Han pasado cinco años desde el “Baguazo”, un enfrentamiento en una región amazónica de Perú entre policías e indígenas que reclamaban el derecho a decidir sobre sus territorios que dejó 33 muertos (23 agentes y 10 civiles) y un desaparecido. Las víctimas y sus familias denuncian que las investigaciones y testimonios consideran que la intervención fue desproporcionada, mal planificada e innecesaria. Aseguran que los responsables del Gobierno de entonces, presidido por Alan García, del Partido Aprista (APRA), siguen gozando de inmunidad, mientras la justicia se centra únicamente en los civiles, 54 indígenas y mestizos, cuya culpabilidad en algunos casos es cuestionada por las organizaciones de derechos humanos.

Los indígenas, los familiares de las víctimas (policías y civiles), las organizaciones de derechos humanos y algunos políticos creen que quienes se deberían sentar en el banquillo de los acusados son García y los que eran su ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, y su primer ministro, Yehude Simón. Con motivo del quinto aniversario, durante los últimos meses han tenido lugar protestas de activistas y ambientalistas que piden el enjuiciamiento de los políticos. Pero esa posibilidad parece muy remota.

La matanza se desencadenó en la madrugada del 5 de junio de 2009, cuando cientos de policías cargaron por sorpresa y sin previo aviso contra miles de indígenas amazónicos, de las etnias awajún y wambi, que llevaban 50 días bloqueando una carretera cerca de la localidad de Bagua, en un tramo conocido con la Curva del Diablo.

Reclamaban la derogación de unos decretos aprobados por el Parlamento que recortaban la capacidad de los pueblos indígenas para decidir sobre las concesiones mineras y de explotación de hidrocarburos en sus territorios.

La carga policial se produjo a pesar de que el día anterior los manifestantes, provenientes de decenas de pueblos de la región fronteriza con Ecuador, habían decidido terminar el bloqueo y firmado incluso un acta comprometiéndose a ello. Pero unas horas antes de la hora establecida para retirarse, se produjo el desalojo en el que los antidisturbios usaron armas de fuego.

“¿Por qué nos atacaron?”

“Estábamos cansados, no teníamos víveres para comer ni agua, hacía mucho sol, el Gobierno no quería el diálogo y decidimos levantar la protesta. ¿Por qué nos atacaron si habíamos firmado el acta? ¿Por qué directamente nos agredieron?”, recuerda Feliciano Kahuasa, un indígena awajún, que ahora está acusado de lesiones graves y homicidio, entre otros delitos, y que se enfrenta a una posible sentencia a cadena perpetua.

Los indígenas reaccionaron y respondieron al fuego con sus lanzas. El desalojo estuvo tan mal planeado que derivó en varias horas de enfrentamientos y caos. Algunos policías fueron desarmados, y hubo 10 civiles y 12 agentes muertos. Otras 200 personas resultaron heridas, 82 de ellas por arma de fuego.

Lo peor tuvo lugar en una planta petrolera cercana, que llevaba varios días asediada por unos 1.000 indígenas. Habían llegado a un pacto de no agresión con la treintena de policías de vigilancia, que aceptaron entregar sus armas. Pero mientras se producían los choques en Bagua se difundieron informaciones que apuntaban a decenas de indígenas muertos. Una turba enfurecida sacó a 12 de los policías de las instalaciones, los torturó y los asesinó. El cuerpo de uno de ellos está desaparecido desde entonces.

El 14 de mayo comenzó el juicio por los disturbios de la Curva del Diablo, en el que medio centenar de indígenas y mestizos de Bagua están acusados por los incidentes y las muertes de policías.

Sin embargo, como ha advertido la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reúne a 81 organizaciones no gubernamentales, “la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas de que los 53 procesados hayan cometido los delitos que se les imputan, pidiéndose además penas que llegan hasta la cadena perpetua”.

A Danny López, otro de los nativos awajún procesados, le acusan de amotinamiento, disturbios, tenencia ilegal de armamento y robo de armamento. Por este último, el fiscal solicita para él la máxima pena. El día de los enfrentamientos estaba en Bagua y se refugió en una ambulancia, pero ésta fue parada por la policía y en su interior encontró un fusil que atribuyó a López. No obstante, él niega que lo llevara él. “No hay ni una prueba que me involucre”, afirma.

Kahuasa fue detenido al día siguiente de los disturbios cuando fue a entregar a las autoridades unas armas que, dice, había encontrado un vecino de su pueblo, Candungos, del que era la autoridad indígena. Ambos están ahora en arresto domiciliario tras haber pasado dos y cinco años, respectivamente, en prisión preventiva.

Las pruebas de parafina revelaron que ni ellos ni el resto de los acusados habían disparado un arma de fuego ese día. Por ello, se muestra confiado en que en el juicio “esclarezca la verdad y que sean juzgados los responsables que tienen que ser juzgados”.

“Aquí todos sabemos quiénes son los responsables: el expresidente García, la exministra Cabanillas y los generales (de la policía) Luis Muguruza y Javier Uribe (que dirigían los agentes ese día). Ellos deben estar presos en vez de nosotros”, indica López.

Los dos generales están siendo investigados en otro proceso en el que supuestamente también se vería la responsabilidad de Cabanillas, pero este proceso está “en una parte muy preliminar”, lamenta Rocío Silva, secretaria general de la CNDH. Además, Cabanillas goza del fuero especial que tienen los exministros en Perú durante los cinco años siguientes al abandono de su cargo y cualquier acusación en su contra debe pasar antes por el Congreso.

La negligencia y la masacre

Los familiares de los policías que fallecieron ese día han pedido que “el fiscal de la nación quite la inmunidad a Cabanillas” y se la investigue. “Actualmente nosotros estamos enfrentados con los hermanos nativos”, lamenta Nancy Salcedo, hermana de Johnny Salcedo, uno de los agentes muertos en la Curva del Diablo. “53 de ellos están siendo juzgados, pero no los grandes responsables, los del Gobierno del APRA. Se cometió una negligencia y producto de esa negligencia hubo una gran masacre que enluta a policías y a nativos”, agrega.

El Gobierno de García no sólo es acusado por el operativo sino por el desprecio a las peticiones de los indígenas awajún y wampi, con los que se negó a negociar durante los casi dos meses de protesta. El mandatario les acusó de oponerse al progreso e incluso se burló de sus costumbres y su cultura, que calificó de “absurdas” y “primitivas”.

García, que tras ser elegido para un segundo mandato en 2006 –el primero fue entre 1985 y 1990- se había reconvertido en un ultraliberal, había justificado las polémicas leyes que desencadenaron las protestas en que había que adaptar la legislación a lo acordado en el recién aprobado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Su Gobierno insinuó incluso que si se derogaban esas normas se podría romper el tratado, algo que después desmintió Washington. De hecho, algunos de los decretos más polémicos fueron cancelados después de la tragedia.

“El mandatario era una persona que no consideraba a su pueblo más lejano, para él éramos ciudadanos de tercera”, critica Kahuasa.

El nuevo Gobierno de Ollanta Humala ha puesto en marcha el derecho de consulta previa para los proyectos extractivos en tierras indígenas. Sin embargo, según las organizaciones de derechos humanos, el desprecio a los derechos de los pueblos indígenas de Perú sigue existiendo. Silva recuerda que el primer día del proceso no había ni siquiera intérpretes que hablaran la lengua de los acusados y que muchos de estos ni siquiera “sabían exactamente de qué se les acusaba y ni siquiera tenían abogados. Ahí mismo les nombraron unos de oficio”.

Nancy Salcedo manifiesta el deseo de las familias de los policías muertos de que lo sucedido hace cinco años “sea un precedente, que quede como un aprendizaje para todos los políticos, para que no se vuelvan a cometer los mismos errores”.

Los 23 principales cargos que afrontan procesos judiciales se repartirán entre las listas de Junts per Catalunya (PDeCAT) y ERC, aunque 6 no se presentarán

La lista encabezada por Puigdemont contará con 6 de los procesados mientras que la de Junqueras sumará 9, incluyendo a ambos

Augusto Delgado es un otorrinolaringólogo peruano con una consulta en Lima que realiza entre 20 y 25 rinoplastias al mes. De ellas, asegura que unas tres cuartas partes son personas que quieren suavizar su nariz aguileña. El objetivo de estos es es muy claro: no recordar cada mañana los rasgos propios de su origen, los rasgos que provocan discriminaciones habituales.

“La ojiva prominente es un rasgo que viene del tiempo de los incas”, explica.La mayoría de sus clientes son ciudadanos de las provincias andinas del país que se suman a la creciente ola migratoria de las zonas rurales hacia la cada vez más poblada capital del país (situada en la costa y cuya población originaria tiene facciones menos indígenas) y que intentan “acercarse a los rasgos del capitalino”.

Y es que en el país de Machu Pichu, del imperio incaico y de Tupac Amaru, los rasgos andinos, y también los del medio centenar de etnias amazónicas, en vez de un motivo de orgullo son un estigma social.

Pese a la diversidad y la riqueza étnica y cultural de Perú, la piel oscura, el pelo lacio, los ojos rasgados o la baja estatura son causa de discriminación.

No sólo es la nariz incaica a la que muchos renuncian para tratar de identificarse con la minoritaria pero poderosa población peruana de apariencia occidental, que se concentra en la costa, y particularmente en la capital. Los padres de las familias que se han mudado a Lima renuncian a enseñarles su lengua a sus hijos y no falta quien omite cuando tiene ocasión un apellido indígena.

“El Perú es un país muy diverso pero que al mismo tiempo no ha logrado trabajar lo suficiente a favor de promover la diversidad cultural de manera positiva”, reconoce Rocío Muñoz, directora de la Dirección General de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, un departamento recientemente creado por el gobierno en un primer paso para revertir esa situación.

“Eso lleva a que determinadas poblaciones viven unas situaciones de exclusión a razón del fenotipo, del color de la piel, de sus características culturales, de sus tradiciones, de la lengua…”, agrega Muñoz.

“Serrano” (como se denomina a los andinos) y “cholo” (el mestizo de sangre europea e indígena) son utilizadas como palabras despectivas. En las discotecas de moda de Lima es difícil ver personas de piel oscura o facciones indígenas. Los pocos que se atreven a intentar entrar son rechazados en la puerta.

En los centros de salud de los pueblos de los Andes, los locales reciben un trato despectivo por no entender bien el castellano y en las escuelas capitalinas los niños de padres provincianos suelen ser objeto de bullying.

Tarcila Rivera Cea, presidenta de Chirapaq, una asociación indígena, recuerda que cuando su familia se mudó de Ayacucho (en el sur andino del país) a Lima siendo ella una niña, sufría las burlas de sus compañeras de escuela por su larga cabellera negra, recogida en una trenza, como se estila en su región natal.

“Las niñas me agarraban del pelo y jugaban diciendo ‘arre caballo, arre caballo’. Yo no podía hacer nada, ni siquiera podía hablar bien el castellano”, cuenta.

“No entendemos aún por qué, pero Perú es uno de los países más racistas de la región. Muchos dicen que es porque hemos sido sede de colonia. Sin embargo, ¿cuántos años de Estado republicano tenemos (desde la independencia de España)? Pero las cosas no han cambiado”, lamenta Rivera Cea.

Temor a denunciar

La Dirección General de Interculturalidad lanzó hace un año una plataforma digital para que la gente denuncie por Internet o por teléfono casos de discriminación racial, pero a pesar de todas estas situaciones han recibido tan solo 86 reclamos, pues la gente parece ver como normales estas situaciones.

“Hay que trabajar mucho con la ciudadanía para que finalmente denuncie y no tenga miedo, y no se entre en este dilema de que esto es normal”, señala Muñoz.

Poco a poco, la sociedad peruana va tomando consciencia de su racismo y algunas actitudes comienzan a ser reprobadas, aunque siempre han existido.

Durante el verano austral que acaba de terminar fue noticia que en algunas playas cercanas a la capital y populares entre los limeños, los vecinos de las urbanizaciones estaban acotando algunas zonas con cuerdas y poniendo vigilantes para evitar que entraran los visitantes, particularmente aquellos de piel oscura.

“A mucha gente le veían la cara (de piel clara) y la dejaban pasar y a otros no”, afirma Wilfredo Ardito, del movimiento Ciudadanos Contra el Racismo, que se presentó en dos de esos lugares y denunció la situación, obligando a retirar las cuerdas, ya que la legislación peruana establece que no se puede restringir el acceso a las playas.

Lo más curioso es que aproximadamente el 95% de la población tiene alguna ascendencia indígena -es una estimación pues ni siquiera hay información estadística oficial sobre los pueblos indígenas.

No hace falta tener la piel blanca y una fisonomía “europea” para ser racista. Incluso aquellos que sufren discriminación racial se burlan de aquellos que tienen rasgos más indígenas que ellos.

“Como lo indígena es visto como lo negativo, lo pobre, todos lo rechazan… Ser racista es una forma de ascender socialmente, una forma de ‘blanquearse’”, apunta Ardito.

El activista denuncia que en las televisoras peruanas “todo el tiempo están machacando estereotipos racistas de belleza”. Por ejemplo, en la publicidad “la familia perfecta siempre es blanca, rubia. Los niños felices siempre son blancos y rubios. Los mismos presentadores son siempre blancos. El país en los medios de comunicación es tan blanco que no se parece a la sociedad”.

Por ello, el próximo objetivo de Ciudadanos Contra el Racismo es un programa de humor llamado ‘La paisana Jacinta’, en el que un actor interpreta a una mujer andina -paisana en Perú quiere decir campesina- que vive en Lima. Es el único personaje andino que aparece en televisión y representa a una mujer con traje tradicional, largas trenzas postizas y la cara ennegrecida con maquillaje , pero que es tonta, fea, sucia, desdentada y grosera, tiene una forma de caminar grotesca y no habla bien el castellano.

El movimiento ha recogido firmas para pedir la retirada del programa y se las ha entregado a la cadena que lo emite, Frecuencia Latina, pero ésta no parece muy dispuesta a cancelarlo, pues aunque indigna a muchos andinos que viven en Lima, tiene unos buenos índices de audiencia.

“Si yo soy racista con alguien es como que me estoy aclarando la piel. Por eso ‘La Paisana Jacinta’ le gusta a mucha gente que no es blanca, porque así, pese al desprecio que sufren, tienen a otro a quien despreciar”, explica Ardito.

Sabina Huilca, una indígena quechuahablante de la región peruana de Cuzco, dio a luz a una niña en agosto de 1996 en una ambulancia, cuando iba camino del hospital. A sus 26 años era su cuarto hijo y sería el último, aunque entonces ella no lo sabía. La llevaron a un centro de salud en el pueblo de Izcuchaca, donde le insistieron en que se quedara un día más para hacerle “una limpieza”.

Aunque ella se sentía bien y quería volver a su casa, el médico la amenazó con no registrar a su hija si se iba. Al día siguiente, una enfermera la obligó a meterse en la ducha y la bañó a manguerazos con agua fría y luego la puso en una camilla, donde le sujetó con correas las manos y los pies. Sabina, que habla con dificultad el español, preguntó qué le iban a hacer, pero la sanitaria le respondió en tono despectivo: “Te voy a limpiar. ¿Eres analfabeta? ¿No entiendes cuando te hablo?”.

Le pusieron una anestesia y, entre sollozos y rezos, se durmió. Pero como había comido algo, sólo le hizo un efecto parcial. Cuando se despertó vio que le estaban cosiendo la barriga. A pesar de sus gritos de dolor, el médico terminó de coser. Al finalizar, la enfermera le dijo: “Ahora ya no vas a parir como una cerda”.

Ese año el gobierno de Alberto Fujimori había iniciado un radical política de control de la natalidad que duró un lustro, en el cual fueron esterilizadas unas 300.000 mujeres.

En teoría, el programa era voluntario, pero el problema es que, para poder cumplir con las exigentes cuotas establecidas, muchos médicos y enfermeras recurrieron en ocasiones al engaño, las amenazas o simplemente la fuerza bruta. Sobre todo, en zonas campesinas y contra mujeres indígenas y pobres.

“No hay una cifra exacta de cuántas fueron voluntarias y cuántas no voluntarias”, reconoce Rossy Salazar, abogada de la organización de defensa de los derechos de la mujer Demus, que lleva varios años litigando por llevar a los responsables de estos crímenes ante la justicia y por que se repare a las víctimas. Hasta ahora sin éxito, pese a que han pasado 14 años desde el fin del régimen de Fujimori.

Demus, la ONG Instituto de Defensa Legal y la fiscalía anticorrupción (pues también se contemplan delitos de malversación de fondos) han documentado 2.074 casos repartidos por todo el país, aunque la cifra va en aumento, pues “faltan muchas mujeres que ni siquiera saben que puede denunciar”, afirma Salazar.

Por ello, han pedido un juicio por crímenes de lesa humanidad contra varios Fujimori, tres de sus ministros de Salud y otros altos funcionarios.

Pero el fiscal encargado del caso propuso en enero archivar la demanda contra estos ex altos cargos. Alega que no hubo una política de Estado de esterilizaciones forzadas, sino que fueron los médicos y enfermeras encargados de aplicar el programa quienes recurrieron por cuenta propia a esas prácticas.

Los denunciantes alegan que, presionados por el sistema de recompensas y castigos si se alcanzaban o no los altas metas impuestas por el programa, los ginecólogos, obstetras y enfermeras solían engañar a campesinas indígenas, en su inmensa mayoría analfabetas y que apenas entendían el español, para someterlas a ligaduras de trompas con engaños.

A otras las amenazaban o, aprovechando las altas necesidades de una población empobrecida, les hacían promesas de ayudas que nunca se cumplían. En otras ocasiones, les ligaban las esterilizaban sin su consentimiento aprovechando una cesárea o alguna otra operación.

“Me dejaron el bebé muerto en mi barriga”

Ligia Ríos no es indígena ni campesina, pero vive en una zona pobre de Lima. Un día, en 1997, cuando tenía 29 años y estaba embarazada de su cuarto hijo, unos funcionarios sanitarios con batas naranjas fueron a buscarla a su casa. “Me dijeron que iba a haber charlas de planificación familiar y que me iban a asegurar a mí y a mi familia. Me ofrecían medicamentos, atención gratuita, seguro médico para mí y para mis hijos”, recuerda.

La llevaron junto con otras 13 mujeres y un hombre de la zona en una camioneta a un hospital, donde le pincharon en un brazo diciéndole que era una vacuna, aunque en realidad era la anestesia.

Cuando se despertó un médico la revisó y se dio cuenta de que estaba en cinta. “Me abrieron la barriga, me ligaron, me cortaron el cordón umbilical y me dejaron el bebé muerto en mi barriga”.

No sólo nunca le proporcionaron la asistencia prometida, sino que, a pesar de que asegura que todavía le quedan secuelas de esa operación, sigue pidiendo que le hagan una revisión. “Cuánto daño me hicieron porque hasta ahora estoy gorda, pero yo no soy gorda, yo estoy inflada. Exijo que me hagan un chequeo y vean qué es lo que me hicieron adentro”, demanda.

Ha recorrido varias dependencias estatales para denunciar su caso, pero en ninguna le han hecho caso: “Hasta el día de hoy no se me escucha”.

No es la única que ha sufrido graves secuelas, tanto físicas como psicológicas, por la esterilización. “Hasta el día de hoy muchas víctimas tienen consecuencias físicas: muchos dolores en el abdomen, algunas tienen dolores en la espalda…”, apunta Salazar.

Y para las mujeres andinas el no poder tener hijos es además un estigma social. Muchas fueron repudiadas y abandonadas por sus maridos e incluso por sus comunidades. “Ya no servimos para nada. Yo me quería morir. No quería sufrir”, señala entre lágrimas Sabina, que hasta dos meses después de la intervención quirúrgica no supo lo que le habían hecho.

Otras corrieron peor suerte, pues las esterilizaciones se llevaron a cabo en condiciones insalubres, sin el personal y los medios adecuados, lo que provocó la muerte a varias de ellas. Salazar indica que “la Defensoría del Pueblo documentó 16 casos, pero hay muchos más que no se han podido documentar completamente”.

Ligia Ríos destaca que las 14 personas que fueron esterilizadas en el mismo grupo que ella (al hombre le hicieron una vasectomía) han fallecido todas por problemas de salud. “La única que sobrevive soy yo”.

“Todas las mujeres han tenido consecuencias debido a la esterilización y hasta ahora el ejecutivo tampoco hace nada, ninguna política de reparación ni nada”, reclama Salazar.

Las organizaciones de derechos humanos han apelado la pretensión del fiscal de archivar el caso contra Fujimori y sus ministros, algo que ya sucedió en 2009, aunque el Estado peruano lo reabrió tras ser reprendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hilaria Supa, una congresista peruana quechuahablante del Parlamento Andino, un organismo regional, denuncia que “se trata de un tema de discriminación”. “¿A quién protegen? ¿Por qué lo niegan (la responsabilidad del Estado)? ¿Porque las mujeres no tienen dinero, no están en el poder y los otros sí están en el poder y tienen dinero?”, se pregunta.