Hoy, 8 de noviembre de 2016, el mundo tiembla. Todos y cada uno de los países, desde América hasta Asia, son conscientes de que pueden verse afectados por el devenir político de Estados Unidos. Ganó Trump. Pero, sin duda, el país más afectado, el más estremecido por la victoria del magnate republicano es México, el hermano del sur, con el que Estados Unidos comparte 3.142 kilómetros de frontera y más de 34 millones de migrantes, es decir, el 11% de la población de la superpotencia norteamericana.

Este dato representa una realidad que Trump se resiste a aceptar: su país se está tornando mestizo genéticamente, el poderío cultural latino no deja de crecer al norte del río bravo. Ante tal panorama, el republicano apuesta por la mano dura: expulsiones masivas, persecución a indocumentados, construcción de un muro y asfixia económica. “Lo importante en política migratoria no es lo que conviene a los inmigrantes”, resumió en plena campaña, “sino lo que conviene a los ciudadanos norteamericanos”.

Con estas palabras, Trump demostró su falta de empatía ante la realidad que sufren cada año miles de migrantes mexicanos en su camino hacia Estados Unidos. Para llegar hasta la frontera, muchos tienen que vender todas sus pertenencias y viajar en las cajuelas de camiones o en los vagones del tren apodado La Bestia, un camino atestado de peligros, policía migratoria y pandillas de delincuentes.

Un camino en el que muchos son estafados, agredidos, violados, robados y extorsionados por los narcotraficantes, que les obligan a cargar mochilas con veinte kilos de droga y transportarlas a través del desierto durante noches enteras, hasta descargar la mercancía en territorio estadounidense. Cuando uno de ellos se escapa o es detenido y deportado, se convierte en un objetivo para el narco. Y su vida pende de un hilo muy fino. Cada año casi 400.000 mexicanos son deportados de Estados Unidos. Muchos mexicanos temen que con Trump esta cifra puede aumentar dramáticamente. 

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos

Son los más sobresaltados, los más estremecidos, los más tristes en esta noche negra para la integración y la tolerancia. “Nos van a chingar”, “estamos jodidos”, “¡la tercera guerra mundial!”, “¡el peso se va a la chingada!”, dicen varios inmigrantes mexicanos en EEUU a través de las redes sociales. 

“La falta de cultura general de la población spromedio estadounidense es increíblemente elevada para ser un país tan desarrollado”, explica Salvador Franco, mexicano capitalino emigrado a Los Ángeles hace dos años. “Así son los whitetrash (insulto que denomina a ”la basura blanca“, población pobre y analfabeta). Se sienten muy identificados con Trump. Es tanto el fervor, que le perdonan todas las incongruencias: la misoginia, el racismo, el no pagar impuestos…”.

Laura Rodríguez es una juarense que huyó de la violencia y se estableció en El Paso, donde hoy se dedica a apoyar a las víctimas de violencia de género. También se muestra muy negativa con el panorama actual: “Trump bloqueará todos nuestros privilegios (libertad de expresión, empresas, beneficios en salud pública…). Es un monstruo y nos llevará a pique.... tenemos a un psicópata en potencia como presidente”.

El peso cayó 10% al confirmarse la victoria de Trump

No sólo la política, también la economía mexicana baila y se tambalea al ritmo del magnate rubio. No hay que olvidar que el país azteca es el segundo socio comercial de Estados Unidos y uno de los primeros destinos de sus exportaciones.

A lo largo del verano, el peso, ya de por sí devaluado, bajó a límites históricos (22 pesos un euro) coincidiendo con los momentos de mayor popularidad de Trump. En el momento en el que se confirmó que el republicano ganaría las elecciones, el peso mexicano perdió un 10% de su valor frente al dólar. 

La reciente victoria de Trump ha pillado a casi todos los intelectuales mexicanos por sorpresa. Muchos, atónitos, apenas han tenido tiempo de expresarse, pero la gran mayoría se ha posicionado rotundamente en su contra durante toda la campaña.

El escritor Sergio González Rodríguez, autor de Huesos en el desierto y ganador del Premio de Ensayo de Anagrama, opina, en declaraciones a eldiario.es, que las elecciones tienden a encubrir, con su espectáculo coyuntural, asuntos de fondo que trascienden el partidismo estadounidense. El problema, según González Rodríguez, es “que se vive aún bajo el mito de la amistad y la integración con EEUU. La oligarquía mexicana se ha asumido como empleada del gobierno de EEUU a espaldas de la propia sociedad mexicana. No tienen la menor idea de lo que en verdad está en juego”.

El periodista y novelista Jorge Zepeda Patterson (ganador del Premio Planeta), asegura que, tras la victoria de Trump, México puede caer en su peor crisis. “El candidato republicano ha convertido a los mexicanos en chivo expiatorio de los males que aquejan a su país. Peor aún, ha convencido a gran parte de la población blanca de que el país vecino es el responsable del empobrecimiento y del deterioro de su calidad de vida. Drogas, inseguridad, pandillerismo, pérdida de empleos a manos de los migrantes, competencia desleal a los agricultores, cementerios industriales por el traslado de empresas a territorio mexicano”.

El cronista Diego Enrique Osorno, autor de varios de los libros más importantes sobre el narcotráfico en México, trata de ver la cara buena del asunto. “Con la victoria de Trump se acelerará un proceso que ya existe de autodefinición y organización política en la comunidad migrante mexicana para resistir los embates demagogos del nuevo presidente. Esta resistencia ante Trump podría impulsar una mayor cohesión entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos”, dice a eldiario.es.

Los latinos que apoyan a Trump

Sorprendentemente, también hay latinos que apoyan la iniciativa de Trump. Es el caso de parte de la oposición en Venezuela y Cuba. Eliecer Ávila, un joven cubano dirigente del grupo opositor anticastrista 'Somos Más' considera que “la gente exagera el peligro” de Trump. “No es para tanto. No lo veo tan malo. ¿Las declaraciones xenófobas? Son declaraciones sacadas de contexto. Es su personaje. Toda campaña electoral requiere un proceso de actuación. Yo oí el discurso sobre México. Él dijo: aún en el caso de que construyamos un muro en la frontera, ese muro tendrá una puerta muy bonita para que pasen todos aquellos que vengan con los papeles en regla y a trabajar”, añade.

¿Tendrán razón los pronósticos? ¿Irá México a peor? Alejandro Páez Varela, director de Sinembargo (uno de los diarios más críticos con la realidad política mexicana), afirma que “los mexicanos deberíamos estar muy preocupados por lo que pasa en nuestro país ahora mismo”. El periodista menciona la deuda, la inflación, la corrupción, la violencia extrema y la interminable y sanguinaria guerra contra el narco. “Con Trump o sin Trump, octubre de 2016 fue uno de los meses más violentos en una década que llevamos de guerra (…). No hay, pues, esperanza de que esto acabe”.

González Rodríguez va más allá afirmando que “Peña Nieto es un Trump para los migrantes de Centroamérica”. “En lugar de cuestionar la idea de construir muros, está levantando uno igual en el sur de México. Cuando los centroamericanos cruzan nuestro país son víctimas de la explotación, el abuso y la barbarie. En los años 90 yo investigaba la criminalidad en la frontera, pero ahora se ha fronterizado todo el país”.

En México, aunque nadie parezca darse cuenta, seis mujeres son asesinadas cada día. Lo hacen en silencio, sin ruido, sin mucho impacto, de forma casi “naturalizada”, denuncian las organizaciones implicadas. Norma Andrade gritó por una de ellas, por su hija. Pidió justicia, e intentaron callarla. “Afortunadamente he logrado sobrevivir a los dos atentados. Pero tengo que salir a la calle escoltada”, dice la mujer que fundó la ONG 'Nuestras hijas de regreso a casa' para conseguir acabar con la impunidad que reina en su país.

“El feminicidio se ha naturalizando de una manera aberrante”, cuenta Francisca Daniela, abogada y directora de la organización Pan y Rosas, encargada de denunciar la situación de la mujer en el país norteamericano.

Sólo en dos años, entre 2012 y 2013, fueron asesinadas 3.892 mujeres, sólo 613 de estos casos fueron investigados y sólo el 1,6% recibieron sentencia, según un informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminificio. El 46% de los casos estudiados fueron asesinatos brutales por apuñalamiento, quemadura, estrangulamiento o golpes, el 16% de las mujeres murieron de un balazo y en el 38% restante las autoridades ni siquiera informan sobre la causa de la muerte.

La hija de Norma Andrade fue secuestrada y asesinada en 2001 en Ciudad Juárez. Después de años de protestas empezó a recibir amenazas. Y a las amenazas les siguió la pólvora.

“Sufrí el primer atentado el 2 de diciembre de 2011. Me dieron cinco impactos de bala de calibre 357 (la primera quedó alojada al lado del corazón, la segunda me destrozó la mano, y las otras tres me atravesaron el hombro y me destrozaron el húmero). El segundo atentado ocurrió el tres de febrero de 2012 en Ciudad de México, me dieron dos cuchilladas en la mejilla derecha y en el cuello”.

–¿Tiene miedo de que le vuelva a suceder?

–Por supuesto que tengo miedo de que me pase algo, a mí o a alguno de mis hijos. Pero tengo aún más miedo a quedarme callada.

Para ella, México es el paraíso de la impunidad, el lugar perfecto para asesinar mujeres: “Matar a una mujer en cualquier parte del país es muy fácil. Total, no pasa nada, las autoridades no detienen a los asesinos, por lo tanto se creen con el derecho de privar a la mujer de la vida sin consecuencias”.

Norma Andrade concluye: “Un padre no olvida. Un padre sigue y seguirá luchando pese a que le vaya la vida en ello”.

“Cada tres horas y 20 minutos asesinan a una mujer”

Sorprende la diferente reacción que causa un feminicidio en Europa y en México. El pasado mes de agosto Sergio Morate asesinó a dos chicas en Cuenca, el caso fue un escándalo internacional, el asesino fue perseguido por varios países europeos y detenido una semana después en Rumanía. En México vivimos la otra cara de la moneda: cada día aparecen nuevas noticias de mujeres asesinadas brutalmente, pero estas son ignoradas por la mayoría de la gente, que parece estar acostumbrada a esta realidad aberrante.

Ni likes, ni retuits, ni apenas comentarios. En México los feminicidios son tantos que no producen conmoción ni escándalo a nivel mediático. Y quizás por ello, la mayoría de los crímenes no son investigados y muy pocos reciben sentencia.

“En nuestro país cada tres horas y 20 minutos le arrebatan la vida a una mujer”, cuenta Francisca Daniela. “Consideramos que el feminicidio es un crimen de Estado, porque el Estado sienta las condiciones para que se produzca y se reproduzca impunemente la violencia contra las mujeres. El Estado impone roles para garantizar la opresión. Las mujeres son consideradas mercancías desechables e incluso mercancías sexuales todos los días. Además el Estado participa en la desaparición de pruebas, en la manipulación de datos y en el sesgo que toman sus propias investigaciones. El Estado, en definitiva, se limita a poner en cuestión la forma de vida de las víctimas de feminicidio”, concluye la abogada.

El Estado de México, nuevo escenario del horror

De todo México, Ciudad Juárez (la ciudad fronteriza al norte del Estado de Chihuahua) y el Estado de México (que rodea al DF en forma de U invertida) son los lugares en que se cometen más feminicidios. Esta última entidad es una de las más pobladas del país (con más de 15 millones de habitantes), y en ella el número de mujeres asesinadas y desaparecidas aumenta de forma desorbitante.

Para el periodista Sergio González Rodríguez, el patrón criminológico de Juárez y el Estado de México es semejante: “Crimen organizado coludido con poder económico-político, ineficacia, corrupción, impunidad. Las autoridades no quieren ni saben investigar. Más del noventa por ciento de las detenciones que se dan en México, se efectúan en flagrancia, o en flagrancia equiparada. Es decir, la cultura de la investigación en el país es casi nula”.

La corrupción, las redes de trata, la ausencia de una policía eficaz, la impunidad y la cultura machista imperante explican que de 2007 a 2012 los asesinatos de mujeres hayan aumentado un 155%.

Nueve años y 2.318 mujeres asesinadas no convencieron a los políticos del Estado de México para emitir una alerta de género con el objetivo de frenar los feminicidios. La presión social y las ONG obligaron a la Secretaría de Gobernación a emitir dicho régimen el pasado 31 de julio. A partir de agosto, el estado que rodea la capital por el norte cuenta con medidas especiales para combatir esta macabra epidemia de muerte. 

Según estas, las víctimas de ataques tendrán acceso a la justicia pronta y gratuita, las autoridades emitirán alertas públicas, se conformarán grupos para investigar feminicidios, reforzar zonas peligrosas y detectar posibles víctimas, se generarán acciones inmediatas para buscar a las desaparecidas, se reforzará la vigilancia y se rendirán informes sobre el correcto funcionamiento de la ley.

Dos meses después de activarse estas medidas, más de veinte mujeres han aparecido asesinadas en el Estado de México. Y otras muchas han desaparecido o han sido secuestradas. Cada día siguen apareciendo noticias de chicas jóvenes violadas y asesinadas que son halladas descuartizadas, tiradas en arroyos, ahorcadas y troceadas dentro de bolsas o basureros.

El mismo gobierno del Estado de México minimizó durante años la gravedad del asunto alegando que los delitos no eran tantos, dado el elevado número de habitantes. Durante su reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el representante del Estado de México dijo: “¿En el Estado de México es donde más delitos contra mujeres hay? ¡Sí! ¡Pero también es donde existen más mujeres!”.

Los asesinatos de mujeres en el Estado de México aumentaron un 155% entre 2007 y 2012. La mayoría de este periodo de tiempo coinciden con el mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto como gobernador de la entidad que se extendió desde 2005 a 2011. Hoy se puede afirmar que es el territorio más letal para las mujeres, superando incluso a Ciudad Juárez.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de 2005 a 2013, unas 1.767 mujeres han sido asesinadas en el Estado de México, y otras 1.500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes de 15 a 17 años.

La mayoría de la gente leerá estas cifras y olvidará el asunto. Hasta que les toque poner cara a una de las víctimas. Cuando eso ocurre, la palabra feminicidio cobra un significado cruel, atroz y bárbaro. Y no se olvida jamás.

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Dos días antes de terminar este reportaje, el periodista recibe un mensaje en el que le comunican que una amiga suya ha desaparecido en México DF. Cuando consigue hablar con sus cercanos se confirma lo peor: fue secuestrada y se pagó el rescate, pero han pasado dos semanas y la chica no aparece ni ha sido liberada. Se teme lo peor. Solo entonces un temblor muy superior al de un sismo traduce al reportero la terrible información que ha ido acumulando y que se resume en una realidad atroz: en México, aunque nadie parezca darse cuenta, seis mujeres son asesinadas cada día.

Hace justo un año, la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (pequeña localidad del estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos de México), se dirigía a DF en cinco autobuses para participar en las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco. Ninguno de ellos sabía que aquella noche, en su paso por el pueblo de Iguala, iban a ser secuestrados, torturados y quemados por los narcos aliados de la policía local y las autoridades.

Un año después de los hechos, el escándalo internacional sigue sacudiendo al país, el impacto mediático continúa y la indignación de la sociedad civil y las ONG se sostiene gracias a la insistencia de los familiares. Después de cientos de detenciones, pruebas contradictorias y espesos informes periciales, la fiscalía (Procuraduría General de la República, PGR) aseguró que los estudiantes fueron detenidos por la policía local, entregados al cartel de los Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula, municipio colindante a Iguala.

El Gobierno tenía prisa por dar carpetazo al asunto, pero no pudo: aún hoy los interrogantes se mantienen y la responsabilidad final de ese sadismo atroz y desproporcionado sigue flotando en el cielo mexicano impregnándolo de miedo y nubes negras. Y lo peor: los desaparecidos siguen sin aparecer: a día de hoy, de los 43 normalistas solo dos han sido identificados.

La CIDH contradice la versión oficial

Al descrédito generalizado del pueblo mexicano se le acaba de sumar otro aliado: la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH). A veinte días del primer aniversario de la desaparición de los 43, la investigación de los expertos ha cuestionado la versión oficial de las autoridades con un informe en el que alegan que los jóvenes no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula, tal y como afirmó la PGR. De confirmarse este punto, las sospechas de que el Gobierno trata de ocultar su responsabilidad directa o indirecta crecerán sin parar.

El informe del perito en incendios José Torero (con experiencia en el caso de las Torres Gemelas de Nueva York) planteó que en el lugar no hay pruebas de que se haya quemado ni un solo cuerpo. Los investigadores, bajo el mandato de la CIDH (órgano perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, OEA), aseguran que para cremar 43 cuerpos hubiera sido necesario usar unas 30 toneladas de madera, 13 de neumáticos y unas 60 horas de combustión. Nada de esto coincide con el testimonio de los inculpados, que afirman que la hoguera se preparó esa misma noche y duró de 10 a 15 horas, ni con la versión oficial elaborada con casi quinientos informes periciales y más de trescientas declaraciones, ni con las conclusiones aprobadas por otros científicos de rango internacional que apoyan la versión gubernamental. ¿Quién miente? ¿Quién está equivocado?

La conclusión de la CIDH, de confirmarse, será un polvorín que se sumará a la larga lista de errores, mentiras, contradicciones y ocultamientos llevados a cabo por las autoridades mexicanas. Los padres de los 43 apoyan la hipótesis de que no pudieron ser incinerados en Cocula para refutar la versión oficial y continuar la búsqueda de los normalistas desaparecidos. A pesar de la confrontación, la postura del Gobierno es evitar el conflicto: Peña Nieto se ha reunido con los padres y ha anunciado que permitirá que el experto de la CIDH haga un nuevo peritaje en el basurero.

El quinto autobús

El reciente informe de la OEA también ha subrayado una nueva pista, referente a un quinto autobús en el que viajaban más normalistas junto a un alijo de droga escondido. Los documentos que detallan la fatídica noche del 26 de septiembre aseguran que “los estudiantes desaparecidos” marchaban en cuatro autobuses en dirección al DF. En realidad había un quinto autobús que fue detenido y desalojado, pero no atacado. Los normalistas que había dentro huyeron corriendo por los cerros aledaños y el vehículo fue ignorado por el informe oficial.

Los expertos de la OEA sospechan que ese quinto autobús cargaba heroína perteneciente a los narcotraficantes de la zona (los Guerreros Unidos, intrínsecamente ligados al alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa) y destinada al mercado negro de los Estados Unidos. Los narcos, acostumbrados a enviar alijos escondidos en buses, no podían permitir que esos vehículos llegaran a la capital. Todo ello, unido a la declarada enemistad de los normalistas (maestros rurales de tradición marxista y revolucionaria) con el alcalde de Iguala y su esposa, llevó a Abarca a tomar la peor decisión de su vida: entregar a los estudiantes a los narcos.

Alejandro Páez Varela, periodista y director del diario SinEmbargo, considera que la verdad histórica pregonada por el procurador Jesús Murillo Karam, “acomodando evidencia, escondiendo alguna y abandonando otra”, es una farsa:

“Si México no es una dictadura impuesta por una élite que simula una democracia mientras se reparte la riqueza nacional; si México no es un proyecto privado de unos cuantos abusones que roban y mienten y matan o desaparecen si es necesario para mantener su status quo; si este país no es el de unos cuantos a los que les pagamos, con nuestro bolsillo, hasta sus putas vacaciones en helicóptero oficial, ¿por qué entonces unos cuantos ocultan la información que corresponde a TODOS los mexicanos?”.

El periodista acierta en su percepción. Según encuestas recientes, el 77% de los mexicanos considera que las autoridades federales de México fueron cómplices, de una forma o de otra, en la desaparición de los 43. El Gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional) lo niega y se muestra proactivo en las investigaciones que hasta ahora solo han demostrado la complicidad de las autoridades locales de Guerrero, pertenecientes al izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática) con los narcos locales. Ello plantea también el problema de la simbiosis del crimen organizado en el seno de la política local mexicana. ¿Cuántos alcaldes o Gobernadores son aliados o trabajan con el narco? ¿Se puede hacer algo contra ellos?

“No sólo se puede, sino que se debe”, contesta el periodista Sergio González Rodríguez, experto en crimen organizado y autor del libro Los 43 de Iguala (Anagrama). “Es obligación del Gobierno de acuerdo con los principios constitucionales. Dejemos a un lado la idea oficialista de que la presencia del crimen organizado en México es un fenómeno esporádico y excepcional: infesta a las instituciones burocráticas y políticas, al sistema bancario y financiero y muchas otras cosas más”.

Después del último año la corrupción del país queda al desnudo, pero el Gobierno de Enrique Peña Nieto no parece darse por aludido ni responsabilizarse de la descomposición política y democrática.

Más feminicidios y periodistas asesinados

Desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las manifestaciones nacionales e internacionales no han cesado. La gota que colmaba el vaso de la indignación en México parece haberse derramado al fin. Las protestas se han traducido en un descrédito total por la política. Y sin embargo los sucesos violentos, la impunidad, los desaparecidos, los feminicidios y los periodistas asesinados no paran de crecer ante la incredulidad de los ciudadanos.

El pasado 31 de julio otro crimen de probable raigambre política estremeció a la población mexicana. El periodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera fueron salvajemente torturados y asesinados junto a otras tres mujeres en la céntrica colonia Narvarte, en pleno México DF. Espinosa, de 31 años, había huido de Veracruz, donde había recibido amenazas de muerte por sus críticas al gobernador Javier Duarte (había publicado una foto en el famoso semanario Proceso en la que el político aparece obeso y amenazante). El multi homicidio es a la vez un feminicidio y un posible asesinato político. Y al igual que en el caso Iguala, nadie se ha responsabilizado.

A más de dos meses del terrible asesinato han sido detenidas tres personas, pero las autoridades no han aclarado nada. Las informaciones oficiales señalan que los asesinos buscaban una maleta llena de droga que portaba una de las chicas que acompañaban al periodista. De nuevo una pista extraña y de dudosa veracidad, una coartada que evita que el crimen sea definido como asesinato político y que permite al presidente del Gobierno (y al mismísimo Javier Duarte, gobernador del estado en el que 15 periodistas han sido asesinados desde 2012), lavarse las manos y seguir como si nada hubiera ocurrido.

Otro crimen que, unido a la vergonzante fuga del Chapo Guzmán y a los escándalos de corrupción y tráfico de influencias en los que está inmerso el presidente Enrique Peña Nieto, pone en evidencia la impunidad y la incapacidad de la justicia mexicana para castigar los crímenes y detener a los responsables.

Una democracia simulada

El pasado 28 de agosto, un gráfico elaborado por el organismo The Economist Inteligent Unit y reproducido en el diario El País valoraba la “calidad de las democracias” en América latina. El mismo distinguía entre democracias plenas (solo Uruguay y Costa Rica), democracias imperfectas (la mayoría de los países), regímenes híbridos (los izquierdistas Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua…) y regímenes autoritarios (Cuba y Haití). Sorprendentemente México era calificado como una “democracia imperfecta” donde según el informe, las libertades básicas se respetan pese a ciertos problemas de gobernanza.

¿Por qué los grandes medios y los organismos internacionales son tibios con respecto al desastre mexicano? Parecen pasar por alto que en el país se cometen algunos de los crímenes más atroces de Latinoamérica. ¿Ignoran que hay más de 100.000 desaparecidos forzosos según la ONG Fundación para la Justicia y el Desarrollo Democrático? ¿Ignoran el continuo asesinato de periodistas (más de un centenar desde el año 2.000) que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para desempeñar este oficio? ¿Ignoran el imparable ascenso de los feminicidios (con 3.892 asesinatos en solo dos años, 2012 y 2013)? ¿Ignoran también la impunidad generalizada (solo un 1´6% de los casos tienen sentencia, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios) que permite que estos crímenes sigan cometiéndose?

Sergio González Rodríguez concluye: “Hay algo peor que una democracia imperfecta: la que simula serlo y poco tiene de democracia sustancial”.

El pasado 15 de septiembre, día del orgullo patrio en el que se conmemora “el grito” del héroe independentista Miguel Hidalgo contra los españoles, hubo poco que celebrar. Omar García, uno de los supervivientes del ataque a los normalistas en Iguala, hizo un sincero llamado a la sociedad mexicana:

“México no vive, México está muriendo. ¿Cómo vamos a hacer un grito este 15 de septiembre diciendo que tenemos independencia? ¿Independencia de qué? ¿Cómo vamos a decir que vive México? Eso no es posible”.

Hace justo un año, en su camino hacia la plaza de Tlatelolco, ninguno de los normalistas podía imaginar que ellos mismos se convertirían en el símbolo de la lucha y la indignación mexicana. Ninguno podía adivinar que el nombre de Ayotzinapa estaba destinado a convertirse en un análogo histórico de Tlatelolco, considerada la mayor matanza de estudiantes del siglo XX mexicano. Ayotzinapa y Tlatelolco ya son dos nombres grabados a sangre y fuego en la bandera mexicana. Dos sinónimos de lucha, pero también impunidad, de represión y de horror.

La muerte, los secuestros y el miedo han focalizado la atención internacional en México. El país norteamericano se enfrentó este febrero al examen periódico del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU con la pesada losa de los 43 estudiantes desaparecidos en una pequeña ciudad de Guerrero, uno de los estados más violentos del país. Los crímenes son una constante, pero esta no era una revisión más. Los relatores de las Naciones Unidas fueron contundentes ante la falta de información aportada por el Gobierno sobre las personas que sufren estos delitos: “Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes”.

“El sufrimiento de que desaparezcan a tu hijo es algo indescriptible”, narra Felipe de la Cruz, uno de los padres de los normalistas atacados en Iguala (la ciudad en la que desaparecieron los 43 jóvenes de Ayotzinapa). Su hijo, Ángel Leri de la Cruz, sobrevivió al ataque y fue testigo del horror sufrido por las familias. Hoy Felipe es portavoz de la llamada causa “de los 43”: “El estado de ansiedad y horror constante que sufren los padres es tremendo. Estas desapariciones son un acto diabólico y maquiavélico. Y el Estado es el responsable porque a los chicos se les llevaron policías y militares. La complicidad entre el Gobierno y el narco está más que demostrada. Es un crimen de estado y hasta la ONU lo reconoce”.

Las desapariciones de Iguala se han convertido en el mayor escándalo nacional desde la masacre de Tlatelolco en 1968. El 2 de octubre de aquel año el ejército reprimió una manifestación en la capital y mató a cientos de estudiantes. La represión y el miedo lograron acallar las voces de protesta. Pero en 2014 la situación es muy distinta. Hoy las voces no pueden silenciarse: la gran mayoría de movimientos sociales, políticos y culturales mexicanos se han unido para denunciar un crimen masivo que, según todos los indicios, fue cometido por las mismas autoridades en coalición con el narco.

Desde septiembre, el país ha sido testigo de marchas multitudinarias que exigen al Gobierno esclarecer el denominado caso Iguala y rendir cuentas ante las múltiples desapariciones forzosas ocurridas durante la última década. Y a pesar de todas las protestas, la respuesta del Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue siendo el silencio. Ni siquiera el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU consiguió el número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país, a pesar de su insistencia en el reciente examen periódico al que sometió a la delegación mexicana en Ginebra.

El pasado 13 de febrero, el Comité de Naciones Unidas fue tajante: “Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes”. Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México, explicitó la preocupación del organismo “por la impunidad”: “Las cifras hablan por sí mismas si tenemos en cuenta que hablamos de miles de casos de desapariciones forzadas y sólo seis personas han sido condenadas”.

El total de afectados “no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, aseveró Huhle. El Gobierno de México reaccionó con molestia y afirmó que las críticas del organismo “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales”. Sí admitió la necesidad de mejorar los registros oficiales. “En el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas”, reconoció Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Más de un centenar de ONG mexicanas entre las que se cuentan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y la Comisión Mexicana de defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH) expresaron su rechazo a la respuesta del Gobierno y denunciaron la impunidad y el vacío legal con respecto al tema: “Hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada”.

En el terreno legislativo, el Gobierno aprovechó la cita con las Naciones Unidas en Suiza para prometer que para junio como tarde México contará con una Ley General de Desaparición Forzada. “Es un reto inmediato”, afirmaron los representantes de la delegación mexicana, que recordaron que deben cumplir primero con la reforma de la Constitución.

En medio de una guerra sucia con decenas de miles de víctimas cada año, la masacre de Iguala ha sido la gota que ha colmado el vaso. Desde 2006 más de cien mil personas han muerto como consecuencia de la guerra entre cárteles y de la situación de violencia generalizada y represión en México.

Para Samuel Kenny, coordinador de la Fundación para la Justicia y el Desarrollo Democrático (una de las organizaciones más implicadas en el tema), lo más alarmante es la participación directa o indirecta de las autoridades. “Una desaparición forzosa se diferencia de una desaparición normal en que implica la participación de fuerzas estatales. Por tanto se puede afirmar que el Estado siempre es responsable de las desapariciones forzosas, aunque lo nieguen, porque todo el territorio mexicano es su responsabilidad. Cuando cualquier autoridad de cualquier nivel participa o permite una matanza, el Estado es responsable”, explica.

Los casos más graves de desapariciones

Durante los últimos años han ocurrido matanzas aún mayores que la de Iguala que no han alcanzado un nivel mediático ni remotamente parecido.

En 2010, en el municipio de San Fernando (estado de Tamaulipas, frontera oriental con Estados Unidos) 72 migrantes fueron masacrados por el cártel más sanguinario del país: el de los Zetas. En 2011, otras 193 personas fueron asesinadas en el mismo estado en circunstancias similares. Esta vez, decenas de policías y oficiales fueron detenidos por complicidad con los narcos, pero como matiza Samuel Kenny, “ni siquiera se les acusó de desaparición forzosa. No hay ninguna voluntad para reconocer este problema”. ¿A qué se debe esta omisión? “Sólo pueden responder las autoridades. El Comité de la ONU les preguntó por qué no hay datos precisos sobre desapariciones forzosas, pero no dijeron nada claro”, responde el coordinador de la Fundación para la Justicia y el Desarrollo Democrático.

En marzo de 2011, los Zetas entraron en el municipio de Allende (en el norteño estado de Coahuila) para llevar a cabo una venganza. Arrasaron más de 30 casas y, según las denuncias, hicieron desaparecer a más de 300 personas. Después de tres años de absoluta pasividad y encubrimiento del caso, el Gobierno de Coahuila asegura que solo hubo 28 desaparecidos. Al igual que en el resto de los casos, las autoridades solo reaccionaron ante la insistente presión mediática y social.

“Estamos muy preocupados ante la ausencia y la manipulación de datos”, continúa Kenny. “En el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no aparecen las denuncias de desapariciones de migrantes que nosotros reportamos. La Secretaría de Gobierno da cifras contradictorias. Ahora dice que hay 20.000 desaparecidos, ahora menos… Los migrantes son ignorados. No hay un reconocimiento oficial del problema”.

A estos casos se podrían añadir la aparición en mayo de 2012 de 49 torsos mutilados encontrados en Cadereyta (en el norteño estado de Nuevo Leon), la muerte de 22 personas el junio pasado en Tlatlaya ( en el Estado de México, que rodea la capital) y por supuesto el caso de violencia generalizada en Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosas del país, situada en Chihuahua, la frontera oeste con Estados Unidos. Desde los años noventa, cientos de mujeres han sido secuestradas, violadas y desaparecidas en la urbe fronteriza. A partir de la guerra del narco de 2006 la violencia se desató con una media de casi diez homicidios por día. Sólo en 2010 hubo 3.622 asesinatos contabilizados en la ciudad. En total más de 10.000 muertos desde 2006 en una sola ciudad. Un nivel de atrocidad solo comparable con el de una guerra civil.

La desaparición de los 43 de Ayotzinapa es solo uno más de los cientos de casos en los que la corrupción política se cifra en violencia criminal. ¿Qué diferencia hay entre Iguala y San Fernando en Tamaulipas? ¿O frente a la matanza de Allende? ¿O con las desapariciones de cientos y cientos de mujeres en Ciudad Juárez?

En todos estos casos hay inocentes muertos, hay narcotraficantes implicados y hay una clara complicidad de las autoridades. Todos ellos, por tanto, son casos de desapariciones forzosas. ¿Por qué la indignación no ha saltado hasta el caso Iguala? ¿Qué tiene de especial? “Nadie sabe por qué”, responde Samuel Kenny, “porque este tipo de desapariciones no es nuevo; ocurre desde hace décadas y es un método generalizado desde la llamada 'Guerra Sucia' que el Gobierno de México mantuvo contra los grupos guerrilleros durante los años 70”.

Según el periodista Sergio González Rodríguez, autor de Huesos en el desierto (una de las obras más importantes sobre las desapariciones en Ciudad Juárez), las autoridades mexicanas no dedican ninguna atención al tema. “Saber que cada día desaparecen 13 personas en México, desde que comenzó el régimen de Enrique Peña Nieto, resulta abrumador y lleva a exigir un verdadero avance del Gobierno para solucionar este problema”.

Para él, los casos de San Fernando e Iguala son los más graves, pero más allá de su rango emblemático —en el primero, las víctimas fueron migrantes latinoamericanos; en el segundo, se trató de estudiantes—, “el problema atañe a la crisis institucional de México y a su Estado a-legal, que funciona fuera y/o contra la legalidad, mientras simula cumplir la ley (…). Si no hay ni siquiera registros veraces de víctimas se puede hablar de ineptitud e irresponsabilidad, de desdén y ganas de soslayar el problema y, en cambio, darle una solución burocrático-propagandística, mediante mensajes comunicativos que divulgan las tareas realizadas por el Gobierno”, señala el periodista.

“El Estado de Derecho no existe”

La responsabilidad de policías municipales en las constantes desapariciones ha llevado a expertos e investigadores a comparar ciertos estados de México con el totalitarismo nazi. “Hay una suerte de neblina que no nos permite distinguir dónde empieza la mafia y dónde empieza el Estado. Esto es tan grave que por eso hay dos delitos que no prescriben, porque implican la intervención de servidores públicos haciendo actividades criminales: la tortura y la desaparición forzada, que son graves porque implican una traición a la confianza del ciudadano (de que el Estado lo protegerá) y además se le elimina”, asegura Gilberto Santa Rita Tamés, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

En palabras del periodista Sergio González Rodríguez “lo sucedido en Guerrero implica no sólo a la corrupción local, sino al desastre de gobierno federal y sus omisiones. De nuevo, queda claro que en México el Estado de Derecho es inexistente”.

¿Cuánta gente ha desaparecido en México desde que comenzó la guerra del narco en 2006? La respuesta en estos momentos es imposible de esclarecer debido a la opacidad del Gobierno y a la falta de datos, pero los expertos afirman que las víctimas podrían ser más de 100.000. ¿Quién es el responsable de las desapariciones forzadas? “La respuesta está en la pregunta”, asegura Samuel Kenny, de la Fundación para la Justicia, “porque desaparición forzada significa: responsabilidad de las autoridades, y eso a su vez significa crimen de estado. Por tanto la pregunta más inquietante no es quién es el responsable, sino: ¿Cómo confiar en unas autoridades que son las responsables de las desapariciones? ¿Cómo pedir al Estado que esclarezca los casos si el Estado es el criminal?”.

Del lado sur del puente la calle está sucia y polvorienta. Los indigentes pululan a sus anchas. Los vendedores ambulantes luchan por encontrar clientes entre los escasos viandantes. En las farolas hay carteles que denuncian la desaparición de mujeres, la mayoría de ellas menores de edad. Las fachadas de los edificios se encuentran derruidas, a medio construir o reconstruir. El ambiente tercia entre lo desolador y lo siniestro. No hay ningún coche de policía a la vista, pero si numerosos vehículos negros con cristales tintados, que pasean con una lentitud sospechosa. Al otro lado del puente, en el norte, las calles lucen limpias, llenas de tiendas y restaurantes. Hay varios rascacielos y hoteles de arquitectura piramidal. Decenas de personas de todas las razas y colores transitan de un negocio a otro. Las patrullas de policía vigilan cada movimiento. El puente es la frontera que separa dos países, dos economías, dos culturas y dos urbes contrapuestas: la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense El Paso.

Por el pasadizo alambrado de la frontera camina un flujo interminable de familias mexicanas con la esperanza de llegar al sueño americano. En el “lado gringo”, como lo llaman los mexicanos, les espera la policía migratoria: horas de espera, preguntas capciosas y el requerimiento de un sinfín de documentos. “Es mucho más fácil contratar un coyote y pasar por el desierto de ilegal”, cuenta, guitarra en mano, una de las músicas ambulantes.

Juárez es una de las urbes más peligrosas de México, una de las plazas más disputadas por el narcotráfico y uno de los principales núcleos industriales. Desde que en los años sesenta empezaron a instalarse las maquiladoras (fábricas que importan materiales sin pagar aranceles) la ciudad experimentó un incremento poblacional paulatino que explosionó en los años ochenta. La población se duplicó hasta alcanzar el casi millón y medio que tiene ahora.

“La mayor motivación para cruzar la frontera es buscar trabajo y reunirse con sus familiares”, explica Fernando Loera García, coordinador del Programa de Menores Repatriados del centro de Desarrollo Integral de la familia (DIF) de Ciudad Juárez. “Pero cuando descubren lo difícil que es cruzar a los EE UU deciden quedarse a trabajar en las maquiladoras”. Cuando un menor es detenido en la frontera, el Instituto Nacional de Migración lo canaliza a uno de los albergues del Modulo de Menores Repatriados, donde se aloja hasta que los encargados localizan a su familia. “Solemos contactar con la policía de su ciudad o su país de origen y les enviamos en avión de vuelta a su ciudad.

Los gastos los paga el DIF. El año pasado 545 menores fueron repatriados a Ciudad Juárez y en lo que llevamos de año la cifra casi llega a 100“, cuenta Loera. Según el Instituto Nacional de Migración de México cada año casi 400.000 mexicanos son deportados y devueltos a México y se prevé que las repatriaciones de ilegales sigan incrementándose en el año 2014.

El hogar de los repatriados

El hogar de los repatriadosPara entrar en el albergue del DIF municipal de Juárez hay que atravesar tres verjas, un patio y un pasillo alambrado, acompañado por un guardia. Da la impresión de que uno está entrando en una cárcel. Esta urbe azotada por la violencia está llena de mansiones vigiladas por guardias armados, barrios circunvalados, calles privadas, edificios alambrados y urbanizaciones parapetadas. Parece una ciudad en estado de guerra. “Hay que tomar medidas de prevención. Estos jóvenes han vivido experiencias traumáticas”, explica el coordinador.

Para llegar hasta la frontera han tenido que vender todas sus pertenencias y viajar en las cajuelas de camiones o en los vagones del tren apodado La Bestia (que cruza el país desde el sur), un camino atestado de peligros, policía migratoria y pandillas de delincuentes. Una vez en Juárez los migrantes –llamados los pollos en la terminología del crimen organizado- tienen que contratar a un coyote o pollero, la persona encargada de ayudarles a cruzar la frontera a cambio de una suma que ronda de los 8.000 pesos (445 euros) hasta unos 100.000 (unos 5.500 euros).

En el camino muchos son estafados, agredidos, violados, robados y extorsionados por los narcotraficantes, que les obligan a cargar mochilas con veinte kilos droga y transportarlas a través del desierto durante noches enteras, hasta descargar la mercancía en territorio estadounidense. Los migrantes que cargan droga son conocidos como burreros, verdadero ejército de carga del narco. Cuando uno de ellos se escapa o es detenido y deportado, se convierte en un objetivo para el narco. Y su vida pende de un hilo muy fino.

-Eso explica las verjas y la vigilancia del centro –pregunto a Fernando Loera.

-Claro. Estos chicos vienen de recorrer una ruta complicada y lo que queremos es que se sientan bien y seguros.

-¿Se les permite salir del centro?

-No, están temporalmente bajo la custodia del DIF, pero aquí tienen espacio para hacer deporte y divertirse.

-¿De dónde suelen venir los inmigrantes expulsados?

-Las nacionalidades más frecuentes son guatemaltecos, ecuatorianos y hondureños. Los mexicanos suelen venir de Chihuahua, Chiapas, Zacatecas y el Estado de México.

-¿Qué ruta suelen recorrer?

-La mayoría asegura haber tomado varios autobuses hasta el norte de México, pero hay una cantidad relevante que refieren haber viajado en La Bestia.

En una de las salas del albergue siete jóvenes menores de veinte años juegan con fichas de colores. Sus gestos delatan un infinito aburrimiento. “No les hagas fotos a la cara”, indica Vilma Jáquez, responsable de comunicación del albergue, “si sale a la luz que están aquí alojados, sus vidas pueden correr peligro. Si uno de sus polleros les reconoce puede intentar entrar y raptarle”.

Vilma aparta a uno de los jóvenes, un chiapaneco de 17 años bajito, de piel cetrina, hombros anchos y varias cicatrices esparcidas por el rostro y por los puños. Su rostro refleja cansancio y desconfianza. Se muestra en todo momento muy reacio a hablar.

-¿Cómo conseguiste el dinero para pagar al pollero?

-No, no era un pollero. Era un hombre que me ayudó a cruzar… No puedo decir quién era. No puedo decir nada de esto.

-¿Qué es lo que más miedo te dio del viaje?

-Nunca tuve miedo.

-¿No hubo ningún momento en el que temieras por tu vida?

-Cruzar el desierto es lo que más miedo me dio. Pero no me dio miedo. Estuve tres días caminando y hacía mucho frío. Pero no sentí frío.

-¿Cómo te hiciste esas cicatrices en la cara y en los puños? ¿Tuviste que pelear?

-¿Qué cicatrices? Yo no tengo ninguna cicatriz.

-Sí. Esas. En los puños y en tu ceja y en tu frente.

-No. No tengo ninguna.

El caso de la niña Noemí

El caso de la niña NoemíEl miércoles 12 de marzo en el albergue La Esperanza (perteneciente al DIF de Ciudad Juárez) apareció el cadáver de Noemí Álvarez Astorga, una niña de doce años de origen ecuatoriano. El cuerpo fue encontrado colgado del tubo que sostenía la cortina del baño. La niña había sido internada cuando trataba de cruzar la frontera con la ayuda de un pollero al que había pagado 100.000 pesos. La policía arrestó al hombre y envió a la menor al albergue. El hallazgo del cadáver disparó muchas conjeturas. La necropsia apuntó que el cuerpo no presentaba síntomas de violencia, por lo que se trataría de un suicidio. Las autoridades cerraron el caso aludiendo que “no hay ningún delito que perseguir”. El día que apareció el cadáver, los periodistas y camarógrafos rodearon las puertas del albergue. Ninguno de los presentes a los que consulté creía la hipótesis del suicidio. El hermetismo de los funcionarios fue absoluto. Y lo sigue siendo.

-¿Cree que la muerte de Noemí Álvarez fue un suicidio? ¿Cuál es la versión del DIF? –pregunto a Fernando Loera.

- La información derivada del caso de la niña Noemí, no es una información de cual nosotros tenemos conocimiento, ya que la niña fue atendida por la Subprocuraduría del DIF Estatal y las autoridades estatales de carácter judicial. Por lo cual nosotros como instancia municipal no contamos con dicha información.

El abogado Héctor Molinar destaca la gravedad de este asunto, por la ausencia de autoridad, la falta de justicia y la deficiente intervención del DIF, del juez y de la policía: “¿Cuántas niñas y jovencitas andan así por nuestra frontera? ¿Hasta cuándo toleraremos la ineptitud y la falta de justicia? Por lo pronto, la sensación de esta impotencia ante la falta de impartición de la justicia nos invade y nos afecta emocionalmente. Nos hace menos dignos como personas”.

Muertos y más muertos

Tráfico de personas, narcotráfico, guerra entre cárteles, tiroteos, secuestros, desapariciones de mujeres… El día a día de Ciudad Juárez sigue teñido de rojo sangre, a pesar de que las cifras oficiales destacan la disminución de los asesinatos desde el año 2013. Juárez lideró la lista de las ciudades más peligrosas del mundo durante la guerra del narco en los años 2008, 2009 y 2010 hasta que los cárteles se replegaron y pactaron a partir de 2013. Según los datos oficiales el número de asesinatos ha disminuido muchísimo, pero los muertos siguen apareciendo.

Numerosos especialistas ponen en entredicho las cifras. La activista Norma Andrade, cofundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, encargada de denunciar el feminicidio en Juárez, asegura que la situación va de mal en peor.

Andrade, cuya hija Alejandra fue secuestrada y asesinada en 2001, fue amenazada en repetidas ocasiones. En diciembre de 2011 recibió cinco balazos que la dejaron paralizado el brazo izquierdo y dos meses después un individuo la rajó la cara y los brazos con una navaja en la puerta de su casa.

“Tuve que huir de Juárez, mi vida corría peligro”, cuenta desde su nueva casa en el Distrito Federal, “sé que parte de esas amenazas vienen del Gobierno que está involucrado en muchos de los crímenes. Ahora manipulan las cifras y dicen que el feminicidio terminó, pero la realidad es que ha aumentado. Desde el 2009 cada vez aparecen más cuerpos de mujeres asesinadas y un 10% de ellas son inmigrantes. Son las victimas más vulnerables, porque nadie las protege ni las reclama”.