La primavera nos ha traído un caso de corrupción relativa o aparentemente nuevo: el presunto desvío fraudulento, en Andalucía, de cantidades importantes de dinero público, en parte español y en parte europeo, destinado a la formación continua. Un desvío que, de confirmarse la presunción, habría canalizado el dinero a fines muy distintos de la aplicación para la que estaba previsto, muy alejados del interés general y muy alejados de la honestidad exigible a los responsables públicos y privado de su gestión. Esperemos que la justicia aclare los hechos y actúe en consecuencia.

Pero efectivamente, la novedad del caso es tan solo aparente. Que parezca nuevo hay que atribuirlo o bien a la facilidad de olvido que comporta el vertiginoso alud informativo de los tiempos que corren o bien a una hipocresía cínica que parece bastante instalada. Lo relevante no es la noticia de un nuevo caso que no sería otra cosa que lluvia sobre mojado, un caso más. Y hoy por hoy solo presunto, por supuesto. Lo realmente relevante y sorprendente es la percepción dominante de que se trata de un nuevo caso.

¿Nuevo? No, en absoluto. Todo lo contrario, un caso muy antiguo, demasiado antiguo. Y no solo en Andalucía sino en toda España. ¿Cómo de antiguo? De forma constatable desde 1993, más de veinte años aunque conocido por mucha gente desde bastante antes. Pero vayamos tan solo a lo constatable, a lo oficial.

Congreso de los Diputados, 13 (y martes) de abril de 1999. Comparece ante la Comisión Mixta (Congreso/Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas (TdC) su Presidente el Sr. Ubaldo Nieto de Alba para presentar varios informes de fiscalización, uno de ellos relativo a la FORCEM, creada en 1993 por las organizaciones empresariales y sindicales para administrar el llamado Sistema Nacional de Formación Continua, financiado con fondos públicos provenientes del Fondo Social Europeo (FSE) y del INEM (un % de la cuota de formación profesional recaudada por la Tesorería General de la Seguridad Social) y actualmente reconvertida a Fundación Tripartita para la formación en el empleo (tripartita por su composición: administración, patronales y sindicatos).

Dicho informe del TdC es el número 373 (expediente 251/000067 del Congreso y 771/000065 del Senado) y corresponde a la fiscalización de la actividad de la FORCEM durante los años 1993 a 1995 ambos incluidos, período en el que la entidad gestionó 117.607 millones de pesetas que generaron rendimientos financieros por valor de otros 5.247. A pesar de que el voluminoso informe del TdC es mucho más explícito y detallado, la cauta intervención oral del Sr. Nieto es suficientemente indicativa de su contenido. Se puede leer completa en el número 138- VI Legislatura- del Diario de Sesiones de las Cortes Generales, Serie Comisiones Mixtas, y comprobar que es suficiente para hacerse una idea sobre la los problemas que denuncia el informe: múltiple uso de los mismos comprobantes para justificar pagos ante el INEM, el FSE y además en diversas convocatorias sucesivas de cursos de formación; no anulación de obligaciones reconocidas pero no ejecutadas con cargo al FSE; declaraciones y relaciones de gasto sin justificante; ausencia de partes firmados por alumnos o profesores con verificación de tratarse de cursos no impartidos al ser consultados alumnos que declaran no haber realizado ningún curso a pesar de figurar registrados como alumnos formados etc. Como se puede apreciar, no solo una estafa sino también una chapuza.

Pero no menos interesantes son las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU) que siguieron a las palabras del Presidente del TdC y estimando que “a pesar del contenido del informe, en líneas generales los fondos se destinan al fin previsto” o que “la mayoría de las conclusiones muestran que el Forcem ha funcionado bien en el período fiscalizado y salvaguardando los principios de legalidad” o que “se trataba de un sistema innovador que generó algunos problemas que se fueron resolviendo”.

Los portavoces de CiU y PNV, tal vez sintiéndose en principio menos directamente vinculados a los agentes sociales de ámbito estatal y a su financiación, fueron más críticos, el día de la presentación del informe, hablaron de gestión rechazable de fondos públicos. Sin embargo el 11 de mayo, ver Diario de Sesiones número 141 de la misma serie que el ya citado número 138, solo dos semanas después, en la sesión de debate sobre las resoluciones de la Comisión, y quizás teniendo presentes otros ‘casos’ en ámbitos más propios y con afectaciones directas, habían ya modulado su opinión manifestando que se trataba de un organismo de gran importancia, trascendencia y envergadura, que requería un esfuerzo adicional para que siguiera manteniendo una buena trayectoria, o formularon propuestas de resolución tendentes a agilizar las transferencias a las CC.AA para optimizar el uso de los fondos a través de la proximidad. En esta misma sesión fue aprobada una resolución sobre el informe, resolución de lectura recomendable que se puede leer en el BOE151 de 25 de junio del mismo año 1999.

Pero aquí no acaba la historia. El TdC ha realizado diversos informes posteriores con el mismo o parecido método de análisis de fiscalización y con un resultado asimismo parecido, alguno de ellos con alguna implicación judicial posterior. Concretamente el número 567, de 2002 sobre los años 1996 a 1998, el número 608, de 2003, referido al ejercicio de 2001, o los número 709, de 2006 fiscalizando el año 2002 o número 945, de 2012, relativo al ejercicio de 2010, estos dos últimos acotados a la formación específica en el sector del carbón. Todo ello sin contar con los episodios más recientes de los que prescindo por considerar que forman parte del presente político, mediático y judicial, es decir que todavía no son “historia”.

No creo que hagan falta muchos comentarios. Veinte años de uso irregular y probablemente delictivo de estos fondos públicos con prácticamente total impunidad a pesar de las tarjetas amarillas mostrados por árbitros oficiales. Veinte años con partidos encubriéndose mutuamente algunas irregularidades compartidas y encubriendo las de patronales y sindicatos, parecen demasiados años y demasiada impunidad. La instrumentación mediante empresas tampoco es, con independencia del destino final del dinero defraudado, nada nuevo. Hay también precedentes históricos, incluso judicializados.

¿Iber-Tangentópolis? No es extraño ni injustificado el deterioro de la credibilidad y dignidad del mundo oficial o semioficial percibido por la ciudadanía. Una percepción que no se cimenta tan solo en este episodio, no es el único ni siquiera probablemente el más grave. Uno más. Creo además que por lo menos en alguna medida la situación ha mejorado y ha tendido en algunas organizaciones y zonas a la normalización aunque parece que no del todo ni en todas partes. Pero sigue adoleciendo de un plus que lo hace todavía más desagradable por la hipocresía de amplia base que a lo largo de más de veinte años lo ha venido amparando. Una hipocresía que comporta la complicidad de muchas personas, una hipocresía poco menos que institucionalizada.

El dia15 de abril de 1983 Walt Disney Company (WDC) inauguró Tokio Disneyland, su tercer gran parque temático que se sumaba a los de California y Florida. El excelente resultado inmediato de la experiencia japonesa conllevó la decisión de implantar un cuarto gran parque en Europa.

WDC es el grupo empresarial líder y el más tecnificado del mundo en el sector de las grandes instalaciones de ocio. Entre 1983 y 1987 estudió, ex ante y minuciosamente, todas las variables imaginables -no tan sólo el emplazamiento- relativas a la implantación de EuroDisney, inaugurado el 12 de abril de 1992 en París. A pesar de este exhaustivo trabajo previo, los primeros años de explotación siguientes a la lógica afluencia masiva inicial permiten apreciar notables desviaciones en las previsiones e incluso correcciones de errores conceptuales importantes. Un trabajo de investigación de Lyn Burgoyne, de la Universidad de Illinois, analiza a fondo los numerosos trabajos académicos que entre 1989 y 1995 habían estudiado -algunos de ellos ya ex post- aciertos y errores del proyecto y de su gestión inicial. Una de las conclusiones recogidas es que, a pesar de su know how, WDC no evaluó en toda su dimensión que la respuesta europea a estos y similares tipos de macro espacios de ocio, es muy distinta de la respuesta americana o asiática, siendo una de las principales diferencias que en Europa elevados porcentajes de visitantes iniciales acuden una vez por curiosidad pero no los frecuentan con cierta periodicidad como sí lo hacen en otros lugares del mundo. Tal vez incluso ello permita especular sobre si estudios previos realizados por EuroVegas-Madrid han detectado problemas de esta índole que puedan explicar su marcha atrás o la actual situación de stand bye sine die del proyecto.

Cuestiones de este tipo tal vez explican los numerosos fracasos y las pocas experiencias positivas de grandes parques en Europa. Una de las exitosas es sin duda PortAventura y también el propio EuroDisney, Legoland en Baviera, Gardaland el norte de Italia, y algunos otros de dimensión más reducida. Y quizás explican también que PortAventura, a pesar de que el proyecto inicial de Anheuser Busch (AB) era muy bueno y de características muy adaptadas a la demanda europea, necesite hacer grandes y frecuentes inversiones periódicas para renovar el atractivo de la oferta y estimular la afluencia motivada por la curiosidad inicial sobre las novedades y que, además y al contrario que los primeros años, necesite cada vez más como clientes los turistas próximos y no tan próximos, lo que conlleva unas altas comisiones a intermediarios y disminuye sensiblemente el precio medio de la entrada y por tanto la rentabilidad.

AB se casi retiró muy pronto del proyecto y ya definitivamente el 1998. Para salvar la implantación del parque se recurrió al empresario Javier de la Rosa que inició las obras y al que el President Pujol calificó de “empresario catalán modelo” des de la tribuna del Parlament de Catalunya. Cuando a de la Rosa le surgieron problemas con sus socios árabes y con la justicia, fue La Caixa quien efectuó el segundo salvamento de emergencia, buscó un socio tecnológico inglés y culminó la realización del proyecto. PortAventura se inauguró el primero de mayo de 1995. La Caixa se deshizo de su participación aunque quedándose los terrenos no utilizados por el parque, unas 500 hectáreas.

Vayamos –ahora ya sí- a BarcelonaWorld (BW). Obviamente, un parque temático basado en grandes atracciones y un macro espacio basado en casinos y en el juego como centro de atención, son cosas distintas. Pero ello no obsta que ambos tipos de implantación sean susceptibles de recibir de las respectivas demandas respuestas distintas en Europa y en otros continentes como América o Asia. Por otra parte, hay alguna coincidencia en el origen de las iniciativas de impulsar PortAventura i Barcelona World por parte del gobierno catalán. PortAventura nace como un gran proyecto y como reacción a la pérdida de la “final” de EuroDisney con París como ganadora. Algo parecido ocurre con Barcelona World. El 7 de septiembre de 2012, justo el día anterior a que se diera a conocer que EuroVegas optaba por Madrid, el Gobierno catalán anunció el proyecto. La foto con La Caixa quedaba muy bonita pero más que su implicación podía indicar que se libraba, aunque fuera a cambio de acciones con un futuro incierto, de las 500 hectáreas de terreno que se tuvo que quedar. La percepción general fue de improvisación del anuncio debido principalmente a la indefinición sobre el contenido y la viabilidad del proyecto.

Una indefinición que persiste y acompaña otras dudas

Una indefinición que persiste y acompaña otras dudasHay una polémica ya abierta que funde y sintetiza dos cuestiones: por una parte las reservas de amplios sectores ante un proyecto que se percibe como un incentivo o fomento potencial de la ludopatía vista como problema social; y por otra, agravando esta percepción, un tratamiento fiscal del juego muy favorable y que a muchos parece discriminatorio. Pero esto es lo que ya está encima de la mesa y no lo trataremos. Hay otros aspectos que merecen tanta o más atención.

La primera pregunta pertinente podría ser: ¿estamos hablando de un proyecto o de una difusa nube de humo? Se habla de BW como de algo muy concreto y tangible, algo sobre lo que se puede estar a favor o en contra, impedir o materializar, implantar o no implantar. Pero implantar ¿qué? Por lo que es conocido públicamente, algo así como un gran centro de ocio basado en casinos con varios espacios diferenciados por ambientes de distintas partes del mundo y para cuya implantación se dispone de unos terrenos adyacentes a PortAventura y de una empresa promotora que dice disponer de 4.500 millones de € y de contactos con terceros interesados. No parece mucho ni muy concreto. El propio President Mas lo dijo claramente en la presentación del acuerdo con el PSC para modificar la Ley del Parlament de Catalunya 2/1989, de 16 de febrero, sobre Centros Recreativos Turísticos CRT: precisó que se trataba de un acuerdo para hacer legalmente viable la implantación, no de otra cosa. Sin embargo, algunos crédulos alcaldes y hoteleros de la zona, ejercen como grupo de presión para garantizar la implantación y facilitan cifras increíblemente precisas de volumen de beneficios económicos y de creación de puestos de trabajo directos e indirectos que se van a generar, cifras que como siempre los medios de comunicación divulgan en titulares sin preguntar lo más mínimo sobre la metodología de los cálculos.

Por otra parte, el líder de la empresa promotora, atendiendo a su trayectoria como actor relativamente destacado de la reciente burbuja inmobiliaria y con actuaciones controvertidas y judializadas tanto aquí como en Latinoamérica, obliga a preguntarse i no estaremos ante un nuevo “empresario modelo” como piedra angular del proyecto.

Pero hay más. Si como hemos visto, una potente y tecnificada maquinaria empresarial como WDC comete errores de diseño y de previsiones al abordar proyectos de gran envergadura, ¿podemos confiar en las evaluaciones y criterios de estamentos y personas bastante menos cualificadas y expertas para ello?

En otro sentido, conviene recordar que la aún vigente ley citada, posibilita la expropiación de terrenos para construir los dos CRT.

Seguramente conviene explicar que un CRT es, según la Ley de 1989 un parque temático con unos mínimos de extensión, inversión y atracciones de alta tecnología necesariamente acompañados de campos de golf, zonas hoteleras y residenciales, es decir excluía toda posibilidad de implantación de parques temáticos (salvo muy pequeños) sin estos aditivos. Uno de los mensajes lanzados por AB al retirarse del proyecto fue que ellos pretendían hacer tan solo un parque temático, no urbanizaciones y que estaban dispuestos a comprar los terrenos sin necesidad del beneficio de la expropiación, dando con ello pié a muchas especulaciones sobre quiénes eran los potenciales beneficiarios de las plus valías de los terrenos de Vilaseca y Salou expropiados para implantar el CRT.

El caso es que, efectivamente, se expropiaron las 800 hectáreas para construir el CRT donde está ubicado PortAventura, no sin un largo y duro conflicto con la mayoría de los antiguos propietarios. Y conviene recordarlo porque este no es ni mucho menos un dato irrelevante. En toda expropiación la medida se ampara en el concepto de interés general y el suelo obtenido es precisamente para ser usado en las finalidades concretas aducidas como justificación de dicho interés general, en este caso los usos previstos en un CRT tal como lo define la Ley. Hay que tener presente que no se trata de una recalificación ordinaria de suelo ordinario sino de suelo expropiado. La pregunta surge inmediatamente: ¿Es posible aplicar ahora otros usos a este suelo sin riesgo de incurrir en una ilegalidad por no haberse ejecutado los usos previstos y por cambiarlos ahora por otros, abriendo la posibilidad de un eventual resurgimiento del conflicto planteado por los expropiados o sus herederos?

Y finalmente, una última pregunta, tal vez algo retórica pero no carente de sentido. ¿No estaremos confundiendo la evidente y saludable compatibilidad entre industria y oferta de ocio con el deslizamiento involuntario pero no por ello menos peligroso de convertir Cataluña en un parque temático turístico?

En este enlace puedes consultar algunas notas complementarias propuestas por el autor