Resulta arriesgado asegurar cómo estará conformado el Parlamento de Canarias tras las elecciones de mayo de 2027. Quedan casi quince meses para la celebración de esos comicios autonómicos y pueden ocurrir muchas cosas de ahora hasta entonces que modifiquen, aunque sea parcialmente, lo que en estos momentos apuntan los distintos estudios sociológicos; que viene a ser el mantenimiento del PSOE, con la fuga de algún escaño, el pequeño retroceso de CC y el mayor del PP, ambos afectados en menor o mayor medida por el importante crecimiento de la extrema derecha. Y, según señalan todas las encuestas publicadas en el último año, la bajada moderada del canarismo de izquierdas, en la que influye, sin duda, la escisión sufrida por NC.

Quisiera introducir algunas circunstancias que, en mi opinión, pueden modificar el actual mapa, tanto en los espacios de las derechas, estatalistas o regionalistas, como en las izquierdas. Que, sin tratarse de un terremoto, pueden alterar las expectativas de las diferentes formaciones políticas e influir en las alianzas imprescindibles que se pueden alcanzar para establecer un gobierno estable para el periodo 2027-2031. 

Derechas

Empezaré con las derechas, hoy gobernantes en el Archipiélago, y sus principales núcleos partidarios, CC y el PP. Todo parece indicar que ambas formaciones se van a ver afectadas por el significativo crecimiento de Vox que va a superar ampliamente sus actuales apoyos en las Islas, situándose con toda probabilidad en torno a los 9-10 escaños y por encima del 16% de votos, duplicando ampliamente su actual presencia (hoy tiene 4 actas y un 8%). 

Tengo la impresión de que esas importantes ganancias de los ultras afectarán mucho más al PP, que puede pasar de los 15 conseguidos en 2023 a unos 12 escaños. Y que, sin embargo, CC podría ver parcialmente atenuado su impacto, especialmente en Gran Canaria, por su entendimiento con Unidos por Gran Canaria, ya firmado, y el pendiente de ratificar, cuestión de tiempo, con Municipalistas Primero Canarias, quedando, eso sí, por debajo de los 19 actuales.

Con esas predicciones, repetir la fórmula actual de Ejecutivo, CC y PP más el pequeño aporte de la ASG de Curbelo y de AHI, resultaría muy complicado, convirtiendo a VOX en posible garante, en pieza imprescindible, de un Gobierno (más) conservador. El PP no tendría problemas, lo viene haciendo en numerosas comunidades autónomas, aceptando a cambio buena parte de la agenda ultraderechista en inmigración, feminismo, políticas LGTBI o cambio climático. Para CC resultaría algo más novedoso, aunque ya experimenta el voluntario entendimiento con los ultras en algunos ayuntamientos de las Islas.

Izquierdas

En el otro lado del espacio sociopolítico, en el de las izquierdas, el PSOE seguirá siendo, de manera holgada, la primera referencia y preferencia del electorado canario; y el único partido con representación en todos los territorios insulares. Sin que repita, eso considero, ni los porcentajes (28%) ni los escaños (23) de los anteriores comicios (y especialmente su abrumador éxito en la lista autonómica que encabezó Ángel Víctor Torres, donde superó el 31% de los sufragios). Pero siempre por encima de las veinte actas parlamentarias.

¿Y el resto de las izquierdas? La estimación que hace el Observatorio Canario de Estudios e Investigaciones (OCEI) sobre los datos proporcionados por el último Sociobarómetro de Canarias (SBC), el del pasado mes de noviembre, recoge que Nueva Canarias-Bloque Canarista podría pasar de los actuales 5 a una horquilla 4-5, con un 7,4% de los votos y unas 70.000 papeletas. Mientras que Unidas Podemos (3,9%; 36.593 votos) y Drago Verdes Canarias (3,1%; 29.877) quedarían, como en 2023, fuera del arco parlamentario y con escasa incidencia, asimismo, en las corporaciones locales e insulares, cuyas elecciones se celebran en la misma jornada que las autonómicas. 

Con diferencias significativas en las circunscripciones: Nueva Canarias sacaría sus mejores resultados en Gran Canaria (11,9%), Lanzarote (10,7%) y Fuerteventura (9,8%); Unidas Podemos en Lanzarote (4,7%) y Gran Canaria (4,3%); y Drago en Tenerife (5%) y Fuerteventura (3,2%). 

Espacio disperso

Todo esto cambia, y mucho, si se produce un entendimiento en el ámbito de la izquierda del PSOE, hoy muy disperso. Especialmente porque varias decenas de miles de votos que entonces fueron a la papelera, que no se tradujeron en representación alguna (y que hoy volverían a hacerlo si van por separado), pueden consolidar o ampliar escaños en algunas circunscripciones y abrir brecha en otras, como en la de Tenerife, que ahora no cuenta con presencia de este espacio en la Cámara canaria.

La unidad, con programa y liderazgos, podría posibilitar a las izquierdas canarias situarse en torno al 10-12% de las papeletas y aspirar a 8 escaños. Lejos del histórico de 2015 (una docena de actas, siete de Podemos y cinco de NC), pero mejor que en el año 2023 y, por supuesto, de lo que ocurriría en 2027 si concurren por separado. 

El diálogo abierto que se viene produciendo en ese espacio es una buena noticia para las organizaciones y las personas que simpatizan con las izquierdas; y que quieren frenar el tsunami ultra, pero también construir alternativas económicas, sociales y medioambientales que den esperanza en un futuro mejor para esta tierra y su gente. Y es, al tiempo, una mala noticia para las derechas estatalistas y regionalistas, así como para su poco plural armada mediática. Tanto que para combatirla son capaces, sin sonrojarse, de apoyar, sin sonrojarse, planteamientos cuasi soberanistas. Ver para creer.

Hoy se considera a la democracia una incomodidad, cuando podemos ser regidos, sin opinar, por los tecnócratas multimillonarios. Hoy el imperialismo más descarnado impone su inmoral razón de la más brutal de las fuerzas

Formo parte de un amplio grupo de periodistas, buena parte de ellas y ellos jubilados, algunos ya fallecidos, a los que les tocó ser privilegiados testigos, seguramente algo más, de la transición hacia la democracia y del nacimiento del autogobierno en las Islas. Años setenta y ochenta del siglo XX. Por edad, no me correspondió ni el final del franquismo ni las primeras etapas de la convulsa transición; y repasando las hemerotecas de aquella época valoro y aplaudo el trabajo realizado por numerosos compañeros y compañeras en los medios de comunicación de las Islas, creo que insuficientemente reconocido. Me pregunto hoy si valió la pena esa entrega, ese enorme compromiso.

Entonces los medios daban voz a los partidos y sindicatos que salían de la clandestinidad, a los colectivos y movimientos sociales de todo tipo -vecinales, feministas, medioambientales, defensores de la cultura e identidad canaria…- en una sociedad tan esperanzada como dinámica. Y que aún se tambaleaba con las amenazas golpistas que provenían de los cuarteles y con los crímenes de ETA (el “sufrimiento irreparable” causado que, por fin, algunos de sus presos han reconocido) y de otros grupos extremistas de distintos colores.

Transición

La transición de la dictadura franquista a la democracia no fue perfecta, claro que no. Hubo violencia, represión y muertes a manos de las fuerzas de orden público, algunas muy cercanas. Como la del estudiante grancanario Javier Fernández Quesada, en las puertas de la Universidad de La Laguna, que presencié aquel 12 de diciembre de 1977. Antes fueron asesinados Bartolomé García Lorenzo, en septiembre de 1976, y Antonio González Ramos, en noviembre de 1975, pocas semanas antes de la muerte del dictador. Con un elevado grado de impunidad de sus responsables directos e indirectos.

Se pasó de un estado autoritario a uno de libertades homologable a los europeos. Pero dejando intactos los aparatos del estado, donde seguían siendo mayoritarios sectores profundamente franquistas, nostálgicos de la dictadura y dispuestos a obstaculizar los avances democráticos. En 1978 se aprobó la Constitución. Elaborada, con concesiones de todas las partes, entre los que procedían del régimen y quienes fueron su oposición. Y que, visto con el paso del tiempo, posibilitó, no solo la convivencia entre los que piensan distinto, sino avances progresistas en numerosos temas. Desde el desarrollo del estado autonómico a la ley de sanidad de Ernest Lluch o la ley de la dependencia, así como de normativas favorables al impulso de las mujeres en materia de igualdad o a los colectivos LGTBI. La sociedad es hoy, sin duda, más libre y mucho mejor que la que heredamos de la larga noche del franquismo, ese que pudo regresar el 23 de febrero de 1981. 

El autogobierno tuvo una gran trascendencia. Disponiendo, por primera vez, de instituciones democráticas de ámbito archipielágico: Parlamento y Gobierno de Canarias. Cierto que se nos impuso la vía lenta, la del artículo 143, dicen que por los temores a que el referéndum de ratificación al que obligaba el artículo 151 fuera deslucido por una alta abstención promovida por los independentistas, a los que creo que se sobredimensionaba. Pero después, con dos reformas estatutarias, la de 1996 -que nos reconoció como nacionalidad- y la de 2018 -que incluye importantes contenidos sociales, entre ellos la renta canaria de ciudadanía- ascendimos a la primera división estatutaria; y Canarias dispone, además, del reconocimiento de especificidades económicas y fiscales en el Estado español y en la UE. Impensable hace cincuenta años.

Como periodistas y como ciudadanos y ciudadanas hemos sido testigos de una enorme transformación económica y social. Con un gran desarrollo en las infraestructuras y de los servicios públicos. Superando el represivo nacional catolicismo. Construyendo una sociedad en la que las mujeres tienen cada vez mayor presencia y poder en todos los órdenes, aunque queden, sin duda, asignaturas pendientes. Pasando del imperio del silencio y el miedo a la libre expresión de opiniones, y a poder formar parte de un sindicato o un partido.

No significa que hayamos vivido en sociedades ideales. Entre otras cosas, porque estas no existen. Los modelos políticos que apelan a la perfección suelen estar bañados en totalitarismo y son aún más desiguales, injustos y ajenos a la voluntad de la mayoría. Ahogan a las personas, castigan cualquier tipo de disidencia y encumbran a una minoría de privilegiados.

Involución

Nuestras sociedades han sido plurales, activas, contradictorias y capaces de adaptarse a profundos cambios. Ingenuos, creíamos que siempre seguiríamos en ese camino de más derechos y libertades. Que habría curvas y sobresaltos. E intentos de recortar aspectos de lo logrado. Pero no una marcha atrás acelerada, una involución que nos trasladara, casi casi, a la casilla de partida.

Algo de esto ocurre cuando un fantasma recorre el mundo. No es el del comunismo soñado por Marx y Engels (y convertido en enorme fracaso, por razones internas y externas, en su formulación práctica), sino el del pensamiento más reaccionario, egoísta y belicista. Hoy vuelan espectros insolidarios, machistas, homófobos, racistas y xenófobos. Hoy se desata el capitalismo más feroz. Hoy se masacran pueblos y la mayoría del mundo, insensible al dolor ajeno, ni se inmuta. Hoy, desde el negacionismo climático, se declara la guerra al planeta y a los que vivimos en él. Hoy se considera a la democracia una incomodidad, cuando podemos ser regidos, sin opinar, por los tecnócratas multimillonarios. Hoy el imperialismo más descarnado impone su inmoral razón de la más brutal de las fuerzas.

Observando cómo están las cosas, no queda otra que aplicar el viejo aforismo gramsciano de oponer al pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad. Toca, seguramente, resistir, defender las libertades, los valores y los derechos humanos. Y, si no lo destruyen (y vaya que lo intentan con su enorme poder económico y político) ahí deberá estar el buen periodismo y los buenos y las buenas periodistas para dar voz a los sin voz, para abrir las grandes alamedas, para romper la gran distopía en la que nos están metiendo, para defender la democracia. Y sí, valió la pena ayer; y, sin duda, también lo merece hoy, ese compromiso con la libertad, la dignidad y la Humanidad.

En primer lugar, muestra que en ese posible futuro Parlamento de Canarias, como sucede hoy, harán falta acuerdos entre dos o más fuerzas políticas para poder establecer gobierno. Con el PSOE muy destacado en intención de voto (34,1%) por delante de CC (24,2%) y PP (18%); y con Vox situándose como cuarta fuerza política más apoyada en las urnas (7,8%) por delante de Nueva Canarias-Bloque Canarista (6,9%).

Según el SBC, el PSOE ganaría en todas las islas, salvo en La Gomera (donde repetiría sus tradicionales tres escaños, como no, la Agrupación Socialista Gomera, ASG, de Casimiro Curbelo) y La Palma, en que lo hace de forma clara Coalición Canaria. Con un empate entre PSOE y Coalición en el caso de Tenerife, aunque con los socialistas por delante en porcentaje de votos. La formación del ministro Ángel Víctor Torres es, además, la única que obtiene representación en las siete circunscripciones insulares; CC lo hace en seis y el PP en cinco. 

Aproximación de resultados

Esta entrega del Sociobarómetro de Canarias solo ofrece porcentaje de votos, eso sí con datos también insularizados. Estos permiten inferir los resultados que apunta en cada una de las circunscripciones insulares con relación a la distribución de escaños. En los que el bloque de las derechas continúa superando al de las izquierdas, como ya ocurrió en los comicios de mayo de 2023.  

Solo la fórmula PSOE-CC garantizaría una amplia mayoría estable fraguada en torno a dos fuerzas políticas. Mientras que CC y PP, los partidos que integran el actual Ejecutivo, precisarían de ASG o de Vox para superar los 36 escaños que dan la mayoría absoluta. Y eso, de momento. El potencial crecimiento de la extrema derecha que, en mi opinión, beneficiados por la ola estatal (donde se acercan al 20% en unas posibles generales y en Extremadura, los comicios autonómicos más cercanos, los sondeos le auguran más del 14% de sufragios), terminará finalmente colocándole alrededor de los 6-8 escaños (disminuyendo los votos y el número de actas del PP, pero también de CC), lo que hará mucho más difícil la gobernabilidad, que puede terminar siendo condicionada por los escaños ultra en el caso de que se repita un pacto entre las derechas canarias y estatales. 

Por lo tanto, tras una legislatura con políticas económicas, fiscales, medioambientales y sociales de derechas, en Canarias puede abrirse una etapa aún peor. Con fiscalidad más regresiva, políticas antiinmigrantes, desprecio a la memoria democrática y negacionismo climático y respecto a la violencia de género.

Izquierdas

Con relación a la izquierda del PSOE, solo Nueva Canarias-Bloque Canarista, según el Sociobarómetro de noviembre, tendría opciones de representación en el Parlamento (2-3 escaños); Podemos y Drago Canarias volverían a quedar, como ocurrió en las elecciones de mayo de 2023, fuera de la Cámara. 

Los canaristas de Luis Campos perderían 1,17 puntos porcentuales respecto a los comicios anteriores, en buena medida atribuibles, con elevada seguridad, a las consecuencias de la escisión sufrida en Gran Canaria. Mientras que la formación de Noemi Santana pasaría del 3,92% al 1,2% y la de Alberto Rodríguez del 3,17% al 0,7%. Al igual que antes apuntaba respecto a Vox, creo que Podemos y Drago aparecen en el sondeo por debajo de lo que realmente representan y que podrían estar más cerca de sus resultados de 2023.

Con esas expectativas que apunta el sondeo (basado en 1.511 entrevistas efectivas realizadas entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre) y analizando los datos insularizados, solo Nueva Canarias tendría sufragios suficientes para acceder a los cabildos insulares (en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote), mientras que las otras dos organizaciones del espacio izquierdista no se acercarían a esa posibilidad en ningún territorio. Los mayores apoyos al ámbito de la izquierda plural se dan en Gran Canaria, conjuntamente el 14,2%, Lanzarote (9,8%) y Fuerteventura (7,4%). 

Con las cifras que ofrece el Sociobarómetro de Canarias de noviembre, la unidad de una parte de ese espacio mejoraría sensiblemente su representatividad parlamentaria, con la obtención de cinco escaños en las circunscripciones insulares y con grandes opciones de alcanzar un acta adicional en la lista autonómica.

Pero eso, de momento, es política ficción. ¿O no?

Las elecciones autonómicas celebradas en 2019 y en 2023 reflejaron una disminución clara del espacio situado a la izquierda del PSOE en las Islas, tras unos comicios, los de mayo de 2015, en los que este ámbito consiguió sus mejores resultados, productos de una gran ola estatal y de un momento sociopolitico extraordinario. Parece muy claro que, en el Estado y en Canarias, ya quedó cerrado el ciclo iniciado con las elecciones europeas de 2014, con la espectacular irrupción de Podemos en las mismas; y su posterior y relevante presencia en las Cortes generales y en el Parlamento de Canarias, así como en algunos, pocos, de sus cabildos y ayuntamientos. Con una paralela y estable representación de Nueva Canarias, aunque esta última con mucho más peso en los ayuntamientos y presidiendo el Cabildo Insular de Gran Canaria desde 2015.

Un apoyo ciudadano a la izquierda del PSOE que vivió su máximo esplendor en los comicios autonómicos de 2015. Podemos logró entonces más de 133.000 papeletas (14,53% de los votos y siete escaños), por delante de Nueva Canarias (93.634 y 5 actas) y de Izquierda Unida, cuyos 20.000 sufragios (2,2%) no se tradujeron en presencia en la Cámara canaria. 

El conjunto de ese espacio alcanzó entonces un total de 246.685 papeletas, el 26,97% y 12 escaños, en unos comicios en los que los partidos más votados fueron PSOE (19,86% y 15 escaños), PP (18,59%;12 escaños) y CC (18,19%;18 escaños).

Cuatro años después, en 2019, la formación morada sufrió una caída de casi seis puntos porcentuales, perdiendo 55.000 votos con relación a los anteriores comicios y reduciendo su representación a cuatro diputados y diputadas. Superada, además, por Nueva Canarias, que obtuvo cinco. Pero sus actas fueron muy relevantes: contribuyeron a la construcción del Pacto de Progreso y en su Gobierno la formación dirigió la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

Contenido social

Formar parte del Ejecutivo y estar al frente de un departamento de gran contenido social no le sirvió para mantener sus apoyos en las urnas. La crisis del partido en el ámbito estatal, unida a la presentación de una candidatura directamente competidora en su mismo espacio, Drago Canarias, liderada por uno de sus antiguos dirigentes, Alberto Rodríguez, dejaron a Podemos fuera del Parlamento.

En las elecciones de mayo de 2023, Podemos obtuvo 35.777 papeletas (3,92%), siete mil más que Drago (3,17%) y muy lejos de la posibilidad de pelear por un escaño. De haber ido juntos podrían haber aspirado, con probabilidades muy altas, a obtener un acta por Gran Canaria y otra por Tenerife.

Una situación de mayor estabilidad presenta Nueva Canarias. Aunque ha reducido su número de papeletas lo ha hecho de forma mucho menos brusca que Podemos. Evolucionando del 10,24% de 2015 al 8,07% de 2023; y manteniendo las cinco actas, por una mejor distribución territorial de los apoyos. 

Hay que puntualizar que las de 2015 y 2019 eran actas más teóricas que reales. Por un lado, porque la que obtuvo en 2015 en Lanzarote era de Gladys Acuña y de su formación local de Yaiza; además de que la cuarta acta conseguida en Gran Canaria en esos comicios lo fue a consecuencia de que la ley electoral de entonces dejó fuera a Ciudadanos al no alcanzar el 6% autonómico. Por otro, tampoco era propiamente de NC el acta de 2019 por Fuerteventura, lograda en alianza con Asambleas Municipales, con Sandra Domínguez, que dejaría el grupo de NC en enero de 2021, antes de cumplirse la mitad de la legislatura.

Ahora los cinco escaños son puramente de NC-bc, pero con el hándicap de que su entonces presidente, Román Rodríguez, no pudo repetir su presencia por la lista autonómica; y con la ventaja de que, por primera vez, cuenta con presencia parlamentaria por las tres islas orientales.

Espacio de izquierdas

Pese a los avatares políticos. Pese a una coyuntura de avance de las derechas en Europa, el Estado y Canarias. Pese a la crisis de las izquierdas en el ámbito estatal, con dos alternativas partidarias duramente enfrentadas en el periodo reciente. Pese a todo ello, hay un espacio a la izquierda del PSOE en Canarias que representa a una parte de la población y que resulta imprescindible para la alternancia entre los bloques de izquierdas y de derechas en Canarias. 

Si en las elecciones autonómicas de 2027 se diera la circunstancia de que este espacio dispusiera de tres, como en 2023, o más ofertas electorales, este se verá representado, en el mejor de los casos, en parecidas cifras a las de 2023 en número reparto de escaños y, con toda seguridad, por debajo de los datos de 2019. Lo que garantiza la continuidad del actual Gobierno de CC y PP. Pero puede ser aún peor. Puede ser más reducido, dos o tres actas. Casi simbólico.

Cabe, en todo caso, plantearse numerosas preguntas sobre el futuro de ese ámbito sociopolítico. ¿Cuánto mantendrá NC-bc de su actual espacio político-electoral? ¿Terminarán sus escindidos, como cada vez parece más claro, insertados en el regionalismo conservador, reduciendo, por poco que sea, el ámbito progresista? ¿Si Se Puede volverá a ser un proyecto plenamente autónomo y nítidamente canarista tras su etapa de alianza con Podemos? ¿Sobrevivirá la formación morada a su actual crisis? ¿Qué papel jugará Izquierda Unida? ¿Drago se abrirá a entendimientos con otras fuerzas de la izquierda canaria o continuará su aventura en solitario? 

En cualquier caso, parece claro el fin del ciclo político iniciado en las autonómicas de 2015, con la eclosión de Podemos. Nos encontramos en un proceso que obliga a la reflexión y a la articulación de ese espacio en una etapa de resistencia frente al avance global y local de la extrema derecha y los riesgos de involución democrática. Aunque observando los medios de comunicación y las redes sociales, y los enfrentamientos internos, da la impresión de que las preocupaciones de algunos de sus actores son, lamentablemente, bien distintas.  

Aunque también se están produciendo iniciales movimientos tendentes a la búsqueda de la unidad de acción, programática y electoral.

Elecciones generales, primer reto

Ese plural espacio de las izquierdas canarias obtuvo en las elecciones generales de julio de 2023 el 15% y más de 153.500 votos. Es decir, 37.000 más que el regionalismo conservador de Coalición Canaria (11,37%). Ambos sacaron un escaño, el progresista correspondiente a Sumar por la circunscripción de Las Palmas, lista que encabezaba Noemi Santana (Podemos).

El acta de CC fue para Cristina Valido por las islas occidentales, con el 16,75%. En unas elecciones condicionadas fuertemente por la no presentación de Vox en esa circunscripción. Lo que benefició directamente al PP (35,35% de los sufragios frente al 25,85% en Las Palmas, diez puntos porcentuales de diferencia cuando los resultados fueron casi idénticos, en torno al 20%, en 2019) y a CC. 

Pero ahora, la concurrencia a los comicios de una extrema derecha al alza en el conjunto del Estado modificará, sin duda, el reparto de papeletas en el ámbito de las derechas. Ni el PP repetirá sus tres escaños en Santa Cruz de Tenerife ni CC tiene plenamente garantizado el suyo.

En Las Palmas, Sumar sacó su acta con 53.992 sufragios (10,24%) y NC quedó sin representación (42.422; 8,05%). En Santa Cruz de Tenerife, Sumar, con 53.330 (10,88%) quedó a solo unas 1.500 papeletas del escaño.

En el caso de las izquierdas, una confluencia de amplio espectro en las Islas las situaría en la horquilla 1-2 escaños. Y, por el contrario, si concurren por separado, las opciones de obtener representación en el Congreso son prácticamente nulas.

El pasado (UPC-AC, AC-INC, ICU, ICAN…)

En las primeras elecciones autonómicas, las del año 1983, ese ámbito se vio representado en el Parlamento de Canarias por UPC-AC (8,25%; 46.945 votos y dos escaños), PCC-PCE (24.917; 4,38% y un acta) y AM (5.551; 0,97% y tres actas). Globalmente, por tanto, 77.413 votos, por encima del 13%, y consiguiendo seis diputados. 

Cuatro años después, en los comicios del 87, AC-INC alcanzó los 46.229 sufragios (6,91% y dos diputados), ICU 40.837 (6,10% y dos) y AM 5.423 (0,81% y tres). Conjuntamente, casi 92.500 sufragios y el 13,84%.

En 1991 Iniciativa Canaria (ICAN) aglutinaría a la inmensa mayoría de las fuerzas de ese espacio (ACN, ICU y UNI) consiguiendo 85.015 papeletas (12,32% y cinco actas), por delante de AM (4.906; 0,71% y dos diputados). Posteriormente, estas dos organizaciones conformaron, con otras fuerzas políticas, Coalición Canaria, formando parte de su primer Gobierno (1993-1995).

No hubo representación autónoma a la izquierda del PSOE en las elecciones de 1995, 1999, 2003 y 2007, en esta última ocasión al no alcanzar NC la barrera del 6% que exigía el sistema electoral canario vigente entonces; se quedó en el 5,43%, con más de 50.700 sufragios. Años antes, en 1995, IUC, con el 5,10% de las papeletas y 40.553 votos, también quedó fuera de la Cámara canaria. 

Regreso al Parlamento

La izquierda del PSOE regresaría al Parlamento de Canarias veinte años después del nacimiento de ICAN. En las autonómicas de mayo de 2011, NC (9,08% y tres escaños, aunque solo dos eran de la organización canarista), Alternativa Ciudadana Sí Se Puede (2,04% y cero actas) e Izquierda Unida Canaria (0,72% y sin obtener tampoco representación) sumarían cerca del 12% para ese espacio de las izquierdas, con un total de 107.864 votos.

La moción de censura es un instrumento democrático para sustituir a quien gobierna en un ayuntamiento, un cabildo o un ejecutivo. En el caso del Gobierno central, varias de las presentadas fracasaron, como la de Felipe González contra Adolfo Suárez en mayo de 1980 (aunque sirvió para darle una enorme notoriedad al entonces joven dirigente socialista). La de Antonio Hernández Mancha contra González, en marzo de 1987, que fue el punto de inflexión para el fin de la efímera carrera política del entonces líder, ejem, de AP. La de Podemos contra Mariano Rajoy en junio de 2017, con Pablo Iglesias de candidato a la Presidencia. O las dos de Vox contra Pedro Sánchez. La primera, presentada por Santiago Abascal en octubre de 2020, y la segunda, chiripitifláutica, utilizando como candidato alternativo a Ramón Tamames, en marzo de 2023; un patético final para quien había sido uno de los destacados dirigentes del PCE en la lucha contra la dictadura franquista. Sí salió adelante la de Sánchez contra Rajoy en junio de 2018.

Respecto al Gobierno de Canarias, solo triunfó la de 1993 contra el socialista Jerónimo Saavedra, apoyada por numerosas formaciones que luego darían lugar a Coalición Canaria, y que llevó a Manuel Hermoso a la Presidencia del Ejecutivo en la primavera de 1993. 

En el ámbito municipal han sido muchas las presentadas en el conjunto del Archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria en enero de 1990, el PSOE e ICU censuraron a José Vicente León (CDS) con el voto indispensable de un tránsfuga del partido centrista, Miguel Ángel León Zalve, primo del destituido alcalde. El transfuguismo no respeta ni a las relaciones familiares. Otro caso flagrante de prácticas nada presentables sucedió en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana a comienzos de siglo. Un alcalde con mayoría absoluta, José Juan Santana (CC), fue censurado por los votos del PSOE, Agrupación de Vecinos y el de un tránsfuga de la propia CC, Juan Francisco Ramírez, militante del CCN, llevando a la alcaldía a Marco Aurelio Pérez. Se habló entonces de que la censura se basaba en oscuros intereses económicos a los que Santana se había negado a plegarse. 

Pacto de las tuneras

Sin olvidar, claro está, lo sucedido en Teguise en la constitución del gobierno del ayuntamiento en 1983. El PSOE había ganado por mayoría absoluta en la histórica villa conejera, logrando siete de los trece concejales de la corporación. Pero, cuando se votó la elección del alcalde saltó la sorpresa: los socialistas solo lograron seis papeletas y su alternativa, miembro de un grupo independiente, se alzó con la Alcaldía, gracias al transfuguismo de un integrante de la plancha del PSOE, Alfonso Tolosa Machín. El beneficiado de la operación (conocida como pacto de las tuneras) fue Dimas Martín, que luego lo sería todo en la política de Lanzarote: presidente del Cabildo, senador o diputado en el Parlamento canario. Y que terminaría en la cárcel por variadas condenas en el ejercicio de su actividad política.

En el actual mandato, desde las elecciones de 2023, se han producido diversas mociones de censura en Canarias. Las corporaciones municipales de Puerto de la Cruz, Granadilla, Güímar, San Mateo, Guía o Agaete cambiaron de alcalde/alcaldesa. También hubo censura en el Cabildo Insular de Tenerife, donde el socialista Pedro Martín dejó paso a Rosa Dávila (CC).

Fuerza ética

La más reciente, este martes 18 de noviembre, se produjo en el municipio grancanario de Valsequillo. El alcalde saliente, Francisco Atta, se queja amargamente de que la misma contó para su aprobación con el decisivo apoyo de una tránsfuga de su propio partido (Asba, que forma parte de Municipalistas Primero Canarias). Su denuncia tendría un mínimo de credibilidad y hasta fuerza ética si su nueva organización partidaria, de la que Atta es además dirigente (secretario de Acción Política), no dispusiera de una pequeña tropa de tránsfugas -ni uno ni dos, más de veinte- en ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, La Aldea, Teror o Arucas. También en el Cabildo Insular de Gran Canaria. 

Se denomina tránsfuga a quien abandona una organización política, pero mantiene el cargo público que con esta obtuvo. O, como se señala en el Pacto Antitransfuguismo (acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas): “A los efectos del presente acuerdo, se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”. 

Además, en la adenda III del Pacto Antitransfuguismo (incorporada en 2020) afirma que “se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”. Lo que, de forma tan clara como contundente, desmiente la débil argumentación esgrimida por Primero Canarias en defensa de sus tránsfugas.

Considero que el transfuguismo es una práctica muy nociva que debilita la confianza en la democracia y en las instituciones; y que sería positivo tratar de erradicarlo con normativas tan contundentes como precisas. Evitando que los tránsfugas puedan participar en la votación de mociones de censura o cuestiones de confianza y, además, prohibiendo que ejerzan cargos en los gobiernos de la institución en la que, cual lapas, se encuentran apegados. 

No será nada fácil modificar la actual situación. De hecho, las últimas sentencias posibilitan a los tránsfugas votar, en igualdad de condiciones al resto de concejales, en las mociones de censura. Pero, se logre cambiar o no, lo que no vale es acoger, justificar y aplaudir a los tránsfugas cuando te benefician, y señalarlos, criticarlos y demonizarlos cuando te perjudican. Como hacen, sin el menor recato, el ya exalcalde de Valsequillo y los suyos. 

Doble moral. Vieja, muy vieja, política.

El 5% de inversión sigue estando en el horizonte del sistema educativo canario. No por capricho alguno, sino porque así lo establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria (LCE) aprobada por nuestro Parlamento en el año 2014. “El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto”, señala textualmente su artículo 72.3.

La Ley Canaria de Educación tiene su origen en una ley de iniciativa popular (ILP) que asociaciones de padres y madres, sindicatos docentes, diversos ayuntamientos y colectivos vecinales llevaron al Parlamento con el apoyo de más de 38.000 firmas. La norma finalmente aprobada por la Cámara canaria recogía la mayor parte de las propuestas de la ley de iniciativa popular. Enriquecida por las aportaciones del Consejo Escolar de Canarias y por el trabajo de los grupos parlamentarios, en especial de la Comisión de Educación.

Fue aprobada con los votos de CC, PSOE y NC, con Paulino Rivero presidente del Gobierno y José Miguel Pérez en la Vicepresidencia y al frente de la Consejería de Educación. El PP se abstuvo. El sucesor de Rivero en la Presidencia, Fernando Clavijo, nunca se mostró favorable a la Ley y, especialmente, a los compromisos económicos que conlleva. 

Lo confirmó en la campaña de las elecciones autonómicas de 2015. Era la primera vez que entrevistaba a Clavijo y en un programa radiofónico le pregunté si, en el caso de que llegara a presidir el Ejecutivo canario, iba a cumplir con lo que postulaba la Ley Canaria de Educación. Como hice con todos los candidatos y candidatas de las diferentes formaciones políticas que concurrían a esos comicios. Logrando muy variadas respuestas, favorables o no al desarrollo de dicha ley en todos sus términos o de forma parcial. Alguna verdaderamente disparatada, como la de una candidata que respondió señalando que la ley, aprobada apenas un año antes, resultaba “completamente obsoleta”. Muy prematura caducidad legislativa: había entrado en vigor el 1 de septiembre de 2014, apenas siete meses antes de aquellas entrevistas electorales.

Cumplirla o cambiarla

La contestación de Clavijo, que muy poco después terminaría siendo presidente del Gobierno de Canarias fue rotunda: “Las leyes están para cumplirlas o para cambiarlas”. Es una frase que resulta, al menos para mí, muy difícil de olvidar. No era, desde luego, un compromiso entusiasta con la LCE, como luego el tiempo se ha encargado de corroborar de forma nítida. Y, eso sí, la lapidaria frase es completamente ajena a lo que ha hecho Clavijo cuando ha gobernado Canarias, entre 2015 y 2019, y desde 2023 hasta hoy. Ni ha cumplido con la Ley educativa, como me temía, ni ha planteado ninguna iniciativa para modificarla.

Probablemente, rebajar lo establecido en materia presupuestaria, ese 5% del PIB, queda poco presentable en una tierra, la canaria, que se encuentra por debajo de la media estatal en los distintos parámetros educativos. Que tiene muy bajos niveles de implantación de la educación infantil 0-3 años, esencial para avanzar en equidad en la Comunidad con peor distribución de la riqueza y con una elevada pobreza. Que sufre carencias en Formación Profesional o en el apoyo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Aunque igual de poco presentable es ser un declarado insumiso de la LCE.

La Plataforma que reivindica el cumplimiento de ley acaba de señalar en los medios que, aunque la educación crece en números absolutos en 167 millones de euros en los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2026, apenas supone un pequeño avance en el camino de llegar al 5%. En la anterior legislatura, con el Gobierno de Progreso, se logró llegar al 4,63% en el último ejercicio presupuestario, el mejor dato hasta ahora. La Plataforma por el 5% afirma que, en los dos primeros años de legislatura del actual Ejecutivo conservador CC-PP, “la educación caminó como los cangrejos, retrocediendo respecto al PIB en 2024 (4,20%) y en 2025 (4,05%), ahora avanza como los caracoles, unas tímidas dos centésimas, del 4,05 al 4,07%”.

Si en las cuentas públicas de 2023 estuvimos situados a solo cuatro décimas del objetivo del 5% del PIB para la educación canaria, ahora nos encontramos a casi un punto porcentual, un evidente retroceso. En esta legislatura nos hemos alejado, por tanto, del objetivo establecido en la Ley. Canarias, en consecuencia, seguirá sin poder abordar con decisión y recursos importantes déficits educativos que nos lastran socialmente.

Responsables

Aunque algunos se empeñen en olvidarlo, incumpliendo descaradamente lo que de forma clara señala la Ley Canaria de Educación, el 5% continuará siendo un objetivo imprescindible de la educación canaria. Pese al empeño del Gobierno de las dos derechas en implementar políticas presupuestarias educativas que, cuando no retroceden claramente, avanzan a velocidad de chuchango. Esa actitud negligente nos condena a permanecer en la cola de las comunidades autónomas en casi todos los parámetros educativos. Y sus responsables -como sucede con la apuesta por una fiscalidad favorable a los que más tienen, el desigual reparto de la riqueza o el empeño en un desarrollismo insostenible del que se benefician unos pocos y cuyas consecuencias sufre la mayoría- no se encuentran en la metrópoli, sino cerca, mucho más cerca.

La atribución de escaños que hace Primero Canarias -de cuatro a siete y tiro porque me toca- es completamente absurda, disparatada y ajena a la realidad. Si fue posible ese éxito en el 2000 es porque CC estaba en su mejor momento histórico y porque la oferta electoral con opciones se limitaba a tres formaciones: PP, PSOE y CC

En la campaña electoral de las autonómicas canarias de 1987, un dirigente del Congreso Nacional de Canarias (CNC), el partido de Antonio Cubillo, presentó en La Laguna una curiosa encuesta. En ella se proyectaba la distribución de escaños del nuevo Parlamento que saldría de las urnas en junio de ese año. Si la memoria no me falla, en el sondeo el CNC obtenía unos 21-22 escaños y el resto de los grupos nacionalistas o independentistas una decena amplia conjuntamente. Me refiero a Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-INC), al Frepic-Awañak y a la Unión de Nacionalistas de Izquierdas (UNI). Lo que, en un Parlamento de 60 integrantes como el de entonces, otorgaba una clara mayoría nacionalista en la Cámara; y, supongo, aunque sea mucho suponer por las significativas diferencias que mantenían entre ellos, dejaría la presidencia del Gobierno para Cubillo. 

Nunca se supo ni el tamaño de la muestra ni qué instituto demoscópico había realizado el sondeo para dar tan sorprendentes y nada creíbles resultados. Ni falta que hacía. Fue, evidentemente, un invento sin base alguna, un acto de propaganda sin el menor rigor ni, tampoco, rubor. Y cualquiera que conociera mínimamente la realidad de las Islas sabía que era imposible una conformación parlamentaria de ese cariz. También el anunciante del sondeo.

La realidad, tozuda ella, se encargó de poner las cosas en su sitio. De ese espacio de obediencia canaria cuasi autodeterminista, solo AC-INC, con el poeta Pedro Lezcano al frente de su lista, obtuvo representación, con 46.229 votos (6,86%; dos escaños). El apoyo popular hacia el resto no fue precisamente exitoso: CNC, con Cubillo recién llegado del exilio concurriendo por la circunscripción de Lanzarote, logró globalmente 8.769 votos, el 1,32%, sin conseguir representación. Bastante peor suerte corrió UNI (1.287; 0,19%) y el Frepic (1.146; 0,16%). Ninguno logró escaño ni estuvo cerca de ello.

Los comicios los ganó el PSOE de Jerónimo Saavedra con 185.749 papeletas (21 actas; 27,85% de los votos), aunque el Gobierno que se constituyó fue el de las derechas canarias y estatales, CDS-ATI-AP, con el centrista Fernando Fernández como presidente, que en la investidura contó también con los votos de los dos diputados de AHI. Hasta que Fernández tuvo la genial idea de presentar una cuestión de confianza, que perdió. Seguramente porque alguno de los suyos se confundió de papeleta en la votación efectuada a finales de 1988. Lorenzo Olarte, también entonces del CDS, sería su sustituto en la Presidencia.

Siete son siete

Ahora, en 2025, los escindidos de Nueva Canarias -exigentes renovadores con los demás, pero ellos dedicados toda su vida a la política institucional, que renueven otros- aseguran que si las fuerzas nacionalistas van juntas a unas elecciones generales las expectativas estarían entre los 4 y los 7 escaños, de los quince que se juegan en las dos circunscripciones canarias (8 en Las Palmas y 7 en Santa Cruz de Tenerife). 

Lo que compite, en el disparate demoscópico y en el rigor, también en el rubor que causa, con aquellas previsiones cubillistas de hace 38 años. La realidad es que, si las cosas les fueran maravillosamente bien, podrían aspirar a dos, aunque lo más probable es que se repita el solitario escaño de 2023, el de Santa Cruz de Tenerife; y les recomendaría que no se confiaran del todo, las circunstancias no son las mismas que las que se dieron en aquellos veraniegos comicios de hace dos años. 

Para ilustrarlo diré que los mejores datos, en porcentaje de votos, de Coalición Canaria en las generales fueron en el año 2000, después del mejor resultado en unas autonómicas, el de junio de 1999. Entonces en el 2000, el de la mayoría absoluta de Aznar, CC consiguió 248.261 (29,82%) y cuatro escaños. En Canarias, además de CC, lograron representación el PP (351.110 papeletas; 42,17% y siete escaños), claro vencedor en las Islas, y el PSOE (137.363, 22,38% y tres escaños), en tercera plaza del podio. 

Desde entonces Coalición ha reducido sustancialmente sus resultados. Por muy variadas razones. Y en las últimas generales, las celebradas en julio de 2023, logró 116.363 (11,37%), y un solo acta, por Santa Cruz de Tenerife. 

En esos mismos comicios generales de 2023, Sumar obtuvo en Canarias un total de 108.001 sufragios (10,55%) y un acta (por Las Palmas). Y Nueva Canarias-Bloque Canarista, encabezada por Luis Campos, con 45.595 votos (4,45%), quedó fuera del reparto.

En Santa Cruz de Tenerife, Sumar (10,85%) se quedó a menos de 2.400 votos de obtener escaño. En el caso de Las Palmas, Nueva Canarias logró en las últimas elecciones generales 42.430 papeletas (8,02%) y Sumar 54.369 (10,27%). Todo apunta a que el entendimiento entre las formaciones de izquierdas garantizaría un diputado por la circunscripción de las islas orientales, para lo que se precisa situarse en torno a los 55.000-60.000 votos. Y, también, hay opciones, aunque algo más complicadas, en las occidentales.

Realidad y propaganda

Por eso, la atribución de escaños que hace Primero Canarias -de cuatro a siete y tiro porque me toca- es completamente absurda, disparatada y ajena a la realidad. Si fue posible ese éxito en el 2000 es porque CC estaba en su mejor momento histórico y porque la oferta electoral con opciones se limitaba a tres formaciones: PP, PSOE y CC. En el tablero hoy juegan, además, Vox, que se moverá en Canarias entre tres y cuatro escaños (en 2023 no pudo concurrir en Santa Cruz de Tenerife, lo que benefició al PP y a CC), y el mundo a la izquierda del PSOE -formaciones canaristas y de implantación estatal- que, como señalaba, tiene elevadas opciones de conseguir al menos uno.

Por tanto, balones al suelo. Si lograran convencer a la Nueva Canarias que tanto despreciaron en 2023, tendrían clara opción a escaño, uno, por Las Palmas. Como esto parece que no va a suceder y que esta explora una unidad de las diversas izquierdas canaristas y estatalistas, el mundo de CC y sus nuevos aliados municipalistas tendrá, muy probablemente, que conformarse con el actual y solitario escaño por Santa Cruz de Tenerife. Un escaño que ni siquiera se encuentra plenamente garantizado por la presencia de Vox, tras su espantada de 2023, que arrancará decenas de miles de votos al PP y a CC. Lo veremos.

Cierto que soñar es, de momento, gratis, sin trumpianos aranceles; pero engañar a los demás y engañarse a sí mismos, con esos 4-7 escaños que pronostican y anuncian públicamente sin el menor pudor, resulta bastante lamentable y viejuno, nada renovador. No olviden que todas las grandes borracheras (también las de poder) suelen terminar en muy duras y dolorosas resacas.

No se trataba de la construcción de nuevos liderazgos -como afirmaban y les servía de justificación de la ruptura-, sino de poner al frente del nuevo partido a personas nada díscolas, más bien todo lo contrario, con Fernando Clavijo y sus políticas conservadoras; algunas de ellas veteranas, muy veteranas, de la actividad política. No se pretendía desarrollar e impulsar nuevos proyectos, sino juntarse con Ciuca -unos angelitos, como se sabe- y terminar confluyendo a corto o medio plazo, primero electoralmente y más tarde orgánicamente, con Coalición Canaria. 

Asumiendo, por tanto, sin rechistar, las políticas de siempre de las derechas canarias, las que nos hacen ser la comunidad más desigual, con muy bajos salarios y grave riesgo de pobreza y exclusión social. Lo que ayer ocultaban (“habladurías”, decían) sale nítidamente a la luz: no era renovación, sino un simple volantazo a la derecha. Absolutamente legítimo, por supuesto. Se puede cambiar de religión, de club de fútbol, de partido político… y hasta de ideología. Pero tratar de enmascararlo es bastante menos presentable.

No busquen en esa nueva organización principios de nacionalismo ni de izquierdas. No los hay. Como mucho, un regionalismo municipalista “ni de izquierdas ni de derechas”, como señaló no hace mucho su flamante presidente. Un producto situado en el mercado electoral con fácil encaje en la Coalición Canaria actual. La misma CC que no hace ascos a gobernar con Vox. La que desarrolla en las Islas políticas fiscales muy cercanas al ayusismo, bajando irresponsablemente impuestos a los más ricos. Al mismo tiempo que, con suma cara, exige más ingresos al Estado. Lo de la corresponsabilidad fiscal no les concierne, no va con ellos.

Muchos trienios

Lo de la renovación, reconozcámoslo, tiene su miga. Óscar Hernández (61 años), presidente de Primero, lleva en la corporación municipal de Agüimes desde 1991, es decir más de 34 años, los últimos diez como alcalde, tras sustituir a Antonio Morales; sin olvidar los doce años en que compatibilizó la concejalía con su presencia en el Cabildo Insular de Gran Canaria, un prolongado doblete. Son, como ven, muchos trienios. Al finalizar este mandato, en 2027, Hernández habrá alcanzado los 36 años en la corporación, toda una vida. Y les aseguro que intentará seguir, ahí y/o en el Cabildo, que se renueven otros u otras, pese a que ha dilapidado el 26,96% de los votos de su municipio, uno de cada cuatro, entre 2015 y 2023, en solo dos mandatos. De cuarenta años en las instituciones no baja, seguro.

Por tanto, Hernández lleva mucho más tiempo en la política institucional que Román Rodríguez (24), aunque ciertamente menos que los que ya acumulan Carmelo Ramírez (cerca de los 46) o Antonio Morales (próximo a los 42). No se puede ganar siempre. Al menos de momento. Todo se andará.

También en otros partidos hay veteranos que se encuentran plenamente activos, como Ana Oramas, cuya carrera político-institucional empezó en 1979 en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, empatando temporalmente, por tanto, con Ramírez; o Pepa Luzardo (unos 34 años en las instituciones), que siendo muy joven dio un singular ejemplo de coherencia y decencia frente a variados transfuguismos, hoy tan de moda, cuando empezó, a principio de los años noventa, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Edadismo

Rica experiencia, de eso no cabe duda. Buena gestión de los asuntos públicos en la mayoría de los casos, también. Tiene su valor. Y unos cuantos años de vida acumulados, es inevitable. Como cantaba Milanés, el tiempo pasa. Lo que en muchas ocasiones lleva a algunos a esgrimir argumentos edadistas. No los suelo compartir. Reconozco que me importan mucho más las ideas y los comportamientos democráticos, así como la sensibilidad social, que los años que figuran en el DNI o en el pasaporte.

Vamos, que prefiero a Lula, próximo a los 80, que al cuarentón Bukele. Y a Jean-Luc Mélenchon (74) que a Jordan Bardella (30). A Angela Merkel (71), si estuviera activa en la política -ejemplar su rechazo a la extrema derecha, no como CC, que tiene pocos prejuicios en gobernar ayuntamientos con Vox o votar con la extrema derecha en la fallida investidura de Feijóo- que a Isabel Díaz Ayuso (47). Y a Jeremy Corbyn (76) que al nuevo y más joven líder laborista y primer ministro británico. O, ya en Canarias, a Antonio Morales, próximo a los 70, que Teodoro Sosa, que estos días ingresa en el club de los cincuentones, y lleva casi media vida, más de 22 años, en política institucional. Por similares y muy confesables motivos. 

Y creo, sobre todo, que, en los graves tiempos que corren, hay que hablar (y hacer) más, mucho más, sobre la implementación de los programas sociales y medioambientales, en torno al dramático problema de la vivienda y de la turistificación, respecto a las políticas fiscales y la adecuada financiación de los servicios públicos. Y, asimismo, abordar con rigor cómo enfrentarse al ascenso de la extrema derecha y sus terribles consecuencias para la democracia y los derechos y libertades. 

Y eso, amigos y amigas, no está, ni se le espera, en el centro del debate de los que solo aspiran a mantener o incrementar cuotas de poder, a gobernar por gobernar, sin la menor voluntad transformadora. El nacimiento de Primero Canarias, no les quepa duda, es la mejor noticia que han recibido las derechas políticas, económicas y mediáticas de este pequeño país desde la desaparición de UPC a mediados de los años ochenta del pasado siglo. Y, es perfectamente entendible, lo celebran sin disimulo alguno.

Es imprescindible la unidad de los que aspiran a un mundo con mayor equidad y libertad, con impuestos progresivos y justos, con servicios públicos de calidad y con apoyo a los más vulnerables, sean mayores, menores, discapacitados o desempleados

Las personas progresistas en todo el mundo viven momentos de auténtica zozobra ante el imperial avance de la ultraderecha, de sus retrógradas ideas y de sus terribles concreciones prácticas. No se trata de un asunto baladí. Nos estamos jugando las libertades democráticas, los derechos de las mujeres, las conquistas de los colectivos LGTBI… Y, asimismo, las pensiones públicas, las políticas de apoyo a los más vulnerables y el reconocimiento de los migrantes como personas, no como objetos sobre los que volcar el más irracional e inhumano de los odios.

En numerosas ocasiones ya no son los ultras los que hacen el trabajo sucio, los que toman decisiones para restringir unos derechos que tanto costó alcanzar. Como ocurre en el Estado español. Su influencia es suficiente para que el PP, tembloroso al ver que le pisan los pies electorales, lo haga por ellos. Este es el caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde la simpar Ayuso se sitúa a la derecha de Vox y, por supuesto, de otras ultraderechistas europeas, como Marine Le Pen, cuya formación política apoyó el blindaje del aborto en la Constitución francesa. 

La drástica reducción del papel del Estado y el abandono de los más vulnerables es otra de las metas de los nuevos liberales. Lo vienen haciendo donde pueden. Empeñados en ahogar financieramente a la educación y a la sanidad públicas. Así como en acabar con las pensiones públicas, con las prestaciones al desempleo o con las rentas de ciudadanía, hoy si cabe más importantes en una sociedad que se robotiza y que expulsará del espacio laboral a muchos hombres y mujeres. Hacer, en definitiva, un mundo donde, como hoy ya está sucediendo, los ricos sean cada vez más ultrarricos. Y en la que las armamentísticas son las principales empresas por potenciar. Haz la guerra, no el amor. Cambiaron los tiempos.

Acuerdos

No resulta nada fácil dar respuesta al avance reaccionario, facilitado por una sucesión de circunstancias críticas que, desde 2008, ha debilitado a las sociedades, empobrecido a mucha gente, reducido el poder adquisitivo de los salarios o dificultado hasta el extremo el acceso a una vivienda digna. Un avance reaccionario que dispone del apoyo de potentes medios de comunicación y redes sociales.

Frente a esa dura realidad, lo menos que se puede demandar es que las izquierdas establezcan acuerdos unitarios para tratar de evitar una regresión catastrófica. Es imprescindible la unidad de los que aspiran a un mundo con mayor equidad y libertad, con impuestos progresivos y justos, con servicios públicos de calidad y con apoyo a los más vulnerables, sean mayores, menores, discapacitados o desempleados. Poniendo por delante lo que une en una encrucijada histórica que no admite frivolidades. Y en la que debe imponerse la generosidad y la cordura.

Tal vez por eso, no debe sorprendernos que quien mejora sustancialmente en los estudios sociológicos, sondeo a sondeo, sea Gabriel Rufián. Un verso libre dentro de ERC que se empeña en que las izquierdas no se destruyan mutuamente y promueve que comiencen a colaborar y a proyectar alianzas unitarias ante unos comicios generales que pueden producirse en cualquier momento. Y que, de persistir el actual grado de desunión e inquina, auguran un resultado desastroso.

Circunstancias que también pueden trasladarse al caso canario. Conseguir los máximos niveles de unidad posible entre las izquierdas resulta esencial si no queremos tener en 2027 el Parlamento más derechizado de las últimas décadas; con una amplia bancada ultra, además. Y en el que se consoliden las actuales políticas conservadoras de CC y PP, las de las bajadas de impuestos a los ricos, desprecio a la protección del territorio y del medio ambiente, fortalecimiento de un modelo de crecimiento económico insostenible y sin futuro y grave incumplimiento de las leyes, como sucede con la de educación de 2014, que pretende fortalecer, con suficientes inversiones, nuestro sistema educativo público. 

Blanqueando a extrema derecha

Y, asimismo, prácticas políticas que conducen al blanqueo de la extrema derecha en las instituciones, como han venido haciendo este mandato integrándolos en grupos de gobierno en varios ayuntamientos de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. No les quepa duda de que, si les hacen falta, aceptarían sus votos en el Parlamento para formar el futuro ejecutivo canario tras los comicios de 2027. Y tampoco las tengan de que votarían a un posible Gobierno del PP sustentado en el apoyo de la extrema derecha; ya lo hicieron en 2023, aunque la operación fracasó entonces gracias a las izquierdas y a los nacionalistas.

Se precisa la unidad, por tanto, para resistir al huracán de la extrema derecha y para avanzar en los ámbitos sociales y nacionales, para lograr mejores condiciones de vida y para que no se produzca un retroceso social sin precedentes. No, en ningún caso, para forjar alianzas que solo sirven para reforzar, con nuevos mimbres, el conservadurismo actual; y para ahondar más en lo que hay: desarrollismo, desigual distribución de la riqueza, abismos sociales… Y si esto es lo primero que hacen, confluir con las derechas, cómo será lo último.

Ante el actual y muy crítico panorama, estoy plenamente convencido de las enormes virtudes del entendimiento programático y de la imperiosa necesidad de la confluencia electoral. ¿Priorizar la unidad de las plurales y diversas izquierdas, allá y aquí? Sí, claro que sí. Están tardando.

El presidente Clavijo fue muy contundente en su intervención parlamentaria en el Debate del Estado de la Nacionalidad 2025, celebrado el pasado 11 de marzo, acusando a Román Rodríguez de ser el responsable de indemnizaciones por un monto global de 1.000 millones de euros por la aplicación de la moratoria turística. Supongo que se refería a la moratoria (ley de medidas urgentes de 2001) decidida por el Ejecutivo y a las directrices de ordenación y del turismo de Canarias (2003), estas últimas aprobadas unánimemente en el Parlamento. Ninguna ha costado ni un solo euro, ni uno, a la Comunidad Canaria. Clavijo se lo inventó, al modo y manera de las noticias falseadas que tanto utilizan las extremas derechas como habitual forma de envilecer la política: miente que algo queda, difama que algo queda.

Los que seguimos con atención la política canaria y, en especial, las decisiones adoptadas en materia de turismo, desarrollo, territorio y medio ambiente, sabíamos desde el minuto uno que se trataba de una absoluta falsedad. Un truco, un invento, una mentira, que no era la primera vez que soltaba y que también, en numerosas ocasiones, han repetido algunos expertos en desinformación en la prensa o en la radio.

Ha tenido que ser un departamento gubernamental, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, nada sospechosa de veleidades partidarias canaristas, la que, a respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha confirmado que las leyes referidas (moratoria de 2001 y directrices de 2003) no generaron ninguna sentencia condenatoria ni hubo ninguna indemnización que pagar. Ha tenido que ser Política Territorial la que desmienta las alegres, irresponsables y nada sustentadas aseveraciones del presidente.

La respuesta de la Consejería de Política Territorial señala textualmente que “en cuanto a las indemnizaciones que se refieren a las dos primeras leyes (ley 6/2001 y Ley 19/2003), todas las sentencias fueron desestimatorias, por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad patrimonial”. En su comunicación sí reconoce sentencias desfavorables referidas a decisiones adoptadas por otros ejecutivos canarios posteriores.

Palabra de presidente

“El Gobierno se está enfrentando a 36 sentencias condenatorias por más de 1.000 millones de euros de la época de la moratoria que se hizo, porque no se hizo bien. Sí, sí, sí, siendo presidente Román Rodríguez. Sí, sí, sí, se hizo. 36 sentencias condenatorias”, afirmó Fernando Clavijo con rotundidad en marzo desde la tribuna de la Cámara canaria en el debate del Estado de la Nacionalidad 2025, mientras el diputado y portavoz parlamentario de NC Luis Campos le hacía ostensibles gestos de que esa afirmación no era en absoluto cierta.

Lo ocurrido con esta polémica muestra claramente dos cosas. La primera es positiva: se confirma que resulta perfectamente posible poner límites al crecimiento turístico desde la legalidad y sin consecuencias negativas para el erario de las Islas, como se hizo, con rigor técnico, liderazgo político y determinación entre los años 2001 y 2003; que Canarias cuenta con competencias, con capacidad suficiente para transformar la realidad y orientar el modelo de desarrollo hacia una mayor sostenibilidad. Como pretenden los colectivos y personas que promueven las manifestaciones del próximo 18 de mayo bajo el lema ´Canarias tiene un límite´. Y los ciudadanos y las ciudadanas que las apoyaremos en las calles.

La segunda, la negativa, es que lamentablemente se extiende como una mancha de aceite una forma de hacer política en la que todo vale, que cuenta con numerosos actores y seguidores dentro y fuera de las instituciones, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y que, lejos de producir una profunda repulsa, atrae a nuevos adeptos, como puede observarse en los cambios político-partidarios recientes y en los que se producirán de aquí a las elecciones autonómicas de 2027.

Canarias no es ajena a la derechización y a la banalización de la política que viene sucediendo en medio mundo, al creciente imperio de los bulos y de la más burda manipulación. Y, como estamos viendo ya y veremos incrementado en el futuro, tampoco es ajena al blanqueo de las extremas derechas tanto por las derechas estatalistas como por las de obediencia canaria. Unas y otras no sienten el menor rubor por promover que los ultras sean sus socios de gobierno en las instituciones, regalando poder y altavoz a organizaciones xenófobas, machistas, homófobas y contrarias al Estado Social. Y, también, por cierto, negacionistas de la Crisis Climática y enemigas acérrimas del ecologismo.

Pero ellas, frente a la incomprensión de tantos y tantas, resistieron y siguieron abriendo, con gran esfuerzo y convicción, brechas que fueron determinantes para posibilitar los posteriores avances legales y sociales. Siempre resultará insuficiente el reconocimiento de las mujeres y del conjunto de la sociedad canaria a esa valiente y pionera generación a la que tanto debemos.

Soy feminista dentro de lo feminista que podemos ser los hombres que, reconozcámoslo, somos parte del problema al tener un enorme caudal de privilegios acentuados por un machismo milenario. Cuesta mucho superarlos. Solo se consigue de manera con toda seguridad insuficiente. Aunque, curiosamente, somos también parte de la solución.

Ser modesta y militantemente feminista como periodista me produjo una de las mayores alegrías de mi vida profesional y personal: la concesión por el Instituto de la Mujer de España del premio al Mejor Tratamiento de la Imagen de la Mujer en Prensa. Alegría doble por ser un galardón en el conjunto del Estado español y por hacerlo un jurado que nunca llegué a saber las personas que lo integraban. Solo juzgaron, como una cata a ciegas, un trabajo.

Fue una ardua tarea, con la colaboración de Paco Santana, rigurosa y divulgativa de la progresiva incorporación de las mujeres en los años ochenta a las más diversas actividades profesionales que, hasta entonces, le habían sido vetadas. Reflejando, asimismo, las diferentes reivindicaciones del movimiento feminista de la época. 

Lenguaje inclusivo

Luego en mi actividad profesional cotidiana fui de los pocos que, desde los años ochenta, utilizaba habitualmente el lenguaje inclusivo en mis informaciones periodísticas. En ellas siempre había referencias a niñas, alumnas, profesoras o médicas, y no solo a sus correspondientes masculinos. Se puede comprobar en las hemerotecas. Lo sigo haciendo. También he participado como ponente, en los ámbitos universitarios y como invitado en foros impulsados por organizaciones feministas, en congresos y debates sobre violencia de género y, en particular, sobre el papel de los medios de comunicación en su tratamiento.

Ahora que se acerca el final de mi etapa periodística, tengo que reconocer que he tenido extraordinarias jejas y jefes. Y no menos excelentes y generosos compañeros y compañeras. A ellos y a ellas mi profundo agradecimiento y mis disculpas por los errores cometidos.

No pensaba hablar de estas cosas. Pero acontecimientos recientes me obligan por razones éticas a intervenir. Es cierto que estamos en una etapa donde funcionan muy bien los bulos y los linchamientos mediáticos, haciendo un enorme daño a la democracia. En la mayoría de las ocasiones elaborados y difundidos por medios y panfletos de la extrema derecha. Pero no solo. Como tampoco la censura y las cancelaciones son unidireccionales.

Resulta poco presentable tratar de linchar desde el mayor de los oportunismos a un dirigente político por las declaraciones desairadas de una exconsejera con la que compartió en su momento Gobierno y que parece haber tragado amargamente una destitución que se produjo hace más de cuatro años. A sus acusaciones, sin más pruebas que su palabra, pese a que hacía referencia a reuniones colectivas, se sumaron entusiastas los tertulianos de la SER, no por un gesto de solidaridad con la presunta víctima, nada de eso, olvídense, sino porque la línea editorial obliga a atacar al líder de NC por tierra, mar y aire, como antes lo hicieron sin miramientos con el de Izquierda Unida en Tenerife. Con los que resultan molestos a Coalición Canaria, vamos. Es así y seguirá siendo así. No cambiarán.

Normas de obligado cumplimiento de la casa. Lo digo, aunque me arriesgo también a una dosis de linchamiento, en lo que son expertos y expertas, pero muy consciente de lo que señalo. Por cierto, de feminismo no me dan ni una sola lección ninguno de los que estaban en la tertulia. Ninguno.

Monumental resaca 

Pero el colmo del inmoral dislate se alcanzó en la segunda jornada. Al día siguiente. En la (monumental) y periodística resaca. En una especie de editorial, se lamentan afligídamente de que el movimiento feminista canario no haya reaccionado en masa, pese a las insistentes peticiones de la SER, solicitando el fusilamiento en plaza pública del dirigente canarista. Lo que confirma, según la emisora, lo perversas y flojitas que son las feministas, a quienes no duda en calificar, manda soberbia, de “presuntas”; el carné de feminista lo deben repartir, sellado y firmado, en la sede de la emisora. Aunque podía confirmar, tal vez, lo manipuladores y sectarios que son ellos y ellas; y, asimismo, que, afortunadamente, no todo el mundo está dispuesto a rendirles pleitesía, a pesar de los evidentes riesgos que supone no hacerlo por su omnímodo poder mediático, que podía ser otra lectura. Sé que mucha gente, del mundo político, universitario o cultural, coincide en gran parte de lo que digo y calla por temor a las posibles represalias.

Concluyo, al menos de momento. Ser miserables sale muy barato en estos tiempos. Aunque, en ocasiones, se roce no solo la mayor de las vilezas, sino también el más completo de los ridículos. Los conozco bien. No tienen límite.

Ninguno de los dos partidos del ámbito de obediencia canaria que concurrieron a las recientes elecciones europeas puede tirar voladores por sus resultados. Conjuntamente se les marcharon a otras formaciones o a la abstención casi 130.000 de los electores que tuvieron en 2019. En aquellos comicios, la que hoy es Nueva Canarias-Bloque Canarista concurrió en una plancha denominada Compromiso por Europa, ahora lo hizo con Sumar (que forman entre otros el Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más País, Compromís, Catalunya en Comú o Chunta Aragonesista). En las dos ocasiones, Coalición Canaria integró la lista de CEUS (Compromiso por una Europa Solidaria), liderada por el PNV; esta vez, con Carlos Alonso, expresidente del Cabildo de Tenerife, como número dos. En el otro eje, izquierda/derecha, se produce un claro avance del conservadurismo.

Advertencia (necesaria) previa. CC y NC pierden mucho fuelle cuando se alejan de los comicios locales y autonómicos. En los de mayo de 2023, CC superó el 22% de los sufragios al Parlamento de Canarias y NC el 8%. En las elecciones generales, el 23J, muy pocos meses después, CC reducía sus apoyos al 11,28%, once puntos menos, y NC sacaba poco más de la mitad que en mayo (4,48%). Es algo que se repite sistemáticamente y que debiera hacer reflexionar a ambos partidos sobre una evidente debilidad que dificulta su proyección más allá de las instituciones canarias. 

Esto sucede también en las elecciones al Parlamento Europeo. Circunstancia que se atenúa cuando estas coinciden con las locales y autonómicas. Lo que incrementa la participación en las urnas y, también, suele mejorar los datos de las formaciones locales integradas en distintas planchas estatales, como ocurrió en 2019, especialmente en beneficio de CC. En esos comicios europeos, la participación en las Islas superó el 51%, es decir diez puntos más que el pasado domingo. O, si lo prefieren, el 9 de junio votaron en nuestro archipiélago unos 680.000 canarios y canarias, 225.000 menos que los que lo hicieron hace cinco años. Una diferencia, como se puede observar, bastante notable.

Por cierto, el mejor resultado histórico de CC se produjo, antes de la ruptura y la creación de NC, en las europeas de junio de 1999, que coincidieron con las autonómicas y locales. Ese día fue primera fuerza en Canarias (dentro de Coalición Europea), con el 33,78% de los sufragios y el apoyo de 276.186 electores, apenas 30.000 votos menos que los que obtuvo al Parlamento de Canarias. Por detrás se situaron en aquellas europeas PP (33,94%), PSOE (24,92%) e IU (2,94%).

CC, del 20,79% al 10,07%

La principal fuerza del espacio de obediencia canaria, la gobernante CC, pierde 11 puntos porcentuales y reduce sus apoyos en 118.220 papeletas, quedando en 68.152 votos. Es decir, pierde casi dos tercios de sufragios en las urnas, con exactitud el 63,43%. Si en 2019 fue la segunda fuerza más votada, detrás del PSOE, en esta ocasión baja a la cuarta plaza, con PSOE, PP y Vox por delante.

CC-CEUS es uno de los partidos/coaliciones que más retrocedió en el Archipiélago este 9J, solo superado en este negativo ranking por Unidas Podemos, que lo hace sacando solo un 25% de sus votos de la convocatoria anterior, y, sobre todo, Ciudadanos, que apenas retiene al 4%.

Eso sí, le gana en Gran Canaria a NC-Sumar. Lo que no es novedad, ya sucedió en las europeas de 2019. Aunque poco tiene que ver con lo que ocurrió entonces, en que CC-CEUS sacó en la isla 45.398 votos frente a la candidatura de NC-Compromiso por Europa, que logró 32.960, una distancia de casi 12.500 papeletas que la lista en la que figuraba su candidata Lorena López redujo el pasado domingo a 1.592.

CC sufre un retroceso espectacular en la isla de Lanzarote, a pesar de que en su papeleta figuraba el presidente del Cabildo Insular, Oswaldo Betancort, pasando de 13.639 sufragios a 3.425, es decir, una pérdida del 74,9% del apoyo de los anteriores comicios. Y, menor, en Fuerteventura, isla en la que reduce el 66% de los sufragios logrados hace cinco años.

En el conjunto de las islas occidentales, CC consigue unos datos algo mejores, tercera con el 13,80% y 45.933 papeletas; pero a distancia de 2019 cuando obtuvo el 26,35% y más de 118.000 votos. Pierde, por tanto, el 61% de los votos de entonces.

NC, del 4,27% al 4,01%

Tampoco le fueron mucho mejor las cosas a NC-bc en el marco de la coalición Sumar Canarias. Si en 2019 obtenía 38.295 sufragios (el 4,27%), estos se reducen ahora al 4,01% y 27.127 votos. El retroceso es, por tanto, de 0,26 puntos porcentuales y 11.168 papeletas. En definitiva, una pérdida del 29,16% de su electorado anterior. Repite, con otra fórmula, la sexta plaza de 2019.

Retrocede en Gran Canaria, aunque recorta significativamente sus distancias con CC en la isla respecto a 2019. Y eso que el 9J se produjeron bajadas espectaculares en algunos de los municipios donde gobierna: Gáldar (-40 puntos porcentuales, pasando de 6.544 a solo 393 papeletas), Agüimes (-25 p.p., de 4.483 a 750) o Guía (-23 p.p, de 2.303 a 181). Mientras que tuvo una leve subida en Las Palmas de Gran Canaria. Sus mejores resultados se producen en La Aldea (12,6%) y Santa Lucía (7,83%). En Lanzarote pasa del 1,66% al 4,38%. En Fuerteventura consigue el 4,54%, un punto más que en los comicios de 2019.

En las islas orientales, NC Sumar saca el 4,64% (15.943), por delante de Podemos (3,39% y 11.674). En las islas occidentales, la coalición en la que participó NC logra el 3,36% y 11.184, por detrás de Podemos (3,46% y 11.529).); cabe pensar que, en estas últimas, por su presencia, influye algo más en Sumar el voto de personas de IU.

Con relación al resto de formaciones que se reclaman del espacio de obediencia canaria, Drago Canarias no concurrió ni hizo llamamiento alguno en el proceso, mientras que Sí Se Puede animó a votar a las fuerzas de la izquierda transformadora, sin concretar sigla, considerando imprescindible “que el electorado se movilice para dificultar el avance de las derechas, porque están en juego tanto los derechos democráticos como los sociales”. Y otras pequeñas formaciones de carácter soberanista pidieron el voto nulo; con notable éxito: este, en vez de aumentar, se redujo respecto a 2019 en más de 3.800.

Caída de 162.000 votos en las izquierdas

Si en el eje obediencia canaria/estatalismo es bastante claro el retroceso del ámbito del nacionalismo y el canarismo, igual sucede con lo que respecta al espacio de las izquierdas con relación al de las derechas. PSOE, Sumar Canarias y Podemos aglutinaron en los comicios del pasado domingo 256.529 papeletas en las Islas. Frente a las 418.657 alcanzadas en las elecciones europeas de 2019. Es decir, 162.200 sufragios menos. O, dicho de otra forma, una pérdida global del 38,75% de los apoyos que obtuvieron hace cinco años en las urnas. La socialdemocracia pierde casi 81.000 papeletas, las fuerzas ubicadas a su izquierda una cantidad muy parecida.

Las derechas (PP, CC, Vox y el nuevo partido ultra de Alvise, SAF) obtienen más de 390.000 papeletas frente a las 426.013 de 2019. Por tanto, 36.000 votos menos que hace cinco años; pero unos 133.000 más que la suma de las izquierdas. Con el agravante de que la suma de la ultraderecha alcanza en las Islas el 18,31%, casi cuatro puntos más que la media estatal.

En el conjunto del Estado, el espacio PSOE-Sumar-Podemos logró el 38,11% de los votos el pasado 9 de junio. En nuestra Comunidad llegó al 37,93%, un dato muy similar, pero notablemente inferior, en casi diez puntos. al 47,32% de hace cinco años.

Eso sí, Canarias fue, junto a Cataluña y Navarra, de las pocas comunidades autónomas en las que triunfaron los socialistas, que lograron en las Islas el 30,49% de los sufragios; su izquierda, conjuntamente, el 7,44%, prácticamente la mitad del 14,68% que en 2019 aunaron las candidaturas de Unidas Podemos y Nueva Canarias-Compromiso por Europa. Malos tiempos para la lírica

En definitiva, en comparación con los datos que se produjeron en 2019 cabe afirmar que las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio dejan una Canarias más derechizada y con mayor peso en el electorado de las formaciones de carácter estatalista. 

Ahora bien, las transposiciones de sus datos a otro tipo de comicios suelen resultar un divertimento con muy escaso sustento, como se comprueba analizando los diferentes resultados que se han dado a lo largo del tiempo en locales, autonómicas, generales o europeas. Cada elección tiene sus propias claves y sus particulares condicionantes.

Un sondeo, el ElectoPanel para el digital Atlántico Hoy, muestra una aproximación a cómo podría quedar el Parlamento de Canarias en unas hipotéticas elecciones autonómicas. Ya sé que no hay una convocatoria cercana y la gente, si está pensando en qué votar es en las inmediatas elecciones europeas del domingo 9 de junio (veremos los porcentajes de participación hasta dónde llegan), comicios que funcionan en otras claves, con otras expectativas, con diferentes candidatos, coaliciones y alianzas.

El sondeo confirma que Canarias no es ajena al avance conservador que se ha venido produciendo en el conjunto del Estado y, aunque moderadamente, sube el apoyo a las fuerzas que integran el actual Gobierno CC-PP. Y, paralelamente, se debilita el bloque progresista. Sinceramente, me sorprende poco. Lo único positivo, en mi opinión, es el retroceso en votos y escaños de la extrema derecha; algo es algo.

El PSOE se mantiene a la baja, con más del 25%, tres puntos menos que en 2023, y de 23 escaños quedaría en 22, solo uno menos que hace un año. Nueva Canarias mantiene sus cinco actas, recuperando el escaño de la circunscripción autonómica, y los gomeros de Casimiro y los herreños de AHI repiten las que consiguieron en mayo de 2023, tres y una respectivamente.

Fragmentación y debilitamiento

Una de las enseñanzas del sondeo son las consecuencias de la fragmentación y debilitamiento de las formaciones canarias a la izquierda del PSOE en sus más plurales formulaciones. NC alcanza el 8,5%, Drago el 2,7%, Sumar el 1,5% y Podemos el 1%.

El dato es muy similar en el caso de NC al del 28 de mayo de 2023, apenas medio punto porcentual más, del 8% al 8,5%. Drago pasaría del 3,17% al 2,7%, disminuyendo sus sufragios. El desplome es total en Podemos, que pasaría del 3,92% al 1%; y Sumar, supongo que el sondeo recoge lo que hoy representa IU en el Archipiélago, se sitúa en el 1,5%. 

Es decir, el espacio que en 2023 integraban por separado Unidas Si Podemos y Drago, alcanzó entonces globalmente el 7,09%. Hoy estaría en el 5,2%. Seguiría muy lejos de lograr escaños. Y las bajadas de unos no suponen subidas en los otros. Ni tampoco repercuten significativamente en las otras dos fuerzas progresistas, PSOE y NC.

Cabe afirmar, al margen de todas las prudencias ante una encuesta realizada a casi tres años de las elecciones autonómicas, salvo más que improbable adelanto de las mismas, que estamos ante un panorama de cierta estabilidad, caracterizado por un fortalecimiento del gobierno conservador y ligero retroceso de las izquierdas. Las formaciones situadas a la izquierda del PSOE obtuvieron doce escaños en 2015, nueve en 2019 y cinco en 2023. No parece que la cosa vaya a mejorar. Menos aún, cuando puede haber igual o mayor fragmentación que en el pasado reciente.

20 de abril

Por cierto, la encuesta se realizó del 1 al 24 de mayo, después de las manifestaciones del 20A, que expresaron el rechazo de una parte de la sociedad canaria a un modelo turístico masificado y distorsionador de elementos tan esenciales como el acceso a la vivienda. Un movimiento muy importante, complejo, variado en sus componentes y en sus reivindicaciones, que nadie puede tratar de apropiarse y que solo ha dado sus primeros pasos en una carrera, la de la sostenibilidad y la equidad, de largo recorrido. 

Pero no se trata, en ningún caso, de una ‘primavera’ de amplísima base social que cuestiona el modelo político y económico y augura transformaciones profundas a corto y medio plazo; y, tampoco, un significativo nicho suministrador de votos para nadie en tiempos en que, seguramente, toque resistir. Las izquierdas canarias deben reflexionar sobre ello y sobre qué quieren ser (o no ser) en 2027; y actuar en consecuencia. Hay en ese ámbito en torno al 15% de los votos que, si se hacen bien las cosas, pueden ser muy relevantes e influyentes, o, si se multiplican las ofertas partidarias, resultar poco o nada determinantes.

Me preocupan mucho las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Sobre todo, por el más que seguro avance de la extrema derecha en las urnas y sus terribles consecuencias. Una ultraderecha que tiene una enorme capacidad de contagiar a la derecha de siempre, que termina aceptando sus postulados más reaccionarios, más incompatibles con los derechos humanos, más dañinos. En torno a la cohesión social, la inmigración y las políticas de asilo, los avances logrados por las mujeres, los derechos LGTBI o la lucha contra la Crisis Climática.

No sosiega precisamente observar las tenebrosas imágenes de los fascistas desfilando agresivamente por Milán como si el Duce todavía gobernara en Italia. O la reciente reunión ultra de Madrid. Ni que, según distintos sondeos, las extremas derechas aparezcan como triunfadoras de estas elecciones en numerosos estados europeos en medio de un general ascenso de la ideología ultra. Vimos hace bien poco su crecimiento en Cataluña, en este caso sobre todo por la eclosión de una formación xenófoba independentista que compite y comparte ideología con la muy españolista Vox. Europa parece que carece por completo de memoria, olvidando lo que los antecesores de esos partidos causaron hace menos de 90 años.

Tampoco anima mucho que se vaya perfilando un pacto entre el Partido Popular Europeo y formaciones como Vox, los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni o la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Ya lo anuncia Ursula von der Leyen, ya lo reclama Meloni, ya lo confirma Feijóo. Eso sí, a la derecha tradicional les parecen estupendos socios los herederos de Mussolini (los Hermanos de Italia de Meloni) y aún les resulta difícil tragar con los sucesores de Hitler, la neonazi Alternativa por Alemania; cuestión de tiempo, todo se andará.

En las derechas europeas se viene cocinando el giro a las posiciones más ultraconservadoras, con graves consecuencias para las libertades y para los derechos alcanzados por las mujeres o por el colectivo LGTBI, pero también para el cuidado del planeta.

Izquierdas

Me intranquilizan, también, las divisiones de las fuerzas progresistas. Una especie de repetición permanente de algunas escenas de La Vida de Brian. Menos mal que, en el caso del Estado español, Izquierda Unida puso sensatez y no aceptó las tesis internas de quienes pedían formar una candidatura propia en esos comicios de junio como respuesta a lo que consideraban como mala ubicación en la plancha de Sumar. La frustrante experiencia de los comicios autonómicos celebrados en Galicia y en Euskadi debería servir como acicate para lograr los máximos niveles de unidad posibles. 

En Canarias sí se ha dado un interesante proceso de unidad electoral entre organizaciones que han puesto en un segundo plano sus diferencias, poniendo por delante lo mucho que les une y la necesidad de hacer frente al tsunami ultraderechista. Parece que al menos algunos actores de la izquierda, con responsabilidad, entienden la trascendencia del actual momento político. Para otros, la capacidad de fragmentar e imposibilitar entendimientos forma parte de su ADN, pleno de verdades absolutas e inmutables. 

Aunque nos pueda parecer muy lejano el Parlamento Europeo, sus decisiones nos afectan muy directamente. Y una contra revolución política e ideológica como la que está en marcha supondrá, otra vez, recortes en los servicios públicos y un profundo retroceso en el estado social; y, por el negacionismo de la ultraderecha, reducir la agenda climática a mero simbolismo sin efectos prácticos para salvar a este planeta tan castigado por el ser humano, por un modelo económico profundamente depredador. 

Achicar espacio

Afortunadamente en estas elecciones del 9J hay varias formaciones y coaliciones de izquierdas con posibilidades de alcanzar representación en Europa y de tratar de achicar espacio a la derecha y a la ultraderecha. Mejorables, sin duda. Con contradicciones, claro. La perfección absoluta, sin fisuras, solo la suelen creer tener los totalitarios.

Por lo señalado, en estos momentos todos los votos progresistas resultan imprescindibles; apoyando a la candidatura que cada uno considere la más adecuada. Opciones hay. No están los tiempos para frivolidades de ningún tipo. Mucho mejor sumar que dividir, restar o quedarse irresponsablemente en casa teorizando sobre presentes o futuras primaveras mientras la extrema derecha se encuentra completamente movilizada. Para multiplicarse, ocupando todos los espacios, e imponernos su más crudo e inhumano invierno. 

¿Tienen en su memoria el más reciente linchamiento a Mónica Oltra, que le hizo abandonar la política en medio de acusaciones terribles programadas y amplificadas por medios y periodistas ultra? 

¿Recuerdan, aquí en Canarias, el intento de eliminar de la actividad política a Victoria Rosell, que dejó su escaño en el Congreso por una denuncia que le interpuso el exministro Soria, posteriormente archivada?

Y más atrás en el tiempo, ¿se acuerdan de los imputados en el caso ICFEM condenados mediáticamente durante casi quince años de portadas periodísticas?

¿Y del padecimiento sufrido por el urbanista Carmelo Padrón en un proceso que duró más de diez años?

Todos tienen en común que fueron finalmente declarados inocentes o sus casos archivados, tras joderles suficientemente la vida.

Hay unos cuantos casos más en las Islas en las que tras centenares de portadas y páginas interiores acusatorias, de horas en radio y televisión señalados como algo más que presuntos culpables, tras quedar completamente exonerados merecieron, qué suerte, un rincón en la página 30, por debajo y a una columna, y 15 segundos en medio de los informativos; o ni eso. Y, también, linchamientos mediáticos sin proceso judicial alguno.

Evocándolo me parece todo completamente inadmisible. No vale enfangar, difamar y linchar para obtener un objetivo político, para alcanzar una ventaja electoral. Lo haga quien lo haga, derechas o izquierdas. 

Ideas

La actividad política debe ser otra cosa. Defensa apasionada y respetuosa de ideas y proyectos. Y contraste de estas con los otros y las otras que plantean propuestas diferentes. Y que las urnas sean las que decidan. Lo otro, el estercolero, la bronca constante, solo alimenta la anti política y, en consecuencia, abre puertas al autoritarismo y a los líderes mesiánicos. 

Lo que hoy existe, esa agresividad y crispación permanente, ese imperio del insulto y de la cloaca, esa incapacidad para defenderse de quienes saben que no han cometido irregularidad alguna… hace que muchas personas rechacen incorporarse a los partidos o a las instituciones, sabedores del enorme coste personal y familiar que puede representarles. 

Vistos, además, los numerosos precedentes de los últimos años: operación Cataluña, informe PISA contra Podemos -igual que el caso Neurona o el muy imaginativo y chiripitifláutico caso niñera-, reiteración permanente de que este es un Gobierno ilegítimo, deshumanización del adversario político… es para sentirse profundamente preocupados.

Más tarde, años después, todo puede quedar en la definitiva absolución de los imputados, pero el trabajo de demolición y escarnio está hecho: el inmenso daño personal causado. Y, también, la paralela desarticulación de gobiernos progresistas, como sucedió en el caso del Botànic en la Comunidad de Valencia. O en Portugal, con el Gobierno socialista de Antonio Costa.

No cuesta mucho darse cuenta de que hay una alianza entre la extrema derecha y cercanías con una infantería mediática sin escrúpulos y algunos jueces dispuestos a todo. 

Trumpismo

Nos encontramos inmersos en un marco, como destacaba Bernardo Bayona, en el que cada vez “resulta más difícil distinguir entre la información y las fake news o noticias falsas y falsificaciones, que son difundidas principalmente en las redes sociales con el fin deliberado de desinformar, desenfocar la atención, excitar las emociones y polarizar la sociedad”.

La derecha trumpista en sus variadas versiones no tiene límites ni freno, como vimos con Jair Bolsonaro o el propio Donald Trump en sus respectivas resistencias a aceptar el resultado de las elecciones, bordeando el golpe de estado. Creen que el poder les pertenece en exclusiva y consideran usurpadores (así consideran muchos a Pedro Sánchez) a sus adversarios cuando llegan al Gobierno. 

Como bien dice Santiago Alba Rico, se trata de tomar conciencia “del lugar irrespirable en el que vivimos desde hace tiempo: un lugar en el que derrocar a un presidente legítimo mediante bulos venenosos, acosos mediáticos, insultos bellacos y amaños judiciales es el plan de algunos partidos y el deseo, por desgracia, de muchos ciudadanos”. 

Más allá de lo correcto o no de la decisión de Sánchez, de su mayor o menor personalismo, de su tendencia a las jugadas arriesgadas, resulta imprescindible debatir y poner en primer plano estos asuntos. Y rechazar, con la mayor firmeza democrática, una forma de hacer política basada en el odio, la difamación y el linchamiento que nos lleva indefectiblemente al abismo.

Algo se mueve en una línea muy peligrosa. Y no, no vale mirar para otro lado.

Desde mi pleno apoyo a una Canarias sostenible, equilibrada, autocentrada, con mayor equidad social, con plena decisión sobre su destino, estas son, de forma resumida, mis opiniones sobre la movilización del 20 de Abril:

Jóvenes, pero no solo

Mayoría desarrollista en el Parlamento

Ni sencillo ni inmediato

Es altamente probable que la última mujer asesinada en el Estado español por el hombre que era su pareja o expareja escuchara, entre otros insultos, y de forma destacada, el de ¡Zorra!, como el título de la eurovisiva canción. Es también altamente probable que le ocurra a las próximas, a las víctimas de la violencia de género de este año y a las del 2025, del 2030 o del 2042. Los crímenes machistas nos acompañarán mucho tiempo. Los execrables insultos, a las víctimas mortales y a otras mujeres maltratadas que afortunadamente salvan la vida, también.

Puedo equivocarme, pero mucho me temo que no hay canción, festivalera o no, que cambie o resignifique la despectiva palabra. Como no se resignificará el ¡Mono! que los racistas utilizan contra futbolistas de piel negra por muchas canciones que lo pretendieran. O el ¡Moro/a¡, que en los más diversos ámbitos se emplea despectivamente en referencia a marroquíes, mauritanos o saharauis. Zorra, mono o mora seguirán significando lo mismo y seguirán constituyendo una indisimulada agresión, machista la primera, racista las otras dos. Igual lo próximo es intentar resignificar puta o feminazi, que también son de uso común entre los machistas más vomitivos. Todo es posible.

Por supuesto que es legítimo que haya gente a la que le guste la afamada canción y que la considere casi un himno feminista. Tanto como que a otros y a otras, por contra, no nos lo parezca, además de resultarnos profundamente hortera. Una división que observo entre familiares y amigas. Cuestión de plurales puntos de vista o de no menos variados musicales gustos.

Eurovisión

Se trata, además, del tema musical elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión. El mismo evento que ha dado sonados triunfos a Israel en el pasado al margen de su actitud de estado criminal contra los hombres y mujeres de Palestina. Como el de Dana Internacional, que ganó en 1998, belicista cantante que aplaude de forma entusiasta la barbarie de su país en la zona. Estoy seguro de que, de presentarse, la volverían a votar.

Parece que a los eurofans no les importa la cruel realidad. Deben tener una musical coraza que les permite una nula sensibilidad ante el sufrimiento permanente de millones de personas, en buena parte niños y niñas, como los más de diez mil menores asesinados en los últimos meses por el potente y despiadado ejército israelí.

El Festival de Eurovisión debió expulsar a Israel, como hizo con Rusia en 2022 por su rechazable invasión de Ucrania. Sin embargo, utiliza dos curiosas varas de medir, las mismas, por cierto, que se usan en el ámbito del deporte: exclusión rusa, alfombra para Israel. Como si los muertos, heridos y desplazados en uno y otro caso, en Ucrania y en Gaza, tuvieran distinto valor; y sus verdugos merecieran castigo de exclusión en el primer caso, musical o deportivo aplauso en el segundo.

Evento apolítico

El respeto a los derechos humanos, el rechazo a los espantosos crímenes que hemos visto estos meses, la solidaridad con las víctimas y la reivindicación de un mundo más justo exigirían la fulminante expulsión de Israel del concurso. Y dado que la organización permite que participe asegurando que el certamen es “un evento apolítico” (¿se puede ser más cínico?), lo más justo y ético sería un boicot al festival que, lamentablemente, no se va a producir. 

Sigan cantando.

Si en esos comicios generales se consiguió poner freno al gobierno PP-Vox que vaticinaban la mayoría de las encuestas fue gracias a varios hechos. Entre ellos, la motivación extra para acudir a las urnas de muchas personas progresistas ante el avance ultra en distintas nacionalidades y regiones, los errores flagrantes de Feijóo en la última semana de campaña o la importancia de las formaciones territoriales frente a quienes quieren acabar con las autonomías y devolvernos al centralismo franquista, los que desprecian la rica diversidad del Estado español y practican el nacionalismo español más rancio, radical y obtuso.

Voto femenino

Y, también, eso destacan varias investigaciones postelectorales, la movilización del voto femenino frente a quienes ya estaban restringiendo, en comunidades y en corporaciones locales, los avances tan duramente conquistados por las mujeres. Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y catedrático en la Universidad de Gotemburgo, en un artículo publicado a principios de agosto en El País, destaca que “entre las mujeres el voto a los partidos de izquierda ha superado a los de la derecha en más de 1,1 millones”. Asegurando que, si en España solo votaran los hombres, “el 23J la derecha hubiese sacado mayoría absoluta” y que, por el contrario, habría una cómoda mayoría progresista si solo votaran las mujeres.

Parece imposible, aunque pueda gustarle mucho a Felipe González, Alfonso Guerra o José Luis Corcuera, la gran coalición entre PSOE y PP, como sucedió en varias legislaturas en Alemania entre democristianos y socialdemócratas en los años 60 del pasado siglo y, más recientemente, ya en este siglo XXI, en gobiernos presididos por Ángela Merkel. Tan imposible como que Guerra deje de ser un deslenguado y un machista.

Las opciones parecen reducirse a un gobierno progresista liderado por Sánchez, con apoyo de las izquierdas agrupadas hoy en Sumar y de las formaciones nacionalistas, o a un gobierno profundamente conservador de Feijóo, con la presencia en él o no del ultranacionalismo español más beligerante, pero, en cualquier caso, con su imprescindible apoyo.

Y ello no es baladí para el canarismo. No cabe equidistancia alguna. Por un lado, están los que, con aciertos y algunos errores de calado, reconocidos o no, como vimos en la pasada legislatura, sacaron adelante leyes a favor de los más vulnerables, incrementaron de manera significativa el salario mínimo o las pensiones, defendieron los avances de las mujeres -aunque, por distintas razones, se visualiza una fractura más que evidente en el movimiento feminista-- o se encuentran comprometidos en la lucha contra la Crisis Climática. A pesar de que mantengan, también se pudo comprobar en varias ocasiones, algunos tics centralistas.

Destrucción del planeta

Por otro, lo estamos viendo allá donde gobiernan, los que destilan misoginia, homofobia y racismo. Los que suprimen departamentos de igualdad y crean direcciones generales taurinas. Los que no sienten la menor preocupación por el cambio climático y la acelerada destrucción del planeta. Los que alimentan los bulos que acrecientan el odio hacia las personas migrantes. Los que recuperan la censura frente a las creaciones culturales. Y, además, los que apuestan por acabar con lo que recoge el título VIII de la Constitución con relación al autogobierno, desde el más visceral centralismo. Es decir, Vox gracias al PP. O, para ser más preciso, el PP haciendo seguidismo de las descabelladas propuestas de Vox.

Resulta imposible para un partido nacionalista o simplemente autonomista nivel general básico colocar en el mismo plano a Sumar (o antes a Podemos) y a Vox; salvo que su nacionalismo sea una etiqueta completamente vacía. No son lo mismo los que defienden derechos cívicos, aunque se puedan mantener legítimas diferencias de forma y de fondo, que los que los niegan o los destruyen, sembrando la crispación y el odio. Y equipararlos no solo es políticamente impresentable sino intelectualmente insostenible.

Otra cosa es que, gobierne quien gobierne, Canarias tenga siempre que defender sus especificidades frente a las habituales incomprensiones y olvidos centralistas. Tengo pocas dudas de que lo tendrá que seguir haciendo.

Como albergo muy pocas dudas de que los avances en el Estado español tienen que darse en el ámbito social y en los derechos que sigan profundizando en la mejora de la vida de la gente, pero no solo. Al tiempo resulta imprescindible el reconocimiento de su carácter plurinacional. Una combinación, derechos sociales y derechos nacionales, que, como sucedió en las urnas el 23J o, posteriormente, en la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados, achica espacio a la extrema derecha y a sus cómplices.

Desde entonces han sucedido muchas circunstancias en una etapa en la que CC ha gobernado hasta 2019 y en la que se han producido unos relevantes cambios demográficos, con un crecimiento poblacional del 30,8% entre 2000 y 2020, pasando de 1.716.276 habitantes a 2.244.480, frente al 16,9% estatal o al 4,3% del País Vasco. Fundamentado en movimientos migratorios hacia Canarias desde el Estado español y desde distintos países de la Unión Europea, especialmente Italia, la comunidad hoy más numerosa con más de 51.000 residentes en las Islas, por delante de Reino Unido (26.590) y Alemania (25.260); así como por la relevante presencia de venezolanos (20.624) marroquíes (16.942) o colombianos, que superan los 16.000.

Según el Sociobarómetro, son muy pocos los que hoy se identifican con el otro eje. Más español que canario se siente un 5,2% y solo español apenas llega al 3%. Aunque sí lo hacen en mayor proporción los votantes de los partidos conservadores estatalistas: el 22% de los votantes del PP se siente más español que canario o solo español, en Ciudadanos es el 25,8% y en Vox asciende hasta alcanzar el 50,7%.

La otra gran característica es la compatibilidad de identidades. Más de la mitad de los encuestados se siente canario y español por igual. Incluso entre los votantes de los partidos nacionalistas se repite este comportamiento. El 53,6% de los que dicen haber votado a CC así lo reconocen; y, en el caso de NC, el porcentaje es del 49,1%.

Evidentemente, en los votantes de esas formaciones es mayor el peso del eje identitario canario. Un 42,4% de los de CC se siente solo canario o más canario que español, mientras que en NC se sitúa en 44,1%, en ambos casos superando claramente a la media canaria (36,1%); aunque también lo hacen, en menor medida, los de UP (37,7%) ASG (37,5%) y el PSOE (37%).

Islas

Por islas los mayores porcentajes identitarios canarios aparecen en La Gomera (43,7%), Lanzarote (38,9%) y Gran Canaria (36,5%). Donde menos, en Fuerteventura (34,6%), isla donde un 8,6% se sitúa en el eje españolista; y, además, un 2% no se considera ni español ni canario y un 7,6% no sabe/no contesta, frente al 0,4% y 1,7% de estas respuestas en la media canaria. 

Por otra parte, se pueden observar diferencias notables en función de las franjas de edad, con una mayor presencia del eje identitario solo canario o más canario que español entre las más jóvenes. Así, frente a la media del 36,1%, este porcentaje se eleva al 49,2% entre los de 18-24 años y al 44,9% entre los de 25-34. Los valores más bajos se producen ente los de 45-54 (30,3%) y 65 y más (31%), claramente inferiores a la media canaria.

Viendo el comportamiento por edades del eje identitario canario, el todavía elevado porcentaje de este en el global de la población y la alta compatibilidad de identidades, el panorama parece que sigue presentando altas perspectivas para las formaciones políticas que integran el ámbito canarista. Un espacio político autónomo, sin dependencia de formaciones estatalistas; que aspira a que esta tierra alcance los máximos niveles de autogobierno y a ganar en soberanías políticas, económicas, energéticas o alimentarias, en un marco de superación de las desigualdades y de defensa de nuestra identidad como pueblo. Feminista y comprometido con el territorio y el medio ambiente.

Retroceso espacio canarista

Otra cosa es que estas expectativas sociológicas favorables no se vean reflejadas hoy en el espacio electoral. Con toda la prudencia del mundo -no hay inmediata convocatoria a las urnas, ni candidaturas ni cabezas de listas, ni ambiente electoral- tengo la impresión de que las circunstancias no parecen demasiado propicias. Con el mantenimiento de NC, que en el mejor de los casos incrementaría un acta de las cinco que sacó en 2019, pasando a seis escaños. Y el retroceso de CC que, en la mirada más optimista, se colocaría cuatro por debajo de los 20 que tiene actualmente. El porcentaje de ese espacio podría quedar en torno al 28%, inferior al 32,3% de los comicios de mayo de hace dos años. Y con menor número de diputados y diputadas en la Cámara canaria que los obtenidos en los últimos comicios. Desde el canarismo, lo menos que cabe es sentir una profunda preocupación. No reconocer la complicada realidad, mirar para otro lado, solo puede servir para que las cosas empeoren aún más.

Como se ha demostrado en esta ocasión, no les importa lo más mínimo el presente y el futuro de este bello deporte, sus jugadores y su afición. Solo y exclusivamente sus particulares beneficios, su poder. Montando una especie de club exclusivo y semi cerrado que pretende tener quince fundadores -en principio ingleses, españoles e italianos, doce en total, en espera de lo que hagan finalmente alemanes (dos) y franceses (uno)- y otros cinco invitados en función de sus resultados en las distintas ligas estatales.

Lo hacen impulsados por la captura y el reparto de un inmenso botín, de una millonaria tarta económica. Y, por ella, por su codicia, quieren borrar del mapa futbolero a la Champions League y convertir en subsidiarias a la Premier, la Liga, el Calcio, la Bundesliga, la Ligue 1 y las distintas competiciones de los diferentes estados o naciones, cuyos ganadores tendrán escasas posibilidades de estar en los altares del fútbol europeo.

Invitados

Significa reducir la más alta competición europea de fútbol a una serie muy limitada de clubes, que en principio integraban Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan e Inter de Milán. A los que se podrían sumar Bayern Múnich, Borussia de Dortmund y Paris Saint Germain. A lo que se sumarían otros cinco invitados no estables, se supone que por méritos deportivos. Pero ya han dicho adiós los seis clubes británicos y el Milan. La sopladera parece que está picada.

El proyecto intenta excluir a numerosos equipos con ilusiones y que han alcanzado notables resultados en las últimas ediciones (Ajax, Leipzig, Porto, Atalanta, Sevilla, Roma…), algunos como el equipo neerlandés ofreciendo hace unos pocos años un fútbol brillante, de los que enamora. Se elimina cualquier posibilidad de sorpresa, de equipo revelación de la temporada, aunque es cierto que ya el estatus actual, con enormes diferencias económicas y de capacidad de confeccionar las plantillas y de realizar millonarios fichajes, supone una enorme criba en favor de un pequeño grupo de privilegiados. Hoy resultaría prácticamente imposible el tercer y segundo puesto de la UD Las Palmas, con un equipo de cantera, en los finales de los años sesenta del pasado siglo.

Exclusión estatal

Y, además de todo lo anterior, con la propuesta selectiva actual se produce una verdadera exclusión estatal, así como de las distintas nacionalidades y regiones; solo muy pocos estados europeos formarían parte de la Superliga, en el mejor de los casos diez, siempre que los cinco invitados fueran de cinco ligas diferentes.

Para Alejandro Viuda-Serrano (miembro del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Camilo José Cela) el fútbol es “un excelente laboratorio de análisis de los procesos globales que se dan en nuestras sociedades”. Señala en Fútbol e identidad europea, el deporte como generador de identidad supranacional, que “el deporte como generador de identidad grupal no tiene parangón en ninguna otra actividad social. Existen elementos de europeización en el fútbol que pueden llegar a ser en un futuro próximo herramientas de cohesión europea a niveles externos al deportivo (Liga de Campeones UEFA, Balón de Oro)”. Asegurando, asimismo, que las autoridades europeas “son conscientes de ello. Será muy interesante observar en los próximos años la evolución de esta consciencia y la instrumentalización del deporte que se derive de ella”.

De confirmarse el nacimiento de la Superliga, algunos de esos elementos unificadores europeos que señala Viuda-Serrano se podrían ir por completo al traste. Lo que no han conseguido Matteo Salvini, Vicktor Orbán, Geert Wilders o Marine Le Pen con su populismo ultraderechista y euroescéptico lo habrían logrado, chequera mediante por medio, Florentino Pérez, Joel Glazer, Andrea Agnelli y cía. Pero el asunto se les está complicando.

El progresivo desinfle de la propuesta de Superliga europea me hizo recordar otras aventuras florentinas que no tuvieron buen fin. Me refiero, en concreto, a la Operación Roca, un intento de aglutinar a la derecha liberal española frente al PSOE de Felipe González en la primera mitad de los años ochenta, Y en la que, junto a Miquel Roca y Antonio Garrigues Walker, aparecía Florentino Pérez, que ya en abril de 1979, en las primeras elecciones municipales democráticas tras la dictadura, había conseguido plaza de concejal en el Ayuntamiento de Madrid en las filas de la UCD. A pesar de una fuerte inyección económica y los relevantes apoyos empresariales y mediáticos recibidos, el resultado fue un fiasco. Aspiraban a sacar 5 millones de votos y se quedaron en 200.000 papeletas y cero escaños.

Tal vez sea hora ya de que los hombres y las mujeres que siguen y aman el fútbol den la espalda a estos procesos en los que unos pocos privilegiados se quedan con lo que es de todos y todas. La reacción ha sido muy interesante, pese a la obediencia de algunos medios de comunicación y periodistas a las consignas de Florentino Pérez. Pero, en mi opinión, debería extenderse a otras situaciones, como el mundial de fútbol que se va a celebrar el próximo año en estadios manchados por la sangre de miles de trabajadores fallecidos durante su construcción. Más de 6.500 han sucumbido a consecuencia de las pésimas condiciones laborales. Lo que resulta tan inmoral como escandaloso.