A finales de febrero se constituyó la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica, que tendrá que presentar propuestas para solucionar los problemas del Impuesto sobre Sucesiones

Es necesario tener un debate en profundidad sobre este tributo, pero para ello hay que comenzar por desterrar los bulos y medias verdades que se han ido extendiendo

Resuena un grito ensordecedor contra el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Las personas que heredan en Comunidades Autónomas como Andalucía y Asturias tienen que pagar hasta cien veces más que quien hereda en la Comunidad de Madrid o ¡mil veces más! que quien hereda en Canarias. Hablemos claro, sin pelos en la lengua: esta desigualdad es inadmisible. Es absolutamente necesario que, sin más demora, las Comunidades Autónomas que tienen el impuesto prácticamente suprimido lo recuperen, para que todos paguemos aproximadamente lo mismo.

Ah, ¿que no se trataba de eso?

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones era estatal hasta que, en una Ley de 1983, se cedió a las Comunidades Autónomas. El Parlamento no fijó criterios para evitar que las normas autonómicas introdujeran diferencias excesivas. Y esto permitió una competencia feroz entre diversas Comunidades, por motivos ideológicos o económicos. El resultado es bien conocido.

Ese es el marco en que tenemos que afrontar un debate importantísimo: ¿qué hacemos con el Impuesto sobre Sucesiones? ¿Cómo eliminamos la desigualdad entre Comunidades Autónomas: lo armonizamos o lo suprimimos? El debate, por desgracia, está lleno de desinformación. Me gustaría poder tener una discusión calmada sobre las razones del Impuesto sobre Sucesiones, pero para ello hay que empezar por identificar las falsedades que campan a sus anchas en el espacio público. Vayamos con algunas de ellas.

“Por culpa del Impuesto sobre Sucesiones, muchas personas tienen que renunciar a su herencia”. En Andalucía hay en marcha una recogida de firmas donde se dice que el impuesto causa diecinueve renuncias diarias. Esto es mentira. Lo único que es cierto es el número de renuncias, pero éstas tienen motivos muy diferentes.

Si la causa principal fuera no poder pagar el impuesto, ¿cómo se explica que La Rioja, donde las herencias de hijos, nietos y cónyuges tienen una bonificación del 99%, fuera la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de renuncias en 2014? En Baleares, la única modificación normativa entre 2007 y 2014 fue el coeficiente multiplicador para las herencias de parientes de segundo y tercer grado por afinidad (suegros y suegras, nueras y yernos, cuñados y cuñadas), que subió ligeramente. La recaudación subió un 5 por 100 en ese intervalo (de 76.148.050 a 80.171.970 euros). Pero las herencias rechazadas pasaron del 4,5 al 12,2%.

¿La causa es el impuesto? Desengañémonos: como viene afirmando sistemáticamente el Consejo General del Notariado, la causa principal de las renuncias a herencias es no querer o no poder afrontar las deudas del fallecido. Las renuncias han subido en picado con la crisis económica y lo han hecho en todas las Comunidades Autónomas.

“El Impuesto sobre Sucesiones está causando un éxodo fiscal”. El Mundo entrevistaba a una mujer asturiana de 82 años que decía que, con el impuesto, “están consiguiendo que Asturias pierda población”. El PP andaluz ha ido más allá y cifra esta huida por motivos fiscales en nada menos que 40.000 personas al año que se trasladan a Madrid, cifra que El Confidencial ha llegado a poner en un titular. Pero, según datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes recogidos por la Junta de Andalucía, en 2000 había 291.916 andaluces viviendo en Madrid y en 2015 eran 260.181. Vaya, tenemos un éxodo negativo.

Claro que hay gente que cambia su residencia. Para hacerlo más difícil, la ley que cede el impuesto a las Comunidades Autónomas dice que recaudará el tributo la Comunidad donde la persona que fallece haya vivido más tiempo durante los últimos cinco años. Por lo demás, la gente no acudiría a este tipo de estratagemas si no existieran diferencias tan grandes entre regiones. También por eso conviene recuperar el impuesto allá donde está prácticamente desaparecido.

“El Impuesto sobre Sucesiones perjudica sobre todo a las personas que heredan poco, o que heredan solo una casa que necesitan para vivir”. Eso es abiertamente falso: en las Comunidades Autónomas donde la campaña contra el impuesto es más fuerte, Andalucía y Asturias, existen beneficios fiscales por la adquisición de la que era vivienda habitual de la persona fallecida y un mínimo exento cuando se hereda de parientes cercanos. Ese mínimo exento es de 250.000 euros en Andalucía y de 150.000 euros en Asturias, donde se ha pactado una reducción de 200.000 euros y hay un compromiso de subirla a 300.000 este mismo año.

¿Quieres saber si te tocará pagar en el futuro? Si tus padres tienen un patrimonio de 600.00 euros y sois dos hermanos, cuando muera uno de tus padres la mitad de ese patrimonio pasará a los hijos (la otra mitad sigue siendo del cónyuge superviviente). 300.000 euros a dividir entre dos son 150.000 euros, dentro del mínimo exento. Ahora mismo, ni en Asturias ni en Andalucía pagarías nada.

El ejemplo que suele aparecer en la prensa para mostrarnos la insoportable carga que tenemos en algunas regiones es una herencia total de 850.000 euros. Pero ¿quién hereda esas cantidades? Según datos de 2016 de la Agencia Tributaria de Andalucía, el 92,5% de las personas que presentaron autoliquidación no tuvieron que pagar nada. Repito: nada. Cero. Aunque puede que parte de los más ricos estén evitando pagar el impuesto (hay formas de hacerlo y deben tomarse medidas al respecto), creo que podemos asumir que ese 7,5% que paga el impuesto no es precisamente pobre.

“Esto es una doble imposición. Mi padre ya pagó por esos bienes, ¿por qué debería yo pagar algo?”.

La respuesta, en este caso, es sencilla: porque no has pagado nada. ¡Lo pagó tu padre!

El Impuesto sobre Sociedades grava un incremento de renta, así que vamos a compararlo con el IRPF. Tu padre gana un sueldo con el sudor de su frente y tributa por ello en IRPF (buena parte lo paga indirectamente, vía retención). De su salario neto (descontado ya el IRPF), paga a un albañil para que reforme su casa. Ese pago, para el albañil, es renta que vuelve a tributar. Pero en absoluto eso es doble imposición, es dinero circulando.

Ese sueldo se va acumulando en el banco: son ahorros. Para heredarlos, tú pagas el Impuesto sobre Sucesiones. Como en el ejemplo anterior, no hay doble imposición: tú tienes parte de la carga genética de tu padre pero eres un individuo distinto. Tampoco hay doble imposición cuando heredes la casa reformada por el albañil a cambio del dinero que tu padre pagó de su sueldo, por el mismo motivo.

“¡Pero es que esa casa es de la familia!”. Ajá, entiendo.

Volvamos a los datos, para presentar esta cuestión en su dimensión justa: los herederos directos (descendientes, ascendientes, cónyuges) que, en Andalucía, tienen que pagar, son el 2,1% del total de personas que heredan.

Es cierto que un problema con el Impuesto sobre Sucesiones es que no vemos que haya una transmisión, quizá porque sentimos que esa casa (en la que tal vez vivimos nuestra infancia, o en la que pasamos los veranos) era ya, en parte, nuestra. Pero jurídicamente no es así, y al adquirir la propiedad (y por tanto, el derecho a disponer de esa vivienda) tenemos que pagar el Impuesto sobre Sucesiones.

Puedo entender que, para mucha gente, esa casa forme parte, sentimentalmente, del patrimonio familiar. Pero pensemos de manera más amplia. ¿Queremos una sociedad que esté ahí cuando la familia lo necesite; cuando necesite acceder a servicios básicos y protegerse de riesgos como la enfermedad o el desempleo? Para tener una sociedad que pueda ayudar a la familia, necesitamos familias que apoyen, económicamente, al Estado.

Hay quien dirá que es mejor que el Estado no se entrometa y cada cual gestione lo suyo. Pero si tenemos impuestos progresivos (y el de Sucesiones lo es) es para que quien más tiene ayude a quien tiene menos. Nos toca a cada uno y a cada una decidir cómo queremos que se organice esta cuestión. Yo lo tengo claro, y por eso escribo a favor del Impuesto sobre Sucesiones.

Tras las elecciones del 20 de diciembre, se está discutiendo si las tres candidaturas de confluencia en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia pueden crear grupo parlamentario o deben integrarse en el grupo de Podemos

Las tres candidaturas tienen diferencias programáticas con Podemos e incluyen a actores diversos. Según la jurisprudencia constitucional, lo único que prohíbe el Reglamento del Congreso es que un único partido (o coalición) se divida artificiosamente para constituir dos o más grupos parlamentarios que persigan un mismo programa

Como cada vez que estrenamos legislatura, dentro y fuera del Congreso se enciende el debate sobre quién puede y quién no puede formar grupo parlamentario. ¿Por qué este debate es importante? Porque, tal y como nos muestra el Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD), constituirse en grupo parlamentario ofrece ventajas obvias. Por una parte, materiales: el Congreso da a cada Grupo Parlamentario “locales y medios materiales suficientes”, además, los grupos reciben una subvención fija, que según la web del Congreso es de 28.597,08 € mensuales, o el reembolso de los gastos de buzoneo electoral.

Hay además una cuestión muy relevante de capacidad de acción. El grupo parlamentario es un sujeto clave de la actividad parlamentaria y se le atribuye la iniciativa para realizar muchas de las acciones relevantes en la vida del Congreso. Los debates se estructuran en torno al grupo parlamentario: hay un turno de palabra por grupo; cada grupo puede presentar una interpelación al gobierno por orden del día; y es costumbre que cada comisión parlamentaria tenga un representante por grupo parlamentario. Los diputados de aquellos partidos o coaliciones que, por no obtener la representación mínima exigida, ingresan en el Grupo Mixto, tienen que repartirse los tiempos (lo cual, con un grupo mixto excesivamente amplio, pone seriamente en riesgo su operatividad) y los espacios.

El artículo 23 RCD establece las reglas para la creación de grupos parlamentarios, que son las que siguen:

- Según el 23.1, un grupo parlamentario tiene que tener quince diputados como regla general; como regla especial, pueden crearse grupos parlamentarios con un mínimo de cinco diputados, siempre y cuando esos diputados hayan obtenido un mínimo del 5 por 100 de los votos en todo el Estado o un 15 por 100 en las circunscripciones por las que hayan sido elegidos.

- Según el 23.2, no pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido ni quienes, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado.

En 2011, se discutió si UPyD y Amaiur podían crear grupo propio. En el caso de UPyD, tenía cinco diputados pero sólo el 4,69 por 100 de los votos estatales. La cuestión se solucionó mediante una costumbre parlamentaria bastante común: el “préstamo” de un diputado. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, los artículos 23.1 y 27.1 RCD admiten expresamente que un diputado se integre en un grupo parlamentario constituido con diputados elegidos en listas de otro u otros partidos distintos de aquel en cuya lista él hubiera sido elegido. En la nota de prensa sobre la constitución de grupos parlamentarios de la X legislatura, puede verse que el grupo parlamentario de UPyD tiene seis diputados. Los votos obtenidos por el sexto diputado, cedido por Foro Asturias, se sumaron al 4,69 por 100 de los que estaban en listas de UPyD para superar el umbral mínimo; luego, el diputado de Foro se integró en el grupo mixto. En el caso de Amaiur (con siete escaños), el problema era que su diputado por Navarra había obtenido el 14,86 por 100 de los votos por esa circunscripción. En este caso, la Mesa del Congreso (con los votos del PP y la abstención de PSOE y CiU) rechazó la constitución de un grupo parlamentario propio para Amaiur, contraviniendo la costumbre parlamentaria y, en la opinión del que suscribe, el Reglamento del Congreso de los Diputados y la jurisprudencia constitucional que lo interpreta.

En 2016, el gran debate es si las tres candidaturas de confluencia que se han presentado en Galicia –En Marea (Podemos-En Marea-Anova-EU)–, Cataluña –En Comú Podem (Podem Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Equo y Barcelona en Comú)– y Comunidad Valenciana –Compromís-Podemos-És el moment– deben integrarse en el grupo parlamentario de Podemos o pueden constituir un grupo parlamentario propio. Hemos podido leer en prensa que la constitución de cuatro grupos parlamentarios sería un “fraude de ley” pero, ¿lo sería realmente?

Comencemos por aclarar que, aunque el PSOE estuvo representado por varios grupos parlamentarios en la Legislatura constituyente (1977-1979) y la I Legislatura (1979-1982), esto fue antes de redacción del Reglamento del Congreso vigente, de 1982, que es el que introdujo las reglas del 23.2 RCD que obligaron al PSOE a integrar en un único grupo parlamentario los tres que tenía hasta entonces.

El 23.2 RCD comienza diciendo que “[e]n ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido”. ¿Esto significa, por ejemplo, que diputados que pertenezcan a Podemos y se hayan presentado en alguna de las candidaturas de confluencia tendrían que formar parte del grupo parlamentario de Podemos? Evidentemente, no podemos considerar que este precepto se aplique a los componentes individuales de cada coalición electoral. Si así fuera, el Reglamento obligaría a disolver las coaliciones una vez constituido el Parlamento, algo que no tiene sentido alguno. Por tanto, donde el 23.2 RCD dice “mismo partido” debemos entender incluida cualquier forma de concurrir a unas elecciones permitida por la ley. Es la coalición (En Marea, En Comú Podem, Compromís-Podemos) la que no podría dividirse.

Pero el 23.2 RCD continúa diciendo: “tampoco podrán formar grupo parlamentario separado los diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado”.

Ante las numerosas interpretaciones posibles de este precepto, volvamos a la STC 64/2002, que nos dice: “esta prohibición está pensada para el caso de diversas fuerzas políticas que hubieran presentado en coalición una sola candidatura o para el caso de miembros de una determinada fuerza política que, a falta de lista propia, se hubieran presentado en las listas de otro partido”. Lo que prohíbe esta segunda parte del 23.2 RCD (“formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado”) es, por ejemplo, que los candidatos de Equo que van en las listas de Podemos se constituyan en grupo parlamentario independiente; o que una candidatura de confluencia se escinda en grupos parlamentarios diferentes.

Si los diputados de Podemos deben estar juntos y los diputados de las candidaturas tienen que estar juntos... ¿no es cierto que los 69 diputados de Podemos más las candidaturas de confluencia deben estar juntos? Sería la interpretación del 23.2 RCD que está recogiendo la prensa, pero que entendemos errónea. Dice la STC 64/2002 que “el único supuesto que la mencionada norma ha querido prohibir es el de la fragmentación de un partido político [o, analógicamente, de una candidatura de confluencia] en distintos Grupos Parlamentarios, constituidos todos ellos por Diputados de un mismo partido [o candidatura de confluencia]”.

Por lo demás, no debemos perdernos en la letra pequeña de los artículos del RCD ni olvidar que la creación de grupos parlamentarios es una facultad que pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria de los diputados. Dicha creación está vinculada con el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y con el derecho de los ciudadanos a participar por medio de representantes en los asuntos públicos, ambos regulados en el artículo 23 de la Constitución. Un derecho fundamental no debe restringirse por conveniencias partidistas y atendiendo a meros tecnicismos ordenancistas; por lo demás, el Tribunal Constitucional ha afirmado que los límites que contiene el 23.2 RCD, en tanto que normas prohibitivas, deben aplicarse exclusivamente a los casos “que con absoluta claridad” queden dentro de los supuestos de hecho previstos en el artículo.

El conflictivo artículo 23.2 RCD, interpretado a la luz de la jurisprudencia constitucional, se traduce, pues, en que está prohibido que un grupo homogéneo se divida arbitrariamente en varios grupos que persigan lo mismo, simplemente para obtener de manera artificiosa más recursos, visibilidad y poder. Si un partido que obtiene sesenta diputados decide crear cuatro grupos parlamentarios de quince diputados cada uno sólo porque le salen las cuentas, sí estaría incurriendo en un fraude de ley. Puesto que el grupo parlamentario es un actor fundamental en el Congreso, se trata de que todos los diputados que comparten los mismos objetivos (expresados en un programa electoral) formen parte del mismo grupo. Pero las candidaturas de convergencia no son Podemos. Los resultados oficiales de las elecciones generales de 2015 que dio el Ministerio del Interior los presenta separados. Su composición es diferente y sus programas, pese a las esperables similitudes, son distintos. Y esa es la clave.

El concepto de ciudadano, de uso generalizado a izquierda y a derecha, en realidad encierra una serie de limitaciones tanto en el ámbito político como en el socioeconómico.

Sobre la base del

no taxation without representation

y de la solidaridad del Estado social, la ciudadanía debe redefinirse para extenderse a todas las personas que viven en un territorio y contribuyen a su fiscalidad.

Dicen que en plena Revolución Francesa la gente se llamaba “ciudadano” por la calle. Frente al súbdito del Antiguo Régimen, el de ciudadano apareció como un concepto emancipador. El ciudadano formaría parte de una sociedad de libres e iguales: en 1789, el proyecto emancipatorio de la Ilustración, de la Modernidad, prometía grandes cosas, y cumplió una parte de ellas. Además, la presión de grupos sociales (las mujeres, la clase obrera…) consiguió nuevos ámbitos de reconocimiento y dignidades. La historia es conocida, al menos en sus grandes líneas. Pero, del mismo modo, el proyecto moderno contenía riesgos que también se materializaron y generaron espacios de exclusión. Y, como la Historia avanza, o eso dicen (al menos, los proyectos sociales nacen, crecen y mueren), ha llegado un momento en que la expansión de la ciudadanía a nuevos colectivos parece haber alcanzado un límite difícil de franquear: el de la nacionalidad. En el Estado del siglo XXI, el obrero puede ser ciudadano, la mujer puede ser ciudadana. Sin embargo, el extranjero no puede ser ciudadano: está excluido de la comunidad política y evidentemente, en una democracia representativa, si alguien no vota los políticos no tienen incentivo alguno para mirar por sus intereses.

En un mundo globalizado, la frontera es un mecanismo de segregación, un filtro que sólo opera sobre los pobres. Los nacionales de otro país pueden atravesar la frontera solo en determinados supuestos. La legislación de extranjería es una herramienta para clasificar la mano de obra: sirve para garantizar la entrada de una serie de trabajadores con contrato y tolerar la entrada de otros en situación irregular (digo “tolerar” porque al Estado le puede interesar, en determinados contextos, hacer la vista gorda. Por otra parte, una bolsa de trabajadores en situación irregular tiene el mismo efecto que un alto nivel de desempleo: incrementa el poder de negociación de los empresarios). La otra cara del filtro es que los extranjeros de alto nivel económico tienen un acceso mucho más sencillo a la residencia, a través del visado de residencia para inversores creado por la Ley de Emprendedores, y que se da a quien compre dos millones de deuda pública española o un inmueble valorado en 500.000 euros o más. Del mismo modo, esa ley facilita la entrada para tantear el terreno para “emprender”, pero no para buscar trabajo.

Una vez superado el filtro de entrada, los extranjeros en situación regular tienen derechos equivalentes a los españoles en el ámbito socioeconómico, pero están en gran medida excluidos de la comunidad política a nivel institucional. Los trabajadores en situación irregular, por su parte, están sometidos tanto en el ámbito político -carecen de derecho a voto, y el ejercicio de derechos como el de manifestación es mucho más peligroso- y también en el económico, con escasas posibilidades de defensa ante los abusos de un empleador o de asociarse en un sindicato. No son ciudadanos, sino súbditos, porque la -imperfecta- democratización del sistema que nació en las revoluciones burguesas del siglo XVIII se detiene al llegar a la frontera. La frontera, que no está necesariamente donde termina un país, sino en cada lugar donde una persona sin permiso de residencia es segregada: en una entrevista de trabajo, en un control policial o en un centro sanitario.

Todo esto es importante porque cualquiera puede apreciar el surgimiento y fortalecimiento de doctrinas xenófobas en España y otros Estados, y ante ellos es urgente articular un discurso que debe llevar aparejado la construcción de un nuevo sujeto de derechos. Y la retórica ciudadanista -evidentemente, no me refiero a la xenofobia más o menos oculta o declarada de Ciudadanos, sino a los discursos de Podemos y de algunas de las plataformas electorales municipales- no parece suficiente. Al menos en su formulación actual, el concepto de ciudadanía excluye a una parte de los vecinos de nuestros barrios. No sé si la solución es sustituir el concepto de ciudadanía o desbordarlo. ¿Puede usarse todavía como palanca de cambio? ¿Pueden buscarse elementos desde los que extender el concepto para socavar la doble segregación -de nacionalidad y de clase- que produce la normativa de extranjería?

Las revoluciones burguesas vincularon el poder político y el pago de impuestos. En Francia, se abolieron los privilegios fiscales del primer y segundo estados; en las trece colonias, los colonos exigieron que las obligaciones fiscales que soportaban fueran acompañadas de su representación en el parlamento británico: no taxation without representation.

Pues bien, es evidente que las personas con permiso de residencia (normalmente vinculado a tener un contrato de trabajo o ejercer una actividad económica) pagan impuestos. ¿Por qué no pueden votar? La Constitución española permite que se les reconozca el derecho de sufragio activo (voto) y, desde 1992, pasivo (presentar su candidatura) pero sólo en las elecciones municipales y sujeto a condición de reciprocidad: es necesario que el otro Estado también permita votar a los españoles. En España, los nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago pueden votar en las elecciones municipales. Normalmente se exige que lleven cinco años residiendo en España (salvo en el caso de Noruega, donde el plazo es de tres años, y Nueva Zelanda, sin este requisito) y que se inscriban en el censo electoral (no es automático, como sí sucede con las personas nacidas en España). Generalizar este derecho exige poder firmar acuerdos (y por tanto depende de qué diga el sistema jurídico de otros Estados). Ir más allá, eliminando la condición de reciprocidad o permitiendo votar en autonómicas o generales, exigiría una reforma constitucional. Puede hacerse: el artículo 13 de la Constitución es, de hecho, uno de los dos preceptos que se han modificado.

Por otra parte, las personas en situación irregular también pagan impuestos, aunque muchas veces se olvide o se desconozca. Pagan todos los impuestos ligados al consumo y pagan los impuestos sobre la propiedad llegado el caso, ya que ninguna norma les impide ser propietarios (aunque ya hemos visto que los -grandes- propietarios tienen acceso directo al permiso de residencia). Las personas en situación irregular también han podido pagar impuestos sobre la renta si en un pasado tuvieron un contrato y un permiso de residencia que luego perdieron (ambos, y por ese orden). Así, es importante señalar que una persona sin permiso de residencia ni fuente de renta formal alguna paga los mismos impuestos que un español en una situación equivalente; mientras que una persona con fuentes de renta formales normalmente se encontrará en situación administrativa regular.

El pago de impuestos en una sociedad democrática, o que pretende serlo o se concibe como tal, es algo más que un pago coactivo. Es una co-participación en el sufragio de una serie de necesidades y proyectos que se consideran de interés general. Es una aportación a la colectividad, la cual a su vez debería garantizar por ello unas condiciones dignas de vida a cada individuo. El sistema está basado en un criterio de solidaridad. Extender derechos políticos y económicos a todas las personas que residen en el territorio de manera estable (y que forman, por tanto, parte de la comunidad) es necesario para una auténtica profundización democrática de las relaciones sociales que llamamos mercado y de aquellas que llamamos Estado. Entiendo que sólo así puede construirse una ciudadanía verdaderamente inclusiva que supere la frontera que la limita y trocea.

Tal vez alguien pensará que algo así es insostenible, que no podemos dar todos los derechos a cualquiera que aparezca por aquí, que una decisión de tales características traería el fin de la civilización. Un caos y degradación social equivalentes a los que trajeron la abolición de la esclavitud o el sufragio femenino. La imposibilidad de seguir medrando a costa de otros pueblos de la tierra. Terrible.

Una Circular de la Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dictada el 17 de febrero de 2015, ha suprimido del sistema informático a miles de niños y niñas mayores de tres meses.

Las consecuencias de esta decisión, tomada por sorpresa y con carácter retroactivo, afectan especialmente a los hijos de personas que se encuentran en España en situación irregular.

El hostigamiento que los poderes públicos realizan contra las personas extranjeras tiene muchas formas, unas más obvias y otras más sutiles. De todas ellas, una especialmente grave y absurda es la creación de trabas para recibir asistencia sanitaria (o, en casos extremos, la negación absoluta de tal asistencia). Especialmente grave porque estamos jugando con la salud y la vida de la gente; especialmente absurdo porque las enfermedades se contagian. La salud es un bien público e indivisible.

En España, tenemos muchos ejemplos de exclusión sanitaria. El más claro ejemplo es la reforma impulsada por el PP en 2012, tras la cual ya no tenemos una sanidad universal. Además, la reforma de 2012 ha venido acompañada de una interpretación y aplicación totalmente restrictivas tras las que asoma una total falta de empatía y de escrúpulos, y que ha nos dejado episodios dramáticos.

El último eslabón de esta larga cadena de atrocidades ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, los bebés recién nacidos constaban de manera transitoria en el sistema durante un año, plazo en el que tendrían que regularizar su situación, solicitando la tarjeta sanitaria. Hace pocos días, se ha dictado una circular que recorta este plazo a tres meses. Como consecuencia de esta medida, totalmente sorpresiva, muchos bebés de entre 3 meses y un año han desaparecido de las bases de datos. Familias que acuden a una cita descubren que dicha cita -y su hijo o hija- no constan en el registro informático. Una situación kafkiana. Y completamente contraria a derecho.

En primer lugar, se ha producido una violación del principio de seguridad jurídica al aplicar la norma (la circular) de manera retroactiva. La regla general es que una norma debe tener efectos desde que se conoce, no antes. Eliminar a bebés de, por ejemplo, seis meses del sistema implica aplicar la nueva regla a situaciones que nacieron bajo la vigencia del régimen anterior. La retroactividad está limitada porque el derecho debe ser previsible: y aquí, claramente, no ha sido así. Pero es que, además, la retroactividad de normas restrictivas de derechos individuales (fácilmente puede sostenerse que esta circular sería un ejemplo) está terminantemente prohibida, según señala la propia Constitución en su artículo 9.3.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, tras la modificación introducida por el Decreto-Ley 16/2012, afirma que “en todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. Lo cierto es que la situación de los menores extranjeros es bastante confusa. En principio, cualquier menor recibe asistencia sanitaria en tanto que beneficiario vinculado con sus progenitores. El sistema implica que todos los adultos españoles tienen derecho a la asistencia sanitaria, por una vía o por otra; por tanto, todos los hijos de españoles tienen derecho a la asistencia sanitaria. Lo lógico es suponer que todos los menores extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria ordinaria. De hecho, el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, afirma que los extranjeros menores del artículo 3 ter de la Ley 16/2003 tendrán derecho a la asistencia sanitaria “con la misma extensión reconocida a las personas que ostentan la condición de aseguradas”.

Sin embargo, la propia normativa contradice esta igualdad de trato al colocar a los menores “no autorizados como residentes” entre las situaciones “especiales”, en lugar de ordinarias. La nota de extraordinariedad que establece la ley (aunque, al mismo tiempo, predique el tratamiento “en las mismas condiciones”) ha producido en la práctica situaciones preocupantes. La web de Salud de la Comunidad de Madrid coloca a los menores extranjeros entre las personas con “derecho a la asistencia sanitaria sin tarjeta sanitaria”, situación que han criticado diversos colectivos y que a primera vista parece discriminatoria. Cuanto menos, implica mayor precariedad, ya que se han reportado numerosos casos donde se ha negado la asistencia a personas que, aunque tenían derecho a ella por así preverlo la norma, no disponían de tarjeta sanitaria. Un buen ejemplo son los carteles, radicalmente ilegales, que han podido verse en los centros de salud y que afirman que es obligatorio presentar la tarjeta sanitaria para recibir atención médica.

¿Qué sucede, además, con los hijos de personas migrantes en situación irregular? En principio, no son hijos de asegurados, por lo que no pueden ser beneficiarios. Tendrían derecho por la vía del 3 bis de la Ley 16/2003 y, según la Comunidad de Madrid, tendrían derecho a asistencia sanitaria pero no a tarjeta (con todo lo que hemos visto que ello puede implicar). SOS Racismo ha denunciado también que tres meses pueden no ser suficientes para que personas extranjeras recaben toda la documentación pertinente para activar el supuesto del artículo 3 bis. Así, en el futuro, podremos encontrar bebés que se borren del sistema informático y sólo puedan ir al médico de manera puntual, perdiendo los beneficios de recibir un seguimiento continuado por parte del pediatra y la opción de acudir a un especialista; todo ello hasta que se consiga regularizar la situación. Pero, en el caso de bebés, el seguimiento continuado es esencial: un único ejemplo es que en los doce primeros meses de vida, el calendario de vacunación de la Comunidad de Madrid incluye dieciocho tomas. La pregunta es: ¿qué necesidad había de modificar este trámite? ¿Qué se consigue acortando el plazo para “regularizar” a tres meses, salvo hacer más precaria la situación de los bebés que no tienen la nacionalidad española? Un menor, se encuentre en la situación que se encuentre, tiene derecho a la asistencia sanitaria: ¿a santo de qué denegarla, limitarla o sujetarla a requisitos que pueden resultar excesivos?

El artículo 24.1 de la Convención de Derechos del Niño, de la que España es parte, afirma que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. Lo que ha hecho aquí la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid es, simplemente, todo lo contrario.

En resumen, hay dos cuestiones que se entrelazan en todo esto. Una es que la aplicación retroactiva (y contraria a derecho) de la nueva circular ha dejado a unos 6.000 niños en un limbo, tal y como denuncia Yo Sí Sanidad Universal, donde, por el momento, “no tendrán historia clínica ni seguimiento médico”. Eso sin contar los perjuicios, de todo tipo, derivados de la anulación de citas concretas por la eliminación de estos niños, sin más miramientos, del sistema informático de asistencia primaria. La segunda cuestión es que los menores extranjeros, como vemos, aunque tengan reconocido el derecho a la asistencia sanitaria “en igualdad de condiciones”, en realidad enfrentan problemas adicionales que ponen en riesgo u obstaculizan innecesariamente su derecho a la salud. En uno y otro caso, lo que hace falta es una actuación proactiva de las autoridades sanitarias, que -como exigen los tratados firmados por España- busquen mecanismos para garantizar una asistencia sanitaria adecuada en lugar de buscar nuevas formas de poner la zancadilla a los colectivos más vulnerables.

El PSOE utilizó los excedentes provocados por la burbuja inmobiliaria para introducir numerosas rebajas fiscales, debilitando la base financiera del Estado en puertas de la crisis económica.

Viendo la tiranía que constituye para cualquier país el sobreendeudamiento, necesitamos que el sistema tributario sea lo suficientemente sólido para financiar los servicios públicos sin depender de los mercados financieros.

¡Buenas noticias! El Gobierno ha comunicado que cuando mejore la economía y el Estado comience a recaudar más, si la presión fiscal supera el rango del 38% o 39% del PIB, ¡el Partido Popular bajará los impuestos! Lo peor de la crisis ha pasado (un momento, ¿no decían lo mismo en 2014, y en 2013, y… en 2009?) y vamos a tener más dinero para… eh… pagar las prestaciones sanitarias que ya no nos cubre el sistema público… la educación, la luz y los medicamentos más caros… ¿y si resultara que la noticia no es tan buena?

En 2003, Zapatero pronunció una frase que nunca seré capaz de olvidar: “Bajar impuestos es de izquierdas”. Un año después ganó las elecciones. Heredó del PP una burbuja inmobiliaria que inflaba artificialmente tanto la actividad económica como los ingresos tributarios del Estado. El PSOE usó esos excedentes para reducir el déficit e introducir numerosas rebajas fiscales, muchas de ellas regresivas, como “devolver” 400 euros a cada contribuyente del IRPF o suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio. No se supo o no se quiso ver que se estaban aprobando beneficios fiscales confiando en unos ingresos que eran extraordinarios y se esfumaron al estallar la burbuja.

Con la crisis, la recaudación bajó drásticamente. Según Eurostat, el desplome de la recaudación (calculada como un porcentaje del PIB) fue de 6,4 puntos porcentuales entre 2007 y 2009, la caída más pronunciada en toda la Unión Europea. Fue especialmente pronunciada en el Impuesto sobre Sociedades, en IVA (que grava la venta de vivienda nueva) y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (que grava la venta de vivienda de segunda mano y las escrituras notariales de compraventa y de préstamo hipotecario). En este último impuesto, por ejemplo, la recaudación se redujo más de la mitad entre 2007 y 2009, cayendo de 17.399 millones a 8.483 millones; y continuó bajando en 2013, hasta 5.688 millones.

Necesitamos que el sistema tributario sea sostenible para financiar los servicios públicos sin depender de los mercados financieros. Los Estados se han acostumbrado a financiar gastos corrientes, como las nóminas, a través de deuda pública, incluso en condiciones económicamente favorables. Ello ha creado una relación de dependencia respecto de los mercados financieros que puede condicionar los procesos democráticos de toma de decisiones. El Manifiesto de economistas aterrados ha descrito la financiación mediante deuda pública (especialmente cuando se combina con bajadas de impuestos) como un sistema de “redistribución al revés”, desde las clases populares hacia las clases acomodadas. Se acude al endeudamiento en lugar de hacer que paguen más impuestos quienes más tienen; luego se recortan servicios básicos para pagar la deuda a bancos, entidades de seguros y fondos de inversión. En el caso español, además, parte de la deuda pública se genera por la asunción de deudas privadas: el rescate bancario es un ejemplo.

Si las cuentas públicas deben cuadrar (por exigencia de la Unión Europea) y es contraproducente endeudarnos en demasía; y si (por exigencia de la Constitución) el Estado tiene que garantizar una serie de bienes y servicios públicos, como el derecho a la educación, la sanidad o la protección social, se necesita un sistema impositivo fuerte. No permitamos que otros se apropien de términos como estabilidad presupuestaria o sostenibilidad financiera para asociarlos a un Estado mínimo que solo está interesado en la protección de los privilegios económicos. Precisamos de un Estado sostenible para tener la seguridad de que nuestras necesidades materiales estarán cubiertas en el futuro.

Por eso, cuando alguien nos prometa bajar los impuestos (y en 2015, entre elecciones municipales, autonómicas y generales, lo escucharemos muchas veces) tenemos que hacer dos preguntas: “¿a costa de qué?” y “¿bajar los impuestos a quién?”.

Efectivamente: bajar impuestos, ¿a costa de qué? ¿Quién quiere 25 euros más en su nómina por la rebaja del IRPF si luego no tiene una guardería gratuita de calidad, si tiene que pagar parte de las prestaciones sanitarias y si las tasas universitarias suben sin parar? ¿Quién quiere que supriman el Impuesto sobre Sucesiones para cuando deje su casa a sus descendientes si mañana perderá esa vivienda porque no puede afrontar su hipoteca? Pagamos impuestos porque existe un acuerdo, un “pacto fiscal”, según el cual el Estado garantizará una serie de derechos, cuyo coste sufragaremos colectivamente. Si el Estado no cumple su parte, el pacto fiscal comienza a romperse y resulta más difícil justificar la necesidad de pagar tributos.

El pacto fiscal también se pone en riesgo cuando no todas las personas pagan su parte. Por eso, cuando alguien prometa bajar los impuestos, también debemos preguntar: ¿bajárselos a quién? Lo importante no es, como ha dicho el Gobierno, que la presión fiscal media supere el 38 o el 39%. ¿Conoces el viejo chiste que dice que según la estadística, si yo me como dos pollos asados y tú ninguno, nos hemos comido, de media, un pollo cada uno? “Muy divertido”, me responderás, “pero yo sigo teniendo hambre”. Por la misma razón, más importante que la carga fiscal media es la distribución de dicha carga. ¿A quién se están bajando los impuestos? Ese debería ser el debate, pero suele estar en la letra pequeña. Y en esa letra pequeña se mueven como pez en el agua las grandes empresas, que presionan e influyen para que las nuevas reglas se adapten a sus intereses.

Por último, no se trata (solo) de bajar o subir impuestos ni de modificar cómo se distribuyen entre la población; se trata también de quién paga lo que debe y quién no. Se trata de si la Administración tiene medios suficientes para combatir la ingeniería fiscal y el fraude y si se le deja hacer su trabajo. En muchos Estados europeos, el Gobierno ha promovido acuerdos de la Administración con grandes empresas donde se trataba a estas con guante de seda. El caso más sonado es el conocido como Lux Leaks, donde estaría implicado el propio Juncker; pero los acuerdos entre Irlanda y Apple y entre Países Bajos y Starbucks están siendo analizados por la Comisión Europea, cuyo análisis preliminar ha concluido que se ha aplicado la normativa tributaria de manera excesivamente favorable, proporcionando ventajas fiscales contrarias al Derecho de la Unión. En Gran Bretaña, el Parlamento investigó los acuerdos de la Administración tributaria con empresas como Google o –de nuevo– Amazon o Starbucks. En España, el cese de una inspectora de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes a finales de 2013 se consideró relacionado con la sanción impuesta a Cemex por esa misma inspectora y produjo una cadena de dimisiones. Tras un episodio similar en 2015, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha llegado a solicitar una auditoría interna de la Agencia Tributaria para comprobar si las inspecciones de grandes fortunas y empresas se están resolviendo con “imparcialidad y objetividad”.

Vuelvo al inicio: no quiero que me bajen los impuestos. Quiero que el Estado tenga recursos suficientes para garantizar todos los derechos básicos sin entrar en la relación de dominación que la emisión de deuda pública provoca. Quiero que cada contribuyente pague lo que le corresponda, según los principios constitucionales de igualdad y progresividad. Para ello, es necesario reconstruir el pacto fiscal a partir de un proceso constituyente. Un proceso constituyente que garantice los derechos sociales y los convierta en derechos fundamentales; y que asegure que los servicios públicos se financian a través de impuestos justos y progresivos, gestionados con eficacia e imparcialidad. Quiero un Estado al que gritar, ¡cállese y tome mi dinero! Y gástelo bien.

El art. 3 ter de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en casos de urgencia y de atención al embarazo, parto y postparto.

Milagros Villalobos, de origen venezolano, residente en España desde 2006, y en situación irregular por carecer de contrato de trabajo, perdió a su hijo después de que un hospital valenciano le denegase varias veces asistencia médica.

Cuando a una legislación que pone determinados intereses económicos por encima de los derechos humanos se suma el desconocimiento de los propios derechos y el miedo a ejercerlos, el resultado sólo puede ser desolador.

El 31 de agosto, eldiario.es daba la noticia de que una mujer venezolana había sufrido un aborto tras serle denegada asistencia médica varias veces en un hospital valenciano. La historia, terrible, condensa varias miserias que han crecido como hongos allá donde se cruzan el derecho y la economía y se subordina la dignidad humana a las exigencias del capitalismo más depredador.

Milagros Villalobos, la protagonista –sin duda a su pesar– de esta historia, emigró a España en 2006. Llegó un momento en que perdió su empleo y eso le impidió renovar su permiso de residencia: en términos generales, las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena sólo se renuevan si se ha trabajado la mayor parte del tiempo de su vigencia y se tiene un contrato en vigor en la fecha de renovación. Como no contaba con él, Milagros Villalobos quedó en situación irregular.

Historias como la de Milagros suelen hacerme recordar que, hace unos quinientos años, Francisco de Vitoria afirmó que la libertad de moverse libremente por todo el planeta era un derecho universal. En aquel entonces eran los europeos los que descubrían nuevas tierras y en esa doctrina encontraron la legitimación que buscaban. Ahora que los países del Norte niegan dicha universalidad, nos cuentan que la libertad de circulación está sujeta a las necesidades del mercado porque sería insostenible que no fuera así. Tanto en un caso como en otro, el derecho ha servido para legitimar la supremacía de los países económica y tecnológicamente más poderosos… y sigue siendo así. Uno de los objetivos de la Ley de Extranjería española es abrir las puertas cuando hace falta mano de obra barata y cerrarlas cuando ya no es necesario, para que España no se llene de pobres. Es así como Milagros, al perder su empleo, al dejar de ser útil para el mercado de trabajo español, se convirtió en una persona de segunda categoría.

Poco después, como consecuencia del Decreto-Ley 16/2012, Milagros perdió también su tarjeta sanitaria. Precisamente estos días se cumplen dos años desde que el sistema de sanidad español dejó de ser universal y excluyó brutalmente a parte de la población. Se trata casi siempre de personas en situación de vulnerabilidad (que, como Milagros, no tienen permiso de residencia porque se han quedado sin trabajo). La excusa, de nuevo, ha sido económica: había que ahorrar, para que el sistema fuera sostenible. Lo de menos es que tal ahorro haya sido a costa de más de 870.000 personas, según los cálculos de varios colectivos sociales; lo de menos es que al excluirlas se haya puesto en riesgo su salud y su vida, y también la del resto de la población; lo de menos es que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya dicho en un informe presentado en enero de 2014 que esta exclusión constituye una violación del artículo 11 de la Carta Social Europea. Lo importante era ahorrar, que las cuentas cuadrasen para mostrar una imagen de país responsable ante los mercados, aunque el Gobierno ni siquiera sea capaz de cuantificar ese ahorro, si es que ha existido.

El Hospital de Denia forma parte del sistema público valenciano pero está gestionado por dos empresas privadas: DKV Seguros y Ribera Salud. La versión de Milagros tal y como fue publicada en este periódico y la del hospital (que lanzó ese mismo día un comunicado) difieren. Sin lugar a dudas, esta divergencia hace necesaria una investigación, tanto interna como por parte de la Consejería de Sanidad, para esclarecer qué ha ocurrido exactamente y para depurar las responsabilidades, de cualquier naturaleza, que puedan existir.

El propio hospital reconoce haber pedido a Milagros que rellenara un “parte de paciente privado”, un trámite que se realiza –según el comunicado de la entidad– “de acuerdo con el artículo 16 de la Ley General de Sanidad”. Este artículo hace referencia a “usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud”, a los que se les cobrará por el servicio (“la facturación por atención de estos pacientes […] toma[rá] como base los costes efectivos”).

Sin embargo, el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (introducido por el citado Decreto-Ley 16/2012, que eliminó el carácter universal de nuestro sistema), afirma que las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la asistencia sanitaria de urgencia y que las mujeres tendrán derecho en todo caso a la asistencia al embarazo, parto y postparto. ¿Cómo es posible que el hospital aplique un protocolo con referencia al artículo 16 de la Ley General de Sanidad (personas sin derecho a la asistencia) a una mujer embarazada que acude a urgencias? En su caso se dan no una, sino las dos circunstancias que reconocen a una persona migrante en situación irregular el derecho a ser atendida en el servicio público de salud; y las explicaciones proporcionadas por el hospital a través de Twitter no resultan demasiado convincentes. Lo cierto es que Milagros acabó sufriendo un aborto por no recibir toda la atención médica necesaria. Movimientos como “Yo Sí, Sanidad Universal” han denunciado que los casos injustificados de denegación de prestaciones sanitarias no son puntuales.

Tal vez el desenlace hubiera sido diferente si el hospital hubiera hecho todo lo posible por proporcionar la asistencia sanitaria necesaria. Duele pensar que la sanidad pueda quedar en manos de empresas privadas que, por su propia naturaleza, se mueven ante todo por la lógica del lucro.

Tal vez el desenlace hubiera sido diferente si el derecho a la salud fuera verdaderamente universal en España, como requieren los tratados internacionales que hemos suscrito y las más elementales consideraciones de humanidad.

Tal vez el desenlace hubiera sido diferente si la libertad de circulación de las personas no estuviera subordinada a los ciclos de la economía, si no se quisiese obligar a alguien, por el mero hecho de no tener un contrato de trabajo, a hacer las maletas y renunciar a dos, tres, cuatro años de vínculos, historias y raíces.

El artículo 43 de nuestra Constitución afirma que los poderes públicos deben organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. El artículo 9.2 les exige que promuevan una libertad e igualdad reales, eliminando los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de nuestros derechos. Los poderes públicos, en suma, tienen que actuar proactivamente y, en la medida en que hayan delegado la gestión del derecho a la salud, deben también ejercer los controles necesarios para que ese derecho sea efectivo. En lugar de eso, observo con estupor cómo el Gobierno difunde el mensaje de que hay personas que sobran, de que garantizar la dignidad humana es insostenible económicamente. Las palabras que habría recibido Milagros en la llamada telefónica que relata (“Me decía a gritos que cómo me había atrevido a pedir cita si no tenía papeles…”) están, precisamente, reproduciendo ese mensaje.

Tenemos que recordar que la Ley da miedo y que, a veces, el Gobierno nos apunta con la Ley pero es el miedo el que nos mata. El Gobierno lo sabe y por eso ha lanzado ese discurso xenófobo que, parafraseando a Carl von Clausewitz, es la continuación de la Ley de Extranjería por otros medios. Frente a todo ello sólo nos queda la lucha contra una legislación injusta y también contra el miedo y el desconocimiento. Nos va la vida en ello.

Carme Chacón impulsó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los desahucios que finalmente se aprobó siendo ministra de Vivienda Beatriz Corredor.

El autor cuestiona la justificación alegada por el PSOE: la necesidad de combatir a los “morosos profesionales”.

El 20 de mayo de 2014, la Oficina de Vivienda de Madrid y el colectivo Distrito 14 organizaron un escrache contra Carme Chacón durante un acto de campaña. Si el objetivo del escrache es el de señalar a una persona para poner en evidencia alguna actuación que ha realizado, en este caso se trataba de recordar que, como ministra de Vivienda, Carme Chacón facilitó la práctica de desahucios.

Contra afirmaciones como ésta suelen lanzarse acusaciones de manipulación, de estar mintiendo o mezclando conceptos. Se afirma que las medidas impulsadas por Chacón y continuadas por su sucesora, Beatriz Corredor, no guardan relación (ni por el ámbito en que se aplican ni por las personas a quienes defienden) con la cuestión de los lanzamientos hipotecarios que desde hace unos años se ha conseguido colocar en el debate público.

Carme Chacón fue ministra de Vivienda entre el 9 de julio de 2007 y el 11 de abril de 2008. En esos poco más de nueve meses, sus iniciativas más conocidas fueron dos. La primera, la renta básica de emancipación (que, en puridad, mejoró las condiciones de una ayuda ya existente). La segunda fue, en efecto, la adopción de medidas para agilizar los desahucios.

La agilización de los desahucios, se nos decía entonces, estaba destinada a proteger a las familias que dependían de un alquiler frente a los “morosos profesionales”. Para conseguir mayor celeridad, durante el mandato de Chacón se crearon diez nuevos juzgados de primera instancia y se propuso modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil. La reforma no llegó a hacerse efectiva, pero fue sólo por falta de tiempo. La hemeroteca nos remite a declaraciones de la ministra donde afirmaba que la legislatura estaba acabando, pero que confiaba en que la reforma de la ley pudiera ver la luz con rapidez en la siguiente.

Por tanto ¿agilizó los desahucios Carme Chacón? La respuesta es afirmativa: puso más medios materiales para ello e impulsó una reforma normativa que, finalmente, vio la luz en 2009. Nos referimos a la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. Esta ley es la suma del proyecto de ley presentado por el Gobierno y de una proposición de ley orgánica presentada por CIU.

¿Qué implicó la entrada en vigor de la Ley 19/2009? Fundamentalmente, redujo los plazos del proceso judicial y agilizó trámites. Desde que el propietario exigiera formalmente al inquilino el pago de una renta atrasada, este tendría un mes (antes de la reforma eran dos) para pagar. Si no lo hacía, el propietario podría interponer la demanda de desahucio y, si no se había pagado en ese mes, abonar la deuda con posterioridad no serviría ya para paralizar el desahucio.

Otra reforma estableció que si el funcionario del juzgado no encontraba al inquilino al ir a entregar la citación en la vivienda, bastaría entonces publicarla en el tablón de anuncios de la oficina judicial (en la generalidad de los casos, la ley exige que se busquen otras formas de notificar). La sentencia condenatoria, que se tendría que dictar en no más de seis días, pasaba a ser directamente ejecutiva: si así lo pedía el propietario, establecería ya la fecha y hora en que se procedería al desahucio.

Como hemos señalado, el eje de la defensa de las medidas del PSOE es que se protegía a las familias víctimas de los “profesionales del impago”. Si analizamos la reforma, esta justificación no se sostiene. No es verdad que se proteja a los propietarios frente a quienes “no pagaban durante un tiempo considerable”, como ha afirmado un militante del PSOE, o frente a la actividad “profesionalizada” de los morosos. No es cierto porque basta un único impago y esperar un mes para demandar al inquilino: no hablamos de impagos sistemáticos. Además, hemos visto que si no se responde al requerimiento del propietario en ese mes, luego ni siquiera es posible evitar el desahucio pagando la renta adeudada. No estamos necesariamente ante exigencias que describan a un “moroso profesional”, sino que afectan a personas que hayan agotado la prestación por desempleo, o que hayan perdido su trabajo y no tengan otra fuente de renta.

Cuando alguien dice que la ley no reduce las garantías del arrendatario de buena fe, sino que favorece sus intereses, está insinuando que quien no paga es porque no quiere y se está intentando articular un discurso que legitime la pérdida de garantías que ha sufrido el inquilino en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para quien quería pagar pero no podía, vino a decir Beatriz Corredor al presentar el proyecto de ley, se habían implementado ayudas económicas o desgravaciones tributarias. El problema con estas ayudas es que no todas las personas pueden acogerse a ellas (la medida estrella de Chacón, la renta básica de emancipación, era para menores de 30 años) y, sobre todo, que tienden a trasladarse al precio y encarecer los alquileres, como el propio Pedro Solbes afirmó en 2006. Benefician al propietario más que al inquilino.

Más aún: podemos afirmar que el discurso del moroso profesional, en sí mismo, es falso. No negamos que existan, pero la política no debería basarse en argumentos del tipo “todo el mundo ha oído hablar de un caso”, palabras cercanas a las empleadas por Beatriz Corredor en el Congreso. Según los datos del INE publicados en el Anuario Estadístico de España 2013, en el año 2011 hubo 19.420 sentencias relativas a arrendamientos de vivienda (18.492 por impago de la renta), lo cual es más bien poco si lo ponemos en conexión con las 2.438.574 viviendas principales en alquiler según el Censo de Población y Viviendas de 2011. No podemos suponer que cada una de esas 18.492 personas (menos de 8 inquilinos por cada mil) que no pagaron la renta era un moroso profesional. ¿Cuántos son, entonces, los temibles “profesionales del impago” que asolan España y justifican la pérdida de garantías legales de todos los inquilinos?

Tampoco se está defendiendo necesariamente a los propietarios que dependen del cobro del alquiler para vivir con dignidad. Como señaló Ada Colau en 2009, un informe de 2005 ya señalaba un elevado grado de concentración de la propiedad inmobiliaria, que desde el estallido de la crisis no ha dejado de crecer.

Afirmar, como también se ha hecho, que agilizar el desahucio sirve para favorecer la oferta de viviendas en alquiler es un argumento equivalente al que vincula abaratamiento del despido con incremento de la contratación. En ambos casos debemos preguntarnos bajo qué condiciones está quedando la parte más débil, que la gran mayoría de las veces será el arrendatario. Las últimas reformas del Partido Popular, tanto de la Ley de Arrendamientos Urbanos como del proceso de desahucio, van en la misma dirección. La larga cadena de modificaciones normativas en la que se inserta la Ley 19/2009 promueve un desequilibrio entre las partes que hace cada vez más precaria la situación de los inquilinos e incrementa los beneficios de los grandes propietarios. Por eso es necesario recordar que también quienes vivimos de alquiler tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos deben promover la eficacia de ese derecho frente a la especulación inmobiliaria. O al menos eso dice la Constitución.

La propuesta presentada por los nueve expertos plantea un modelo de fiscalidad sobre la vivienda que favorecería la concentración de la propiedad y la inversión especulativa.

La vivienda es un elemento relevante en cualquier sistema tributario. Sobre ella inciden de alguna manera los principales impuestos, a través de los que se promueven también determinadas políticas públicas. El Informe Lagares -la propuesta de la denominada “Comisión de Expertos”- no es una excepción. Aunque el Gobierno ya ha anunciado que no va a seguir algunas de sus propuestas, no está de más analizarlas. Y no lo está porque muchas de ellas provienen, en realidad, de organismos internacionales (la Unión Europea, la OCDE o el FMI). No sería la primera vez que este gobierno se resiste a asumir sus recomendaciones pero acaba por implementarlas: es, precisamente, lo que pasó con la supresión de la deducción por adquisición de vivienda. El PP no puede permitirse electoralmente atender todas sus propuestas -ya ha renegado de dos-, pero el informe puede interpretarse como una “hoja de ruta” para el largo plazo. La previsión aconseja, pues, analizar sus medidas, qué lógicas las inspiran y a quiénes benefician. Veámoslas.

El IRPF español es un impuesto dual. Esto significa que grava por separado las rentas del ahorro (dividendos e intereses, principalmente) y el resto de rentas, como las del trabajo o las derivadas de actividades económicas por cuenta propia. Esta dualidad sirve para otorgar una clara posición privilegiada a la renta procedente del ahorro. Los expertos proponen que todos los rendimientos derivados de la vivienda pasen a tributar al tipo reducido del ahorro. Así, quien vive del alquiler de sus propiedades pagaría menos impuestos que un trabajador o trabajadora.

La reforma también afectaría a lo que se llama “renta imputada”, el rendimiento que se le atribuye al propietario de un inmueble por el mero hecho de serlo. A corto plazo, se propone que dicha renta se considere asimismo ahorro y se impute también por la vivienda habitual (no sólo por inmuebles vacíos, como hasta ahora). A medio plazo, los expertos plantean crear un “nuevo” IBI, con un gravamen más elevado, que permita suprimir la “renta imputada” y absorber el importe recaudado en su concepto. Es importante destacar el contraste entre este IBI recargado, aplicado a todos los inmuebles, y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, propuesta en el informe desde el primer momento.

Por otro lado, se quiere acompañar el incremento de los impuestos sobre la propiedad de la vivienda con una reducción del gravamen de su transmisión. Los pisos de segunda mano -y eso incluye todos los que los bancos se han quedado tras una ejecución hipotecaria- están gravados por Transmisiones Patrimoniales Onerosas, impuesto que se reduciría progresivamente y acabaría por suprimirse cuando se cree el nuevo IBI. Respecto al IVA, que grava la compraventa de vivienda nueva, los expertos proponen mantener el tipo reducido del 10% para favorecer la venta del stock existente. La medida contrasta abiertamente con la petición de incrementar el IVA reducido del 10% aplicado a bienes de primera necesidad hasta el 21%.

Por último, una polémica sugerencia es la eliminación, en un plazo breve, del régimen transitorio que permite que personas que se hipotecaron para acceder a su vivienda sigan aplicando la deducción que en su momento se les reconoció.

Hay otras propuestas en materia de vivienda, pero estas pueden considerarse las principales. En un momento en que la efectividad del derecho a la vivienda está en evidente riesgo, los expertos no dedican una sola palabra a esta cuestión. Sus reflexiones se construyen en torno a la idea de neutralidad, entendida en dos sentidos. En primer lugar, neutralidad del sistema impositivo, que supuestamente lo haría más eficiente al garantizar que no influirá en las decisiones de los particulares; sin embargo, todas las reformas planteadas persiguen encauzarlas siguiendo un planteamiento ideológico concreto, funcional a la especulación inmobiliaria y a la concentración de la propiedad. En segundo lugar, neutralidad de los expertos, que emplean una jerga científica, incluyen ecuaciones en su análisis y afirman que existe “un elevado consenso técnico sobre las insuficiencias del sistema fiscal español y las medidas necesarias para superarlo”. Y sí, hay un consenso detrás del Informe Lagares: se llama Consenso de Washington.

En el ámbito de la vivienda, la “neutralidad” se traduce en tres planos. El primero es la “neutralidad en el tratamiento de la tenencia de vivienda en propiedad frente al alquiler”. Una manifestación de este principio es la supresión del régimen transitorio de la deducción por adquisición de vivienda del IRPF, que en las circunstancias actuales sólo perjudicaría a las personas hipotecadas, lo cual hace recomendable que se mantenga en todo caso para las rentas más bajas. En general, esta faceta de la neutralidad pretende deshacer el sesgo que ayudó a inflar la burbuja inmobiliaria, pero se está proponiendo cuando ya no se dan otros condicionantes, como el acceso al crédito barato, que permitieron una eclosión de la vivienda en propiedad. Agotado el negocio hipotecario, se están sentando las bases para promover la concentración de la propiedad en manos de quienes, en el contexto actual, sí pueden invertir en vivienda ¿Será una de las consecuencias de esta reforma producir un puñado de grandes empresas inmobiliarias frente a un inquilinato que está perdiendo derechos en otras reformas normativas, como la de la Ley de Arrendamientos Urbanos?

Los otros dos objetivos de neutralidad recogidos por el Informe Lagares se refieren a “la decisión de invertir en vivienda frente a activos alternativos” y “la decisión de consumir en vivienda frente al consumo de otros bienes”. A quienes consideramos que los derechos humanos –y disfrutar de una vivienda lo es– deben quedar al margen de las fuerzas del mercado, una reforma tributaria destinada a que estas operen sobre la vivienda sin ningún tipo de freno nos preocupa necesariamente.

La neutralidad es la justificación para que cualquier rendimiento derivado de la vivienda tribute, privilegiadamente, como renta del ahorro. Partiendo de que la vivienda es un bien de inversión, lo importante es que las leyes tributarias la traten igual que cualquier otra inversión, para que la gente invierta en vivienda del mismo modo que puede hacerlo en acciones de una empresa. Pero a estas alturas deberíamos saber que considerar la compra de vivienda como inversión no hace más que fomentar la especulación. Y cuando esta se produce sobre bienes afectos al ejercicio de derechos fundamentales tiene los funestos resultados que están a la vista de cualquiera.

Obviamente, las apelaciones a la neutralidad -la fiscal y la científica- son simples patrañas. Mantener un tipo reducido de IVA es un claro ejemplo de orientación directiva de las decisiones individuales. La sustitución de la imposición sobre las transmisiones de inmuebles por un IBI más elevado tiene el mismo objetivo de facilitar la compraventa de inmuebles, lo que -aquí los expertos citan al FMI- “favorecería la absorción del exceso de viviendas acumulado durante la crisis y disminuiría el coste de la recapitalización bancaria”. Se trata de impulsar la venta de las viviendas que están en manos de las entidades bancarias y también la entrada de nuevos inversores, como los “fondos buitre” que, recientemente, adquirieron una parte de las viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid.

Los perdedores de la reforma serían quienes tienen una vivienda en propiedad en la que residen, sobre los que recaería la imputación de renta en el IRPF y el futuro IBI, necesarios para que a los expertos les salgan las cuentas; y, por supuesto, quienes no tienen garantizado su derecho a la vivienda. El Informe Lagares no considera importante desincentivar que las viviendas permanezcan vacías ni ponerlas a disposición de todas aquellas personas en riesgo habitacional. Lo que pretenden los expertos es que las fuerzas del mercado actúen con total libertad, para que asignen los recursos con la eficacia que venimos observando en este país con tres millones de casas vacías y miles de familias sin una vivienda digna.