Decidir quién tendría mejor derecho para ocupar la plaza que podría dejar vacante el –matemáticamente ascendido- Eibar, por un eventual descenso administrativo, no es tarea fácil.

Decidir quién tendría mejor derecho para ocupar la plaza que podría dejar vacante el –matemáticamente ascendido- Eibar, por un eventual descenso administrativo, no es tarea fácil.

La primera respuesta que cabría dar a esa hipótesis sería reconocerle el derecho al club mejor colocado después de los ascendidos, pero resulta que cuando ha de tomarse la decisión (no antes del 6 de agosto), ya se habría celebrado la fase de ascenso de la que habría salido el tercer equipo que acompañaría al Depor y al Eibar, lo que supone una complicación adicional.

En ese escenario hipotético, ¿quién tendría mejor derecho: el último que había descendido de Primera (el Osasuna) o el siguiente clasificado de Segunda División?

Y en este segundo supuesto, ¿quién sería el mejor clasificado de Segunda: el mejor situado en la tabla en la liga regular, o el perdedor de la última eliminatoria que habría decidido el tercer equipo para el ascenso?

La RFEF ha venido manteniendo el principio general de que quien baja-baja, es decir, que el descenso deportivo debe consumarse siempre, y que el mejor derecho lo tiene siempre el de la categoría inferior. Sobre esta base, pocas opciones tendría el descendido Osasuna en sus aspiraciones de seguir en Primera.

¿Y luego qué? ¿Dentro de Segunda, a quién se le reconoce mejor derecho?

La papa caliente es para la RFEF y la LFP. Desde nuestra atalaya de Iusport.com nos atrevemos a aventurar que optarán por el criterio del club mejor clasificado durante la liga regular, de ahí la importancia que tiene un tercer puesto al concluir la fase regular.

Huelga decir que todo esto quedará en mera especulación si el Eibar consigue completar el capital social exigido por el Consejo Superior de Deportes antes del 6 de agosto, pero eso es un futurible que difícilmente se decantará antes de que termine la fase regular.

La UD Las Palmas ha vivido varios

match ball

en su dilatada existencia. En los años ochenta, merced al Real Decreto 1006, el club dejó de disponer de un derecho de retención sobre los propios jugadores que le permitió vivir dos décadas de gloria.

La UD Las Palmas ha vivido varios match ball en su dilatada existencia. En los años ochenta, merced al Real Decreto 1006, el club dejó de disponer de un derecho de retención sobre los propios jugadores que le permitió vivir dos décadas de gloria.

En 1992 se transformó, por imperativo legal, en sociedad anónima deportiva gracias a la implicación de los aficionados y de las instituciones. A partir de ahí, y producto de la dinámica alocada, propia de todos los clubes de élite, la entidad amarilla fue endeudándose progresivamente hasta llegar en 2004 a la gigantesca cifra de 66 millones de euros.

Este fue el panorama que se encontró Miguel Ángel Ramírez cuando cogió las riendas de la entidad hace ahora diez años. Pero con buen ojo, Ramírez llegó pronto a la conclusión de que se avecinaba una lluvia de demandas, así que a grandes males, grandes remedios. Si no se aplicaba un antídoto de forma inminente, las demandas podían convertirse en sentencias y éstas en embargos, lo cual significaba la disolución de la principal sociedad deportiva de Gran Canaria, fundada en 1949 con la ilusión de todos los grancanarios, entre ellos mi padre.

Y así fue. Recién salida del horno estaba aún la Ley Concursal, promulgada en 2003 pero que entró en vigor en septiembre de 2004. Los nuevos rectores amarillos cogieron el toro por los cuernos y se decidieron a aplicarla por primera vez en España a un club deportivo. El concurso de acreedores fue declarado judicialmente el 5 de noviembre de 2004. Nadie daba un euro por el club grancanario en el verano de 2004. Sin embargo, la determinación de dos personas, Miguel Ángel Ramírez y el juez encargado del caso, Juan José Cobo Plana, hizo posible superar otro punto de no retorno. Jurídicamente fue muy interesante. La Ley tenía y tiene por principio rector la búsqueda de formulas que hagan posible la supervivencia de la empresa afectada, y eso fue lo que aplicaron. Una auténtica bomba de oxígeno que desencadenó, otra vez, todo un movimiento social y económico en torno a la entidad amarilla.

Gracias a la declaración judicial del concurso, el club consiguió, de entrada, forzar a la Federación Española para que diligenciara las fichas de jugadores y del entonces entrenador Carlos Sánchez Aguiar, a pesar de no estar al corriente en sus obligaciones, hecho sin precedentes que tuvo a todo el fútbol español expectante. Efectivamente, famoso fue el auto judicial que instaba a la RFEF el diligenciamiento de las licencias con apercibimiento a la Federación de incurrir en delito de desobediencia y de ser embargada en cuantía de cuarenta millones de euros si no atendía el requerimiento judicial, que finalmente atendió.

Pero tampoco fue suficiente la declaración del concurso. Durante estos diez años los dirigentes del club se han visto obligados a remar contracorriente a nivel judicial y en lo económico. Endeudados hasta el cuello se tuvieron que enfrentar a multitud de incidentes judiciales que se cruzaron por el camino, lo que obligó a los servicios jurídicos del club a emplearse a fondo y con éxito. Deudas heredadas del antiguo Universidad Club de Fútbol, litigios con el Deportivo de la Coruña (Schurrer, etc.), con Iñaqui Urquijo, Boluda, Freire, y en especial con el expresidente Manuel García Navarro, ponían en peligro el propio concurso de acreedores, o lo que es lo mismo la supervivencia de la entidad.

Y llegamos a la segunda década del siglo XXI. En los últimos tiempos la cosa se había complicado sobremanera pues la Liga de Fútbol Profesional ha acentuado el control sobre los clubes (Fair Play Financiero) y existía cierto riesgo de que el club amarillo fuese descendido administrativamente al final de esta temporada, tal y como ocurriera en la anterior al Guadalajara, por anomalías en su capital social. Y es que una de las causas judiciales promovidas por García Navarro cuestionaba la autenticidad del capital social declarado por la UD Las Palmas, SAD.

En fin, gracias al pacto recién firmado entre el actual presidente y el ex García Navarro, la afición puede respirar tranquila. La entidad pone fin al concurso y cierra los litigios pendientes en un momento que se presentaba, otra vez, crítico para su supervivencia como club de élite.