En teoría los países europeos están todos de acuerdo en lo que sucede en Palestina. Para ellos la ocupación debe terminar, se debe implementar la solución de dos estados sobre la frontera de 1967, Jerusalén debe servir como capital de ambos países así como se debe implementar el derecho internacional humanitario y las resoluciones de Naciones Unidas. La pregunta es cuánto de ello se aplica en la práctica.

En relaciones internacionales cada país tiene responsabilidades e instrumentos que se pueden usar para la implementación del derecho internacional. Aquellos instrumentos pueden ir desde lo político a lo legal, aunque en el caso de Palestina es poco lo que se ha usado. Como se desprende del informe del Secretario General de Naciones Unidas, emitido el pasado mes de Agosto sobre la protección de civiles en Palestina ocupada, no se han realizado las acciones necesarias para proteger al pueblo palestino, ni se ha juzgado a los violadores del derecho internacional humanitario.

En cuanto a la actividad individual de los países europeos, en su gran mayoría han mantenido sus posiciones a pesar de las presiones de la administración Trump por normalizar la negación sistemática de los derechos inalienables del pueblo palestino. Sin embargo eso no es suficiente. Hoy en día, sumado a la violación sistemática por parte de Israel, nuestro pequeño pueblo se enfrenta al equipo conjunto de radicales sionistas de Trump, que incluye a Friedman, Greenblatt y Kushner, quienes son capaces de cortar las ayudas norteamericanas a los tratamientos de niños palestinos contra el cáncer, es decir literalmente estrangular a la población civil con castigos colectivos, como respuesta a la negativa palestina de aceptar el Apartheid israelí. Otras acciones se llevan a cabo en contra de la UNRWA, para enterrar el derecho a retorno, así como también normalizando la ocupación y colonización, reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, lo que ha impulsado no solo a la expansión colonial sionista en Palestina, sino que también al desplazamiento forzado de población como es el caso de las aldeas de la zona del Khan Al Ahmar.

Hoy más que nunca es necesario de que los países europeos hagan uso de sus instrumentos políticos y legales para evitar que la Administración Trump desbanque todo el sistema internacional en su afán de proteger los crímenes israelíes. Reconocer el Estado de Palestina sobre la frontera de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, es un paso básico para reafirmar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, así como para salvar la solución de dos-estados. Al mismo tiempo es importante prohibir el ingreso de productos de las ilegales colonias israelíes en Europa, así como prohibir que empresas europeas, incluyendo empresas españolas, continúen prestando servicios a la colonización israelí, un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma.

El artículo 2 del Acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea condiciona el acuerdo al respeto de los derechos humanos. La realidad es que Tel Aviv, con su gobierno extremista que actúa por fuera de la comunidad internacional a cada momento, se continúa beneficiando del acuerdo a pesar de sus constantes violaciones, y sin que mucha gente en Bruselas se atreva a cuestionarlo. La ocupación no se acabará por “buena voluntad”, sino cuando Israel entienda que los costos de mantener sus crímenes y violaciones sistemáticas al derecho internacional sean más altos que los actuales beneficios que obtiene, tanto políticos desde Estados Unidos como económicos desde Europa.

Palestina ha sido por 70 años un test que la comunidad internacional ha fallado. Son países como España, que han apoyado el lograr una solución justa y duradera a la situación de Palestina, quienes hoy tienen la responsabilidad legal y política de invertir en la paz con acciones políticas y legales, tanto reconociendo a Palestina, como tomando acciones para la protección de civiles palestinos y prohibiendo el comercio y/o cooperación con las colonias israelíes.

Durante los últimos 66 años, el pueblo palestino ha vivido ya sea en el exilio o bajo ocupación militar. Lo reconozca Israel o no, esa es la realidad. Desde los tiempos en que Golda Meir negaba la existencia del pueblo palestino hasta el día de hoy, la política de sistemática negación por parte de Israel de la catástrofe palestina no nos ha puesto más cerca de lograr la paz. Después de tantos años de colonización y de la imposición de un régimen de apartheid, nada ha podido cambiar una realidad incontestable: que el pueblo palestino se encuentra fuertemente enraizado en su tierra. Ello no quiere decir que el Estado de Israel no exista o que no tenga derecho a la seguridad. Simplemente refuerza la convicción de que no puede existir paz solo para un pueblo: una paz justa y duradera pasa porque los derechos de todos sean respetados.

Pedir que el pueblo palestino reconozca a Israel como un “Estado judío” es pedir que Palestina niegue su propia historia, su propia narrativa y su propia esencia. Es diferente lograr un acuerdo de paz que reconozca el derecho de cada parte a existir a imponer la narrativa de uno sobre el otro. Sobre todo cuando sus consecuencias son tan patentemente negativas: sobre la base del ideal de consolidar un Estado judío, hoy en Israel existen 30 leyes que atacan directamente a la población palestina, del mismo modo que los derechos internacionalmente reconocidos de los refugiados palestinos se mantienen en el limbo por el mero hecho de que no son judíos.

Lo realizado por Israel durante los nueve meses que debería haber durado el proceso de negociación no es la actitud de un país que busca la paz, sino la de uno que busca consolidar el apartheid. No es la forma proceder de quien busca la cooperación, sino de quien persigue la sumisión. No es la conducta propia de alguien que busca un acuerdo para vivir juntos, sino de alguien que quiere que Palestina firme su propia esclavitud. Durante nueve meses de negociaciones, Israel construyó casi 14.000 viviendas exclusivas para judíos en sus colonias, demolió 196 hogares palestinos y dio muerte a 61 palestinos. Ello es un complemento para la estrategia que busca la sumisión máxima a través de la negación de nuestra propia historia y de la imposición de la narrativa del que interrumpió la existencia de una nación entera y la borró de los mapas, como confesó el líder israelí Moshe Dayan en 1973 cuando afirmó: “ya no hay más Palestina, se ha acabado.”

Hoy, cuando el proceso de negociaciones ha sido suspendido por decisión y acción israelíes, es importante recordar que los 66 años de exilio y opresión no han pasado en vano. El acceso de Palestina a 15 tratados internacionales, incluyendo los más importantes tratados de derechos humanos, debe servir como una indicación de la responsabilidad que la comunidad internacional debe asumir para reparar lo que su inacción ha permitido durante más de medio siglo. Palestina debe dejar de ser la excepción a la regla, donde un mundo espectador le exige a un pueblo bajo ocupación que negocie con una potencia ocupante, mientras esta última goza de relaciones de avanzado beneficio con el resto del mundo, no solo consolidando una cultura de impunidad que incentiva el crimen, sino permitiendo el lucro con la colonización de un país ocupado.

La independencia de Israel continuará siendo la catástrofe de Palestina hasta que la injusticia cometida no sea reparada. Ello se logra con la consolidación de dos Estados soberanos y democráticos para todos sus ciudadanos sobre la frontera de 1967, con Jerusalen Este como capital de Palestina, y con una solución justa y basada en el derecho internacional a la situación de los refugiados palestinos. Pero esto no será posible mientras el mundo continúe tratando a Israel como un Estado por encima de la ley, y mientras Israel continúe aspirando a consolidar un régimen de apartheid y a imponer su propia narrativa sobre Palestina y su pueblo.