Cuando ETA anunció en 2011 el abandono definitivo de la 'lucha armada' (léase violencia terrorista) perdió la oportunidad de optar por un final honorable al no hacerlo mediante un finiquito en el que los guardianes de las esencias terroristas apareciesen firmando al pie de un folio en blanco que la generosidad de la democracia se encargaría de rellenar.

Pero ETA y su mundo nunca han perdido la oportunidad de hacer las cosas si no bien por lo menos no del todo mal y no terminar comportándose como una gentuza miserable que encima siempre ha acabado, además de haciendo daño a los demás, haciéndose daño a sí mismos. Tenían el futuro abierto a todo tipo de alternativas incluidas las buenas y una vez más han elegido la peor. Porque de todos los finales posibles ETA ha elegido el único inaceptable para los demócratas: echar la persiana sin reconocer la ilegitimidad de sus crímenes y por tanto sin aceptar la democracia.

La firma de este finiquito hubiese sido la consecuencia lógica de una derrota operativa y de un desistimiento organizativo obligados por la superioridad moral de la Democracia (unidad de los partidos políticos en torno a los pactos antiterroristas) y por la fortaleza del Estado de Derecho (eficacia policial, firmeza judicial, colaboración internacional, política penitenciaria orientada a la reinserción a pesar de las presiones en sentido contrario, etc.).

No lo hicieron así y prefirieron camuflar su derrota aún a costa de dar dos vueltas más de cerrojo a la llave de las celdas de los presos de la banda y de añadir más dolor a los miles de víctimas que han ido dejando en su camino criminal. Desde aquella fecha han tardado siete años más en encontrar alguna razón que diese sentido a sus sesenta años de ignominia. Y parece que la han encontrado. Se trata de “el conflicto” (sic), “el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los estados” de acuerdo con la “Declaración final de ETA al Pueblo Vasco” del 3 de mayo de 2018. Así, con minúsculas, cuando “el conflicto” precedido por el artículo determinado, presupone algo único que debería escribirse con mayúsculas, el Conflicto, e incluso El Conflicto.

En estos sesenta años de existencia hemos sido incapaces de conseguir que ETA y sus conmilitones de la izquierda abertzale o sus comparsas y aplaudidores de la izquierda zorrocotroca española e internacional nos definiesen en una sola frase en qué consiste el famoso Conflicto. Existe más de una anécdota bochornosa al respecto. Nunca nos lo han explicado y no iba a ser ETA quien nos lo desvelase en su despedida.

Y ha tenido que ser un historiador riguroso y científico, Gaizka Fernández Soldevilla, el que en un magnífico artículo (La importancia del relato, El Correo, 4 de mayo de 2018) nos definiese El Conflicto con precisión de cirujano: “la supuesta guerra étnica en la que los ´invasores´ españoles y los ´invadidos´ vascos llevarían enzarzados desde la noche de los tiempos y cuyo penúltimo capítulo sería ETA”. Y como bien se encarga el autor de apostillar a continuación “Se trata de un mito, el equivalente abertzale a la ´lucha de razas´ del nazismo o la ´Cruzada´ del franquismo”.

Así de sencillo. Aquí no han existido feudalismo, banderizos belicosos, jauntxos de rapiña, revueltas y machinadas por conflictos sociales varios, huelgas mineras y obreras de todo tipo y condición y un largo etcétera de conflictos entre vascos como en toda tierra de garbanzos o en este caso mejor de habas y de borona. No, aquí solo ha existido El Conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados. Y por eso ETA ha sacrificado 853 vidas humanas, causado miles de heridos y perpetrado incontables tropelías, pero no para acabar con El Conflicto, no, sino para que según dicen continúe por otro camino.

Pero esconderse tras un trampantojo no permite a nadie eludir las propias responsabilidades históricas. Y el hecho cierto es que con este final ni ETA asume su responsabilidad por los crímenes cometidos ni la izquierda abertzale las suyas por no condenar los crímenes de ETA. Y quien no condena el asesinato, el secuestro, la amenaza o la extorsión de un conciudadano simplemente considera que es legítimo asesinar, secuestrar, amenazar o extorsionar a su convecino. Y eso es incompatible con la convivencia en libertad en el seno de una sociedad democrática.

En este sentido el final que nos han brindado ETA y sus adláteres en Cambo les Bains el pasado viernes 4 de mayo es una mala noticia. Es un cierre en falso. Es un final que le inhabilita al nacionalismo radical, convertido definitivamente en nacionalismo asesino al no condenar todos los asesinatos y crímenes de ETA, para participar con normalidad en el sistema democrático vigente. Y esto tiene graves repercusiones de todo orden de cara al futuro político y social de Euskadi.

La aceptación de la democracia por parte de todos quienes participan en el juego político es de vital importancia en el futuro para los partidos políticos vascos y sus relaciones, para las instituciones democráticas y su funcionamiento, para el autogobierno vasco, para algunas personas como las víctimas y sus asociaciones, para algunos colectivos como los presos por terrorismo y para el conjunto de la sociedad vasca. Y la no aceptación de la democracia supone por el contrario graves riesgos para todos ellos.

En primer lugar, para el futuro del proyecto político de la izquierda abertzale que nunca podrá desprenderse del estigma de nacionalismo asesino lo que le impedirá ser un agente funcional en la política vasca y en la política española. Incluso para su intento de blanquearse como independentismo de izquierdas en clave catalana. La sangre derramada con su aquiescencia y apoyo le invalida para cualquier transformación que reclame para sí la legitimidad de un independentismo en clave democrática si antes no condena los crímenes de ETA.

Los medios terroristas de ETA han convertido en ilegítimos los fines de la Euskadi (luego transformada en Euskal Herria) reunificada, independiente, socialista (?) y euskaldun que propugnó el entramado político militar desde la formulación de la alternativa KAS. Lo de no patriarcal ya es para nota. Sería una última broma macabra porque no hay nada más patriarcal que el cojonímetro como medida de todas las memeces y crímenes de los terroristas de ETA.

La izquierda abertzale se encontraría así impedida para concertar acuerdos estratégicos o de largo alcance político con las “otras izquierdas” existentes en Euskadi. Sería imposible hacerlo con el PSE-EE y también lo sería con Podemos porque, incluso a pesar de la insoportable levedad moral que este partido ha manifestado hasta el presente en este tema, la guerra de posiciones que mantiene a nivel nacional por la hegemonía en el seno de la izquierda le impide arrimarse mucho a alguien que le puede colorear de rojo sangre y no precisamente de toro.

Arrinconada en una esquina del cuadrilátero político, a la izquierda abertzale solo le quedará asumir un papel de fuerza de reserva radical del nacionalismo tradicional que el PNV activará a conveniencia en función de la posición que en cada momento ocupe el péndulo patriótico, en una versión actualizada, versión 2.0 que dirían los modernos, de la antiquísima estrategia del árbol y las nueces. Solo así se entiende la presencia de los dos máximos dirigentes del PNV, los Sres. Ortuzar y Aurrekoetxea, en la pantomima francesa de Villa Arnaga: Encuentro internacional para avanzar en la resolución del conflicto en el País Vasco-International event to advance in the resolution of the conflict in the Basque Country. O sea, media docena de innecesarios mediadores, de la oscura multinacional de la mediación internacional (¿quién y cuánto les pagan?), al servicio del Conflicto que nunca existió en la realidad y que nunca ha dejado de existir en la imaginación de algunos vascos tenebrosos y antiliberales. La guerra interminable de la historia interminable.

El PNV por su parte, a pesar de que siempre ha sabido jugar con gran inteligencia para situarse en el centro del espacio político, va a tener que definirse a la hora de optar por una alianza estratégica en lo relativo a la reforma del vigente Estatuto. Los actuales niveles de autonomía dejan poco margen para la frivolidad o la demagogia en la pretendida modificación del actual marco de autogobierno. Y el inexistente derecho a decidir es la línea roja que los partidos constitucionalistas no van a franquear en una hipotética negociación sobre la reforma estatutaria. En este contexto el PNV deberá decidir si se alía con una izquierda abertzale con las manos todavía salpicadas de sangre en la reclamación estéril del derecho a decidir o de una bilateralidad política imposible e indeseable o intenta ampliar el consenso de 1979 apostando por el perfeccionamiento del actual marco de autogobierno.

En este tema, el PNV debe ir interiorizando que el derecho a decidir, como eufemismo del derecho de autodeterminación (el de la virguería marxista, Arzallus dixit), no existe al igual que tampoco existe éste y que además es incompatible con los derechos históricos. Derecho a decidir y derechos históricos no son líneas convergentes ni siquiera a largo plazo; tampoco son líneas paralelas que convergerían en el infinito; son líneas divergentes e incompatibles entre sí. Y una apuesta por el derecho a decidir supondría la ruptura en el País Vasco del consenso constitucional (en torno a la DAP de la Constitución) de consecuencias impredecibles para el futuro de una sociedad vasca en paz y en libertad con bienestar bávaro y no balcánico.

En segundo lugar, la no condena de los crímenes cometidos y la no aceptación de la democracia por parte de ETA y sus epígonos tiene graves repercusiones para los presos por delitos de terrorismo y para las víctimas.

Un preso por delitos de terrorismo que no condene los crímenes cometidos es alguien que no acepta la democracia y que no está rehabilitado y en condiciones de ser reinsertado en la sociedad.

Hay gentes y no solo en la izquierda abertzale que de manera interesada están deslizando el mensaje de que reinserción y excarcelación son al fin y a la postre sinónimos. De manera que como ETA anunció el abandono de las armas en 2011 y su disolución en 2018 ya ha cumplido las condiciones para que los presos por terrorismo sean excarcelados con objeto de que puedan reinsertarse. Pero ETA y la mayoría de los presos de la banda no han tomado esas decisiones porque se hayan rehabilitado por haber reconocido el daño causado y haber condenado los crímenes cometidos y mucho menos por haber aceptado que en democracia no solo no se puede matar para conseguir fines políticos, sino que tampoco se puede modificar la legalidad desbordándola al margen de los procedimientos democráticamente establecidos. No, ETA como organización y la mayoría de sus militantes como individuos han decidido disolverse porque han sido derrotados por la democracia española y no porque se hayan reeducado.

De hecho, en su comunicado del 20 de abril de 2018, ETA reconoce que a consecuencia de errores ha provocado víctimas que no tenían participación directa en El Conflicto y pide perdón a esas personas y a sus familiares, lo que supone la reafirmación en los crímenes cometidos contra personas que de acuerdo con sus estándares demenciales sí tenían una participación directa en El Conflicto. Es decir, no solo no se arrepienten, sino que vuelven a rematar, aunque ahora de manera virtual, a la mayoría de sus víctimas. Por lo tanto, de rehabilitación o de reeducación para ser más exactos, por utilizar el término expresamente recogido en el artículo 25.2 de la Constitución, nada de nada. Este artículo del Título I de la Constitución relativo a los derechos y deberes fundamentales y por lo tanto cuasi sagrado dice que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…”. Por este orden, primero reeducación y luego reinserción, porque no puede haber reinserción si antes el penado no se ha reeducado y se ha arrepentido de los delitos cometidos lo que proporcionaría unas mínimas garantías de que no va a volver a delinquir y de que es capaz de reinsertarse en la sociedad respetando los mínimos exigibles para una convivencia en paz y en libertad y respetuosa del pluralismo político contra el que tan gravemente atentó. Por lo tanto, si no hay reeducación no puede haber excarcelación automática para la reinserción social del penado antes de haber cumplido íntegramente su condena.

La democracia es inclusiva y debe tratar de integrar al mayor número de personas. Pero si no es así, si no quieren rehabilitarse, la democracia debe ser implacable dentro de la justicia más estricta. Odia el delito y compadece al delincuente es la célebre formulación de aquella extraordinaria mujer que fue Concepción Arenal. La democracia moderna es compasiva y no puede ser de otra forma. La pena debe estar orientada a la reeducación y reinserción del delincuente tal y como establece nuestra Constitución. Pero eso nunca puede significar la aplicación automática de beneficios penitenciarios que supongan la excarcelación automática sin que el delincuente esté rehabilitado.

La reinserción es un estado que depende única y exclusivamente de cada uno de los presos. Es una condición individual que supone la reeducación previa y que en el caso de delitos de terrorismo debería pasar por reconocer el daño causado, por el arrepentimiento y la condena del mismo y por la colaboración con la justicia para el esclarecimiento de aquellos crímenes con autoría todavía desconocida. Es lógico que las víctimas reclamen estos mínimos de justicia. Desde los tiempos de Concepción Arenal hemos completado su formulación con esta otra que completa y perfecciona su aserto: odia el delito y compadece al delincuente…y a la víctima. Este es el principio de lo que conocemos como justicia restaurativa para las víctimas. Y es una posición ampliamente compartida socialmente y de elemental justicia para las víctimas.

Los presos deben conocer claramente el itinerario para su reinserción y las condiciones para su reeducación. Desaparecida la organización terrorista si el acercamiento a prisiones próximas al lugar de residencia de sus familiares, tras un análisis individualizado de cada caso, favorece su proceso de reeducación, se debería proceder a su acercamiento. Pero mientras no se encuentre rehabilitado no debería ser excarcelado antes del cumplimiento debido de sus penas. Es lo mínimo que se merecen las víctimas.

La reinserción de los presos de ETA es la otra cara de la convivencia en Euskadi decía Luis Rodríguez Aizpeolea en El País el pasado 6 de mayo. Cierto, en la medida en que la reinserción sea el resultado de un proceso personalizado de reeducación y rehabilitación. Si lo que contiene esa frase es simplemente la consideración de que ahora que ETA ha desaparecido formalmente se debe proceder a la reinserción (equiparada a excarcelación) de los presos al margen de que estén reeducados o rehabilitados porque si no esos sectores van a seguir generando problemas de convivencia en nuestros calles y barrios, la respuesta sería negativa. Una aplicación laxa de los beneficios penitenciarios y su excarcelación anticipada, sin reeducación y rehabilitación de los penados, generaría un sufrimiento adicional incomprensible y una revictimización inaceptable entre las víctimas que han sido las personas que más han sufrido los zarpazos del terrorismo y que más han hecho, con su ejemplar lucha democrática, por la derrota total del terrorismo desde la estricta aplicación de la legalidad democrática.

Por último, de cara a la sociedad vasca, la desaparición formal de ETA sin aceptación de sus responsabilidades por los crímenes cometidos plantea varios riesgos que habrá que tener en cuenta en el futuro desarrollo político de nuestra comunidad.

Uno de ellos sería el de la tergiversación de lo que realmente ha sucedido, es decir el riesgo del relato al revés, el riesgo de que nos terminen contando y la sociedad termine aceptando el síndrome polacoalemán invertido según el cual “la II Guerra Mundial comenzó cuando Polonia invadió Alemania”. Otro es el de la desmemoria, el riesgo de que se imponga el que en aras de la convivencia es mejor olvidar lo que pasó y mirar al futuro. Un tercero es el riesgo de la equidistancia entre los dos bandos que, según algunos maestros del arte de la equidistancia moral entre el cañón de la pistola del asesino y la nuca de la víctima, existieron entre los vascos en una especie de guerra civil larvada. Aunque quizás el mayor riesgo sea el de terminar dando carta de naturaleza al relato del Conflicto interminable, de ese Conflicto secular pero inexistente de Euskal Herria contra los Estados español y francés, pero sobre todo de Euskadi contra España, que tan útil sin embargo se está demostrando para el nacionalismo tradicional (v. su propuesta de preámbulo del futuro Estatuto) y que le garantiza ir de mano siempre en la eterna partida de mus que diariamente se juega en la política vasca.

Pero ningún riesgo seguramente será tan grave como el que el nacionalismo en su conjunto quiera someter a una traumatizada sociedad vasca a una especie de “procés” a la vasca. Al margen de la división y enfrentamiento social que una propuesta semejante produciría en la sociedad, como tuvimos ocasión de comprobar con el denominado “Plan Ibarretxe”, ya hemos mencionado que el terrorismo de ETA ha convertido en ilegítimos para varias generaciones los fines por los que decía luchar entre ellos sin duda el de la independencia de Euskadi.

Más allá de la ilegitimidad de cualquier proyecto que pretenda imponerse al conjunto del cuerpo social desbordando la legalidad y que sea indefendible pretender hacerse trampas en el solitario confrontando principio democrático a legalidad democrática a base de defender la superioridad moral de aquél sobre ésta; el cuerpo social vasco es un cuerpo traumatizado por las amputaciones y mutilaciones que décadas de violencia terrorista le han ocasionado. Como consecuencia de ello, el censo electoral vasco ha sido sometido a una limpieza política e ideológica de vascos no nacionalistas que va más allá de los centenares de cadáveres dejados por ETA en el camino y que alcanza a miles o quizás a decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos vascos que tuvieron que abandonar su tierra expulsados por la barbarie y la intolerancia del terrorismo nacionalista.

Esto, que ya de por sí está suponiendo una distorsión electoral difícilmente cuantificable en los procesos electorales normales que se han sucedido en los cuarenta años de democracia, sería algo intolerable si alguien pretendiera plantear un proceso independentista en el que se intentase reducir nuestro futuro a la obtención de una mayoría coyuntural sobre la que se pretendiera justificar una hipotética independencia del País Vasco (ni hablamos de la broma de una Euskal Herria política alejada de sus connotaciones culturales). Al margen de lo descabellado de un proceso de tal naturaleza desde el punto de vista político, económico y social como está demostrando Cataluña; de lo irreal de tales pretensiones en un contexto europeo que lo que necesita es más unión y menos nacionalismo; y de su ilegalidad manifiesta; la amputación y depuración de no nacionalistas del censo electoral vasco convierte en ilegítimo cualquier intento de constituir un “demos” vasco para la independencia hasta que no hayan convivido en paz y en libertad un par de generaciones (30 años) por lo menos.

Al final, todo se reduce a una cuestión de respeto al pluralismo forjado a lo largo de siglos de historia en común por los vascos de carne y hueso que no hemos necesitado de ninguna España y de ninguna Francia para zurrarnos la badana entre nosotros: entre oñacinos y gamboínos, entre carlistas y liberales, entre oligarquía minera y trabajadores mineros, entre burguesía industrial y obreros industriales, entre rebeldes franquistas y defensores de la legalidad republicana, entre franquistas y antifranquistas y entre partidarios del terrorismo totalitario y defensores de la legalidad democrática pacifistas incluidos.

Al final, todo se reduce a la construcción en el día a día de una convivencia en paz y en libertad bajo el manto protector de una Constitución democrática que garantiza la existencia de un Estado democrático y de derecho que nos protege de las tentaciones liberticidas de los totalitarios de ayer, de hoy y de siempre. Es bien sencillo, todo consiste en recordarles continuamente a algunos, parafraseando a Clinton: es la democracia, estúpido.

Es falso de toda falsedad y es sorprendente que así se reclame por parte del PNV: en abril de 1937, el Gobierno español legalmente constituido y en legítimo ejercicio era el del Gabinete presidido por el líder socialista de UGT Francisco Largo Caballero

El 26 de abril se cumplirán 80 años del bombardeo de terror, llevado a cabo por aviones y aviadores alemanes e italianos encuadrados en la Legión Cóndor, que destruyó el centro urbano de Guernica dejando intactas tanto la Casa de Juntas y el Árbol como la zona industrial.

La pronta acción de denuncia internacional de la agresión perpetrada por los militares golpistas contra la indefensa población civil, llevada a cabo por parte del Gobierno español, del Gobierno vasco, del periodista George L. Steer y otros corresponsales extranjeros, así como el impacto causado por el cuadro “Guernica” de Picasso, convirtieron un ominoso crimen en un grito contra la barbarie y a la Villa de Gernika en un símbolo del horror fascista.

Hoy queda fuera de toda duda histórica que tanto la Legión Cóndor como la Aviazione Legionaria enviadas por la Alemania nazi de Hitler y por la Italia fascista de Mussolini en apoyo de los militares golpistas alzados en armas contra el Gobierno legítimo de la República, carecían de autonomía de decisión a la hora de llevar a cabo bombardeos estratégicos y que todos ellos debían ser autorizados personalmente por el General Franco en el marco de la jefatura suprema que éste ejercía para esas fechas entre las tropas rebeldes.

Con motivo de este aniversario, el Grupo del PNV en el Senado español presentó a finales del pasado mes de enero una moción en la que reclamaba a la Cámara Alta que exigiese al Gobierno español el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el bombardeo de Gernika cometido el 26 de abril de 1937 dado que esta conmemoración es un momento “adecuado” para que el Gobierno “asuma esa parte de responsabilidad histórica que le corresponde”

Pocos días más tarde, a mediados de febrero, la eurodiputada Izaskun Bilbao del PNV, acompañada esta vez por una comparsa compuesta de eurodiputados de EH Bildu, ERC, PdeCat y Podemos, denunciaba ante la Comisión Europea “la negativa del Gobierno español a pedir perdón por el bombardeo de Gernika”. La propuesta recordaba que el 8 de febrero el Partido Popular rechazó en el Senado español una iniciativa del PNV que apostaba “por aprovechar el 80 aniversario del bombardeo para que el Gobierno español pida perdón a la población civil asesinada y reconozca su responsabilidad en estos hechos”.

Pero ¿es esto cierto?¿bombardeó Guernica el Gobierno español fuese del signo que fuese?. Pues no, es falso de toda falsedad y es sorprendente que así se reclame por parte del PNV que debiera conocer muy bien y de primera mano lo que realmente aconteció aquellos días. Del resto de acólitos, mejor no hablar. ¡Qué nivel, señor!.

Efectivamente, en abril de 1937, el Gobierno español legalmente constituido y en legítimo ejercicio era el del Gabinete presidido por el líder socialista de UGT Francisco Largo Caballero. Este Gobierno se había constituido en septiembre de 1936 tras la dimisión del Gobierno de José Giral formado sólo por republicanos de izquierda. Ante el avance de los militares sublevados, José Giral presentó su dimisión al presidente de la República Manuel Azaña, para que le pudiera sustituir un Gobierno que representara “a todos y cada uno de los partidos políticos y organizaciones sindicales y obreras de reconocida influencia en la masa del pueblo español”.

Así se hizo y tras su dimisión el 3 de septiembre de 1936 se formó el Gobierno Largo Caballero con cinco ministros socialistas, cuatro republicanos, dos comunistas, uno de Esquerra Republicana de Cataluña y ¡oh sorpresa! un ministro del PNV, Manuel de Irujo. Posteriormente, el 4 de noviembre de 1936, se completó este Gobierno con cuatro ministros de la CNT, con lo que la “unidad antifascista” fue ya así un hecho. Con una excepción, la ausencia de los comunistas antiestalinistas del POUM cuya presencia en el Gabinete fue vetada por el PCE.

Este Gobierno estuvo en ejercicio hasta el 17 de mayo de 1937 fecha en la que dimite el Presidente Largo Caballero como consecuencia de la crisis provocada, entre otros hechos, por los “sucesos de mayo” de Barcelona en los que se enfrentaron la CNT y el POUM por un lado y los comunistas por otro.

Por lo tanto, en el momento de producirse el bombardeo de Guernica, el único Gobierno español legalmente constituido que gobernaba en España era el Gobierno republicano de unidad de prácticamente todos los partidos no fascistas existentes en aquel momento en España, presidido por el socialista Largo Caballero y que contaba con la presencia del miembro del PNV Manuel de Irujo en calidad de Ministro sin cartera, es decir de Ministro eminentemente político.

¿Cómo puede entonces el PNV exigir al Gobierno español que pida perdón por un acto de barbarie que no solo no cometió, sino del que fue el principal afectado institucional como legítimo representante de todos los españoles incluidos los guerniqueses y resto de personas que se encontraban ese día en la Villa y que perecieron bajo las bombas asesinas del fascio internacional?. ¿Cómo puede el actual PNV ofender de esta manera la memoria de uno de sus dirigentes históricos más apreciado y respetado?.

Oliéndose algo de esto y como, mientras no se demuestre lo contrario, el senador del PNV Jokin Bildarratz tonto no es, pretendió ponerse la venda antes de la herida cuando descalificó, durante el debate de su moción, el que alguien pudiese argumentar que Francisco Franco
 no representaba al Gobierno 
legítimo, el de la República, cuando ordenó la destrucción de la localidad vasca, por lo que los actuales Ejecutivos no son sus sucesores. Pero astuto él, argumentó que “Franco lo hizo en nombre de un gobierno” y que el dictador fue además el Jefe del Estado durante cuarenta años.

Glorioso. Ochenta años más tarde el PNV reconoce legitimidad y legalidad al Gobierno rebelde de Franco. Según el PNV estaríamos por lo tanto ante un Estado con dos Gobiernos legales y legítimos, uno de los cuales habría adquirido esa condición fruto de una sublevación, de un golpe de Estado, que ni tan siquiera había triunfado en aquel momento. Y además las acciones de cualquiera de ellos serían acciones realizadas por el Gobierno español. ¡Y un jamón!.

Pero es que, a más a más, para dotar de la máxima autoridad a su indigna exigencia, el senador Bildarratz indicó que Alemania ya reconoció la implicación de la Legión Cóndor en los hechos y la responsabilidad subsidiaria del Estado alemán, tanto a través de su presidente, Roman Herzog, en 1997, como con una declaración unánime del conjunto del parlamento alemán, un año después. Por ello, señaló durante el debate que el Estado español debería “asumir esa parte de responsabilidad histórica que le corresponde” por “los actos que se cometieron en su nombre o haciendo uso de su representación”.

Pero el PNV sabe que esto no es así. Miente consciente, deliberada y sutilmente. Vayamos por partes.

Alemania reconoció la implicación de la Legión cóndor y la responsabilidad subsidiaria del Estado alemán porque, aunque los actuales Gobiernos democráticos alemanes no tienen nada que ver sino todo lo contrario con el Gobierno nazi que bombardeó Guernica en 1937, existe un tracto jurídico entre el Estado alemán regido por un Gobierno nazi totalitario presidido por Hitler entre 1933-1945 y el Estado alemán de postguerra regido por Gobiernos democráticos presididos por democristianos como Adenauer, Erhard, Kiesinger, Khol y Merkel o por socialdemócratas como Brandt, Schmidt y Schröder.

Pero en Abril de 1937 en España solo había un Estado que había adoptado la forma de una República mediante una Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constituyentes formadas tras las elecciones democráticas celebradas el 28 de junio de 1931, y los golpistas no eran sino sublevados asediando el Estado republicano con la intención de destruirlo, cosa que finalmente lograron. La Constitución republicana estuvo vigente por lo menos hasta el final de la guerra civil en 1939 aunque el exilio republicano siguió reconociendo su vigencia de iure hasta que en 1977, con el proceso político de la transición se aprobó en referéndum de todos los españoles una nueva Constitución democrática, el 6 de diciembre de 1978. Ese es el tracto de iure en el Estado Español desde 1931 hasta 1978.

Alguien podía alegar no sin razones de peso que la Constitución republicana de 1931 decayó de facto tras la derrota de la España constitucional republicana en 1939. Otros podrían alegar que, si bien un acto de violencia como el golpe de estado de 1936 no debería causar derecho por el mero hecho de su triunfo, no obstante, la admisión de España en la ONU el 14 de diciembre de 1955 suponía el reconocimiento de hecho a partir de esa fecha del Gobierno franquista como único representante a todos los efectos internacionales del Estado español. La descolonización de Guinea Ecuatorial en 1968 y el ignominioso abandono del Sahara Occidental en 1975 fueron actos con pleno reconocimiento jurídico internacional realizados por el Gobierno ilegítimo en su origen del General Franco.

Por lo tanto, pueden existir dudas sobre si el tracto jurídico en España entre el Estado republicano de 1931 y el Estado franquista se produjo si no de iure si de facto el 1 de abril de 1939, el 14 de diciembre de 1955 o no llegó a producirse nunca hasta la llegada de la democracia en 1977 y la aprobación de la Constitución vigente el 6 de diciembre de 1978. Pero lo que nunca nadie ni en España ni fuera de ella, ni por parte de demócratas ni de facciosos, como digo, nunca nadie reconocerá que en la España del 26 de abril de 1937, día en que Guernica fue arrasada, el Gobierno golpista del “Generalísimo” Franco representaba al Estado español. Y que por tanto los actos realizados o perpetrados por ese Gobierno de sublevados golpistas eran actos realizados por el Estado español a todos los efectos jurídicos y de cuyas consecuencias debiera hacerse responsable en el futuro el Estado español fuese cual fuese la forma que adoptase o fuese cual fuese el Gobierno que lo dirigiese.

De hecho y abundando en esta realidad histórica el reconocimiento internacional de la España franquista sufrió un tortuoso calvario para el Régimen lo que sin duda redundó en más sufrimiento para los españolitos de a pie. El 9 de febrero de 1946 la Asamblea General de la ONU prohibía la entrada de España a la organización alegando que el Ejecutivo español, “habiendo sido fundado con el apoyo de las Potencias del Eje, no posee en vista de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su íntima asociación con los Estados agresores, las condiciones necesarias que justifiquen su admisión”. El 12 de diciembre de ese año se fue más lejos y se decía que el Régimen había sido “impuesto por la fuerza al pueblo español” por lo que “no representa al pueblo español”. Y la ONU aconsejaba a todos sus miembros que retiraran a sus representantes y embajadores de España hasta que no hubiera cambios significativos en el país, para lo que se daba el plazo de un año.

A más a más, las vicisitudes por las que atravesó el “Guernica” de Picasso desde su depósito en el MOMA de Nueva York en 1939 hasta su devolución a la España democrática el 9 de septiembre de 1981 ponen de manifiesto el no reconocimiento de esta institución museística de la existencia de tracto jurídico alguno entre la España republicana y la España franquista ni en 1939, ni en 1955, y solo reconoció ese tracto jurídico tras la consolidación del proceso democrático en España y en ningún caso desde luego en abril de 1937, el día que se produjo el bombardeo de la Villa foral.

Resumiendo, alguien puede dudar sobre cuando la España franquista pasó a representar de facto al Estado español. Pero lo que nadie en el mundo admitirá nunca es que los militares sublevados el 18 de julio de 1936 representaban al Estado español cuando bombardearon Guernica el 26 de abril de 1937. Nadie, excepto el PNV de 2017. Y quizás el PNV de los primeros días que siguieron al 18 de julio de 1936 en los que las dudas sobre de qué lado decantarse les asaltaron a muchos jeltzales de todas las provincias y en los que destacados jeltzales de Álava y Navarra realizaron sonoras proclamas de apoyo a los sublevados y algunos renunciaron públicamente al nacionalismo y se unieron a los golpistas. Los hechos y los nombres están en los libros de historia.

Por cierto un par de breves apuntes a propósito del “Guernica”. El cuadro fue un encargo del Gobierno español republicano para la Exposición Internacional de París de 1937 y aunque fue una donación del pintor Pablo Picasso, Max Aub, a la sazón agregado cultural y de propaganda en la Embajada española en París, logró convencerle para que aceptara un cheque por 150.000 francos franceses con los que resarcirse de los gastos ocasionados por la realización de la obra. Es decir, fue pagado con dinero de todos los españoles.

Por otra parte, Picasso dejó bien claro en múltiples ocasiones que el destino final del cuadro una vez recuperada “la República” en España debería ser el Museo del Prado, que dado el estado del mismo el viaje entre Nueva York y Madrid se debería realizar directamente sin exhibiciones intermedias y que una vez en el Prado no debiera prestarse nunca a nadie bajo ningún concepto, tal y como certificó en su día Willian Rubin, Director de Pintura y Escultura del Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York en carta del 19 de mayo de 1980 al embajador de España Rafael Quintanilla.

O sea que amigos nacionalistas dejen ahora de reclamar el cuadro, máxime cuando históricamente nunca demostraron excesivo interés por hacerse con el mismo. Además, y dado que el cuadro fue un encargo del Gobierno español, este sí Gobierno de verdad, a un pintor español, para el pabellón español de París de 1937 y pagado con dinero de todos los españoles; por favor tengan un poco más de decoro y por lo menos no reclamen algo que pertenece a alguien que en el mejor de los casos les suscita indiferencia y en el peor rechazo, odio y deprecio.

En conclusión, si el Gobierno español nunca bombardeó Guernica y nunca hubo en abril de 1937 tracto jurídico ni de iure ni de facto entre unos facciosos rebeldes y sublevados que no se representaban más que a sí mismos y el Estado español en cualquiera de sus formas ¿por qué insiste el PNV en intentar que el actual Gobierno español pida perdón en nombre del Estado español por unos hechos como el salvaje bombardeo de Guernica que bajo ningún concepto puede atribuirse al Estado español como ha quedado fehacientemente demostrado en el presente artículo?.

Las respuestas son múltiples y variadas, pero todas ellas tienen que ver con el origen, la ideología y el desarrollo histórico y político del nacionalismo vasco.

En efecto, aunque en su devenir histórico el péndulo patriótico del PNV se encuentre en este momento en un punto cercano a su máxima moderación, el Partido Nacionalista Vasco ha sido y sigue siendo un partido radical, un partido muy radical al que si se le presenta la ocasión propicia no le va a importar escindir la sociedad vasca y dejar, en el mejor de los casos, de inquilinos en su propio país a la mitad de los vascos.

En todo caso el PNV es desde su origen, y de ello ha impregnado a todo el nacionalismo tanto al suyo como al asesino, un partido racista (particularismo genético, Rh-), esencialista étnico (ocho apellidos vascos), esencialista lingüístico (euskera über alles), xenófobo (maketos, coreanos, manchurrianos), con una fuerte identidad comunitaria forjada en mitos propios (superioridad racial y moral, supremacistas vascos) pero también en la construcción de un enemigo exterior personificación de todos los males: España y lo español (aceptación renuente y si se puede rechazo a los símbolos nacionales españoles; desvalorización de todo lo español; minusvaloración de los logros económicos o éxitos deportivos españoles; desespañolización estratégica de las provincias vascas peninsulares; eliminación paulatina de la presencia del Gobierno español en Euskadi ya sean trenes, pensiones, puertos, aeropuertos, que se vayan, etc…; realización de obras con cargo a descuento de cupo pero que no aparezca el Gobierno español para nada, etc…).

En esta estrategia cobra particular relevancia la moción sobre el bombardeo de Guernica en el Senado español y la denuncia de la eurodiputada solitaria y su comparsa de odiadores profesionales de todo lo español y de tontoelculos de la extrema izquierda española reaccionaria, acomplejada e ignorante. El objetivo no es otro que seguir construyendo patria sobre la base de culpar al Gobierno y al Estado españoles de todo lo malo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en este país, con el objetivo de conservar y aumentar en su caso la hegemonía política e ideológica que han alcanzado en el seno de la sociedad vasca y que traspasa las fronteras del PNV para encarnarse también en el nacionalismo asesino, en la izquierda reaccionaria y en ocasiones en el propio PSE-EE.

A este respecto pueden leer la intervención del senador socialista que intervino en el debate apoyando la moción defendida por el Sr. Jokin Bildarratz a propósito del bombardeo de Guernica y que ha sido objeto de este artículo. Realmente descorazonador.

Hasta ahora, en el bipartidismo imperfecto en el que hemos vivido desde 1977 y sobre todo desde 1982, el partido que ganaba las elecciones a nivel nacional o lo hacía con mayoría absoluta o con una mayoría tan amplia que le bastaban unos pocos votos para alcanzar la mayoría absoluta, que habitualmente conseguía con más o menos cesiones a los nacionalistas vascos y catalanes.

Tras conocer los resultados electorales la tarde-noche del 20 de diciembre, la primera reacción carpetovetónica, no sé si atávica o pavloviana, fue sacar la calculadora y empezar a sumar. Surgieron así los aritméticos. Una nueva casta que reducía la política a sumas y restas. Sumaban y sumaban intentando alcanzar la tan ansiada mayoría absoluta que se entendía, por añoranza o reflejo de los viejos tiempos, como la única garantía de estabilidad. Y si no se lograba la mayoría absoluta, entonces a repetir elecciones.

Pero las cuentas no daban. Y siguen sin dar. Porque se quería coyuntar bueyes con jirafas y estas con camellos, hasta sumar los 176 de la tan ansiada mayoría absoluta. Pero como parece que decía Talleyrand, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.

El tiempo, que todo lo madura, parece que empieza a arrinconar a los aritméticos y a dar paso a los políticos. Y en política, que es el arte de lo posible, la estabilidad, o por lo menos una estabilidad mínima que permita arrancar la legislatura, se puede lograr de muchas formas.

Se dice, en este momento desde luego con razón, que unas nuevas elecciones polarizarían al electorado en los extremos (PP, Podemos) y que perderían posiciones los más centrados (PSOE, C´s). Y que por tanto estos dos últimos partidos serían los menos interesados en que se convocase nuevamente a las urnas porque la polarización electoral les perjudicaría. Y tienen razón quienes así opinan. Ya tenemos pues el primer interés común. En comú interès que se diría por tierras de levante. Y sabemos que los intereses unen mucho; muchas veces más que los amores.

Esta sería una buena razón para empezar a dialogar entre estos dos partidos en clave de minoría parlamentaria mayoritaria. Los 130 escaños que suman ambos les convierten en la primera fuerza del Parlamento con muchas ventajas y pocos o ningún inconveniente.

Les permite modelar la Mesa del Congreso.

Les permite avanzar en los contenidos de un acuerdo de Gobierno al que podría sumarse algún grupo minoritario (¿PNV?) que quiera jugar también en clave de centralidad y de moderación en esta legislatura que puede ser trascendental.

Les permite dirigirse a los dos partidos, excéntricos a derecha y a izquierda, para ampliar la base parlamentaria o a uno de ellos de manera preferente (lo lógica institucional de una hipotética reforma constitucional les debería inclinar hacia el PP).

Les permite, como síntesis de los viejo y lo nuevo, avanzar con mucha credibilidad y legitimidad propuestas reformistas en materia territorial, institucional, económica, presupuestaria, fiscal, laboral, energética, electoral, un plan de choque en materia social de erradicación de las situaciones más graves de pobreza extrema y de superación de desigualdades sangrantes y un largo etcétera que posibilitaría el volver a poner en hora al país.

Les permite alejar el fantasma de unas nuevas elecciones y aparecer como artífices de una estabilidad, frágil sí, pero a la que no se pueden oponer razones de interés general para impedir que se consolide o para desestabilizarla.

Les permite presentar un candidato a la Presidencia del Gobierno al que solo el sectarismo partidista le podría oponer una pinza entre una derecha conservadora que optaría en ese caso por su cara menos compasiva, más dura y antipática y una izquierda que mostraría una actitud poco fiable desde el punto de vista democrático, ultramontana y antiliberal.

Les permite tender la mano a derecha e izquierda y les obliga por tanto a los extremos a moderarse para no aparecer como los culpables de un bloqueo institucional que termine convocando otra vez a las urnas a unos ciudadanos que, ahora sí, se podrían mostrar menos proclives a dejarse encandilar por unas fuerzas políticas que habrían mostrado en este proceso su cara más intransigente.

Hablamos, en definitiva, de que el PSOE y Ciudadanos construyan una rótula democrática para la próxima legislatura en torno a la cual pueda girar el pluralismo político, que sea capaz de revitalizar el juego parlamentario y todo ello desde una estabilidad suficiente, desde una centralidad natural y desde una vocación reformista que les permita articular consensos de amplia mayoría a su derecha, a su izquierda o a ambos lados a la vez.

Es decir, no hay un partido llamado Podemos que haya sacado 69 escaños o curules, denominación que utilizaremos indistintamente dada la querencia venezolana del personal. Porque estos escaños, camuflados hasta la fecha bajo el ala de Podemos, pertenecen a un partido político que atiende a esa denominación y a tres conglomerados electorales formados por otras fuerzas o agrupaciones políticas y Podemos. Y además por este orden, no al revés. No son coaliciones lideradas por Podemos sino coaliciones en las que Podemos, en el mejor de los casos, es un Partido más o coaliciones en las que gente de Podemos va incrustada de manera subsidiaria y marginal como en Cataluña.

Así las cosas, los diputados y las diputadas elegidas en las listas de Podemos propiamente dicho suman 42 curules. No son pocos, pero el partido reconocido por casi todos como el “gran triunfador” de las elecciones suma “solo” 42 escaños. Es curioso porque a su compañero de emergencias con 40 escaños se le ha considerado un fracasado en el bando de los perdedores. Habilidades de ilusionista que tienen algunos.

Es verdad que son 42 escaños con algunos matices, ya que estos curules los ha obtenido Podemos versión original (V.O.), pero Podemos además, como ya hemos comentado, ha participado en otras confluencias territoriales con nacionalistas extremosos, extrema izquierda nacionalista (?), comunistas, neocomunistas, ecologistas y otros comunitaristas varios.

Concretamente junto a Podemos-Podemos, este partido se ha presentado en Cataluña dentro de la coalición En Comú Podem, en la Comunidad Valenciana como Compromís Podemos y en Galicia como coalición En Marea. En estas tres Comunidades Autónomas estas coaliciones han sacado 12, 9 y 6 escaños respectivamente, es decir 27 curules que sumados a los 42 de Podemos V.O. dan la cifra de 69.

¿Pueden considerarse de Podemos estos 27 diputados y diputadas?. Difícilmente. Orgánicamente, en principio, solo 8 de los 27 serían de Podemos. Dos de doce en Cataluña, cuatro de nueve en la Comunidad Valenciana y dos de seis en Galicia. Esto nos daría 42 escaños en principio de obediencia Podemos -aunque en las listas exclusivas de esta formación también hay miembros de otros partidos como Equo e independientes- y 8 afiliados a Podemos elegidos dentro de las coaliciones catalana, valenciana y gallega.

Así las cosas, suponiendo que no se tengan que volver a repetir las elecciones cosa nada improbable visto lo visto, en una legislatura que se avecina corta, complicada o las dos cosas a la vez, ¿va a contar Podemos con 69 votos en el Congreso de los Diputados?. Es posible y seguramente más probable que el insólito empate a 1.515 votos de la CUP pero en todo caso está lejos de constituir una certeza.

En Cataluña, la coalición electoral En Comú Podem que ha prohijado a Podemos está liderada por la Barcelona en Comú de Ada Colau que ha adoptado además a ICV, a EUiA, Equo y a Independientes de obediencia Colau. Y de los 12 escaños obtenidos 6 están ligados a Barcelona en Comú, 2 a ICV, 2 a EUiA y solo 2 pertenecen a Podemos. Los dos elegidos en la lista por Barcelona en la que el primero de Podemos va en quinto lugar, lo que da una idea de lo que pintan en la candidatura. O sea como Maximino en Haro.

Además, el acuerdo preelectoral impuesto por la Sra. Colau en Cataluña obliga a la coalición En Comú Podem a constituir grupo parlamentario propio en caso de ser reglamentariamente posible, cosa que sí lo es, con un carácter autónomo respecto al que constituya Pablo Iglesias y bajo la denominación en principio de En Comú Podem o Catalunya en Comú. El portavoz del grupo será el cabeza de lista por Barcelona Xavier Domènech.

¿Votará este grupo parlamentario junto a Podemos siempre en el próximo Congreso de los Diputados?. Es dudoso. Por de pronto entre el portavoz de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, y el portavoz de Podemos, Pablo Iglesias, hay una diferencia política en principio insalvable, pues aunque ambos coinciden en la reivindicación del derecho a decidir entendido como referéndum de autodeterminación para que los catalanes en solitario decidan sobre la secesión de Cataluña, el Sr. Domènech se vanagloria de haber votado sí a la independencia en la parodia de consulta llevada a cabo el 9 de noviembre de 2014 mientras que el Sr. Iglesias ha jurado por activa y por pasiva que el votaría que no a la independencia de Cataluña en ese hipotético referéndum.

Con esta fragilidad de partida en cuestión tan inflamable ¿es capaz Podemos de asegurar que la agenda, los ritmos y los intereses de la actual alcaldesa de Barcelona van a coincidir en todos los temas y en todo momento con los suyos?. No puede asegurarlo y no debe hacerlo. Por lo tanto no debe arrogarse una representación que no le corresponde y que queda fuera del ámbito de la obediencia política de Podemos. Es más, es discutible y está por ver en este momento si los miembros de Podemos incrustados en quinto y sexto lugar en la lista de Colau por Barcelona votarían en caso de discrepancia junto a sus correligionarios de Podemos-Podemos o votarían con el resto de sus compañeros de grupo parlamentario junto a Xavier Domènech. El tiempo, sabio dilucidador de especulaciones de todo tipo, lo dirá.

Cosas parecidas ocurrirán posiblemente con los grupos parlamentarios que se formarán con igual autonomía a partir de las coaliciones valenciana y gallega en las que los portavoces no pertenecerán a Podemos sino a Compromís en el caso de los valencianos y a Anova, es decir al antiguo BNG, en el caso de los gallegos.

Por lo tanto, de 69, nada de nada. ¿Cincuenta?, está por ver. Mejor lo dejamos en 42 y eso con algunos reparos como hemos señalado. Entonces, ¿cómo es posible que la totalidad de los medios de comunicación asignen al partido morado la totalidad de esos 69 escaños o que el Partido Socialista se dejé avasallar por un prestidigitador que hasta ahora solo ha demostrado que lo único que añora es merendárselo a partir de unos curules que en puridad no controla y que posiblemente a partir de ahora va a enseñar y esconder como en el mejor espectáculo de trile de la calle Sierpes?.

El PSOE debe desde ya abandonar su perplejidad, superar su parálisis y empezar a tratar a Podemos por sus 42 escaños reales y ninguno de los virtuales, presentando en el parlamento y a la sociedad propuestas que le obliguen a definirse. Si Podemos quiere sacar pecho y alardear de 69 curules deberá demostrar que realmente es capaz de contar con ellos. Pero el resto de partidos y muy particularmente el Partido Socialista no debería reconocerle a priori representatividades de las que en principio carece.

Y sería bueno además que los socialistas empezasen a interiorizar que de Podemos les separa algo más que el referéndum secesionista de Cataluña reivindicado por pura táctica partidaria desde la reducción de la democracia a votocracia. Porque en una hipotética negociación quizás pudiesen también comprobar que aunque la agenda política de ambos tenga prácticamente la misma música, la letra es posible que fuese radicalmente distinta en prácticamente todas las políticas desde la política económica hasta las sectoriales incluidas las políticas sociales donde frente a la tradición socialdemócrata de aprobar reformas para promover el empleo y erradicar la pobreza se encuentre encima de la mesa con propuestas pobristas que planteen como única solución el subvencionar a los pobres para superar las desigualdades agudizadas por la crisis.

Desde el 20 de diciembre Podemos lo único que ha demostrado es cuan alejados están sus intereses de los del conjunto de los españoles. Ya va siendo hora de que el Partido Socialista tome la iniciativa política desde la reivindicación del interés general que es el único camino para que en este país, que es más serio de lo que muchos se piensan, prosperen los legítimos intereses de un partido serio y más que centenario.

Hasta hace bien poco, el discurso dominante y prácticamente único en Europa ha sido el de que no había alternativa al petróleo salvo la energía nuclear de fisión (y eso de manera limitada) y que a falta de recursos petrolíferos propios significativos teníamos que soportar lo que las autocracias agrupadas en la OPEP y sobre todo las petromonarquías del Golfo tuvieran a bien suministrarnos en cantidad y precio.

Muchas veces este petróleo se ha convertido en un chantaje que ha condicionado la política hacia los regímenes autoritarios de esos países por parte de las democracias occidentales, desviando la mirada de los desmanes internos a los que con demasiada frecuencia sometían a sus poblaciones cuando no colaborando con ellos, a veces de manera entusiasta y otras de manera resignada, en el convencimiento de que en todo caso constituían un mal menor para todos.

Las cosas, sin embargo, se han agravado en los últimos tiempos. Todo comenzó con la estúpida invasión soviética de Afganistán que aventó el avispero de Asia Central y la errática y errónea política de Occidente en Oriente Medio que culminó con la felonía de la invasión de Irak y la destrucción del Estado iraquí por parte de los Estados Unidos de Bush Jr. y sus aliados con la excusa de unas inexistentes armas de destrucción masiva.

La última derivada de todos estos despropósitos ha sido un cándido o quizás no tanto (el tiempo desvelará los verdaderos motivos) apoyo occidental a las primaveras árabes, donde, salvo en Túnez, no había mimbres para sustituir regímenes despóticos por civilizadas democracias liberales. La resultante ha sido un proceso de desestabilización regional a gran escala desde Rabat hasta Kabul de largo alcance estratégico y de consecuencias imprevisibles en el tiempo, que ha dado como último fruto la barbarie del Daesh también autodenominado Estado Islámico de Iraq y Levante (Siria) o ISIS por sus siglas en inglés, implantado a modo de mitificado Califato entre el este de Siria y el oeste de Iraq.

Y solo hace unos días descubrimos con estupor cuan vulnerable es París como metáfora de cuan vulnerables somos todos los europeos al ataque suicida de unos fanáticos movidos por un odio y un resentimiento hacia nuestras sociedades abiertas que no acabamos de comprender.

Y solo también hace unos días confirmamos que además de oscuras y perversas financiaciones por parte de los golfos wahabitas del Golfo que intentan así comprar la tranquilidad interna de sus verdes oasis, doradas arenas y adorados petrodólares, el Daesh se financia también con la venta del petróleo producido en los ricos yacimientos que han ocupado en Siria e Iraq.

Algunas fuentes hablan de una producción de petróleo de entre 1,5 y 2 millones de barriles al día, que sería la diferencia entre la cantidad de crudo que Siria e Iraq producían antes del conflicto y lo que producen ahora. Las mismas fuentes indican que considerando que se trata de una oferta que no ha desaparecido del mercado la probabilidad de que esté en manos del Estado Islámico es grande. Sólo habría cambiado de manos. Una cantidad así situaría a ISIS en el noveno puesto de producción de petróleo de la OPEP.

Parece mucho, no porque los pozos conquistados no puedan producirlos sino por las dificultades logísticas que su producción, transporte y comercialización conlleva en una zona en conflicto. Javier Solana por su parte estimaba hace unos días en una entrevista radiofónica en 1,5 millones de euros/día las rentas obtenidas por Daesh de ese petróleo. La diferencia entre estas cifras es grande, pero en todo caso parece confirmado que el terrorismo de Daesh en Europa se financia en gran parte con petróleo obtenido de los pozos ocupados. Un petróleo que, parafraseando a los célebres diamantes que financiaron las matanzas de Liberia, podríamos con toda justicia denominar petróleo de sangre.

En las condiciones que rigen la comercialización internacional del crudo no sería extraño que todo o parte de ese petróleo estuviese alimentando las refinerías europeas y terminase llenando los depósitos de combustible de nuestros automóviles. Es un sinsentido. Uno más en este extraño y paradójico mundo postmoderno en el que habitamos.

Pero es un sinsentido que no debiéramos consentir. La última cumbre de los principales países industrializados y emergentes (G20) en su última reunión mantenida en Antalya (Turquía) hace unos días se comprometió a cortar y criminalizar la financiación del terrorismo. No debiéramos esperar grandes resultados de estos compromisos habida cuenta de la mezcla de intereses e hipocresía que rigen las relaciones internacionales.

Sin embargo, es necesario que de manera inmediata finalice ese flujo de energía sangriento. Hay que prohibir la compra de ese petróleo. Si es preciso con sanciones a quienes lo hagan o con la intervención en su caso de las compañías que estén en ese negocio macabro. Debemos exigir a nuestros Gobiernos que pongan los medios para hacer efectivas este tipo de medidas.

Pero además, como ciudadanos libres y consumidores comprometidos podemos dar más pasos. La restricción medioambiental asociada al cambio climático nos obliga a prescindir del petróleo para usos energéticos a medio y largo plazo. No es problema. Un mundo sin petróleo energético es posible ya. Existen la tecnología y los recursos para hacerlo realidad. De eso hablaremos otro día.

Pero a corto plazo tenemos que prescindir del petróleo de sangre. No solo del que se nutre directamente el Estado Islámico sino también del que se utiliza por parte del wahabismo reinante para financiar a Daesh e intentar comprar así una indecente paz interna. Parece imposible pero no lo es. Un mundo en transición energética acelerada es posible con el gas natural como energía puente entre la estructura energética actual y la futura estructura energética basada fundamentalmente en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables.

Para ello contamos con un arma muy poderosa y eficaz en nuestras manos: obligar a las empresas petroleras, empezando por las que operan entre nosotros (Petronor, Repsol, Cepsa, Galp, Shell, BP, etc.) a certificar por tercera parte independiente que su petróleo no tiene un origen ilícito, que no es un petróleo de sangre. Solo con esto ya habríamos dado un paso de gigante hacia un mundo políticamente más estable y ambientalmente más sostenible.

Las declaraciones me parecieron poco prudentes por cuánto se estaban haciendo desde una inexistente atalaya electoral supuestamente inexpugnable y desde la que el secretario general del PSOE menospreciaba las posibilidades electorales de otras fuerzas políticas distintas a las de los socialistas o los populares. Seguíamos con la ilusión bipartidista.

Inmediatamente me vino a la mente el conocido aforismo de “no vender la piel del oso antes de cazarla” que se aplica a todos aquellos que anteponiendo sus deseos a la realidad se apropian de un futuro que en democracia depende de otras voluntades ajenas a la propia y que en ningún caso les pertenece más que como delegación temporal, con fecha de caducidad y transferible, de una voluntad electoral cambiante por definición.

A los pocos días me llamó un viejo amigo socialista para comentar aspectos de la actualidad política y salieron a colación las sobradas declaraciones de Pedro Sánchez. Aproveché para transmitirle que vivimos un momento de gran liquidez socioelectoral en la que no hay ni suelos ni posiciones sólidas y en la que todo es posible, incluido un sorpasso electoral de Ciudadanos al Partido Socialista. Y que su secretario general debería ser más prudente y trabajar más por conseguir apoyos propios que por intentar condicionar los ajenos. Para terminar le avancé que una situación preelectoral tan fluida y cambiante bien podría culminar en una velada electoral en la que el PSOE y Pedro Sánchez tuviesen que decidir si apoyaban a Albert Rivera para presidente del Gobierno y no al revés. Me respondió con un prolongado silencio cargado de incredulidad porque el combate electoral iba a ser, me dijo, como siempre un combate a dos con los emergentes como comparsas en este caso. Pero nada más.

En estas estábamos cuando el pasado domingo 11 de octubre se conoció la encuesta de Metroscopia para el diario El País, que avanzaba que Ciudadanos podría ser decisivo ante el empate entre PP y PSOE, pero de la que se sacaban también otras conclusiones menos tranquilizadoras para ambos partidos. Así, tras constatar que el partido del Gobierno podría haber alcanzado su suelo y que los socialistas se estancaban, no se destacaba suficientemente que Ciudadanos se encontraba a solo dos puntos porcentuales de ambos partidos. Es decir, dentro del propio margen de error de la encuesta y por lo tanto a un paso del sorpasso.

Pero había más datos y más conclusiones poco tranquilizadoras para los dos partidos mayoritarios. Por ejemplo, que Albert Rivera era el líder que más aprobación (54%) y menos rechazo (37%) suscitaba entre los votantes con un saldo aprobatorio positivo de +17 frente al resto de líderes, todos en elevados números rojos. Que el saldo aprobatorio para Rivera era de +89 puntos entre los votantes de Ciudadanos mientras que para Sánchez este saldo era solo de +54 puntos entre los votantes del PSOE. Y finalmente algo muy inquietante para el PSOE como el hecho de que preguntados los electores sobre quién preferirían que gobernara en caso de que no lo hicieran ni el PP ni el PSOE, el 61% de los votantes socialistas se decantara por Ciudadanos con Albert Rivera como presidente del Gobierno frente a solo el 25% que lo haría por Podemos con Pablo Iglesias como presidente. Todo ello en un contexto de pactos generalizados del PSOE con Podemos o sus segundas marcas para alcanzar alcaldías o gobiernos autonómicos -con Andalucía como excepción- o para desplazar y expulsar a los populares de esas instituciones en beneficio de los candidatos de la izquierda radical. Y todo ello también después de una elecciones autonómicas en Cataluña en las que Ciutadans ha sacado tantos escaños como el PSC-PSOE y el PP juntos con votos de muchas procedencias incluidos antiguos votos socialistas y no solo populares. Es decir, frente a una organización socialista que se inclina mayoritariamente por Podemos un electorado socialista que se decanta preferentemente por Ciudadanos. Inquietante encrucijada para el partido socialista.

Los líderes de los dos partidos tradicionales de la escena política española se encuentran ante un escenario novedoso por inédito. Y sobre todo el PSOE, sin fronteras electorales firmes por ambos flancos, a derecha e izquierda, con dos partidos nuevos y emergentes, frente a los que hasta ahora se ha limitado a hacer el Don Tancredo.

A partir de ahora va a tener que hacer algo más. Va a tener que ofrecer y defender ante el electorado propuestas propias en materia energética y ambiental, de igualdad de oportunidades, de reivindicación del Estado de bienestar, de erradicación de la pobreza y no solo de subsidiación pobrista de la misma, de nuevo modelo económico, de libertades y de legalidad democrática para poner coto a su izquierda, alejándose de los marcos radicales y populistas colocados en el ágora por Podemos y otros radicalismos periféricos.

Y va a tener que ofrecer y defender propuestas propias también en materia de regeneración democrática, de reforma territorial, de relanzamiento de la actividad económica, de reforma del mercado laboral, de rigor presupuestario y fiscal, de control de la deuda y del déficit públicos, etc., para competir por el centro con un adversario que se va a presentar a la contienda electoral muy bien pertrechado y con propuestas sugerentes en todos estos campos. Un Ciudadanos que se presenta con hambre de regenerar España, limpio de prácticas corruptas y que por tanto puede resultar atractivo a sectores del electorado socialista moderados, reformistas, meritócratas y que consideran que la honradez en el funcionamiento de las instituciones y de las empresas es la condición necesaria para una economía de mercado dinámica y eficiente que pueda sacar al país del actual atolladero.

Pedro Sánchez se hizo cargo de un partido socialista muy desorientado tras los dos gobiernos de Zapatero y su falta de respuesta a los graves desequilibrios que estaban azotando a la economía española. Ha conseguido parar la sangría, pero el futuro reclama algo más. Reclama propuestas propias elaboradas desde la tradición socialdemócrata y liberal del socialismo español y europeo a los nuevos retos a los que se enfrenta una sociedad muy castigada por la crisis, por algunos recortes incomprensibles del actual Gobierno e indignada con los continuos casos de corrupción que han jalonado la legislatura. Pero reclama seguramente además dejar de mirar tanto a su izquierda y empezar a mirar bastante más al centro. Es verdad que primero hay que ganar, pero también es verdad que luego hay que gobernar.

Sabían, porque se les había advertido por parte de suficientes actores políticos y sociales, que pitar al himno y al Jefe del Estado podía ofender a millones de conciudadanos. Lo sabían además porque me consta que se lo habían dicho directamente muchas personas. Pero a ellos les dio igual porque lo suyo es un derecho que va incluso más allá de la libertad de expresión: el derecho a ofender.

Y cuentan con muchos y muy importantes apoyos, activos y pasivos. De hecho ninguno de los responsables de los respectivos clubs ni de las instituciones de sus lugares de origen pusieron nada de su parte para ejercitar un mínimo de pedagogía democrática en torno a la necesidad de respetar los símbolos que por su propia naturaleza son susceptibles de suscitar emoción o simplemente respeto si no en ellos si en muchas otras personas. Sin duda en millones de personas. Pero a ellos esto les da lo mismo, porque a ellos solo les importa lo suyo y lo suyo en este caso es que están agraviados, permanentemente agraviados, seguramente no sabrían explicar por qué pero tienen claro que están agraviados, agraviados por España y por aquellos españoles para los que los actuales símbolos constitucionales son la expresión de los valores democráticos y de la convivencia en paz, progreso y libertad. Y por eso pitan al himno nacional y al Rey.

Como ciudadano vasco me siento indignado por el comportamiento de los representantes de instituciones básicas de mi país, sean el Athletic Club, el Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia o el Ayuntamiento de Bilbao. En el caso de la Presidencia y la Junta Directiva del Athletic el caso es más grave porque además no han dicho nada por la exhibición de una pancarta gigante en la grada en la que se asociaba al club con uno de los lemas más odiosos de la organización terrorista ETA (jo ta ke irabazi arte), que sirvió de aliento durante décadas al ejercicio de la actividad asesina de ETA (hasta sus granadas de fabricación casera llevaban impreso ese lema). Y no vale refugiarse en que es una expresión tradicional en lengua vasca para indicar esfuerzo y constancia en la consecución del objetivo. El simple hecho de haber sido uno de los lemas tras los cuales ETA perpetró sus crímenes y felonías lo convirtió en una expresión de muerte al diferente y debería por tanto proscribirse de los usos y costumbres de una sociedad democrática. Y si el presidente y la Directiva del Athletic Club carecen de la necesaria sensibilidad para darse cuenta de esto, significa que carecen de la necesaria legitimidad para dirigir esa venerable institución deportiva.

Estoy indignado, sí. Pero no tanto porque existan miles de seguidores de dos clubs que son capaces, amparados en el anonimato de la masa, de ofender a sus conciudadanos, de sumarse como borregos a la pitada rastrera o de permitir con su cobardía que eso ocurra sin decir esta boca es mía. Estoy indignado porque los dignatarios democráticos que nos deben representar a todos los ciudadanos vascos y catalanes no solo no hicieron nada para pararlo y para exigir respeto a todos, sino que o echaron más leña al fuego con declaraciones ambiguas cuando no directamente cínicas o avalaron con su silencio la ofensa que finalmente se llevó a cabo.

Y aquí, y en toda tierra de alubias y hasta de garbanzos, agredir sabe todo el mundo. En efecto, reproduzco a continuación el diálogo mantenido en WhatsApp días antes del partido por mi amigo Sabino, liberal y demócrata de viejo cuño, y su cuñado y su cuñada nacionalistas jeltzales. (Aunque parezca mentira, un Sabino también puede ser demócrata y liberal, y este lo es de antiguo, contra el régimen franquista y contra el actual régimen nacionalista). Ahí va:

Sabino: - Aquí lo que ocurre es que hay gente que cree que puede ofender impunemente, amparado en el anonimato que da la masa. Y puestos a ofender la gente puede llegar a ser muy imaginativa y.... muy contundente. Así empezaron en la exYugoslavia y mira como acabaron. Si no respetas a los demás prepárate a no ser respetado y no te quejes. Ofender es fácil. Respetar a los demás exige más cultura, más educación y más inteligencia. Que el día 30 las aficiones del Athletic y del Barça elijan.

Cuñado.- Efectivamente, habrá reprobación sonora, ostentosa y generalizada de un Rey y de un himno con el que no nos identificamos. No es para ofender, es para mostrar la disconformidad. Y efectivamente, Croatas, Bosnios y Montenegrinos no estaban conformes y “la Gran Serbia” hizo lo que hizo.

Sabino: - Ya, pero aquí la única que ha asesinado con el apoyo o la indiferencia de una parte importante de la población es “la Gran Euskadi”.

Cuñada.- Bueno, no todo es blanco o negro. Hubo más muertos. Y mejor pitar que usar la violencia ¿no?.

Sabino: - Por supuesto. Pero las armas no se cargan solas y tampoco las carga el diablo, las cargan las patrias exaltadas, las patrañas mal contadas, la historia inventada, los agravios reales o imaginarios, las ofensas gratuitas, los dioses excluyentes, las identidades asesinas y un largo etcétera que precede a la pólvora y al plomo. Y siempre ha sido así

Cuñada.- Supongo que todo eso es aplicable a todas las partes.

Sabino: - Así es, universal

La crisis que, en países como España, venimos padeciendo durante estos últimos años ha puesto de relieve que en los países desarrollados también existe pobreza. Siempre ha existido, incluso en los años de bonanza económica, pero el consenso en los Estados del bienestar europeos de postguerra ha sido que la pobreza había que erradicarla porque no tenía cabida en nuestras sociedades desarrolladas. Por justicia, por dignidad, por decencia y también, por qué no decirlo, por pragmatismo, porque se apreciaba más una sociedad cohesionada e integrada que una sociedad plagada de cárceles y delincuentes. Y se apostó por una sociedad comprometida con la superación de la pobreza y no tanto con la protección de la misma.

Las dos principales corrientes políticas europeas han participado de este consenso, pero para la socialdemocracia ha constituido una seña de identidad. Desde su creación los partidos socialdemócratas europeos han hecho de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y de los más desfavorecidos el norte que ha guiado su práctica política. Y que para

ello era fundamental la educación ha sido un axioma socialdemócrata fundacional. Basta recordar las bibliotecas, las clases de alfabetización y las de formación de cuadros sindicales de las primeras casas del pueblo socialistas hasta la guerra civil.

Después vinieron las políticas sociales pero primero fueron, en el objetivo de erradicar la pobreza, la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo, el acceso a la instrucción pública y la promoción de la igualdad de oportunidades porque solo la educación hace a las personas verdaderamente autónomas y les ofrece la posibilidad de ser plenamente libres.

Con la crisis han aumentado los casos de pobreza y las personas en riesgo de exclusión, fundamentalmente por la pérdida del empleo que es la principal fuente de ingresos de la inmensa mayoría de la población. Y la necesidad de hacer frente actuaciones extremas ha propiciado la revalorización del papel de las organizaciones de caridad tradicionales y la aparición de multitud de nuevas plataformas y partidos que han polarizado la acción y el debate político y social hacia la denuncia de las injusticias que

las nuevas condiciones estaban originando, la ayuda a personas y familias en situación de pobreza y la defensa de las personas en riesgo de exclusión social.

Pero las medidas que se proponen consisten en muchos casos más en subvencionar a los pobres que en tratar de erradicar la pobreza a través de políticas de promoción del pleno empleo y de políticas sociales de acompañamiento. Se exige así un reparto de la riqueza, sin duda conveniente para corregir desigualdades, pero sin decir nada sobre como producirla, confundiendo las más de las veces riqueza y renta lo que viene a ser una versión actualizada del pan para hoy y hambre para mañana. Se proponen nuevas ayudas y subvenciones para paliar la pobreza energética, la pobreza infantil, la alimentaria y las decenas de manifestaciones distintas de la pobreza, sin plantear propuestas para combatir y superar las causas que las producen. O se plantean políticas de protección social de la pobreza al grito de que hay que “proteger a los pobres” que suenan más a políticas de beneficiencia o caridad públicas que propugnasen más por dar peces que por enseñar a pescar.

También los partidos socialdemócratas y cristianodemócratas se ven arrastrados por este discurso emergente que tiene más que ver con el pobrismo que denunciaba Juana Bignozzi que con lo que han sido sus propuestas tradicionales de creación y desarrollo del Estado del bienestar.

Parece como si los partidos que han construido el Estado del bienestar, ante los límites que la nueva realidad económica impone al crecimiento continuado de las prestaciones sociales públicas, se sintiesen agotados y renunciasen a reformarlo y actualizarlo para adaptarlo al nuevo contexto económico delineado por la globalización. Y que ante la falta de ideas y de

impulso suficientes renunciasen a sus señas de identidad para refugiarse en medidas aparentemente más rentables electoralmente a corto plazo aunque huelan a pobrismo.

Y esto en nuestro país es especialmente grave en el caso del Partido Socialista. La irrupción de una fuerza política que desde el radicalismo extraparlamentario y desde la denuncia de situaciones muchas veces intolerables a las que pretende dar respuesta con soluciones simples y consignas pobristas, está emergiendo con gran empuje a su izquierda, le han colocado en la necesidad urgente de decantarse entre el pobrismo y la socialdemocracia. El PSOE deberá optar entre estas dos formas

incompatibles de concebir el papel de la izquierda y para ello deberá renovar su oferta política dando respuestas propias a los nuevos problemas que plantean la globalización, la digitalización, el desempleo masivo, el redimensionamiento del Estado del Bienestar y en definitiva la superación de la crisis. Y abandonar la tentación de hacer seguidismo de propuestas pobristas, que reciben el aplauso fácil de la audiencia pero que no dibujan el futuro aunque, eso sí, calmen y algunas veces hasta anestesien el presente.

“Queremos votar”, recogía EFE en su despacho del martes 30 de septiembre en el que daba cuenta de la reacción de los secesionistas catalanes a la resolución suspensiva del Tribunal Constitucional.

“Existe un consenso generalizado en Cataluña para votar. Será una imagen imborrable impedir un hecho tan democrático…” así se expresaba el ciudadano Matías Alpuente desde Barcelona en su carta al director publicada el pasado domingo 5 de octubre en el diario El País.

Estas tres noticias u opiniones reflejan perfectamente el grado de identificación que las fuerzas secesionistas pretenden establecer entre el acto de votar y la democracia y lo que es más grave su pretensión de reducir, en el contexto de la deriva separatista en Cataluña y la convocatoria de la consulta del 9N, la democracia al acto de votar.

En el caso del Sr. Alpuente desconozco si es soberanista o no, pero en todo caso su identificación reduccionista entre acto de votar y democracia manifiesta una opinión que de hecho en estos momentos trasciende incluso el espacio social del soberanismo catalán para impregnar amplias capas de la sociedad española.

A medida que el proceso impulsado por los separatistas catalanes avanza, bien hacia el precipicio de la frustración de amplios sectores de la sociedad catalana bien hacia el abismo de la aparición de la violencia física en las calles de Cataluña, está empezando a surgir entre los demócratas españoles el convencimiento de que en este descabellado via crucis la apelación a la legalidad democrática como argumento de autoridad incontestable no es suficiente y que es necesario además persuadir y convencer.

Pero no se persuade y convence con buenas palabras sino con argumentos. Y en ese camino se inscribe la presente reflexión que pretende desmontar algunas de las falacias que, desde la ignorancia simplista o el ventajismo político, se vienen repitiendo por parte de muchos soberanistas como mantras sagrados que, dado su supuesto carácter de axiomas democráticos, son asumidos sin necesidad de demostración, repetidos hasta el hastío y utilizados como arma arrojadiza contra el conciudadano discrepante convertido ahora ya en enemigo.

Una de estas falacias es la identificación y reducción de la democracia al acto de votar. Pero reducir la democracia al acto de votar es transformar la democracia en votocracia. Veamos.

Por supuesto que sin voto en libertad no hay democracia. En este sentido, votar es una condición necesaria de la democracia pero no es condición suficiente. En efecto, se puede votar sin que exista democracia y de hecho hasta en los regímenes más totalitarios se vota. Así ocurría en la extinta Unión Soviética donde por ejemplo se votaba, con sufragio universal pero en ausencia de libertades públicas, al Sóviet de los Diputados del Pueblo o cámara baja del Sóviet Supremo y así ocurre en la Cuba castrista donde se votaba y se sigue votando, también con sufragio universal y sin libertades públicas, por ejemplo a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba cuya última elección fue el 3 de febrero de 2013.

Sin ir tan lejos, entre nosotros, en la España franquista se votaba, sin sufragio universal -ya que solo votaban los cabezas de familia- ni libertades públicas, en elecciones a procuradores en Cortes por el tercio familiar y en elecciones municipales para elegir concejales del mismo tercio y, con sufragio universal y sin libertades públicas, en sendos referendos celebrados en 1947 y 1966, cada vez que el dictador consideró que su régimen político necesitaba de un mínimo de legitimidad para continuar con sus tropelías totalitarias.

Por lo tanto, como hemos visto, votar no es garantía de democracia y desde esta perspectiva carece de sentido cualquier identificación mecánica entre voto y democracia o la reducción de la democracia al acto de votar. Como ya hemos expuesto, esto no es democracia es votocracia.

Porque la democracia es ante todo procedimiento, un conjunto de reglas, que hay que respetar de manera escrupulosa. Todos los teóricos de la democracia señalan como sustanciales las siguientes características de la democracia moderna:

El voto por lo tanto no es sino uno de los componentes de la democracia, y su mero ejercicio, como hemos puesto de manifiesto más arriba, no es garantía de democracia si no se dan el resto de condiciones que permiten caracterizar un régimen como democrático.

Además, la democracia es votar cuando corresponde, por quién corresponde y sobre temas en los que tenemos competencia para ello. Y en nuestro caso, la competencia para ello se determina en la ley fundacional de nuestra convivencia democrática: la Constitución de 1978.

Ni tan siquiera es preciso acudir a la historia de más de cinco siglos de convivencia del conjunto de los españoles en una construcción estatal común para constatar quién es el sujeto titular de la soberanía nacional, porque ya sabemos que los soberanistas son capaces de negar hasta las cosas más obvias y también lo imaginativos que pueden llegar a ser a la hora de reinventar la historia en beneficio de visiones míticas alejadas de cualquier evidencia. Basta con apelar al renovado pacto democrático de convivencia y de reafirmación de la ciudadanía española en su conjunto como sujeto titular de la soberanía nacional que supuso la aprobación de la Constitución de 1978.

Y esto es así mal que les pese a los separatistas vascos y catalanes. La Constitución de 1978 fue aprobada por abrumadora mayoría en el conjunto de España (87,87% de voto favorable con una participación del 67,11%) y por si hubiese alguna duda en todas y cada una de las nacionalidades y regiones que la componen, incluidas Cataluña donde la mayoría fue más abrumadora todavía (90,46% de voto favorable con una participación del 67,91%) y el País Vasco donde la mayoría fue más que holgada (69,12% de voto favorable con una participación del 44,65%).

Por lo tanto los nacionalistas catalanes carecen de cualquier tipo de excusa jurídica o histórica -por más que escriban y reescriban el significado de 1714 que por mucho que lo pretendan no pueden desvincular del contexto de la guerra de sucesión, una guerra civil dinástica española que tuvo lugar desde 1701 y en el que los catalanes se dividieron entre austracistas y borbonistas al igual que el resto de los españoles- para negar la evidencia de que la titularidad de la soberanía nacional reside en el conjunto de la ciudadanía española. Carecen asimismo los nacionalistas de cualquier legitimidad para reivindicar un ejercicio unilateral de soberanía en el ámbito territorial por ellos decidido en este momento, a partir de un censo ahormado a sus apetencias y con una pregunta tramposa para cuya formulación carecen de competencia.

Si alguien, desde el buenismo angelical, piensa que con la independencia de la actual Cataluña se acabarían los conflictos territoriales planteados ad nauseam por los secesionistas catalanes se equivoca de plano. No hay más que analizar con atención el irredentismo territorial contenido en la reivindicación del pancatalanismo independentista que persigue la constitución de un estado soberano con todos los territorios de los denominados Països Catalans –la Cataluña actual, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, el Rosellón y la Cerdaña francesas, Andorra, la Franja Oriental aragonesa, el Carche murciano y algunos otros pastos ibéricos, ultramontanos y ultramarinos- para darse cuenta de hasta que punto se halla en un error. Es decir, aunque los independentistas catalanes, al igual que los vascos, consiguiesen hacer realidad sus objetivos inmediatos de estatalidad –independencia de las actuales Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco- continuarían originando graves problemas territoriales y dolorosos quebraderos de cabeza identitarios a una Europa que parece incapaz de recordar la tragedia a la que se vio arrastrada por los nacionalismos étnicos entre 1914 y 1945.

A tenor de los datos aportados, tampoco los nacionalistas vascos tienen excusas para impugnar el hecho incontestable de que la soberanía nacional reside en el conjunto de la ciudadanía española. Activos militantes de la deslealtad institucional y de la manipulación histórica, los nacionalistas vascos llevan años afirmando que la ciudadanía vasca no apoyó la Constitución de 1978 y los más fogosos de entre ellos en su delirio político se atreven a decir que “el pueblo vasco rechazó la Constitución”, afirmación falsa donde las haya pero que a fuerza de ser repetida parece que ha calado en algunos sectores de la sociedad vasca poco amantes del pensamiento crítico y muy proclives a aceptar como verdad revelada cualquier afirmación, por descabellada que sea, que provenga de la tribu. Pero esto es otra cuestión que merece una reflexión aparte y más extensa en otro momento.

Votar por lo tanto sobre temas en los que carecemos de competencia o por quienes no tienen la competencia para ello no solo no es democrático sino que puede llegar a ser profundamente antidemocrático si lo que se pretende, como por ejemplo es el caso actualmente en Cataluña, es decidir despojarle a tu vecino de la ciudadanía a la que tiene derecho y a la que nadie unilateralmente y de forma ilegal le puede obligar a renunciar.

Esta manera de proceder es además un acto de irresponsabilidad y defender lo contrario es conducir a la ciudadanía a un callejón sin salida que históricamente ha desembocado en frustración social o en violencia política. Este tema crucial parece que no termina de comprenderse o pretende tergiversarse por quienes propugnan el inexistente y eufemístico derecho a decidir, que representa la formulación tramposa del también inexistente, en los Estados democráticos, derecho de autodeterminación, que ya fue sometido a votación y rechazado en la Constitución de 1978 y que ni tan siquiera fue apoyado por los nacionalistas catalanes o vascos (es pertinente recordar al respecto la displicencia con que el Sr. Arzalluz despacho la no incorporación del reclamado derecho de autodeterminación al texto constitucional calificándolo de virguería marxista).

Decidir por tanto unilateralmente que la población de una determinada circunscripción territorial de una parte de España es soberana para votar la secesión de ese territorio es arrogarse de manera ilegítima una competencia con repercusiones graves e irreversibles sobre el conjunto de la población de ese territorio y del resto del país, usurpándole al mismo tiempo al auténtico soberano, el conjunto de la población española, la capacidad de decidir cómo debe organizar tanto su futuro como el ejercicio de sus libertades, derechos y obligaciones.

Acordar además que la población de una parte del territorio se constituye en soberana desbordando la legalidad vigente por la vía de los hechos en base a un pretendido pero inexistente derecho a decidir es una forma de “Gerrymandering”, término que en ciencia política se refiere a la manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con objeto de mejorar o empeorar los resultados electorales de un determinado partido político o grupo étnico, lingüístico, religioso o de clase. La utilización de tales manejos se convierte, por tanto, en una técnica destinada a quebrar la imparcialidad de un sistema electoral determinado.

En el caso de los procesos separatistas que se vienen desarrollando desde hace algunos años en España estamos pues ante una forma especial de Gerrymandering, es decir ante una gigantesca manipulación política por la que el territorio nacional, que constituye por derecho democrático aprobado en la Constitución de 1978 la circunscripción única en la es ejercitable la soberanía, se divide unilateralmente en porciones en las que un soberano usurpador impone al soberano legítimo unas nuevas condiciones para el ejercicio de la soberanía, violentando la legalidad democrática a través del ejercicio del voto por parte del nuevo soberano en un acto de votocracia no democrática.

De llevarse a cabo tales despropósitos nos encontraríamos ante una nueva forma de desbordar la legalidad democrática, a la que cabría denominar como golpe de mano votocrático, que se sumaría a las tres formas clásicas, bien conocidas entre nosotros, de interrupción violenta de dicha legalidad: espadón (forma preferida del nacionalismo español), revuelta (forma acendrada en la tradición separatista catalana) e insurrección (forma recurrentemente anhelada por el integrismo vasco).

Concluyendo, ante el desafío soberanista de los separatistas catalanes al Estado no le cabe otra alternativa que utilizar todos los medios legales a su alcance para impedir que se violente el orden constitucional por la fuerza en este caso de unos votos que nada tienen de legítimos ni de democráticos. Estamos ante un caso de manipulación política, un caso de votocracia que no de democracia, que en otros tiempos hubiese merecido una calificación políticamente menos correcta.

A los separatistas catalanes no les asiste ningún título democrático que les permita quebrar la legalidad democrática vigente en España desde 1978. Si los nacionalistas catalanes ya no se sienten parte integrante de este Estado y quieren marcharse tendrán que convencernos de que la opción que preconizan es la mejor solución para todos: para los catalanes separatistas, para los catalanes que quieren seguir formando parte de España y para el resto de los españoles. Y tendrán que proponernos a todos los españoles, desde el respeto a la legalidad vigente, las reformas legales que permitan hacer realidad sus anhelos. De la misma manera, los partidos nacionales y los partidos catalanes no separatistas, deberían comenzar en serio y más pronto que tarde una campaña de explicación pedagógica en Cataluña y en toda España del por qué, para qué y cómo seguir juntos todos los españoles en un proyecto solidario, respetuoso de la pluralidad lingüística y cultural tanto a nivel nacional como en cada nacionalidad o región, un proyecto que modernice y actualice los vínculos territoriales y que profundice en los derechos y libertades sancionados por todos los españoles hace 36 años. Si eso requiere de una reforma constitucional, hagámosla. Y comencemos cuanto antes.