El sistema tributario es un tema muy complejo a la vez que controvertido porque debe garantizar el nivel de gasto público elegido (para evitar déficits continuados) utilizando una determinada distribución de los esfuerzos entre la población. A la vez ha de potenciar un crecimiento sostenido de la economía con más empleo y de la mayor calidad posible. El Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español (CE) trata de forma amplia y detallada la mayor parte de los aspectos del tema tratado en una presentación clara y pedagógica. Mi mayor respeto, por tanto, para un trabajo ambicioso al apostar por la desaparición de muchas deducciones poco eficaces, y útil al permitir un debate en la sociedad, aunque difiera en alguna de sus perspectivas y propuestas.

Al ser muchos los temas afectados voy a concentrar mi atención en algunas de las cuestiones relacionadas con la suficiencia, equidad, devaluación fiscal y lucha contra el fraude. En el capítulo de suficiencia, la CE asume como suya una primera restricción al establecer un nivel de ingreso (37-38% del PIB) y gasto público (39,7%) coincidente con el Programa de Estabilidad presentado ante la Comisión Europea, pero cabe recordar que en última instancia, éstos deben ser fijados por la sociedad a través de sus canales de participación política, mostrando sus preferencias sobre cuál es el papel que debe jugar el sector público en las relaciones económicas del país. Mi opinión es parecernos a nuestros socios de la zona del euro pero con un uso más eficiente de las políticas públicas, mientras que otros prefieren niveles de gasto inferiores o superiores.

En términos de equidad la Comisión Europea se decanta por un mayor protagonismo de la imposición sobre el consumo frente a los tributos que giran sobre la capacidad económica. Una estructura que inicialmente implica una distribución de la carga en contra de las personas con menor renta, salvo que su incidencia sobre la tasa de ahorro sea suficientemente grande y las cantidades no consumidas se trasladen a más inversión para convertirse posteriormente en empleo. Un encadenamiento de decisiones muy deseable pero que no siempre se cumple en la práctica.

A falta de comprobar la eficacia sobre el ahorro y el empleo de la propuesta global donde se incluye un cambio radical en el IBI, el traslado de productos básicos desde el tipo reducido al normal de IVA perjudica en mayor medida a las personas con menor renta. Es cierto que se propone una bajada de la tributación en el IRPF pero ésta no afectará a las personas en los escalones más bajos de ingresos porque ya no pagan o directamente no reciben rentas del trabajo al estar en desempleo. La rebaja, además, puede no ser en la práctica tan impactante si se minoran los gastos deducibles por trabajo dependiente. No conviene olvidar tampoco la limitación para ayudar a soportar las cargas familiares cuando se propone aumentar el mínimo exento de pago en el impuesto.

Por otra parte, el fomento del ahorro y el contexto de libre circulación del capital son compatibles con una tarifa progresiva para las rentas de capital (de 18% a 25% por ejemplo) y una mayor retención inicial en las SICAV para mejorar la equidad horizontal. De igual forma, además de la supresión del sistema de módulos, se puede fijar un quinto tramo en el impuesto superior al 50% para las rentas más altas donde están retribuciones de Ejecutivos y Miembros de Consejos de Administración, con objeto de reforzar la equidad vertical sin alcanzar una situación confiscatoria.

Las propuestas presentadas para mejorar el impuesto de sociedades son las que más comparto al aumentar una base imponible carcomida en la actualidad por infinidad de gastos deducibles que favorecen fundamentalmente a las grandes empresas. Con una advertencia, la bajada del tipo de gravamen y la desaparición de gastos y deducciones tienen que aplicarse a la vez para no incurrir en una fuerte pérdida de recaudación y de equidad horizontal.

El informe apoya aplicar en el futuro próximo bajada de cuotas sociales a cambio de un incremento en el IVA (devaluación fiscal) dentro de un análisis global de las cotizaciones que no comparto. En mi opinión, estas no son un impuesto sobre la nómina sino una parte del salario de los trabajadores que percibirán a través de las prestaciones contributivas (diferido). Por eso considero un enfoque parcial el concepto de “brecha fiscal”, al comparar el coste laboral del empresario con el salario neto percibido por el trabajador sin agregar las prestaciones sociales que completan sus ingresos en su ciclo vital gracias al pago de las cuotas sociales (todas forman parte de la remuneración de los asalariados).

En cuanto al resultado de la devaluación fiscal el propio texto reconoce que para que sea eficaz es preciso evitar que se traslade a los salarios el presumible aumento de precios provocado por la elevación del IVA o a beneficios la rebaja de cuotas, porque de otra manera se dificultaría la creación de empleo mediante la mejora de la competitividad conseguida con la rebaja de los costes laborales. De no cumplirse la cadena de acontecimientos óptimos, habría muchas posibilidades de asistir a una disminución de los salarios reales sin conseguir una mejora en el empleo, mientras se incurre en una pérdida de recaudación de la Seguridad Social que pondría en riesgo el proceso de consolidación fiscal y su imprescindible aportación al pago de las prestaciones contributivas, en especial, las pensiones.

Como creo que sigue siendo necesario profundizar en la mejora de la competitividad de los productos españoles frente a terceros manteniendo el superávit de balanza de pagos tan duramente conseguido, prefiero utilizar la vía de la devaluación interna al abrir la posibilidad de compartir los esfuerzos de moderación de rentas entre trabajadores y empresa en la negociación colectiva con objeto de reducir la indecente tasa de desempleo. De igual forma pienso que la llegada de la generación del babyboom a la edad de jubilación obliga a realizar (de forma coyuntural) aportaciones adicionales al sistema contributivo de pensiones para mantener unas prestaciones suficientes; un motivo más para afrontar una reforma tributaria sólida con más suficiencia.

La parte más débil del informe es el trato del fraude fiscal al casi limitarse a proponer la bajada de los tipos de gravamen de los impuestos como forma más eficaz de lucha. Es cierto que tipos muy elevados incentivan el fraude al ampliar la recompensa pero también lo es que llevar al extremo su razonamiento llevaría a la desaparición de los impuestos. La lucha eficaz contra el fraude no sólo mejoraría la suficiencia sino que posibilitaría cambios en los tipos de gravamen para mejorar la equidad. Por desgracia, el fraude fiscal en España no es minoritario como dice el informe sino que está muy extendido y se ejercita de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Es preciso mejorar la cultura fiscal al trasladar a la población la estrecha relación entre los impuestos que paga y los servicios que recibe incluyendo, por supuesto, una sustancial mejora de la eficiencia en el uso del gasto público. Pero también hay que aumentar el riesgo de quien defrauda para lo cual tiene que haber una normativa con las medidas de penalización adecuadas y medios materiales y humanos para aplicarla.

Una última observación, es interesante proteger la unidad de mercado pero no hay que olvidar que el sistema tributario debe ser compatible con un modelo de Estado muy descentralizado con autonomía fiscal en los diferentes niveles de gobierno.