“Todos sabemos qué hacer para votar un representante, pero si estamos a disgusto con él, muy pocos saben cuáles serían los mecanismos que el ciudadano podría poner a funcionar para intentar cambiar eso”. El problema, como muestra este extracto extraído de un grupo de discusión entre simpatizantes de partidos de izquierda, tiene que ver con la organización del sistema político. Para la mayoría de la gente, los sentimientos negativos que inundan sus conservaciones sobre el sistema político tienen que ver con el modo en que los políticos se organizan. La imagen que se extrae de esa organización es una en la que nadie puede entrar. “Es un sistema político por y para los políticos, el sistema es hermético”, dicen expresamente en un grupo de personas de clase media alta. Para uno de los participantes, simpatizante del partido popular, los partidos “funcionan como una secta”.

Tenemos elecciones próximamente y los partidos han diseñado sus listas electorales de la peor forma posible desde el punto de vista de la gente. A diestro y siniestro, se piensa que el gran problema de la desconexión entre la política y la sociedad es la forma en que los partidos confeccionan sus listas: “El problema empieza con la lista electoral, que son diseñadas por el jefe. Ser político depende de tu obediencia al líder del partido. Esto es despotismo político, pero no por los partidos, sino por la gente que hay en ellos”. Esto lo decía un participante en un grupo de discusión formado entre simpatizantes de los partidos de izquierda en el año 2011. Pero es algo que se repite constantemente en una investigación que ha repetido los mismos ocho grupos de discusión (por toda España) en tres momentos distintos: marzo del 2011; marzo del 2012; y febrero del 2015.

La forma en que estas últimas semanas hemos visto como el PSOE imponía desde Madrid la lista electoral, o como el PP hacía lo propio con las suyas, todos ellos relegando de las listas a personas menos afines a las estrategias de sus líderes, genera entre la ciudadanía una imagen de lealtad, que les hace pensar que los diputados elegidos están más pendientes de preservar su puesto y, en consecuencia, se inclinan antes a obedecer a sus superiores, que a buscar alternativas políticas a los problemas que experimentamos. Alrededor de los partidos y cómo se organizan los políticos en ellos se condensan muchas metáforas sobre la vida política para la gente.

La imagen que tiene la ciudadanía de los partidos se acerca mucho a la que en los años noventa popularizaron Katz y Mair bajo la hipótesis del ‘cartel party’. El partido cartel fomenta la reproducción de las élites políticas como un grupo social aparte. Esta gramática del “cartel” los hace, a ojos de la ciudadanía, incapaces de realizar su tarea principal, es decir, ocuparse de los asuntos colectivos. La imagen alienta a los participantes a desacreditar a la clase política en general y alimenta la ira contra la política, porque si están ocupados con sus asuntos y sus guerras particulares, desconectan la política del “mundo de la vida cotidiana”, o sea, de las necesidades de la gente. Es esta imagen la que se tiene en la cabeza cada vez que se habla de los partidos, porque es eso lo que para la mayoría alienta una estrategia política que busca más la confrontación con el otro, el uso de descalificativos para desacreditar constantemente las propuestas del otro, en lugar de pensar la política como algo complejo que requiere menos perdedores y más acuerdos. La gente quiere otro espectáculo.

Y no hablamos solo de los partidos tradicionales. Los nuevos, los que venían a renovar la vida de los partidos y en general la democracia, han sido incapaces de mostrar ante el público una organización distinta. Ya son famosas las cuitas que se producen constantemente en el seno de Podemos a razón de las listas. Y recientemente se ha destapado la manipulación en las primarias de la candidatura de Ciudadanos en Castilla y León. Hemos pasado en unos años del sueño de una regeneración democrática, a colocarnos de nuevo en la casilla de salida. Los partidos puede que piensen que bastaba con hacer primarias. El problema es que ahora esos líderes elegidos por los militantes se arrojan un poder omnívoro para confeccionar unas listas a su gusto.

Se justifican en la necesidad de establecer una estrategia política unívoca en un futuro Parlamento, para que no haya desavenencias, ni, por tanto, desacuerdos respecto a la acción política parlamentaria. Aunque pueda haber argumentos en favor de esa ideas, la lectura que hace buena parte de la población es que así se renuncia a la democratización interna y, sobre todo, a enfocar la actividad política a llegar a acuerdos para solucionar los problemas.

Cuando pensemos en el descrédito de los partidos, no hay que olvidar que para muchas personas éste tiene fundamentos. No es sólo incomprensión de la complejidad, es cómo se organizan. Mientras lo que más se vea sean sus guerras por alcanzar un puesto de salida en las elecciones, será muy difícil hacer pensar a la gente que la política es algo que incumbe a todos. La desazón que muchos sienten cuando se pregunta por el funcionamiento de la política se resume en esas relaciones de lealtad con las que la mayoría describe el funcionamiento de los partidos. Es una imagen que atraviesa los diálogos al hablar sobre la política, sean de derechas o de izquierdas, tengan más o menos recursos. Porque ese funcionamiento es el que para la mayoría impide efectivamente hacer otra política, pensar otra forma de relacionarnos, que implicaría siempre hablar de los problemas sin hacerlo a través de lealtades que poco tienen que ver con encontrar soluciones a problemas colectivos.

Este post se basa en las investigaciones realizadas por Ernesto Ganuza y Joan Font, publicadas recientemente en ¿Por qué la gente odia la política?, Madrid: Catarata (2018)

Semana de formación de gobierno. Vaivén de nombres y criterios. Representación de territorios, géneros, corrientes ideológicas,…. Uno de los debates importantes que se produce también en estos casos, y que también ha sobrevolado los acontecimientos de estos días, ha sido el de si los nombramientos debían recaer en personas con conocimientos y experiencia profesional en los ámbitos en los que van a trabajar. En resumen, ministros políticos o ministros técnicos. Un debate concreto que ilustra un dilema social más amplio: ¿qué papel queremos reservar a l@s expert@s, sus conocimientos y sus criterios en nuestro proceso de toma de decisiones? Este es uno de los temas que abordamos en nuestro libro ¿Por qué la gente odia la política? y sobre el que podemos destacar tres grandes conclusiones.

L@s expert@s, nos ponen. La primera reacción cuando preguntamos a la gente por el papel que deberían jugar l@s expert@s en las decisiones políticas es siempre positiva. Por ejemplo, si ponemos por delante dos frases como dar mucho protagonismo a “expertos independientes y no a los políticos o la gente”, frente a “dejar que los gobernantes tomen las decisiones”, la primera siempre recoge un nivel de apoyo mayor. L@s expert@s tienen un atractivo singular porque mucha gente percibe que tienen justo aquello que les reclaman a l@s polític@s: preparación  técnica y capacidad de guiarse por criterios objetivos antes que por lealtades partidistas. Y aunque parte de este atractivo se da en muchos otros países, este es muy especialmente destacado en el caso español, con niveles de apoyo a esa idea muy por encima de los que encontramos en otros países (como se muestra, por ejemplo, aquí)

Preferimos que l@s expert@s opinen y se les escuche, pero que no sean ell@s quienes gobiernen directamente. Efectivamente, cuando profundizamos un poco más, las opiniones mayoritarias de la ciudadanía empiezan a matizarse. Por ejemplo, si ya enfrentamos la toma de decisiones políticas importantes contra nuestro principal mecanismo de toma de decisiones colectivas, las elecciones, estas ganan la batalla, como muestra el gráfico 1. Y no sólo las elecciones, otros mecanismos de toma de decisiones participativas tienen un atractivo parecido.

Esto es aún más claro, si introducimos en el debate la distinción crucial para muchas personas: l@s expert@s deben ser escuchados, pero no deben decidir. En cuanto esta opción aparece en la discusión, recoge el apoyo muy mayoritario de la población. La simpatía que existe hacia que tengan un rol importante a la hora de hacer propuestas y proponer soluciones concretas y hacia una escucha activa a las personas expertas está ahí, pero deben ser quienes han sido elegidos por la ciudadanía quienes acaben tomando las decisiones.

En todo caso, l@s expert@s tienen su club de fans particular: los más mayores, los votantes de Ciudadanos y las personas que prefieren que la ciudadanía intervenga poco en política son los grupos que más claramente confían en ellos. El gráfico 2 recoge las dos respuestas extremas a la pregunta sobre el rol deseable de l@s expert@s: el apoyo a que sean ellos quienes tomen las decisiones (en la parte de las columnas en color claro) y la reticencia profunda hacia sus ideas (en color negro), obviando la categoría intermedia mayoritaria de quienes quieren escucharles pero no dejarles decidir. Mientras quienes tienen más de 74 años, votaron a Ciudadanos y prefieren más protagonismo de los políticos que de la ciudadanía, son más pro-expertos, l@s votantes de IU o las personas en paro son quienes se muestran más recelosos hacia su protagonismo en los procesos políticos.

Los análisis más sofisticados apuntan en la misma dirección. Tanto nuestros propios datos como los de otros analistas (por ejemplo, aquí) sugieren que incluso cuando tenemos en cuenta simultáneamente el efecto de todas las variables, el apoyo a un mayor protagonismo de l@s expert@s tiene que ver con tres grandes elementos: la confianza que el ciudadano tiene en las cualidades técnicas de estas personas, el deseo porque la gente corriente no tenga que participar cotidianamente en las decisiones políticas y la variable quizás aparentemente más sorprendente, pero que avala los análisis previos hechos en este blog (aquí y aquí), que muestran claramente la apuesta tecnocrática con la que muchos votantes asocian a este partido y que les contraponen a la apuesta participativa que se asocia a Unidos Podemos.

Todos hemos visto esas imágenes de tortugas atrapadas entre los aros de plástico que mantienen unidas las latas de cerveza en nuestro frigorífico. Y también esas otras en las que grandes bloques de hielo se deshacen como azucarillos en las aguas de los polos, cada vez más cálidas. Por eso, si una periodista o un encuestador nos pregunta con qué frecuencia reciclamos, es muy probable que respondamos que lo hacemos siempre y con todos los tipos de residuos aunque no sea del todo cierto. Porque a estas alturas pasar del medio ambiente no está bonito.

Tener muchas parejas es algo que está más o menos bonito según seas hombre o mujer. Por eso en las encuestas de hábitos sexuales las mujeres tienden a declarar un número menor de parejas de las que realmente tuvieron. Todo lo contrario de lo que hacen los hombres, que parece ser que en esto hacen como en el parchís: que se comen una y cuentan veinte.

A esta tendencia de los seres humanos a tratar de presentarnos ante los demás bajo una luz favorable se le denomina deseabilidad social y es la razón por la que conductas o actitudes que tienen una connotación mayoritariamente negativa como consumir drogas, no llevar puesto el cinturón de seguridad o mostrar actitudes racistas son subestimadas sistemáticamente en las encuestas. Y es la razón también por la que comportamientos que son percibidos positivamente como votar en las elecciones o donar a organizaciones sin ánimo de lucro obtienen muchos mejores resultados en las encuestas de lo que muestran las cifras reales.

Todo apunta a que la deseabilidad social ha jugado un papel importante en los recientes y sonados fracasos de las encuestas en los referéndum del Brexit y sobre el acuerdo de paz en Colombia y en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses, en las que Donald Trump venció a Hillary Clinton contra la mayoría de los pronósticos.

Brexit, Colombia y Trump

En el caso del Brexit, muchas encuestas subestimaron el voto de quienes querían que el Reino Unido saliera de la UE. La campaña ganadora había focalizado su mensaje en la necesidad de que el país recuperara el control sobre sus fronteras para frenar la inmigración. Un mensaje que llegó a adquirir marcados tintes racistas de la mano de alguno de sus principales defensores. El asesinato de la diputada laborista Jo Cox, que defendía la permanencia en la UE, a manos de un nacionalista de extrema derecha vino a cerrar el círculo de una campaña agria y que había generado un clima de fuerte polarización: en la mayor parte de los entornos votar a favor de la salida no era la elección más bonita. El hecho de que las encuestas online, que al no tener entrevistador presenta menos problemas de deseabilidad social, pronosticaran correctamente el resultado final y el aumento aparente de la intención de voto a favor de la permanencia tras el asesinato de Jo Cox son algunos indicios que apuntan a la existencia de este voto oculto a la opción de salir de la UE.

Algo similar ha podido ocurrir en el caso del Plebiscito por la Paz en Colombia por el que los ciudadanos fueron llamados el pasado 2 de octubre a ratificar un acuerdo, alcanzado entre el gobierno del país y las FARC, que ponía fin a 52 años de conflicto armado. Las encuestas habían pronosticado la victoria del “Sí” sobre el “No”, con una ventaja que oscilaba entre los 15 y los 40 puntos. Ganó el “No” con el 50,2% de los votos frente al 49,8% del “Sí”, en una votación en la que se abstuvo el 60% de la población. Esta era la pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Con esta pregunta, le dejamos decidir al lector cuál era en este caso la respuesta bonita.

Por último, la polémica personalidad de Donald Trump, con una larga lista de comentarios sexistas y racistas en su haber, unida a algunos datos de las encuestas como el mayor porcentaje de indecisos en esta ocasión en comparación con las elecciones de 2012 (15% vs. 5% de media) o sus mejores resultados en las encuestas por internet, ha alimentado la hipótesis de la existencia de votantes tímidos que habrían ocultado en las encuestas su intención de votar por este candidato. También en este caso, la deseabilidad social es uno de los posibles factores que explicaría el shock que produjeron los resultados electorales entre quienes esperaban levantarse celebrando la primera presidencia femenina en la historia de los EEUU.

Para conocer cuál es la explicación definitiva de este último fallo habrá que esperar a la próxima primavera, cuando se publique el informe que la Asociación Americana para la Investigación de la Opinión Pública (AAPOR) ha encargado a un comité de expertos en la materia. Mientras tanto, si le interesa seguir profundizando en el tema, le invitamos a acompañarnos en el ciclo de conferencias “Encuestas de Opinión: Guía de uso para usuarios y consumidores críticos”, organizadas por el CSIC y el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de la Ciencia en Sevilla entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Abiertas a toda la ciudadanía, les esperamos.

Una de las principales razones por las que las encuestas tienen dificultades a la hora de pronosticar resultados electorales pasa por saber quién va a ir a votar. Por supuesto, las encuestas suelen preguntar también por ello, pero nuestras respuestas a esa pregunta son tan ciertas como las que daríamos a la pregunta de si el domingo iremos a comer a casa de mamá, si el jueves iremos a clase de yoga o si vamos a ver el partido de cuartos de final de España en la Eurocopa.

Es decir, algunos no se van a perder seguro esas actividades porque son su prioridad absoluta y no faltan nunca a la cita; otras no tienen ninguna duda de que no les interesan y que por tanto no irán, pero hay mucha gente que tiene cierto interés por ellas pero terminará decidiendo si va o no va un rato antes, en función de planes alternativos, menús, cuñados asistentes y cansancios o resacas.

La segunda dificultad parte de que estas personas normalmente no van a contarle su vida a la entrevistadora, poniéndole por delante todas esas dudas y consideraciones. Sus opciones pueden ir por dos caminos: o tiran mentalmente la moneda al aire y responden sí o no a la pregunta de si van a ir a votar, mitad al azar, mitad en función de lo que han hecho otras veces; o bien, miran a la entrevistadora, piensan “¿qué espera esta chica que yo le diga?” y optan por la respuesta socialmente más aceptable, el sí.

¿Qué puede hacer ante esta situación el analista que tiene la encuesta delante? Para empezar, si ha sido previsor y el contexto se lo ha permitido, habrá hecho alguna otra pregunta adicional que le permita tratar de pronosticar si la persona entrevistada votará realmente. Lo más habitual es que, dado que el “no iré a votar” es la respuesta más difícil en un contexto de cierta presión social favorable al voto (algo menos extendida entre jóvenes y que por tanto podría no aparecer en un contexto de entrevistado y entrevistadora jóvenes), tomemos esa respuesta como una verdad definitiva.

Predecir el comportamiento

Por el contrario, con las personas que han dicho que votarán (si tenemos alguna pregunta complementaria en la que basarnos) y, sin duda con aquellos que explicitan su duda de si van a ir a votar, toca iniciar el proceso de tratar de pronosticar su comportamiento. ¿Fue a comer a casa de mamá el pasado domingo? ¿Cuánto le interesa el yoga de 0 a 10? ¿No pudo dormir cuando eliminaron a España del mundial? Las respuestas a estas preguntas podían ayudarnos a saber qué hará dentro de unos días, aunque ni el propio entrevistado sepa hoy si irá a votar.

Un experimento reciente desarrollado en colaboración entre el IESA-CSIC y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha permitido medir ese componente de deseabilidad social de la participación y tratar de acercarnos a maneras más precisas de poder medir la abstención, aunque sea en este caso en encuestas post-electorales. Le preguntamos a los entrevistados por su voto en las elecciones generales de 2011. A una parte de la muestra les hicimos la pregunta habitual: enunciado breve y respuesta afirmativa y negativa al mismo nivel. Por el contrario, a otra parte, les ofrecíamos un enunciado que legitimaba la abstención, dejando muy claro que es un comportamiento muy habitual y a la vez les ofrecía varias maneras de poder decir que a veces votan y que solo esta vez no lo hicieron. Mientras que en el primer formato de pregunta solo un 22% reconoció no haber votado (28% fue la cifra real), la cifra creció hasta un 30% con la segunda.

En definitiva, los abstencionistas están ahí y tenemos que seguir trabajando para encontrar las maneras de captarlos y predecir su comportamiento de la forma más fidedigna posible. Aunque tú no sepas lo que vas a hacer este domingo, los expertos en encuestas van a seguir estrujándose los sesos a ver si pueden adivinarte, tratando de hacer algo que quizás va más allá de sus posibilidades, predecir el futuro.

La participación ciudadana está de moda. En los últimos años, realidades como el 15-M, las Mareas y otros movimientos ciudadanos han puesto el foco sobre los procesos de participación política. La llegada de algunas de esas candidaturas a los gobiernos municipales ha dado nueva visibilidad a los espacios de participación ciudadana que llevan desarrollando los ayuntamientos españoles desde hace algunas décadas.

Pero ¿sirven de algo todos estos procesos? Poco se ha hecho hasta ahora por analizar de manera sistemática su impacto real sobre el diseño de políticas públicas. ¿Qué ocurre con las propuestas que surgen de estos procesos? ¿Se llevan a la práctica? ¿Por qué unas propuestas se adoptan y otras no?

Para responder a estas preguntas, un grupo de científicos de varios países dirigidos desde el IESA (CSIC) han analizado 571 propuestas surgidas de 39 procesos participativos locales desarrollados en Andalucía, Cataluña y Madrid entre el 2007 y el 2011.

Una Administración que ejecuta pero no explica

Para sorpresa de los más escépticos (equipo de investigación incluido) los datos nos dicen que la mayoría de las propuestas aprobadas son implementadas de manera efectiva. Eso sí, apenas dos quintas partes de las propuestas se ponen en marcha sin sufrir cambio alguno.

Como contrapartida, la cultura de las explicaciones y la rendición de cuentas sigue siendo algo ajeno a nosotros: las autoridades parecen poco dispuestas a dar explicaciones públicas cuando las propuestas se rechazan o sufren algún cambio. Menos de la mitad de los rechazos y modificaciones fueron acompañados por una explicación a la ciudadanía por parte de los ayuntamientos.

¿Por qué unas sí y otras no?

En la inmensa mayoría de los 39 procesos analizados lo que nos encontramos es que algunas de las propuestas se han ejecutado y otras no. Algo que ya nos da una pista importante de por dónde pueden ir las explicaciones: se trata menos de gobernantes buenos versus malvados o de procesos efectivos contra otros ninguneados. Más bien, el escenario más frecuente es el de la aprobación selectiva de propuestas, la ejecución completa y sin cambios de algunas, la parcial de otras y el rechazo o el abandono del resto. ¿Y qué explica que una propuesta caiga en un saco o en otro? Hay, al menos, tres factores importantes: su coste (mayor ejecución de las menos costosas), el nivel de apoyo y simpatía con que cuentan entre técnicos y políticos municipales y su carácter poco rompedor, que también facilita su aprobación.

Aunque la propuesta sea lo más importante, tampoco es cierto que todos los procesos sean iguales: aquellos que se han desarrollado más cuidadosamente, con más espacios para la información y la deliberación, presentan mayores tasas de ejecución. Y eso se visibiliza también en que los procesos de presupuesto participativo (más pensados para adoptar políticas concretas que otros) también tengan mayores niveles de ejecución. A nivel geográfico, las diferencias no son extremadamente grandes, aunque sí se percibe un nivel de implementación algo mayor en Cataluña y algo menor en Madrid.

El panorama, pues, no es desolador. Gran parte de la participación sirve y tiene un efecto práctico. A la vez, no podemos ser ingenuos: las administraciones locales no adoptan todas las propuestas y eligen aquellas que más les gustan y menos les cuestan. Parecen tratar los resultados de los procesos participativos como si fueran nuestras cartas a los Reyes y Reinas Magas: “Tú pide, que algo te caerá. Pero será lo que nosotros elijamos. Y, por supuesto, no te vamos a contar por qué lo hemos elegido, que para algo somos Reyes”.

Más información disponible en el blog del proyecto

El Partido Popular empieza a quedarse solo en su negativa a abrir el debate sobre la reforma constitucional. El debate reciente gira en torno a si es el momento apropiado, a si podrían alcanzarse los acuerdos necesarios o, sobre todo, a cuáles son los contenidos a renovar, incluyendo si deben hacerse reformas muy parciales o pensar un esqueleto constitucional muy diferente.

Por el contrario, casi nadie ha explicitado como imagina ese proceso. Quizás hay unos que imaginan a los Miguel Herrero, Solé Tura y compañía del 2014, negociando y pactando en secreto en algún Parador. Seguramente otros vislumbran un amplio debate social reproducido en miles de círculos por todo el país. Pero la discusión sobre cómo debería desarrollarse ese proceso apenas se ha puesto encima de la mesa. Y, seguramente, las dos fórmulas que acabamos de caricaturizar (la que tendrían en su cabeza los defensores del régimen del 78 y el defendido por los partidarios  de crear algo nuevo) sean igual de poco factibles en el contexto actual.

En todo caso, la experiencia reciente  de otros países nos aporta algunas ideas y modelos de cómo puede abordarse un proceso de reformas institucionales (más o menos profundas) que nos permiten enriquecer los imaginarios colectivos sobre cómo podría desarrollarse un debate de este tipo.

Por ejemplo, la experiencia islandesa ha formado parte de las referencias de la izquierda que imagina un proceso constituyente, con una asamblea encargada de elaborar un nuevo texto constitucional, elegida directamente por la ciudadanía y sin presencia directa de los partidos. En su haber, la capacidad de ilusionar, de elaborar un nuevo texto constitucional innovador y que fue aprobado en referéndum con una clara mayoría. En su debe, la dificultad de importar el modelo al caso español (la población de Islandia es comparable a la de dos distritos de Madrid, sin fueros, nacionalidades históricas, ni cuatro niveles de gobierno a contemplar, por citar sólo algunos ejemplos). Además, si en un escenario poco partitocrático como el islandés, los partidos políticos fueron capaces de terminar paralizando un proceso que había conseguido un nivel de legitimidad ciudadana considerable, parece muy difícil imaginar que la historia pudiera ser muy diferente en el caso español.

Otra fórmula diferente sería la deliberativa, protagonizada por algún tipo de asamblea ciudadana elegida por sorteo, como las utilizadas para proponer reformas electorales en Holanda o en Ontario. En estos casos, el protagonismo recayó exclusivamente en personas elegidas al azar que, tras un largo proceso de información y deliberación, terminaron proponiendo un nuevo modelo. Aunque se trate de procesos que han sido muy alabados por la calidad del debate y por el interés de las propuestas, lo cierto es que ninguna de sus propuestas ha terminado siendo adoptada, a veces por menosprecio por parte de los partidos gobernantes y en otros porque la fórmula propuesta no logró apoyos suficientes en los referéndums que debían aprobar y legitimar el trabajo de esas instancias deliberativas. Pensando en el caso español, seguramente sea una fórmula interesante para abordar algún tema concreto (desde el encaje europeo a la financiación autonómica), aunque difícilmente sirva para construir un nuevo cuerpo constitucional completo dada la excesiva complejidad de la tarea.

También podría buscarse inspiración en las islas británicas, donde se han utilizado un conjunto de fórmulas innovadoras en las últimas décadas. Por ejemplo, el modelo escocés de principios de los años 90, basado en representantes de organizaciones de la sociedad civil, que trabajaron conjuntamente con representantes de los partidos políticos. Aunque probablemente se trate de un modelo poco adecuado para un país con una sociedad civil organizada relativamente débil como el nuestro, donde la presencia de estos grupos añadiría complejidad al proceso sin aportarle mucha mayor legitimación ciudadana. O, la convención constitucional irlandesa de los últimos años, que está trabajando con una fórmula mixta, donde la mayoría de sus miembros son ciudadanos elegidos al azar como en los ejemplos antes citados, pero combinados con un tercio de representantes nombrados por los partidos políticos. De nuevo, Irlanda y España pueden ser muy diferentes y el proceso irlandés aún no ha concluido para poder hacer una evaluación definitiva del mismo, pero el balance provisional es prometedor y sugiere que un proceso con protagonismo mixto (con los mecanismos adecuados para evitar el predominio excesivo de los políticos profesionales en el mismo) puede combinar y aportar frescura y visiones apartidistas y, a la vez, lograr un resultado que los partidos no vayan a menospreciar por haber estado ausentes del mismo.

Podría ser que ninguno de estos modelos sirviera para el caso español, donde la plurinacionalidad y el fortísimo componente de desafección ciudadana existente en estos momentos (hacia los partidos y los políticos en general en todo el país, hacia la propia idea de un estado español en Cataluña y el País Vasco) dificultan enormemente cualquier proceso de construcción de nuevos acuerdos. Pero lo que es seguro es que ninguna de estas dificultades es un buen argumento para negar la creciente demanda social de cambios institucionales profundos. La experiencia comparada, aunque no incluya ningún modelo perfecto fácilmente imitable, nos puede aportar muchos ejemplos de los que podemos aprender y que pueden servir cómo inspiración para crear una vía propia de debate y construcción de una nueva institucionalidad democrática, adaptada a los retos y demandas de la sociedad actual.

Porque el contenido de esa reforma constitucional importa, pero que el proceso a través del cual se realice la misma sea percibido como lo suficiente incluyente y permeable a la voz de la ciudadanía para ser considerado legítimo, también. Y, sin duda, la sociedad española y sus expectativas al respecto, son muy diferentes a las de 1978.

Se suele poner todo el énfasis en las causas negativas de la irrupción de Podemos: la crisis económica y social combinada con un creciente malestar con la clase política tradicional. Sin embargo, esta nueva formación está generando una ilusión que probablemente incluye también una dimensión más propositiva. Aquí defendemos que uno de los pilares de su éxito consiste en su apoyo a una democracia más participativa, que entronca directamente con la convocatoria por una “¡Democracia Real Ya!” que dio origen al movimiento 15M.

Un estudio del CIS realizado solo unos meses antes de que el 15M irrumpiera en las plazas indagaba en las preferencias ciudadanas hacia la forma en que se toman las decisiones políticas. El gráfico 1 muestra que prácticamente toda la ciudadanía considera que los políticos “toman todas las decisiones”. En contraste, el deseo mayoritario es que las decisiones tomadas directamente por la ciudadanía y por los políticos deberían convivir. Es decir, la ciudadanía percibe un déficit participativo, un desfase importante entre cómo se considera que funciona la realidad política y lo que se desea.

Gráfico 1. Procesos políticos deseados y percibidos en España

En nuestro estudio a partir de estos datos señalamos que estas preferencias habían sido casi irrelevantes a nivel electoral hasta el momento. Esto podría deberse a que se tratara de una preferencia ciudadana poco intensa, incapaz de encontrar su sitio entre el conjunto de razones que nos llevan a preferir a uno u otro partido, o a que no existiera una fuerza política capaz de vehicular esa demanda ciudadana.

El gráfico 2 nos muestra el desajuste que existía entre oferta política y demanda ciudadana, al menos si aceptáramos que esta pregunta reflejaba realmente un fuerte deseo de la ciudadanía. Así, el gráfico nos muestra dónde se ubica la ciudadanía y los principales partidos políticos existentes en ese momento en la escala izquierda-derecha (eje horizontal) y en la escala de cómo quiere la ciudadanía que se tomen las decisiones (eje vertical). La mitad inferior del gráfico, donde se ubicaba el ciudadano o ciudadana media, estaba huérfana de partidos. IU era el partido que más se acercaba a las preferencias ciudadanas sobre el proceso de toma de decisiones, pero seguía estando bastante alejado, a la vez que era percibido como un partido con un perfil demasiado izquierdista para muchos votantes.

Gráfico 2. Ubicación de los principales partidos y autoubicación de la ciudadanía (según ideología y procesos de toma de decisiones deseados)

No tenemos datos para saber dónde sitúa la ciudadanía a Podemos en esta escala, pero todo parece indicar que se percibe como una opción más participativa que el resto. A su vez, como apunta José Fernández-Albertos, Podemos es “camaleónico” a nivel ideológico, está menos encorsetado en el eje izquierda-derecha que los demás partidos de izquierda (es percibido como muy de izquierda por las personas muy de izquierdas pero como más moderado por las más moderadas). Por lo tanto, la combinación de los dos ejes anteriores resultaría muy provechosa a nivel electoral para Podemos.

Hay varias razones para esperar que Podemos se perciba como más “participativa” que el resto de candidaturas. A nivel discursivo, las referencias a la participación ciudadana quedan patentes desde la presentación del programa básico de Podemos (donde se define como un “método para el protagonismo popular y ciudadano”), hasta prácticamente cualquier comunicado o presentación pública, donde los sinónimos de participación son una constante. A nivel práctico, esta nueva formación ha apelado a la participación ciudadana desde sus inicios mediante todo tipo de herramientas: la petición de 50.000 firmas para su lanzamiento, su estructuración en círculos abiertos, las primarias abiertas, la elaboración colaborativa del programa electoral, las Ruedas de Masas donde las personas más visibles del proyecto responden a preguntas o la deliberación decisoria mediante la aplicación Appgree, entre otras iniciativas, son algunos ejemplos de estas prácticas.

A su vez, los perfiles de la ciudadanía más participativa y de la gente que se identifica con Podemos corroboran la hipótesis de que esta formación ha conectado con los deseos de mayor participación en la toma de decisiones políticas. El estudio citado del CIS muestra que quienes prefieren procesos donde sea la ciudadanía quien tome las decisiones son las personas más jóvenes, con estudios superiores, de izquierdas o abstencionistas y con ingresos bajos. Este es prácticamente el perfil de quienes más votan por Podemos, como muestran los datos analizados por Jorge Galindo.

A falta de datos que nos permitan corroborarlo con mayor certeza, todo parece indicar que la reivindicación de una democracia más participativa representa un eje clave en la identificación de muchas personas con Podemos. Por supuesto, no se trata de la única razón, ni quizá sea la más importante. Pero esa recuperación del espíritu del 15M, que combinó un rechazo a una situación económica y política con unas prácticas basadas en la democracia deliberativa, convierte a Podemos en una potencial herramienta para que las decisiones políticas no sean tomadas exclusivamente por los políticos y los banqueros.

Las encuestas son una de las herramientas que los científicos sociales usamos para describir la realidad.

A veces, una encuesta bien diseñada nos permite no solo describir sino también comprender algún fenómeno social novedoso. Por ejemplo, el IESA hizo una encuesta postelectoral tras las municipales de 2011 que permitió entender la pequeña revolución electoral que se produjo en Córdoba, con la emergencia de una candidatura populista como segunda fuerza política y el hundimiento de IU. En una línea parecida, las encuestas postelectorales del CIS permiten alimentar esta interesante colección de libros que nos ayuda a entender mejor las dinámicas que operan a la hora de orientar el voto en las principales elecciones españolas.

En tanto que “fotografías” de la realidad, las encuestas nos permiten conocer mejor una sociedad en un momento determinado. Aunque raramente una encuesta predice el futuro, hay situaciones excepcionales en que ese milagro se produce. Por ejemplo, las encuestas mundiales de Inglehart en los 70 hicieron visible una nueva preocupación (que él llamó “postmaterialista”) y que desembocaría en un cambio real poco después: la aparición de los partidos verdes, que ofrecieron un discurso vinculado a esa demanda no cubierta y que se consolidaron como parte de la representación parlamentaria estable en muchos países.

Una encuesta de 2011 podría también anticipar algo de lo que está ocurriendo con las candidaturas presentadas a las europeas. De hecho, esta encuesta ya permitía captar la demanda de “democracia real ya” que reflejó el movimiento 15M que estallaría pocos meses después. Si el “mercado electoral” español se pareciese al diagnóstico que apuntábamos analizando dicha encuesta en este post, habría un importante desajuste entre oferta y demanda electoral. Además del clásico eje izquierda-derecha, incorporamos otro eje que pretende captar quién se desea que tome las decisiones políticas: los políticos o la ciudadanía. Como refleja el gráfico, la mayoría de la población reclama un sistema con más voz para la ciudadanía y ninguno de los partidos existentes parece recoger de forma suficientemente clara esta aspiración. La aparición reciente de nuevas ofertas electorales (Podemos, Partido X, Equo, Ciudadanos…) que, con todas sus diferencias, comparten la idea de incorporar elecciones primarias y renovar la vida política, sería un intento de cubrir ese desajuste, de dar respuesta a esa demanda electoral insatisfecha.

Probablemente en mayo veamos que los mercados no son muchas veces lo que parecen. Entonces, nuevas encuestas podrán ayudarnos a analizar si el “no nos representan” que popularizó el 15M –y que se plasma en ese eje de quién queremos que tome las decisiones– se traduce en apoyo a nuevas candidaturas, abstención electoral o en incrementos de voto a alguno de los partidos tradicionales.