Casi toda la vida de Obur William ha transcurrido en Tedi, un pueblo de unos 10.000 habitantes del distrito de Amuru, en el norte de Uganda. A sus 60 años, vino aquí al mundo y en el mismo lugar nacieron sus hijos y sus nietos. No se plantea morir en otro sitio, pero, si depende del Gobierno ugandés, este campesino terminará sus días alejado de su pueblo natal.

Según el Ejecutivo del eterno Yoweri Museveni –28 años como presidente del país–, William y sus vecinos son “invasores” que ocupan ilegalmente una tierra que pertenece a la Autoridad Nacional Forestal (NFA, en inglés). Desde Kampala, la capital, se quiere ampliar la superficie de bosque en Tedi y expulsar a los residentes, quienes recuerdan que sus antepasados se establecieron en el pueblo antes de 1930.

Lo que sucede en Tedi es un ejemplo extremo de acaparamiento de tierras, un problema cada vez más generalizado en toda Uganda y que perjudica especialmente a la población más pobre, dependiente de sus pequeñas parcelas para llevar a cabo una imprescindible agricultura de subsistencia.

Las preocupaciones para Obur William empezaron en los años 90, cuando se vio obligado, como el resto de los habitantes de su pueblo, a instalarse en un campo de desplazados para, según la versión oficial, facilitar las operaciones militares de las fuerzas armadas ugandesas contra el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), la milicia de Joseph Kony.

Las dos décadas de guerra provocaron unos 100.000 muertos y 1,8 millones de desplazados, que vivieron años hacinados en 200 campos. A medida que la zona se fue pacificando, la población desplazada empezó a volver a sus hogares entre 2003 y 2006. La sorpresa fue comprobar cómo a menudo sus tierras habían sido ocupadas por el Gobierno, que se había apropiado de ellas al declararlas vacías, o por otras familias y no pudieron recuperarlas.

“El 80% de la tierra de Acholiland –la región del norte más afectada por el conflicto– no está registrada a nombre de nadie, porque la propiedad ha sido tradicionalmente comunitaria y se ha transmitido por costumbre. Esto dificulta enormemente demostrar ahora de quién es”, cuenta Daniel Komakech, responsable de la oficina de Amuru de la Uganda Land Alliance (ULA), una coalición de ONG dedicada a proteger el acceso a la tierra de la población pobre.

Lejos de la estabilidad

“El conflicto por la tierra es la consecuencia más grave de la guerra con el LRA, ya que mucha gente se ha visto desplazada definitivamente de sus casas y la pobreza ha aumentado. Si no se resuelve, puede ser el origen de nuevos estallidos”, avisa desde Gulu –la principal ciudad de Acholiland– el periodista Moses Odokonyero. El también miembro del Northern Uganda Media Club (NUMEC) añade la elevada tasa de paro, la prostitución infantil y los muchos casos de “alcoholismo y violencia contra las mujeres” como cicatrices de una zona marcada por el trauma social.

El grupo de Kony cuenta con menos de 200 miembros activos y se mueve entre el este de la República Centroafricana –sumida en un grave conflicto interno– y la República Democrática del Congo, según el informe que en febrero publicaron las organizaciones Invisible Children y Resolve LRA Crisis Initiative. Ya no constituye una amenaza real para el norte de Uganda, que está pacificado. Denis Barnabas, responsable de proyectos de la ONG Refugee Law Project, advierte de que “todavía estamos lejos de la paz positiva. Para alcanzarla hay que solucionar cuestiones como la pobreza, la desocupación o el analfabetismo”.

La pobreza afecta al 46% de la población de la región, según datos de 2010 de la Oficina Nacional de Estadística, con diferencia la cifra más alta del país. Muy visible en las calles de Gulu, Kitgum o Adjumani –algunas de las principales ciudades del área–, todavía se acentúa más en los pequeños pueblos.

“Estamos tratando los efectos del conflicto, pero no las raíces, entre las que también hay la falta de inversiones o un amplio poso de desconfianza entre el norte y el sur del país. Por todo ello, tardaremos décadas en llegar a la paz positiva”. Así se expresa Moses Rubangangeyo, que al mismo tiempo es víctima y victimario de una guerra en la que perdió a sus padres y a dos de sus hermanos. Fue uno de los 30.000 niños secuestrados por los rebeldes y pasó ocho años como soldado en el LRA, donde llegó a ser teniente.

En 2004, dejó la guerrilla y fundó Information for Youth Empowerment Programme (IYEP), una ONG que desde entonces ha atendido a más de 3.500 jóvenes víctimas de un conflicto, a los que da apoyo psicológico, formación académica y ayuda a reinsertar socialmente. “Nuestra filosofía es trabajar de víctima a víctima y demostrar, con nuestro mismo ejemplo, que es posible salir adelante”, explica Rubanbangeyo en Gulu.

Joan Abalo no fue secuestrada por el LRA pero también sufrió las consecuencias de la guerra. Su familia tuvo que abandonar su pueblo, Koch, para instalarse en Gulu. “Ya nunca volvimos a vivir allí y todavía hoy hay mucha gente desplazada que no han podido volver a sus casas”, afirma la joven.

Ahora estudia Medicina en Kampala gracias al apoyo económico del centro de ayuda para niñas Santa Mónica, ubicado en Gulu. Dirigido por la hermana Rosemary Nyrumbe, este lugar acoge a más de 200 jóvenes, muchas de las cuales fueron esclavas sexuales durante la guerra, a las que se da apoyo psicológico y formación académica para reinsertarlas en una sociedad de la que fueron arrancadas por la fuerza.

Corrupción gubernamental

Tanto en las calles de Kitgum como en las de Gulu, hoy se cuentan por docenas las oficinas de ONG e instituciones dedicadas a apoyar a la población local, pero durante años el conflicto del norte de Uganda fue un conflicto olvidado y, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA) no se instaló definitivamente en la zona hasta 2005, a pesar de los casi dos millones de desplazados.

La pacificación vino acompañada de promesas de inversiones que a menudo no han llegado a materializarse por culpa de la enorme corrupción del país. El escándalo más famoso fue el relacionado con los 9,5 millones de euros que los países donantes aportaron para financiar el Plan de Paz, Recuperación y Desarrollo para el Norte de Uganda 2009-2012 y que acabaron en bolsillos privados, en lugar de en proyectos para la población. “La corrupción que sufrimos demuestra que el Gobierno nos sigue tratando como un territorio olvidado”, lamenta Denis Barnabas.

“Es nuestra tierra y no nos iremos”

Sin el apoyo del Gobierno, todo el trabajo de docenas de organizaciones para cerrar las heridas de la guerra puede irse al traste. La ley de la tierra de Uganda reconoce la propiedad comunal y su transmisión consuetudinaria y la Constitución del país también garantiza, en teoría, el acceso a la tierra en las comunidades rurales.

Pero la aplicación práctica dista de lo que dicen las normas. El Gobierno de Museveni está fomentando la implantación de proyectos de la agroindustria –como plantaciones de azúcar– o el inicio de explotaciones petrolíferas –en el distrito de Amuru– que acentúan los casos de acaparamiento de tierras en el norte del país, sin que la población reciba una compensación justa y equiparable, tal como dicta la ley.

Sentado en la principal plaza de Tedi, Obur William reconoce que, si los expulsan, la única alternativa para la mayoría será instalarse en ciudades como Gulu o Pabbo, abandonando su actividad agrícola. A su lado, Dan sentencia: “Es nuestra tierra y no nos iremos. Si nos echan, lo tendrán que hacer por la fuerza y tenemos claro que resistiremos”.

La época de las masacres y secuestros masivos ya pasó en el norte de Uganda, pero la gestión del posconflicto alimenta la desconfianza de los acholi (grupo étnico que representa un 4% de la población) hacia Kampala y acentúa su sensación de pueblo discriminado.