El objetivo del artículo: llamar la atención sobre la paradójica situación a la que nos conduce la actual despenalización parcial del proxenetismo

en un contexto jurídico de falta de regulación legal del ejercicio de la prostitución como prestación de servicios, ya sea en régimen asalariado, ya sea en régimen autónomo.

El abordaje de la prostitución y del proxenetismo continúa siendo uno de los grandes puntos de desencuentro de la sociedad, en general, y del feminismo, en particular.L'abordatge de la prostitució i del proxenetisme continua sent un dels grans temes de desacord de la societat, en general, i del feminisme, en particular.

La pretensión de este comentario no es tratar de sumar argumentos y ponerlos al servicio del abolicionismo, aunque yo me decante por los posicionamientos abolicionistas.La pretensió d'aquest comentari no és tractar de sumar arguments i posar-los al servei de l'abolicionisme, encara que jo em decanti pels posicionaments abolicionistes. El objetivo es mucho más modesto: llamar la atención sobre la paradójica situación a la que nos conduce la actual despenalización parcial del proxenetismo en un contexto jurídico de falta de regulación legal del ejercicio de la prostitución como prestación de servicios, ya sea en régimen asalariado, ya sea en régimen autónomo.

Para empezar, es preciso destacar el hecho de que la prostitución y el proxenetismo constituyen actividades económicas y empresariales perfectamente legales en España. En efecto, a juicio de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (sentencia de 23 de diciembre de 2013), la prostitución y el proxenetismo no constituyen actividades económicas meramente toleradas sino claramente legales de acuerdo con la tipificación efectuada en el Código Penal, que sólo penaliza la prostitución forzada y el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada. De ahí, pues, que resulte perfectamente legal que se constituya y registre una asociación empresarial cuya finalidad sea la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales propios del sector empresarial dedicado a la tenencia o gestión, o ambas, de establecimientos públicos hosteleros destinados a dispensar productos o servicios que tengan como público objetivo terceras personas, ajenas al establecimiento, que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia. Conclusión refrendada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 27 de noviembre de 2004.

Que la prostitución y el proxenetismo constituyen negocios perfectamente lícitos lo demuestra también el hecho de que, por ejemplo en Cataluña, contemos con una normativa administrativa reguladora de los espectáculos públicos y actividades recreativas, donde se incluyen expresamente los locales con reservados anexos donde se realizan actividades de naturaleza sexual que son ejercidas de manera libre e independiente por el prestador o la prestadora del servicio con otras personas, a cambio de una contraprestación económica.

De todo lo expuesto se deriva que, a efectos económicos y administrativos, la prostitución y el proxenetismo constituyen negocios claramente lícitos.

Si atendemos al ámbito penal, cabe sostener igualmente que en España es posible lucrarse o vivir a costa de la prostitución sin que ello sea castigado penalmente, por cuanto que el Código Penal solo castiga el proxenetismo vinculado a la prostitución forzada.

Desde la reforma del año 2003, el Código Penal en su artículo 188.1 castiga con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses tanto la prostitución forzada (“ el que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución oa mantenerse en ella ”) como el proxenetismo (“ el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma ”).

Interpretando literalmente el último inciso del artículo 188.1 del Código Penal, cabría sostener que cualquier forma de proxenetismo o explotación de la prostitución está prohibida. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo viene considerando que no toda ganancia proveniente de la prostitución, por sí sola, convierte a quien la percibe en autor/a de un delito castigado con penas de dos a cuatro años de prisión.

Para que así acontezca es indispensable que concurran, con carácter general, las siguientes circunstancias: “ a) Que los rendimientos económicos se deriven de la explotación sexual de una persona que se halle mantenida en ese ejercicio mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o vulnerabilidad; b) Quien obtiene el rendimiento económico a costa de la explotación sexual ajena ha de ser conocedor/a de las circunstancias que determinan a la persona prostituida a mantenerse en el ejercicio de la prostitución; c) La ganancia económica puede ser fija, variable oa comisión, pero es preciso, en cualquier caso, que se trate de un beneficio económico directo. Sólo la explotación lucrativa que está íntimamente ligada a la fuente de la prostitución ajena queda abarcada en el tipo penal; y d) La percepción de esa ganancia ha de ser el fruto de algo más que un acto aislado o episódico. No basta con un mero gesto de liberalidad. Esa reiteración es exigible, tanto en la persona que ejerce la prostitución como en aquella otra que se lucra con su ejercicio ”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asume, así, una interpretación restrictiva del delito de proxenetismo, con el argumento de que no cabe asociar la misma pena a los actos violentos e intimidatorios que a la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena.

En definitiva, sólo está penalmente prohibido el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada.

Y a tales efectos, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución juega un papel decisivo en cuanto garantía de su libertad sexual, resultando únicamente irrelevante el prestado por una persona que se halle mantenida en el ejercicio de la prostitución mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o vulnerabilidad.

En este contexto, cabe plantearse si es lícito el proxenetismo en el marco de la prostitución en régimen laboral o asalariado o si, por el contrario, sólo es lícito el proxenetismo en el marco de la prostitución por cuenta propia o en régimen autónomo.

De entrada, es preciso tener en cuenta que de la jurisprudencia penal se desprende que una explotación directa y principal de la prostitución ajena, en la que se trasluzca una relación de dependencia de cierta intensidad en la que se vea limitada la autonomía prestacional de la persona que ejerce la prostitución, encaja en el tipo penal del artículo 188.1 del Código Penal.

De ahí, pues, que pueda sostenerse que el proxenetismo solo será lícito si la persona que ejerce la prostitución tiene cierta autonomía para seleccionar a sus clientes, para decidir el número de servicios y las prácticas sexuales que ofrece, para establecer su jornada y horario de trabajo, y para fijar el precio de los servicios.

Sin embargo, esa libertad organizativa o prestacional encaja difícilmente en el concepto de “trabajo asalariado”.

En verdad, los juzgados y tribunales de lo social niegan categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución.

Y ello porque para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos, considerándose que la explotación sexual de una persona no reúne ni puede reunir esta condición, aunque el ejercicio de la prostitución sea una decisión voluntaria de la persona que la ejerce.

Este punto de partida plantea un decisivo elemento de desencuentro con la regulación penal del proxenetismo: la ilicitud del proxenetismo en el ámbito laboral no depende del carácter voluntario/consentido o no de su ejercicio por parte de quien ejerce la prostitución.

Dicho de otro modo, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. La ilicitud es inmanente a la propia causa y objeto del contrato: el ejercicio de la prostitución por parte de una persona no puede ser ni objeto ni causa lícita de un contrato de trabajo ya que, por definición, el trabajo asalariado es un trabajo por cuenta ajena y subordinado a las órdenes y ámbito de organización de otra persona, de manera que las notas típicas del trabajo asalariado - la ajenidad y la dependencia - determinan la incompatibilidad absoluta del proxenetismo en régimen laboral con la libertad y la dignidad humanas.

Ello determina que la tutela judicial efectiva de los derechos laborales de las personas que ejercen la prostitución se alcance a través de una ficción: la distinción entre la actividad de alterne, donde sí cabe la existencia de una relación laboral o contrato de trabajo, y la actividad de prostitución.

Con todo, es lo cierto que la distinción entre actividad de alterne y actividad de prostitución no deja de resultar artificial, ficticia, en la medida en que la actividad de alterne no deja de ser en muchos casos marginal y destinada a realizar relaciones sexuales con los clientes.

Sin embargo, se trata de una distinción hoy necesaria, ya que evita que el empresario titular de un negocio de alterne quede absuelto de sus obligaciones laborales.

Todo lo expuesto nos lleva a concluir que sólo el ejercicio de la prostitución en régimen autónomo o por cuenta propia permitiría a la persona que ejerce la prostitución seleccionar a sus clientes y fijar las condiciones de prestación del servicio. De modo que el único proxenetismo posible sería el que se desarrolla en el marco de la prostitución por cuenta propia. Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la actualidad, la mayor parte de mujeres que ejercen la prostitución en España son inmigrantes ilegales traficadas por las mafias, son mujeres prostituidas, muy difícilmente sus prestaciones de servicios encajarán en el concepto de prostitución por cuenta propia, al carecer de la debida libertad prestacional.

En todo caso, la paradoja está servida. Sin entrar en el debate sobre abolicionismo o legalización de la prostitución y del proxenetismo, es lo cierto que sí cabría exigir a los poderes públicos, significativamente al poder legislativo y al poder judicial, una mayor coherencia a la hora de abordar la prostitución y el proxenetismo.

O abolimos la prostitución y el proxenetismo o los legalizamos y los regulamos - y ésta será una decisión básicamente política que habrá que resolver en las urnas -, pero lo que no parece aceptable es mantener por más tiempo la esquizofrénica situación actual en la que, por un lado, se regula administrativamente el negocio del proxenetismo como actividad mercantil perfectamente legal, se posibilita la organización del sector empresarial a través de la constitución de organizaciones empresariales que tienen como finalidad la defensa de los intereses económicos y sociales de los empresarios dedicados al negocio del sexo, y, por otro lado, las personas que ejercen la prostitución no cuentan con una regulación protectora que dé clara cobertura legal al desempeño de esta prestación de servicios y establezca específicos derechos y obligaciones para las partes de la relación contractual (proxeneta y persona que ejerce la prostitución), ni cuentan con una clara cobertura en el sistema de Seguridad Social. Al contrario, las personas que ejercen la prostitución sólo pueden ser dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadoras de alterne, o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos como trabajadoras autónomas, pero no como actividad de prostitución, sino bajo otra denominación.Al contrari, les persones que exerceixen la prostitució només poden ser donades d'alta en el Règim General de la Seguretat Social com a treballadores d’ “alterne”, o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com a treballadores autònomes, però no com a activitat de prostitució, sinó sota una altra denominació.

No llamar a las cosas por su nombre cuando se trata de los derechos de las personas que ejercen la prostitución - que son sin duda la parte débil en la relación contractual con sus proxenetas –, hasta el punto de que aquéllas desconocen si su actividad es o no lícita, y si son titulares o no de específicos derechos en materia laboral y de Seguridad Social, aboca irremediablemente al trabajo sumergido, a la estigmatización de las personas que ejercen la prostitución ya la explotación descarnada de las mismas.

Si el proxenetismo no está penalmente prohibido y constituye una actividad empresarial lícita y administrativamente regulada, entonces, por coherencia, es necesario dar expresa cobertura jurídica a las personas que ejercen la prostitución a través de la regulación específica de la prestación de servicios de prostitución en régimen autónomo, reconociendo específicos derechos laborales y de seguridad social a aquéllas.

Incluso, yendo más allá, también debería superarse la actual distinción entre prostitución y actividad de alterne en el ámbito del trabajo asalariado, pues si bien tal distinción ha permitido hasta la fecha una justa protección de los derechos de las personas que ejercen la prostitución en régimen de dependencia, es lo cierto que no deja de perpetuar una ficción, pues a través de la actividad de alterne en régimen asalariado se despliega en realidad el ejercicio de la prostitución en los mal llamados locales de alterne.

Es por ello que, en tanto no se prohíba el proxenetismo en todas sus formas y variables, cabría explorar la propuesta de crear una nueva relación laboral especial en la que se garantice la autonomía prestacional de la persona que ejerce la prostitución, de modo que esa relación laboral pueda resultar mínimamente compatible con la dignidad humana (selección y posibilidad de rechazo de los clientes y del tipo y número de prácticas sexuales).

El Proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal 1 , impulsado por el ya dimitido ministro de justicia Alberto Ruíz-Gallardón, y que sigue el curso de su tramitación parlamentaria, viene a introducir significativos cambios en la tipificación del delito de proxenetismo.

Si en la vigente redacción del último inciso del artículo 188.1 del Código Penal se castiga el proxenetismo sin más (“ el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma ”), en el proyecto de ley se castiga a quien se lucre de la prostitución ejercida por una persona, aun con el consentimiento de la misma, sólo cuando se den alguna de estas dos circunstancias:

1. o,que la persona que ejerce la prostituci ó n se encuentre en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución, ,

2. o, que, se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. se li imposin per al seu exercici condicions oneroses, desproporcionades o abusives.

A primera vista, y atendiendo a la literalidad de los cambios, es lo cierto que pasamos de una regulación donde se prohíbe el proxenetismo sin más, a otra en la que el punto de partida es radicalmente distinto: se parte de despenalizar el proxenetismo prohibiéndolo solamente cuando concurren algunas circunstancias que determinan un ejercicio forzado o abusivo de la prostitución.

Con todo, es preciso admitir que esa despenalización parcial del proxenetismo ya se estaba aplicando a nivel judicial desde la reforma del año 2003, pues, tal y como se ha venido insistiendo, desde el principio, la jurisprudencia penal ha interpretado restrictivamente el delito de proxenetismo, prohibiendo solamente el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada.

Reconocer esta circunstancia no me impide, sin embargo, criticar la proyectada reforma del delito de proxenetismo, por cuanto que introduce conceptos jurídicos indeterminados de muy difícil aplicación/interpretación.

Por esas grietas interpretativas/aplicativas se seguirá colando el proxenetismo en todas sus formas.

En verdad, la reforma vendrá a otorgar una más cómoda cobertura legal al proxenetismo, dando así un espaldarazo definitivo a un negocio que, desde hace décadas, siempre ha sido tolerado en España.

Es por ello que seguir ofreciendo cobertura legal al proxenetismo en tanto no se ofrece cobertura jurídica específica (específicos derechos) al ejercicio de la prostitución supone, entre otras cosas, un acto de discriminación indirecta por razón de sexo.

Ciertamente, una regulación aparentemente neutra entraña, en realidad, una desventaja para las mujeres, máxime cuando dificulta enormemente la lucha contra la prostitución forzada y abusiva, que afecta en su gran mayoría a las mujeres.

La tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma del Código Penal constituye un momento excelente para debatir y resolver la paradoja denunciada.

Si ello no se hace por coherencia, al menos, que se haga porque así lo impone el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la medida en que obliga a que la proyectada reforma venga acompañada de un informe sobre el impacto de género de la despenalización parcial del proxenetismo.

L'objectiu de l'article:

cridar l'atenció sobre la paradoxal situació a la qual ens condueix l'actual despenalització parcial del proxenetisme

en un context jurídic de manca de regulació legal de l'exercici de la prostitució com a prestació de serveis, ja sigui en règim assalariat, ja sigui en règim autònom.

L'abordatge de la prostitució i del proxenetisme continua sent un dels grans temes de desacord de la societat, en general, i del feminisme, en particular.

La pretensió d'aquest comentari no és tractar de sumar arguments i posar-los al servei de l'abolicionisme, encara que jo em decanti pels posicionaments abolicionistes. L'objectiu és molt més modest: cridar l'atenció sobre la paradoxal situació a la qual ens condueix l'actual despenalització parcial del proxenetisme en un context jurídic de manca de regulació legal de l'exercici de la prostitució com a prestació de serveis, ja sigui en règim assalariat, ja sigui en règim autònom.

Per començar, cal destacar el fet que la prostitució i el proxenetisme constitueixen activitats econòmiques i empresarials perfectament legals a Espanya. En efecte, segons el parer de la Sala del Social de l'Audiència Nacional (sentència de 23 de desembre del 2013), la prostitució i el proxenetisme no constitueixen activitats econòmiques merament tolerades sinó clarament legals d'acord amb la tipificació efectuada en el Codi Penal, que només penalitza la prostitució forçada i el proxenetisme en el marc de la prostitució forçada. D'aquí, doncs, que resulti perfectament legal que es constitueixi i registri una associació empresarial que tingui per finalitat la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials propis del sector empresarial dedicat a la tinença o gestió, o totes dues, d'establiments públics hostalers destinats a dispensar productes o serveis que tinguin com a públic objectiu terceres persones, alienes a l'establiment, que exerceixin l’alterni (“alterne”) i la prostitució per compte propi. Conclusió confirmada per la Sala del Social del Tribunal Suprem en sentència de 27 de novembre del 2004.

Que la prostitució i el proxenetisme constitueixen negocis perfectament lícits ho demostra també el fet que, per exemple, a Catalunya comptem amb una normativa administrativa reguladora dels espectacles públics i activitats recreatives, on s'inclouen expressament els locals amb reservats annexos on es realitzen activitats de naturalesa sexual que són exercides de manera lliure i independent pel prestador o la prestadora del servei amb altres persones, a canvi d'una contraprestació econòmica.

De tot l'exposat es deriva que, a efectes econòmics i administratius, la prostitució i el proxenetisme constitueixen negocis clarament lícits.

Si atenem a l'àmbit penal, cal sostenir igualment que a Espanya és possible lucrar-se o viure a costa de la prostitució sense que això sigui castigat penalment, ja que el Codi Penal només castiga el proxenetisme vinculat a la prostitució forçada.

Des de la reforma de l'any 2003, el Codi Penal en el seu article 188.1 castiga amb les penes de presó de dos a quatre anys i multa de 12 a 24 mesos tant la prostitució forçada (“el que determini, fent servir violència, intimidació o engany, o abusant d'una situació de superioritat o de necessitat o vulnerabilitat de la víctima, una persona major d'edat a exercir la prostitució o a mantenir-s'hi ”) com el proxenetisme (“ el que es lucri explotant la prostitució d'una altra persona, fins i tot amb el consentiment de la mateixa ”).

Interpretant literalment l'últim incís de l'article 188.1 del Codi Penal, es podria sostenir que qualsevol forma de proxenetisme o explotació de la prostitució està prohibida. No obstant això, la jurisprudència de la Sala Penal del Tribunal Suprem ve considerant que no tot guany provinent de la prostitució, per si sol, converteix a qui el percep en autor/a d'un delicte castigat amb penes de dos a quatre anys de presó.

Perquè així esdevingui és indispensable que concorrin, amb caràcter general, les següents circumstàncies: “a) Que els rendiments econòmics es derivin de l'explotació sexual d'una persona que es trobi mantinguda en aquest exercici mitjançant l'ús de violència, intimidació, engany o com a víctima d'abús de superioritat o de la seva situació de necessitat o vulnerabilitat; b) Qui obté el rendiment econòmic a costa de l'explotació sexual aliena ha de ser coneixedor/a de les circumstàncies que determinen la persona prostituïda a mantenir-se en l'exercici de la prostitució; c) El guany econòmic pot ser fix, variable o comissió, però cal, en qualsevol cas, que es tracti d'un benefici econòmic directe. Només l'explotació lucrativa que està íntimament lligada a la font de la prostitució aliena queda compresa en el tipus penal; I d) La percepció d'aquest guany ha de ser el fruït d'alguna cosa més que un acte aïllat o episòdic. Aquesta reiteració és exigible tant en la persona que exerceix la prostitució com en aquella altra que es lucra amb l'exercici ”.

La Sala Penal del Tribunal Suprem defensa, així, una interpretació restrictiva del delicte de proxenetisme, amb l'argument que no és proporcionat associar la mateixa pena als actes violents i intimidatoris que a l'acció de lucrar-se o viure a costa de la prostitució aliena.

En definitiva, només està penalment prohibit el proxenetisme en el marc de la prostitució forçada. I a aquests efectes, el consentiment de la persona que exerceix la prostitució juga un paper decisiu com a garantia de la seva llibertat sexual, resultant únicament irrellevant el prestat per una persona que es trobi mantinguda en l'exercici de la prostitució mitjançant l'ús de violència, intimidació, engany o com a víctima de l'abús de superioritat o de la seva situació de necessitat o vulnerabilitat.

En aquest context, cal plantejar-se si és lícit el proxenetisme en el marc de la prostitució en règim laboral o assalariat o si, per contra, només és lícit el proxenetisme en el marc de la prostitució per compte propi o en règim autònom.

D'entrada, cal tenir en compte que de la jurisprudència penal es desprèn que una explotació directa i principal de la prostitució aliena, en la qual s’evidenciï una relació de dependència de certa intensitat en què es vegi limitada l'autonomia prestacional de la persona que exerceix la prostitució, encaixa en el tipus penal de l'article 188.1 del Codi Penal. D'aquí, doncs, que pugui sostenir-se que el proxenetisme només serà lícit si la persona que exerceix la prostitució té certa autonomia per seleccionar els seus clients, per decidir el nombre de serveis i les pràctiques sexuals que ofereix, per establir la seva jornada i horari de treball, i per fixar el preu dels serveis.

Ara bé, aquesta llibertat organitzativa o prestacional encaixa difícilment en el concepte de “treball assalariat”.

En efecte, els jutjats i tribunals del social neguen categòricament la possibilitat que hi hagi i pugui ser vàlid un contracte de treball que doni cobertura a les situacions d'explotació lucrativa de la prostitució. I això perquè per a que el contracte de treball es pugui considerar vàlid és imprescindible que el seu objecte i causa siguin lícits, considerant que l'explotació sexual d'una persona no reuneix ni pot reunir aquesta condició, encara que l'exercici de la prostitució sigui una decisió voluntària de la persona que l'exerceix.

Aquest punt de partida planteja un decisiu element de desacord amb la regulació penal del proxenetisme: la il•licitud del proxenetisme en l'àmbit laboral no depèn del caràcter voluntari/consentit o no del seu exercici per part de qui exerceix la prostitució. Dit d'una altra manera, el consentiment de la persona que exerceix la prostitució és irrellevant. La il•licitud és immanent a la pròpia causa i objecte del contracte: l'exercici de la prostitució per part d'una persona no pot ser ni objecte ni causa lícita d'un contracte de treball ja que, per definició, el treball assalariat és un treball per compte aliena i subordinat a les ordres i àmbit d'organització d'una altra persona, de manera que les notes típiques del treball assalariat - l'alienitat i la dependència - determinen la incompatibilitat absoluta del proxenetisme en règim laboral amb la llibertat i la dignitat humanes.

Això determina que la tutela judicial efectiva dels drets laborals de les persones que exerceixen la prostitució s'arribi a través d'una ficció: la distinció entre l'activitat d’ “alterne”, on sí cal l'existència d'una relació laboral o contracte de treball, i l’activitat de prostitució.

Amb tot, la veritat és que la distinció entre activitat d’ “alterne” i activitat de prostitució no deixa de resultar artificial, fictícia, en la mesura que l'activitat d’ “alterne” no deixa de ser en molts casos marginal i destinada a realitzar relacions sexuals amb els clients. No obstant això, es tracta d'una distinció avui necessària, ja que evita que l'empresari titular d'un negoci d’ “alterne”/prostitució quedi absolt de les seves obligacions laborals.

Tot l'exposat ens porta a concloure que només l'exercici de la prostitució en règim autònom o per compte propi permetria a la persona que exerceix la prostitució seleccionar els seus clients i fixar les condicions de prestació del servei. De manera que l'únic proxenetisme possible seria el que es desenvolupa en el marc de la prostitució per compte propi. Ara bé, tenint en compte que, en l'actualitat, la major part de dones que exerceixen la prostitució a Espanya són immigrants il•legals traficades per les màfies, són dones prostituïdes, molt difícilment les seves prestacions de serveis encaixaran en el concepte de prostitució per compte propi, en no tenir la deguda llibertat prestacional.

En tot cas, la paradoxa està servida. Sense entrar en el debat sobre abolicionisme o legalització de la prostitució i del proxenetisme, el cert és que caldria exigir als poders públics, significativament al poder legislatiu i al poder judicial, una major coherència a l'hora d'abordar la prostitució i el proxenetisme.

O abolim la prostitució i el proxenetisme o els legalitzem i els regulem - i aquesta serà una decisió bàsicament política que caldrà resoldre a les urnes -, però el que no sembla acceptable és mantenir per més temps l’esquizofrènica situació actual en què, per una banda, no es castiga penalment el proxenetisme en el marc de la prostitució no forçada, es regula administrativament el negoci del proxenetisme com a activitat mercantil perfectament legal, es possibilita l'organització del sector empresarial a través de la constitució d'organitzacions empresarials que tenen com a finalitat la defensa dels interessos econòmics i socials dels empresaris dedicats al negoci del sexe, i, d'altra banda, les persones que exerceixen la prostitució no compten amb una regulació protectora que doni clara cobertura legal a l'exercici d'aquesta prestació de serveis i estableixi específics drets i obligacions per a les parts de la relació contractual (proxeneta i persona que exerceix la prostitució), ni compten amb una clara cobertura en el sistema de Seguretat Social. Al contrari, les persones que exerceixen la prostitució només poden ser donades d'alta en el Règim General de la Seguretat Social com a treballadores d’ “alterne”, o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com a treballadores autònomes, però no com a activitat de prostitució, sinó sota una altra denominació.

No dir les coses pel seu nom quan es tracta dels drets de les persones que exerceixen la prostitució - que són sens dubte la part feble en la relació contractual amb els seus proxenetes -, fins al punt que aquelles desconeixen si la seva activitat és o no lícita, i si són titulars o no d'específics drets en matèria laboral i de Seguretat Social, aboca irremeiablement a la feina submergida, a l'estigmatització de les persones que exerceixen la prostitució i a l'explotació descarnada de les mateixes.

Si el proxenetisme no està penalment prohibit i constitueix una activitat empresarial lícita i administrativament regulada, llavors, per coherència, cal donar expressa cobertura jurídica a les persones que exerceixen la prostitució a través de la regulació específica de la prestació de serveis de prostitució en règim autònom, reconeixent específics drets laborals i de seguretat social a aquelles.

Fins i tot, anant més enllà, també caldria superar l'actual distinció entre prostitució i activitat d’ “alterne” en l'àmbit del treball assalariat, ja que si bé aquesta distinció ha permès fins ara una justa protecció dels drets de les persones que exerceixen la prostitució en règim de dependència, és la veritat que no deixa de perpetuar una ficció, ja que a través de l'activitat d’ “alterne” en règim assalariat es desplega en realitat l'exercici de la prostitució en els mal anomenats locals d’ “alterne”.

És per això que, fins que no es prohibeixi el proxenetisme en totes les seves formes i variables, es podria explorar la proposta de crear una nova relació laboral especial en la qual es garanteixi l'autonomia prestacional de la persona que exerceix la prostitució, de manera que aquesta relació laboral pugui resultar mínimament compatible amb la dignitat humana (selecció i possibilitat de rebuig dels clients i del tipus i nombre de pràctiques sexuals, jornada i horari de treball, i retribució).

El Projecte de llei orgànica de reforma del Codi Penal, impulsat pel ja dimitit ministre de justícia Alberto Ruíz-Gallardón, i que segueix el curs de la seva tramitació parlamentària, ve a introduir significatius canvis en la tipificació del delicte de proxenetisme.

Si en la vigent redacció de l'últim incís de l'article 188.1 del Codi Penal es castiga el proxenetisme sense més (“el que es lucri explotant la prostitució d'una altra persona, fins i tot amb el consentiment de la mateixa”), en el projecte de llei es castiga a qui es lucri de la prostitució exercida per una persona, fins i tot amb el consentiment de la mateixa, només quan es donen alguna d'aquestes dues circumstàncies:

a. que la persona que exerceix la prostitució es trobi en una situació de dependència personal i econòmica que no li deixi altra alternativa, real o acceptable, que l'exercici de la prostitució, o,

b. se li imposin per al seu exercici condicions oneroses, desproporcionades o abusives.

A primera vista, i atenent a la literalitat dels canvis, passem d'una regulació on es prohibeix el proxenetisme sense més, a una altra en què el punt de partida és radicalment diferent: es parteix de despenalitzar el proxenetisme prohibint-lo només quan concorren algunes circumstàncies que determinen un exercici forçat o abusiu de la prostitució.

Amb tot, cal admetre que aquesta despenalització parcial del proxenetisme ja s'estava aplicant a nivell judicial des de la reforma de l'any 2003, doncs, tal com s'ha vingut insistint, des del principi, la jurisprudència penal ha interpretat restrictivament el delicte de proxenetisme , prohibint només el proxenetisme en el marc de la prostitució forçada.

Reconèixer aquesta circumstància no m'impedeix, però, criticar la projectada reforma del delicte de proxenetisme, ja que introdueix conceptes jurídics indeterminats de molt difícil aplicació/interpretació. Per aquestes esquerdes interpretatives/aplicatives se seguirà colant el proxenetisme en totes les seves formes. En veritat, la reforma vindrà a atorgar una més còmoda cobertura legal al proxenetisme, donant així un recolzament definitiu a un negoci que, des de fa dècades, sempre ha estat tolerat a Espanya.

És per això que seguir oferint cobertura legal al proxenetisme en tant no s'ofereix cobertura jurídica específica (específics drets) a l'exercici de la prostitució suposa, entre altres coses, un acte de discriminació indirecta per raó de sexe. Certament, una regulació aparentment neutra comporta, en realitat, un desavantatge per a les dones, més quan dificulta enormement la lluita contra la prostitució forçada i abusiva, que afecta en la seva gran majoria a les dones. ç

La tramitació parlamentària del projecte de llei de reforma del Codi Penal constitueix un moment excel•lent per debatre i resoldre la paradoxa denunciada. Si això no es fa per coherència, almenys, que es faci perquè així ho imposa l'article 19 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, en la mesura que obliga a que la projectada reforma vingui acompanyada d'un informe sobre l'impacte de gènere, entre altres, de la despenalització parcial del proxenetisme.

Aquesta dada “objectiva” permet explicar en part la bretxa salarial entre dones i homes a Espanya, que l’Eurostat va situar en el 17,8% l’any 2012. En efecte, el treball a temps parcial s’utilitza insistentment com a factor objectiu que explicaria i justificaria en bona part les diferències salarials entre dones i homes, allunyant aquestes diferències de la discriminació retributiva per raó de sexe. Certament, l’accés al treball a temps parcial s’ha de deslligar, en principi, de la discriminació per raó de sexe. Ara bé, no podem obviar que l’accés al temps parcial té com a teló de fons la desigualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’esfera domèstica i professional.

Efectivament, són les dones les que majoritàriament continuen assumint la cura dels fills i filles i d’altres familiars dependents. Sent així, per a moltes dones, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral no és tant un dret com una necessitat per poder accedir a una ocupació o mantenir-la. Això implica que el treball a temps parcial es configuri en molts casos com una de les vies prioritàries per a les dones per fer possible la conciliació, tenint en compte tant la carestia com la insuficiència dels serveis d’atenció a les persones dependents, així com el fet que moltes empreses i administracions no apliquen encara mesures de racionalització i flexibilització del temps de treball.

En efecte, d’acord amb el mòdul sobre conciliació de l’EPA 2010, tenim que el 97,3% de persones ocupades a temps parcial per fer-se càrrec de fills i filles de 14 anys o menors, són dones. En la mateixa línia, del total de persones ocupades a temps parcial per atendre altres familiars dependents, un 89,1% són dones. Dit de forma més gràfica, per cada 26,3 dones que compatibilitzen la seva jornada a temps parcial amb l’atenció a la família, tan sols 1 home ho fa (VII Informe sobre el perfil de la dona treballadora-Adecco, 2012).

Davant d’aquesta realitat, vull posar de manifest la paradoxa que suposa el fet que l’última reforma laboral del contracte de treball a temps parcial (operada pel Reial Decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores), en un clar intent de fer més atractiu aquest contracte per a les empreses de cara a crear ocupació – encara que es tracti de subocupació (treball a temps parcial involuntari per a les persones treballadores) -, ha vingut a ampliar significativament les possibilitats de gestió flexible del temps de treball. Sense entrar a jutjar l’oportunitat i necessitat d’aquesta nova mesura de flexibilitat, no es pot negar que la nova regulació legal del contracte a temps parcial pot dificultar a la pràctica la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores que accedeixen a aquesta contractació.

En aquest sentit, cal destacar que empresa i persona treballadora poden acordar la realització d’hores complementàries (hores addicionals a les hores ordinàries pactades) en els casos de contractes a temps parcial temporals - abans era imprescindible que es tractés d’un contracte a TP indefinit -, amb l’única condició que la jornada de treball pactada no sigui inferior a 10 hores setmanals en còmput anual.

Tot i que l’empresari/a només podrà exigir la realització d’hores complementàries quan així ho hagi pactat expressament amb la persona treballadora, el cas és que la voluntarietat en aquest tipus de pactes no deixa de ser relativa, sobre tot tractant-se de contractes a temps parcial temporals, amb una jornada ordinària pactada d’escassa entitat, i més si aquest pacte té lloc en el moment d’accedir a l’ocupació. Convé recordar en aquest punt que, segons l’Enquesta Europea de Força de Treball 2013 (Eurostat), Espanya és un dels països europeus amb més treball a temps parcial involuntari (57,4%), només per darrera de Grècia (72%) i Xipre (59%), de tal manera que cal suposar que bona part de les persones treballadores a temps parcial assumiran fàcilment la realització d’hores complementàries.

Sigui com sigui – voluntàries o no -, la reforma ha vingut a incrementar també el llindar d’hores complementàries que es poden afegir a les hores ordinàries pactades, de tal manera que l’empresa podrà exigir la realització de més hores addicionals, sense que tingui, però, l’obligació de garantir-ne la seva realització. En altres paraules, les hores complementàries només són obligatòries per a la persona treballadora. Si l’empresa requereix la persona treballadora a realitzar-les, aquesta no s’hi pot negar. Ara bé, si l’empresa no té interès en que les acabi realitzant, la persona treballadora ni podrà exigir la seva realització ni tampoc podrà exigir el seu pagament. És cert que el legislador imposa a l’empresari/a un preavís mínim de 3 dies per tal que la persona treballadora pugui conèixer el dia i hora de realització de les hores complementàries amb una certa anticipació, però no és menys cert que els convenis col·lectius poden rebaixar aquest preavís mínim, i que, en tot cas, aquest preavís no evitarà la necessitat de reorganització contínua de la vida privada i familiar.

En definitiva, les persones treballadores només tindran plena certesa en quant al nombre i distribució horària de les hores ordinàries pactades, però no així respecte de les hores complementàries, que, tot i pactar-se, podrien no realitzar-se, amb les consegüents dificultats per a l’organització de la vida privada i familiar.

Cal referir-se, finalment, a una altra novetat. El legislador ha suprimit la possibilitat de realització d’hores extraordinàries en el marc del contracte a temps parcial. Amb tot, aquesta supressió és més aparent que real, doncs s’ha creat una nova categoria d’hores com són les hores complementàries “d’acceptació voluntària”. Es tracta d’hores complementàries que no han estat acordades o pactades prèviament, sinó que són ofertes “espontàniament” per l’empresa i acceptades “voluntàriament” per la persona treballadora. Aquesta nova categoria presenta, almenys, dos avantatges per a les empreses: la llei no fixa un preavís mínim, i tampoc s’aplica el límit màxim anual d’hores extres previst a l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors. En aquest cas, la finalitat de conciliació de la vida privada i laboral es pot veure també fortament compromesa.

Com a reflexió final diria que les persones que accedeixen a un contracte a temps parcial amb la finalitat de conciliar llur vida personal, familiar i laboral es trobaran sovint davant el dilema d’acceptar la realització d’hores complementàries, amb la consegüent incertesa respecte a les hores de treball totals que acabaran fent així com sobre el moment exacte de la seva realització, o bé, renunciar-hi, amb l’impacte que aquesta renúncia pot tenir de cara no només a la retribució, sinó també a la possibilitat de renovació del contracte a temps parcial temporal o a la conversió en un contracte indefinit, o a la conversió del contracte a temps parcial en un contracte a temps complert.

Si a aquesta reflexió sumem la perspectiva de gènere, la conclusió està servida: les dones no es troben en igualtat de condicions ni d’oportunitats a l’hora d’acceptar la realització d’hores complementàries, i en el cas de que les acceptin, la seva realització serà a costa d’un esforç suplementari de reorganització de la seva vida privada i familiar. I en aquest dilema cal situar també un dels factors de riscos psicosocials presents en el treball de les dones, en general, i en el treball de les dones a temps parcial, en particular.

La paradoxa resultant de tot plegat és que una modalitat contractual que, tradicionalment, ha permès satisfer els interessos de conciliació de les persones treballadores, poc a poc, i a cop de reformes i contrareformes, s’ha reconvertit en una potent eina de flexibilitat en la gestió del temps de treball per a les empreses, i en una eina preferent per al Govern de cara a crear ocupació – ocupació precària, però ocupació al capdavall -, seguint la fórmula dels “minijobs”. I l’impacte de gènere d’aquestes reformes i contrareformes del contracte a temps parcial? Quin govern s’atrevirà a mesurar-lo com cal? O hauran de ser, novament, els jutjats i tribunals del social els que ho facin?

Article publicat a Dones en xarxa

Este dato “ objetivo” permite explicar en parte la brecha salarial entre mujeres y hombres en España, que Eurostat situó en el 17,8 % en el año 2012. En efecto, el trabajo a tiempo parcial se utiliza insistentemente como factor objetivo que explicaría y justificaría en buena parte las diferencias salariales entre mujeres y hombres, alejando estas diferencias de la discriminación retributiva por razón de sexo. Ciertamente, el acceso al trabajo a tiempo parcial debe desligarse, en principio, de la discriminación por razón de sexo. Ahora bien, no podemos obviar que el acceso al tiempo parcial tiene como telón de fondo la desigualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la esfera doméstica y profesional.

Efectivamente, son las mujeres las que mayoritariamente siguen asumiendo el cuidado de los hijos y de otros familiares dependientes. Siendo así, para muchas mujeres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral no es tanto un derecho como una necesidad para poder acceder a un empleo o mantenerla. Esto implica que el trabajo a tiempo parcial se configure en muchos casos como una de las vías prioritarias para las mujeres para hacer posible la conciliación, teniendo en cuenta tanto la carestía como la insuficiencia de los servicios de atención a las personas dependientes, así como el hecho de que muchas empresas y administraciones no aplican aún medidas de racionalización y flexibilización del tiempo de trabajo.

En efecto, de acuerdo con el módulo sobre conciliación de la EPA 2010, tenemos que el 97,3 % de personas ocupadas a tiempo parcial para hacerse cargo de hijos de 14 años o menores, son mujeres. En la misma línea, del total de personas ocupadas a tiempo parcial para atender otros familiares dependientes, un 89,1% de son mujeres. Dicho de forma más gráfica, por cada 26,3 mujeres que compatibilizan su jornada a tiempo parcial con la atención a la familia, tan sólo 1 hombre lo hace (VII Informe sobre el perfil de la mujer trabajadora - Adecco, 2012).

Ante esta realidad, quiero poner de manifiesto la paradoja que supone el hecho de que la última reforma laboral del contrato de trabajo a tiempo parcial (operada por el Real Decreto - Ley 16 /2013, de 20 de diciembre , de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras), en un claro intento de hacer más atractivo este contrato para las empresas de cara a crear empleo - aunque se trate de subempleo ( trabajo a tiempo parcial involuntario para las personas trabajadoras ) - , ha venido a ampliar significativamente las posibilidades de gestión flexible del tiempo de trabajo. Sin entrar a juzgar la oportunidad y necesidad de esta nueva medida de flexibilidad, no se puede negar que la nueva regulación legal del contrato a tiempo parcial puede dificultar la práctica la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras que acceden a esta contratación .

En este sentido, cabe destacar que empresa y trabajador pueden acordar la realización de horas complementarias (horas adicionales a las horas ordinarias pactadas ) en los casos de contratos a tiempo parcial temporales - antes era imprescindible que se tratara de un contrato a TP indefinido - , con la única condición de que la jornada de trabajo pactada no sea inferior a 10 horas semanales en cómputo anual.

Aunque el empresario / a sólo podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así lo hubiera pactado expresamente con la persona trabajadora, el caso es que la voluntariedad en este tipo de pactos no deja de ser relativa, sobre todo tratándose de contratos a tiempo parcial temporales, con una jornada ordinaria pactada de escasa entidad, y más si este pacto tiene lugar en el momento de acceder al empleo. Conviene recordar en este punto que, según la Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo 2013 (Eurostat), España es uno de los países europeos con más trabajo a tiempo parcial involuntario (57,4%), sólo por detrás de Grecia (72%) y Chipre (59%), de tal manera que hay que suponer que buena parte de las personas trabajadoras a tiempo parcial asumirán fácilmente la realización de horas complementarias.

Sea como sea - voluntarias o no - , la reforma ha venido a incrementar también el umbral de horas complementarias que se pueden añadir a las horas ordinarias pactadas, de tal manera que la empresa podrá exigir la realización de más horas adicionales, sin que tenga, sin embargo, la obligación de garantizar su realización. En otras palabras, las horas complementarias sólo son obligatorias para la persona trabajadora. Si la empresa requiere la persona trabajadora a realizarlas, ésta no se puede negar. Ahora bien, si la empresa no tiene interés en que las termine realizando, la persona trabajadora ni podrá exigir su realización ni tampoco podrá exigir su pago.

Es cierto que el legislador impone al empresario/a un preaviso mínimo de 3 días para que la persona trabajadora pueda conocer el día y hora de realización de las horas complementarias con cierta anticipación, pero no es menos cierto que los convenios colectivos pueden rebajar este preaviso mínimo, y que, en todo caso, este preaviso no evitará la necesidad de reorganización continua de la vida privada y familiar.

En definitiva, las personas trabajadoras sólo tendrán plena certeza en cuanto al número y distribución horaria de las horas ordinarias pactadas, pero no así respecto de las horas complementarias, que, a pesar de pactarse, podrían no realizarse, con las consiguientes dificultades para la organización de la vida privada y familiar.

Hay que referirse, finalmente, a otra novedad. El legislador ha suprimido la posibilidad de realización de horas extraordinarias en el marco del contrato a tiempo parcial. Con todo, esta supresión es más aparente que real, pues se ha creado una nueva categoría de horas como son las horas complementarias “de aceptación voluntaria” . Se trata de horas complementarias que no han sido acordadas o pactadas previamente, sino que son ofrecidas “espontáneamente” por la empresa y aceptadas “voluntariamente” por la persona trabajadora. Esta nueva categoría presenta, al menos, dos ventajas para las empresas: la ley no fija un preaviso mínimo, y tampoco se aplica el límite máximo anual de horas extras previsto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, la finalidad de conciliación de la vida privada y laboral se puede ver también fuertemente comprometida.

Como reflexión final diría que las personas que acceden a un contrato a tiempo parcial con el fin de conciliar su vida personal , familiar y laboral se encontrarán a menudo ante el dilema de aceptar la realización de horas complementarias, con la consiguiente incertidumbre respecto a las horas de trabajo totales que acabarán haciendo así como sobre el momento exacto de su realización, o bien, renunciar, con el impacto que esta renuncia puede tener de cara no sólo a la retribución, sino también a la posibilidad de renovación del contrato a tiempo parcial temporal o a la conversión en un contrato indefinido, o la conversión del contrato a tiempo parcial en un contrato a tiempo completo.

Si a esta reflexión sumamos la perspectiva de género, la conclusión está servida: las mujeres no se encuentran en igualdad de condiciones ni de oportunidades a la hora de aceptar la realización de horas complementarias, y en el caso de que las acepten, su realización será a costa de un esfuerzo suplementario de reorganización de su vida privada y familiar. Y en este dilema hay que situar también uno de los factores de riesgos psicosociales presentes en el trabajo de las mujeres, en general, y en el trabajo de las mujeres a tiempo parcial, en particular.

La paradoja resultante de todo ello es que una modalidad contractual que, tradicionalmente, ha permitido satisfacer los intereses de conciliación de las personas trabajadoras, poco a poco, ya golpe de reformas y contrarreformas, se ha reconvertido en una potente herramienta de flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo para las empresas, y en una herramienta preferente para el Gobierno de cara a crear empleo - empleo precario, pero empleo al fin - , siguiendo la fórmula de los “minijobs”. ¿Y el impacto de género de estas reformas y contrarreformas del contrato a tiempo parcial? ¿Qué gobierno se atreverá a medirlo como es? ¿O deberán ser, nuevamente, los juzgados y tribunales de lo social los que lo hagan?

Artículo publicado en Dones en xarxa