Puede que España haya alejado al lobo económico con 192.000 millones de euros chinos, pero las víctimas de crímenes internacionales estarán peor que antes tras la revocación de la justicia universal

Si, como en el caso de China hace poco, un juez en España decide emitir una orden de detención internacional para la búsqueda y captura del antiguo presidente y del antiguo primer ministro de su país, parece que unos €192.000 millones le comprarán una legislación exprés que revoque las leyes españolas que versan sobre la justicia universal, obligando a los jueces españoles a archivar dichas investigaciones tan problemáticas para su país y para otras naciones, y obligando a sus señorías a liberar a narcotraficantes internacionales ya presos en España.

Las leyes españolas sobre la justicia universal—la idea de que un juez español puede investigar y juzgar graves crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo—habían existido desde 1985.

Este febrero, el gobierno de Mariano Rajoy usó un procedimiento legislativo exprés para enmendar la Ley Orgánica de Poder Judicial y revocar la justicia universal en España, e hizo uso de su mayoría absoluta para dejar sin efecto las protestas de todos los partidos de la oposición, y sin que hubiera tiempo para debatir el asunto a fondo.

Además de la investigación del genocidio en Tibet, había casos de justicia universal abiertos que investigaban la muerte en Irak del cámara español José Couso, el genocidio en Guatemala, el genocidio en el Sáhara y los vuelos de rendición de la CIA, pero la revocación de la ley por parte del gobierno ya ha obligado a los jueces españoles a tomar decisiones y a actuar.

El juez Pedraz, investigando la muerte del Sr. Couso, de momento ha anunciado que no archivará su causa, argumentando que España está 'obligada' a seguir investigando. El martes, el juez Andreu en el Juzgado Central de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional liberó a ocho narcotraficantes egipcios, detenidos en un barco que llevaba 10 toneladas de hachís, argumentando que la nueva legislación ya no permite a la justicia española actuar. Y el viernes, el juez Gómez Bermudez liberó a otros ocho, esta vez sirios detenidos con otras 12 toneladas de hachís, argumentando que un juez debe aplicar la ley aunque le resulte 'frustrante'.

El jueves por la noche, ya de madrugada, en el Debate de la 1, en el que esta semana era el invitado especial, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ofreció a aquellos españoles aún despiertos una fugaz explicación de lo ocurrido.

«Lo que hemos dicho es, oiga, ¿Ud. sabe que China tiene el 20% de la deuda pública española y que bastaría un clic en un ratón en un ordenador en China para que este país se encontrase con una prima de riesgo como la que teníamos hace años y por lo tanto aumentásemos las colas de empleo? ¿Tiene sentido hacer eso para no conseguir nada? Porque no se iba a poder conseguir nada.»

La deuda pública española alcanzó el 94% del PIB, o algo más de €960.000 millones, en el cuarto trimestre de 2013, según datos publicados en marzo por el Banco de España, así que el 20% de las obligaciones nacionales en manos de China—si nos creemos al señor ministro—rondaría los €192.000 millones.

Los desafíos del Siglo XXI están obligando a los españoles a redefinir su identidad y sus valores en un mundo nuevo. Gracias al agujero económico en el que se encuentra el país, un problema chino de €192.000 millones ha hecho que el Gobierno derogue una ley que afecta muchos casos y a muchas víctimas en muchos países.

España ha elegido el dinero chino en vez de la justicia universal. Durante un tiempo, España tendrá algo más de riqueza, pero las víctimas de graves injusticias internacionales estarán en una situación mucho más precaria.

Artículo original publicado en The Spain Report: 21st–Century Value Conflicts For Spain