La Junta de Castilla y León tiene cinco universidades públicas: León, Salamanca, Burgos, Valladolid, y la UNED, a las cuales les exige cumplir con unos índices de calidad, que traducido a lenguaje común, implica tener el mejor profesorado para el mejor alumnado. No sólo las plazas del profesorado están congeladas, sino que el alumnado no se conforma con terminar su carrera, porque quiere completar la misma a través de un Master, una oferta de todas las universidades.

Yo formo parte de la Comisión docente, es decir, de la comisión de admisión de uno de los más de 60 másteres que propone la Universidad de Salamanca. Los alumnos tienen que aportar su curriculum vitae, así como otros méritos, pero en los últimos dos años hemos comprobado que no basta con un buen expediente y con una acreditada experiencia. Al final sólo entrarán aquellos que puedan pagar una matrícula, y ahí los alumnos becados ganan la partida.

Bien, pues ante este panorama, la Junta de Castilla y León ha destinado sólo 1.000.000 de euros en total para subvencionar las becas destinadas a sufragar el acceso a un master. Los másteres tienen un precio variable, pero que no bajan de los 1.200 euros. Por eso no es de extrañar que España ocupe el puesto 22 en la Unión Europea en inversión en educación, un 4,2 por ciento.

La primera posición, seguro que se lo imaginan, corresponde a un país nórdico, Dinamarca, con un 7,8 por ciento de su PIB, pero nuestra vecina Francia destina un 6,2 por ciento. Los gobiernos de estos países saben muy bien que la educación no es un gasto, sino una inversión inteligente. Y de las mejores, porque el conocimiento es acumulativo, por lo que se multiplican sus beneficios. Así lo advierte la OCDE, porque de cada 1 euro invertido se ganan casi 4 euros, 3,9 por ciento.

Para todas las familias, la educación es mucho más que adquirir habilidades o una mayor competitividad en el mercado de trabajo, aunque ahora este binomio sea más incierto que nunca, para las familias representa mucho más. Es un logro entre generaciones, una buena sensación de progreso, porque en la mayoría de las historias de cada familia, los abuelos o los padres se ganaron la vida al margen de la Universidad.

No es una frase hecha. Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 46 por ciento de la población adulta no supera la primera etapa de la Educación Secundaria, mientras que en la Unión Europea sólo es un 24 por ciento, pero también es cierto que nuestra democracia es muy joven, por eso la educación se valora más y no invertir en ella por parte de las instituciones, es un error gravísimo.

Y eso a pesar de que la Junta de Castilla y León nos presenta a su familia como su máxima prioridad. Sin embargo, cuando entramos en los domicilios de cada una de ellas, la realidad es muy distinta a la propaganda institucional. La familia está abandonada a su suerte. Si sus hijos quieren completar un ciclo universitario y hacer un Master, los gastos se disparan. Habrán de comprar libros o, en la mayoría de los casos, desplazarse a las ciudades que los ofertan. Porque todos los Máster, menos los de la Universidad a Distancia, son presenciales y es obligatoria la asistencia.

Las familias con rentas fluctuantes, donde los cónyuges no disfrutan de un empleo estable, están sometidas al terrible dilema de saberse en la obligación de dar una educación y, a la vez, contabilizar sus recursos disponibles; sin olvidarnos de la sensación de fracaso y de culpa que experimentan padres y madres cuando se ven incapaces de atender demandas educativas.

Además, el Gobierno siempre insiste en que los padres “eligen” la educación que quieran ofrecer a sus hijos, como si esto fuera cierto. ¿Acaso todas las familias tienen opciones? O sólo esto es posible para aquellas cuya estabilidad en el empleo siga intacta. El paro en Castilla y León, para hombres mayores de 30 años, es de un 19,8 por ciento y para las mujeres de un 23,5 por ciento, según datos de la EPA 2013. Pero en el último trimestre de la EPA del 2014 nada mejora.

El desempleo es una peste que ha afectado a las provincias de nuestra Comunidad sin excepción y, lo peor, es que ha aumentado en todas ellas. Pero tener padres o madres en situación de desempleo no ha supuesto ninguna estimación por parte de la Junta, cuando si la educación está transferida bien se podría haber estimado el impacto de la crisis. Pero no ha sido así, y a pesar de que tienen un buen expediente, no tengan que luchar por la miseria de un 1.000.000 de euros, sabiendo que muchos se quedarán fuera y, lo peor quizás sea que se desanimen y abandonen el proyecto de seguir estudiando como se merecen.

Se nota que quienes nos gobiernan hace mucho que no se acercan a un aula o hacen un hueco en su agenda para asistir a una conferencia, de las miles que imparten las universidades públicas de su Comunidad.

La Unión Europea (UE) no siempre logra que los países miembros cumplan sus acuerdos. De hecho aprobar una Directiva lleva años de discusiones para consensuar sus contenidos. Sin embargo, parece que en esta ocasión se ha conseguido convencer a todos los países para introducir en los sistemas de Cuentas Nacionales la modificación del PIB. Una difícil tarea que consiste en cambiar los diseños estadísticos para incluir en los indicadores de crecimiento materias tan alérgicas a la transparencia como la prostitución, las drogas o el tráfico de seres humanos. Lo que realmente está detrás de esta medida es la protección de transacciones financieras a través de un sistema denominado Programa Hércules III.

Resulta curioso que la UE pretenda cuantificar el valor añadido de actividades ilegales de difícil cuantificación, cuando existen vías más fiables aunque más incómodas, como serían aquellas medidas contra la corrupción. Por ejemplo, en nuestro país, resulta urgente calcular con precisión el valor añadido que realmente representan las transacciones que esquivan la fiscalidad, como han manifestado el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el GESTHA que en su propia web denuncian el volumen que representa el fraude en nuestra economía sumergida, nada menos que un 25% del PIB, añadiendo que el desempleo y la corrupción son los responsables de este crecimiento.

Ahora la UE mandata contabilizar la prostitución, la pregunta sería ¿por qué estas y no otras actividades ilegales? Si nos detenemos en la prostitución como una transacción económica en el caso de dos países que ya la regulan: Alemania y Holanda, a pesar de ello no han visto decrecer el tráfico de mujeres en su territorio. Por ello, sus Ayuntamientos encargaron informes en 2007 donde alertan que la regularización de esta actividad no ha rebajado la trata. Pero lo más preocupante es otro dato que la UE ha pasado por alto: una gran mayoría de trabajadoras sexuales europeas cotizan dentro del régimen de la seguridad social con una equivalencia semejante en derechos a las trabajadoras domésticas, es decir, el mínimo en su rango. Si lo aplicamos a nuestro país, serían 200€ los mínimos necesarios para hacer “emerger” una ganancia media de 700€.

Si la UE quiere contabilizar la prostitución, la indagación fiscal deberá empezar por el sector privado de la prostitución. En España, por ejemplo, la Asociación de Empresarios de Locales de Alterne es partidaria de la legalización de la prostitución con el afán, como la UE, de visibilizarla, pero omiten en sus desvelos cualquier alusión al tipo de cotización. Este dato no debería ignorarse en ningún debate sobre esta materia, salvo que no sean los derechos de las personas prostituidas, sino la contabilización de las ganancias que se derivan de la venta de sus servicios de lo que se esté hablando. En otras palabras, esta contabilidad, puestos a redefinir diseños ¿basará sus indicadores en contabilizar los resultados de la mercantilización del cuerpo de las mujeres? ¿O introducirá variables sobre régimen de la seguridad social, cartillas sanitarias (también para el cliente) accidentes de trabajo, vacaciones? Sería ingenuo pensar que un sector que se limita al alquiler de habitaciones y declara no saber qué ocurre dentro, sienta un gran espíritu europeísta en su Declaración Trimestral para la Hacienda Pública.

Las actividades ilícitas no pasan a fiscalizarse por el mero hecho de registrarse en un instrumento de medición a escala europea. De igual modo que la prostitución no pasa a normalizarse como actividad sin afrontar su grado de vinculación con el narcotráfico y la trata. Además parece que la propia UE no ha prestado atención a sus propios informes, el último del Parlamento Europeo: Explotación Sexual, Prostitución e Impacto de Género, presenta unas alarmantes conclusiones, el 90% de las mujeres la ejercen dependiendo de un proxeneta, y en un 75% con edades comprendidas entre 13 a los 25 años de edad. A la luz de estos datos, convendría saber si realmente se producirá un incremento del PIB con la medida de la UE, porque además de la paradoja de pretender medir lo ilícito, cuya marginalidad es la condición necesaria para su supervivencia, los resultados podrían ser decepcionantes, como ocurre en Holanda: según datos del 2008 el total de actividades ilegales representa un 0,6% en su Producto Interior Bruto, siendo el contrabando y las drogas el principal peso en este cálculo. Lo mismo ocurre en países como Bélgica o Suiza.

Pero si la UE quería incrementar los respectivos PIBs muy bien podría haberse inclinado por otras actividades cuya contabilización fuera más fiable y cuyos datos sean posibles de recabar de forma normalizada. Me refiero a los trabajos no remunerados: todos aquellos que engloban cuidados del entorno familiar o el trabajo de voluntariado. Es decir, actividades que se realizan desinteresadamente sin que medie una relación de intercambio. Sin embargo, el PIB es restrictivo en su medición, si bien cuantifica el crecimiento económico de un país, no hace lo mismo con aquellos bienes y servicios que se prestan sin una transacción monetaria. El propio Banco Central Europeo reconoció que el PIB ofrece un indicador parcial de los Estados de Bienestar, pero a pesar de este déficit contable influye decisivamente en la agenda política de los Gobiernos. ¿No sería clave subsanar esta carencia e incluir el Bienestar como un valor añadido de la producción de cada país, más que especializarse en actividades clandestinas? Contamos con grandes expertas en nuestro país, que siguiendo los pasos de la primera investigadora que midió el uso del tiempo en el ámbito doméstico, María Ángeles Durán han contabilizado lo que representa de aportación a la riqueza de un país. En 2012 un estudio del BBVA, el Trabajo no remunerado en la Economía Global demuestra que el cuidado de niños, enfermos o personas dependientes se ocupan un 91,9% de mujeres frente a un 74% de hombres. Pero lo importante es que si las Cuentas Nacionales cuantificaran este trabajo de tipo informal equivaldría a un 50% del PIB. Además de ser factible nos convendría medirlo para poder diseñar políticas públicas destinadas a mejorar la vida de la ciudadanía, más que ajustar artificialmente los sistemas de contabilidad europeos.

Ser madre y padre representa una gran heroicidad en el sentido griego del término: mostrar extraordinarias capacidades para afrontar todo inconveniente que se interponga en su camino. En nuestro país, las mujeres jóvenes expresan su intención de tener una criatura, pero aplazan su maternidad hasta los 30 a 33 años, en vez de los 26 a 28 de los años 80, según datos del INE. Nos hallamos ante una paradoja: una decisión que más que un deseo se convierte en un cálculo sobre los recursos disponibles. Por su parte, las trabajadoras medirán su coste de oportunidad por los efectos de la maternidad sobre su promoción o permanencia en puestos de responsabilidad. “No me han hecho una lobotomía, sólo he sido madre” declaraba Amparo Moraleda, entonces responsable de IBM en un Congreso de Economistas en Madrid.

Para el trabajador, el mercado de trabajo le demandará una disponibilidad sin horarios, ni jornadas y, si además es padre, esta condición supondrá un mecanismo de fidelización a la empresa, incluso en situaciones de recortes de derechos laborales. Ya como pareja, comenzarán su odisea al combinar su rol laboral con su expectativa de ser padres o madres. Estarán emplazados a evaluar, en tiempo y dinero, la distancia entre su hogar y las guarderías públicas, o el domicilio de los abuelos, especialmente los maternos, los transportes públicos, los lugares de ocio, entre otros elementos.

Bien es verdad, que ninguna heroicidad se sostiene sin pagar un precio. Primero, muchos sujetos renuncian a su maternidad y paternidad debido a un balance negativo de recursos. Desde el 2008, el INE muestra, en comparación con el año 2012, una severa reducción de la natalidad en un 12,8%; el máximo en los últimos 30 años. Segundo, la ampliación del permiso de paternidad aún no forma parte de la cultura de empresa, ni de las organizaciones. Regulado en la Ley de Igualdad Efectiva, 3/2007 tuvo grandes obstáculos por parte de la CEOE y CEPYME, alarmados ante un posible uso fraudulento, como si otras contingencias estuvieran exentas de toda sospecha, por lo que hubo que hacer frente a las resistencias que provoca toda novedad y se optó por aumentar en 13 días los 2 días ya fijados por nacimiento. Posteriormente se ampliaría a 30 días en el 2011. Sin embargo, esta tarea la incumplió el mismo Gobierno que legisló por primera vez el permiso de paternidad.

Una incoherencia a reparar en octubre de 2012 gracias al acuerdo de todos los grupos parlamentarios, con el fin de equiparar el permiso de paternidad con el de maternidad. Pero a día de hoy esta medida está totalmente paralizada bajo el comodín de la crisis. Fue una propuesta que se inspiraba en la muy tardía Directiva Europea sobre la ampliación del permiso de paternidad y sobre el cual los Estados Miembros deberían legislar en el año 2012. Pero como bien sabemos la UE debe contentar a todos los Estados y las dificultades se acumulan.

En el año 2010, el mismo año que aprueban la Directiva, 27 Estados rechazan la ampliación a 20 semanas del permiso de maternidad al contabilizarlo como gasto y no como inversión, algo incomprensible dada la preocupación de la UE ante la costosa provisión de las pensiones, teniendo en cuenta que en el año 2050, 37 millones de europeos cumplirán 80 años según los datos presentados en The Ageing Report 2012: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060). Sin embargo, la solución dependerá de la definición del problema. Para empezar, los permisos no son un asunto particular a discutir por la pareja, como tampoco debe tratarse como un “tema de mujeres”. Si las Administraciones Públicas responden sectorialmente, las cuentas no salen. De ahí la inquietud del Ministro de Trabajo alemán que no interroga a las empresas por sus políticas de recursos humanos, o no contempla incentivos al permiso de paternidad, pero, en cambio, sí pregunta a las mujeres “¿por qué no queréis tener hijos, cuando este país invierte más del 4% del PIB en políticas de natalidad?” El problema de fondo estriba en los grados de corresponsabilidad de madres y padres frente a la mal llamada “conciliación”, que sólo recae sobre las mujeres. Se llega hasta el extremo de acusar a las trabajadoras de conciliar gracias a otras mujeres de otras nacionalidades, esquema que omite el análisis del grado de participación del resto de los miembros de la familia en el ámbito doméstico.

Si bien la UE fija permisos de cuatro semanas, al mismo tiempo permite que se transfieran entre progenitores, lo que podría implicar un aumento del disfrute de la madre en detrimento del de el padre. Justo lo que quiso evitar la Ley de Igualdad Efectiva, de cuyos encuentros con asociaciones surgió la Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles que, con un valioso seguimiento internacional, subraya la no cesión de los permisos.

Si la paternidad como ejercicio cotidiano depende de la condescencia de la política de personal de la empresa, está abocada al fracaso, excepto en el sector público. Por lo tanto, decidir ser padre o madre se mantiene como un asunto privado y no público, con lo que la inversión en políticas sociales en esta materia fluctuará en función de las prioridades de la agenda política. Esta creencia coincide también con la opinión general, como refleja la Encuesta del CIS Familia y Género en 2012, donde un 61% manifiesta que es el entorno familiar el principal responsable del cuidado de los menores, y por ello no se demandan servicios ni prestaciones a las Administraciones Públicas. En resumen, mientras los permisos sean considerados favores y no estén definidos como derechos inherentes a la igualdad de trato, nos veremos abocados a trazar biografías como si la condición de padre o madre fuera un empeño particular y no un asunto de interés general.