos los grupos el muro con el que siempre chocamos cuando intentamos dialogar con quien se resiste a hacerlo. Todos teníamos sobre nuestra mesa los datos de la encuesta del CIS. Todos habíamos leído que la mitad de los encuestados opina que su percepción sobre la situación política es muy mala y que el 31 por ciento opina que es mala. Todos habíamos encajado un nuevo golpe, pero el guión volvió a ser el mismo en el Congreso.

Que nos encontramos en el filo de dos épocas, como explica el politólogo de Podemos, Iñigo Errejón, lo decidirán los ciudadanos en las urnas en apenas unos meses. Sin embargo, no es necesario esperar a que se celebren unas elecciones para entender que la realidad ha comenzado a cambiar. La ruta que han de seguir todas las fuerzas políticas, sean o no las denominadas como tradicionales, es clara. Quienes transiten por ella tendrán una oportunidad de reconciliarse con la ciudadanía, mientras que aquellos que se empeñen en continuar por el mismo sendero como si nada hubiese ocurrido están condenados al fracaso.

La realidad es muy tozuda y, aunque algunos pretendan disfrazarla con grandilocuentes anuncios económicos, se termina colando en nuestras vidas con escenas que nos recuerdan que seguimos viviendo en un país profundamente enfermo. Ya no basta con reformas que nunca terminan de concretarse. Hay que tomar medidas que sean ejemplares y creíbles. Tenemos que ser capaces de crear algo mejor y construir con parte de los pilares que hemos heredado una sociedad más comprometida, con un Gobierno más transparente y más abierto a la participación ciudadana.

Todo está en fase de revisión. Y el inmovilismo en política se castiga hoy con la huida de electores que buscan desesperadamente recuperar la confianza en el sistema y refugiarse en fuerzas que, aunque ofrezcan promesas imposibles, le devuelvan la ilusión y la esperanza tras una larguísima crisis económica y política. Y quienes no quieran ver ni palpar esa realidad no merece seguir al frente de un Gobierno que no comparte las mismas preocupaciones que los ciudadanos a los que representa.

La supuesta defunción de una medida que nunca se debió haber aprobado, va acompañada de dudas y de advertencias sobre la conveniencia o no de seguir usando un papel que, en el caso de imprevistos, va a seguir siendo necesario

Los despropósitos con Canarias del departamento que dirige Ana Pastor son inadmisibles

Dos años y dos meses después de que el Gobierno del Estado nos obligase a retroceder a la década de los noventa, el Ministerio de Fomento nos promete que, a partir del 1 de noviembre, no será necesario acreditar nuestra residencia a través de un certificado de papel. Sin embargo, la supuesta defunción de una medida que nunca se debió haber aprobado, va acompañada de dudas y de advertencias sobre la conveniencia o no de seguir usando un papel que, en el caso de imprevistos, va a seguir siendo necesario.

El anuncio del Gobierno contrasta con la prudencia de quienes mejor conocen el sector. Las agencias de viaje ya han aconsejado a sus usuarios que sigan llevando el certificado como medida de precaución por si ocurre alguna incidencia con el sistema SARA (Sistema de Acreditación de Residencia Automático). Y otra advertencia más: también tendrán que portar el documento de empadronamiento los menores de 14 años que carezcan de DNI y aquellos que hayan cambiado de municipio recientemente.

Dos años y dos meses ha tardado el Gobierno en poner fin a una decisión que, en su momento, justificó aduciendo a los supuestos casos de fraude que se cometían por parte de aquellos que se beneficiaban de la bonificación sin tener derecho a ella. Dos años después, seguimos sin conocer los datos oficiales sobre cuántos casos han sido detectados por uso indebido.

En plena era digital, el Gobierno nos obligó a certificar nuestra residencia cada vez que acudíamos a un mostrador de facturación o a una puerta de embarque. Y ahora, sin que existan todas las certezas, nos dice que ya ha puesto a punto un sistema que ha tardado en implantar mucho más tiempo del que prometió y que, además, no será suficiente ni ofrece garantías.

Ha sido un largo periodo de anuncios incumplidos. La puesta en marcha de este sistema telemático de validación de la residencia se ha ido demorando desde el año 2013. Primero se anunció su implantación en abril del año pasado y al final se fijó la fecha del 1 de noviembre de 2014. Sin embargo, nosotros, que nos fiamos poco de los anuncios triunfalistas del Ministerio de Fomento, hemos presentado una enmienda al articulado de los Presupuestos del Estado de 2015 en la que proponemos que la condición de residente se acredite mediante el documento nacional de identidad.

Recuerdo que cuando entró en vigor la medida, con la connivencia y el silencio de los diputados y senadores del PP de Canarias, una periodista canaria se preguntaba en Twitter si el Gobierno se hubiese atrevido a adoptar una medida de este tipo en Cataluña o Euskadi. Lo dudo. Ambos territorios no hubiesen aceptado, como tampoco lo hacemos en Canarias y Baleares, un tropelía que nos ha obligado a certificar nuestra residencia durante más de dos años.

Los despropósitos con Canarias del departamento que dirige Ana Pastor son inadmisibles. Recuperó el certificado de residente, suprimió las bonificaciones de las tasas aéreas específicas para Canarias, ha reducido del 70 al 26 por ciento la ayuda al transporte de mercancías, abrió las puertas a la privatización de AENA, no ha incentivado la quinta libertad del aire en los aeropuertos canarios y, en solo cuatro años, ha aminorado en un 73 por ciento el presupuesto del convenio de carreteras. Medidas que certifican la insensibilidad del Gobierno del Estado con el territorio que más apoyo necesita para superar la crisis económica.

Desde el 3 de septiembre de 2012, día de la entrada en vigor del certificado de papel, muchas personas se han quedado en tierra o han tenido que desembolsar el 50 por ciento restante del billete para poder viajar. El Gobierno llegó a pedir perdón ante la fuerte contestación ciudadana, pero no dio marcha atrás a una iniciativa que el Ministerio de Fomento sacó inesperadamente de la chistera y, dos años y dos meses después, sigue sin ofrecer datos específicos sobre los supuestos delincuentes que han sido pillados gracias a su infalible sistema.

¿Adiós al certificado de residente? Esperemos que sí, pero esperamos también que alguien justifique una medida anacrónica e inconcebible en una era en la que el papel es sustituido gracias a las ventajas que ofrece la telemática.

Dijo que llevaría adelante un plan de infraestructuras, un plan de costas, un plan de carreteras y un plan de empleo. Planes de los que apenas quedan rastro

Casi tres años después de su toma de posesión como presidente, casi todas las promesas que Mariano Rajoy asumió con Canarias en el debate de investidura se han evaporado o han sido rotas por los ajustes que el Gobierno ha aplicado a unos territorios más que a otros. El próximo miércoles volveré a pedir a Rajoy que justifique en el pleno del Congreso el incumplimiento de sus compromisos.

Es la segunda vez en esta legislatura que le formulo la misma pregunta. Y me temo que, lejos de reconocer que ha fallado a la sociedad canaria, optará una vez más por ocultar parte de la realidad con expresiones grandilocuentes o usando eufemismos para maquillar las medidas que su Ejecutivo está adoptando en el territorio más castigado por la crisis.

Siete fueron las promesas que Rajoy adquirió con Canarias en el debate de investidura. Han pasado casi tres años y no ha cumplido ni una sola. Al contrario. Algunas han sido arrasadas por el tsunami de los recortes del Gobierno, otras han sido cercenadas y otras han ido en sentido inverso al que nos prometió entonces.

Rajoy nos garantizó que su compromiso con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias sería “total, pleno y absoluto” y que no sólo lo cumpliría sino que lo mejoraría. Lejos de formalizar su promesa con la piedra angular del sistema económico y fiscal y canario, su Gobierno ha abierto aún más la brecha que existe entre la inversión en Canarias y la media del Estado. La última muestra es el proyecto de ley de los Presupuestos de 2015 que se tramita en el Congreso. Por ello, hemos tenido que presentar enmiendas por valor de 1.085 millones de euros para corregir unas cuentas que nos sitúan a la cola en las inversiones del Estado. También ha incumplido las compensaciones que nos corresponden a través del REF para afrontar los sobrecostes del agua, la energía y las comunicaciones

Nos dijo que mantendría la misma política en la rehabilitación de los espacios turísticos. Sin embargo, eliminó este proyecto de un plumazo en los primeros presupuestos que aprobó su Gobierno sin ofrecer explicaciones ni una justificación sensata al sector del que depende la economía canaria. En cambio, han aparecido en las cuentas estatales otros proyectos similares en el Mediterráneo, como el plan de infraestructuras turísticas de la Costa del Sol.

Nos aseguró que el POSEI era muy importante y que su compromiso con la agricultura canaria era muy claro. En cambio, su Gobierno ha hecho todo lo opuesto y las ayudas al sector más sensible de nuestra economía son más que insuficientes. Esta misma semana, el secretario de Estado de Medio Ambiente dijo que no presupuestará ayudas estatales para este programa en 2015.

Dijo Rajoy que estaba de acuerdo con la prórroga de las tasas aéreas y nos anticipó que su política en esta materia sería diferente en los aeropuertos canarios. Tan sólo unos días después de su toma de posesión, su Gobierno decidió no prorrogar la bonificación de las tasas. Y, desde luego, no ha habido una política específica de tasas para los aeropuertos canarios. Y ahora avanzamos hacia una privatización del 49% del capital de AENA sin la certeza de que el Estado será capaz de seguir velando por el interés general cuando sus decisiones sean puestas en entredicho por los nuevos socios.

Nos avanzó entonces que iba a plantear la quinta libertad para los aeropuertos canarios. Casi tres años después, no tenemos noticias de una medida que sería clave para cumplir nuestra aspiración de ser un nodo de comunicaciones entre continentes. En cambio, altos cargos de los Ministerios de Fomento e Industria se han desplazado a diferentes países para cerrar alianzas con distintas compañías para que usen Barajas como hub en sus operaciones con terceros países.

Nos hizo creer que subvencionaría el transporte del plátano para competir en igualdad con el banano. Y lo que ha hecho es bajar la subvención del transporte de las mercancías, que afecta a los productos agrarios e industriales, mermando con ello su competitividad en el mercado. El plátano sigue sin figurar en dicha lista y muy lejos queda ya el compromiso de que el Estado cubra el 70% del coste del transporte de mercancías agrícolas con origen o destino en Canarias y el resto de España, tal como establece el artículo 3 del Real Decreto 170/2009.

Dijo que llevaría adelante un plan de infraestructuras, un plan de costas, un plan de carreteras y un plan de empleo. Planes de los que apenas quedan rastro. Sólo en el convenio de carreteras han desaparecido 628 millones de euros en esta legislatura y con ellos cientos de pequeñas empresas se han visto afectadas y se han perdido miles de empleos.

Trató de calmar nuestras inquietudes asegurándonos “que trataría de manera desigual a los que son desiguales”. Lamentablemente, no ha sido así. En el lenguaje del Gobierno una misma palabra puede significar dos cosas distintas y contrarias. Y su empeño en atenuar los aspectos negativos con el énfasis en los supuestos avances positivos choca siempre con la tozuda realidad. Y me temo que Rajoy volverá el miércoles a ocultar la verdad con eufemismos para no reconocer que sus políticas en Canarias han sido ruinosas.

Europa pide a gritos otra hoja de ruta. Y Canarias necesita que España dé un paso al frente y exija una política orientada a estimular la demanda y el empleo

“Aunque los hechos siguen mirándoles a la cara, ellos continúan negando la realidad”. Las palabras de Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, definen con precisión la testarudez de aquellos líderes europeos que se empeñan en mantener la austeridad, pese a su fracaso. Solo la precipitada caída de la Bolsa registrada esta semana en las principales capitales ante el temor de una nueva recesión ha precipitado un debate político inaplazable: el ritmo de reducción del déficit público debe ser compatible con el crecimiento.

En el caso de que nos estemos adentrando en un proceso de estancamiento o, lo que es peor, en una tercera recesión por la caída de la economía alemana e italiana, así como la parálisis que se vive en Francia, las fórmulas que se deben aplicar para retornar a la senda del crecimiento deben ser opuestas a las que se han impulsado desde que se iniciase la crisis hace siete años. Existen poderosas razones para diseñar una política que impida un debilitamiento de todas las economías nacionales europeas. Y esas razones no son otras que la necesidad de mirar de frente a un problema que está cercenando miserablemente las esperanzas de millones de jóvenes y de millones de personas sin empleo.

España no puede seguir siendo cómplice de una política intransigente que sólo garantiza –vía mandato constitucional- el pago de la deuda y la reducción del déficit. Considero que debemos cumplir con el abono de lo que adeudamos y opino también que reducir el déficit es una condición imprescindible para que exista un clima de estabilidad y confianza, pero creo además que ambas obligaciones no pueden truncar nuestro avance hacia un modelo económico que garantice un futuro de progreso social y económico.

Los Presupuestos que ha elaborado el Gobierno del Estado para 2015 no son los que necesita la economía española para sortear con solvencia la etapa de notable incertidumbre que se ha abierto en el continente. Nuestra economía depende de la evolución de nuestros socios comunitarios y un estancamiento o caída de los índices de países como Alemania o Francia provocaría un notable debilitamiento de nuestra economía y todas las previsiones para 2015 se irían a la papelera.

La convulsión que se vive en Europa por el temor a otra recesión es aún más preocupante para la economía canaria. Nuestras empresas siguen más de cerca lo que sucede en Alemania o Reino Unido, los dos principales emisores de turistas hacia las Islas, que lo que ocurre en España. De hecho, durante los últimos dos años, pese a la caída del turismo peninsular, el principal motor de nuestra economía ha podido capear el temporal gracias a los datos históricos registrados en la llegada de visitantes alemanes, británicos, franceses, italianos, etcétera.

Europa pide a gritos otra hoja de ruta. Y Canarias necesita que España dé un paso al frente y exija una política orientada a estimular la demanda y el empleo. Y que lo haga sin más dilación. Que actúe con la misma firmeza que Francia e Italia para evitar que las heridas que ya son visibles en la evolución de la economía se extienda a través de un sistema cuyas constantes vitales se desvanecen.

La sensación que existe es que estamos asistiendo a más de lo mismo) Que la vieja Europa, pese a que el paro permanece en máximos históricos y que la demanda continúa estancada, sigue adormecida y sin la capacidad para desencadenarse de una política de austeridad que, como escribe el propio Stiglitz, no solo debilita nuestra economía sino también nuestra democracia.

La lección más importante que hemos aprendido de la crisis es que nada es inamovible y que el futuro es algo que se puede decidir si existe una implicación activa de la ciudadanía. “La tarea que tenemos por delante”, como explica Daniel Innerarity, “es determinar nosotros mismos, mediante procesos de legitimación democrática, cómo queremos construir políticamente nuestra responsabilidad”. Y esa tarea pasa por enfrentarnos directamente a los desafíos sin limitarnos, como ha hecho el Gobierno del Estado y la Unión Europea, a la gestión improvisada de la crisis sin perfilar un modelo económico que nos devuelva la esperanza.

El cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit y el pago de la deuda no pueden seguir siendo el eje central de la política española y comunitaria. Ambas medidas no solo contribuyen a desmantelar los servicios públicos sino que, además, restan musculatura a las políticas que nos ayudarán a ser menos vulnerables. Me refiero a la I+D, a las energías renovables, al trazado de políticas que permitan que la industria aumente su peso específico o, por ejemplo, que los espacios turísticos deteriorados no amenacen el futuro de este sector. Y eso solo será posible si existe un cambio de rumbo en la fracasada política de austeridad.

¿A qué se refieren los populares de Canarias cuando aseguran que se trata de los presupuestos del crecimiento? ¿Consideran que es justo que Canarias reciba 160 millones de euros menos que la media de las Comunidades Autónomas?

El escritor y diplomático Ángel Ganivet decía que “si en la vida práctica la dejadez se hace visible por el no hacer, en la vida intelectual se caracteriza por no prestar atención”. En el caso de la política, la dejadez se refleja en la falta de compromiso. Es lo que le ocurre al Partido Popular de Canarias. Mientras sus compañeros de Baleares anuncian que no se van a quedar de brazos cruzados y que van a plantar cara al Gobierno del Estado para exigir un aumento de la inversión, los populares canarios han optado, un año más, por arrimar el hombro con sus compañeros y alabar unas cuentas en las que Canaria vuelve a figurar a la cola.

Lo más curioso es que la inversión en Baleares aumenta en más de un 86 por ciento en 2015 frente al 4 por ciento en Canarias. Pese a esta abismal diferencia, el presidente de Baleares y máximo responsable del PP en dicha Comunidad Autónoma, José Ramón Bauzá, ha vuelto a rebelarse contra el Gobierno que preside Mariano Rajoy. En la sesión plenaria celebrada en el Parlamento balear el pasado martes, día 7 de octubre, manifestó que “no comparte la política de inversiones que hace el Estado con respecto a Baleares” y que “los consejeros y sus equipos deben seguir trabajando antes los ministerios para conseguir mejorar las inversiones que siempre han sido deficitarias en esta Comunidad”.

Contrasta esta firme oposición con las manifestaciones de los representantes del PP de Canarias, que han convocado ruedas de prensa y han publicado artículos de opinión en los que repiten como un mantra que se trata de los presupuestos del crecimiento. Reflexiones en las que se limitan a reproducir sin ninguna autocrítica los argumentos cocinados por el Gobierno del Estado para tratar de hacernos creer sus eslóganes con la mirada puesta en las elecciones que se celebrarán en 2015.

Es la diferencia entre quienes están comprometidos con su tierra y quienes solo lo están con su partido. En Baleares, el PP fue crítico con las cuentas del Estado de 2014 y su firmeza fue recompensada con una partida superior a los 90 millones de euros para financiar carreteras y la inclusión de una disposición especial para blindar 74 millones de euros para depuradoras. Lo mismo sucede con las prospecciones: la oposición del PP de Baleares a los sondeos petrolíferos ha obligado al Gobierno del Estado a paralizar los estudios de impacto ambiental, mientras que en Canarias se han agilizado.

¿A qué se refieren los populares de Canarias cuando aseguran que se trata de los presupuestos del crecimiento? ¿Consideran que es justo que Canarias reciba 160 millones de euros menos que la media de las Comunidades Autónomas? ¿Creen que es equitativo que la inversión por habitante en las Islas sea de 173 euros frente a los 249 euros de la media estatal? ¿Qué opinan sobre que su influencia en Madrid sea tan irrelevante que Canarias no figura entre las siete Comunidades Autónomas –todas gobernadas por el PP o su socio UPN- en las que más aumenta la inversión?

Los populares canarios obvian todos aquellos detalles que certifican el pésimo desequilibrio de las cuentas diseñadas por el Gobierno del Estado. Omiten que los 173 euros que recibe cada canario se sitúan muy lejos de los 699 euros per cápita que le corresponde a Castilla-León o los 514 que percibirán los gallegos.

Desde que Mariano Rajoy accedió a la Presidencia, los presupuestos estatales han reducido las inversiones en Canarias en más de un 50 por ciento. Sin embargo, pese a los fuertes recortes de los que ha sido víctima nuestro Archipiélago, la estrategia del PP de Canarias sigue siendo la misma: condescendencia con las políticas del Estado y cero autocrítica con las decisiones de un Gobierno que premia descaradamente a unos territorios frente a otros.

Carreteras tan necesarias como la de La Aldea, el anillo insular de Tenerife o el eje Norte-Sur de Fuerteventura vuelven a quedar en el aire por la nueva disminución presupuestaria que el Ministerio de Fomento ha aplicado al convenio con Canarias. Un recorte que chirría si tenemos en cuenta los 3.561 millones de euros que se invertirán el próximo año para seguir ampliando la red de alta velocidad en la Península. A nosotros, en cambio, nos conceden 54 millones de euros para carreteras, muy lejos de los más de 200 que nos correspondían en 2015. Una decisión que supondrá la paralización de proyectos y, por tanto, el cierre de pequeñas y medianas empresas, y la pérdida de miles de empleos en la Comunidad más castigada por la crisis.

Los populares de Baleares no se quedarán de brazos cruzados y batallarán en el periodo de enmiendas para incrementar las partidas para sus Islas, mientras que los populares canarios volverán a optar por el mismo camino de siempre: el silencio y la complacencia con sus compañeros del Gobierno del Estado. Y luego dirán que se trata de los presupuestos del crecimiento. Es el más fiel reflejo de la dejadez de unos frente al compromiso de otros.

En África, donde habitan más de 1.100 millones de personas, y que en 2050 se prevé que alcance los 2.000 millones, más de 450 millones viven bajo el umbral de la pobreza

Académicos, profesionales, empresarios y políticos debatirán en La Laguna hasta el próximo día 10 de octubre sobre los retos a los que se enfrenta el continente africano. Campus África, organizado por la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales, es uno de los foros más importantes que se han celebrado en nuestro Archipiélago sobre un territorio en el que el florecimiento de su economía contrasta con un paisaje desolador en materia de derechos humanos, vidas rotas por la pobreza y relatos escalofriantes por las enfermedades, las guerras tribales, etcétera.

Los organizadores, a los que felicito por el esfuerzo titánico realizado para que Tenerife sea el escenario de un campus con un programa extraordinario, me ofrecieron la oportunidad de compartir el escenario del Teatro Leal con María Teresa Fernández de la Vega, Vera Duarte Martins y Asunción Sánchez Zaplana, para dialogar sobre las mujeres africanas, la inmigración y el desarrollo. Este artículo es un resumen de mi ponencia sobre inmigración y emigración: derechos humanos en el desarrollo africano.

Con titulares apocalípticos, los medios de comunicación, tan ausentes del corazón de África como la propia diplomacia, nos informan periódicamente sobre los sucesos que acontecen en nuestra orilla, en el tramo final de un viaje que muchos inician en el interior de África. ¡Qué tristeza produce la distancia que existe entre dos territorios que casi se abrazan! No solo las relaciones políticas son efímeras sino que las noticias que se difunden en Europa son tan escasas que en poco, o nada, contribuyen a que tengamos una visión más real sobre un continente que solo importa cuando supone una amenaza.

En África, donde habitan más de 1.100 millones de personas, y que en 2050 se prevé que alcance los 2.000 millones, más de 450 millones viven bajo el umbral de la pobreza. El acceso a los alimentos, la salud y la educación sigue siendo un lujo para la inmensa mayoría de africanos y, lo que es peor, la situación ha empeorado en la última década. Las gigantescas bolsas de pobreza que dominan su paisaje social arrastran a millones de personas a hacer la maleta, despedirse de su familia e iniciar un camino cuyos senderos muchos desconocen.

Emma Bonino, que lo ha sido casi todo en la Unión Europea y en su propio país, en Italia, planteaba recientemente la necesidad de que se cree un Comisionado de la UE específico para el Mediterráneo, para que las instituciones comunitarias cuenten con una estructura propia para el seguimiento de las crisis abiertas en el Norte de África y para la cooperación activa en la solución de las mismas, además de favorecer el desarrollo de dichas regiones.

Desde mi punto de vista, la propuesta de Bonino se queda corta. Lo que sucede en el Mediterráneo es la última parada de un viaje que muchos inician en el interior del continente. Y la Unión Europea debe contar con un organismo no solo para el Mediterráneo sino para toda África. Una estructura que ayude de manera constante, y no en convenciones pasajeras, a crear una sinergia entre dos territorios cuyas fronteras no solo se cruzan en las aguas del Mediterráneo sino que, además, conviven a esta altura del Atlántico.

Europa es un referente para la sociedad civil africana. Lo era para aquellos dos niños, casi adolescentes, que se refugiaron en el interior del tren de aterrizaje de un avión en Guinea Conakry, y perecieron antes de aterrizar en Bruselas con una carta dirigida a sus excelencias los señores de Europa. Ellos pagaron con su muerte una salida que muchos perciben como la única vía para disfrutar de una vida digna. De ahí la responsabilidad que nuestro continente debe asumir para contribuir a la estabilización política de África y, especialmente, a la consecución de uno de los pocos pasaportes que existen para frenar los movimientos migratorios: los derechos humanos.

En línea con los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, cuyo cumplimiento queda muy lejos, considero que es necesario avanzar en el desarrollo humano y social, enfatizando que hoy, más que nunca, la inversión en capital humano es la principal respuesta política frente a los desafíos de la globalización y el aumento de las desigualdades, especialmente en África.

La cooperación al desarrollo, cuyos objetivos han sido amputados por casi todos los países, debe retomar el guión trazado a principios de siglo para priorizar los derechos económicos y sociales, los derechos en materia de sexualidad y procreación, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos culturales, los derechos de las minorías, etcétera.

Además, sin unas relaciones económicas internacionales y un comercio global justo y sin una adecuada gestión de los recursos naturales africanos que sirva para mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de las capacidades de esa gran mayoría de la población que queda excluida, no habrá ni democracia ni desarrollo en el continente. Y sin una democracia responsable ni un desarrollo equitativo, a millones de hombres y mujeres solo les quedará una salida: la emigración.

“Les desprecio tanto porque pudiendo tanto se han atrevido tan poco”. Las palabras de Albert Camus, tan severas como reales, reflejan la percepción que compartimos muchas personas con respecto a quienes continúan mirando hacia otro lado, pese a la cruda realidad que se vive en África.

El Gobierno no escucha a los colectivos sociales, tampoco a los grupos de la oposición, pero no podrá eludir acatar una sentencia ante la que, lejos de sonrojarle, ha respondido con el silencio

Ni la indiferencia que aleja a los ministros aún más del Congreso en periodo estival ni la férrea negativa del Partido Popular a aceptar las solicitudes de comparecencia del resto de los grupos parlamentarios han sido suficientes para impedir la presencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión que se reunirá el próximo martes en la Cámara Baja, en la que deberá explicar las medidas que tendrá que impulsar su departamento ante el nuevo fallo del Tribunal de Luxemburgo en el que exige al Gobierno de España que refuerce la protección a los deudores hipotecarios.

La sentencia se emite raíz de una cuestión prejudicial planteada por el presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, en relación con las posibilidades que tiene una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria para recurrir sentencias. La resolución del Tribunal Europeo concluye que los deudores tienen menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables. Y entiende que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no cumple la directiva europea de protección de los consumidores sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y tampoco la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Gobierno no podrá seguir esquivando con nuevos parches una responsabilidad que debió ejercer desde que comenzaron a llover las sentencias judiciales en las que le instaban a corregir las vergonzosas prácticas abusivas en contra de los deudores y a favor de las entidades financieras. Esta segunda condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un tirón de orejas en el que, una vez más, vuelven a afearle que sus reformas han sido insuficientes y que no es admisible en una sociedad democrática que exista un desequilibrio tan profundo entre los deudores y las entidades financieras. No es tolerable que la ley ampare en nuestro país que los afectados no puedan recurrir determinadas resoluciones desfavorables, pero que los bancos sí puedan hacerlo.

Luis de Guindos tendrá la oportunidad el próximo martes de anunciar en la Comisión de Economía que no volverá a cometer la misma torpeza que en su primera reforma y que enmendará una ley que, a juicio de los Tribunales, es una auténtica chapuza. Y tendrá la ocasión también de aceptar que el Gobierno será, a partir de ahora, tan expeditivo en la protección de los ciudadanos como lo ha sido en el rescate de las entidades bancarias. Y nosotros, toda la oposición, tendremos una oportunidad casi inaudita en tiempos de opacidad y escaso diálogo político: ejercer el papel que nos corresponde y que, en muchas ocasiones, no podemos desempeñar por la resistencia del Gobierno a comparecer ante las Cámaras.

El desequilibrio que existe entre el número de encuentros que el Gobierno ha mantenido con las entidades bancarias y con las plataformas que defienden los derechos de los hipotecados es el ejemplo más gráfico de la estrecha cercanía que existe con unos y la alergia gubernamental hacia aquellos movimientos sociales que, armados de razones, han puesto en jaque al Ejecutivo.

El Gobierno no escucha a los colectivos sociales, tampoco a los grupos de la oposición, pero no podrá eludir acatar una sentencia ante la que, lejos de sonrojarle, ha respondido con el silencio.

Independientemente del camino que elija el Gobierno, los jueces disponen ya de un instrumento más a su alcance para paralizar muchos de los desahucios en marcha. Han sido mucho más sensibles que el Gobierno y han sido muchas las veces quienes han puesto el grito en el cielo para exigir al Ejecutivo que destierre de nuestra legislación todos aquellos artículos que ahondan en la indefensión de los deudores y protegen a quienes han sido condenados en reiteradas ocasiones por sus prácticas abusivas, por su nula responsabilidad social y por la ausencia de transparencia en los contratos firmados en plena burbuja inmobiliaria.

La única vía que existe y que tendrá que articular el Gobierno, seguramente sin mucho énfasis y a regañadientes, es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que en nuestro país dispongamos, al menos, de una norma financiera homologable con la legislación europea. Esta y otras observaciones tendrían que ser encauzadas a través de los instrumentos que el Gobierno tiene a su alcance para que no sigamos siendo testigos, día tras día, del drama que arroja al vacío a las únicas víctimas a las que se condena a pagar los excesos de una etapa en la que las entidades bancarias urdieron, con la connivencia del Ejecutivo, una burbuja por la que ellos no han tenido que dar la cara.

Los consumidores han sido los únicos perjudicados por unas prácticas y unos contratos desequilibrados que siempre favorecieron a los bancos. Tras seis años de crisis, en los que a muchas familias se les ha arrebatado su vivienda, se han sepultado tantos sueños y se ha castigado a tantas personas a vivir en unas condiciones de extrema pobreza, ha llegado el momento de articular una legislación equilibrada en la que la otra parte, la que representan los bancos, hoy saneados gracias a la inyección de fondos públicos, sean obligados a asumir un compromiso social que, hasta ahora, han eludido vilmente gracias al silencio cómplice de quienes gobiernan. Un silencio al que trata de poner fin el Tribunal de Luxemburgo. La próxima palabra la tendrá Guindos el próximo martes.

La gestión individualizada es un modelo común en Europa, Estados Unidos, Canadá o Australia, donde no existe el planteamiento monopolístico que mantiene España

Nueves meses llevamos esperando Coalición Canaria y Nueva Canarias a que comparezca la ministra de Fomento ante la Comisión de Fomento del Congreso para que informe sobre el proceso de privatización parcial de AENA. Nueve meses en los que el Gobierno del Estado ha optado por eludir su responsabilidad de informar sobre su gestión ante las Cortes Generales y ha optado por la vía que más explotan en esta legislatura: la aprobación unilateral, sin debate previo, de todas sus reformas, incluidas aquellas que afectan directamente al desarrollo económico y estratégico de territorios especialmente sensibles como Canarias.

La ministra de Fomento no ha tenido el valor de dar la cara donde corresponde y ha evitado poner sobre la mesa en las Cámaras legislativas las distintas opciones que existen sobre cómo se debería gestionar la red de aeropuertos. Como en anteriores ocasiones, han diseñado y aprobado sus planes en despachos cerrados y en reuniones reservadas a determinados sectores, en las que se ha vetado la presencia de las Comunidades Autónomas.

En su carrera en solitario para reformar toda la arquitectura legislativa y los modelos de gestión de las administraciones y las empresas públicas, el Gobierno del Estado ha dado un paso en falso al cerrar las puertas a las autonomías en el sistema de gestión, apostando por un modelo que supone un gravísimo error para el futuro de la red aeroportuaria.

El Gobierno del Estado, como otras tantas veces, obvia que los Estatutos de Autonomía de Canarias, Cataluña o País Vasco “asumen la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se haya reservado su gestión directa”. Y los representantes de los tres territorios ya han advertido a Fomento que activarán sus respectivos Estatutos en el caso de que insista en mantener la senda que ha abierto para la privatización parcial de los aeropuertos.

El Gobierno asegura basarse legalmente en el Real Decreto-ley 13/2010, aprobado en la pasada legislatura, pero oculta deliberadamente que en el mismo se indicaba en su preámbulo -como propósito normativo- abrir vías para la gestión individualizada de los aeropuertos a través de la creación de filiales o el otorgamiento de concesiones de gestión.

La gestión individualizada es un modelo común en Europa, Estados Unidos, Canadá o Australia, donde no existe el planteamiento monopolístico que mantiene España, que terminará teniendo problemas en materia de defensa de la competencia y profundas repercusiones para el futuro del servicio aeroportuario. De hecho, España se configura dentro del ámbito europeo como el único país con sistema de gestión centralizada y conjunta en manos de AENA con un volumen elevado tanto de infraestructuras como de pasajeros transportados.

Con motivo de la reforma del sector aeroportuario, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) elaboró dos documentos en los que se alinea abiertamente con las tesis que defendemos los grupos nacionalistas. Dos documentos que, lamentablemente, no han sido tenidos en cuenta por parte del Gobierno. En ese análisis, se subraya como un aspecto negativo que “las principales decisiones sobre las variables relevantes se toman centralizadamente para todos los aeropuertos, limitando en gran medida la posible competencia entre infraestructuras aeroportuarias, que contribuirían a precios más eficientes, mayor calidad y mayores beneficios para los usuarios. Todo ello conlleva una falta de tratamiento individualizado de cada aeropuerto, un desincentivo a la eficiencia económica, posibles subvenciones cruzadas y una menor correlación entre inversiones y tráfico”.

La CNMC también entiende que “el proceso de reflexión debería analizar el impacto de los cambios tanto sobre la eficiencia del sistema económico en su conjunto como sobre los diferentes grupos de interés relacionados con los aeropuertos (a saber, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, posibles participantes privados, operadores aeroportuarios, pasajeros, empleados de aeropuertos y de los servicios de navegación aérea, concesionarios) permitiendo a estos últimos participar en las modificaciones a través de un procedimiento de consultas”.

Los intereses de los nuevos socios que se sienten en el Consejo de Administración no coincidirán siempre con los planes que necesitaría desarrollar Canarias, entre los que hoy se encuentran, por ejemplo, la ampliación de la pista del aeropuerto de Lanzarote, la ampliación del horario de apertura de Fuerteventura, la solución al grave problema que se enfrentan los vecinos de Ojos de Garza, las nuevas pistas de Tenerife Sur y Gran Canaria o el trato diferenciado de los aeropuertos de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Y una advertencia: una sentencia europea que declare el modelo centralizado de AENA como contrario a las normas de la competencia comportaría un enorme coste presupuestario público que, en el caso previsible de que se produzca, repercutiría inevitablemente sobre los impuestos de los ciudadanos.

Frente a la recentralización y el monopolio, los nacionalistas canarios apostamos por una red propia: Aeropuertos Canarios.

Ya conocemos cuáles son los objetivos del Gobierno para el próximo año, pero desconocemos la letra pequeña

Formidable, increíble, fabuloso, sorprendente o indescriptible. Estos fueron solo algunos de los calificativos que utilizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el pleno celebrado martes en el Congreso, para describir la situación que, según él, vive la economía de nuestro país. Nos retó a los diputados a que pusiésemos en duda la veracidad de los números que publicita diariamente su departamento y yo le reté a él a que encontrase a un solo español que estuviese dispuesto a subir a la tribuna a decir que las cosas van mejor.

La reducción del techo del gasto fijada por el Gobierno para el año 2015 confirma que el país en el que habita el ministro de Hacienda no es el mismo que aquel en el que se ahogan las administraciones más cercanas al ciudadano. Es lo que sucede cuando se gestionan los raquíticos fondos públicos sin escuchar el ruego unánime de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y cuando se traza un cuadro de gastos e ingresos en una realidad paralela a la que viven quienes sufren las consecuencias de las discutibles decisiones del Gobierno.

Coincido con el análisis que realiza John Müller cuando asegura que el techo del gasto, los ingresos previstos y el déficit son “cifras orientativas, una carta del Gobierno a los Reyes Magos, una simple declaración de intenciones”, un buen deseo con el que el Partido Popular pretende ofrecer su rostro más amable y tratar de enmendar en 2015, en plena campaña electoral, el largo camino de ajustes económicos y recortes de derechos decretados en solitario durante tres años.

Nos hemos acostumbrado en esta legislatura a que las previsiones se terminen evaporando ante la evolución de una realidad que el Gobierno se niega a anotar en su contabilidad hasta que las cifras terminan imponiéndose. Las dudas se multiplican en este caso y, pese al tono optimista empleado por el Ministerio de Hacienda, casi todos los analistas se preguntan cómo pretende el Gobierno reducir el déficit público al 4,2% con una rebaja fiscal que no bajará de los 5.000 millones y, además, se plantean otros interrogantes abiertos sin respuesta: los intereses de la deuda bajan, pero su volumen aumenta y el déficit de la Seguridad Social sigue siendo una quimera.

“La época de ajustes se ha terminado”, aseguró el ministro de Hacienda. El ministro obvia las cicatrices abiertas en los presupuestos de carácter social que gestionan las Comunidades Autónomas, acalla a quienes le rogaban un esfuerzo para seguir cuadrando las cuentas del sistema educativo, social y sanitario y, además, cierra también con esta decisión el debate sobre la financiación autonómica ya que, con los recursos que pondrá el Estado sobre la mesa para 2015, no podrá articular dicha reforma.

Ya conocemos cuáles son los objetivos del Gobierno para el próximo año, pero desconocemos la letra pequeña. Suponemos que, un año más, volverá a pedir un esfuerzo extraordinario a las Comunidades Autónomas, para que sean éstas las que salven el cumplimiento de déficit de España.

La paciencia de quienes sí conocen los efectos reales de los ajustes que otros presentan con aires triunfalistas está llegando a su fin. Y las Comunidades Autónomas, a las que el Estado ha criminalizado públicamente y ha señalado como las culpables del desajuste en las cuentas públicas, ya han anunciado que están dispuestas a plantar batalla a un Gobierno que ha sido incapaz de negociar un nuevo sistema de financiación.

Su incapacidad ha condenado y seguirá condenando a muchos territorios a realizar los ajustes que el Gobierno del Estado ya ha dicho que no acometerá en su costosa y alargada estructura. Serán otros quienes tengan que dar la cara ante los ciudadanos y explicar por qué ni la Sanidad ni la Educación volverán a contar con los recursos que necesitan para, al menos, garantizar un servicio relativamente sostenible.

Y, un año más, la sonrisa del ministro de Hacienda volverá a contrastar con la seriedad en el rostro de los consejeros de las Comunidades Autónomas.

¿En qué consiste realmente el eslogan del último Consejo, en el que se asegura que, en este nuevo ciclo legislativo, se apostará por una Unión de empleo, crecimiento y solidaridad?

En el Consejo Europeo celebrado el pasado mes de junio volvieron a plasmarse las buenas intenciones de los jefes de Estado para activar aquellos ejes en los que se debe incidir para que haya un antes y un después en la gestión de la crisis y, sobre todo, aquellas políticas que devuelvan la esperanza a sus víctimas, es decir, a quienes se han quedado sin empleo, los que han perdido su vivienda o aquellos que han visto perecer sus esperanzas de recuperar sus anteriores vidas.

Sin embargo, ninguna de las conclusiones del Consejo es nueva. Es más de lo mismo. Es una repetición de los buenos deseos que, en cada cita de los jefes de Estado, se repiten como un mantra que, lamentablemente, tardan en concretarse en soluciones reales. Lo más significativo es que el Consejo reconozca que sigue intentando, sin éxito, en encontrar la llave que ponga fin al divorcio que hoy existe entre los ciudadanos y las instituciones europeas.

Y lo hace con una declaración de intenciones que dista mucho de las directrices de su política de austeridad severa, especialmente con los países del Sur de Europa. ¿Habrá un giro de la mano de Junker que, durante su etapa de ocho años al frente del Eurogrupo, fue uno de los principales impulsores de los durísimos rescates impuestos a países como Grecia y Portugal y un defensor de la austeridad? ¿Acatará la decisión del Consejo de que haya una mayor flexibilidad a la hora de aplicar la austeridad fiscal para impulsar el crecimiento? ¿O trazará una línea que se alargará en el horizonte y nos obligará a realizar nuevos ajustes, como los que el Gobierno de España se ha comprometido a efectuar en 2015?.

¿En qué consiste realmente el eslogan del último Consejo, en el que se asegura que, en este nuevo ciclo legislativo, se apostará por una Unión de empleo, crecimiento y solidaridad? ¿En qué plazo se concretarán dichos desafíos? ¿Cuándo se prevé activar las inversiones y cómo se articulará la creación de empleo?

Nos aseguran que la Unión debe ser más fuerte hacia fuera y más solidaria dentro. Obviando la extrema debilidad de la política exterior europea, cuya capacidad para incidir en los contenciosos internacionales es una quimera, me centraré en la parte interna. Nos prometen que todos los Estados miembros tienen que garantizar unas redes de protección social eficientes, justas y preparadas para el futuro. ¿Cómo piensa España garantizar dichas redes si las previsiones que ha remitido a Bruselas para el próximo año van en el sentido contrario?

Y, sobre todo, ¿cómo piensa cumplir nuestro país el compromiso fijado en el Consejo Europeo para afrontar el cambio climático cuando su apuesta es seguir abriendo puertas a las energías más sucias y contaminantes en sus espacios marinos más ricos en diversidad?. ¿Puso España sobre la mesa que su proyecto para luchar contra el cambio climático es dar luz verde a que las plataformas petrolíferas formen parte del paisaje de la costa canaria, valenciana y balear?

Y un clásico en las mayorías de las reuniones de jefes de Estado: la inmigración. ¿Van a permitir España que sus socios comunitarios persistan en su injustificada huida hacia delante, eludiendo fijar una política común que vaya más allá de los parches que aplica de manera precipitada cada vez que su papel queda en entredicho en las tragedias mortales?

En materia de política exterior han vuelto a poner en lo alto de la agenda que la Unión debe ser un socio fuerte respecto a nuestros vecinos, entre ellos África, mediante la promoción de la estabilidad, la prosperidad y la democracia. Ante la ausencia de políticas concretas por parte de España esperamos que, en este nuevo ciclo, sí exista un compromiso real por parte de Europa para apoyarse en una de sus principales plataformas para potenciar el comercio y la cooperación con África. Me refiero a Canarias. Un Archipiélago que cuenta con potencialidades que sí son tenidas en cuenta, por ejemplo, por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero que, inexplicablemente, son obviadas por Europa.

En definitiva, nada nuevo en el primer encuentro de jefes de Estados tras las elecciones europeas. Y eso, pese al avance de los populistas y aquellas fuerzas que reman en contra de la propia Unión. No es fruto de la casualidad que socialistas y populares, los mismos que se reparten los cargos del Parlamento, la Comisión y el Consejo, hayan perdido peso en la Cámara europea. Es la consecuencia de la desconfianza de los ciudadanos en quienes han sepultado aquellas políticas que permitieron a los europeos trabajar en condiciones dignas y poder crecer de manera equilibrada, sin la fractura social y geográfica que ha vuelto a reabrirse entre el Norte y el Sur.

¿Cuándo se va a enterar el Consejo Europeo de que no puede seguir adelante con su actual política? Necesitamos pasar de los buenos deseos a una acción rápida para favorecer la creación de empleo, la mejora de las condiciones laborales y la supervivencia de los servicios públicos. En caso contrario, la respuesta será más desafección y más argumentos para aquellos que acechan para poner fin al proyecto europeo.

Estas son algunas de las reflexiones que, como nacionalista canaria, plantearé el miércoles al presidente del Gobierno en el debate que se celebrará en el Congreso sobre la última cumbre europea.

Tomás Padrón tuvo un sueño. Optimista y comprometido con su tierra, soñó y creyó en un proyecto que permitiese a la isla de El Hierro ser autosuficiente en materia energética para evitar que los herreños y herreñas fuesen rehenes del exterior

Tomás Padrón tuvo un sueño. Optimista y comprometido con su tierra, soñó y creyó en un proyecto que permitiese a la isla de El Hierro ser autosuficiente en materia energética para evitar que los herreños y herreñas fuesen rehenes del exterior. Y ese anhelo, en el que muy pocos creían, pero que él tejió con la paciencia y con la sabiduría de un hombre fiel a su responsabilidad, es hoy una realidad: la central hidroeólica Gorona del Viento.

Solo tres días después de que el Tribunal Supremo tumbase, por un estrecho margen de tres votos a dos, los recursos en los que se exigía la paralización de las prospecciones petrolíferas en Canarias, hemos sido testigos del nacimiento de un proyecto que representa el más claro ejemplo de la vía por la que debemos transitar si queremos que nuestras Islas sean un modelo sostenible y un ejemplo para el resto del mundo, como lo es ya la central herreña.

Dos modelos antagónicos e incompatibles se han puesto sobre la mesa en las Islas: el que representa la central hidroeólica , cuyo objetico es que el consumo de la Isla se cubra con energía procedente de fuentes renovables, y la explotación de energías fósiles a escasas millas de las playas de Lanzarote y Fuerteventura. Entre ambas opciones, El Hierro ha optado por la vía más sostenible, menos costosa y menos dependiente.

Decía Víctor Hugo en pleno siglo XIX que “produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no la escucha”. Y esa es la impresión que tenemos todos los canarios con respecto a las prospecciones. La naturaleza pone en nuestras manos un sinfín de energía limpia, pero aquellos que no escuchan, como se quejaba el autor de “Los miserables”, se empeñan en perforar el subsuelo marino en una cruzada en la que solo han necesitado el apoyo del Gobierno del Estado y de una legislación ajena a un planeta enfermo que exterioriza su dolor a través de las huellas que deja el cambio climático.

Lanzarote y Fuerteventura, a las que se pretende castigar con su inclusión en el maldito atlas mundial del oro negro, querrían ser también como El Hierro. Existen proyectos redactados por diferentes especialistas, entre ellos nuestro compañero Javier Morales, otro herreño visionario, a los que estamos obligados a dar una oportunidad, impulsando los cambios legislativos y las decisiones políticas que sean necesarias, para que nuestros actos sirvan para marcar una agenda que culmine de la misma manera que concluyó el sueño de Tomás Padrón.

“El presente es solo un escalón hacia una mayor perfección, la preparación para una vida más perfecta. Por eso, quien es capaz de dar carta de naturaleza con un nuevo ideal a esta esperanza en el progreso moral de la humanidad se convierte en guía de su generación” (Stefan Zweig). Tomás se convirtió en un guía para El Hierro y a nosotros, a quienes participamos en la política y a toda la sociedad canaria en general, nos corresponde dar los pasos correctos para “prepararnos para una vida más perfecta” a la que se refiere Zweig.

El sol, el viento, las olas y el calor geotérmico son fuentes de energía inagotables. Otras, como la que el Ministerio de Industria pretende extraer en nuestros fondos marinos, tienen los días contados. Si no respetamos las leyes de la naturaleza y nos negamos a ver los efectos de una política que irrita al planeta, estaremos contribuyendo a la defunción del territorio.

Por ello, pese al empeño del Gobierno y a las resoluciones judiciales, debemos seguir adelante. Decía Lincoln que “la probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos justa”. A Tomás Padrón le llovieron las críticas cuando presentó su proyecto 100% sostenible, pero el desdén de quienes le tacharon de ingenuo no amedrentó a quien sí supo escuchar a su propia naturaleza.

Y una advertencia final para el Ministerio de Industria y para la petrolera Repsol: “si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero” (Janez Potocnik).

"No limites la libertad de las futuras generaciones más de lo que estarías dispuesto a aceptar tú por parte de las generaciones anteriores". Esta sentencia de Paul Preuss tendría que ser recordada diariamente para evitar que los errores y las indecisiones terminen hipotecando el presente y el futuro.

“No limites la libertad de las futuras generaciones más de lo que estarías dispuesto a aceptar tú por parte de las generaciones anteriores”. Esta sentencia de Paul Preuss tendría que ser recordada diariamente para evitar que los errores y las indecisiones terminen hipotecando el presente y el futuro.

Las cosas tienen que cambiar. Y tenemos que hacerlo empezando por aparcar las diferencias y deshacernos de los temores que han impedido en España afrontar el reto que supone abrir las puertas a un nuevo e ilusionante escenario político a través de la reforma de la Constitución.

Frente al inmovilismo que ha existido cada vez que se ha planteado la reforma de la Carta Magna, es el momento de pasar a la acción y responder con hechos, y no con meras declaraciones de intenciones, a los retos y a los nuevos desafíos que se plantean en nuestra sociedad. En situaciones de crisis –económica y política, como la actual- es cuando es ineludible apelar al sentido de Estado para construir una realidad que amenaza con resquebrajarse pese a los imperceptibles brotes verdes.

Los ciudadanos nos emplazan a que gestionemos el presente y el futuro con valentía y responsabilidad. La misma responsabilidad que no han ejercido quienes han tenido la posibilidad de hacerlo. De hecho, tanto socialistas como populares han contribuido, con su bloqueo y su indecisión, a que la reforma que reclamamos siga siendo un imposible por su incapacidad y su torpeza para fomentar un proceso que ya es irreversible.

Nos adentramos ahora en una nueva etapa política. Una etapa de transición que, en palabras de Ortega y Gasset, requiere una actitud histórica. Es a nosotros, como representantes de la soberanía popular, a quienes nos corresponde adoptar esa “actitud histórica” con coraje para liderar una transformación que no admite más dilación.

La sociedad avanza por delante de la propia política y, pese a la evidencia y al clamor popular, los partidos que han tenido en su mano la opción de articular un cambio han optado por la salida más sencilla: una huida hacia adelante a la espera de un giro que, sin una nueva política, no será posible.

Nos exigen más transparencia, más participación en la toma de decisiones políticas, más protagonismo en la construcción de un país que, en la mayor parte de los casos, se ha ido edificando de espaldas a la propia ciudadanía y que, poco a poco, ha sufrido un deterioro de la calidad de su democracia y de sus propias instituciones. Y tenemos dos opciones: o construimos un proyecto en el que merezca la pena participar activamente o si todo sigue igual que hasta ahora, el resultado será, inevitablemente, más desafección y más distanciamiento.

Estamos viviendo una de las etapas más apasionantes de la democracia. Y debemos contribuir a que esta metamorfosis sirva para acabar, como escribe la periodista Rosa Montero, con “con el viejo mundo y ser capaces de inventar algo mejor”.

El Senado tiene que ser una Cámara que represente el Estado de las Autonomías. El modelo territorial requiere una revisión urgente para encajar las demandas de Comunidades Autónomas que se sienten maltratadas por un Estado que, en estos dos últimos años y medio, ha optado por la recentralización y la paralización del diálogo entre ambas partes.

En nuestro caso, en lo que respecta a Canarias, no podemos permitir que la Constitución española obvie el estatus de Región Ultraperiférica que sí nos reconoce la Constitución europea y que nuestro Régimen Económico y Fiscal sea de obligado cumplimiento para el Gobierno de España.

Tenemos que ser valientes, dar la cara, abrir las puertas a la participación ciudadana y que el pueblo se pronuncie sobre una nueva Constitución, que sea fruto del diálogo y el consenso. Tenemos una oportunidad para que todo no siga siendo igual que hasta ahora. Y para que no siga siendo así, para que este país no se convierta en un territorio de fuego y cenizas, solo tenemos que hacer una cosa: democracia, democracia y más democracia.

Democracia para reformar la Constitución y democracia para que sean los ciudadanos los que se pronuncien en un referéndum sobre el país que quieren.

Stefan Zweig hablaba en su obra “Momentos estelares de la humanidad” de “instantes dramáticos, preñados de destino, en los que en un día, en una hora o en un minuto se concentran decisiones perdurables”. El momento decisivo es ahora y las decisiones perdurables se deben consensuar y someter sin titubeos al veredicto de quienes son y serán los protagonistas del cambio: los ciudadanos.

El mismo partido que suprime dos islas de nuestro archipiélago en su programa electoral nos intenta hacer creer también que las aguas que nos rodean no tienen absolutamente nada que ver con Canarias. Es decir, que somos el único Archipiélago de todo el mundo con Islas, pero sin mar. Nada extraño en el discurso de un político que aseguró que el meridiano de Greenwich pasa por Canarias y que ahora, en una nueva pirueta política, nos intenta convencer de que el mar que nos rodea no forma parte de nuestro territorio.

Cuando escuché al ministro en el Congreso de los Diputados no pude evitar recordar las declaraciones que sus compañeros de partido de Baleares y Valencia han realizado sobre las prospecciones. No pude evitar recordar aquella alocución poética de González Pons en 2010 en la que dijo que “los ciudadanos tememos el chapapote y a no volver a ver los eclipses de luna sobre el mar” o la contundencia del presidente balear, José Ramón Bauzá, cuando retó al Gobierno del Estado asegurando que su petróleo “es el turismo y no permitiremos, jamás de los jamases, que se autoricen prospecciones en nuestro mar”.

Los mismos que consideran incompatible en Baleares el petróleo con el turismo nos aseguran que, en el caso de Canarias, es una fuente de riqueza, una oportunidad única a la que no podemos renunciar de ninguna manera, que ningún país del mundo diría no a las energías fósiles y que con la tasa de paro que existe en Canarias no tenemos otra salida y debemos claudicar sean cuales sean las consecuencias.

Toda esta maniobra elaborada conjuntamente por Repsol e Industria es una falacia. Nosotros, pese a sus esfuerzos, estamos cargados de razones para seguir diciendo no. Y decimos no porque con la explotación de petróleo asumimos todos los riesgos y, a cambio, no percibimos ningún beneficio. Decimos no porque no estamos dispuestos a poner en juego el futuro físico de nuestra tierra, ni el futuro vital de más de dos millones de canarios y de las futuras generaciones.

Vivimos en una tierra de una extraordinaria riqueza natural. Y ese es nuestro verdadero tesoro, el oro verde y azul. No el oro negro. Pero nuestra oposición no solo tiene que ver con la protección de nuestra naturaleza. En el caso de un accidente, afectaría también a un recurso vital como es el agua. Ante un vertido, dejaríamos a los más de 200.000 habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, además de la población de turistas flotante, sin agua potable durante un periodo indeterminado.

Decimos también no al petróleo porque nuestra principal actividad es el turismo. Un derrame como el que ocurrió en el Golfo de México hundiría la economía de una Comunidad como la canaria y sería un golpe de muerte al principal motor económico de Canarias.

Sin pudor, sacan de la chistera cifras irreales sobre el número de empleos que generaría esta actividad y tratan de comprar nuestro silencio a cambio de promesas de millones de euros. Pese a la evidencia, plantean dudas incluso sobre el apoyo que tiene en Canarias la oposición al petróleo y aseguran que la mayoría social está a favor de las energías fósiles. La respuesta que ofrecemos los nacionalistas es que el Gobierno del Estado autorice una consulta al pueblo canario.

El ministro se refugió constantemente en que las prospecciones no conllevan necesariamente la exploración. Y volvió a faltar a la verdad. El artículo 9.2 de la Ley de Hidrocarburos dice que “el otorgamiento de un permiso de investigación confiere al titular el derecho, en exclusiva, a obtener concesiones de explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre la misma área”

Canarias ha vivido diferentes procesos migratorios provocados por la hambruna, la sequía, la crisis de la cochinilla o el fracaso de otros monocultivos. Y nosotros no nos podemos permitir que pueda haber un nuevo proceso migratorio provocado por una crisis vinculada con el petróleo porque, en estos momentos, a los canarios ya no nos queda el recurso de otras tierras que nos acogieron, como Venezuela, ni podemos permitir que una tierra y un mar se contamine y se destruya.

Como decía el poema La maleta, de Pedro Lezcano, son otros los que deben hacer la maleta para que no seamos los canarios los que tengamos que emigrar en el caso de que haya una crisis provocada por un desastre en nuestras costas. Son otros los que deben irse.

Los que venden la tierra que no es suya

que cojan la maleta.

Los que ponen la muerte en el futuro

que cojan la maleta.

Que cojan la maleta,

que cojan para siempre la maleta.

Pese a la notable influencia que tienen sobre nuestras vidas las decisiones que se adoptan en la Unión Europea o el creciente protagonismo de las instituciones comunitarias en la elaboración de leyes e, incluso, su desafortunado papel en la aplicación de una política de ajustes devastadora para nuestro país, los ciudadanos continúan percibiendo a la UE como un lejano y desconocido entramado de instituciones que no despiertan su interés.

Pese a la notable influencia que tienen sobre nuestras vidas las decisiones que se adoptan en la Unión Europea o el creciente protagonismo de las instituciones comunitarias en la elaboración de leyes e, incluso, su desafortunado papel en la aplicación de una política de ajustes devastadora para nuestro país, los ciudadanos continúan percibiendo a la UE como un lejano y desconocido entramado de instituciones que no despiertan su interés. De ahí que exista una enorme preocupación sobre si la abstención se terminará imponiendo a la participación en las urnas en las elecciones que se celebrarán el próximo día 25 de mayo.

Es inevitable reconocer que Europa sufre una crisis múltiple. Y no sólo se trata de una crisis de naturaleza económica, sino especialmente institucional. Una Europa que, pese al innegable papel que ha desempeñado en nuestro desarrollo, ha optado por gestionar la crisis por la vía más desafortunada: el ajuste y el ahorro, provocando un desmantelamiento de los servicios públicos y del empleo, al mismo tiempo que ha autorizado inyecciones económicas millonarias para salvar a las entidades financieras de la bancarrota. Y esta estrategia equivocada ha provocado un mayor distanciamiento de los ciudadanos hacia unas instituciones que perciben lejanas y poco transparentes.

Sin embargo, se trata de la convocatoria electoral más importante de la Unión Europea. No sólo porque será el Parlamento quien designe al presidente y a los miembros de la futura Comisión sino porque los ciudadanos podemos decidir si queremos seguir apostando por aquellas fuerzas políticas que abanderan más ajustes presupuestarios, como es el caso del Partido Popular, o quienes consideramos que Europa debe rectificar y aplicar una política de incentivos a la economía similar a la realizada por Estados Unidos, entre otros países.

No obstante, pese a que la UE ha perdido 24 puntos de prestigio desde que se inició la crisis, no podemos obviar que sus buenas prácticas permitieron en su momento la construcción de un continente más cohesionado, con un nivel de bienestar muy superior al resto del planeta (la UE concentra el 50% del gasto social del mundo, pese a contar con tan sólo el 7% de la población) y con un incuestionable avance en materia de derechos fundamentales y libertades individuales. Y ese modelo, que se resquebrajó con la irrupción de la crisis, es el que aspiramos a recuperar en la nueva etapa que se abrirá tras las elecciones de mayo.

Nosotros, Coalición Canaria, nos presentamos a estas elecciones con un equipo integrado por siete jóvenes de las siete islas, liderado por el herreño Javier Morales, cuya trayectoria le avala como uno de los mejores especialistas del Archipiélago en energías renovables y en todas aquellos asuntos relacionados con la innovación en el sector primario.

Acudimos a esta importante cita electoral con un programa específico para Canarias. El nuestro no es un anexo ni una separata. Es un programa elaborado tras un amplio debate interno y abierto a los ciudadanos en el que han participado técnicos especialistas en asuntos comunitarios, militantes, simpatizantes y aquellas personas que han planteado sus propuestas a través de las vías abiertas por CC en las redes sociales.

Estas elecciones representan una oportunidad única para impulsar, a través de una representación propia, una agenda de trabajo en el seno del Parlamento europeo en la que se incluyan aquellas propuestas que planteamos para Canarias. Una agenda para que la UE desarrolle las oportunidades de Canarias a través de la mejora de nuestra conectividad aérea y marítima, el impulso a la internacionalización de nuestra economía, el aprovechamiento de la biodiversidad para la creación de industrias de base tecnológica, el desarrollo de las redes de datos, el fortalecimiento de la investigación en astrofísica, las energías renovables o la investigación en el ámbito marino-marítimo.

Reclamamos que se consolide el encaje especial de Canarias en la UE, buscando mecanismos que garanticen la adaptación de las políticas europeas a nuestras especificidades como RUP, además de garantizar un Régimen Económico y Fiscal que nos permita disfrutar de unas condiciones similares al resto de ciudadanos de Europa, así como mejorar la competitividad y diversidad de la economía canaria.

Trasladaremos a Europa nuestro rechazo masivo al petróleo y una apuesta decidida por un cambio del modelo energético, favoreciendo la implantación progresiva de las energías renovables, más limpias, baratas e inagotables, en detrimento de las fósiles, lo que nos permitirá tanto diversificar la economía y favorecer la creación de empleo, como disminuir drásticamente la dependencia exterior. Y, como dice Javier Morales, dejar que los fósiles descansen en paz.

En definitiva, en la nueva etapa que se abrirá en el seno de la UE a partir del 25 de mayo, queremos que Canarias cuente con una voz propia que garantice el protagonismo que nos corresponde como territorio con un estatus propio y que, en estos momentos de cambio, puede desempeñar un papel geoestratégico clave en las nuevas relaciones comerciales entre la UE y el continente africano.