Actualmente, hay una falta de regulación legal específica en materia de intervenciones corporales, algo que habría de solucionarse con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A priori, constitucionalmente nos encontramos con la regulación del derecho a la intimidad (art. 18 CE), no existiendo, como sí se da en el caso de la inviolabilidad domiciliaria y en el secreto de las comunicaciones, reserva absoluta de previa resolución judicial.

No obstante, el art. 8 CEDH, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recoge que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley, por lo que se debe regular por ley las medidas que supongan una intromisión en los derechos a la intimidad e integridad física.

Con la regulación actual y el acuerdo del pleno de la sala 2.ª del Tribunal Supremo, de 31 de enero de 2006, se pueden distinguir dos casos:

1) Obtener una muestra del cuerpo del sospechoso de haber cometido un delito para su posterior análisis de ADN. El art. 363.2 LECrim indica que siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el juez de instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

2) Supuestos donde no es preciso injerir en la esfera privada y, por tanto, no afecta a los derechos fundamentales. El art. 326.3 LECrim señala que cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el juez de instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad sin perjuicio de lo establecido en el art. 282.

La Policía Judicial tiene la labor de averiguar delitos y descubrir al delincuente, para lo cual debe llevar a cabo todos los actos de investigación necesarios para su cometido: recoger los efectos, instrumentos y pruebas que pudieran desaparecer, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.

En este sentido, la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, da cobertura legal a los reconocimientos, inspecciones e intervenciones corporales al sospechoso para extraer una muestra biológica que determine el perfil de ADN. Por su parte, la regulación de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN aparece en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de Octubre (uso que debe darse a los datos obtenidos, laboratorios acreditados, nivel de seguridad aplicable, etc.).

Requisitos de la injerencia

En cualquier caso, la injerencia en la intimidad exige la existencia de un fin constitucionalmente legítimo y una previsión legal específica de la medida (generalmente acordada mediante resolución judicial), además de tener que ser necesaria e imprescindible.

El consentimiento del sospechoso permite la injerencia en el derecho protegido, de manera que, de no aceptar, sería indispensable una resolución judicial habilitante que evite que se anule la prueba obtenida.

En el caso de que haya que extraer una muestra o fluido que requiera un acto mínimo de intervención corporal del detenido, el consentimiento se hará en presencia de su letrado, siendo informado de modo claro y concluyente de que el resultado podría incriminarle.

Si el detenido se negara a la reseña biológica o de ADN en sede policial, se procedería de modo parecido a cuando se niega a la reseña dactilar, haciéndose constar mediante diligencia en el atestado policial y dando cuenta a la autoridad judicial para que determine el modo de proceder.

Siria vive una situación que se recrudece por segundos, allí los menores sufren barbaridades que muchas veces les conducen a la muerte y, aunque se nos llena la boca dando soluciones al caos que viven en su país, la torpe Europa reconoce que hay sospechas acerca de que muchos de los menores refugiados hayan podido ser utilizados como esclavos sexuales o, incluso, hayan podido acabar en redes de mendicidad en otros países. Abiertamente, sin descaro y sin aparente solución, se reconoce que estamos ante “víctimas fáciles” que también pueden caer en redes de trabajo infantil para pagar a los traficantes que les han traído a Europa. Mientras la situación sigue siendo penosa y la gestión lamentable, Europol estima que son más de 10.000 los niños y niñas desaparecidos en todo el continente.

Da pavor ver como hemos pasado de ser la Europa de la solución para los refugiados a la Europa de los niños y niñas perdidos. Sólo en Italia, ha desaparecido el rastro de 5.000 menores.

Esta situación genera en la ciudadanía apenas un atisbo de preocupación, porque las noticias sobre la dramática situación de los niños y niñas refugiados consecuencia de los constantes bombardeos en Siria no tienen la más mínima transcendencia. Y es que, sencillamente, no son niños europeos; no son “nuestros menores”. Cada vez que me encuentro con noticias de este tipo me pregunto qué hubiera pasado si hablásemos de niños y niñas alemanes perdidos, o niños y niñas españoles. Hay datos estremecedores; según Save the Children 26.000 niños entraron solos en Europa el pasado año y podríamos hablar de un total de 270.000 niños, de los cuales los efectivos de Europol han perdido la pista a 10.000 procedentes de Siria, tal y como he indicado anteriormente.

Me produce tantos escalofríos la noticia como la absoluta desidia y pasividad que percibo al respecto en Europa, donde reaccionamos casi como si fuera algo natural y propio de la guerra; absoluta normalidad ante una situación caótica. No hay duda de que estamos ante una de las peores gestiones de un conflicto jamás vista; una guerra que se solventa con más bombas y refugiados sin destino, menores desaparecidos a los que no se les da el cuidado merecido, dando lugar a flagrantes vulneraciones de derechos humanos.

No es la primera vez que nos encontramos con barbaridades de este tipo, por desgracia, ni tampoco la primera vez que nos llevamos las manos a la cabeza unos segundos para luego olvidar las vidas de éstos menores. Así, probablemente muchos y muchas hayan olvidado ya el secuestro en abril de 2014 de 276 estudiantes de una escuela secundaria de Chibok, una pequeña ciudad en el noroeste de Nigeria, que suscitó una ola de indignación en todo el mundo. No sabemos nada de ellas y probablemente sea muy difícil saber algún día su paradero.

En el caso de los refugiados, es sorprendente la ausencia también de reacciones a nivel político; la noticia está en los medios pero ni la ciudadanía ni nuestros gobernantes se han pronunciado al respecto. Por eso me pregunto qué hubiera pasado si los 10.000 niños y niñas perdidos hubieran sido alemanes, españoles o franceses. Probablemente, sólo un menor europeo pasando por el calvario de los menores sirios hubiese sido suficiente para el despertar de la conciencia cívica y política; seguro se habrían diseñado miles de campañas en redes sociales, y los líderes del mundo habrían lanzado primero mensajes contundentes y después, un operativo militar que a la postre acabaría con más vidas y empeoraría la situación en los países a los que se hubiese señalado como posibles culpables.

Reaccionamos destruyendo o ignorando según el bando. Pero los menores deberían estar al margen de conflictos, su nacionalidad, color o religión no deberían ser relevantes, y la Europa de los derechos debiera dar cobijo y atender por igual a todos. Sin embargo, creo que nos hemos olvidado demasiado pronto de Aylan, nos hemos olvidado pronto de nuestros valores. Que no reaccionemos ante la pérdida de 10.000 niños y niñas, sabiendo el calvario que pueden estar viviendo mientras escribo estas líneas, o mientras ustedes las leen, en mi opinión, es alarmante. Algo pasa en esta sociedad, desde luego la crisis no es sólo económica.

Nuestra constitución prevé en su catálogo de derechos fundamentales el derecho a un proceso público con todas las garantías(artículo 24). En el procedimiento penal, estas garantías se plasman en una amalgama de derechos que garantizan a los acusados cuestiones tan básicas como conocer el delito que se les imputa o garantizar que, en caso de condena, ésta no será sobre hechos distintos a los que constituyen el objeto del juicio oral.

Todas éstas garantías se reflejan perfectamente en la propia constitución de una manera clara y sencilla, encontrándonos expresamente para el ejercicio de la defensa el derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, lo que, en la práctica, da derecho a mentir, no dejando pasar nunca que la presunción de inocencia implica que, en caso de que estemos imputados por un delito, no somos nosotros los que debemos probar nuestra inocencia; al contrario, es el acusador quien tiene que demostrar el hecho y la participación del acusado.

El imputado es el sujeto pasivo del proceso penal y el titular indiscutible del derecho más esencial que ha de hacerse valer en una sociedad democrática: la libertad. Por tanto, la simple imputación no es más que la sospecha de la participación de una persona, en concreto, en un determinado hecho punible, sin entrar en consideraciones acerca de la culpabilidad o no del sujeto, que deberá determinarse en sede judicial.

El imputado se encuentra en situación de igualdad respecto de las partes acusadoras y, por lo tanto, en idénticas posibilidades de intervenir en la fase de instrucción (investigación judicial del hecho).

El derecho a la defensa sirve para hacer efectiva la inocencia, siendo un derecho que habilita al imputado para el ejercicio de las facultades reconocidas por las leyes sustantivas y procesales, y que le permiten oponerse a la pretensión penal instada contra él.

El derecho de defensa es un derecho genérico que engloba el derecho a ser informado de la acusación, el derecho al principio de contradicción, al acceso penal, a la asistencia letrada, a la práctica de cuantas pruebas fueren necesarias, a no declarar contra sí mismo, derecho a los recursos, a la última palabra, etcétera.

Algunos de estos derechos, como se ha referido anteriormente, están consagrados expresamente en la constitución, existiendo además otros como los previstos en los artículos 17 (libertad) y 18 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones). Todos ellos forman un catálogo de garantías constitucionales que se amplían expresamente en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este último artículo se refiere a los derechos de toda persona detenida o presa, y establece el derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara abogado, se procederá a la designación de uno de oficio.

La asistencia de letrado es obligatoria desde la detención o desde la imputación de un delito. En otro orden, nos encontramos también con el derecho a la información del acusado, quien debe conocer perfectamente los hechos que se le imputan, siendo ello fundamental para la defensa, y debiendo ser informado también de todos sus derechos, tanto en la sede policial como en sus declaraciones judiciales, del material probatorio en que se sustenta la acusación formulada o la calificación jurídica de los hechos imputados.

En suma, un conjunto de derechos necesarios e imprescindibles en un estado de derecho; facultades y prerrogativas que hacen posible que se dicten sentencias sólo respecto de hechos probados, con igualdad de condiciones en el procedimiento penal para todas las partes.

Cada año, 60.000 animales son maltratados en España en fiestas populares y 200.000 animales son abandonados; entre ellos, 150.000 perros y 50.000 galgos encuentran la muerte asesinados. Algunos animales son llevados hasta la extenuación, mutilación, desnutrición, parálisis, daños irreparables o incluso hasta la muerte.

En el año 2004, se incluyó en nuestra legislación penal el delito de maltrato a los animales domésticos, tipificado en el art. 337 CP tras una legislación nada satisfactoria y es que, como advertía el Fiscal Coordinador de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en un artículo publicado en El País en el año 2006: “la conciencia de atizarle al perro sigue estando arraigada y eso tiene que cambiar”.

La respuesta penal a aquellos comportamientos que deben sancionarse llega muchas veces tarde y quizás esto se haya dado con creces en este tipo de delitos. Así, la cada vez más sensibilización de la sociedad por los derechos a los animales ha generado una mayor protección a los mismos, plasmándose en tipos penales que pretenden dar cobertura a la protección animal, aún cuando existen sectores que continúan criticando la escasa protección jurídica en este tipo de supuestos.

Hasta la reforma penal, que entró en vigor en el año 2004, el derecho penal se ha mantenido prácticamente al margen de la protección de los animales, siendo considerable hasta el momento el lamentable fracaso del derecho administrativo y no bastando las simples sanciones de ésta índole.

El maltrato a los animales se refleja en el artículo 337 CP, 631 y 632 CP. Concretamente, el artículo 337 CP establece el maltrato a los animales como delito con penas que pueden llegar hasta el año de prisión, sancionando actos que supongan un maltrato injustificado y con ensañamiento a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que les produzcan un grave menoscabo físico.

Hablamos de un tipo penal claro que deja fuera de protección a los animales salvajes (por lo que excluye las corridas de toros). De esta manera, cuando hablamos de animal doméstico, se trata de proteger al animal que cohabita con nosotros, teniendo un carácter social o lúdico. No obstante, podrían incluirse también animales que aún siendo salvajes, son acostumbrados a la compañía de una persona, dependiendo de ésta para su subsistencia.

Por otro lado, como se observa, la acción delictiva que se castiga es sólo aquel acto que pueda llegar a causar la muerte o provocar lesiones que produzcan un grave menoscabo físico; por tanto, podrían quedar fuera actuaciones que lejos de producir necesariamente un daño físico en el animal, puedan suponerle un daño psíquico.

En estas situaciones el animal, aún teniendo lo indispensable para su subsistencia, se pasa toda su vida atado o gravemente desatendido, produciendo una lesión que puede manifestarse en una agresividad descontrolada.

Los casos en los que no se produzca la muerte del animal o bien un resultado lesivo grave, debemos acudir al catálogo de faltas, donde los artículos 631 y 632 CP prevén respuestas menos graves para este tipo de conductas.

El art. 632.2 CP castiga el maltrato cruel a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizadoslegalmente y siempre que no sea uno de los supuestos nombrados del art. 337 CP.

En el precepto 632.2 CP, se incluye el concepto de crueldad, que impide la aplicación del tipo para los casos de maltrato que no supongan, por tanto, actos de crueldad.

Finalmente, señalar también la falta prevista en el art. 631.2 CP, donde se castiga el abandono de animales domésticos en condiciones de peligro para su vida o integridad física; puede considerarse que se trata de un precepto de compleja aplicación por estar ante un delito denominado de peligro hipotético, es decir, el abandono sólo sería delictivo si pone en peligro la vida o integridad del animal.

Esta falta engloba aquellos supuestos de abandono con evidente desprotección para el animal (carreteras, en plena calle, etc.), terminen o no con un resultado de lesiones o de muerte. Podemos entender que quedarían algunos supuestos excluidos, como aquellos donde el dueño del animal deja atado al mismo a una reja o a un árbol y a la vista de terceros que pueden evitar el acto de abandono cometido.

Aún, quizás, queda mucho por legislar, pero resulta interesante que se proteja a los animales cuando éstos muchas veces son los que nos protegen a nosotros o a nuestros bienes.

Cualquier propietario que desee alquilar su vivienda tiene siempre la duda de saber si ese alquiler le será o no rentable en relación a un posible impago y que el inquilino no abandone la vivienda.

Judicialmente, existe el llamado procedimiento de desahucio, a efectos de reclamar las rentas no pagas y para conseguir que el deudor abandone la vivienda.

El impago de cualquier cantidad en concepto de renta puede suponer el desahucio del arrendatario, bastando que se deje de abonar una mensualidad para ejecutar la acción de desahucio y de reclamación de las cantidades pendientes de pago (mensualidades y otros gastos como agua y luz, si se han pactado en el contrato).

El procedimiento de desahucio, una vez interpuesto, sólo puede culminar sin que el inquilino abandone la vivienda si se abonan las cantidades reclamadas y las siguientes que se generen antes del acto de la vista.

Esto sucederá siempre que no nos encontremos ante un segundo desahucio o cuando se haya solicitado previamente el pago de la deuda vía amistosa, ya sea por burofax o por cualquier otro medio fehaciente, habiendo transcurrido un mes desde la recepción de éste y la interposición de la demanda.

Así, si la deuda no se paga o existen algunas de las excepciones referidas, el procedimiento continúa y se le notifica la demanda al arrendatario, concediéndole un plazo de 10 días para pagar lo reclamado, no pagar u oponerse a la demanda, argumentando las razones por las cuales no abona las mensualidades.

En el caso de que el inquilino no pague, éste podrá permanecer en la vivienda hasta el día del lanzamiento, es decir, cuando la comisión judicial se desplace a la vivienda para echar al inquilino, fecha hasta la cual se seguirán acumulando los pagos.

De no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites, fijándose el día y la hora del lanzamiento que, según la ley, deberá producirse antes de un mes desde la vista.

Por último, aún cuando en este caso nos referimos concretamente al desahucio por impago, debemos destacar que existenotros motivos para instar dicho procedimiento, debiendo siempre tener en cuenta el clausulado contractual.

De este modo, podemos encontrarnos con supuestos de desahucio por finalización del plazo del contrato, por haber subarrendado sin consentimiento o, si es un alquiler de vivienda, que el titular no tenga allí su residencia habitual.

¿A quién no le suena aquello de “no puedo darle información por la protección de datos”? Son frases cada vez más recurrentes gracias a la Ley Orgánica de Protección de Datos con la que se pretende garantizar y proteger, sobretodo, los derechos fundamentales de las personas físicas y, especialmente su intimidad y privacidad personal y familiar.

La ley, así como el real decreto que la desarrolla, pretende regular el tratamiento de los datos y ficheros donde existan señas de carácter personal y, de hecho, es de obligado cumplimiento para todas las personas físicas o jurídicas que posean este tipo de información de clientes, usuarios o empleados.

Incluso los particulares que no ejerzan actividades económicas estarían obligados a cumplir la LOPD. De no hacerlo, podrían ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros.

Cuestión importante es el acceso de terceros a los datos, algo que la ley impide, salvo consentimiento del titular, pudiendo darse la circunstancia de que, al suscribir algún tipo de contrato, estemos asumiendo también la posibilidad de que la otra parte ceda nuestros datos.

No obstante, este principio general de no cesión tiene diversas excepciones:

Excepciones al deber de información: casos previstos por la ley y otros en los que los datos son usados para fines históricos, estadísticos o científicos.

Excepciones al consentimiento: por solicitud de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, existencia de una ley que disponga la excepción al consentimiento, cuando los datos son necesarios para el cumplimiento o mantenimiento de un contrato laboral o con carácter administrativo (siempre adherido a la relación contractual), si existe un interés vital del afectado o son datos de fuentes públicas como el censo.

En todo caso, para recoger nuestros datos personales debemos tener toda la información posible, conociendo quién solicita los datos, con qué finalidad, el lugar donde quedarán almacenados y la posibilidad que tenemos para acceder al fichero correspondiente a los efectos oportunos. Además, el consentimiento es siempre revocable.

Otra cuestión interesante y prevista en la LOPD es lo relativo al tratamiento de datos a nivel internacional, como sucede en Internet. Lo general es que no podrán realizarse transferencias de datos personales a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al nuestro, salvo que se obtenga autorización previa del Director de la Agencia de Protección de Datos, encargada de evaluar el nivel de protección de datos que ofrece el país de destino.

En cuanto a las excepciones, versan fundamentalmente las de carácter legal donde expresamente se prevea, las transferencias por cuestiones judiciales, asistencia sanitaria, transferencias dinerarias o para salvaguardar un interés público.

Cuando se acercan las elecciones, sea la administración que sea, crece en la población una especie de miedo a la mesa electoral, desconociendo muchas veces que cabe la posibilidad de alegar, dentro del plazo de siete días, causa justificada y documentada que impida la aceptación del cargo; pero ¿qué es causa justificada y documentada?

La Junta Electoral Central ha publicado los impedimentos y excusas justificadas para los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales.

No se trata de una lista cerrada, debiendo distinguir aquellas causas que no ofrecen dudas sobre la justificación de la excusa alegada y aquellas otras en que la justificación o no de la excusa depende de circunstancias que han de ser apreciadas en cada caso.

No obstante, podemos diferenciar tres grupos de impedimento para formar parte de las mesas electorales: causas personales, familiares y profesionales, que han de servir como ejemplo y no seguirse al pie de la letra.

Por otra parte, Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé supuestos legales contrarios a la elegibilidad (artículos 6 y 154), así como otros casos en que la ley indica directamente la condición de incompatibilidad con el desempeño de las funciones propias de las mesas electorales (artículo 27.1 LOREG).

Causas relativas a la situación personal:

- Ser mayor de 65 años y menor de 70.

- La situación de discapacidad, conforme a la Ley 13/1982, de Integración Social de Minusválidos.

- La condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, declarada de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social.

- La situación de incapacidad temporal para el trabajo, acreditada mediante la correspondiente baja médica.

- La gestación a partir de los seis meses de embarazo y el período correspondiente de descanso maternal, sea subsidiado o no por la Seguridad Social, todo ello debidamente acreditado.

- El internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos, todo ello certificado.

Causas personales (a valorar por la Junta Electoral de Zona):

- La lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que, aunque no haya dado lugar a una declaración de incapacidad para el trabajo, impida ejercer las funciones de miembro de una mesa electoral o convierta en particularmente difícil o penoso el ejercicio de tales funciones.

- La condición de pensionista de incapacidad permanente total para una determinada profesión, siempre que los factores determinantes de la incapacidad concurran también por analogía en el desarrollo de las funciones de miembro de la mesa electoral.

- La situación de riesgo durante el embarazo durante los primeros seis meses del mismo, siempre que los factores de riesgo determinantes de la situación concurran también por analogía en el desarrollo de las funciones de miembro de la mesa electoral.

- La previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes en el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores o en el día siguiente a aquélla, siempre que resulten inaplazables.

- La pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con la participación en una mesa electoral.

- El cambio de la residencia habitual a un lugar situado en otra comunidad autónoma cuando, además de dicha circunstancia, se justifique la dificultad de poder formar parte de una mesa electoral.

Causas relativas a las responsabilidades familiares:

- La condición de madre, durante el período de lactancia natural o artificial, hasta que el bebé cumpla nueve meses.

- El cuidado directo y continuo, por razones de guarda legal, de menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

- El cuidado directo y continuo de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo.

Atendiendo a las circunstancias de cada caso:

- La concurrencia el día de la elección de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde con éste una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.

- La condición de madre o padre de menores de catorce años, cuando se acredite que el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada electoral, careciendo además el interesado de ascendientes o de otros hijos mayores que puedan hacerlo.

Razones profesionales:

- Quienes durante el día de la votación deban prestar sus servicios a las juntas electorales, a los juzgados y a las administraciones públicas que tengan encomendadas funciones electorales.

- Quienes deban prestar durante la jornada electoral servicios esenciales de la comunidad de importancia vital, como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos, etcétera.

- Los directores de medios de comunicación de información general y los jefes de los servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral.

- Los profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación, que estén previstos con anterioridad a la convocatoria electoral cuando el interesado no pueda ser sustituido y la no participación del mismo obligue a suspender el acontecimiento, produciendo perjuicios económicos relevantes.

Una vez que se dejan de pagar ciertas deudas, es posible que los acreedores insten a la inscripción del deudor en el temible fichero ASNEF; pero, ¿qué es el fichero de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito?

Se trata de un banco de datos relacionados con el incumplimiento de obligaciones dinerarias. Su finalidad es prestar información a sus miembros respecto de la solvencia patrimonial, así como de los cumplimientos -e incumplimientos- de las obligaciones económicas de quienes solicitan algún tipo de financiación.

Forman parte de la ASNEF bancos, cajas de ahorro, entidades de renting, seguros de crédito, editoriales y distribuidoras de libros, distribuidoras de tarjetas, operadoras de telefonía fija y móvil, operadoras de cable, etc.

Las personas que figuran en este fichero han incumplido alguna obligación dineraria, generándose la dificultad de que se suscriba algún tipo de contrato que pueda suponer una contraprestación económica, ya que las entidades miembros consultarán el fichero cuando el cliente solicite cualquier operación que entrañe un riesgo económico con el fin de comprobar si está al corriente de pago.

La entidad encargada de su tratamiento es Equifax Ibérica, S.L., adonde se puede acudir para solicitar información y ejercitar el derecho de acceso, cancelación, rectificación y oposición.

Todo lo relativo a este tipo de listados, así como la forma de cancelar su inclusión, se encuentra reflejado en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, donde se indica que, para eliminar la inscripción, deberá solicitarse por escrito. En caso de que proceda, será efectiva en 10 días. En caso contrario, se notificará en el mismo tiempo; esto ocurrirá cuando la parte acreedora no confirme que se ha satisfecho la deuda.

Es importante saber que la solicitud de rectificación o cancelación podrá realizarse también directamente a la entidad que comunicó los datos al fichero, ya que es la que decide si procede o no.

Una cuestión que importa mucho a los inscritos es el plazo máximo de permanencia de sus datos. De acuerdo con el artículo 29.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, sólo se podrán registrar datos que no se refieran a más de seis años.

Finalmente, para conocer los datos que aparecen en el fichero, podemos dirigirnos a su página web, debiendo elegir la opción relativa al derecho de acceso e introducir el NIF y el número de referencia que aparece en la esquina superior izquierda de la carta de inclusión que deberá notificársele.

No es extraño conocer a alguien que haya sido imputado o condenado por atentar contra la seguridad vial. Se trata de delito más frecuente de lo que se piensa y, en ocasiones, son demasiados los reincidentes. Una lástima para nuestra sociedad, ya que debemos estar plenamente concienciados de los peligros que pueden darse al volante y de las consecuencias de los actos que constituyen delito.

Nuestro código penal recoge varios delitos tendentes a proteger la seguridad vial, con sus correspondientes sanciones. El supuesto más común es el de conducir bajo los efectos del alcohol, que conllevará una infracción administrativa y también penal cuando el conductor supere la tasa de alcohol de 0,60 miligramos por litro en aire espirado o 1,2 gramos por litro en sangre.

La sanciones para estos casos son multa, trabajos a la comunidad o prisión, dependiendo del historial delictivo del imputado, a quien también se le podrá privar del derecho de conducir hasta un máximo de cuatro años.

Es común caer en el error de que siempre habrá multa. Sin embargo, una persona que haya sido condenada en más de una ocasión puede recibir penas de prisión e ingresar en un centro penitenciario por tener antecedentes.

¿Y si me niego a realizar la prueba de alcoholemia o de estupefacientes?, ¿podrán imputarme un delito de conducción bajo los efectos del alcohol? Es posible, pues los agentes deberán incluir en el atestado tanto la negativa como la actitud, comportamiento y aspecto del imputado, utilizando descripciones que nos lleven a considerar que efectivamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, en base al aliento o a la dificultad en el habla. Además, podrá acarrear un delito de desobediencia.

Otro supuesto común es el de conducir sin carné o cuando haya sido retirado administrativa o judicialmente. Aquí, las penas a aplicar serán las mismas que en el supuesto anterior.

Finalmente, y dada su lamentable frecuencia, conviene citar el artículo 382 del Código Penal, relativo a aquellos actos que implican lesiones. No importa el resultado producido exactamente (siempre que sea lesivo, pero no produzca la muerte), ya que siempre se aplicará la pena más grave (prisión), además de indemnizar a la víctima.

Interesa poner en conocimiento de los lectores que, cuando corresponda indemnizar por conducir ebrio, la compañía aseguradora asumirá el pago, pudiendo luego reclamarlo al infractor.

Existen otros tipos penales relacionados con la seguridad vial; para más información, consulte a un profesional del derecho.

Al conocer el caso de una madre que, teniendo la guarda y custodia de sus hijos, percibe una elevada cantidad de dinero en concepto de pensión de alimentos a favor de éstos, tendemos a pensar que todos los casos son iguales. Sin embargo, la pensión a abonar por el progenitor no custodio depende de varias circunstancias.

En primer lugar, conviene aclarar que la pensión de alimentos será abonada por aquel progenitor que no tenga la guarda y custodia de los menores, es decir, aquel que no ostenta de manera habitual el cuidado de los niños.

La cantidad a fijar, conforme a nuestra legislación, se determinará en función de la capacidad económica de quien está obligado al pago y en función de las necesidades de quien los recibe. Por ello, en cada caso concreto habrá que determinar la cantidad a abonar, pues, por ejemplo, no será lo mismo aquel progenitor no custodio que perciba un salario de 4.000 euros mensuales a aquel que esté en situación de desempleo, con una prestación de 426 euros (supuesto este cada vez más frecuente, dada la situación económica actual).

Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial ha elaborado unas tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias, si bien no es de aplicación automática, ya que se respeta siempre la independencia de jueces y magistrados.

La pensión alimenticia se abona mensualmente y recoge todos los gastos ordinarios que pueda generar el menor, como el sustento o la vivienda. Debe actualizarse anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), algo que puede hacerse desde el Instituto Nacional de Estadística.

La cuantía de la pensión de alimentos no se prevé con carácter permanente: si las circunstancias de los progenitores o de los menores cambian, también podrá cambiar la cantidad abonable. Además, existe una limitación temporal hasta que el menor alcance su independencia, de manera que, si una vez alcanzada la mayoría de edad continuara sus estudios, seguiría recibiendo la pensión alimenticia.

Por otra parte, también están los gastos extraordinarios que surgen de manera sorpresiva, sin carácter mensual, como los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social.

En caso de guarda y custodia compartida, no será necesario el pago de la pensión de alimentos, pues se entiende que durante el tiempo que el menor esté con cada progenitor, éste se hará cargo de los gastos ordinarios del mismo, abonándose los gastos extraordinarios al 50%. No obstante, es posible que dicho porcentaje varíe en función de la situación de los progenitores, tanto si hablamos de una guarda y custodia compartida como si no.

Finalmente, ante una situación de impago de la pensión de alimentos, el progenitor con derecho a percibirlos podrá interponer la correspondiente demanda de ejecución de sentencia (exenta de tasas), ya sean esos incumplimientos totales o parciales y pudiendo incluso incoar un procedimiento penal si se dan las condiciones del tipo.

Todo lo relativo al derecho de familia y más concretamente a la pensión de alimentos, debe tratarse concretamente y no de manera genérica, sin caer en el error de extrapolar la situación familiar de un progenitor con la de uno mismo, ya que las condiciones de familiares de unos y otros pueden variar considerablemente.

Si quiere resolver sus dudas en temas jurídicos y económicos, puede enviar un email a redaccion@teldeahora.comredaccion@teldeahora.com

Hacer un testamento conlleva numerosas dudas. Aunque se trata de una cuestión bastante compleja, esta semana acercaremos al lector algunos de los puntos más importantes para poder realizarlo.

Lo primero a tener en cuenta son las limitaciones legales, que distribuyen toda herencia en tres partes iguales:

-Legítima: a favor de los herederos forzosos (ascendentes, descendientes y cónyuge), según los casos.

-Mejora: beneficia exclusivamente a los descendientes (hijos/as y nietos/as).

-Libre disposición: el testador dispone libremente.

En los casos concretos de inexistencia de hijos, padres o cónyuge, es necesario consultar a un profesional.

Frente a estas figuras, existe también el legado, que posibilita al testador atribuir un bien concreto y específico a una o varias personas, siempre que se respete el tercio de legítima.

En la práctica, el testamento más usual es cuando, en caso de un matrimonio, un cónyuge testa a favor del otro. Así, se asegura que mientras uno de los dos viva, tendrá derecho a residir en la casa y utilizar el patrimonio. Cuando ambos fallezcan, pasará a los hijos por partes iguales.

Esta práctica, en principio, es contraria a la ley, ya que el tercio de legítima correspondiente a los llamados herederos forzosos no puede gravarse con ninguna carga (aquí se le aplica la carga del usufructo).

Sin embargo, suele salvarse añadiendo en el testamento que, si uno de los herederos reclamase su derecho a la legítima, heredará exclusivamente la legítima estricta, esto es, el mínimo legal.

Otra cuestión recurrida es la situación hereditaria en casos de parejas de hecho, donde el Código Civil no contempla derechos sucesorios, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en testamento y en la posible existencia de hijos.

¿Qué opciones tiene el heredero?

Aceptar la herencia de forma pura: si no se renuncia a ella, se entiende que se acepta. Una vez otorgada, no se puede rechazar. El heredero se compromete a pagar las deudas y compromisos del fallecido, respondiendo con el patrimonio de éste y con el suyo propio, sin limitación.

Aceptar a beneficio de inventario: el heredero salda las deudas con la herencia y nunca con sus propios bienes.

Renunciar (repudiar) la herencia: ha de ser expresa y en documento público.

Con respecto al pago de tributos, varía mucho según la comunidad autónoma. El heredero que acepta la herencia tiene un plazo de seis meses desde el fallecimiento para liquidar el impuesto.

Posteriormente, la administración tendrá un plazo de prescripción de cuatro años para poder reclamarlo. De no proceder a ello, y pasados cuatro años, seis meses y un día desde el fallecimiento, el impuesto habrá prescrito. Deberán tenerse en cuenta las posibles sanciones en caso de impago o retrasos en la liquidación del impuesto.

Nuestro Código Civil prevé más de 300 artículos relacionados con el testamento, por lo que se recomienda acudir a un profesional del derecho para obtener una información más detallada.

Desde que la crisis ha asediado a gran parte de la población, ésta se ha visto seriamente afectada por cláusulas contenidas en su hipoteca que han llevado a muchos a perder sus viviendas.

Constantemente, llegan personas al despacho con el interés de saber a qué se han comprometido, hasta 10 años después de haberlo hecho, y las consecuencias del contenido de su hipoteca. Esto es consecuencia de la tan rebuscada terminología, que deja la interpretación de los contratos de préstamo hipotecario a unos pocos.

El objetivo de este artículo es acercar conceptos tales como cláusula suelo, cláusula techo, cesión del crédito, responsabilidad universal o interés de demora, para saber hasta qué punto puede haberse firmado algo abusivo o no.

Cláusula suelo (o cláusula suelo y techo): es uno de los conceptos más recurrentes, pero muchas veces aparece bajo otros nombres, como collar, que pueden dificultar su significado y propiciar que se caiga en el error de pensar que nuestra hipoteca no incluye el llamado techo y suelo.

El collar se utiliza en los préstamos con interés variable para limitar el riesgo de subida del tipo de interés; esto es, asegurar el pago del tipo de interés comprendido entre un valor máximo (techo o cap) y un mínimo (suelo o floor), suscritos ambos en el contrato y a cambio de una prima en base al Euribor o a cálculos propios de la entidad bancaria.

En su momento, esta cláusula sirvió para no pagar por encima del techo, aunque el interés lo superara. Así, el prestatario siempre pagaría lo mismo.

No obstante, el beneficio al alza se convierte en un grave perjuicio a la baja, porque aunque el interés caiga se sigue pagando el suelo fijado.

Tras haberse pronunciado al respecto el Tribunal Supremo, dicha cláusula puede ser objeto de estudio en un posible procedimiento judicial.

Cláusula de demora: como su propio nombre indica, no es más que una penalización por la demora en el pago de la cuota hipotecaria. El problema que se ha dado es el elevado interés aplicable a esa demora, llegando hasta un 25%.

Su carácter abusivo ha sido resuelto por los tribunales. Como ejemplo, conviene citar el Auto del Juzgado de Primera Instancia de Arrecife nº 4 en un contrato de préstamo hipotecario: la entidad BBVA aplicaba un interés de demora del 19%, entendiendo el juzgado que tal condición resultaba usuraria y anulando no sólo la ejecución, sino también la hipoteca.

Finalmente, y para no hacer este artículo igual de pesado que algunas hipotecas, haré una breve descripción de otras cláusulas menos nombradas, pero que interesa conocer.

Responsabilidad universal del deudor: es una posibilidad prevista en nuestro código civil, donde se permite al acreedor (en este caso el banco) poder exigir el pago de la deuda pendiente con todos los bienes presentes y futuros del deudor (el ciudadano hipotecado).

Aparece impuesta en casi todas las hipotecas, pero no se informa de la posibilidad de limitar dicha responsabilidad, conforme al art. 140 de la Ley Hipotecaria.

Cuota final (o cuota balón): es de escaso uso, pero no deja de ser sorprendente. La cuota final a pagar puede alcanzar hasta un 30% del capital prestado, lo que implica que las cuotas mensuales anteriores a esta cuota final son más bajas de lo normal, pudiendo confundir al deudor.

Lo que viene a decir es que con cada mensualidad se aplaza un 20% o 30% del total, porcentaje que va generando intereses que se pagarán en una última cuota al final de la hipoteca.

La suma, dentro de 20 o 25 años será tan elevada que podría llevar al deudor a perder el inmueble, aun cuando hubiera pagado todas las cuotas anteriores.

Existen otras cláusulas tan o más perjudiciales, por lo que siempre es aconsejable solicitar un borrador previo de lo que vaya a firmarse y consultarlo con alguien que conozca la materia.

Si quiere resolver sus dudas en temas jurídicos y económicos, puede enviar un email a redaccion@teldeahora.comredaccion@teldeahora.com