Eternamente romantizado por el inicio de la primavera, marzo puede parecerte sin embargo un mes de mierda si un mes de marzo ves marchar a personas que amas. Es mi caso. Así que, según se iba acercando el final de este marzo del 26, iba pensando, buff, parece que esta vez se irá sin llevarse a nadie. Me equivoqué. El jueves, día 25 de otro maldito mes de marzo, un mensaje de whatsapp cayó como un obús en el móvil. “Ha muerto Dania Dévora”. Muchos, entre los que me incluyo, quedamos en shock. “De vez en cuando la vida te da con una piedra en la cabeza”, que diría Steve Jobs. Y eso fue exactamente lo que pasó.

Odio, y disculpen la primera persona del singular, escribir textos sobre personas que han muerto. Básicamente porque en el periodismo escribir obituarios consiste muchas veces en un gran ejercicio de hipocresía. Pero también porque, si no hay falsedad, la mayoría de las veces es imposible retratar con palabras la tristeza. Así que me pensé muy mucho si debía escribir sobre la marcha de Dania. La respuesta al final fue sí.

Conocí su generosidad, sus risas, su amor incondicional por su trabajo y por la gente, su devoción por la música, mucho, muchísimo antes de que el nombre de Dania se incrustara en la cabeza de decenas de miles de personas por traer el Womad a Las Palmas de Gran Canaria. Concretamente once años antes, cuando ella ya tenía una empresa dedicada a la promoción de la música y yo era una novata total empeñada en hacer programas de radio sobre músicas alternativas. Empeño a cuya ejecución ella contribuyó con paciencia franciscana, generosidad infinita y un amor que diría casi maternal sin hasta entonces conocerme absolutamente de nada.

Ha llovido mucho desde entonces y durante años se acumularon mil anécdotas. La mayoría profesionales, pero también muchas personales, porque Dania siempre estaba ahí, siempre, siempre, siempre, que diría Robe, aunque tú ni lo imaginaras. Cuidando a mucha gente desde la distancia. Incluso aunque esa misma gente no llegara nunca a saberlo. Y ahí lo dejo. Y justo eso es lo que hacía de ella un ser humano cuya belleza estaba a años luz de muchos de nosotros y desde luego mucho más allá del Womad, del Soul Festival, del Juan Tenorio de Vegueta o de cualquier otra proeza organizativa.

Nunca compartí con ella todos los criterios profesionales sobre esto o aquello. Lo cual habría sido, amén de falso, aburridísimo. Pero he de decir que nunca le agradecí lo suficiente el empeño que puso por ejemplo para apoyar desde el Womad el Proyecto Alí que nació en Gran Canaria para ayudar en 2003 a los niños de Irak mutilados por la guerra. El cuidado nuevamente casi maternal con que protegió en el terreno personal a gente de su entorno si tropezaban con las maldades de la vida. El sentido del humor con el que sacaba una carcajada de las situaciones más insólitas o directamente surrealistas. Y sobre todo su amor infinito por la música. La música que hizo brillar en muchos lugares, que encandiló a tanta gente y que sonó también en su despedida.

La vida, qué razón tenías Steve Jobs, nos da con su marcha un ladrillazo en la cabeza. Pero siempre nos quedará como recuerdo y consuelo, por ejemplo, el sonido del blues en una playa bajo la luna llena.

Te queremos, Dania.

Con todo mi afecto para su hijo Sergio Miró, su familia y toda la gente de DD Company.

En la práctica, el plan canario hubiese supuesto abrir la puerta de la calle de golpe a la mitad de la población canaria, esto es, a más de un millón de personas en un solo día. Y al otro millón al día siguiente. Mucho se esforzó el presidente canario, Ángel Víctor Torres, por subrayar el viernes, en su presentación, que el programa canario carecía de plazos concretos. Pero en simultáneo, varios de los expertos que asesoran al Gobierno regional señalaban una fecha, el lunes 27 de abril, como un momento factible para abrir de par en par las compuertas del confinamiento y dejar salir a hacer deporte, pasear o literalmente ir de compras o a la peluquería. Sin más limitación que la pretensión marciana de hacerlo a días pares o impares según el número de la calle donde habitara el ciudadano. Y lo que es aún peor, sin establecer con meridiana claridad qué protocolos de seguridad o limitación de aforos debían cumplir los establecimientos abiertos, de los que solo resultaban excluidos los centros comerciales. El “no” de Madrid no tardó ni dos horas en filtrarse. Como tampoco tardó la soberbia en teñir las reacciones de algunos de los expertos canarios. Pero vayamos por partes.

Ángel Víctor Torres lleva menos de un año presidiendo Canarias. En ese tiempo le ha caído literalmente de todo: desde la crisis de Thomas Cook a los gravísimos incendios de Gran Canaria, pasando por la crisis aeroportuaria que desató el último episodio de calima africana en las Islas. A muchos les sorprendió desde el principio el temple con que, aunque era presidente novato, reaccionó siempre ante estos golpes de fatalidad. Claro que todo aquello no era sino el preludio del verdadero drama que llegaría muy poco después: ese coronavirus que se ha llevado por delante más de 24.275 vidas en España, 134 de ellas en Canarias, y ha derribado las estructuras del primer soporte del PIB insular, el turismo.

Con estos antecedentes, el viernes resultó políticamente inexplicable que Torres accediera a comparecer junto al portavoz del comité de expertos, Lluis Serra Majem, para presentar un plan que no solo no tenía el visto bueno de Madrid, sino que además presentaba clamorosas lagunas en términos de seguridad procedimental. Lo que se agravó aún más con la ligereza con que algunos de los propios expertos daban por buena la eventualidad de ponerlo en marcha el lunes siguiente, esto es, menos de 48 horas después.

Pero en política, todo lo que puede empeorar, empeora sin remedio. Menos de dos horas después, el presidente canario quedaba expuesto y desnudo ante un imprevisto y surrealista fuego amigo. Para empezar, ante las críticas del propio Serra Majem al Gobierno de Madrid y su ya archiconocido “ni viven ni dejan vivir”, dirigido sin citarlo a Pedro Sánchez y la máxima autoridad sanitaria del país. Y pocas horas después, ante los disparos nada casuales de su propio socio de gobierno, Nueva Canarias, que quiso interpretar el episodio como un inadmisible atropello colonial al Archipiélago. Pedro Sánchez, ese godo… Acabáramos.

El presidente Sánchez despejó este martes el suspense sobre la posición de Canarias en su plan nacional de vuelta a la nueva normalidad, que sitúa a todas las islas, a excepción de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, en la misma senda de desconfinamiento que el resto del país. Sánchez dejó muy clara la razón, que es tan evidente como dramática: “El virus sigue ahí y sigue matando”. Y enfatizó lo igualmente evidente: que frente a la letalidad del Covid, la impaciencia es la peor de las consejeras posible. Más aún, se podría añadir, cuando en Canarias uno de cada cuatro contagiados por el virus (2.200 personas en total) es profesional sanitario y Sanidad ni siquiera ha terminado el cribado de los test masivos al personal de los hospitales públicos.

Tras la comparecencia de Sánchez, Torres pareció hasta aliviado este martes. Y desde luego se cuidó muy mucho de dar por buena la teoría, alentada inmediatamente por Serra Majem y Nueva Canarias, de que el plan nacional está inspirado en el plan canario. Seguramente porque, amén de prudencia, tiene sentido del ridículo. ¿Se parecen el canario y el nacional? Sí, claro. Los dos se llaman plan y tienen cuatro fases y hablan de sectores económicos… Fin de la similitud. Pero el presidente canario tiene un problema. Y ese problema se llama lealtad institucional y pérdida de papeles en su entorno político y “experto” más inmediato.

Ante un virus que ha matado a 24.275 en España y a 134 en Canarias, es políticamente impresentable que Nueva Canarias abra una vía de agua y ponga en cuestión la confianza en el pacto cuando el Archipiélago se encuentra, con diferencia, en el peor momento de su historia democrática por la crisis sanitaria y el abismo económico que ésta abre. Pero lo es también el comportamiento del portavoz del comité de expertos, casualmente aplaudido por Nueva Canarias, su principal valedor para entrar en ese grupúsculo especial y jaleado también, oh, sorpresa, por el portavoz de Coalición Canaria.

Resulta inaudito que un experto colocado en un comité para asesorar al Gobierno en términos estrictamente científicos haya adquirido tal grado de protagonismo mediático e institucional, que casi parece un miembro del Gobierno más, opacando al mismísimo titular de la cartera de Sanidad, Julio Pérez, sin presentarse a las elecciones ni disponer por tanto de ningún tipo de encomienda de los ciudadanos. Pero hay más. Lluis Serra es un reputadísimo catedrático de Salud Pública al que nadie en su sano juicio restaría méritos profesionales ni científicos. Pero el 27 de febrero declaraba lo siguiente a la televisión pública de Canarias: “En nuestro país cada año fallecen 6.000 personas de la gripe y del coronavirus posiblemente no va a fallecer nadie este año. No hay que alarmar ni difundir bulos”. Nadie. No iba a fallecer nadie.

Sí. Es cierto que muchos científicos erraron en el diagnóstico sobre la letalidad y contagiosidad del coronavirus. Pero este antecedente quizá hubiera aconsejado algo más de prudencia en la elección del portavoz del comité de expertos. Entre otras cosas para no dejar el cabo suelto de la desconfianza ciudadana ante la trivialización del riesgo. Y quizá hubiera aconsejado también algo más de modestia y humildad del propio Serra cuando, en un gesto que se califica solo, se lanzó el viernes a cuestionar y enmendarle la plana nada menos que a la máxima autoridad sanitaria del país. Le ampara, faltaría más, la libertad de opinión. Pero, si tanto desconfiaba de Madrid y de su `ni vive ni deja vivir´, desde luego habría sido más creíble que renunciara primero a su condición de portavoz del tan cacareado comité de expertos.

Torres se enfrenta por tanto a un doble problema en términos de lealtad institucional y confianza. Los ciudadanos y también los periodistas fueron muy comprensivos con el presidente cuando, a pesar de que su falta de idoneidad para el cargo era una clamorosa evidencia desde muchos meses atrás, tuvo que fulminar a la anterior consejera de Sanidad, Teresa Cruz, cuando Canarias ya tenía encima el drama del coronavirus. Destitución que se produjo despúes, por cierto, de un grave gesto de soberbia de la ya ex consejera. Qué paradojas: esa destitución abrió la puerta al comité de expertos para arropar al Gobierno con la apariencia de “ciencia”, pero adhirió de camino la bomba lapa que ahora representan los ataques de Nueva Canarias a Madrid por su “incomprensión colonial”.

Ahora, en el delicadísimo momento de la desescalada y el proceso de desconfinamiento, ¿piensa admitir Torres que desde el propio seno del Gobierno o su entorno más inmediato se pongan en cuestión las medidas que todos los ciudadanos españoles han de cumplir, cuando han sido además manifiestamente incapaces de dibujar una ruta alternativa mejor y más segura? ¿Y que se transmita de paso a los ciudadanos el virus de la desconfianza y la ligereza, por la vía de despreciar el riesgo de futuros repuntes potencialmente mortales y abrir peligrosos agujeros de seguridad en el distanciamiento social?

De las lagunas clamorosas que aún persisten no queda ninguna duda. Este mismo miércoles, su otro socio, Casimiro Curbelo, ha tenido que pedir al Gobierno regional que agilice la disponibilidad de protocolos específicos para reactivar la economía con red de seguridad. Y lo dice desde La Gomera, distinguida con el honor de situarse a la cabeza del desconfinamiento.

Quizá es la hora de que el presidente escuche más aún de lo que acostumbra. Escuche, señor presidente. Pero no a los de siempre. Escuche también a los médicos de primera línea, ausentes del comité de expertos, pero hartos de lidiar contra el virus sin toda la protección necesaria y sin que se completen ni siquiera los cribados hospitalarios en busca del enemigo invisible. A los neumólogos, a los intensivistas, a los médicos de familia alarmados… También a la oposición y en concreto a ese PP que, a través de Miguel Ángel Ponce, neumólogo y diputado, le hace tanto hincapié en aumentar los test y asegurar las mascarillas para todos. Por supuesto a la gente, que tampoco las encuentra en la farmacia o que no las puede pagar a razón de casi un euro la unidad por mascarillas con una vida útil de solo 4 horas.

Y escuche además a los suyos. Y muy en particular al veterano Jerónimo Saavedra, que tanto sabe de traiciones políticas, y también a aquellos más jóvenes que, como Miguel Ángel Pérez del Pino, vicepresidente socialista del Cabildo grancanario, le advierten de la deslealtad manifiesta de quienes, en efecto y lamentablemente, cuecen, pero no enriquecen.

La aviación civil y el sector turístico se enfrentan desde hace meses a un nuevo factor de riesgo: la demonización del transporte aéreo por las emisiones de CO2 de las aeronaves, la penalización fiscal del consumo de queroseno que se extiende por Europa y la divulgación masiva de prejuicios contra el uso del avión. Frente a esa satanización, aerolíneas y gestores aeroportuarios trabajan en iniciativas encaminadas a reducir las emisiones de carbono y la huella ambiental de los vuelos comerciales. En la edición 2020 de la Feria Internacional de Turismo, tanto el grupo IAG-Iberia como el gestor aeroportuario español, Enaire, han puesto el acento en la sostenibilidad, la eficiencia en las operaciones para reducir el consumo de queroseno y la apuesta por un aire más limpio. Iberia da un paso más, al implicar a particulares y empresas en proyectos reales para neutralizar la huella de carbono.

La clave para reducir el impacto ambiental de la aviación la tienen las propias aerolíneas. Son ellas las que pueden tomar la medida más útil para reducir la huella de carbono en el planeta: la renovación de sus flotas y la incorporación de aviones cada vez más eficientes energéticamente. Pero el esfuerzo implica también a los gestores del tránsito aéreo, mediante el diseño de rutas y sistemas de aproximación y despegue eficientes que ayuden a recortar los consumos de combustible.

En la base de la pirámide se encuentran los pasajeros: si te preocupa la calidad del aire, desecha los asientos de primera clase o business, que ocupan más espacio en cabina y generan proporcionalmente una mayor huella ambiental, y vuela con equipaje ligero, porque el peso general de la aeronave también aumenta el consumo de combustible y, en consecuencia, las emisiones de CO2. De forma colateral, también puedes contribuir con la tripulación en la selección de residuos y una gestión final más respetuosa con el planeta.

Tanto Enaire como Iberia han acudido este año a Fitur con espacios de exposición donde la sostenibilidad es un elemento estrella. En el caso de Enaire, con la divulgación de iniciativas como las ´aproximaciones verdes´ para reducir los consumos de queroseno de los aviones. En el caso de Iberia, con un stand construido en su integridad con elementos reciclables, dentro del cual ha presentado sus iniciativas por la sostenibilidad.

El stand de Iberia acogió este viernes la presentación de un programa para implicar a grandes empresas, pero también a viajeros individuales, en acciones de reducción o compensación de la huella ambiental de los vuelos. En esencia, el programa consiste en medir las huellas de carbono que genera cada vuelo y convertirlas después en oxígeno mediante un proyecto de reforestación en Perú verificado por auditores medioambientales y apadrinado por Naciones Unidas. El proyecto de Perú se ajusta también a los estándares internacionales establecidos para verificar objetivos de hambre cero, igualdad de género y trabajo decente.

El de Perú es el primero de los seleccionados por Iberia, pero la compañía anuncia ya que habrá otras acciones medioambientales, algunas relacionadas con las energías alternativas, en el que empresas o particulares podrán intervenir para neutralizar su huella de carbono. Las empresas lo harán mediante acuerdo corporativos con Iberia. Y los pasajeros, a través de un banner que se desplegará al final del proceso de compra de billetes y que les permitirá saber, mediante una calculadora de CO2, cuál será su huella individual, dependiendo del destino, la ruta, el tipo de avión y los consumos reales de la compañía.

Marina Gómez, manager en el área de sostenibilidad de Iberia, explicó este viernes a Canarias Ahora todas las acciones emprendidas por el grupo IAG y en particular por Iberia para reducir las emisiones. Iberia quiere cumplir en 2050 un objetivo de emisiones cero. El elemento más importante de la estrategia es una renovación de la flota con los modelos de Airbus A350 y A320Neo, aviones más eficientes con consumos que reducen entre un 25% y un 35% los usuales en otras aeronaves.

La estrategia también concierne a los métodos de operación de los aviones: cuando es posible, los pilotos hacen la carrera inicial y el despegue con un solo motor. Una vez en vuelo, si las condiciones del tráfico lo permiten y los controladores aéreos lo autorizan, los pilotos realizan rutas de aproximación a los aeropuertos eficientes que también contribuyen a reducir el consumo de queroseno.

Este programa de aproximaciones verdes a los aeropuertos también ha llegado a Fitur de la mano de Enaire, el gestor aeroportuario español. Consiste en hacer posible un sistema de planeo de los aviones en su ruta de descenso que hace posible quemar menos queroseno.

Según los datos que maneja Enaire, al término de 2020, su plan estratégico habrá permitido ahorrar 5,5 millones de millas (el equivalente a 1.600 vueltas al mundo), 60.000 toneladas de combustible, 26 millones de euros a las compañías aéreas y lo que es más importante, un recorte de emisiones de 191.000 toneladas de CO2, dióxido de carbono cuya absorción tendrían que hacer 9 millones de árboles.

Paisajes impresionantes proyectados a tamaño gigante, imágenes en movimiento y efectos de luz y sonido que evocan el azul del mar, pero también el canto de los pájaros. Canarias vuelve a apoyarse en la tecnología, la luz y los ingenios robóticos para trasladar virtualmente a los visitantes de Fitur a los rincones más paradisiacos de todas las Islas y cautivar a futuros viajeros.

El espacio de Canarias vuelve a ser en esta edición de Fitur 2020 uno de los ganadores en términos de atractivo visual de toda la feria, con manifiesta superioridad sobre otros destinos nacionales competidores. La clave vuelve a estar en el minimalismo de las estructuras, el reinado de la luz y la proyección de imágenes gigantes en movimiento de los espacios más bellos de las islas. El resultado no se hace esperar: el espacio canario no sólo capta la atención de los visitantes, sino que arrastra a la gran mayoría de ellos a grabar con sus móviles y compartir por las redes sociales las enormes bellezas naturales de las Islas.

Es difícil sustraerse al impacto de un videowall (muro de vídeo gigante) si sobre él se proyecta un atardecer en las dunas, el verde arrollador de los bosques de laurisilva, el azul intenso del mar escrutado por submarinistas o los cielos estrellados de La Palma.

Al servicio de estas imágenes se han puesto este año 400 metros cuadrados de soportes visuales en el stand canario en Fitur. De ellos, 124 son vídeowalls, 140 proyectan imágenes sobre cajas de luz y otros 100 son pantallas LED de efecto holográfico transparente. Nada queda al azar. Sobre esas superficies lanzan imágenes sin descanso 20 proyectores móviles robotizados y otros 30 proyectores fijos LED. El montaje se completa con una pantalla con la que pueda interactuar el público, una estructura superior con efectos luminosos que simula las olas del mar y 10.000 vatios de sonido que evocan la atmósfera de Canarias, pero sin invadir ni molestar en la zona de escritorios donde los operadores turísticos negocian la próxima temporada.

Del conjunto de pantallas, 5 son estructuras de 20 metros suspendidas en el aire. Da igual donde se coloque el visitante. Es casi imposible que pueda sustraerse al impacto de ver en ellas las olas del mar, los eriales de lava o la frescura que casi puede sentirse de la laurisilva.

Canarias lleva años apoyándose en la tecnología y los recursos de la imagen para cautivar a futuros visitantes. Pero en este Fitur 2020, las piezas audiovisuales están articuladas en torno a cuatro colores: rojo para evocar la fuerza de un pasado volcánico, verde para representar los bosques, amarillo como sinónimo de arena y dunas y un azul tan rotundo como el océano Atlántico.

“Es parte del relato, de lo que queremos transmitir a los potenciales visitantes”, explica María Méndez, gerente de Promotur. Después de tres jornadas dedicada a los profesionales, Fitur encara ahora dos días intensivos dedicados al gran público. La hora de cautivar a gran escala a los futuros turistas.

Teguise y Betancuria ya comparten con Tejeda el selecto título que les acredita como uno de los 94 pueblos más bonitos de España. Ambos recibieron este viernes en la Feria Internacional de Turismo de Madrid el diploma que les certifica la inclusión en el exclusivo listado de los pueblos más encantadores del país. En la entrega hubo madrinazgos políticos de primer nivel, un reboso de público que dejó fuera del recinto a más de doscientas personas y sobre todo, mucha emoción y alguna lágrima de los alcaldes y alcaldesas citados para recoger su reconocimiento.

Tejeda no quiso perderse la llegada de sus otros dos hermanos canarios al club de los pueblos más bonitos. Por eso, su alcalde, Francisco Juan Perera, fue este viernes casi el primero en felicitar a su homólogo de Teguise, Oswaldo Betancort, y al primer teniente de alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña. Solo se le anticipó la entusiasta presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, que ya había anunciado desde el día antes por todos los rincones de Fitur que no se perdería por nada del mundo la entrada de Teguise y Betancuria a este exclusivo club.

No fue tarea fácil. La entrega de los diplomas se produjo este viernes en el espacio de TourEspaña en Fitur 2020. Pero la expectación fue mucha y el espacio pequeño, lo que condujo a un reboso total: más de doscientas personas tuvieron que conformarse con seguir el acto desde el exterior, mientras varias docenas de periodistas se las veían y deseaban para encontrar hueco donde encaramar sus cámaras.

Entrar en la lista y la ruta de los pueblos más encantadores no es tarea sencilla. La asociación de pueblos más bonitos de España nació en 2011 para replicar el modelo de asociaciones gemelas que ya existían en Francia, Italia, Canadá o Japón. En todos los casos, el objetivo es hacer visibles a pequeñas poblaciones con patrimonio histórico o natural que sean poseedores de parajes hermosos capaces de seducir a los viajeros del mundo. Reunir “pueblos con vida, donde los vecinos sean la prioridad, pero que sean capaces de combinar eso con un turismo sostenible”. Así lo resumió el presidente de la asociación española, Francisco Mestre, que añadió un aviso: las nuevas entradas serán a partir de ahora mucho más lentas, pues el objetivo es que la lista no supere los 120 municipios diplomados.

Las condiciones para lograr la inclusión son muy exigentes: los municipios no pueden tener una población de más de quince mil habitantes, pero también mostrar un esmero exquisito en el cuidado de su territorio, de sus calles, de sus plazas, de sus flores y de sus jardines. El título tampoco es eterno: el estado del pueblo puede ser auditado en cualquier momento para verificar que mantiene las condiciones para merecer su permanencia en la ruta de los pueblos con más encanto del país.

En el caso de Canarias, el primero en llegar fue Tejeda, en 2015. Ahora le siguen, con toda la emoción y la ilusión, Teguise y Betancuria. En nombre de Teguise, el alcalde Betancort se declaró “feliz” y comprometido a futuro con el esfuerzo para cuidar la belleza de su municipio y conseguir que todo el visitante que llegue a Lanzarote quiera conocerlo. Por su parte, Enrique Cerdeña, teniente de alcalde, invocaba con emoción la gran paz que es capaz de transmitir Betancuria.

A ambos les acompañó en la entrega la presidenta del Cabildo de Lanzarote, también feliz de llevarse como mejor recuerdo de Fitur 2020 el emotivo momento en que las pantallas de vídeo de TourEspaña exhibían las bellezas tranquilas de Teguise y Betancuria.

Por su parte, el Gobierno de España se volcó con los quince alcaldes cuyos municipios se han incorporado a la lista. Por eso, en su nombre, entregaron los diplomas la vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricúa, cree “cuando menos peligroso” que se produzca una concentración de operadores en el mercado de vuelos Canarias-Península y que éste quede “en unas solas manos”. Mañaricúa respondió así al ser interrogado sobre el anuncio de compra de la compañía Air Europa por el grupo IAG, al que pertenecen British Airways, Iberia, Iberia Express y Vueling, entre otras aerolíneas.

Mañaricúa recordó que las compañías aéreas ligadas al grupo IAG ya asumen un alto porcentaje del mercado Canarias-Península y ve en la concentración “un riesgo de futuro. Es mejor un mercado con muchos actores que se repartan la tarta”. El empresario hizo estas declaraciones en el curso de una vídeo entrevista para Canarias Ahora realizada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid.

La concentración de operadores no es la única fuente de inquietudes para los empresarios del sector turístico canario. También lo es la crisis que atraviesa Boeing después de verse obligada a paralizar toda la producción de los aviones 737 Max tras dos siniestros aéreos que se cobraron 346 vidas. Esta crisis ha impactado a su vez de forma colateral en compañías que esperaban incorporar nuevos aviones de Boeing a sus flotas y han tenido que reajustar sus planes y su operatividad, como Ryanair, que acaba de cerrar su base en Canarias.

Mañaricúa citó en la entrevista la crisis de Boeing como uno de los factores que en este momento contribuyen a debilitar a Canarias como destino. Entre esos factores incluyó también los efectos que se deriven del Brexit y la recuperación de mercados competidores en el Mediterráneo. En este contexto, confió en que los poderes públicos “apoyen al sector para que sea más competitivo”.

El presidente de los hoteleros valoró la actuación de las administraciones ante elementos que escapan a su control, como los problemas de conectividad de Canarias o la crisis de Thomas Cook. Tras esta última, Mañaricúa niega que haya que afrontar un cambio de modelo. El empresario está convencido de que en Canarias no hay un cambio de modelo, “que sigue siendo de sol y playa”, pero sí en los modos de comercialización, tras la irrupción de las plataformas online y la reserva directa por parte de los turistas. “Antiguamente el 80 por ciento de las reservas llegaban con los touroperadores. Ahora lo que cambia es la forma de llegar de los clientes y nosotros a lo que nos vamos adaptando es al cambio de comercialización”.

Mañaricúa también respondió a otras preguntas sobre cambios políticos, tanto en el primer municipio turístico de Canarias, San Bartolomé de Tirajana, en el Sur de Gran Canaria, como en el Gobierno de España. Del nuevo equipo de gobierno municipal confió en que sea más dinámico para la concesión de licencias, para mejorar los servicios de playa y para la modernización general de la zona turística. Además, invocó medidas decididas para incentivar la renovación de centros comerciales. “Muchos de los centros tienen más de treinta años y están totalmente obsoletos. No tenemos lo que los clientes demandan”.

Del cambio de Gobierno a nivel nacional dijo que solo podía pronunciarse a título individual, no como presidente de la FEHT. Ese Gobierno “no me da ningún miedo”.

El presidente del Cabildo de Tenerife, el socialista Pedro Martín, espera que el Ministerio de Fomento articule encuentros para debatir medidas que pongan freno a la escalada de los precios en los vuelos entre Canarias y la Península. “Lo que queremos es sentarnos. No podemos seguir así. No es posible que sea mucho más caro volar de Barcelona a Tenerife que de Barcelona a Tokio”. La conectividad y los precios por volar son una de las inquietudes con que Tenerife acude este año a Fitur, donde Martín realizó una vídeo entrevista para Canarias Ahora.

Martín sostiene que se está generando “una traba tremenda para que el turista peninsular nos visite”. Se refiere a la escalada incesante de precios en los vuelos Canarias-Madrid después de que se aumentara al 75% el descuento para residentes, que abona el Estado. “Alguien se está aprovechando de esta situación y no son ni los ciudadanos ni los turistas”.

Martín subraya su preocupación por la conectividad más allá de las distorsiones del 75% de descuento. “Hemos recibido el año pasado 6,1 millones de visitantes. Ese indicador demuestra que Tenerife sigue siendo muy potente, pero tenemos que seguir trabajando en la conectividad” para superar los efectos que dejó la crisis de Thomas Cook y el cierre de las bases de Ryanair.

Otra gran asignatura pendiente de Tenerife es lograr de Fomento y de AENA una inversión que saque el aeropuerto Tenerife Sur “del siglo XX y lo coloque en el siglo XXI”, dice Martín. El presidente del Cabildo considera una gran evidencia que las infraestructuras aeroportuarias tinerfeñas “no están a la altura. Necesitamos una inversión suficientemente importante para que sea más cómodo y ágil llegar y salir de la isla, sin viajeros amontonados esperando por sus maletas”.

Tenerife también ha aprovechado el marco de Fitur para avanzar en otras estrategias. La primera, avanzar como destino turístico inteligente y poner las nuevas tecnologías al servicio de la mejor experiencia del turista. La segunda, convertir a Tenerife en un polo de atracción para turistas jóvenes. En este último objetivo se enmarca el proyecto Tenerife Cool que Pedro Martín presentó en el espacio Fitur festivales. Su finalidad es hacer más visible la oferta de ocio de la isla para, de ese modo, cautivar también a viajeros más jóvenes.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, sostiene que el reto del turismo de calidad “también es mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, la calidad de vida de la gente”. La corrección de las carencias sociales que han dejado en Lanzarote años de desarrollismo incontrolado, empezando “por la emergencia social de la vivienda, compartida con Fuerteventura”, es una de las prioridades que señaló Corujo durante una vídeo entrevista para Canarias Ahora realizada en Fitur.

“Se creció mucho en muy poco tiempo sin garantizar algo tan importante como la situación de la vivienda. Y en Lanzarote hace más de veinte años que no se hace una vivienda pública”. Dolores Corujo cree que la coordinación del Cabildo, que “tenderá la mano”, y el Gobierno de Canarias con los ayuntamientos lanzaroteños ayudará a corregir las grandes carencias que para la población provocó un crecimiento de aluvión, entre ellas la falta de centros sanitarios y educativos. Dedicó una referencia especial a Arrecife de Lanzarote, cuya capitalidad “hay que recuperar y que tenga el apoyo que no ha tenido en los últimos diez años”.

La presidenta del Cabildo citó a César Manrique como un icono de la defensa del paisaje y de la sostenibilidad y recordó que, en gran parte gracias al artista, la isla ha sido siempre un modelo de protección del territorio. Pero esa tónica se rompió “durante los últimos diez años, en que algunos apostaron por un desarrollismo insostenible” e hicieron gala “de una falta de compromiso con la protección de nuestros paisajes”. Puso como ejemplo la Ley del Suelo del mandato de Fernando Clavijo, al que no mencionó, pero recalcó que “era eso, una Ley del Suelo, no del territorio”.

Corujo también respondió a varias preguntas relacionadas con el gran número de ilegalidades urbanísticas cometidas en el municipio de Yaiza y más en particular en Playa Blanca, donde el Ayuntamiento todavía batalla con algunos de los empresarios infractores para restablecer la legalidad y compensar a los ciudadanos las irregularidades. A la pregunta de si no le inquieta que algunos de esos infractores dilaten durante años esas compensaciones, la presidenta respondió: “No creo en la impunidad si se cometen delitos contra la ordenación. Eso se lo debemos a los ciudadanos”.

“Yaiza ha sufrido mucho. En su día, el PSOE presentó una iniciativa legislativa que no se pudo tramitar para que los infractores compensaran y eso no se hizo porque para otros fue más fácil defender el interés de unos pocos. Pero quienes incumplen tendrá que responder ante la Justicia”.

Con una sonrisa de oreja a oreja, repartiendo abrazos y manifiestamente feliz de compartir un ratito en el pabellón de Canarias en Fitur. Así se mostró este miércoles en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, y hasta hace solo unos días consejera autonómica de Economía, Carolina Darias.

¿Cómo lleva la ministra la adaptación al cargo y la insularidad inversa? “Voy aterrizando, con una hora menos, con mucha ilusión y mucho teléfono para atender a la familia, a lo que más quiero que está allí”. Así contestó este miércoles la ministra Darias en una mini entrevista sobre su proceso de adaptación al nuevo cargo.

Darias había avisado que todavía no quería hablar de las cuestiones políticas cuya responsabilidad asume ahora en el Gabinete de Pedro Sánchez. Pero sí dejó claro que nunca pensó que llegara a formar parte de un Consejo de Ministros. “Lo dije cuando dejé el Parlamento, que era un punto seguido y que no sabía...” Luego llegó la llamada de Angel Víctor Torres para hacerla consejera de Economía y ahora, unos meses después, el ministerio que le adjudicó Pedro Sánchez.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, cree que tras el bloqueo de años del proyecto para construir el parque acuático Siam Park en el Sur de la isla había “no una, sino varias manos oscuras intentando que no se hiciera, sin ninguna duda”. Morales hizo esta declaración durante una vídeo entrevista para Canarias Ahora en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2020).

Antonio Morales sostiene que no es posible encontrar lógica alguna a la cadena de obstáculos a la que se ha enfrentado el proyecto de la familia Kiessling, propietaria del Loro Parque y del Siam Park de Tenerife, para construir en Gran Canaria, como gemelo del tinerfeño, uno de los mayores parques acuáticos del mundo en El Veril, en San Bartolomé de Tirajana. Morales se remitió además a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que atribuyó un comportamiento deliberadamente obstruccionista al gobierno municipal, liderado por Marco Aurelio Pérez (PP-Asociación de Vecinos) hasta su relevo por la socialista Concepción Narváez tras las últimas elecciones locales. “Una obstrucción de manera torticera, a la que luego siguió un enfrentamiento empresarial”, remachó.

El presidente del Cabildo no olvidó tampoco el freno que llegó a plantear por razones burocráticas, “de forma totalmente inusual”, el Ministerio de Hacienda, que también amenazó con hacer imposible la obra por la vía de impedir las inscripciones registrales del proyecto. Morales se preguntó cuántas veces había ocurrido esto con un proyecto en Canarias y él mismo se contestó: ninguna.

Fue entonces cuando, a la pregunta de si observaba alguna mano negra tratando de boicotear el proyecto desde el exterior, contestó: “Sin ningún tipo de duda. Del exterior, del interior, hay algunas manos oscuras, probablemente no solo una. Sí. Ha habido en todo este proceso manos oscuras intentando que no saliera”.

Explicó que, para poner fin a este bloqueo, las tres administraciones implicadas, Cabido, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Gobierno de Canarias, celebraron hace unos días una reunión para tratar de agilizar este proyecto, cuya ejecución contribuiría a resolver una de las grandes carencias del sector turístico de Gran Canaria, que es la falta de grandes equipamientos de ocio.

Antonio Morales, que participó el martes en la inauguración del parque Tony Gallardo en Maspalomas, celebró que el cambio en la alcaldía de San Bartolomé tras las últimas elecciones haya contribuido a agilizar muchos proyectos atascados durante años, entre ellos ese mismo parque, que lució durante mucho tiempo muestras desidia y abandono pese a su posición privilegiada, junto a la icónica Charca de Maspalomas.

El presidente del Cabildo encabeza estos días en Madrid la representación de Gran Canaria en Fitur 2020, un encuentro internacional al que la isla vuelve con el propósito reiterado de incrementar el flujo de visitantes peninsulares.

En esta edición de Fitur, otra de sus grandes preocupaciones son los desafíos que para el sector turístico representan los problemas de conectividad aérea y el encarecimiento de los precios en los viajes aéreos entre Canarias y la Península, a partir de las distorsiones que se han planteado tras el aumento al 75% del descuento aéreo para los residentes. “No puede ser que una persona que no sea residente tenga que pagar hasta 800 euros por volar a Gran Canaria”, se lamentó Morales.

La totalidad de los cabildos federados en la Fecai celebró este miércoles una reunión en Madrid para exigir al Gobierno de España que, en coordinación con el de Canarias, articulen medidas que pongan freno a la escalada de precios de los billetes de avión. Morales cree que es una evidencia que “alguien se está enriqueciendo de manera injusta”.

A Antonio Morales también le preocupa la demonización creciente del transporte aéreo por la huella de carbono de los aviones, debido al consumo de queroseno. A su juicio, es posible contrarrestar esa demonización llevando a cabo iniciativas que conviertan a las islas en abanderadas del cuidado medioambiental y la conciencia ecológica. “Ya está sucediendo en hoteles de Gran Canaria que los turistas piden que se les quiten de las habitaciones las cafeteras que usan cápsulas para evitar los plásticos”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió este miércoles un debate “tranquilo y sosegado” sobre las medidas aplicables para contener el alza de los precios de los billetes aéreos en las conexiones entre Canarias y la Península. Torres da por hecho que la próxima semana saldrá de Canarias un paquete de propuestas que incluya los precios de referencia “y otras medidas” para impedir nuevos encarecimientos de los billetes aéreos. Y remató: la bonificación del 75% aplicable a los residentes “no puede conducir” a más escaladas de precios por parte de las aerolíneas, que desnaturalizan la finalidad de la ayuda y además crean dificultades añadidas para los viajes de no residentes, entre ellos los turistas peninsulares.

Torres hizo esta declaración durante una vídeo entrevista para Canarias Ahora realizada en Madrid en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2020. Pero los precios no son su única preocupación. El presidente canario también admitió su inquietud por la demonización creciente del transporte aéreo por el consumo de queroseno de los aviones y su eventual impacto en la conectividad y finalmente en el sector turístico: “Me preocupa, sí”.

El jefe del Gobierno canario dio por hecho que la próxima cumbre sobre transporte aéreo que se celebrará en Canarias con Baleares, Ceuta y Melilla tendrá como conclusión un paquete de propuestas para poner freno a la escalada de precios aéreos. Unas horas antes, su consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, había declarado que Canarias pedirá precios máximos y también la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP), herramienta que requiere la convocatoria de concursos para que las aerolíneas se hagan con determinados trayectos.

Torres no fue tan lejos al enumerar las medidas, pero sí subrayó que cualquier iniciativa requerirá un debate “tranquilo y sosegado”. Su recomendación no es baladí. La introducción del 75% de descuento a los residentes canarios y baleares ha producido distorsiones en el mercado y encarecimiento de los billetes. Pero, en el pasado, el Ministerio de Fomento ya ha puesto en práctica y luego retirado medidas como los precios máximos o las declaraciones de OSP que resultaron contraproducentes, en unos casos por no provocar como efecto la bajada de los precios, en otros por producir efectos perniciosos de reducción de la competencia.

El presidente canario también apeló “al sentido común” para evitar que la creciente demonización del transporte aéreo por su huella medioambiental acabe por provocar un impacto en la conectividad de Canarias y en su sector turístico. Ante la multiplicación de medidas impositivas sobre el consumo de queroseno en varios países europeos, entre ellos alguno de los que son grandes mercados emisores de turistas a Canarias, como Alemania, Torres sostiene que es necesario un trabajo intenso con los eurodiputados. Subrayó que la contaminación por dióxido de carbono que provocan los automóviles multiplica por más de diez la que generan los aviones, con la gran diferencia de que éstos transportan a cientos de personas. Pero también que todavía están tecnológicamente muy lejanas las alternativas a los aviones convencionales, como las aeronaves que se alimenten con electricidad.

Ángel Víctor Torres se mantiene además en guardia y “muy vigilante” ante operaciones de concentración que se están produciendo en el sector aéreo, caso de la propuesta del grupo IAG, propietario de Iberia, Iberia Express y Vueling, para hacerse con la propiedad de Air Europa. El jefe del Gobierno recordó que se trata de una compraventa que estará vigilada por las autoridades de la competencia para asegurar que no se producen situaciones de monopolio ni de oligopolio. “Estaremos vigilantes para que no se produzcan encarecimientos de precios ni tampoco pérdidas de conectividad”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, no descartó este miércoles en Madrid la posibilidad de realizar “de manera inmediata” nuevos ajustes en el Gobierno para dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Torres respondió así al ser interrogado sobre eventuales cambios en el área de Sanidad, aunque después de dejar claro el respaldo a la actual consejera, Teresa Cruz Oval.

Al ser interrogado sobre más cambios, el jefe del Gobierno recordó que había expresado su confianza en los consejeros tras la sustitución de Carolina Darias, nueva ministra de Política Territorial y Función pública, por Elena Máñez, ahora consejera de Economía y Empleo. Pero al ser interpelado por segunda vez sobre Sanidad, añadió: “Cualquier ajuste que haya que hacer se hará y de manera inmediata, si es necesario”.

Su objetivo también lo dejó claro: “Dentro de tres años y medio tenemos que entregar una Canarias mucho mejor de la que recibimos. Y en eso seré tan exigente como lo fueron los ciudadanos cuando nos entregaron a nosotros su confianza”.

El sociobarómetro no deja lugar a dudas: la credibilidad de los políticos ha caído en picado desde septiembre de 2018, cuando ya era llamativo que el 19% de los encuestados señalara a los políticos como uno de los grandes escollos con los que tropieza España.

El contexto del último sociobarómetro es un Congreso de los Diputados donde los grupos han sido incapaces de encontrar un modelo de gobernabilidad que impida la repetición de elecciones. Pero también el colosal enfado de miles de ciudadanos por los sueldos que sus señorías han cobrado o cobrarán (entre 4.000 y 7.000 euros de salario por cabeza) sin haber dado palo al agua, rematada por la “indemnización de transición” hasta los próximos comicios.

Pues bien, en este escenario de alarmante exasperación de los ciudadanos, a Nueva Canarias le ha parecido una excelente idea exhibir en las Islas una suerte de trastorno político de bipolaridad que le sitúa al mismo tiempo en el Gobierno de Canarias y en la oposición. Y lo ha hecho por la vía de firmar una alianza electoral con el mismo partido al que contribuyó a echar hace solo tres meses del Gobierno regional, esto es, Coalición Canaria.

En mayo de 2019, poco antes de las últimas elecciones autonómicas, Román Rodríguez, actual vicepresidente de Canarias y eterno líder de Nueva Canarias, señalaba a Coalición Canaria como responsable de una forma de hacer política que condena a las Islas “a la cola en todo lo bueno y a la cabeza en todo lo malo”. Y bramó de hecho contra la posibilidad de que PSOE y CC pudieran pactar un gobierno que supusiera para Canarias cuatro años de “más de lo mismo” (sic), esto es, listas de espera sanitarias desquiciantes, registros de calidad educativa pésimos y ese largo etcétera de lamentables récords que ostenta Canarias tras 26 años consecutivos con CC en el poder autonómico.

Eso fue en mayo. No hace un lustro ni medio siglo. No, ocurrió en mayo de 2019. Luego llegó la historia conocida: el llamado `pacto de las flores´ (PSOE+NC+Podemos+Casimiro Curbelo) y el desalojo efectivo de CC de un Gobierno del que ahora es flamante vicepresidente y consejero de Hacienda el mismísimo Román Rodríguez.

Como tal, Rodríguez se despachó hace muy poco en el Parlamento con la teoría de que CC dejó en las cuentas autonómicas un agujero financiero provocado por desvíos electoralistas. Y se burló de “la histeria” de Coalición Canaria, a la que pronosticó incluso una hospitalización inminente por exceso de nervios y anemia perniciosa de poder. Román desde el Gobierno tronando contra CC en la oposición.

Pues bien. En semejante escenario, a Rodríguez y los suyos, empezando por Pedro Quevedo y Carmelo Ramírez, les ha parecido una fantástica idea pactar y firmar una coalición electoral para las elecciones de noviembre nada más y nada menos que con la autora y culpable (Rodríguez dixit) de todos los males que padece Canarias. Esto es, una alianza electoral entre NC y Coalición Canaria. ¿El objetivo? Volver a sentar a Quevedo en el Congreso después de su fracaso en las últimas generales. ¿El precio? Rematar la operación con un escaño a tiempo compartido que, de obtenerse, se repartirán a razón de 2,5 años NC y el año y medio siguiente, CC. Doble tirabuzón y triple salto mortal ante una ciudadanía alucinada.

La operación ha desatado una batalla sin precedentes en las filas de NC, así como una ola de durísimos reproches ciudadanos a NC en las redes sociales por lo que consideran un acto de manifiesta desfachatez política. Pero nada arruga ni al señor vicepresidente del Gobierno autonómico ni al futuro diputado a tiempo compartido, si es que la suma NC+CC logra consumar el propósito de sentar otra vez a Quevedo el Congreso, aunque sea esta vez mediante un bochornoso time-sharing.

Sin que se le altere un músculo de la cara, Rodríguez afirma solemnemente que este pacto político que le coloca a un tiempo en el Gobierno (de Canarias) y la oposición (por la vía matrimonial con CC) no hace peligrar en modo alguno la presidencia de Canarias que ostenta el socialista Ángel Víctor Torres. Salvo que (siempre hay un “salvo que...”) se produjeran incumplimientos de lo pactado. El matiz no es baladí. Un “salvo que” semejante ya le costó al socialista Jerónimo Saavedra en 1993 salir disparado de la Presidencia del Gobierno, derribado precisamente por la misma sopa de nacionalismos que hoy representa esa reciclada alianza de NC+CC.

Claro que, para eventuales traiciones, no hay que fijarse ni siquiera en las filas del PSOE. El primer traicionado se llama Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Morales sufrió durante los dos últimos años del clavijismo una persecución alimentada por las huestes de CC y ejecutada por los medios afines al entonces presidente del Gobierno, aquello que Morales bautizó como la “acorazada mediática” regada con fondos públicos para la protección de CC. Ahora, los suyos quieren obligarle a tragarse el sapo de la pretendida reunificación nacionalista, que no es otra cosa que resucitar a la trágala en Gran Canaria el cadáver político de Coalición Canaria.

Claro que, para traiciones, obviamente la más grave es la que soportarán los ciudadanos a manos de un partido que, a mayor gloria del cinismo político, pretende predicar desde un ramillete de poltronas públicas una cosa y su contraria. Esto es, que CC es el peor demonio político conocido en Canarias y, a la vez, un lindo gatito que merece compartir cartel y por supuesto escaño con el incombustible Quevedo. Que se puede acusar hoy a CC de agujerear la Hacienda pública en su propio beneficio y, al día siguiente, firmar con ella una coalición electoral. Que se puede estar a la vez en la misa del Gobierno y repicando con la oposición. Que existe la poligamia política y que el dúo Román / Quevedo son muy capaces de atender y despachar varios matrimonios a la vez.

Pero sobre todo, lo que NC predica estos días es que los canarios consultados por el CIS tienen mucha, pero que muchísima razón, cuando se declaran abochornados por el cortoplacismo descarado de políticos profesionales a los que se la trae al fresco la mínima dosis de decencia, lealtad y coherencia exigibles. Embelesados como andan mirándose su propio ombligo para retener, atados y bien atados, sus chiringuitos de poder. Afianzando la basurización de la política, al margen y con total desprecio del cada vez más colosal cabreo de los votantes. Y ayudando irresponsablemente a que la imagen de la política siga despeñándose por los inquietantes desfiladeros del descrédito y la desafección de los ciudadanos.

Cuarenta y dos familias con niños a su cargo y en situación de pobreza severa reciben desde el 1 de julio en Las Palmas de Gran Canaria un reparto extra de víveres procedentes del Banco de Alimentos para aliviar la situación que ha provocado la suspensión por parte del Gobierno canario de los comedores escolares de verano en los colegios públicos. Se trata de familias asistidas de forma regular por la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales (Avesar), cuyo coordinador, José Antonio Cardoso Silva, adelantó el reparto de víveres cuando las familias constataron que no habría alternativa a los comedores de verano y empezaron a acudir a su sede en busca de amparo. “Tenemos que intentar asegurar a esos niños el desayuno, además del almuerzo”, dice Cardoso.

Avesar es una de las asociaciones acreditadas en Las Palmas de Gran Canaria para realizar la distribución de víveres procedentes del Banco de Alimentos, cuyos inspectores supervisan cómo se lleva a cabo ese reparto para garantizar que llega a quienes lo necesitan. En el caso de Avesar, los destinatarios son los miembros de más de doscientas familias, 42 de ellas con menores a su cargo y 27 con mujeres que son víctimas de violencia de género. Todas ellas han sido derivadas por trabajadores sociales de instituciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o bien por otras ONG, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por encontrarse en situación de pobreza severa y grave riesgo de exclusión social.

Desde el lunes 1 de julio, Cardoso empezó a constatar que muchas de esas familias con menores, cuyos hijos tienen desayuno y almuerzo asegurado y gratuito en el colegio durante el curso, tropezaban con el cierre sin alternativa de los comedores escolares de verano en Las Palmas de Gran Canaria. Este cierre es consecuencia de la decisión del Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (CC), de desentenderse de esta gestión y endosar a los ayuntamientos los comedores de verano. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el cambio abrió una disputa competencial entre ambas administraciones, pero el Ayuntamiento, que dirige Augusto Hidalgo (PSOE), no dispuso ninguna medida de alivio inmediato para las familias afectadas, como sí han hecho los alcaldes socialistas de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Entre las familias asistidas por Avesar, este choque competencial se ha traducido en la inexistencia de dos comidas diarias seguras para sus hijos. Y en frustración, desorientación y desamparo para personas que ya arrastraban graves dificultades para atender necesidades tan elementales como comer o vestir. Según el relato de Cardoso, los afectados primero se dirigieron al colegio Aguadulce, para ver si sus hijos podían integrarse en el campus de verano que organiza allí el Ayuntamiento. El campus no tiene comedor, pero de todas formas “lo que les dijeron es que el cupo estaba lleno y que llamaran a un teléfono del Ayuntamiento, donde nadie atiende las llamadas”.

En vista del panorama, Avesar se movilizó para anticipar entregas extras de alimentos a las familias que han acudido en busca de amparo. “Lo que más nos piden son alimentos para el desayuno”. Y la asociación reparte lo que tiene: leche, cacao, cereales, galletas, gofio y batidos de chocolate. Todos los víveres proceden del Banco de Alimentos. Parte de ellos han sido aportados por los ciudadanos en las puertas de los supermercados en las ´operaciones kilo que organiza el propio Banco de Alimentos. Pero el grueso de la mercancía son alimentos de primeras marcas envasados con el logotipo de la Comunidad Europea, que los financia a través del programa de ayuda alimentaria para personas desfavorecidas.

Los menores afectados a los que se refiere Cardoso Silva viven en hogares golpeados por niveles severos de pobreza y riesgo de exclusión social por causas variadas. En algunos casos, por el desempleo, trabajos muy precarios o la percepción de rentas o ayudas institucionales insuficientes para atender todas las necesidades de la familia, empezando por la nutrición. En otros, por problemas graves de salud o incapacidad laboral de los cabezas de familia. El tercer gran grupo lo integran retornados de Venezuela por la grave crisis que vive aquel país y migrantes sin papeles de diversas procedencias. “Personas que tardan tres años en conseguir papeles y que durante ese tiempo no pueden trabajar ni hacer nada de nada”, enfatiza Cardoso Silva.

Para todos ellos, Avesar es mucho más que el lugar donde se alivian sus necesidades básicas de alimentación. La asociación se esfuerza por implicar a los propios usuarios en tareas comunitarias, incluyendo la organización del pequeño local que hace las veces de sede, almacén y punto de encuentro. Varios de ellos se ocupan de la logística de organizar los víveres llegados del Banco de Alimentos, para garantizar que nada se pierde por caducidad. Otros acuden al centro como si fueran al encuentro de una gran familia donde la charla y el intercambio de información constituyen una terapia que les aleja del sentimiento de exclusión, de la pérdida de autoestima y, sobre todo, del gran riesgo de caer en una depresión derivada de sus problemas. “Por eso nos esforzamos por sacarles de sus casas”, resalta Cardoso.

Todos han llegado hasta allí derivados por trabajadores sociales o por otros colectivos solidarios. Este es un requisito indispensable para que, conforme a las normas del Banco de Alimentos, puedan beneficiarse del reparto de los víveres. Algunos han llegado derivados por trabajadores sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esto constituye una gran paradoja, pues el consistorio, según el relato de Cardoso Silva, suprimió a la asociación la ayuda de que disponía para contratar el servicio de transportes necesario para el traslado mensual de los palés de víveres desde el Banco de Alimentos hasta la sede de Avesar. Desde que esto sucedió, es la obra social de CaixaBank la que subvenciona estos portes.

La segunda gran paradoja tiene que ver con el propio mini local que aloja a Avesar. Durante dos años, el coste de su alquiler fue sufragado por un gran empresario de la capital, Antonio de Padua Rodríguez, que quiso mantener este dato en el anonimato hasta que falleció hace unos meses. Ahora, Avesar se expone al riesgo de un desalojo y lleva meses solicitando al Ayuntamiento capitalino un local alternativo. De momento, esta petición no ha sido atendida.

Pero la paradoja más dramática tiene que ver con los escritos de derivación sin los cuales ninguna familia puede recibir víveres del Banco de Alimentos. Usuarios de Avesar aseguran que los servicios sociales del Ayuntamiento tardan una media de cinco meses en darles cita y que, cuando las otorgan, algunos trabajadores sociales se niegan a firmar estas derivaciones. Cardoso Silva piensa que parte de esas negativas son inducidas por prejuicios de concejales de Podemos que rechazan el reparto solidario de alimentos como herramienta de asistencia social.

En estas condiciones, muchas veces son otras ONG o los asistentes sociales de los centros de salud los que acceden a firmar estas derivaciones, para ahorrar angustia a personas que ya viven dramas personales muy intensos.

Decenas de menores de entre 3 y 12 años pasan hambre este mes de julio en los barrios de Tamaraceite y Jinámar, en Las Palmas de Gran Canaria, tras la suspensión del servicio de comedores escolares de verano por parte del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria) y la inacción del Ayuntamiento capitalino, donde cogobiernan el PSOE, Nueva Canarias y Podemos. Al menos 45 familias con niños en situación económica crítica se han visto forzadas a acudir en amparo a organizaciones no gubernamentales en busca de comedores alternativos o paquetes de alimentos.

“La situación es muy dura”, confirmaron miembros de las comunidades educativas de colegios situados en ambos barrios, con altos niveles de población en situación de desempleo o pobreza severa. Ante la total desidia institucional, la situación sería aún más dramática de no ser por iniciativas privadas como Caixa Proinfancia, que incluye desayuno y almuerzo en sus colonias de verano para escolares sin recursos, o la movilización de organizaciones solidarias como Avesar, que reparten estos días leche, cacao, cereales y batidos entre familias cuyos niños han quedado sin comedores de verano para garantizar al menos el desayuno.

El impacto del hambre se está dejando notar entre los niños de la llamada cuota cero. Se trata de escolares que durante el curso tienen acceso gratuito a desayuno y almuerzo en los comedores de los colegios públicos de Canarias. Muchos de estos niños pertenecen a familias que atraviesan graves dificultades económicas. Lo habitual es que lleguen al colegio en ayunas porque en sus casas no hay literalmente nada que comer. Para ellos, durante el curso, la primera comida del día es el desayuno escolar de media mañana (un bocadillo con un zumo o un batido y una pieza de fruta). La segunda, el almuerzo del servicio de comedor. Y la tercera, la fruta sobrante de los servicios de catering que se reparte en algunos colegios a estos niños para que no se queden sin merendar, “porque sabemos que en casa no tienen nada de nada”, explica gráficamente un docente. Solo la fruta, porque la comida, aunque sobre, va directamente a la basura debido a la prohibición de Sanidad de que pueda distribuirse entre familias sin recursos.

Para este perfil de escolares, el Gobierno de Canarias lanzó en 2013 la red de comedores escolares de verano, una iniciativa puesta en marcha por el entonces responsable de Educación, el socialista José Miguel Pérez. Pero este 2019, el Gobierno de Coalición Canaria decidió suspender los comedores y traspasar la gestión a los ayuntamientos, lo que notificó en mayo de este año. Con las elecciones y las negociaciones de pactos de por medio, la gran mayoría de los municipios no se ocuparon del problema o no llegaron a tiempo de organizar comedores alternativos. Solo 28 de los 88 municipios canarios se adaptaron al nuevo sistema. Pero de él quedaron excluidas las grandes ciudades de Canarias, precisamente donde están las áreas urbanas con mayores concentraciones de población desempleada o en riesgo de exclusión.

Ya constituidas las nuevas corporaciones locales, los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, Patricia Hernández y Luis Yeray Gutiérrez, ambos del PSOE, dictaron medidas de emergencia en sus municipios e incluso se coordinaron entre ellos para atender la grave situación de los menores en riesgo de padecer hambre durante el verano.

En contraste, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige el también socialista Augusto Hidalgo, se limitó a criticar al Gobierno de Canarias a través de su concejala de Educación por endosarles los comedores, pero no dispuso ninguna medida especial de alivio para las familias en riesgo. Esta web contactó este viernes con al menos ocho colegios de la capital situados en barrios con altos niveles de pobreza y marginalidad. En todos los casos, la situación es la misma: la Consejería de Educación se ha desentendido del problema tras cambiar el sistema y el Ayuntamiento capitalino ni siquiera se ha interesado por saber cuántos niños de cuota cero hay en cada colegio y cuántos de ellos necesitaban comedor de verano.

La situación varía mucho en función de los barrios y el nivel económico de su población. Pero, como reconocieron en su relato parte de las personas consultadas, adquiere tintes dramáticos en zonas económicamente muy deprimidas, como Tamaraceite. Puede tomarse como ejemplo el colegio Alfredo Kraus, que desde 2013 ha tenido comedor escolar de verano e incluso recibía alumnos de otros centros donde el problema era numéricamente menor.

El Alfredo Kraus tiene 200 alumnos de entre 3 y 12 años. De ellos, la gran mayoría, 140, estaban adscritos a la llamada cuota cero y 45 de ellos tenían necesidad de ser acogidos este año en los comedores de verano. La suspensión del comedor decidida por el Gobierno y no corregida por el Ayuntamiento ha dejado expuestos al hambre a estos 45 niños. Quince de ellos se han salvado porque tenían plaza en una de las colonias de verano de Caixa Proinfancia. Los otros 30 se han quedado en casa expuestos a la pobreza severa. Según el relato de un docente, sus padres, madres o tutores confiaban en poder encontrar algún alivio pidiendo ayuda a otros familiares o directamente a las ONG que, como Avesar, reparten víveres del Banco de Alimentos.

Las fuentes consultadas relataron que una situación muy similar se da en colegios de  Jinámar, con territorio compartido entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde. En Jinámar, la gran mayoría de los escolares son de cuota cero. “Muchísimos”, confirmaron desde un colegio situado en suelo capitalino. Todos ellos han quedado igualmente en el limbo del hambre potencial ante la total y absoluta desidia institucional.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria oferta este verano 1.200 plazas de campus escolares en el área de Educación y 7.656 en actividades y campamentos de deporte. En los primeros, 150 plazas se reservan para familias con dificultades, pero estos campus no tienen servicio de comedor. Algunos de los campamentos deportivos sí incluyen comedor, pero a un precio medio de 56 euros por semana, totalmente inalcanzable para familias sin recursos. 

Desde que explotó el problema de los comedores escolares, la portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Pepa Luzardo, ha demandado sin éxito al grupo de gobierno que articule medidas de emergencia social, como ya hicieron la alcaldesa de la capital tinerfeña y su homólogo de La Laguna. Por su parte, el grupo de gobierno se limita a excusarse con el argumento de que el Gobierno les endosó demasiado tarde la competencia autonómica de los comedores escolares y que el Ayuntamiento ya realiza sus propios campus de verano.

“¡Manos arriba, esto es un atraco!”. Esta frase, coreada a gritos ante la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico en Las Palmas de Gran Canaria, cerró este viernes la primera manifestación en la capital de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que llenó la plaza de Rafael O´Shanahan con el propósito de derribar cualquier ley que les coloque en riesgo de perder sus casas.

“Nos quieren echar para dejar todo el negocio del turismo a sus amiguetes”, resumió el presidente de la PALT, Blas Padrón, pero “iremos a donde haga falta, incluyendo Estrasburgo” en defensa del derecho a la propiedad privada y al uso y explotación individual de apartamentos y bungalós situados en zonas turísticas. A su vez, la vicepresidenta de la plataforma, Maribe Doreste, advirtió que si los ciudadanos no frenan el intento político de excluir a los ahorradores canarios de las zonas turísticas, “acabarán poniéndonos una cuota hasta para ir a la playa”.

Blas Padrón no dejó este viernes títere con cabeza ante la sede de Presidencia del Gobierno: políticos, organizaciones de hoteleros y extrahoteleros, funcionarios de Turismo y registradores de la propiedad fueron desfilando por su discurso, cuyo eje central fue el rechazo a todas las leyes vigentes y en preparación que pretenden eliminar el uso residencial de bungalós y apartamentos y también cualquier posibilidad de explotación individual de los inmuebles.

El presidente de la PALT criticó al Gobierno central por pretender introducir en el último minuto de la legislatura una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan impedir con mayorías de tres quintos el alquiler vacacional. Arremetió también contra el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y contra Coalición Canaria por aliarse con Nueva Canarias para intentar también una maniobra legislativa de último minuto que condenaba a los pequeños propietarios a dejar sus inmuebles en manos de explotadoras turísticas.

Pero la parte más dura de su discurso fue para Nueva Canarias, su presidente, Román Rodríguez, y los diputados autonómico y nacional Luis Campos y Pedro Quevedo. En el caso de los dos primeros, por alimentar la propuesta legislativa, suspendida a última hora tras un varapalo del Consejo Consultivo de Canarias, que añadía nuevas y severas limitaciones al uso particular de bungalós y apartamentos. En el caso de Quevedo, por demonizar el alquiler vacacional y repetir la teoría, falsa según la PALT, de que es imposible la convivencia en un mismo complejo o edificio de usos residenciales y turísticos.

Un conjunto de “falacias” que, según Padrón y la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste, sólo persiguen un objetivo: echar a los pequeños ahorradores canarios de los complejos turísticos del Sur para dejar todo el negocio en manos de empresas explotadoras y touroperadores.

Tras esta primera concentración en Las Palmas de Gran Canaria, que llenó de manifestantes y de pancartas la plaza capitalina de Rafael O´Shanahan, la plataforma se propone ahora extender su movilización a las islas de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. De Tenerife ya han recibido peticiones de ayuda de veinte propietarios que han recibido de las gestoras de sus complejos cartas que les conminan a abandonar sus casas en el plazo de un año, sopena de quedar expuestos al procedimiento de expropiación encubierta (sustitución del propietario disidente) contemplado en el decreto 85/2015, que a su vez desarrolla la ley de 2013 de renovación y modernización turística.

Mercedes Godoy es propietaria desde hace años de un apartamento situado en un complejo mixto de uso turístico y residencial en el Sur de Gran Canaria. Ella es una de los miles de pequeños propietarios que temen el impacto de la legislación que impone en Canarias el deber de dedicar esta vivienda al uso exclusivamente turístico y que amenaza con expulsar de los complejos a los canarios que invirtieron en bungalós y apartamentos los ahorros de toda su vida. Mercedes invoca el apoyo de los ciudadanos a la concentración que la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha convocado para este viernes 29 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. “Estoy enferma de las rodillas, pero iré a la manifestación aunque sea arrastrando los pies”, dice en un vídeo que reproduce una conversación entre Mercedes Godoy y la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste.

Mercedes y su marido compraron este inmueble hace muchos años. Ella y su marido, padres de tres hijos, pasaron un día por delante del solar en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana, vieron un pequeño stand de venta con la maqueta del edificio y se decidieron a comprar un apartamento para depositar en él con gran esfuerzo sus ahorros. Cuando compraron, a Mercedes y a su esposo les dijeron que serían libres de dar al inmueble el uso que quisieran, ya para vivir, ya para rentarlo. Más tarde, con sus hijos ya independizados, Mercedes estableció en el inmueble su propia residencia.

“Vengo de pobre, esta casa la pagamos con mucho sacrificio y en ella pienso vivir hasta que me muera”. Ahora, sintiendo sobre su espalda la espada de Damocles de la reforma turística que amenaza a miles de pequeños propietarios, Mercedes se rebela como otros cientos de afectados contra la pretensión política de endurecer todavía más las limitaciones de uso a los dueños de bungalós y apartamentos. “No me parece nada bien. Soy una pobre trabajadora, con mucho trabajo reunimos para pagar esta casa. Uno lo ha pagado y es dueño de alquilarla o de vivirla”.

Mercedes Godoy niega uno de los argumentos recurrentes de la política contra la convivencia en un mismo complejo de residentes y turistas. “Jamás he tenido un problema, jamás ha venido nadie a tocar a mi puerta. Estoy sola y no siento nada por la noche. Ellos”, dice en alusión a los turistas, “se reúnen en el parque del complejo y ponen sus televisión y su música. Y a mí, cuando me molesta, cierro la ventana y ya está. Soy muy feliz aquí”.

La manifestación de la PALT se celebrará a partir de las 18:00 horas de este viernes ante la sede de la Presidencia del Gobierno en la capital grancanaria, en la plaza de Rafael O´Shanahan, en la trasera del antiguo hospital del Pino. La plataforma exige a los partidos políticos que desistan de aprobar una ley aplazada hasta después de las elecciones que pretende eliminar cualquier uso o explotación individual de apartamentos y bungalós situados en complejos turísticos.

La PALT pide también la derogación de la ley turística de 2013 y del decreto que lo desarrolla, de 2015, que prevé un procedimiento de sustitución forzosa de los propietarios que no se atengan al deber de uso turístico de sus inmuebles a través de una explotadora única.

La cita es este viernes, 29 de marzo, ante la puerta de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 18:00 horas. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) quiere movilizar a miles de personas contra el secuestro político de la propiedad privada y el intento de expulsar a los pequeños propietarios de todos los complejos de apartamentos y bungalós en las zonas turísticas. El colectivo pide el apoyo de todos los ciudadanos para derribar todas las leyes presentes y futuras que limiten el derecho al libre uso de los inmuebles, ya sea como primera o segunda residencia, ya como fuente de ingresos mediante alquileres de larga duración, de temporada o vacacional.

La plataforma se reactivó a principios de este mes de marzo para impedir la aprobación en el Parlamento de Canarias de una ley que impediría todo uso y explotación individual de apartamentos y bungalós por parte de sus legítimos propietarios. La propuesta de ley tenía que votarse en el pleno del 13 y 14 de marzo y quedó suspendida y pospuesta hasta la próxima legislatura tras recibir un dictamen negativo del Consejo Consultivo de Canarias. Pero el colectivo no se fía de la política y decidió no detenerse: ahora, no solo para impedir cualquier intento de prohibir el alquiler vacacional en el sur, sino también para derribar la ley turística de 2013 que contiene un procedimiento de expropiación encubierta que en la práctica pone en peligro a todos los pequeños propietarios.

El colectivo quiere movilizar a todos los pequeños propietarios, sea cuales sean las condiciones en que tienen sus inmuebles: si usan las viviendas como primera o segunda residencia, si lo alquilan por temporadas o a largo plazo conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, si pretenden explotarlos como alojamiento vacacional o si lo tienen en manos de empresas explotadoras. Todos están convocados porque, en la práctica, todos están amenazados por la ley de 2013 y el reglamento que lo desarrolla, dictado en 2015 por el Gobierno que entonces presidía Paulino Rivero, de Coalición Canaria.

¿Y cuál es esa amenaza? La de ser expulsados de forma forzosa de complejos y apartamentos mediante una polémica y peligrosísima fórmula de `sustitución del propietario disidente´, que puede ser activada por mayoría simple en cualquier complejo que se rija mediante la Ley de Propiedad Horizontal. Esta sustitución forzosa puede activarse en cualquier momento si el propietario se niega a hacer frente a los gastos de mantenimiento o renovación del inmueble establecidos por sus respectivas comunidades. Pero también si el propietario se niega a ceder la explotación de su vivienda a una gestora única, sea o no propietaria de alguno o varios inmuebles en el complejo.

La ley de 2013 y el decreto que lo desarrollan establecen para ambos supuestos la apertura a petición de cualquiera, sea o no propietario, de un procedimiento de sustitución del propietario disidente si se da cualquiera de los supuestos descritos. En tal caso, la Administración activaría un concurso público para que cualquiera, particular o empresa, pueda optar a hacerse con la propiedad afectada a un precio que en tal caso fijaría el nuevo propietario, nunca el original. Para mayor inseguridad, la resolución de ese concurso puede ser decidida por una mayoría de solo un tercio de las comunidades en los complejos donde se diera el caso.

Ahora, la PALT exige la derogación tanto de la ley de 2013 como del leonino reglamento que la desarrolló en 2015. Además, la plataforma está en guardia ante los planes de los grupos parlamentarios para la próxima legislatura, dado que la ley mediante la que pretendían volver a prohibir el alquiler vacacional en las zonas turísticas, pese a las sentencias en contra del Tribunal Supremo, volverá a debatirse en la Cámara tras las próximas elecciones. De hecho, uno de sus promotores, el grupo de Nueva Canarias, ha insistido hace solo unos días en su propósito de bloquear cualquier puerta al alquiler vacacional que no sea mediante unidad de explotación, es decir, a través de una entidad intermediadora.

La ley pretendida, paralizada tras un duro informe del Consejo Consultivo de Canarias, pretendía eliminar cualquier vía de uso particular o de explotación individual de apartamentos y bungalós en las áreas turísticas.

Hay otros dos elementos que colocan en situación de riesgo a los propietarios y sobre los que alerta expresamente la plataforma. En teoría, todo propietario que residiera en su bungaló o apartamento antes del 1 de enero de 2017 está a salvo de ese procedimiento de expropiación encubierta. Así lo indica una disposición adicional de la Ley del Suelo incluida en su día gracias a la presión de la PALT.

Pero frente a esa disposición, surgen numerosas casuísticas de riesgo para los pequeños propietarios: por ejemplo, para aquellos que hayan comprado o heredado los inmuebles con posterioridad a esa fecha o que, siendo dueños con anterioridad a esa fecha, tuvieran sus casas en explotación en ese momento. Todos ellos quedan técnicamente en peligro de que les sea aplicable el procedimiento de sustitución del propietario disidente y, por tanto, en riesgo de perder sus inmuebles a un precio que pondría el adquirente. “Todos están atrapados”, según la gráfica definición acuñada por la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste.

El otro frente de alarma sobre el que alerta la plataforma es el hecho de que los registradores de la propiedad estén incluyendo en los registros las limitaciones legales que las leyes descritas proyectan sobre bungalós y apartamentos. Estas anotaciones se están incluyendo en todos los casos en los que se producen transmisiones de propiedad, ya sea por operaciones de compraventa, ya sea por herencias.

Durante los últimos días, la plataforma ha desarrollado una frenética actividad para preparar la manifestación de este viernes en la playa de Rafael O´Shanahan, en la trasera del antiguo hospital del Pino. Todas las convocatorias han sido difundidas en castellano y en inglés, dado que hasta la plataforma han acudido también numerosos ciudadanos extranjeros que residen en el Sur tras elegir Gran Canaria como lugar de retiro o de residencia temporal. Ellos también están afectados y alarmados por el escenario de inseguridad jurídica que afecta a los pequeños propietarios.

Los pequeños propietarios de bungalós y apartamentos han decidido declarar la guerra en todos los frentes posibles al proyecto de ley turística redactada por Nueva Canarias y Coalición Canaria que dinamita el alquiler vacacional en las zonas turísticas y elimina cualquier posibilidad de que los particulares obtengan rentas individuales por sus inmuebles, obligándoles a colocarse en manos de explotadores únicos y fomentando de facto la expulsión de los pequeños propietarios de los complejos turísticos. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) logró este domingo una respuesta masiva a su llamamiento a una asamblea informativa en Playa del Inglés, donde el reboso de afectados fue tan grande que obligó a colocar un sistema de megafonía en plena calle para que todos los asistentes pudieran seguir el desarrollo del acto.

Comandados por la plataforma, los afectados se movilizarán en la calle, con una primera concentración el próximo 29 de marzo ante la sede grancanaria de la Presidencia del Gobierno en la Plaza de Rafael O´Shanahan a las 18,00 horas. La PALT tratará también de conseguir que todos los grupos políticos se posicionen sobre la conflictiva ley turística antes de las próximas elecciones y anuncia además que emprenderá acciones judiciales de forma individual contra todos los funcionarios que, a su juicio, traten de coartar su derecho constitucional a la propiedad privada y el derecho a la libertad de empresa. Así lo declaró este domingo a esta web la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste.

“La gente está indignada y le haremos saber a todos los grupos políticos que los canarios estamos hartos de este maltrato”. La espoleta ha sido esta vez la propuesta de ley colada en el Parlamento en el último minuto por Nueva Canarias y Coalición Canaria, “con el apoyo cómplice del PSOE”, aprovechando el trámite parlamentario de un texto que no tenía nada que ver con el uso de bungalós y apartamentos.

Doreste explicó que ya se han pedido reuniones con todos los grupos parlamentarios que están a favor de ese proyecto, a excepción de Nueva Canarias: “Con ellos no vamos a hablar, porque ya sabemos que es inútil”. Sí están intentando sin embargo contactar con los grupos parlamentarios del PSOE y de Coalición Canaria. El primero ni siquiera ha contestado. De Coalición solo han obtenido el apoyo del candidato de CC a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, pero ni una sola respuesta del grupo parlamentario, que es quien decidirá la votación. El PP se desmarcó desde el principio de este texto legal y Podemos lo hizo hace una semana, desde que atisbó la marea de indignación que este texto causaría entre los ciudadanos.

El texto de la discordia saltó en el Parlamento de Canarias cuando, en el trámite final de una reforma puntual de la ley de modernización y renovación turística, NC y CC dieron un cambiazo al texto para convertirlo en una ley contra el alquiler vacacional y las limitaciones de uso de bungalós y apartamentos en las zonas turísticas. La maniobra del cambiazo fue tan descarada, que el Parlamento decidió en el último minuto en su junta de portavoces dejar en suspenso la votación prevista para el 13 de marzo pasado y pedir un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, en vista de que el texto final poco tenía que ver con el objetivo inicial del proyecto.

El proyecto colado a última hora prohibe expresamente no solo el alquiler vacacional en las zonas turísticas, pese a las sentencias en contra dictadas por el Tribunal Supremo, sino que agrega una prohibición adicional para que tampoco se puedan suscribir contratos de alquiler de temporada ni de larga duración. La ley supone una vuelta de tuerca para imponer sin limitaciones la unidad de explotación y en la práctica obligar a todos los pequeños propietarios a pasar por el aro de las empresas explotadoras únicas. El uso residencial ya estaba virtualmente prohibido, con la única excepción de la disposición de la Ley del Suelo que solo permite el preexistente antes del 1 de enero de 2017.

Los redactores de las enmiendas que forzaron el cambiazo (el propio Román Rodríguez, en el caso de Nueva Canarias) quieren elevar a rango de ley una prohibición del alquiler vacacional en las zonas turísticas que ya ha sido tumbada en varias sentencias por el Tribunal Supremo. El alto tribunal argumenta que no tiene sentido limitar esta actividad precisamente en las áreas donde tiene más razón de ser y subraya además que la prohibición va en contra del derecho constitucional a la libre empresa y de las directivas comunitarias de libre prestación de servicios.

Ahora, la PALT emprenderá una batería de movilizaciones que no se detendrán ni siquiera si el Parlamento canario deja acabar la legislatura sin votar este controvertido proyecto, a la espera del dictamen solicitado al Consejo Consultivo.

¿A quién obedecen los grupos políticos del Parlamento de Canarias? ¿A los ciudadanos, a los grupos empresariales de presión o a los especuladores amiguetes? Es una pregunta pertinente en vista del expolio a los pequeños propietarios de apartamentos turísticos que se propone consumar el Parlamento autonómico, con la autoría intelectual de Nueva Canarias (Román Rodríguez) y Coalición Canaria (al mando de Fernando Clavijo) y, si nadie lo remedia, el errático e incoherente apoyo del Partido Socialista.

NC y CC quieren aprobar una ley que dinamitará cualquier vía para que los particulares puedan rentabilizar sus bungalós o apartamentos en zonas turísticas mediante el alquiler vacacional. El PP se desmarca y Podemos también anuncia un voto en contra, al entender que esta ley solo empeorará la especulación y el encarecimiento de los alquileres en las áreas urbanas no turísticas. El texto tenía previsto votarse en el pleno del Parlamento del 12 y 13 de marzo, pero la Junta de Portavoces decidió aplazarlo a última hora hasta que se pronuncie el Consejo Consultivo de Canarias.

En el último minuto de la legislatura, NC, CC y PSOE pretenden elevar a rango de ley una prohibición de facto del alquiler vacacional en las zonas turísticas de Canarias y asestar un nuevo golpe a los derechos de los pequeños propietarios de bungalós y apartamentos. Pero el impacto no se limitará a las áreas turísticas. Para todo el territorio autonómico, la nueva ley abrirá una espita demencial de inseguridad jurídica. La norma permitirá a cada cabildo, a cada ayuntamiento y al propio Gobierno establecer arbitrariamente limitaciones generales o zonales al alquiler vacacional, limitaciones que además podrán ser indefinidas o temporales. En la práctica, con esta ley en la mano, cualquier alcalde podrá, mediante ordenanzas provisionales, permitir el alquiler vacacional en una acera y prohibirla en la de enfrente, temporal o definitivamente.

El engendro legislativo redactado a trozos por Nueva Canarias y CC desprecia las sentencias del Tribunal Supremo contra el decreto sobre alquiler vacacional actualmente vigente, así como las numerosas advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la imposibilidad de primar a los grandes operadores turísticos sobre los pequeños propietarios. Por si esto fuera poco, la propuesta de NC y CC, avalada por el PSOE, invade competencias no autonómicas y pretende vulnerar los derechos de los propietarios de viviendas contemplados en la Ley de Propiedad Horizontal, de carácter estatal.

A continuación se desgranan las claves de este atentado contra el derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la libre prestación de servicios amparadas por la Constitución Española y las directivas de la Unión Europea que el Parlamento canario pretende consumar en el pleno que empieza este martes.

¿Cómo arranca esta ley?

La ley que pretende aprobar el Parlamento no tenía originalmente nada que ver con el alquiler vacacional. Comenzó a tramitarse como un proyecto para modificar la ley de renovación y modernización turística, precisamente como consecuencia de los numerosos varapalos judiciales que la mal llamada moratoria turística cosechó durante años en los tribunales.

El texto empezó a tramitarse en septiembre de 2016 y los diputados, sin prisa ninguna, han encadenado una prórroga tras otra. El texto original provocó dos enmiendas a la totalidad, una de ellas de Nueva Canarias, que se debatieron en enero de 2018. Curiosamente, la enmienda de totalidad de Nueva Canarias no contenía ni una línea sobre el conflicto del alquiler vacacional.

Pero nueve meses después, Nueva Canarias pegó un cambiazo y presentó un paquete de enmiendas parciales concentradas esencialmente en el alquiler vacacional. O para ser más exactos, en el intento de boicotear a toda costa cualquier posibilidad de que los pequeños propietarios de apartamentos turísticos puedan rentabilizarlos mediante el alquiler vacacional.

Coincidió en el intento con otro paquete paralelo de enmiendas de Coalición Canaria, redactadas en la misma dirección. Con el grueso de ambos textos y el inexplicable apoyo del PSOE, NC y CC pretenden colar con rango de ley, en el último minuto de la legislatura, una nueva prohibición del alquiler vacacional en las zonas turísticas y un gran abanico de potenciales limitaciones en todo el territorio canario. Para resumirlo: aprovechando que el Pisuerga de una modificación turística pasaba por el Parlamento, Román Rodríguez le ha hecho a Fernando Clavijo el trabajo de eliminación de la competencia soñado por algunos poderosos lobbies hoteleros y extrahoteleros, un trabajo que ni siquiera el propio Clavijo se ha atrevido a completar por decreto.

Presionado entre otros por la poderosa asociación de hoteleros de Tenerife (Ashotel), Clavijo lleva toda la legislatura mareando la perdiz con un `nuevo´ decreto de alquiler vacacional que contiene incluso más limitaciones que el anterior, firmado por Paulino Rivero. A pesar de los innumerables varapalos judiciales, Clavijo ni ha derogado el decreto anterior, ni ha aprobado el nuevo. Irónicamente, el borrador del `nuevo´ sigue rodando en bucle por varias mesas `negociadoras´, en el intento del gobierno de simular que está `consensuando´ el texto.

Ahora, con el gol colado en el Parlamento a medias entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, ese supuesto decreto de consenso irá directo a la papelera. El sueño largamente perseguido por ciertos lobbies hoteleros de hacer inviable a toda costa el alquiler vacacional por los pequeños propietarios turísticos ya no tendrá formato de decreto, sino rango de ley y saldrá del Parlamento, si no lo impide el Consejo Consultivo. ¿Alguien da más?

Prohibición en las zonas turísticas

El primer decreto canario de alquier vacacional también fue colado en el último minuto de legislatura en 2015 por el entonces Gobierno de Paulino Rivero. El decreto prohibía directamente el alquiler vacacional en las zonas turísticas y ha cosechado un gran número de varapalos judiciales, primero en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y luego en el Tribunal Supremo. En una de sus últimas sentencias, el Supremo lo deja meridianamente claro: prohibir el alquiler vacacional en suelo turístico es un acto contradictorio en sí mismo que solo beneficia a los grandes operadores turísticos, pero además lesiona el derecho constitucional a la libertad de empresa, la ley de unidad de mercado y las directivas europeas que protegen la libre prestación de servicios. Estas sentencias llegaron después de numerosas advertencias en la misma dirección de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Pues bien, ¿qué pretenden santificar ahora NC y CC? Una prohibición encubierta, que consiste en bloquear cualquier posibilidad de que el dueño de un apartamento turístico lo rentabilice por su cuenta como vivienda vacacional. Si usted es propietario de una vivienda situada en un complejo turístico, no podrá practicar el alquiler vacacional en ninguna circunstancia. Si el complejo está activo como establecimiento turístico, estará obligado a ponerse en manos de un explotador único, a mayor gloria de los grandes operadores y de los especuladores.

La vivienda tampoco podrá ser arrendada mediante alquiler de larga duración, posibilidad que queda eliminada con una oportuna enmienda de CC. El panorama se remata con la prohibición de residir en el apartamento o bungaló, salvo con la limitadísima excepción contemplada en la ley del Suelo de Fernando Clavijo: solo se permitirá el uso residencial que ya estuviera consolidado con fecha de 1 de enero de 2017. Si usted no estaba empadronado en esa fecha, vaya olvidándose... Y si se plantea vender, empiece a calcular una depreciación en cascada: Nueva Canarias y Coalición Canaria, con el apoyo del PSOE, se han esmerado mucho en el intento de que su propiedad no valga nada en el reino de los grandes intocables hoteleros y extrahoteleros.

Bienvenidos al reino de la inseguridad jurídica

La pretendida nueva ley aportará también grandes dosis de inseguridad jurídica a todos los propietarios de viviendas, estén situadas o no en municipios o áreas turísticas. El nuevo texto rebota a ayuntamientos y cabildos la posibilidad de establecer de forma arbitraria y aleatoria todas tipo de limitaciones al alquiler vacacional, sin definir ni siquiera de forma genérica qué tipo de restricciones y por qué tipo de motivos. Estas limitaciones podrán introducirse a través de los planes insulares y urbanísticos, pero también a través de ordenanzas provisionales, en municipios completos o solo en una parte de ellos y de forma indefinida o temporal. Por si acaso ayuntamientos y cabildos se quedan cortos, el Gobierno se reserva también su propio trozo de pastel y podrá establecer “límites máximos de implantación” e incluso “condiciones urbanísticas específicas” a la vivienda vacacional.

Tampoco aquí se define ningún tipo de pauta. Traducido: si usted se propone invertir en una vivienda y quiere rentabilizarla turísticamente, sepa que en cualquier momento le puede ser restringido el uso y gestión de su propiedad, sin que nuestros padres de la patria den pista alguna de cómo, dónde, cuándo, ni por qué podrán aparecer esas limitaciones. La incertidumbre total en el reino de la total arbitrariedad. Y un camino expedito para que las limitaciones a esta forma de explotación turística se conviertan, además, en una fuente añadida de potenciales corruptelas.

Vulneración de la Ley de Propiedad Horizontal

Si aprueba la nueva ley turística, el Parlamento invadirá además una competencia no autonómica y vulnerará de facto la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que regula los derechos y deberes de todos los propietarios de viviendas sujetas a esta norma.

La LPH es muy clara cuando dice que los estatutos de una comunidad, que regulan entre otras cosas los usos permitidos de las viviendas, solo se pueden modificar con el voto unánime de todos los propietarios. Esta previsión ha sido matizada por el reciente decreto ley sobre alquileres aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permite a las comunidades de propietarios por mayorías de tres quintos limitar el uso de las viviendas como vacacionales o encarecer sus cuotas, pero en todo caso sin efectos retroactivos.

Pues bien, el proyecto en trámite en el Parlamento de Canarias obvia por completo lo que dice esta ley y convierte esta votación en obligatoria para explotar viviendas vacacionales. Así, si usted quisiera dar de alta su vivienda como alojamiento vacacional, ahora tendría que aportar un certificado de su comunidad en el que, por una mayoría de tres quintos, se le autorice expresamente al alquiler vacacional.

Suspensión a la espera del consultivo

El proyecto de ley que arrancó para tapar los agujeros judiciales de la ley de modernización turística y acabó convirtiéndose en el dinamitero de los pequeños propietarios estaba en el orden del día del pleno que celebraba el Parlamento de Canarias los días 12 y 13 de marzo y en él lo sigue mostrando la web del Parlamento canario. Sin embargo, la junta de portavoces decidió antes sacar el proyecto del orden del día y dejarlo en espera hasta que se pronuncie el Consejo Consultivo de Canarias.

Las primeras horas del pleno estaban reservadas para una comparecencia de Fernando Clavijo. ¿Sobre qué? Pues sobre la condición de investigado (antes imputado) del presidente del Gobierno de Canarias en el llamado `caso Grúas´y la declaración que éste debía prestar ante un jueza de La Laguna, también suspendida por ahora.

Tras la decisión de la junta de portavoces, los grupos políticos tendrán que esperar ahora a ver qué dice el Consejo Consultivo sobre el gol de último minuto de la legislatura planeado por Nueva Canarias y Coalición Canaria, por si no bastaba con el bochorno de un presidente investigado.