La noche del 3 de agosto pasado se capturó el barco pesquero Fu Yuan Yu Leng 999. En el interior de esta embarcación estaban embodegadas 300 toneladas de pesca, fundamentalmente tiburones: más de seis mil ejemplares, adultos y neonatos, de tiburones Zorr, Silky y del protegido -y espectacular- tiburón martillo. En sacos de yute se hallaron también aletas de tiburón, obtenidas presuntamente por la abominable práctica conocida como ‘finning’: una vez capturado el tiburón, se corta su aleta en vivo y se devuelve el animal al mar, donde morirá. Cada año 73 millones de tiburones mueren para que 73 millones de aletas, a más de 500 dólares el kilo, lleguen al mercado mundial. China es el principal consumidor, debido al famoso plato de sopa de aleta de tiburón -reservado a un estatus económico muy alto- que puede llegar a costar 150 dólares. 

El barco en cuestión fue encontrado en un lugar donde las corrientes de agua son corrientes de vida, ricas en nutrientes y que -según el biólogo Eduardo Espinoza- «convierten la zona en uno de los mayores surtidores naturales de peces del Pacífico». En concreto, en la Reserva Marina de las Islas Galápagos, Ecuador, donde habitan más de 500 especies de peces y entre ellas, más de 30 corresponden a tiburones; y donde la pesca industrial está prohibida. 

Detrás de esta constatación surgen realidades gravísimas para meditar en clave global.  Una gran flota pesquera china de unos 300 barcos estaría navegando en faenas de pesca alrededor de las Galápagos, agregando nuevas amenazas a esta maravilla de la naturaleza, conocidas también como Islas Encantadas, porque según decían quienes por primera vez describieron el archipiélago, «se trata de unas islas con la capacidad de aparecer y desaparecer». Junto a la pesca, el turismo de lujo -masivo y creciendo-, la introducción de especies foráneas y la inmigración desde el continente, hacen evidente la fragilidad de este complejo de islas de origen volcánico. Pero bien sabemos que no ocurre sólo en este enclave: las denuncias por pesca ilegal de la flota China se repiten en la pesca del bacalao en aguas de Argentina, en Chile por la pesca del atún y en muchos países africanos como Senegal, Guinea, Guinea-Bissau o Ghana.

Es importante anotar que el asedio llega de un país que va tomando el control de toda la economía de algunas naciones. Precisamente Ecuador es un caso extremo de dependencia con China. Ecuador tiene comprometidos -bajo la forma de ventas anticipadas- más de 500 millones de barriles de petróleo a China a entregarse hasta 2024, que los debe conceder a cambio de recursos financieros que el gigante asiático ha desembolsado al país. Para colmo, China no se registra como compradora oficial del petróleo ecuatoriano sino que lo revende a Estados Unidos y otros países, creándose la argucia contable de que, oficialmente, China absorba menos del 5% de exportaciones ecuatorianas. A nivel de importaciones, la dependencia con China es más clara, llegando a casi el 20% del total. Pero lo más dramático es que China –en un proceso iniciado en 2012- devino en el principal acreedor de este pequeño país andino: más de 8 mil millones de dólares de deuda, el 30% del total de deuda externa; así como las ya mencionadas ventas anticipadas de petróleo que ni siquiera son registradas como deuda por las estadísticas oficiales.  

A diferencia de EEUU que ejercía su dominación vía Consenso de Washington, China no busca conseguir el repago de sus créditos imponiendo medidas de austeridad económica, sino asegurándose el acceso a petróleo, minerales, y también pesca. Además, opera controlando que los recursos que presta se destinen a la contratación de empresas chinas, al punto que, muchas veces, los empréstitos nunca salen del gigante asiático. Sin duda la expansión China representa una nueva forma de imperialismo, más sofisticada pues no se ajusta a los parámetros clásicos del neoliberalismo. Incluso, no se presenta a primera vista como dominación política pero es más voraz pues exacerba el extractivismo de las periferias con mayor intensidad que en décadas pasadas, y más audaz, pues ni siquiera necesita programas de ajuste para garantizarse el retorno de sus préstamos.

Con la mayor población del planeta, China demanda 46% de todos los minerales extraídos en la Tierra. En tres años -2011, 2012, 2013- ha empleado 1,5 veces más cemento que lo utilizado por EEUU en todo el siglo XX. Y con su flota pesquera de más 2.600 embarcaciones, la mayor del mundo, está depredando los mares. Su capacidad de pesca es tal que –según la BBC- en una semana recoge tanto como los botes de Senegal en todo un año, un país que ha visto como se ha vaciado su mar, y la migración es la única opción. 

Así como en su momento la lucha contra el imperialismo norteamericano fue clave, hoy también lo es la lucha contra el imperialismo chino. Dentro de esa lucha, urge detener la depredación ambiental, tanto por soberanía como por la propia supervivencia humana. Un pequeño paso en ese sentido sería ampliar y garantizar la zona de exclusión para la pesca, englobando a Ecuador (y las Galápagos), Panamá, Colombia y Costa Rica . Pero, hay que profundizar en el debate pues ante este reciente y preocupante expolio del imperialismo chino, urge que las normativas nacionales e internacionales que regulan la pesca de nuestros mares (como la CONVEMAR, Convención de las Naciones Unidas para el Mar), prioricen la soberanía alimentaria, dando absoluto énfasis a una pesca local artesanal, sostenible y orientada a la alimentación popular y local. Lo que no entre en estos puntos debe vetarse, en cualquier milla marítima.

En Galápagos, lugar que nos ha enseñado tanto sobre la evolución y la complejidad de la vida, se hace evidente que vivimos en el Capitaloceno, como ya utilizan muchos pensadores, una era o época geológica donde un sistema económico desesperado por movilizar mercancías lo más rápido posible a cualquier distancia a fin de generar y acumular dividendos, está acabando con tiburones, abejas, gorriones, rinocerontes, paisajes y medios de vida. Está exterminando la Vida.

--

Alberto Acosta es economista ecuatoriano y  Gustavo Duch es coordinador de la revista Soberanía Alimentaria

En comedores de escuelas, hospitales o residencias de la tercera edad, te alimentan para el buen provecho del mismo banco de in­versiones responsable del hambre del siglo XXI

Extracto del libro No vamos a tragar (Libros del Lince), de Gustavo Duch, coordinador de la revista

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas

Muertes globales

Frente a la pantalla del ordenador, mientras toma su primer café, estudia los índices bursátiles. Las deudas soberanas europeas son poco fiables, la bolsa sigue en caída libre y el petróleo es demasia­do inestable, ha habido hallazgos inesperados. ¿Dónde invertir? Las curvas de los granos básicos están, a su gusto, demasiado planas.

Toma el teléfono y en segundos las agencias de prensa ofrecen nuevos titulares: graves sequías en países asiáticos; un informe de una agencia internacional alerta de un próximo déficit de alimen­tos en un planeta de siete mil millones de personas; se constata un importante aumento del consumo de carne; en Europa se estudia incrementar el uso de agrocombustibles...

Se anuda la corbata para salir del despacho a pocas calles de la central de la Bolsa de Chicago, y de reojo vuelve a mirar la panta­lla. Sonríe, la curva de los precios del grano apunta ya claramente hacia arriba.

La misma gráfica está ya en los ordenadores de todo el plane­ta. Se disparan las operaciones (y las operaciones conllevan dispa­ros). Fondos de inversión de Goldman Sachs compran tierras agrícolas en Indonesia, Camboya y Uruguay; Cargill y ADM deci­den retener grano en sus almacenes, pues en breve su precio se doblará, y en Argentina los terratenientes como José Ciccioli quieren agrandar sus propiedades donde cultivar soja... y dan ins­trucciones.

Ya es la hora de comer, toda la familia está en su rancho de San­tiago del Estero (Argentina). Cristian Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, ha invitado a tres compañeros del movimiento campesino que les aglutina (MOCASE-Vía Campesina). Les preocupa el avan­ce de los inmensos monocultivos de soja que a tantos campesinos y campesinas de la zona están expulsando violentamente de sus tie­rras; y cuestionan el papel del gobernador Zamora y del poder judi­cial que todo lo permite.

Sin darles tiempo a reaccionar, dos sicarios al servicio de los em­presarios sojeros derrumban la puerta e increpan a Cristian: «¿Quién te crees que sos?». Cristian no duda: «Somos los dueños de esta tie­rra, aquí vivimos, ¿ustedes quiénes se creen?».

Dos balas globalizadas, dos disparos capitalistas, acaban con los veinticuatro años de Cristian.

Algunos diarios lo desmienten, pero la especulación lo mató.

Disparando a matar

Cada dos años, más o menos, nos sacude una crisis alimentaria por la fuerte subida del precio de los cereales. Leyendo la informa­ción que se publica es fácil pensar que serán muchas las toneladas que dejarán de producirse para que el precio promedio de los ce­reales, en poco menos de un mes, se haya incrementado más de un 25%. Que tendremos muchos mercados desabastecidos. Pero no, para nada, aun teniendo en cuenta que hablamos de previsiones, el factor que dicen que provoca el aumento de los precios es un descenso total de 23 millones de toneladas de cereales, que situa­rán la cosecha final en 2.396 millones de toneladas. Es decir, un 1 % menos para lo que será una nueva cosecha récord a escala mundial.

Pero, en efecto, un pequeño traspié en las previsiones nos lleva al vendaval de la subida del precio de los alimentos, porque dicho precio se decide en las bolsas de la especulación. Ahí es donde con esmero se tejen falsos argumentos para generar la escalada de pre­cios.

De nada nos sirve la supuesta gran capacidad de producción de alimentos del sistema agroindustrial si, como hemos visto, de los más de dos millones de cereales sólo la mitad se empleará directa­mente para el consumo humano. La otra mitad se dedica, aproxi­madamente, en un 70% a la alimentación de la ganadería intensi­va y el otro 30 % a la alimentación de los motores que funcionan con agrocombustibles. Sin políticas regulatorias y sin la participa­ción de las comunidades en las decisiones agrarias, las empresas que controlan la comercialización del grano sólo miran dónde en­contrar más beneficios.

Tendremos los mercados con grano más que suficiente para la alimentación de la población, pero a un precio disparando a matar.

Goldman Sachs, el negocio de hambrear

Goldman Sachs y sus fondos de inversiones están hasta en la sopa. Literalmente.

Desde hace poco sabemos que sus legiones de ejecutivos goldmanitas controlan a cara descubierta Gobiernos, ministerios, bancos centrales y otras instituciones públicas en Europa y Estados Unidos. Pero con antifaz y en la sombra, ¿desde cuándo lo llevan haciendo?

Los encontramos en su salsa cuando hablamos de petróleo, vi­vienda o cría de puercos. No sería extraño que estén presentes en negocios tan suculentos como el armamentístico.

En el Estado español, almorzamos con Goldman Sachs. Como ha denunciado el investigador Carles Soler: «Goldman Sachs es propietaria de una de las grandes multinacionales de la restaura­ción colectiva (ISS Facility Services) que en el Estado español sirve 22 millones de comidas anuales».

En comedores de escuelas, hospitales o residencias de la tercera edad, te alimentan para el buen provecho del mismo banco de in­versiones responsable del hambre del siglo XXI. Porque Goldman Sachs no ha descuidado en absoluto el sector agrícola como fuente, no de comida, sino de beneficios económicos.

En 1991 los cerebros de Goldman Sachs, repletos de ideas ju­gosas para las gentes de la bolsa, crearon un instrumento financie­ro que permite a cualquier pájaro invertir sus riquezas en produc­tos básicos como el trigo, el arroz o el café. De lo que se come se cría, y criaron toneladas de beneficios.

Tantas apuestas sobre la ruleta de los mercados de los granos básicos son las responsables de la subida de precios de éstos, y, por lo tanto, responsables de que millones de personas no puedan ad­quirir sus alimentos necesarios.

Desde el año 2000 hasta ahora, sin otras burbujas que inflar, el precio de los alimentos básicos prácticamente se ha triplicado en paralelo al incremento de los activos financieros en estos exquisi­tos platos financieros.

Para Goldman Sachs, invertir en panes y peces en espera de su mágica multiplicación les supone unos beneficios anuales de cinco mil millones de dólares. Mucho dinero que en pocos años daría para solventar el problema del hambre global, pero claro, ése no es su propósito, ése no es su negocio, es todo lo contrario. Fabrican hambre, son hambreadores.

Un nuevo negocio, también hambreador, ha salido al escena­rio: comprar las mejores tierras fértiles para exigirles (hasta su agotamiento) la producción de biomasa, la energía que moverá el mundo y resolverá buena parte de los problemas ecológicos del planeta. Eso dicen, pero es pura farsa.

Y, efectivamente, algunos personajes curtidos en Goldman Sachs ya están en ello. Como Joakim Helenius (y su fondo de inversiones Trigon Agri Fund): que se sepa, lleva acumuladas unas 170.000 hec­táreas de tierras cultivables en la región de tierras negras en Rusia y Ucrania. O Neil Crowder, que con el fondo Chayton Capital ha arrendado para los próximos catorce años 20.000 hectáreas en Zambia.

Abanderando la lucha contra el hambre, más hambre. Abande­rando la lucha contra el cambio climático, más hambre.

Los ABCD de la crisis alimentaria

Son cuatro establecimientos, cuatro bazares como esos que tienen todo lo que puedas imaginar y lo que no. Desde una jarra con for­ma de vaca para servir la leche por sus ubres de cerámica, hasta el siempre imprescindible cazamariposas entre la estantería de ropa íntima y las llaves de ferretería o los sacos de tierra de jardín. Sólo hay una diferencia: mientras que en los malos tiempos estos uni­versos de barrio padecen la crisis como cualquier otro negocio, los ABCD de la comida son cuatro empresas monstruosas por partida doble que, nacidas y crecidas en el regazo de mamá capitalismo y papa desregulación, ganan todo el oro del mundo diciendo que fa­brican comida cuando en realidad se lucran matando de hambre a millones de seres humanos. Y lo hacen desde la invisibilidad.

Cada cierto tiempo, se nos alerta de una nueva subida del pre­cio de los alimentos, con repercusiones que ya contabilizan los ce­menterios de los países más vulnerables, sobre todo en el Sahel. El argumento difundido en 2012 de las malas cosechas que tiene la agroindustria en Estados Unidos ya sabemos que es mitad menti­roso, mitad incompleto. Con timidez la información se nos amplía y centra el tema: el precio de la materia prima sube como en las anteriores crisis alimentarias por las grandes cantidades de cereales que se destinan a fabricar combustibles (¿recuerdan hace seis y sie­te años cuando se advirtió de los inconvenientes de esta nueva tecnología?), por la especulación que de futuras cosechas se hace en las bolsas financieras, y, esto es más novedoso, por la cada vez mayor cantidad de tierra fértil que está pasando de las manos cam­pesinas al patrimonio de bancos, empresas y fondos de inversión.

¿Quién está en todos esos negocios a la vez? ¿Quién hay detrás de la carne, del pan, de la pasta, de la leche... y no lo sabemos? ¿Quién tiene en el mismo local estanterías repletas de agrocombustibles hechos de maíz, lineales con piensos de soja para el engorde de animales y, un pasillo más allá, una mesa con un gestor que ofrece pensiones ligadas a la compra de hectáreas en Etiopía o bo­nos financieros referenciados al precio del trigo? Los cuatro «com­pro, vendo y especulo» de la comida son ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, conocidos como los ABCD de la comercialización de ma­teria prima. Cuatro empresas con sede en Estados Unidos que, si inicialmente consiguieron dominar y controlar el mercado mun­dial de los granos básicos, cereales y leguminosas, han ido am­pliando sus trapicheos a esas nuevas áreas.

Es muy difícil sumergirse en las entrañas de estas empresas y sus infinitas subsidiarias, pero hay dos cosas obvias. Primera, si entre ellas cuatro controlan, como es el caso, el ¡90 %! del merca­do mundial de cereales, y si el mercado no tiene ninguna regula­ción (ni aranceles o cuotas de importación / exportación, ni reser­vas públicas de cereales, ni políticas de precios), y las pocas normas que se dictan son supervisadas por los propios ABCD, son sus de­cisiones las que verdaderamente marcan el precio de dicha materia prima y por lo tanto de todos los alimentos que incluyen arroz, trigo, maíz, etcétera. Segunda, si las ABCD (junto con entidades financieras) han degustado los brutales beneficios que les genera especular con la comida y la tierra de cultivo, como sangre para vampiros, seguirán chupando del hambre de los demás si nadie les pone coto.

Las últimas crisis alimentarias han permitido que la sociedad civil conociera y denunciara cómo la comida y la tierra se han he­cho objeto de especulación. La respuesta que ha llegado de los mo­vimientos campesinos ha sido clara: soberanía alimentaria. Tam­bién ahora hay que responder, y lo que necesitamos no son normas para que los ABCD ganen menos dinero, sino políticas a favor de la soberanía alimentaria para que la alimentación nos llegue de mu­chas, pequeñas y humanas agriculturas. De todo un abecedario ali­mentario.

La trayectoria de Miguel Arias Cañete al frente de las políticas agrarias españolas se puede resumir en dos palabras: grande y lejos, porque las medidas más significativas que su gabinete ha adoptado estos años han tenido como objetivo convertir el paisaje agrario español en un exclusivo club para grandes negocios dedicados a la exportación. Hemos tenido, con Cañete en el timón, un Gobierno agrario para el interés (económico) de unos pocos, con lineas políticas que profundizan una crisis en el campo que parece imparable. Año a año, la gráfica de población activa del sector primario desciende en picado y en consecuencia los pueblos se abandonan, los bosques arden y la alimentación de toda la población pasa a depender peligrosamente de un puñado de corporaciones que, instaladas en una lejana nube online, mercadean y especulan con lo más básico, la comida.

Muy graves han sido, para la pequeña agricultura las posiciones que el ministerio adoptó para el diseño de la nueva Política Agraria Común (PAC), y grave también su aplicación, pues, aunque encalada de color verde, sigue siendo un simple –pero muy significativo– presupuesto al servicio de las grandes corporaciones y grandes propietarios, en lugar de ser, como correspondería, un verdadero conjunto de políticas para apoyar y proteger las agriculturas locales. Como denuncia el sindicato agrario COAG, la aplicación de la PAC en España sigue reproduciendo la injusticia que supone que sólo 2.600 perceptores reciban un total de ayudas igual a lo que reciben otros 500.000.

Miguel Arias Cañete, que fue quien permitió la entrada de cultivos transgénicos en España, y que ha seguido defendiéndolos cuando prácticamente el resto de países europeos los ha ido apartando de sus campos, no ha sabido tampoco regular la llamada cadena alimentaria. Su ley estrella, la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, es insuficiente frente al monopolio que ejercen en esta cadena las grandes superficies. Según todos los informes y estudios, son ellas las que, tensionando al sector productivo y pagando sus productos incluso por debajo de costes, son responsables de muchos de los cierres de pequeñas fincas y granjas de nuestro territorio, sin olvidar el daño que han provocado al pequeño comercio de pueblos y barrios. Este mes de marzo, como dato promedio, el precio de origen que se paga al productor se multiplica por 4,39 veces hasta que llega al consumidor. Por ejemplo, mientras un kilo de naranjas en el Mercadona del Sr. Roig (que reconoce que hizo donaciones de 50.000 euros a la FAES, fundación del partido del ministro) se vende a 1,27€, quien las cultivó recibe 20 céntimos.

Dos organismos de las Naciones Unidas, en estas últimos semanas, están marcando con claridad cuáles deberían de ser las políticas agrarias, y bien vendría que la etapa que ahora se abre en el Ministerio atendiera a sus indicaciones.

Por un lado, la FAO ha decidido dedicar este año 2014 a visibilizar la Agricultura Familiar (un apelativo a cuestionar pero que es sinónimo de agricultura a pequeña escala), pues es ella la que ofrece mejores resultados y más sostenibles en cuanto a producción alimentaria y distribución de rentas; y, por otro lado, las reflexiones del relator del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, Olivier De Schutter, que hace un decidido llamamiento a los gobiernos a proteger sus agriculturas locales pues, como él dice, “deberán priorizarse los circuitos cortos y los vínculos directos entre productores y consumidores para reforzar la agricultura de los productores locales de alimentos en pequeña escala y reducir la dependencia de las importaciones”. Una definición acertada de lo que desde hace ya veinte años se ha convertido en un paradigma global: la propuesta de la soberanía alimentaria. Porque lo pequeño y local es justo y posible.

Estamos acostumbrados –demasiado– a convivir con gobiernos sumisos a los intereses de los grandes sectores económicos, y ahora que la crisis económica actual afecta a grandes emporios, observamos cómo siempre hay argumentos para echarles una mano, dos o las que hagan falta. Salvar los bancos, rescatar autopistas y –en breve lo veremos– reflotar empresas marca España como Pescanova, son algunos ejemplos donde, como se se ha venido repitiendo, sus pérdidas las soportamos económicamente todas y todos los contribuyentes. En cambio, es menos habitual reflejar que ayudar colectivamente a mantener la cuenta de resultados de estas grandes multinacionales también tienen otras consecuencias para el medio ambiente y nuestra propia salud.

Es el caso de las cementeras. Desde el año 2007, con el inicio de la crisis en el sector de la construcción hasta el año pasado, sus actividades productivas descendieron un 50%, pero encontraron en la quema de residuos una oportunidad de negocio con triples beneficios. Así, todas las cementeras del Estado (controladas en su mayoría por empresas multinacionales como Lafarge, Asland o Cemex) abrieron sus compuertas a neumáticos usados, harinas cárnicas, lodos de depuradoras y otras basuras que les permite, uno, ser candidatas a subvenciones y ayudas de la Administración por gestionar residuos; dos, ahorrar en el combustible que requieren y; tres, teniendo en cuenta que el Estado les ha asignado una cuota mucho más alta de emisiones de CO2 que las que se sabe van a emitir, ganar dinero con la venta de derechos de emisión en el mercado del carbono. En concreto, en este último apartado, sólo el año pasado obtuvieron 92 millones de euros.

Pero como decía, la incineración y las ayudas a ella, no son sólo una forma encubierta y socializada de rescate de estas empresas, sino que su salida es nefasta para nuestra salud, según podemos deducir revisando las conclusiones de dos informaciones recientes. La primera, los datos que el octubre pasado ofreció la Agencia Internacional de Investigación Oncológica (IARC), que pertenece a la OMS, cuando después de revisar más de mil estudios llegó a la conclusión de que había pruebas suficientes para decir que la exposición a la contaminación ambiental en espacios abiertos, no sólo aumenta las probabilidades de enfermedades cardiacas y respiratorias, si no que también es un factor cancerígeno. Y contaminación ambiental –es decir, una mezcla compleja de gases y partículas–, ¿no es lo que sale de las chimeneas de cualquier cementera y sus actividades?

En segundo lugar, ahora hace pocas semanas, la revista especializada Environment International, en su edición de 2013, publicó un estudio elaborado por el área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, de Madrid, que confirma que “hay un incremento significativo de riesgo de muerte por cáncer en los municipios cercanos a incineradoras o instalaciones para la recuperación o eliminación de residuos peligrosos”. Exactamente a lo que están dedicándose las cementeras y su nuevo negocio.

El estudio ha analizado la mortalidad en 33 tipo de cáncer durante diez años y constata que hay un riesgo mayor por las personas que viven en cinco kilómetros a la redonda de estas empresas. Exactamente hasta un 71% más de riesgo de morir de cáncer de pleura que en lugares donde no tengan ninguna incineradora cerca, y hasta un 30% de morir de cáncer de hígado, 27% de cáncer de estómago, 23% de riñón, 23% de ovarios, 17% de leucemia, 16% de vejiga, 15% de pulmones y finalmente un riesgo de un 13% más de morir de cáncer de recto.

Rescatar cementeras, dirán algunos, se tiene que aceptar porque “es una actividad industrial que genera riqueza”, pero cuando los estudios demuestran lo que demuestran y además nos dicen que los problemas descritos afectan en mayor medida a la infancia y a la gente mayor (las chimeneas de la cementera de Montcada i Reixach, Barcelona, por ejemplo, están situadas a menos de 150 metros del patio de un colegio y de un centro para mayores) es obvio que la discusión ya es otra: no se trata de producir más o menos, se trata de garantizar la reproducción de la vida, como los movimientos feministas nos están recordando.

Es preciso conseguir que las administraciones no concedan más permisos de incineración y anulen los permisos ya emitidos. Para tanto residuos que generamos hay alternativas (reducción, reutilización y reciclaje), para lo que no hay alternativas es para las muertes que la incineración puede generar.