En artículos anteriores he planteado que, una vez finalizado el proceso eruptivo, habría que impulsar de inmediato un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica de La Palma que, previo diagnóstico de los graves daños ocasionados por la erupción, debe tener entre sus objetivos:

-      La decidida reconversión de la agroindustria palmera, más acorde con la realidad del mercado actual para ser más competitivos.

-      Impulsar la reconstrucción racional de determinadas infraestructuras básicas fundamentales para determinadas zonas estratégicas de La Palma, y en general para la isla, relacionadas sobre todo con la movilidad, el ciclo del agua y el de la energía.

-      Impulsar definitivamente el desarrollo de la actividad turística, que cuenta ya con un modelo propio.

-      Reconducir determinadas dinámicas de ocupación territorial, desarrollo residencial y sus infraestructuras básicas.

-      Y, sobre todo, aprovechar la necesidad existente durante los próximos años para la creación de empleo de cierto valor añadido, impulsando la economía circular y la llamada economía azul y la apuesta por un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, para lo que será imprescindible desarrollar cuanto antes un programa de formación específico.

La puesta en marcha de este Plan requiere de unidad de acción y de una estructura de coordinación interadministrativa, a través de una dirección ágil, que cuente con autonomía funcional, facultades ejecutivas y tenga la condición de ente administrativo con capacidad para los cometidos y funciones que se tengan que desarrollar y cuyo objeto principal debe ser llevar a cabo las actuaciones necesarias de reposición de las infraestructuras, los sistemas generales, equipamiento y dotaciones que se han visto dañadas en el Valle de Aridane, a través del Plan de Reconstrucción y de los instrumentos de ordenación, de gestión y de ejecución que sean precisos.

En mi opinión, este órgano de coordinación y gestión de las actuaciones debe ser un Consorcio Interadministrativo en el que participen los Gobiernos de España y de Canarias, junto al Cabildo Insular de La Palma y los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, dado que esta figura consorcial permite la inclusión y coordinación de todas las administraciones con competencias territoriales o sectoriales sobre los municipios afectados por la erupción volcánica y que tenga entre sus funciones ejercer las potestades que legalmente le correspondan y le sean atribuidas por delegación de competencias de las diferentes Administraciones consorciadas.

Asimismo, se debe abordar el desarrollo de mecanismos de participación comunitaria para que en esta nueva entidad de derecho público y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público estén representados los afectados, fortaleciendo las redes comunitarias y de solidaridad que existen en la comarca, dándoles participación directa en el órgano consorcial.

Este Consorcio, como organismo idóneo de coordinación, colaboración y cooperación interadministrativa, tendría que tener competencias, como hemos dicho, para impulsar la ejecución de las infraestructuras básicas, sistemas generales, dotaciones y equipamientos que se estimen necesarios; adecuar a la nueva realidad el planeamiento territorial y urbanístico de la isla, especialmente de los municipios damnificados; expropiar o adquirir los terrenos necesarios y poner a disposición de los afectados que deseen reconstruir su vivienda o recuperar su actividad económica, con derecho preferente, el suelo residencial, agrícola, turístico e industrial que sea preciso a través de la planificación, gestión, equidistribución y adjudicación del mismo.

Las cuatro administraciones públicas (Estado, Comunidad Autonóma de Canarias, Cabildo insular de La Palma y ayuntamientos del Valle de Aridane) tienen capacidad suficiente para conveniar y crear este órgano consorcial de intervención para afrontar unidos la grave situación que atraviesa esta comarca de la isla, como organismo formado por todas ellas y en el que se integren y coordinen las políticas de reactivación económica y de carácter territorial y urbanístico.

Y por último, en mi modesta opinión, debería contar tanto con el apoyo de los entes instrumentales del Gobierno de Canarias dedicados al desarrollo de la cartografía, la gestión del planeamiento, el desarrollo urbanístico y del medio rural –Grafcan, Gesplan, Gestur y GMR-, como de los responsables de las oficinas técnicas municipales, los equipos técnicos redactores del planeamiento urbanístico y territorial, incorporando a las universidades canarias y, sin ninguna duda, contando con la participación de los afectados. Todo ello con plenas facultades para formular la nueva ordenación de los ámbitos afectados que pueda ser aprobado mediante un Decreto-Ley, para impulsar, promover y ejecutar las actuaciones urbanísticas y las obras de infraestructuras, equipamientos y dotaciones que resulten precisas. 

Miguel Ángel Pulido Rodríguez, director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias

La puesta en marcha de este Plan requiere de unidad de acción y de una estructura de coordinación interadministrativa, a través de una dirección ágil, que cuente con autonomía funcional, facultades ejecutivas y tenga la condición de ente administrativo con capacidad para los cometidos y funciones que se tengan que desarrollar y cuyo objeto principal debe ser llevar a cabo las actuaciones necesarias de reposición de las infraestructuras, los sistemas generales, equipamiento y dotaciones que se han visto dañadas en el Valle de Aridane, a través del Plan de Reconstrucción y de los instrumentos de ordenación, de gestión y de ejecución que sean precisos.

En mi opinión, este órgano de coordinación y gestión de las actuaciones debe ser un Consorcio Interadministrativo en el que participen los Gobiernos de España y de Canarias, junto al Cabildo Insular de La Palma y los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, dado que esta figura consorcial permite la inclusión y coordinación de todas las administraciones con competencias territoriales o sectoriales sobre los municipios afectados por la erupción volcánica y que tenga entre sus funciones ejercer las potestades que legalmente le correspondan y le sean atribuidas por delegación de competencias de las diferentes Administraciones consorciadas. 

Asimismo, se debe abordar el desarrollo de mecanismos de participación comunitaria para que en esta nueva entidad de derecho público y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público estén representados los afectados, fortaleciendo las redes comunitarias y de solidaridad que existen en la comarca, dándoles participación directa en el órgano consorcial.

Este Consorcio, como organismo idóneo de coordinación, colaboración y cooperación interadministrativa, tendría que tener competencias, como hemos dicho, para impulsar la ejecución de las infraestructuras básicas, sistemas generales, dotaciones y equipamientos que se estimen necesarios; adecuar a la nueva realidad el planeamiento territorial y urbanístico de la isla, especialmente de los municipios damnificados; expropiar o adquirir los terrenos necesarios y poner a disposición de los afectados que deseen reconstruir su vivienda o recuperar su actividad económica, con derecho preferente, el suelo residencial, agrícola, turístico e industrial que sea preciso a través de la planificación, gestión, equidistribución y adjudicación del mismo.

Las cuatro administraciones públicas (Estado, Comunidad Autonóma de Canarias, Cabildo insular de La Palma y ayuntamientos del Valle de Aridane) tienen capacidad suficiente para conveniar y crear este órgano consorcial de intervención para afrontar unidos la grave situación que atraviesa esta comarca de la isla, como organismo formado por todas ellas y en el que se integren y coordinen las políticas de reactivación económica y de carácter territorial y urbanístico.

Y por último, en mi modesta opinión, debería contar tanto con el apoyo de los entes instrumentales del Gobierno de Canarias dedicados al desarrollo de la cartografía, la gestión del planeamiento, el desarrollo urbanístico y del medio rural -GRAFCAN, GESPLAN, GESTUR y GMR-, como de los responsables de las oficinas técnicas municipales, los equipos técnicos redactores del planeamiento urbanístico y territorial, incorporando a las universidades canarias y, sin ninguna duda, contando con la participación de los afectados. Todo ello con plenas facultades para formular la nueva ordenación de los ámbitos afectados que pueda ser aprobado mediante un Decreto-Ley, para impulsar, promover y ejecutar las actuaciones urbanísticas y las obras de infraestructuras, equipamientos y dotaciones que resulten precisas.

Y, hoy más que nunca, es en este proceso de reactivación económica en el que la aportación del sector turístico a la reconstrucción de la isla de La Palma tiene jugar un papel fundamental. La materialización del modelo turístico insular, así como aquellos proyectos de inversión que han alcanzado en la actualidad un mayor grado de madurez y desarrollo por parte de los inversores ha de constituir un impulso de la actividad económica de la isla y un objetivo claro en la reconstrucción, con capacidad contrastada para diversificar el tejido productivo, generar nuevo empleo estable y, por tanto, fijar población residente al territorio. 

En tal sentido, hay que tener en cuenta que el modelo turístico de la isla de La Palma es el resultado de un largo proceso de maduración de más de dos décadas, vinculado a la apuesta por la calidad y la diversificación de la oferta, que está muy lejos aún de haber alcanzado una necesaria masa crítica inversora, que permita pasar de ser una actividad casi testimonial a ser un auténtico motor de la economía insular, así como contribuir al desarrollo económico local y la consiguiente redistribución social de sus beneficios.

Un modelo para el que se ha alcanzado un amplio consenso respecto a la necesidad de buscar un equilibrio entre el turismo de calidad –basado de modo genérico en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad-, y un modelo de turismo activo, no masificado, ligado a la naturaleza, personalizado, flexible, participativo y capaz de ofrecer experiencias únicas. Es decir, La Palma dispone de una concreción de su modelo turístico, con actuaciones estratégicas definidas, susceptibles de implantación y desarrollo, si cuenta con apoyos institucionales y la necesaria agilidad administrativa.

Para ello, el Cabildo Insular de La Palma tiene que jugar un papel dinamizador, de impulso del modelo de implantación de la actividad turística, pues ya dispone de un conjunto de proyectos turísticos maduros, de iniciativa privada, considerados de carácter estratégico y trascendencia insular, así como de otras actuaciones turísticas de equipamientos complementarios de promoción pública susceptibles de ejecutarse con los necesarios apoyos institucionales, tanto administrativos como económicos, pues en esta encrucijada económica conforman una oportunidad para la reconstrucción económica de la isla en el corto y medio plazo.

El turismo en La Palma presenta rasgos y características diferenciados con el resto de las islas. Tamaño más reducido y centrado en los puntos fuertes de la isla, la naturaleza y sus paisajes, la tranquilidad, el encanto de sus pueblos, así como nuestra cultura y gastronomía. A ningún observador de la realidad se le oculta que el sector turístico de esta isla tiene un gran potencial, al que todavía le falta desarrollo, por lo que hoy es más necesario que nunca llevar a cabo iniciativas que creen sinergias con el resto de la economía, que favorezcan el impulso de la demanda del sector comercial y que creen oportunidades de negocio en este y otros sectores, generando empleo para la población palmera, especialmente la joven.

Pero tanto el desarrollo de infraestructuras como la atracción de inversiones son aspectos críticos para el futuro desarrollo de la isla. Por ello, la creación de una oficina de gestión que asesore y atraiga inversores a la isla debe ser una prioridad, por lo que se debe trabajar en la simplificación burocrática, eliminando los impedimentos al desarrollo de grandes proyectos estructurantes en la isla capaces de dinamizar la actividad económica y generar efectos multiplicadores para el conjunto de los sectores productivos, como es el caso de la Fuente Santa, los campos de golf, las instalaciones portuarias o futuros proyectos estratégicos, algunos de ellos relacionados con la puesta en valor del volcán, que puedan financiarse con fondos europeos y que deben servir no solo como impulso a la economía en el corto plazo, sino como columna vertebral del desarrollo del modelo turístico de La Palma.

En definitiva, no podemos seguir poniendo “palos en las ruedas” a las actuaciones territoriales estratégicas, de índole turística, capaces de generar efectos multiplicadores para el conjunto de los sectores productivos, sino que se tienen que impulsar con una tramitación administrativa ágil y simplificada, tal como se establece en la Estrategia de Dinamización Turística aprobada por el Cabildo Insular en 2018, por elementales razones de conveniencia, urgencia y oportunidad, apoyada en la necesaria seguridad jurídica y ejemplaridad ambiental. 

Además, a mayor abundamiento, se ha de atender al carácter de urgencia de estas actuaciones ante la grave coyuntura económica por la que atraviesa la isla de La Palma desde hace varias décadas, que se ha visto agravada por la pandemia que sufrimos y, en mayor medida ahora, por la reciente erupción volcánica de Cumbre Vieja, evitando de este modo la pérdida de cualquier oportunidad inversora por causa relacionada con la lentitud burocrática en la tramitación de estos planes y proyectos.

Como he planteado en artículos anteriores, una vez superada la respuesta a la emergencia al haber finalizado el proceso eruptivo, tenemos que pasar a la fase más estratégica y de contenido, que es el Plan de Reconstrucción y Recuperación Económica de La Palma. Un Plan que, en mi opinión, tiene que partir de un diagnóstico acertado de los daños ocasionados y que debe estar presidido por tres principios fundamentales:

- el de colaboración interadministrativa, sentando a todas las administraciones en una misma mesa.

- El de participación, para repensar el futuro de la isla y que este se planifique con un proceso de escucha participativo en el que estén todos los agentes implicados y la sociedad civil.

- Y el de colaboración público-privada, para sumar a la iniciativa privada a este gran reto de la reconstrucción y de la recuperación económica de La Palma. 

Y, hoy más que nunca, es en este proceso de reactivación económica en el que la aportación del sector turístico a la reconstrucción de la isla de La Palma tiene que jugar un papel fundamental. La materialización del modelo turístico insular, así como aquellos proyectos de inversión que han alcanzado en la actualidad un mayor grado de madurez y desarrollo por parte de los inversores ha de constituir un impulso de la actividad económica de la isla y un objetivo claro en la reconstrucción, con capacidad contrastada para diversificar el tejido productivo, generar nuevo empleo estable y, por tanto, fijar población residente al territorio. 

En tal sentido, hay que tener en cuenta que el modelo turístico de la isla de La Palma es el resultado de un largo proceso de maduración de más de dos décadas, vinculado a la apuesta por la calidad y la diversificación de la oferta, que está muy lejos aún de haber alcanzado una necesaria masa crítica inversora, que permita pasar de ser una actividad casi testimonial a ser un auténtico motor de la economía insular, así como contribuir al desarrollo económico local y la consiguiente redistribución social de sus beneficios. 

Un modelo para el que se ha alcanzado un amplio consenso respecto a la necesidad de buscar un equilibrio entre el turismo de calidad –basado de modo genérico en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad-, y un modelo de turismo activo, no masificado, ligado a la naturaleza, personalizado, flexible, participativo y capaz de ofrecer experiencias únicas. Es decir, La Palma dispone de una concreción de su modelo turístico, con actuaciones estratégicas definidas, susceptibles de implantación y desarrollo, si cuenta con apoyos institucionales y la necesaria agilidad administrativa. 

Para ello, el Cabildo Insular de La Palma tiene que jugar un papel dinamizador, de impulso del modelo de implantación de la actividad turística, pues ya dispone de un conjunto de proyectos turísticos maduros, de iniciativa privada, considerados de carácter estratégico y trascendencia insular, así como de otras actuaciones turísticas de equipamientos complementarios de promoción pública susceptibles de ejecutarse con los necesarios apoyos institucionales, tanto administrativos como económicos, pues en esta encrucijada económica conforman una oportunidad para la reconstrucción económica de la isla en el corto y medio plazo. 

El turismo en La Palma presenta rasgos y características diferenciados con el resto de las islas. Tamaño más reducido y centrado en los puntos fuertes de la isla, la naturaleza y sus paisajes, la tranquilidad, el encanto de sus pueblos, así como nuestra cultura y gastronomía. A ningún observador de la realidad se le oculta que el sector turístico de esta isla tiene un gran potencial, al que todavía le falta desarrollo, por lo que hoy es más necesario que nunca llevar a cabo iniciativas que creen sinergias con el resto de la economía, que favorezcan el impulso de la demanda del sector comercial y que creen oportunidades de negocio en este y otros sectores, generando empleo para la población palmera, especialmente la joven. 

Pero tanto el desarrollo de infraestructuras como la atracción de inversiones son aspectos críticos para el futuro desarrollo de la isla. Por ello, la creación de una oficina de gestión que asesore y atraiga inversores a la isla debe ser una prioridad, por lo que se debe trabajar en la simplificación burocrática, eliminando los impedimentos al desarrollo de grandes proyectos estructurantes en la isla capaces de dinamizar la actividad económica y generar efectos multiplicadores para el conjunto de los sectores productivos, como es el caso de la Fuente Santa, los campos de golf, las instalaciones portuarias o futuros proyectos estratégicos, algunos de ellos relacionados con la puesta en valor del volcán, que puedan financiarse con fondos europeos y que deben servir no solo como impulso a la economía en el corto plazo, sino como columna vertebral del desarrollo del modelo turístico de La Palma. 

En definitiva, no podemos seguir poniendo “palos en las ruedas” a las actuaciones territoriales estratégicas, de índole turística, capaces de generar efectos multiplicadores para el conjunto de los sectores productivos, sino que se tienen que impulsar con una tramitación administrativa ágil y simplificada, tal como se establece en la Estrategia de Dinamización Turística aprobada por el Cabildo Insular en 2018, por elementales razones de conveniencia, urgencia y oportunidad, apoyada en la necesaria seguridad jurídica y ejemplaridad ambiental. 

Además, a mayor abundamiento, se ha de atender al carácter de urgencia de estas actuaciones ante la grave coyuntura económica por la que atraviesa la isla de La Palma desde hace varias décadas, que se ha visto agravada por la pandemia que sufrimos y, en mayor medida ahora, por la reciente erupción volcánica de Cumbre Vieja, evitando de este modo la pérdida de cualquier oportunidad inversora por causa relacionada con la lentitud burocrática en la tramitación de estos planes y proyectos.  

Miguel Ángel Pulido Rodríguez, director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias

La nueva realidad territorial producida por las recientes coladas volcánicas de la isla de La Palma debe convertirse en una oportunidad para la modernización, mejora y racionalización ecológica de la explotación agropecuaria del Valle de Aridane.

El manto de lava creado por el volcán de Cumbre Vieja se conforma como un soporte territorial geológicamente homogéneo, con unas posibilidades de transformación para la agricultura, tan conocidas como experimentadas por los agricultores más especializados de La Palma, que ya convirtieron al Valle de Aridane, hace más de medio siglo, en un verdadero vergel, con un nuevo paisaje antropizado muy singular y de gran valor económico y cultural en la fajana que va desde Las Hoyas hasta el Remo y en la parte alta del cantil, sobre la colada del Volcán de San Juan, en la zona de Las Norias y Hoyo Verdugo.

Este nuevo malpaís lávico es un espacio árido e inerte que se debe configurar como la materia prima idónea para su transformación por el agricultor palmero. Pero para alcanzar ese objetivo se precisa contar con apoyos administrativos y económicos, que posibiliten la generación del necesario empuje y estímulo de una población dispuesta a implicarse en un proyecto agrícola innovador, racional, eficiente y ecológico.

Ello será posible a través de un sistema de cooperación en el que los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la administración ejecuta las obras de urbanización y concentración parcelaria comprendidos en la unidad de actuación, correspondiendo, en todo caso, a la administración General del Estado, tal como ocurrió en los años 60 y 70 del siglo pasado, establecer los préstamos sin interés y las ayudas económicas o subvenciones que se precisan para hacer económicamente viable la actuación.

La nueva sorriba que ahora se ha de plantear consiste en la rotura de ese malpaís mediante maquinaria pesada, incluso con el empleo de microexplosivos de disposición extensiva; ejecución de caminos necesarios para asegurar la accesibilidad y el transporte a las fincas, así como los muros de contención para abancalar las parcelas, utilizando la piedra volcánica roturada y la experimentada mano de obra de parederos locales; aportación de tierra vegetal procedente de los montes de la isla trasladada a los nuevos terrenos para su plantación; y la construcción de las infraestructuras de regadío -depósitos reguladores y redes de riego- y de fertilización.

La extracción de tierras en determinadas zonas de la isla habrá de vincularse al desarrollo, sobre esos suelos de actividad extractiva, de otros proyectos de naturaleza agrícola o ganadera, de industrias agroalimentarias, de implantación de equipamientos y dotaciones, o bien para la construcción de infraestructuras viarias que mejoren la accesibilidad y movilidad o para el establecimiento de infraestructuras hidrológicas planificadas.

Las intervenciones que habría que plantear habrán de ser de carácter unitario, en superficies que podrían estar entorno a las 100 Has sobre las coladas lávicas, que no sea preciso proteger, para conformar unidades funcionales y de gestión integral de explotaciones agrícolas y ganaderas, ecológicas, innovadoras, mecanizadas y saludables, con las instalaciones de empaquetado, transformación y administración, totalmente integradas.

La introducción de cultivos complementarios para diversificar la producción y la vinculación de la ganadería a la explotación agrícola ha de conformar un elemento conceptual básico en el proyecto, necesario para su consideración como explotación agrícola competitiva, ecológica y sostenible.

Asimismo, la instalación de energías renovables para abastecer a las explotaciones agrarias y la contribución a la soberanía alimentaria de la isla de La Palma han de constituir otro elemento y objetivo alcanzable en la formulación del proyecto, desarrollando en las zonas de medianías la producción hortofrutícola destinada a abastecer a la población local de alimentos adecuados, accesibles y obtenidos de manera ecológica, asegurando alimentos de calidad y de cercanía que contribuyan el crecimiento de la economía local.  

Miguel Ángel Pulido, director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias

La nueva realidad territorial producida por las recientes coladas volcánicas de la isla de La Palma debe convertirse en una oportunidad para la modernización, mejora y racionalización ecológica de la explotación agropecuaria del Valle de Aridane.

El manto de lava creado por el volcán de Cumbre Vieja se conforma como un soporte territorial geológicamente homogéneo, con unas posibilidades de transformación para la agricultura, tan conocidas como experimentadas por los agricultores más especializados de La Palma, que ya convirtieron al Valle de Aridane, hace más de medio siglo, en un verdadero vergel, con un nuevo paisaje antropizado muy singular y de gran valor económico y cultural en la fajana que va desde Las Hoyas hasta el Remo y en la parte alta del cantil, sobre la colada del Volcán de San Juan, en la zona de Las Norias y Hoyo Verdugo.

Este nuevo malpaís lávico es un espacio árido e inerte que se debe configurar como la materia prima idónea para su transformación por el agricultor palmero. Pero para alcanzar ese objetivo se precisa contar con apoyos administrativos y económicos, que posibiliten la generación del necesario empuje y estímulo de una población dispuesta a implicarse en un proyecto agrícola innovador, racional, eficiente y ecológico.

Ello será posible a través de un sistema de cooperación en el que los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la administración ejecuta las obras de urbanización y concentración parcelaria comprendidos en la unidad de actuación, correspondiendo, en todo caso, a la administración General del Estado, tal como ocurrió en los años 60 y 70 del siglo pasado, establecer los préstamos sin interés y las ayudas económicas o subvenciones que se precisan para hacer económicamente viable la actuación.

La nueva sorriba que ahora se ha de plantear consiste en la rotura de ese malpaís mediante maquinaria pesada, incluso con el empleo de microexplosivos de disposición extensiva; ejecución de caminos necesarios para asegurar la accesibilidad y el transporte a las fincas, así como los muros de contención para abancalar las parcelas, utilizando la piedra volcánica roturada y la experimentada mano de obra de parederos locales; aportación de tierra vegetal procedente de los montes de la isla trasladada a los nuevos terrenos para su plantación; y la construcción de las infraestructuras de regadío -depósitos reguladores y redes de riego- y de fertilización.

La extracción de tierras en determinadas zonas de la isla habrá de vincularse al desarrollo, sobre esos suelos de actividad extractiva, de otros proyectos de naturaleza agrícola o ganadera, de industrias agroalimentarias, de implantación de equipamientos y dotaciones, o bien para la construcción de infraestructuras viarias que mejoren la accesibilidad y movilidad o para el establecimiento de infraestructuras hidrológicas planificadas.

Las intervenciones que habría que plantear habrán de ser de carácter unitario, en superficies que podrían estar entorno a las 100 Has sobre las coladas lávicas, que no sea preciso proteger, para conformar unidades funcionales y de gestión integral de explotaciones agrícolas y ganaderas, ecológicas, innovadoras, mecanizadas y saludables, con las instalaciones de empaquetado, transformación y administración, totalmente integradas.

La introducción de cultivos complementarios para diversificar la producción y la vinculación de la ganadería a la explotación agrícola ha de conformar un elemento conceptual básico en el proyecto, necesario para su consideración como explotación agrícola competitiva, ecológica y sostenible.

Asimismo, la instalación de energías renovables para abastecer a las explotaciones agrarias y la contribución a la soberanía alimentaria de la isla de La Palma han de constituir otro elemento y objetivo alcanzable en la formulación del proyecto, desarrollando en las zonas de medianías la producción hortofrutícola destinada a abastecer a la población local de alimentos adecuados, accesibles y obtenidos de manera ecológica, asegurando alimentos de calidad y de cercanía que contribuyan el crecimiento de la economía local.

Un proceso volcánico produce la modificación de la orografía y la desaparición de la totalidad de los bienes y del propio suelo, que resultan sepultados por la lava. Tal situación nos coloca ante un gran reto como pueblo: tener la capacidad de aprovechar esta dramática situación para revertirla y plantear una reconstrucción alternativa, realizada desde un modelo de mayor eficacia y sostenibilidad ambiental y económica.

Tal posibilidad obliga a los poderes públicos a adoptar medidas administrativas y jurídicas, de carácter excepcional, necesarias para la reconstrucción desde un nuevo modelo basado en la refundación de los núcleos tradicionales de población; localización espacial de las actividades económicas del sector primario, fundamentalmente de las explotaciones agrarias y ganaderas, mediante un modelo ecológico integrado, y determinación de las áreas de actividad económica desde criterios estratégicos, reservando suelos de oportunidad para la actividad turística, así como para los equipamientos y dotaciones necesarias.

A nadie se le oculta que la erupción del volcán de Cumbre Vieja ya ha producido de manera directa la destrucción de edificaciones, infraestructuras básicas y servicios, de medios de producción y empleo, además de provocar la desaparición de comunidades completas, de difícil o casi imposible recuperación tal y como las conocimos.

Por otra parte, también se está produciendo una gran cantidad de efectos inducidos de alcance insular, afectando de manera singular a toda la estructura productiva y, por tanto, condicionando su recuperación, pues estos problemas no solo afectan al área directamente arrasada por la lava, sino a toda la isla, tanto por los efectos de las cenizas como por los enormes desequilibrios provocados en una economía con múltiples problemas estructurales.

Sin embargo, desde el esfuerzo colectivo debemos ser capaces de entender la actual situación como una oportunidad de singulares características, ya que la obligada “reconstrucción” debería conducirnos a reflexionar sobre el necesario y deseable cambio estructural de algunas de las claves de la sociedad palmera, para recuperar la esperanza en el futuro y resurgir de las cenizas, ofreciendo a las familias que lo han perdido todo, o casi todo, un nuevo proyecto de vida. Para ello hay que impulsar un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica que debe tener entre sus objetivos:

- La decidida reconversión de la agroindustria palmera, más acorde con la realidad del mercado actual para ser más competitivos.

- Impulsar la reconstrucción racional de determinadas infraestructuras básicas fundamentales para determinadas zonas estratégicas de La Palma, y en general para la isla, relacionadas sobre todo con la movilidad, el ciclo del agua y el de la energía.

- Impulsar definitivamente el desarrollo de la actividad turística, que cuenta ya con un modelo propio.

- Reconducir determinadas dinámicas de ocupación territorial y sus infraestructuras básicas.

- Y, sobre todo, aprovechar la necesidad existente durante los próximos años para la creación de empleo de cierto valor añadido, impulsando la economía circular y la llamada economía azul y la apuesta por un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, para lo que será imprescindible desarrollar cuanto antes un programa de formación específico. 

Además, en la actual situación será necesario tener presente que, desde una visión estratégica, son dos las líneas de intervención a las que que hay que dar respuesta en el corto y medio plazo, consecuencia directa de las nuevas y urgentes necesidades que han aparecido:

- La gestión racional de los problemas derivados del gran desplazamiento poblacional producido, para evitar que La Palma se convierta en una “isla vaciada”, con la creación de nuevos núcleos o ampliación de los existentes, garantizando equipamientos de proximidad y servicios básicos.

- La necesaria creación de empleo ante la importante destrucción directa de numerosos medios de producción que, por otra parte, será fundamental para poder abordar una reconstrucción efectiva. Esto se traduce en la necesidad de incorporar programas específicos de formación, especialmente importantes en cuanto a los oficios y labores relacionadas con el sector de la construcción y las obras públicas que hay que reconstruir.

Es en este escenario en el que la planificación del espacio asignado para la reconstrucción habrá de atender a los siguientes criterios:

a)   Se ha de apostar, desde el momento inicial de la reconstrucción planificada, por un sistema de prevención, altamente eficaz, que permitiría definir un modelo de reconstrucción sostenible sobre un territorio vulnerable como consecuencia del riego volcánico latente. 

b)   Consecuentemente, como primer paso, habrán de determinarse las zonas del territorio insular sepultadas por las coladas lávicas que han de ser preservadas por razones de índole ambiental y/o científica, así como aquellas otras que deben ser declaradas susceptibles de transformación e implantación de los usos que han desaparecido por la actividad volcánica, o bien de otros nuevos que se determinen en la planificación de la reconstrucción. 

Sin perjuicio de la existencia de tubos y otras singularidades volcánicas que aconsejen su protección, la superficie del manto de lava determinado para la reconstrucción ha de considerarse como soporte territorial para acoger las actividades económicas, infraestructuras, equipamientos y servicios, cuya implantación ha de sustentarse en la planificación territorial y urbanística del nuevo espacio, debidamente articulada con el entorno inmediato.

 Miguel Ángel Pulido Rodríguez, director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias

En breve, una vez termine la erupción volcánica de La Palma, la zona afectada por la erupción entrará en fase de reconstrucción y debemos reaccionar en consecuencia: poniendo a punto las medidas legales y administrativas (jurídico-urbanísticas) necesarias para la reactivación económica, que permitan redactar planeamiento adaptado y mitigar su vulnerabilidad frente a los desastres naturales, desde un nuevo modelo basado en la creación de núcleos de población más compactos, complejos y atractivos.

Estas actuaciones, declaradas de emergencia, precisan obviar determinados criterios de ordenación territorial del suelo establecidos en la legislación canaria, cuya justificación deviene de la propia naturaleza de las circunstancias catastróficas sobrevenidas. En tal sentido, se tienen que plantear nuevos criterios:

1) Habrán de prevalecer las medidas de carácter económico y social que se adopten sobre los criterios y determinaciones ambientales.

2) El territorio ocupado por las coladas lávicas ha de entenderse principalmente como recurso económico potencial y, en segundo lugar, como recurso natural y patrimonio geológico.

3) Las determinaciones contenidas en el Plan Insular de Ordenación de La Palma, así como en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en la isla que resulten contrarias, o bien dificulten o impidan la ejecución de las medidas que se adopten en el marco de la Estrategia de reconstrucción y reactivación socioeconómica que se establezca por la Administración para la isla de La Palma, deben quedar desplazadas por éstas.

4) Las nuevas actuaciones previstas para el realojo de las personas desplazadas de sus viviendas y para la reubicación de las industrias y actividades económicas afectadas, en el marco del Plan de reconstrucción, en su condición de actuaciones derivadas de circunstancias sobrevenidas, de extraordinaria y urgente necesidad pública, se llevarán a cabo mediante proyectos integrados realizados por equipos multidisciplinares, de probada solvencia técnica, sometidos a un único trámite de aprobación por el Gobierno de Canarias, con la participación de la administración insular y municipal.

5) Las nuevas actuaciones de carácter residencial habrán de conformar núcleos de población más compactos, complejos y atractivos, en los que se use más eficientemente el suelo, se impulse la integración social y funcional, favoreciendo en su localización la reducción de las demandas de movilidad urbana. En estas actuaciones quedará garantizada la existencia de equipamientos de proximidad (docentes, sanitarios, deportivos…) y dotaciones suficientes, acordes con el núcleo de población a implantar o ampliar.

6) Las actuaciones en las infraestructuras proyectadas, en el marco del Plan de reconstrucción y reactivación económica, se llevarán a cabo directamente mediante los correspondientes proyectos técnicos, que deberán ser aprobados para su ejecución por la administración competente.

7) La recuperación del suelo agrario de las medianías de la isla, mediante las correspondientes líneas de ayuda y subvención, se habrá de conformar como una estrategia compensatoria, en sí misma, para la recuperación de determinados cultivos y la reubicación de las actividades ganaderas.

8) Se entenderá, con carácter prioritario, el reconocimiento de la isla como unidad básica de actuación frente a la catástrofe del volcán en cuanto a la determinación de las actuaciones de carácter urbanístico, territorial y ambiental.

9) Cualquier estrategia territorial y urbana a adoptar deberá favorecer la ejecución de las actuaciones urbanísticas ya planificadas, así como aquellas otras dirigidas al mantenimiento y conservación de los núcleos tradicionales y de su población.

10) En las nuevas actuaciones urbanísticas se habrá de fomentar el uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la diversificación de las energías convencionales y la priorización y extensión de las energías renovables.

Del mismo modo, para desarrollar esta estrategia de reconstrucción socioeconómica, que se establezca por la Administración para la isla de La Palma, habrán de adaptarse a esta situación sobrevenida, en los ámbitos directamente afectados por el volcán, las determinaciones establecidas en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y en la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y sus Reglamentos, en lo que se refiere a la totalidad de los procedimientos administrativos y especialmente a los plazos, así como las determinaciones de protección derivadas de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Miguel Ángel Pulido Rodríguez, director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias

Estas actuaciones, declaradas de emergencia, precisan obviar determinados criterios de ordenación territorial del suelo establecidos en la legislación canaria, cuya justificación deviene de la propia naturaleza de las circunstancias catastróficas sobrevenidas. En tal sentido, se tienen que plantear nuevos criterios:

1) Habrán de prevalecer las medidas de carácter económico y social que se adopten sobre los criterios y determinaciones ambientales.

2) El territorio ocupado por las coladas lávicas ha de entenderse principalmente como recurso económico potencial y, en segundo lugar, como recurso natural y patrimonio geológico.

3) Las determinaciones contenidas en el Plan Insular de Ordenación de La Palma, así como en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en la isla que resulten contrarias, o bien dificulten o impidan la ejecución de las medidas que se adopten en el marco de la “Estrategia de reconstrucción y reactivación socioeconómica que se establezca por la Administración para la isla de La Palma”, deben quedar desplazadas por éstas.

4) Las nuevas actuaciones previstas para el realojo de las personas desplazadas de sus viviendas y para la reubicación de las industrias y actividades económicas afectadas, en el marco del Plan de reconstrucción, en su condición de actuaciones derivadas de circunstancias sobrevenidas, de extraordinaria y urgente necesidad pública, se llevarán a cabo mediante proyectos integrados realizados por equipos multidisciplinares, de probada solvencia técnica, sometidos a un único trámite de aprobación por el Gobierno de Canarias, con la participación de la administración insular y municipal.

5) Las nuevas actuaciones de carácter residencial habrán de conformar núcleos de población más compactos, complejos y atractivos, en los que se use más eficientemente el suelo, se impulse la integración social y funcional, favoreciendo en su localización la reducción de las demandas de movilidad urbana. En estas actuaciones quedará garantizada la existencia de equipamientos de proximidad (docentes, sanitarios, deportivos…) y dotaciones suficientes, acordes con el núcleo de población a implantar o ampliar.

6) Las actuaciones en las infraestructuras proyectadas, en el marco del Plan de reconstrucción y reactivación económica, se llevarán a cabo directamente mediante los correspondientes proyectos técnicos, que deberán ser aprobados para su ejecución por la administración competente.

7) La recuperación del suelo agrario de las medianías de la isla, mediante las correspondientes líneas de ayuda y subvención, se habrá de conformar como una estrategia compensatoria, en sí misma, para la recuperación de determinados cultivos y la reubicación de las actividades ganaderas.

8) Se entenderá, con carácter prioritario, el reconocimiento de la isla como unidad básica de actuación frente a la catástrofe del volcán en cuanto a la determinación de las actuaciones de carácter urbanístico, territorial y ambiental.

9) Cualquier estrategia territorial y urbana a adoptar deberá favorecer la ejecución de las actuaciones urbanísticas ya planificadas, así como aquellas otras dirigidas al mantenimiento y conservación de los núcleos tradicionales y de su población.

10) En las nuevas actuaciones urbanísticas se habrá de fomentar el uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la diversificación de las energías convencionales y la priorización y extensión de las energías renovables.

Del mismo modo, para desarrollar esta estrategia de reconstrucción socioeconómica, que se establezca por la Administración para la isla de La Palma, habrán de adaptarse a esta situación sobrevenida, en los ámbitos directamente afectados por el volcán, las determinaciones establecidas en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y en la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y sus Reglamentos, en lo que se refiere a la totalidad de los procedimientos administrativos y especialmente a los plazos, así como las determinaciones de protección derivadas de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

OPINIÓN - Por el contrario, ¿qué ocurrió durante la crisis del 2008 con gobiernos de derechas allí y aquí? Pues que se concentraron las ayudas en salvar a las entidades financieras y se abandonó a su suerte a la mayoría social

Desgraciadamente en nuestra tierra, todavía hay gente a la que “el árbol no le deja ver el bosque”. Por ello, es necesario hacer un esfuerzo de comunicación para que la mayoría social comprenda la importancia de contar con gobiernos progresistas al frente de las instituciones.

No podemos dejarnos arrastrar por el ruido de algunos partidos y medios de comunicaciones afines que pretenden llevar el debate a lo anecdótico para que no centremos nuestra reflexión sobre la trascendencia de las medidas aprobadas por el Gobierno del Estado y de Canarias para proteger a los trabajadores, a las familias más vulnerables o las pymes y autónomos, con un escudo social que nunca hubiera sido aprobado por gobiernos de derechas y mucho menos de la ultraderecha.

Sin ninguna duda, contar con gobiernos progresistas allí y aquí, nos está permitiendo afrontar esta grave crisis, ocasionada por el coronavirus, con una enorme sensibilidad social. Hay que recordar, porque algunos pretenden que lo olvidemos, la importancia de medidas como los ERTE y la prohibición de despedir por culpa de la pandemia; las prestaciones extraordinarias por desempleo para los colectivos afectados o el apoyo específico a los trabajadores autónomos; la prohibición de desahuciar a las familias que, como consecuencia de la pandemia, no pueden hacer frente al pago de sus viviendas; la prohibición de cortar los suministros de luz, agua o gas; la moratoria para las hipotecas.

Y, en el caso de Canarias, el aplazamiento de impuestos como el IGIC, las ayudas directas al sector agrícola, las ayudas al transporte marítimo o para el transporte regular de viajeros por carretera, las ayudas a los autónomos o las ayudas al alquiler de la vivienda, por citar solo algunos ejemplos.

Por el contrario, ¿qué ocurrió durante la crisis del 2008 con gobiernos de derechas allí y aquí? Pues que se concentraron las ayudas en salvar a las entidades financieras y se abandonó a su suerte a la mayoría social, aplicando severos recortes en el gasto social lo que llevó a la descapitalización y deterioro de la sanidad y la educación públicas, a la quiebra de las políticas de vivienda, así como recortes en los derechos sociales y en las ayudas a los más necesitados con el consiguiente desmantelamiento del estado del bienestar.

¿Y esto por qué ocurre? No por casualidad. Se trata de una diferencia a la hora de implantar las políticas de gobierno. Desde nuestra posición ideológica en la izquierda nacionalista entendemos que, para construir una Canarias más justa y equilibrada, hay que fortalecer los servicios básicos como la sanidad, el sistema educativo o las políticas sociales y desarrollar políticas de vivienda pública, mientras que desde la derecha política anteponen siempre los intereses de una minoría privilegiada a la mayoría social, por eso no les importa deteriorar los servicios públicos para luego justificar la necesidad de su desmantelamiento y privatización.

Les pongo un solo ejemplo que nos permite ver con claridad esta diferencia: en la etapa de Román Rodríguez al frente de la presidencia del Gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Vivienda, favorecimos que más de 15.000 familias adjudicatarias de viviendas sociales pudieran acceder a la propiedad de sus viviendas en unas condiciones muy favorables. Mientras que los gobiernos de derechas, como el caso de Madrid, vendieron miles de esas viviendas sociales, que se habían construido con el esfuerzo de la sociedad, a los fondos buitres, para favorecer a la iniciativa privada, a sus amigos. ¿Hay o no diferencia?

Claro que la hay. Y, además, somos conscientes de que queda mucho trabajo por delante, razón por la que desde el Gobierno progresista de Canarias, en el que Nueva Canarias es una herramienta esencial, seguimos en estos momentos trabajando en la concreción de nuevas medidas económicas y fiscales para aliviar el daño que la pandemia sigue provocando en las pymes y autónomos, que incluirán nuevas ayudas directas y facilidades fiscales para más de 20.000 empresas y autónomos, especialmente para las relacionadas con el sector turístico (hoteles, apartamentos, restaurantes, bares, cafeterías...) que ha sido el más dañado por la crisis, con la objetivo de salvar el tejido productivo y el empleo que generan.

Con estas medidas anunciadas venimos a dar continuidad a las que se han venido tomando desde el inicio de la pandemia y que han incluido el refuerzo de los servicios públicos esenciales con la contratación de más de 7.000 profesionales para la sanidad y la educación, por un lado, y las ayudas e inyección de liquidez a la economía con medidas de alivio fiscal, por otro.

Nuevas medidas que permiten saber a la ciudadanía que la presencia de Nueva Canarias en el Ejecutivo canario es una garantía para poder contar con un Gobierno de Canarias progresista, que tiene y seguirá teniendo, en el centro de su agenda política, los problemas de la ciudadanía, especialmente, la difícil situación por la que atraviesan los colectivos y familias más vulnerables, así como a los sectores sociales y económicos que más ayuda puedan necesitar de los poderes públicos.

Eso es, sin lugar a dudas, una ventaja para poder salir de esta situación intentando que nadie se quede atrás, por lo que desde Nueva Canarias mantenemos el firme compromiso de seguir impulsando grandes acuerdos políticos y sociales para iniciar la reconstrucción de este país canario, en cuanto se supere la emergencia sanitaria, con el objetivo central de mejorar la calidad de vida de nuestra gente; de recuperar el tejido productivo, disminuyendo el desempleo; de luchar contra la desigualdad y la precariedad, con una mejor distribución de la riqueza; y volver a la senda de un crecimiento económico ambientalmente más sostenible. Avanzar por esta senda con un Gobierno progresista fuerte es, además, nuestra mejor vacuna contra el peligroso avance de la ultraderecha.

Miguel Ángel Pulido

Director General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia

Principalmente, esto quiere decir que, aunque forme parte del territorio aduanero de la Unión Europea y tenga la misma legislación aduanera, la imposición indirecta es diferente. Por ello, las operaciones relacionadas con la importación en Canarias están sujetas a impuestos propios, como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), el Impuesto sobre Combustibles Derivados del Petróleo o el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM).

En el caso del AIEM es un impuesto indirecto de aplicación única en las Islas Canarias, similar al “octroi de mer” de los territorios franceses de ultramar, que grava la producción e importación de determinados bienes, independientemente de su origen. Asimismo, establece determinadas reducciones y exenciones aplicables a determinados productos fabricados en las islas. El objetivo principal de este tributo es proteger la producción interior, y promover e incentivar a los productos locales y a las nuevas actividades industriales y de producción que puedan sustituir en un futuro a los productos equivalentes importados.

Así, tal y como detalla la Ley 4/2014, de 26 de junio, por lo que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias, actualmente vigente, el tipo aplicable de carácter general para el AIEM es del 5%, aunque existen algunos productos que tienen un gravamen del 10% o el 15%. Ello ha permitido que, en el período 2015-2019, existan tendencias positivas visibles generadas por el AIEM, como el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y el aumento positivo del número de empresas y puestos de trabajo creados.

Por esta razón, la Comisión Europea apoya su continuidad y, en un informe sobre la aplicación de este Arbitrio, indica que las medidas especiales introducidas en 2014 tienen una incidencia positiva en las condiciones económicas y sociales de las Islas, pues las desventajas que afectan al Archipiélago -en particular la lejanía, las reducidas dimensiones y la fragmentación del mercado local- siguen existiendo y dan lugar a costes adicionales que no se ven sobrecompensados por la aplicación de las exenciones permitidas a determinados productos.

En el documento de la Comisión Europea se hace hincapié en que, teniendo en cuenta las desventajas relacionadas con la situación específica de las Islas, que generan dificultades ligadas sobre todo a los costes de producción más elevados (transporte, energía, suministros de materias primas, tratamiento de residuos, etc.) y a la limitada diversificación de la economía, que es más frágil y sensible, la continuación de estas medidas sigue estando justificada, confirmando que una posible reducción o eliminación de la protección otorgada mediante el AIEM podría resultar perjudicial para la industria o el sector agrario local y, en general, para el desarrollo económico y social de Canarias.

Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que sigue siendo necesaria la actualización del listado de productos y su eventual encaje en los tres tipos de gravamen previstos -que en ningún caso se incrementan- para mantener el objetivo principal del AIEM: proteger la industria canaria y al sector agrario local, que se encontraban en fase de recuperación, para protegerlas de la competencia exterior y fomentar su competitividad. Esto es, el AIEM tiene un sentido aplastante, pues con él se pretende proteger la producción local de un territorio pequeño, fragmentado, alejado, con problemas para generar materias primas y que, en consecuencia, deben hacer frente a costes de producción más elevados lo que repercute negativamente en la rentabilidad y viabilidad de sus industrias o explotaciones.

Por otro lado, no podemos aceptar el mantra de que este arancel encarece la cesta de la compra, pues si hacemos una comparativa con España, se constata que durante el periodo 2002-2019, con el AIEM, la tasa de inflación de la economía canaria fue inferior a la de la media española. En el promedio de dicho periodo, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) General de Canarias se cifró en el 1,5% frente al 2,0% de España, por lo que se registró un diferencial medio anual de 5 décimas porcentuales favorables al Archipiélago. No existen, pues, datos concluyentes que permitan afirmar con rigor que el AIEM haya sido el causante directo del incremento de los precios.

En definitiva, por estas razones no compartimos la posición del sector importador canario que, de manera legítima defiende sus propios intereses planteando la eliminación de este arancel, pero que no responde al interés general: sin el AIEM se pondría en peligro una parte del tejido productivo y, por tanto, del empleo de las islas, al no compensarse las desventajas de esta región ultraperiférica, dado que este Arbitrio grava los bienes importados que se producen en Canarias y funciona como un mecanismo de salvaguarda para proteger y, al mismo tiempo, potenciar las producciones locales.

Producción local que sigue siendo muy vulnerable y que exige medidas de protección para contrarrestar las desventajas sufridas por Canarias; que genera riqueza, estabilidad y empleo en estos sectores estratégicos que reducen nuestra dependencia del exterior y tienen la capacidad de garantizar el suministro de bienes al mercado local, con productos frescos y de calidad, en caso de problemas de suministro externo -como ocurre en la actualidad con la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus-, permitiendo, además, el desarrollo del conjunto de nuestra economía.

No podemos aceptar el mantra de que este arancel encarece la cesta de la compra

Por su situación geográfica, por la escasez de recursos naturales, por la lejanía respecto al continente, por determinadas particularidades y especificidades, Canarias es una comunidad autónoma que ha tenido desde la conquista y sigue teniendo un régimen económico-fiscal diferente al resto del territorio nacional. Un régimen que reconoce las limitaciones permanentes de nuestra región —lejanía, insularidad, reducidas dimensiones, relieve y clima adversos, o la dependencia económica de un reducido número de productos—, permitiendo la adopción de medidas específicas adaptadas a nuestra singularidad.

Principalmente, esto quiere decir que, aunque forme parte del territorio aduanero de la Unión Europea y tenga la misma legislación aduanera, la imposición indirecta es diferente. Por ello, las operaciones relacionadas con la importación en Canarias están sujetas a impuestos propios, como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), el Impuesto sobre Combustibles Derivados del Petróleo o el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM).

En el caso del AIEM es un impuesto indirecto de aplicación única en las Islas Canarias, similar al “octroi de mer” de los territorios franceses de ultramar, que grava la producción e importación de determinados bienes, independientemente de su origen. Asimismo, establece determinadas reducciones y exenciones aplicables a determinados productos fabricados en las islas. El objetivo principal de este tributo es proteger la producción interior, y promover e incentivar a los productos locales y a las nuevas actividades industriales y de producción que puedan sustituir en un futuro a los productos equivalentes importados.

Así, tal y como detalla la Ley 4/2014, de 26 de junio, por lo que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias, actualmente vigente, el tipo aplicable de carácter general para el AIEM es del 5%, aunque existen algunos productos que tienen un gravamen del 10% o el 15%. Ello ha permitido que, en el período 2015-2019, existan tendencias positivas visibles generadas por el AIEM, como el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y el aumento positivo del número de empresas y puestos de trabajo creados.

Por esta razón, la Comisión Europea apoya su continuidad e indica, en un informe sobre la aplicación de este Arbitrio, que las medidas especiales introducidas en 2014 tienen una incidencia positiva en las condiciones económicas y sociales de las Islas, pues las desventajas que afectan al Archipiélago -en particular la lejanía, las reducidas dimensiones y la fragmentación del mercado local- siguen existiendo y dan lugar a costes adicionales que no se ven sobrecompensados por la aplicación de las exenciones permitidas a determinados productos.

En el documento de la Comisión Europea se hace hincapié en que, teniendo en cuenta las desventajas relacionadas con la situación específica de las Islas, que generan dificultades ligadas sobre todo a los costes de producción más elevados (transporte, energía, suministros de materias primas, tratamiento de residuos, etc.) y a la limitada diversificación de la economía, que es más frágil y sensible, la continuación de estas medidas sigue estando justificada, confirmando que una posible reducción o eliminación de la protección otorgada mediante el AIEM podría resultar perjudicial para la industria o el sector agrario local y, en general, para el desarrollo económico y social de Canarias.

Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que sigue siendo necesaria la actualización del listado de productos y su eventual encaje en los tres tipos de gravamen previstos -que en ningún caso se incrementan- para mantener el objetivo principal del AIEM: proteger la industria canaria y al sector agrario local, que se encontraban en fase de recuperación, para protegerlas de la competencia exterior y fomentar su competitividad. Esto es, el AIEM tiene un sentido aplastante, pues con él se pretende proteger la producción local de un territorio pequeño, fragmentado, alejado, con problemas para generar materias primas y que, en consecuencia, deben hacer frente a costes de producción más elevados lo que repercute negativamente en la rentabilidad y viabilidad de sus industrias o explotaciones.

Por otro lado, no podemos aceptar el mantra de que este arancel encarece la cesta de la compra, pues si hacemos una comparativa con España, se constata que durante el periodo 2002-2019, con el AIEM, la tasa de inflación de la economía canaria fue inferior a la de la media española. En el promedio de dicho periodo, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) General de Canarias se cifró en el 1,5% frente al 2,0% de España, por lo que se registró un diferencial medio anual de 5 décimas porcentuales favorables al Archipiélago. No existen, pues, datos concluyentes que permitan afirmar con rigor que el AIEM haya sido el causante directo del incremento de los precios.

En definitiva, por estas razones no compartimos la posición del sector importador canario que, de manera legítima defiende sus propios intereses planteando la eliminación de este arancel, pero que no responde al interés general: sin el AIEM se pondría en peligro una parte del tejido productivo y, por tanto, del empleo de las islas, al no compensarse las desventajas de esta región ultraperiférica, dado que este Arbitrio grava los bienes importados que se producen en Canarias y funciona como un mecanismo de salvaguarda para proteger y, al mismo tiempo, potenciar las producciones locales.

Producción local que sigue siendo muy vulnerable y que exige medidas de protección para contrarrestar las desventajas sufridas por Canarias; que genera riqueza, estabilidad y empleo en estos sectores estratégicos que reducen nuestra dependencia del exterior y tienen la capacidad de garantizar el suministro de bienes al mercado local, con productos frescos y de calidad, en caso de problemas de suministro externo -como ocurre en la actualidad con la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus-, permitiendo, además, el desarrollo del conjunto de nuestra economía.

*Miguel Ángel Pulido Rodríguez es director General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia

Debemos ser conscientes de que el cambio climático es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad y sus consecuencias pueden ser devastadoras, especialmente en territorios frágiles como las islas.

La crisis climática es una realidad incuestionable que sólo algunos descerebrados siguen negando. Debemos asumir y aceptar que nos encontramos ante un reto de gran magnitud que nos afectará, cada vez más, en muchos aspectos de la vida cotidiana, tal como advierten los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático.  Por todo ello, no podemos seguir robando el presente y el futuro de nuestra gente joven. No podemos seguir escondiendo la cabeza bajo el ala.

Ante esta crisis climática, efecto del calentamiento global, debemos preguntarnos por las consecuencias que está teniendo y puede tener, pero sobre todo qué medidas podemos tomar, tanto a nivel institucional como desde la propia sociedad civil. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar este modo de vida, cortoplacista y depredador, que está afectando al planeta? ¿podemos seguir despilfarrando un recurso cada vez más escaso como el agua o seguir haciendo un uso abusivo del plástico que inunda nuestros mares?

Debemos ser conscientes de que el cambio climático es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad y sus consecuencias pueden ser devastadoras, especialmente en territorios frágiles como las islas, por lo que tenemos que adoptar medidas para reducir de forma drástica la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera.

De hecho, los impactos del cambio climático son cada vez más perceptibles. Prueba de ello es el aumento de 1,1 grados en la temperatura global en 2016, el mayor de la historia de la humanidad; o el incremento récord que se ha producido entre 2014 y 2016, elevando la cantidad total de calentamiento desde 1900 más del 25% en solo estos 3 años; o el registro del este pasado julio, el que se batió el récord de calor mundial desde que hay datos.

Las consecuencias son innegables. Ahí vemos cada día las terribles imágenes del progresivo deshielo de las masas glaciares, como el Ártico, o la subida del nivel del mar. Pero también podemos comprobar los impactos económicos y sociales, como los daños en las cosechas y en la producción alimentaria, que irán en aumento, producto del aumento de las sequías o de los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas y huracanes, lo que nos lleva a una situación de emergencia climática.

En el caso de Canarias, en febrero de 2019, casi el 70% de la energía usada sigue procediendo de combustibles fósiles. Por ello, la apuesta decidida por las energías renovables debe ser un elemento central de los compromisos presupuestarios en los próximos ejercicios. Pero también hay que adoptar otras medidas, pues si bien reducimos la emisión gases de efecto invernadero en la generación eléctrica, los seguimos aumentando en el transporte o la industria que suponen casi el 50% de las emisiones, lo que hace imprescindible, entre otras medidas, apostar por un transporte público más eficiente y menos contaminante.

Pero, ¿qué podemos y debemos hacer cada uno de nosotros? Pues podemos hacer, por citar algunos ejemplos, lo siguiente: bajar la factura de la luz, reduciendo la potencia contratada; incorporarnos a proyectos colectivos o individuales de energías renovables, participando y beneficiándonos de la transición energética; adquirir electrodomésticos de mayor eficiencia energética, para reducir el consumo y usar bombillas o lámparas LED; cerrar el grifo mientras nos enjabonamos para ahorrar agua y energía o tapar los calderos y utilizar sólo el agua que necesitamos para hervir alimentos; abrir las puertas de la nevera el menor tiempo posible y comprobar que cierra bien; colocar paneles solares para el suministro del agua caliente o no utilizar el prelavado y lavar con el agua fría para reducir el consumo…

En fin, medidas sencillas que nos permitirán contribuir a paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Pero debemos también comprometernos con acciones conjuntas. Por eso manifestamos nuestro apoyo a La Palma Renovable, proyecto nacido desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que pretende alcanzar un modelo descentralizado, democrático y desde la ciudadanía. La isla, Canarias y el Planeta no pueden esperar más para impulsar esta senda de transición.

Por último, ante la convocatoria de la Huelga Mundial por el Clima a nivel global, que tendrá el próximo 27 de setiembre, quiero hacer un llamamiento para que, más allá de los colores o diferencias políticas, salgamos a la calle a reivindicar actuaciones inmediatas para abordar el estado de emergencia climática en el que nos encontramos.

Miguel Ángel Pulido

Presidente insular de NC en La Palma y director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias. 

El modelo de isla por el que lucho, como candidato de Nueva Canarias, se apoya en procurar la justicia social, la equidad y la igualdad.

El modelo de isla de La Palma con el que sueño y por el que lucho, como candidato de Nueva Canarias, se apoya en procurar la justicia social, la equidad y la igualdad; en hacer de la sostenibilidad y la conservación medioambiental un elemento equilibrador y transversal; en proyectar una propuesta económica y social que transforme nuestra realidad.

Y ese nuevo modelo al que aspiro estará apoyado en tres pilares fundamentales: atender a las personas que peor lo están pasando, especialmente a los parados, a los dependientes y a las personas con diversidad funcional; generar un nuevo modelo económico para la Isla que permita la diversificación de las actividades productivas para superar el estancamiento socio-económico en el que llevamos más de una década; y profundizar en la democracia participativa y sus valores.

Para ello, desde el Cabildo Insular, impulsaremos y daremos prioridad a un decálogo de medidas que conforman mi Compromiso por La Palma:

Miguel Ángel Pulido, candidato de Nueva Canarias (NC) al Cabildo Insular de La Palma y al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane

Llega al Parlamento la décima modificación de la Ley 6/2002

de ordenación de la actividad turística de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Llega al Parlamento la “décima” modificación de la Ley 6/2002, de ordenación de la actividad turística de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y me atrevo a decir que, si polémica fue la tramitación de su última modificación, no va a ser menos la nueva propuesta presentada por el Grupo de Coalición Canaria, pues sólo en esta legislatura ya se ha modificado, en menos de 2 años, en tres ocasiones y esta va a ser la cuarta. Y de nuevo con los mismos argumentos que repiten, como si fuera un “mantra”, desde hace más de 15 años. Y así vamos de fracaso en fracaso hasta la derrota final.

Hay que recordar que, hace poco menos de tres años, en octubre de 2015, el Cabildo de La Palma presentó una Proposición de Ley para modificar la Ley 6/2002, que fue enmendada en su totalidad por los grupos parlamentarios de CC y PSOE, modificando sustancialmente la propuesta original, introduciendo nuevas disposiciones, algunas de las cuales, como la Disposición Adicional Segunda fue finalmente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Esta nueva la Ley 2/2016, conocida como la Ley de las Islas Verdes, entraría en vigor el 27 de septiembre de 2016 y apenas 4 meses después, en enero de 2017, se vuelven a presentar enmiendas a la misma, aprovechando la tramitación de la Ley del Suelo, que entran en vigor en septiembre de 2017 y, miren ustedes por donde, poco más de un año después tenemos de nuevo otra Proposición de Ley para modificar completamente esa legislación, lo que viene a demostrar la falta de rigor y la continua improvisación de estas propuestas.

Y todos estos cambios se han realizado incumpliendo la Disposición Adicional Segunda de la propia Ley 6/2002, pues ésta establecía que se debía crear una Comisión Insular de Seguimiento -no creada en los 16 años de vigencia de la Ley- que tendría que haber emitido, cada dos años, un informe en el que se evaluaran las medidas desarrolladas, las actuaciones realizadas, sus efectos económicos y sociales, así como sus efectos ambientales y territoriales. Informe que, una vez elevado al pleno del Cabildo respectivo, se remitiría al Gobierno de Canarias, para que éste elevara al Parlamento, con igual periodicidad, una propuesta de modificación o finalización de las medidas administrativas y legales establecidas para cada isla.

Pues bien, se ha incumplido completamente este precepto, dado que ninguna de las modificaciones aprobadas en el Parlamento se corresponde con estos informes de evaluación. Y por eso siguen dando “palos de ciego” y planteando cada vez más desregulaciones, a falta de ninguna valoración objetiva del funcionamiento de la Ley. Es más, ninguna modificación presentada ha sido un proyecto de Ley del Gobierno, pues lo que se ha hecho es utilizar el trámite de enmiendas a Leyes “que pasaban” por el Parlamento. ¡Una ocurrencia detrás de otra¡.

Por cierto, de esta forma han hurtado el procedimiento de participación pública de los proyectos de Ley, los informes de los departamentos (lista de evaluación) de los servicios jurídicos y hasta el dictamen previo del Consejo Consultivo de Canarias.

Y si entramos en el análisis del texto presentando hay que decir que sólo se ocupa de facilitar la construcción de todo tipo alojamientos turísticos en suelo rústico. Ya sean viviendas vacacionales o establecimientos de hasta 200 camas, que se definen como “uso ordinario” del suelo rústico. O instalaciones sin ningún límite de camas ni tipología a través de los llamados “instrumentos de planificación singular turística”, a través de actuaciones turísticas declaradas de “interés público o social” o a través de las “ordenanzas provisionales insulares”.

Se puede afirmar, por tanto, que para los promotores de este proyecto de Ley el planeamiento es un estorbo, un enemigo a batir, la causa de los problemas de estas islas, hasta el punto de que en su artículo 13 se prohíbe que los instrumentos de ordenación, de cualquier clase que sean, puedan imponer limitaciones cuantitativas y cualitativas a las instalaciones turísticas en suelo rústico.

Es más, se dice expresamente que “quedan derogadas… las determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley que se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes… y, en particular, las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular sobre el suelo urbano y urbanizable, reguladoras del uso turístico de dicho suelo”. Esto incluye a los planes insulares, territoriales, municipales, así como a los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos, incluyendo los Parque Nacionales.

Queda así meridianamente clara la intención de los promotores del Proyecto de Ley de, no sólo evitar los límites, sino impedir que cualquier instrumento de ordenación, presente o futuro, de cualquier ámbito (insular, municipal o de espacios naturales) pueda establecer límite alguno en cualquier zona protegida de estas islas.

Y, como decía, se establece como “uso ordinario del suelo rústico” los alojamientos turísticos de hasta 200 camas. Con lo que ahora resulta que es tan “uso ordinario” del suelo rústico la producción de plátanos, aguacates, piña tropical o el pastoreo, como hacer hoteles de ¡hasta 200 camas¡. Y esto va en contra de los “usos ordinarios” del suelo rústico definidos por la Ley 4/2017 del Suelo y, por supuesto, en contra de la legislación básica, por lo que ya avanzamos que es una media de dudosa constitucionalidad.

Así, se establecen en el proyecto de Ley 5 clases de establecimientos turísticos en suelo rústico: viviendas vacacionales, establecimientos de pequeña dimensión de turismo rural en edificaciones existentes con más de 15 años de antigüedad, establecimientos de pequeña y mediana dimensión en edificaciones de nueva planta, instalaciones turísticas definidas como equipamientos estructurantes y actuaciones turísticas de interés público, estas últimas sin límite máximo de plazas alojativas.

De aprobarse esta nueva regulación en el suelo rústico (que no sea asentamiento rural o agrícola) un propietario de cualquier terreno no se puede hacer una vivienda, pero sí puede hacer cuantas viviendas vacacionales desee dependiendo de la superficie de su propiedad. Con 2.500 metros cuadrados puede hacer una vivienda vacacional o un establecimiento turístico de hasta 10 camas. Con 6.000 metros puede hacer una edificación de hasta 40 camas alojativas donde no se puede hacer su propia casa. ¡Que contrasentido!.

Y, para colmo, los instrumentos de planificación singular turística tienen una potencia que no tienen los proyectos de interés insular o autonómico definidos por Ley del Suelo, pues se permiten “en cualquier clase y categoría de suelo rústico” y, además, se permite “la delimitación de nuevas áreas aptas específicas para la implantación de actividades turísticas y de sus condiciones de implantación, así como la modificación de las establecidas por el planeamiento insular”.

Para que quede claro, estos “instrumentos singulares” no sólo pueden modificar las áreas aptas y condiciones de implantación de las actividades turísticas establecidas por el planeamiento insular, sino delimitar nuevas áreas aptas para el turismo, al margen de aquél… ¡Viva la desregulación!... Y luego nos venden que defienden un modelo de desarrollo sostenible para la isla… ¡Arráyense un millo!

Miguel Ángel Pulido, coordinador insular de NC en La Palma

En el presupuesto del ejercicio actual conseguimos que se incorporara, por primera vez en la historia y con carácter indefinido, el plátano al régimen de compensaciones al transporte de mercancías.

En el proceso negociador de los Presupuestos del Estado para 2017 y 2018 se consiguieron incorporar, desde Nueva Canarias, importantes logros para mejorar los desplazamientos de la gente que reside en esta tierra. Sin duda alguna, esta conquista tuvo y sigue teniendo una enorme repercusión económica, social y mediática por la importancia que tiene para mejorar la conectividad y la movilidad entre las islas y de éstas con el territorio peninsular.

Pero me gustaría destacar otros acuerdos que se produjeron en esa negociación, por la importancia que tienen para el sector agrario y, en consecuencia, para nuestra isla de La Palma. Nuevos compromisos e importantes mejoras que no sólo se hacen realidad en la Ley de Presupuestos, sino que además hemos logrado que se incorporen en la Ley que regula los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con lo cual se consolidan con carácter indefinido.

Entre estas conquistas me tengo que referir, por su importancia, al logro de elevar al 100% la ayuda para compensar el coste del transporte, incluyendo el retorno vacío, de mercancías agrícolas (e industriales) entre las islas, y de éstas a la Península, que hasta el pasado ejercicio sólo era de hasta un 70% del coste y, por cierto, casi nunca se llegaba a ese porcentaje, lo que supone una importante transferencia de renta a las empresas comercializadoras de Canarias.

Además, en el presupuesto del ejercicio actual conseguimos que se incorporara, por primera vez en la historia y con carácter indefinido, el plátano al régimen de compensaciones al transporte de mercancías según habilita la Disposición Final Primera del Real Decreto 170/2009, en su apartado 2, que debe conllevar obligatoriamente consignaciones presupuestarias adicionales y en ningún caso debe suponer reducción del importe de las ayudas al transporte que actualmente reciben el resto de productos agrícolas.

Así, en el Presupuesto de 2018, para los transportes realizados durante el año 2017, se incorporó una dotación de 10 millones de euros para compensar en torno a un 30% del coste del transporte del plátano de Canarias a la Península, lo que va a repercutir en la mejora de la competitividad del sub-sector platanero y, en consecuencia, en la mejora de la rentas agrarias para los casi 8.000 productores del plátano que hay en Canarias.

Por otro lado, logramos que la Administración central pague el 100% de las ayudas de Estado del denominado POSEI adicional, cuando hasta el año 2017 sólo pagaba el 50%, y a veces ni eso. Una conquista que ha permitido que la Comunidad Autónoma haya podido destinar los recursos propios de que disponía, para cofinanciar esta ayuda en el ejercicio actual, a abonar a nuestros viticultores y ganaderos los 17 millones de euros de ayudas pendientes correspondiente al año 2011.

También se conquistó incorporar una ayuda de 8 millones de euros para el agua destinada al riego agrícola, que se vienen a sumar a los 6 millones conseguidos en 2017, con el fin de compensar el coste energético de la elevación de agua de pozos y galerías, lo que debe repercutir en los consumidores finales, es decir en los agricultores. Una medida que tiene como objetivo el abaratamiento para el agricultor del precio final del agua de riego.

Aparte de estas ayudas incorporadas a los Presupuestos y consolidadas en la nueva Ley que regula los aspectos económicos del REF de Canarias también se incluyó, con la finalidad de fomentar la contratación de seguros agrarios en las islas que ayuden a garantizar las rentas de los agricultores, mediante su protección frente a adversidades climáticas y otros riesgos naturales, la obligación del Estado de consignar en los Presupuestos del próximo año una dotación suficiente para incrementar en un 65 % la subvención base para los seguros agrarios de aplicación en Canarias, lo que significará un importante abaratamiento de los mismos.

Y por último señalar que, si se aprueban los presupuestos de 2019, deberán recoger igualmente una ayuda para la conservación de todas las variedades agrícolas locales de Canarias, porque está así establecido en el nuevo Régimen Económico y Fiscal, aprobado recientemente y, aunque no afecte de manera directa a esta isla, también se aumentó la ayuda a la producción del tomate de exportación de 7.700 € a 15.000 € por hectárea cultivada.

En definitiva, para aquellos que tuvimos la oportunidad de participar de manera activa en la preparación de estas enmiendas de Nueva Canarias y en el proceso de negociación, conseguir este conjunto de medidas que contribuyen a compensar los costes de producción y comercialización y, por tanto, a mejorar la rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderos, es toda una satisfacción, porque con estos instrumentos nuestro sector agrario afronta el futuro en mejores condiciones.

Miguel Ángel Pulido, coordinador Insular de NC en La Palma

Algunos ya advertíamos que era necesario buscar el máximo acuerdo y consenso posible en su tramitación.

El poco tiempo transcurrido desde la aprobación de la última modificación de esta Ley –y van siete- empieza a darnos la razón a aquellos que hemos defendido que, en su tramitación, se estaba intentando coger un atajo, rodeado de irregularidades y de falta de previsión y transparencia, para imponer un modelo turístico no adaptado a nuestra realidad, por lo que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.

Algunos ya advertíamos que era necesario buscar el máximo acuerdo y consenso posible en su tramitación. Pero los responsables de la cosa, que ahora quieren aparecer como salvadores de la patria, se negaron a escucharnos y terminaron imponiendo un texto, deprisa y corriendo, sin los necesarios informes del Consejo Consultivo de Canarias. Y ahora se encuentran con dos recursos aceptados a trámite por el Tribunal Constitucional, uno de amparo y otro de inconstitucionalidad, y con una investigación iniciada de oficio por la Comisión Europea, en uno caso por la posible vulneración de normativa básica estatal y, en otro, por no respetar la normativa ambiental europea, lo que se vuelve a traducir en inseguridad jurídica para los inversores.

Y hablamos de falta de previsión porque no es casual que los partidos que apoyaban al Gobierno, CC y PSC-PSOE, hayan decidido volver a enmendar la Ley 6/2016, de 27 de septiembre, que modificaba la Ley 6/2002, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, modificando de nuevo los artículos 1, 5, 7, 8 y 9 y la Disposición Adicional Primera, así como introduciendo nuevas Disposiciones Adicionales.

Esto demuestra que este Gobierno no tiene claridad, ni convicción, para sacar adelante la tarea de sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo para estas islas. Y una prueba más es la improvisación que, como tónica general, se vuelve a imponer en un tema tan esencial como es el establecer el marco normativo que nos permita tener un modelo turístico diferenciado, de calidad, adaptado a nuestro entorno natural, de alto valor añadido, y que dé seguridad jurídica a los inversores y trabajo a la gente de aquí.

Lo que si hacen es utilizar de forma continua el argumento, como si de un “mantra” se tratara, de que los que defensores de un modelo de desarrollo distinto somos los del no a todo. Y se equivocan, porque somos los del SÍ a un nuevo modelo económico ordenado, competitivo y sostenible, que sea capaz de generar empleo estable y de calidad, acabando con la pobreza laboral que nos imponen con su modelo ultraliberal y de “barra libre”, dando respuesta al drama social que significa el desempleo y que nos ayude a fijar la población al territorio, evitando la pérdida de un valioso capital humano –los jóvenes mejor formados- que se ve obligado a abandonar la Isla.

Somos los del SÍ a la apuesta por el desarrollo de un nuevo modelo energético, basado en las energías renovables y limpias, en la generación distribuida, para avanzar hacia la soberanía energética, hacia una isla 100% renovable, para que la dependencia de las energías fósiles –como el petróleo y el gas- pasen a ser algo del pasado.

Somos los del SÍ a la apuesta por desarrollar la agricultura ecológica y la ganadería, especialmente en las zonas de altitud media de la Isla, modificando el actual sistema de ayudas del REA, que beneficia a los grandes importadores y lleva a la ruina a los productores locales, para producir aquí gran parte de lo que consumimos, avanzando hacia una mayor soberanía alimentaria.

Somos los del SÍ a la apuesta por estructurar y articular la Isla como un destino turístico singular. Un destino que permita combinar el “sol y playa”, con la puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural, orientando nuestras acciones a captar a un segmento de demanda interesado en el conjunto de recursos y actividades relacionadas con la naturaleza, creando para ello los equipamientos que cualifiquen esa oferta.

Somos los del SÍ a la apuesta por favorecer el desarrollo de actividades agroindustriales que permitan transformar nuestros productos agrarios y colocarlos en el mercado canario, así como la llamada economía del conocimiento y no, como hacen otros, basado exclusivamente en el cemento, con un modelo desarrollista ya fracasado.

Miguel Ángel Pulido

Secretario de Organización de NC La Palma

No podemos compartir que, aprovechando la situación de grave crisis económica y social que seguimos padeciendo y que se traduce en pobreza y desempleo, se nos venda esta Ley.

Estos días he leído con cierto estupor, en diversos medios de comunicación, algunas notas de prensa y he escuchado entrevistas y declaraciones, en la que algunos que llevan más de 30 años gobernando en esta Isla y en Canarias, o cogobernando con unos y con otros, y que tiene una gran responsabilidad de la situación de estancamiento económico en la que nos encontramos, se pretenden erigir ahora en salvadores de la patria, convirtiendo a La Palma en un solar.

Parecen olvidar, pues no hay en sus palabras el mínimo de autocrítica, que sus decisiones equivocadas, su incompetencia o incapacidad de gestión, sus despilfarros o sus favores y redes clientelares, han contribuido en gran medida, a que estemos en una situación tan crítica: con una población envejecida; con un alto porcentaje de hogares por debajo del umbral de la pobreza; con un tejido productivo limitado y poco diversificado, precario e inestable; con falta de oportunidades, sobre todo para los más jóvenes; con un éxodo poblacional que desangra a la isla un día tras otro…

Y ahora pretenden, con la modificación de la Ley de ordenación del modelo turístico insular de las llamadas islas verdes y con la Ley del suelo, que inicia su andadura en el Parlamento, desregular el territorio. En el primer caso, para que sean los cabildos insulares lo que decidan qué se puede o no hacer en cada momento, sin planificación previa y de forma discrecional y arbitraria; y en el otro, para trasladar las competencias urbanísticas a los 88 cantones de Canarias, para que se pueda hacer cualquier cosa en cualquier parte del territorio, generando mayor inseguridad jurídica, lo que se convertirá en el caldo de cultivo de una mayor judicialización de la gestión urbanística.

En el caso de la Ley Turística, algunos compartíamos la propuesta inicial del Cabildo Insular de La Palma que pretendía simplificar la norma y favorecer el desarrollo turístico a través de una revisión del Plan Insular de Ordenación, de manera democrática y participativa. Pero no podemos compartir las enmiendas coladas en último momento por la derecha insularista, sin un debate previo y sosegado, que modificaron sustancialmente la propuesta inicial y que ponen en serio riesgo nuestra mayor riqueza, nuestro patrimonio natural y ambiental, el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que debemos transmitir en las mejores condiciones a las generaciones futuras.

No podemos compartir que aprovechando la situación de grave crisis económica y social que seguimos padeciendo, que se traduce en pobreza y desempleo para nuestro pueblo, se nos venda esta Ley con la milonga de generar riqueza y empleo, como si fuera la panacea que va a curar todos los males de nuestra maltrecha economía insular. Es el mismo cuento de siempre para justificar una norma que viene a significar un ataque frontal contra nuestra tierra, contra un modelo diferente de desarrollo turístico singular, adaptado a nuestra realidad, de alta calidad, basado en la sostenibilidad territorial y en el respeto al medio ambiente, buscando siempre el necesario equilibrio entre el crecimiento económico y la protección de nuestro frágil patrimonio natural.

No podemos compartir que se pretende implantar un modelo fracasado, que sólo favorece a la economía especulativa, a los “intermediarios del suelo” y a la economía del cemento y no del conocimiento, iniciando un proceso que nos puede llevar a la destrucción de los suelos agrarios y de protección ambiental, provocando la depredación del territorio, matando así a nuestra “gallina de los huevos de oro”. Es más, quienes se llenan la boca con la palabra empleo, lo hacen a sabiendas del nivel de precariedad laboral que provoca su modelo económico. Y el ejemplo lo tenemos en otras islas que ahora parecen ser el modelo a seguir y en las que, a pesar del desmesurado crecimiento de la oferta turística, tienen un porcentaje de paro similar al nuestro.

Por ello afirmamos que somos firmes defensores de que, en la Isla, se genere riqueza y empleo cualificado y de calidad con un nuevo modelo económico. Un modelo en el que: se favorezca la implantación de energías renovables, avanzando hacia la soberanía energética; se potencie la agricultura ecológica y la ganadería, protegiendo nuestras producciones locales, para avanzar hacia la soberanía alimentaria; se establezca un modelo turístico diferenciado, ordenado y respetuoso con nuestro entorno; y se desarrolle la llamada economía del conocimiento; y todo ello sin necesidad de destrozar nuestro patrimonio natural y ambiental... Pero hay otros que han elegido un modelo desarrollista ya fracasado, a través del camino de la desregulación territorial, del aquí vale todo, que nos conduce al “pan para hoy y hambre para mañana”.

Detrás de muchos proyectos no hay ninguna inversión cierta que garantice la inmediata ejecución que justifique esta declaración “exprés” de interés insular.

Desde Nueva Canarias (NC) hemos presentado un voto particular, que defenderemos en el Pleno que celebrará en el Parlamento de Canarias el próximo mes de septiembre, cuando se debata la modificación de la Ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, y en el volveremos a plantear que estamos sustancialmente de acuerdo con el texto inicial presentado por el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana, ante dicho pleno, dejando claro que votamos a favor de su toma en consideración porque somos plenamente conscientes de la grave situación de estancamiento económico por la que atraviesa la Isla y sus dificultades para articular un nuevo modelo de desarrollo, pero que no compartimos las modificaciones sustanciales introducidas a última hora, vía enmiendas de CC, PSOE y PP, con las que se desvirtúa la propuesta inicial y se pretende introducir un nuevo instrumento de planificación y, además, legitimar todas las actuaciones inicialmente previstas en el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular.

Tanto es así que, en su Disposición Adicional Segunda, se declaran de interés insular y quedarán, en consecuencia, exoneradas del trámite de información pública y de audiencia a los propietarios de suelo y sin la necesidad de informe de la Administración autonómica o de los municipios afectados, todas las actuaciones hoteleras, campos de golf y puertos deportivos, contenidos en el Plan Territorial Turístico, debiendo sólo someterse al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica en los términos de la legislación básica estatal, con lo que desde nuestra humilde opinión, se vulnera claramente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues la adopción por el legislador de decisiones administrativas entraña una privación importante de las garantías de que pueden disponer los particulares afectados por dichas decisiones, que ni siquiera pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Es más, entre esas actuaciones, nos parece de una enorme gravedad que se pretendan legitimar aquellas que fueron anuladas por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, como es el caso de los campos de golf de Tamanca (Los Llanos), San Isidro (Breña Alta) o Barlovento, y las instalaciones hoteleras asociadas; el primero de ellos invadiendo en la totalidad de su ámbito territorial el Paisaje Protegido de Tamanca y Zona de Especial Conservación de la Red Natura  y los otros dos invadiendo parcialmente otras Zonas de Especial Conservación de la Isla. Por ello, nos preguntamos, ¿no sería mejor, en la revisión del Plan Insular de Ordenación, redelimitar o buscar una nueva ubicación de esas instalaciones deportivas y hoteleras para que en ningún caso invadieran zonas protegidas, con lo que salvaríamos la citada sentencia, antes que desafiar al Tribunal Supremo?.

En el caso concreto del campo de golf de Tamanca y la instalación hotelera asociada al mismo, como secretario de organización de Nueva Canarias le he propuesto, al Presidente del Cabildo Insular, que se debe estudiar una alternativa de nueva localización de este equipamiento fuera del Espacio Natural, en un suelo rústico sin protección ambiental que se encuentra entre la zona de la Mancha Vieja y el Hoyo Verdugo y entre la zona de Especial Conservación del Tubo Volcánico de la Cueva de Las Palomas y el Paisaje Protegido de Tamanca, sin invadir estos Espacios Naturales. Propuesta que viene a demostrar que no estamos en contra de la creación de equipamientos deportivos o de ocio que cualifiquen la oferta turística en la isla, sino que tenemos propuestas de relocalización para hacer compatible su implantación con un régimen de protección adecuado de nuestros recursos naturales, de tal forma que, con las medidas de conservación necesarias, se evite el deterioro de los hábitats y de las especies presentes en los mismos, manteniéndolos en un estado de conservación favorable, para la coherencia de la red Natura 2000 en función de las amenazas de deterioro y destrucción que pesan sobre ellos.

Igualmente, con la introducción de la Disposición Adicional Primera, se pretende legislar para que los cabildos insulares tengan plenas competencias para intervenir directamente no sólo en la planificación, sino también en la clasificación y la transformación del suelo, a través de un nuevo instrumento de planificación singular turística que tiene por objeto ordenar y diseñar, para su inmediata ejecución, o bien ejecutar, equipamientos insulares turísticos, que pueden ser públicos o privados, en cualquier clase y categoría de suelo, incluso en contra de lo previsto en el planeamiento insular o municipal, lo que de por sí supone un elevado nivel de discrecionalidad y arbitrariedad de la Administración tratando de forzar el orden previamente establecido. Y, nos preguntamos, ¿acaso desconocemos que en la práctica urbanística local funciona el urbanismo a la demanda?.

Por otro lado, para garantizar el carácter aislado de los establecimientos alojativos turísticos se mantiene la fijación de unas densidades máximas, que se reducen de manera importante tal como ya habíamos propuesta desde el año 2014 en sendas enmiendas de NC que fueron rechazadas por CC y el PSOE, u otros parámetros similares para este fin. Pero no compartimos que se elimine, como pretende la Ley, toda previsión de distancias mínimas entre establecimientos, quedando sin efecto cualquier norma que la contuviera, pues sin unas distancias razonables entre establecimientos alojativos estaríamos convirtiendo de facto todo el suelo rústico en un suelo urbanizable turístico.

Además, se plantea ahora la posibilidad de construir establecimientos turísticos, no sólo en los asentamientos rurales y agrícolas, sino que también podrán implantarse sobre un suelo rústico de protección agraria y forestal o de protección territorial, incluso en los suelos rústicos de protección paisajística. Quiere esto decir que en la práctica nos encontraremos que en este último tipo de suelo no se podrá construir una vivienda para uso residencial, o no se autorizará la instalación de una granja de ganado, o no se permitirá roturar el terreno y abancalarlo para dedicarlo a las actividades agrícolas, pero con esta Ley si se permite que en una fanega de tierra, en un suelo de protección paisajística, se puedan construir 5 apartamentos -10 plazas alojativas-.  Un verdadero dislate!.

En definitiva, mi humilde opinión es que no debemos dejarnos embaucar por grandilocuentes defensas de las bondades económicas y sociales que esta Ley tiene para la Isla, porque detrás de muchos de esos proyectos no hay ninguna inversión cierta que garantice la inmediata ejecución que justifique esta declaración “exprés” de interés insular, sino algunos “intermediarios” del suelo esperando para hacer “su agosto”, obteniendo unos pingües beneficios. Y porque no es menos cierto que el devenir judicial de algunos proyectos, defendidos con ahínco por API-CC, –como el caso del Golf de Tamanca- debería llevarnos a una mínima prudencia a la hora de escuchar los cantos de sirena de algunas propuestas. Por eso, desde Nueva Canarias defendemos que la norma puede facultar a los cabildos insulares a intervenir en la transformación de los suelos, pero siempre de forma proporcional, razonada y ajustada a las competencias y responsabilidades que esta Administración tiene. Y, en este sentido, defendemos que el camino correcto es ordenar y legitimar, desde el planeamiento insular, los suelos urbanizables de uso turístico de trascendencia insular o supralocal.  Lo otro, son “atajos” que nos pueden llevar de nuevo a la “depresión” si el Alto Tribunal termina tumbándose la Ley.

La sociedad palmera no puede vivir de espaldas a esa realidad tan dura que padece casi un tercio de la población.

Que una parte importante de la sociedad palmera o canaria es más pobre que hace cinco años es un hecho incuestionable, no hace falta sino acercarnos a los servicios sociales municipales para comprobarlo. Situación que además es confirmada por todos los informes realizados al respecto, desde los elaborados por el Instituto de Estadística de Canarias, al de Cáritas, el de Unicef sobre la pobreza infantil o al elaborado por la Fundación Bancaja, que analiza el índice de desarrollo humano de España.

Es así en La Palma y lo es también en el conjunto de España, puesto que la pobreza está directamente relacionada con la falta de ingresos. Y aquí seguimos estando a la cabeza de Europa en porcentaje de desempleados, sigue creciendo el número de parados sin prestación, aumenta el subempleo y la precariedad y bajan los salarios, lo que hace que aumente el número de personas que trabajan y son pobres, y, además, pierden poder adquisitivo las pensiones, que han crecido por debajo del IPC, y las rentas mínimas de inserción son absolutamente insuficientes.

Y todos estos índices se han empeorado en estos últimos años, lo que nos lleva a repetir que las políticas económicas que se han venido aplicando en Europa, en España y en Canarias, son políticas que están empeorando las condiciones de vida de la mayoría de la población, políticas de sólo recortes y sin ningún estímulo a la reactivación económica y a la inversión productiva generadora de empleo y de bienestar.

Así, la tasa de paro en Canarias sigue en un alarmante 28,56%, también hay un 22,5% de hogares canarios con todos sus miembros en paro -cuando a finales de 2011 era del 16,3%-. Además, se ha vuelto a la cifra de más de un 50% de parados registrados que no cobran ninguna ayuda en las Islas. En gran medida, como hemos dicho, la evolución de estos datos del paro explican el incremento de la pobreza en Canarias en los últimos años, con una tasa del 27,2% en el año 2014, cinco puntos por encima de la media de pobreza del Estado.

Y lo más grave aún es el trato que hemos sufrido desde el Gobierno de España. En el caso de Canarias, hemos sido en esta última legislatura la Comunidad Autónoma peor financiada de todo el Estado, lo que ha incidido en el deterioro de los servicios públicos básicos -como la sanidad, la educación y los servicios sociales-, hemos sufrido el recorte de más de 100 millones de euros en políticas activas de empleo, se ha eliminado la política de vivienda social, se ha recortado el Plan Concertado de Prestaciones Básicas y se han eliminado más de 200 millones de euros en la Ley de Dependencia. Por tanto, cómo no van a tener estas medidas “austericidas” repercusión en la pobreza en La Palma y en Canarias.

Lo reconoce la propia OCDE que en su último informe nos dice que “la austeridad ha lastrado el crecimiento”, y que bajar más los salarios sería contraproducente, pues elevaría aún más el riesgo de pobreza, a la vez que deprimiría la demanda agregada, por lo que reclama “reformas estructurales en apoyo del crecimiento”. Asimismo, pone el acento en la desigualdad, estableciendo la necesidad de una “nueva estrategia de protección social”, de una reorientación de prioridades de las políticas en atender a la población más desfavorecida.

Y es aquí donde, desde Nueva Canarias, venimos defendiendo la necesidad urgente de arbitrar las medidas necesarias para proteger a esta parte más vulnerable de la sociedad, por lo que seguiremos demandando un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, incrementando la prestación canaria de inserción, para garantizar una renta básica a las familias sin ningún tipo de ingresos, incrementando el plan de empleo social, en colaboración con los ayuntamientos, y disponiendo de un fondo para alquiler social que ponga fin al drama de los desahucios.

La sociedad palmera no puede vivir de espaldas a esa realidad tan dura que padece casi un tercio de la población. Por ello, planteamos que es la hora de apostar por un cambio de rumbo en las políticas erráticas que se han venido aplicando. Y en este mismo sentido, desde el Cabildo Insular, y de manera coordinada con el resto de instituciones y las ONG que intervienen en este ámbito, demandar los recursos necesarios para priorizar nuevas políticas que combatan la pobreza y la creciente desigualdad.