Su voz ronca, casi rota, es fácilmente reconocible. “¿Otra vez tú?”, le contestaba la funcionaria al otro lado del teléfono. “Sí, soy yo, y te voy a llamar hoy, mañana, pasado… Porque sigo sin trabajo”. Petri Parejo, de 56 años, relata el proceso vivido hasta que le han concedido la renta básica de inserción, el apoyo económico aprobado por el Gobierno de Extremadura para las personas sin recursos suficientes. La aplicación real de la medida está levantando mucha polémica, por la lentitud del proceso y su escaso alcance.

La asistencia social extremeña es uno de los planes estrella del Ejecutivo de José Antonio Monago. La Plataforma por la Renta Básica y los Campamentos Dignidad de varias localidades exigen el correcto funcionamiento de una ley que, aprobada para solventar el hecho de que Extremadura fuese la única Comunidad Autónoma sin una ayuda similar, sigue sin cumplir las expectativas.

El 23 de mayo de 2013, el Diario Oficial de Extremadura aprobó una medida que para su primer año contaba con más de 13 millones de euros, para tratar de llegar a entre 5.000 y 7.000 personas. En 2014, el presupuesto anunciado fue de 20 millones de euros, que finalmente se han quedado en 14. Los números dan la espalda a los conservadores: el ejercicio pasado se cerró con unos 200 beneficiarios, mientras su rendimiento actual tampoco contenta a nadie. “Se han gastado más dinero en propaganda para anunciarlo que en pagar a la gente”, asegura Manuel Cañada, de la Acampada Dignidad de Mérida.

Baile de cifras

Más de 18.000 extremeños han solicitado la ayuda, según cifras oficiales, pero apenas 1.500 tienen resolución favorable. La estimación es que en junio se llegue a los 3.000 casos positivos. “Las que se han cobrado no superan las 300”, afirma el excoordinador general de IU en la región y ahora en el Frente Cívico Cañada, quien denuncia una “estrategia calculada para no pagar. Es una estafa”.

“Los casos que se están pagando son las rentas mínimas, entre 50 y 100 euros, pero no las de 600 euros, que es la cantidad más alta que se puede percibir”, completa María Ángeles Merino, de 39 años, que tiene un hijo menor de edad a su cargo. “La solicité en noviembre y esta semana me han dicho que la tengo concedida, pero no sé la cantidad ni cuándo la cobraré; puede ser a finales de este mes, a inicios del siguiente, o ya en el próximo…”, relata.

Precisamente una de las críticas más severas es que muchas de las resoluciones favorables no se están pagando. Así lo confirma Pedro Escobar, coordinador general de IU en Extremadura, partido cuya abstención permitió la formación del Gobierno conservador: “No se están cobrando todas. Que estén aprobadas, por desgracia, no quiere decir que tesorería haya liberado el dinero. Otro de los aspectos más sangrantes es que el manual distribuido entre los trabajadores sociales para valorar las solicitudes es muy confuso e induce a errores que perjudican a muchos solicitantes”.

70.000 personas sin ingresos

Extremadura tiene una renta per cápita de 16.700 euros, frente a los 22.700 euros de media nacional. El 34% de la población residente está en riesgo de pobreza, el porcentaje más alto de todo el país. Se trata además de una de las cinco regiones europeas con más paro. Las estadísticas que sitúan a la Comunidad Autónoma a la cola de los registros socioeconómicos son innumerables: 70.000 extremeños carecen de ingreso alguno.

De tramitaciones “ágiles” para “cumplir en tiempo y forma” hablaba el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, hace un año. Hoy la realidad es otra: las trabas burocráticas (desde Campamento Dignidad especifican que de media se piden 30 documentos) han llevado a una modificación de la ley, que actualmente se está negociando, para lograr una agilización de la tramitación.

“Más de seis meses después de la solicitud, la trabajadora social me dijo que me faltaban varios papeles, entre ellos la ITV del coche. Les faltó pedirme la prueba de ADN. Lo último que me han pedido es el alta a terceros, que ya la había entregado. Este documento se lo piden a todo el mundo dos y tres veces”, denuncia Rocío Álvarez, de 31 años, que desde el 6 de agosto está a la espera de su dictamen.

El discurso que llega desde el Gobierno es el contrario: “De los doce documentos que se requieren para obtener una resolución favorable de la renta básica, cuatro los aporta el solicitante y ocho los recaba la propia Administración”.

El presidente Monago acaba de anunciar un incremento de un 3% de la cuantía para el año 2015.

Más allá de la guerra de cifras, hechos y previsiones, el doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona Daniel Raventós habla de “la pobreza de las medidas contra la pobreza” y alerta de la confusión de términos: “Extremadura y Andalucía llaman renta básica a un subsidio condicionado a determinadas situaciones. Es lo que, en otras Comunidades, se denomina salario social o renta mínima”. Es decir, la característica distintiva de la renta básica es que la recibiría toda la población. Sin condiciones.