No deja de resultar un tanto chocante la reacción de dos importantes dirigentes socialdemócratas alemanes, Sigman Gabriel y Martin Schultz, ante los resultados (incómodos para ambos) del reciente referéndum griego ya que prácticamente dan por rotos todos los puentes de la (inevitable) negociación en el futuro más inmediato. Con ello, han demostrado ser incluso más “ortodoxos” que Angela Merkel y Wolfgang Schauble, una sobreactuación que- en el fondo- no les va a hacer más creíbles ante el electorado alemán: entre el original y la fotocopia los votantes “comprarán” siempre lo primero. Por lo demás, en el caso de Schultz su intervención ha resultado doblemente extemporánea: como Presidente del Parlamento Europeo debería haber guardado mucha mayor contención institucional, a la vez que ha desautorizado su propia campaña electoral de 2014 cuando anunció que defendería el fin de las inflexibles políticas de austeridad..

Esta línea de rechazo frontal y sin matices de la política del Gobierno griego (que, por supuesto, también es criticable) ha sido compartida por dirigentes socialdemócratas de otros países (el fundamentalista de mercado y líder del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem). En suma, el grueso de la socialdemocracia “nórdica”, con raras excepciones (Peer Steinbrück), se ha alineado de modo prácticamente indistinguible con el centro-derecha y ello implica una doble regresión: de un lado, significa claudicar ante los imperativos de los famosos “mercados” financieros, y de otro, supone objetivamente un repliegue nacionalista, impropio de una familia ideológica que- al menos en teoría- asume el europeísmo supranacional.

En consecuencia, es incomprensible el seguidismo de la socialdemocracia nórdica con relación a las políticas de austeridad rigurosa gratas a los mercados y a la derecha política y notoriamente injustas para los países menos favorecidos. Es incongruente de acuerdo con su tradición que tal subsector de esta familia ideológica (el discurso sobre la socialdemocracia “meridional” debe ser algo más matizado) se encuentre más cómodo con banqueros y empresarios que con trabajadores y desfavorecidos. Con ello, no sólo se aleja de su razón histórica de ser, sino que así se convierte en una opción voluntariamente subordinada y seguidista del centro-derecha. Si el famoso acrónimo TINA (el There Is No Alternative de Margaret Thatcher) implica que tan sólo es posible una política económica y sólo esa, una socialdemocracia tan “adaptada” a los requerimientos del establishment resulta muy poco atractiva para los ciudadanos progresistas, ni siquiera como “mal menor”.

Algo diferente es la posición de la socialdemocracia del mundo latino: François Hollande, Matteo Renzi y Pedro Sánchez han mostrado (al menos en teoría) alguna receptividad y parcial comprensión de las razones de fondo del claro triunfo del no en Grecia. Sin embargo, esta mayor moderación tampoco les ha llevado a una seria autocrítica y, sobre todo, a intentar proponer una clara alternativa a la ortodoxia fundamentalista neoliberal (Sánchez sí ha ido algo más allá al respecto, aunque cabe la sospecha de que así ha sido porque no gobierna).

Mientras la socialdemocracia no se atreva a liderar un proyecto crítico y realista de que “otra” Europa es posible, el terreno está abonado para que los electores desesperados recurran a los más diversos partidos de protesta. En la mayoría de los países europeos este descontento lo suele capitalizar la derecha radical populista, en algún caso han surgido formaciones extrañas y confusas (el Movimento 5 Stelle de Beppe Grillo en Italia) y en Grecia el fenómeno SYRIZA, un partido de izquierda radical en el Gobierno. Naturalmente, en España Podemos aspira a canalizar el descontento y en parte puede conseguirlo si la socialdemocracia clásica (el PSOE) no sabe competir eficazmente y de modo creíble con esta formación “emergente”.

Mientras la socialdemocracia tenga una actitud reverencial ante los mercados seguirá siendo, en general, fuerza secundaria y de modo duradero. Esto hará que una parte de la ciudadanía progresista abandone en masa a la vieja socialdemocracia incapaz de renovarse y de revertir la hegemonía de los mercados y busque otras alternativas, aunque a veces no sean muy fiables.

Las rectificaciones al poco de llegar al Gobierno (Hollande) o el continuismo ligeramente maquillado (Renzi) implica que incluso la socialdemocracia meridional es incapaz de cambiar en lo esencial las políticas económicas del centro-derecha, con lo que las alternancias se quedan siempre a medio camino (cambian las caras y, tal vez, algunas políticas secundarias, pero no las esenciales) con lo que se produce una devaluación de la democracia y el pluralismo.

En conclusión, la socialdemocracia debería atreverse a proponer de una vez por todas la politización de la Unión Europea: hace falta institucionalizar y visualizar con claridad el inevitable conflicto político entre diferentes alternativas. Ya no se puede seguir adelante con el cortoplacismo del mínimo común denominador y el híperconsensualismo a  ultranza de un “bloque central” indiferenciado (populares, socialistas y liberales). ¿Se atreverá finalmente la socialdemocracia a asumir la confrontación abierta, único modo de enriquecer el pluralismo político? 

A punto de concluir la legislatura es oportuno hacer un primer balance de los cuatro años de gestión política del Gobierno de Rajoy cuyo legado, a mi juicio, ha sido claramente involucionista. Gracias a su mayoría absoluta, el PP ha podido aplicar el grueso de su verdadero programa de fondo (no el que presentó a las elecciones de 2011) que ha reducido a una mera carcasa formal la Constitución en multitud de capítulos, dejando una pesada y difícil herencia para las fuerzas progresistas que aspiren a deshacer los numerosos elementos tan regresivos que se han introducido en esta legislatura en los más diversos ámbitos.

   Antes de hacer un somero repaso crítico de los mismos, es preciso señalar que el PP es el partido más piramidal, jerárquico y centralizado del panorama político español. Es prácticamente el único partido que no organiza ningún tipo de elección primaria para la  designación interna de cargos y candidatos ya que todo lo decide “desde arriba” una reducida cúpula y, en última instancia, el líder supremo monocráticamente. Añádase a ello una concepción absolutamente delegativa y acrítica de la militancia que está del todo subordinada al aparato.

   Además de funcionar de modo muy verticalista, el PP ofrece hoy una imagen desastrosa al quedar en evidencia que gran parte de su financiación ha sido ilegal (de modo incluso “estructural”) y que muchos de sus cuadros han incurrido en intolerables prácticas corruptas (Gürtel, Bárcenas). Todo ello por no mencionar la lamentable práctica (no exclusiva del PP, por cierto) de las “puertas giratorias” de muchos de sus antiguos dirigentes después incorporados a la esfera privada (Rato como paradigma especialmente escandaloso).

La economía

   El Gobierno Rajoy se aferra obsesivamente a la economía como principal estrategia electoral, pero todo su planteamiento oficial es tramposo. De entrada, se afirma de modo incierto que su actuación “salvó” a España pues conjuró el riesgo de que fuera rescatada por la “troika”: esta tesis es falaz porque la famosa “línea de crédito” de las instituciones europeas no es más que un eufemismo ya que sí supuso una estricta intervención comunitaria en la banca privada del país. Es cierto que hoy algunos números macroeconómicos empiezan a repuntar, pero no sólo no se reflejan favorablemente en la sociedad, sino que han apuntalado el modelo neoliberal hegemónico.

   Por lo demás, retórica a parte, la lucha contra el gran fraude fiscal es muy superficial y parcial, la evasión de las principales fortunas sigue siendo la norma y la economía sumergida permanece inalterable. En otras palabras, las famosas “reformas estructurales” – impuestas por la “troika” y gustosamente asumidas por el PP- han tenido un coste social muy alto. En efecto, en esta legislatura se ha producido un gran aumento de las desigualdades sociales y un severo retroceso de anteriores conquistas de los trabajadores.

   La siempre tan deseada por la patronal “reforma del mercado laboral” (eufemismo de despido libre) ha aumentado la precarización, la generalización de los “contratos basura” (el 90% de los  mismos son temporales), el abaratamiento del despido y los bajos salarios, en un contexto de restricción de la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.

   Esta estrategia del PP ha implicado, en consecuencia, importantes recortes de un Estado del Bienestar que en España aún no había alcanzado los estándares europeos de mayor calidad. Por tanto, se han deteriorado servicios sociales esenciales: sanidad universal, educación básica, dependencia y otros. Desde cierre de quirófanos hasta de aulas de refuerzo y todo ello para beneficiar a grupos de la sanidad privada o la escuela concertada. En este último ámbito, en particular, la sintonía del PP con los sectores más integristas de la jerarquía eclesiástica católica es completa. En este sentido, hay que reconocer objetivamente que España es de hecho un Estado tan solo semi-confesional dados los exorbitantes privilegios públicos de los que goza institucionalmente la Iglesia católica y que se han visto aumentados con la lamentable ley Wert.

   Las libertades

   Es especialmente grave el retroceso de los derechos y libertades de los ciudadanos a lo largo de esta legislatura: la “ley mordaza”, las “entregas en caliente” de inmigrantes sin papeles, la inflexibilidad penitenciaria con los presos de ETA (incluso la “vía Nanclares” está bloqueada ya que el PP está prisionero de las asociaciones de víctimas dirigidas hoy por ultraderechistas de sesgo vengativo que en su día alentó contra Zapatero), todo ello inspirado por la ideología punitiva del Ministro del Interior, Jorge Fernández. El nuevo endurecimiento del Código Penal  puede implicar severas condenas de cárcel por delitos menores, mientras que los delincuentes de “cuello blanco” siguen gozando de numerosas garantías y prolijos procedimientos judiciales. Por no dejar de mencionar la práctica laminación de la justicia universal (hoy sería imposible repetir un “caso Pinochet”) ante el riesgo de perder negocios con la nomenklatura  china (por el Tíbet) o de incomodar a las autoridades marroquíes (por el Sahara).

   En este sentido, la “ocupación”  patrimonialista de las instituciones públicas por parte del PP es especialmente grave, lo que demuestra que este partido no tiene “sentido de Estado” en contra de lo que proclama. Siendo el Poder Judicial el principal elemento potencial de equilibrio, su “partidificación” a través de nombramientos de Presidentes de Salas próximos al Gobierno reduce claramente la imparcialidad del mismo. Mucho peor es el control que el PP ha impuesto de facto con su mayoría absoluta sobre instituciones  como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta el punto de no resultar ya ni confiables ni creíbles para muchos ciudadanos. Esto ocurre porque el PP tiene una concepción puramente instrumental y formal del Estado de Derecho, de tal suerte que ha convertido el principio de la división de poderes en una apariencia con escasas excepciones. Un ejemplo clamoroso de deslealtad institucional han sido las inconcebibles trabas iniciales que la Agencia Tributaria le puso al juez Ruz antes de enviarle la documentación solicitada por el mismo en las tan graves imputaciones de corrupción que afectan a miembros del PP.

   La ofensiva de Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia (severa restricción del aborto, fuerte elevación de las tasas judiciales, instrucción procesal a cargo de los fiscales) no culminó, pero impuso un CGPJ más restrictivo y la privatización parcial del Registro de la Propiedad, estando abierta la posibilidad de imponer límites  temporales a la instrucción judicial (con lo que muchos poderosos tendrían al alcance de la mano la prescripción, en la estela de Berlusconi).

   Particularmente negativa  ha sido la contrarreforma de RTVE ya que la vuelta al modelo partidista ha dado paso de nuevo a informativos anestesiantes (sucesos, deportes) y manipuladores (propaganda de los “logros” del Gobierno).

   Autonomías y Europa

   El PP es un partido nacionalista español (en palabras de Rajoy, España es “la nación más antigua de Europa, con quinientos años de existencia”, un auténtico despropósito científico en términos históricos) y aunque está en su derecho de serlo, esto tiene proyección regresiva sobre el modelo autonómico. El PP nunca ha creído en el Estado autonómico que formalmente ha aceptado como irremediable, pero siempre como punto final de llegada, de ahí su rotunda y frontal oposición a cualquier ulterior reforma del mismo en sentido federal. Por ejemplo, el sistema de financiación autonómico debería haberse revisado ya y, sin embargo, se ha aplazado sine die. Además, el PP jamás ha tenido interés en recuperar los debates en el Senado sobre el “estado de las autonomías” que en teoría deberían celebrarse cada año.

   El Gobierno Rajoy se ha escudado en criterios de “unidad de mercado” para recentralizar o no traspasar competencias contempladas en los nuevos Estatutos. Por un incomprensible temor (¿a los Países Catalanes?) el corredor mediterráneo del AVE sigue bloqueado  (pese al despropósito económico que ello supone), mientras que la anacrónica y costosa estructura radial del mismo sigue avanzando.

   Su incomprensión del movimiento soberanista catalán es legendaria y a estas alturas está claro que la única receta que tiene el PP es la de recurrir ante la justicia, sin la menor capacidad política propositiva. A la vez que ensalza la pluralidad de la sociedad catalana (algo bien real), en la Comunidad Valenciana el PP aprueba una absurda ley de “identidad valenciana” de carácter etnicista, excluyente y antipluralista. El PP, celoso de la unidad de la “lengua española” (pocas veces la denomina “castellana”) insiste en su indefendible tesis de que valenciano y catalán son dos lenguas distintas.

   Por último, el PP tiene una visión estrictamente intergubernamental de la integración europea y contraria a una real articulación federal supranacional. Por lo demás, el peso de España en la UE es mínimo ya que el Gobierno de Rajoy se ha plegado (gustosamente además) a todos los dictados de la “troika”.

   Una nota final Una nota final

   En suma, por estas razones que se han abordado aquí sumariamente y que no abarcan todos los ámbitos en los que ha actuado el Gobierno de Rajoy, creo que la caracterización que hay que hacer del PP es la de ubicarlo en el espacio de la derecha reaccionaria europea. No en el de la ultraderecha radical (no es asimilable a los neonazis griegos de “Aurora Dorada”, por ejemplo), sino en el de formaciones como la húngara FIDESZ (la Alianza de Jóvenes Demócratas de Víktor Orbán) o la polaca PiS (Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczyński) que no representan un centro-derecha moderado, sino una derecha “sin complejos” muy poco liberal (salvo en economía) y nada “centrista”.

   En definitiva, el PP sigue teniendo un problema que las derechas moderadas europeas resolvieron hace mucho tiempo y es la evaluación crítica del franquismo. Es cierto que técnicamente el PP condenó- por primera y única vez- la dictadura franquista en una resolución parlamentaria  en el Congreso de los Diputados nada menos que durante el último Gobierno de Aznar para intentar que las izquierdas no sacaran a relucir este asunto una y otra vez (20 de noviembre de 2003), pero es un asunto que siempre le ha incomodado profundamente dado el origen de los fundadores ( Fraga) y de tantos de sus cuadros, así como por el sentir de una buena parte de sus electores. Su absurda resistencia a facilitar la exhumación de las fosas de antifranquistas represaliados (UCD, por el contrario, no se opuso en su día) es un ejemplo más de la anomalía española de un supuesto centro-derecha moderno, algo que resulta contradictorio con la actitud de sus homólogos europeos.

Doctrinalmente no deja de sorprender que una buena parte de la izquierda política catalana haya optado por el independentismo ya que la tradición ideológica de los partidos vinculados al movimiento obrero fue siempre la de primar la solidaridad de clase entre los trabajadores por encima de las lealtades patrióticas. No obstante, es bien sabido que tal principio genérico se rompió a nivel internacional en fecha tan temprana como 1914.

En realidad, tal como Lluís Orriols ha recordado recientemente, los catalanes independentistas que se consideran de izquierdas no lo son tanto en esta segunda dimensión como creen serlo. El eje etno-territorial (Cataluña versus España) es transversal y no está objetivamente conectado con el eje derecha/izquierda, aunque sí lo está en la percepción subjetiva de los sectores mencionados, pese a tratarse de una asociación metodológicamente errónea. El razonamiento determinista de fondo sería el siguiente: si se es independentista, aunque de Convergència, se es “progresista”, pero si alguien se identifica con Ciutadans se es prácticamente un “fascista” (de acuerdo con la tópica banalización actual de este término). Podemos puede plantear ahora un interesante dilema: si bien asume la autodeterminación, no es un partido independentista, y además, se considera de izquierdas, al menos mientras siga vinculado al grupo Izquierda Unitaria Europea en el Parlamento Europeo.

¿Por qué ERC, la CUP y la mitad de ICV son independentistas? A mi juicio, porque parten de dos apriorismos indemostrables: 1) el Estado español no tiene arreglo posible y 2) una Cataluña independiente sería una conquista progresista que prácticamente podría “garantizar” la igualdad y el bienestar sociales, al margen de quién gobierne y sin considerar el enorme poder condicionante de las grandes corporaciones financieras y empresariales existentes. Convendría hacer otra reflexión: ¿cuándo estuvo peor Cataluña? Sin duda alguna bajo la siniestra dictadura franquista. ¿Reivindicaron entonces las izquierdas catalanas la independencia? En absoluto ya que entonces se luchó por restablecer la democracia y recuperar la autonomía. Por tanto, si ni siquiera bajo la dictadura se reivindicó la independencia, ¿por qué se hace ahora, en una situación incomparablemente mejor que la de entonces? Las carencias de la democracia española y las insuficiencias del autogobierno territorial no tienen por qué ser permanentes y, es más, hay síntomas de que la actual situación estancada podría desbloquearse políticamente en 2015.

Dicho de otro modo, no se entienden las prisas de los independentistas: Québec ha debatido (y votado en dos ocasiones) durante unos treinta años la autodeterminación y Escocia unos diez. Un asunto tan serio como la secesión no se puede liquidar sin profundos y plurales debates en apenas año y medio como se pretende. ¿Vive hoy Cataluña sometida a una tiranía explotadora insoportable que no deje más salida que la secesión? No lo parece desde ningún punto de vista objetivo: la independencia es, por supuesto, un objetivo legítimo y respetable (siempre que se exprese de modo democrático, pacífico y legal), pero no se comprende el entusiasmo de buena parte de la izquierda catalana por esta opción tan drástica e incluso anticuada en pleno proceso de integración europea, con todas sus contradicciones.

A mi juicio, la izquierda independentista presenta tres flancos débiles en sus tesis:

1) No tiene sentido reproducir a escala catalana el anacrónico y decimonónico modelo del Estado-Nación, justo lo que se critica (acertadamente) en el caso español. Es cierto que algunos independentistas afirman que no son nacionalistas, pero para ser creíbles deberían asumir que un Estado catalán independiente sería plurinacional. Y es que si España es plurinacional (y lo es), Cataluña también (así lo muestran las encuestas sobre identidades cívicas), una realidad incómoda para los independentistas/nacionalistas.

2) La independencia de Cataluña tendría efectos negativos no sólo internos (que también), sino para el resto de España porque haría mucho más difícil mantener operativamente los vínculos de solidaridad entre los trabajadores y con los movimientos progresistas. No tiene sentido reducir España -la única supuestamente posible- al PP (que no estará siempre en el gobierno) y ni siquiera a éste y el PSOE y UPyD: más allá de los partidos (y debe recordarse que IU y Podemos reconocen el principio de la autodeterminación) muchos ciudadanos españoles no se identifican con partido alguno. Por tanto, si Cataluña se escindiera, la izquierda sociológica española quedaría muy debilitada y políticamente se haría más difícil vencer a la derecha, precisamente porque ya no podría contar en las elecciones con el peso de la izquierda catalana.

3) La izquierda catalana siempre se ha declarado europeísta, pero un Estado catalán le plantearía un problema muy serio a la UE. No tanto por los problemas del reingreso (que serían notables y no rápidos de solucionar, incluso en el caso de una separación amistosa con “España”, el único modo hipotéticamente posible de proceder con mínimas perspectivas de éxito), sino porque no es una buena idea aumentar el número de Estados comunitarios. Si una UE de 28 no funciona bien, una con -por ejemplo- el doble de miembros quedaría prácticamente paralizada. Esto sería así porque, a más Estados (y los pequeños están sobrerrepresentados en las instituciones de la UE) más intergubernamentalismo y más dilación y confusión en la toma de decisiones comunitarias de calado. En otras palabras, la perspectiva de una Europa política federal (cada vez más difícil) quedaría aplazada sine die si el número de Estados miembros se va multiplicando indefinidamente.

Por tanto, si la izquierda catalana quiere seguir siendo europeísta (y parece que sí, aunque la CUP está en contra de la actual UE) no parece una muy buena idea crear un nuevo Estado-Nación que introduciría una dificultad añadida. Por lo demás, cada nuevo Estado no hace más que fragmentar la coordinación eficaz entre grupos progresistas de diversos países- un problema que no tiene el gran capital- y debilita la fuerza para intentar regular los mercados ( si los Estados grandes tienen dificultades al respecto, los pequeños muchas más).

En suma, una Cataluña independiente quedaría de inmediato integrada en el orden neoliberal global y quién crea lo contrario desconoce cuál es la real correlación de fuerzas europeas e internacionales. Por último, no se ve cómo podría garantizarse más justicia social en una Cataluña independiente con el tan mediocre personal político que hoy hay y con el poder de la oligarquía financiera y empresarial absolutamente intacto.

Con motivo de la importante crisis política en Cataluña (que afecta al conjunto de España) parece constatarse que ni los independentistas tienen fuerza suficiente para romper, ni el gobierno central podrá escudarse indefinidamente en el inmovilismo legalista. El próximo año será crucial por las varias consultas electorales pendientes que podrían desbloquear un panorama político estancado ya que es prácticamente segura la pérdida de la mayoría absoluta del PP. En estas circunstancias, la denostada “tercera vía” (en realidad, varias, pues no hay una sola posible) podría acabar abriéndose camino. Una vía que, por cierto, parece ser la preferida por la mayoría de los catalanes en caso de concretarse a tenor de los sondeos.

La plasmación más plausible debería ser la del Estado federal, aunque esta propuesta hoy presenta (todavía) algunas debilidades: 1) sus defensores (fundamentalmente el PSOE y el PSC, aunque también IU) no la concretan (es más una consigna propagandística que un proyecto articulado) y 2) el grueso de la opinión pública no sabe muy bien qué implicaría transformar el Estado autonómico en otro federal.

A estas alturas, es evidente que la Constitución de 1978 necesita una profunda reforma que, incluso si se hace, tampoco será por sí sola suficiente para mejorar la calidad democrática y el autogobierno territorial ya que estos factores tienen más que ver con la cultura cívica pluralista y el estilo de la “clase política” que con los cambios normativos. En este sentido, conviene no hacerse demasiadas ilusiones con el poder del cambio constitucional: el personal político y la opinión pública seguirán siendo los mismos y hoy no muestran síntomas de regeneración en un caso y de renovación de mentalidades en otro frente a las fuertes inercias del pasado. En otras palabras, hemos heredado un estilo de hacer política muy elitista por parte de los partidos y una actitud muy delegativa de los ciudadanos en aquellos, al menos hasta la aparición del movimiento del 15-M. Hay significativos síntomas de que esta situación podría cambiar (Podemos, Guanyem y otros), pero esto llevará tiempo.

Por lo que hace a la cuestión territorial, el federalismo no es sólo un tipo de organización del Estado, es también una cultura que no se improvisa y que en España es minoritaria. El principal problema es que el PP no parece tener el menor interés en esta propuesta (que, es más, instintivamente rechaza) ya que el actual Estado autonómico habría ido todo lo lejos que se puede admitir desde su punto de vista.

Una transformación del actual Estado autonómico en otro genuinamente federal implicaría muchos y muy profundos cambios:

No acabarían aquí los cambios ya que el federalismo aplicable a un Estado tan complicado como España por su variada composición plurinacional tendría que reconocer inevitablemente no ya hechos diferenciales (estos ya están reconocidos en el actual Estado autonómico), sino asimetrías competenciales y esto es lo más difícil de justificar y poner en marcha. Sin embargo, sería el único modo que permitiría que parte de los nacionalistas soberanistas pudiera aceptar, al menos durante bastante tiempo, una solución intermedia. En realidad, el País Vasco y Navarra ya disfrutan de una notoria asimetría (el concierto y el cupo fiscales), el problema es extender de modo singular este criterio a Cataluña sin que suscite un inmediato y automático rechazo en el resto de las CC.AA., y esto hoy es una dificultad objetiva insalvable. La plena asunción de la plurinacionalidad supondría modificar nada menos que el art. 2 de la Constitución (el de más difícil elaboración durante el período constituyente): haría falta un terremoto político (colapso prácticamente total del PP y del PSOE) para que ello fuera posible. Por tanto, este problema persistirá puesto que los nacionalistas soberanistas “periféricos” ya no aceptan tal fórmula de definición de España.

Que muchos dirigentes del PSOE no llevan hasta las últimas consecuencias su asunción formal del principio federal lo muestran declaraciones de Susana Díaz o Joaquín Leguina. Díaz rechaza reconocer cualquier atisbo de “soberanía originaria” a las unidades federadas: pues bien, eso es no entender lo que es la esencia teórica del federalismo. En un Estado federal, los Estados federados carecen ciertamente de personalidad internacional (de soberanía “exterior”), pero conservan una parcela de soberanía originaria interior. Cuando reforman sus Constituciones, el poder central no interviene en absoluto: por ejemplo, Texas o Baviera pueden reformar sus Constituciones sin que Washington o Berlín intervengan, con el único límite de no poder franquear la Constitución federal puesto que es la expresión del pacto común. Por eso están el Tribunal Supremo o el Constitucional para, en su caso, verificar si tales eventuales reformas territoriales encajan o no en la Constitución federal, pero la clave del modelo es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo federales intervienen.

Leguina ha dicho que el Estado central jamás podría ceder por completo a los territorios materias como educación y cultura o administración local: pues bien, en los Estados federales genuinos son típicas materias exclusivas de las unidades federadas en las que la Federación no tiene nada que decir (en Alemania no existe, por ejemplo, un Ministerio federal de Educación y Cultura).

Por tanto, a tenor de las genéricas declaraciones de Pedro Sánchez y de los vagos textos del PSOE (la Declaración de Granada) se deduce que los socialistas aceptarán negociar (probablemente en serio) los puntos 4, 5 y 6 (tal vez incluso el 7), pero, en cambio, no parecen estar por la labor de asumir los puntos 1 y 2 (y no queda claro si podrían atreverse con el 3). Si todo lo que el PSOE puede ofrecer es tan sólo revisar la distribución de competencias, reformar el Senado y mejorar la financiación eso, que sería un paso en la buena dirección, sería totalmente insuficiente puesto que sólo implicaría una modernización del actual modelo. Con estas tres reformas el Estado autonómico se parecería más a un Estado federal clásico, pero le seguirían faltando los otros requisitos que son claves si se quiere asumir hasta las últimas consecuencias la naturaleza del modelo. Ello es así porque el simbolismo de la estatalidad y del constitucionalismo internos de las unidades federadas es muy potente e incluso insoslayable. Si no se asumen también estos factores (políticamente, los más difíciles) la propuesta no servirá prácticamente para nada a estas alturas y no será aceptada por ninguna formación soberanista. Por tanto, la propuesta audaz sería la de plasmar un auténtico Estado federal hasta el final, con los siete puntos señalados. El problema es que no hay (todavía) ni voluntad ni fuerza para plasmar un proyecto así, aunque hora es ya de abrir un gran y profundo debate con concreciones y especificaciones toda vez que la música federal no suena nada mal, pero sin la letra (y la pequeña, en particular) será inútil la oferta.

La Unión Europea (UE) no es un espacio demasiado idóneo para los partidos políticos ya que no se rige por la lógica mayoría de gobierno/minoría de oposición, a la vez que ni existen un electorado europeo ni una verdadera opinión pública supranacional. La UE funciona de acuerdo con el método comunitario que busca como regla el máximo consenso posible y procura rehuir votaciones divisivas, aunque cada vez hay más votaciones por mayoría cualificada en las materias comunes.

Si se aspira a una genuina unión política, el papel de los partidos debería incrementarse y ya hay síntomas de ello: las viejas federaciones internacionales de partidos (de hecho, confederaciones) se han formalizado como Europartidos, sobre todo porque el Parlamento Europeo (PE) tiene más poderes que antes. Ha aumentado la disciplina parlamentaria (aunque los “intereses nacionales” a veces la rompan) y los Europartidos son más cohesivos. Las coincidencias suelen ser mayores en asuntos que dividen a la derecha de la izquierda mientras que, en cambio, son menores en el eje supranacionalidad/ intergubernamentalismo. En efecto, la UE no deja de ser un club de Estados reacios a seguir cediendo ilimitadamente espacios de soberanía nacional y esto explica que la integración política sea tan complicada.

El sistema europeo de partidos es de multipartidismo acentuado (existen unos 170 partidos nacionales en el PE) y confuso por su alta heterogeneidad. Con todo, los partidos nacionales actúan hoy en el seno de siete grupos parlamentarios, la gran mayoría de ellos configurados ya como Europartidos. Algunos de ellos son ya bastante cohesivos (Populares, Socialistas, Liberales, Verdes, Izquierda), mientras que otros están más atrasados (Nacionalistas, Conservadores), a la vez que la familia ideológica de las derechas radicales populistas no se ha articulado como Europartido probablemente por sus pulsiones ultranacionalistas que dificultan tal desenlace.

En el eje socio-económico, al margen de la derecha radical populista, las posiciones más favorables al libre mercado están representadas por Populares y, sobre todo, Liberales, toda vez que Socialistas, Verdes y Nacionalistas son favorables a más regulaciones y prestaciones sociales, situándose la Izquierda en las posiciones más partidarias del intervencionismo público, un escenario muy previsible a priori. En cambio, en el eje supranacionalidad/ intergubernamentalismo es interesante constatar algunos cambios transversales ya que, Populares y Nacionalistas tienen ciertas reservas a la hora de ceder competencias políticas a la UE y los Socialistas bastantes menos, mientras que los Liberales y, sobre todo, los Verdes son mucho más favorables a la federalización comunitaria. La Izquierda podría aceptar un desenlace federal, pero con muchas condiciones pues preconiza “otra” Europa sin neoliberalismo y sin su actual “déficit democrático”, a juicio de esta opción. Ni qué decir tiene que la derecha radical populista tiene concepciones proteccionistas del mercado, de reserva de las prestaciones sociales a los autóctonos y de rotundo rechazo de la unión política por atentar, a su juicio, contra las “verdaderas” patrias europeas.

La política de partidos en el PE pivota alrededor de un sistema triangular (Populares, Socialistas y Liberales) que forman el “bloque central” y que domina lo esencial (cargos, agenda, recursos) en tal institución. En todo caso, los Europartidos no pueden equipararse a los partidos nacionales y tienen menores posibilidades de expansión porque no existen ni un Gobierno europeo ni un pueblo europeos y porque las elecciones europeas son consideradas, de hecho, de segundo orden por élites y ciudadanos, de ahí la habitual tan alta abstención.

A los Europartidos les falta visibilidad: no concurren como tales a las elecciones y los medios de comunicación los ignoran. Los europarlamentarios se deben a sus partidos nacionales y no a los Europartidos, de ahí que- en caso de conflicto interno- opten siempre por aquellos. En definitiva, los Europartidos son laxas coordinadoras descentralizadas de partidos nacionales, con estrategias poco perfiladas, con manifiestos muy genéricos y sin liderazgos claros. Además, funcionan de modo discontinuo, hiperconsensual (lo que aplaza decisiones polémicas), carecen de poder ejecutivo sobre los partidos nacionales, no determinan las carreras profesionales de los políticos y carecen de militancia directa.

A pesar de todo, hay elementos potenciales que pueden permitir su desarrollo futuro: los Europartidos elaboran manifiestos comunes, intercambian informaciones, celebran conferencias, disponen de reglamentos internos, reciben financiación comunitaria y gozan de reconocimiento normativo.

Las claves para consolidar y ampliar la influencia de los Europartidos serían la reforma institucional para encaminar la UE hacia un sistema con una división de poderes más parecida a la de los Estados nacionales y, sobre todo, la movilización de la opinión pública para interesar a la ciudadanía en la participación política en asuntos comunitarios. Por tanto, habría que combinar el aumento de competencias del PE y la ampliación de las votaciones por mayoría a todo tipo de materias sin exclusiones, a la vez que tomarse en serio la voz de los ciudadanos si no se quiere que el euroescepticismo acabe dominando la escena política de la UE. Para ello, los Europartidos tendrían que hacer mucho más diferenciada que ahora su oferta ideológica y confrontarse también mucho más sobre proyectos diferentes de construcción europea y de sus políticas públicas.

En suma, la mera reforma institucional no basta (algo que algunos políticos parecen no ver), ya que la clave es asumir la necesaria complicidad social para que el proyecto europeo funcione y, tal vez, pueda culminar en una verdadera unión política supranacional.