El 24 de marzo, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, hubo poco que celebrar. Esta enfermedad, que es curable y ha sido priorizada por la comunidad internacional en un Objetivo de Desarrollo del Milenio específico, sigue siendo tras el sida la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad del mundo. En este contexto, en vez de impulsar la batalla, la aportación del Gobierno de España al Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria ha caído en picado.

A pesar de los enormes avances logrados en las últimas décadas a nivel global, en términos tanto de detección temprana como de tratamiento, aún hay 9 millones de nuevos casos cada año en el mundo, 3 millones de infectados sin tratamiento y provoca 1,3 millones de muertes.

Aunque también está presente en países desarrollados, el impacto es mayor en los países en desarrollo –donde se concentra el 95% de las muertes anuales–, especialmente en los colectivos más vulnerables (pobres, personas malnutridas, desplazados internos, presos…). Sólo en 2012, 500.000 niños se infectaron de tuberculosis y 74.000 murieron.

Los expertos insisten en que no es el momento de aflojar la lucha. Se calcula que los esfuerzos realizados desde 1990 han evitado 22 millones de muertes, pero los avances cosechados en los últimos años –por el compromiso conjunto de donantes internacionales, Gobiernos nacionales y alianzas multiactor– pueden revertirse rápidamente.

Cada persona infectada y no tratada puede transmitir la tuberculosis a unas 10-15 personas cada año y un paciente que haya tenido que interrumpir su tratamiento desarrollará resistencias que harán más difícil y caro cualquier tratamiento posterior. El doctor Suvanand Sahu, secretario ejecutivo de la red internacional Stop TB Partnership, lo explica de forma muy gráfica: cada euro que no se invierta ahora en la lucha contra la tuberculosis costará 30 euros en un futuro.

La comunidad internacional lleva desde 2002 canalizando sus aportaciones a esta causa a través del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, que supone anualmente algo más del 40% de la financiación externa necesaria. Países de nuestro entorno, como Reino Unido (1.600 millones de dólares), Francia (1.400 millones de dólares) o Alemania (1.260 millones de dólares), ya han comprometido su aportación al Fondo para el año 2014, pero aún falta el otro 60% por financiar.

El desplome de la aportación española

España, fue entre los años 2008 y 2010 uno de los más firmes impulsores del Fondo, comprometiendo 200 millones de dólares anuales. Ya en 2010 la aportación fue la mitad de lo acordado y a partir de entonces España ha desaparecido del radar. Para 2012, el Ejecutivo volvió a comprometer 10 millones de euros, que nunca fueron aportados, y para el resto de legislatura las noticias que llegan desde el Gobierno indican que no se esperen nuevas aportaciones.

Este radical cambio de sentido en el compromiso de España con la lucha contra la tuberculosis se ha dado, irónicamente, en un contexto de absoluto consenso político nacional a favor de mantener dicho compromiso.

Durante 2013, el Congreso de los Diputados aprobó dos ambiciosas proposiciones no de ley con el respaldo unánime de todos los Grupos Parlamentarios que instan al Gobierno a priorizar, financiera y políticamente, la causa global de la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el Gobierno incluya esta partida en sus presupuestos ni para que se comprometa a considerar posibles fuentes alternativas de financiación, como la tasa a las transacciones financieras, que permitirían cumplir con los compromisos internacionales asumidos sin comprometer el sagrado déficit.

Ante esta absoluta falta de coherencia entre el consenso político construido en el Congreso de los Diputados y el posicionamiento adoptado posteriormente por el Gobierno, cabe preguntarse si el Parlamento tiene alguna capacidad de incidencia real a la hora de orientar y controlar las actuaciones del Gobierno.

Desde el Proyecto Avizor creemos que sí. Durante esta legislatura, el compromiso español con la salud en los países empobrecidos y con su lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis, se ha mantenido a flote en la agenda política gracias al liderazgo de un pequeño grupo de diputados –encabezados por Antoni Picó i Azanza– y al incansable trabajo de incidencia y sensibilización de las organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia.

Los más críticos pueden decir que, visto el resultado cosechado y la influencia sobre el Gobierno, ya se podrían haber ahorrado el esfuerzo los unos y los otros. Algo de razón no les falta. Sin embargo, la construcción de voluntades políticas sólidas y duraderas en un asunto como la lucha contra la pobreza es un camino de muy largo plazo en el que obtener un compromiso político hoy puede dar pie a aspirar a mayores logros mañana.

La aprobación por consenso de una petición del Congreso al Gobierno a mantener vivo el compromiso español en esta causa, por menor que pueda parecer, es en muchas ocasiones el activo más valioso con el que la sociedad civil contamos para exigir rendición de cuentas políticas y tratar de que un futuro incumplimiento pueda implicar algún coste político.

Pero en el reto de conseguir que el Congreso de los Diputados se convierta en un aliado, y no un obstáculo, en la promoción de un mundo más justo y equitativo, todos (diputados, Gobierno, ciudadanos, ONG y medios de comunicación) tenemos una parte de responsabilidad.

Es necesaria una sociedad civil que exija y se interese; unos medios de comunicación que investiguen y comuniquen; unos diputados que promuevan y controlen; y un Gobierno que se tome en serio los compromisos aprobados por el Congreso y que, al menos, informe, comparezca y rinda cuentas públicamente acerca de qué decisiones va a adoptar respecto a dichas orientaciones.

Lamentablemente, la aprobación de una proposición no de ley en España no supone mucha mejora en la vida de los 21 millones de personas que se han infectado de tuberculosis en el mundo desde que comenzó la presente legislatura a finales de 2011. Es urgente, por tanto, que el aparente consenso político existente en España en esta materia se convierta, más pronto que tarde, en acciones políticas concretas que transformen las palabras y los compromisos en presupuestos para investigación y atención sanitaria.

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[Nota: Se debatirá sobre estas cuestiones, relacionadas con la política española y la lucha contra la pobreza, en un evento organizado por CIECODE el próximo día 10 de abril a las 18:45 horas en el CaixaForum Madrid]