No hay duda: estamos en guerra en Europa. Y como muchas otras guerras esta se caracteriza por la crueldad ejercida contra la población civil, con muchas pruebas de crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso. El ataque contra el Estado soberano de Ucrania es una agresión y, por tanto, una violación del Derecho Internacional.

Pero lo sorprendente es la rapidez y la vehemencia con que las naciones occidentales están pidiendo que se aplique la justicia penal internacional. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de La Haya ya está investigando los acontecimientos de Ucrania, pero la jurisdicción limitada del tribunal no le permite investigar otra cosa que no sean crímenes de guerra. Fiscalías de toda Europa han abierto investigaciones paralelas, como la del fiscal federal de Alemania, cuyo prestigio ha crecido por sus exitosas investigaciones de torturas en Siria.

El Reino Unido y Estados Unidos también están pidiendo un tribunal especial para juzgar a Rusia por una agresión que viola el Derecho Internacional. Francia ha hecho transferencias de dinero a la Corte Penal Internacional para investigaciones relacionadas con Ucrania. Al parecer, las naciones occidentales están particularmente interesadas en atacar los crímenes de guerra rusos y están acelerando el sistema de justicia penal internacional y dotándolo con más recursos que cuando hubo otros casos similares.

Nadie se debería sorprender por ello. En las naciones occidentales siempre ha habido un enfoque selectivo de la justicia penal internacional y un doble rasero. Haría falta más de un artículo para hablar de ello. Es verdaderamente sorprendente que nunca se haya sancionado a Estados Unidos por la agresión contra Irak de 2003 y que casi nadie haya sido juzgado por las torturas sistemáticas que vinieron después del 11 de septiembre de 2001.

¿Cómo debería ser hoy una postura progresista y centrada en los derechos humanos?

En primer lugar, el paradigma de la rendición de cuentas está generalizándose. Una buena señal porque las guerras solían considerarse zonas sin ley y eso parece estar cambiando. Se está desarrollando un estándar al que podemos referirnos cuando se trata de crímenes en otras regiones de otros países y, en particular, de los países occidentales.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y los fiscales de cada país pueden investigar con detenimiento los crímenes de guerra rusos y, si hay algún indicio, también los cometidos por los ucranianos. La CPI tiene jurisdicción porque hubo más de 40 países que elevaron el caso a su fiscal, algo completamente de acuerdo con sus estatutos. 

También debería ser una buena señal que haya cada vez más fiscales nacionales investigando casos de jurisdicción universal. Como actores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, eso nos permite presentar casos también cuando la investigación de situaciones o personas va en contra de los intereses de las naciones occidentales.

Donde entramos en zona peligrosa es en la exigencia de que un tribunal se haga cargo de investigaciones por agresiones que violan el Derecho Internacional y en la financiación de investigaciones particulares por parte de las naciones ricas. La justicia penal internacional, y especialmente la CPI, ya ha recibido muchas críticas por centrarse en crímenes cometidos en África y por servir a los intereses occidentales. Si los países occidentales destinan recursos para facilitar el juicio de estos crímenes, algo que no hicieron en los casos en los que ellos mismos estaban implicados, se podría dañar fatalmente la legitimidad de estos tribunales y el establecimiento de una verdadera justicia penal internacional universal.

También es interesante ver las críticas que muchos hacen a las empresas europeas con negocios en Rusia. Una vez más, entendamos esto como una norma recién desarrollada y defendamos su universalización: cuando las corporaciones hacen negocios con dictaduras y regímenes autoritarios tendrán que cumplir con los procesos de debida diligencia. No es ninguna casualidad que muchos de los estados que producen energía fósil sean regímenes autoritario. Es así con Rusia, con Arabia Saudí y con muchos otros países. De ahí que muchos argumenten que no queda más remedio que hacer negocios con ellos. Eso es otro debate pero lo que es obvio es que estamos ante una oportunidad. Teniendo en cuenta la crisis climática, también es nuetra obligación cambiar el sistema económico. No se trata solo de terminar con la dependencia del petróleo y gas rusos. Para tener un futuro sostenible como sociedad global, la clave está en no depender tanto de las energías fósiles.

Una última observación. La actitud de Polonia hacia los refugiados que en invierno entraban a su territorio desde Bielorrusia fue un escándalo. Los refugiados morían de hambre y de frío y Europa seguía sin hacer nada. Es sorprendente como este comportamiento ha cambiado en estos tiempos actuales, con millones de ucranianos entrando en el territorio de la Unión Europea. 

Es correcto señalar que en este comportamiento puede haber racismo, permitiendo entrar y dando una acogida segura a los refugiados de guerra que son cristianos y blancos, a la vez que se le niega el mismo derecho a los refugiados negros y de piel oscura procedentes de Asia y de África. Pero una vez más, hagamos nuestros estos avances y considerémoslos como un nuevo estándar: que Europa se abra a las personas que tienen la esperanza de huir de la muerte y de la guerra. Debemos abogar por una solidaridad global en vez de la solidaridad selectiva que se ejerce por ahora.

Existen casos criminales que conmocionan no sólo a un país, sino a todo el mundo y no sólo en un momento determinado, sino a través de los años. Los crímenes más graves de Estado, desde los procesos de Núremberg con el juicio contra Eichmann y Auschwitz, en Jerusalén y Frankfurt, son de ese tipo de procesos.

El arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet el 16 de octubre de 1998 en Londres se enmarca dentro de este tipo de hechos. Este acontecimiento influyó entonces y lo sigue haciendo hasta hoy, en los movimientos de derechos humanos y en la persecución penal de los crímenes internacionales en todo el mundo, pero sobre todo, en la historia de Chile:

Pocas personas han descrito de forma tan conmovedora el impacto que tuvo el arresto de Pinochet, como lo hizo el escritor chileno Ariel Dorfman, quien sobrevivió la tortura y el exilio:

“Sucedió algo muy dramático en esa sala de tribunales de Belmarsh (un distrito de Londres). Algo para nada simbólico. Al menos para algunas personas el mundo cambió repentinamente. Para algunos, la vida ya nunca más sería la misma”.

También otros chilenos y chilenas relatan cómo los familiares de los desaparecidos, los asesinados y los sobrevivientes de torturas se reunieron en octubre de 1998, esperando ansiosos el devenir de los hechos, llenos de miedo y traumatizados, temiendo que el ex dictador regresaría tranquilamente a casa y las cosas tuvieran un inesperado y terrible final.

Quien conozca la historia de Chile, conoce bien cuál fue el papel que tuvo el General Augusto Pinochet, que fue investido como comandante en jefe de las fuerzas armadas por el propio presidente socialista elegido democráticamente, Salvador Allende, y que tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, estuvo al mando de una de las dictaduras militares más sangrientas de Latinoamérica.

Instaurando un sistema de terrorismo de Estado, Pinochet hizo detener, torturar y forzar al exilio a más de diez mil personas. Las imágenes de personas torturadas en Estadio Nacional son imposibles de olvidar. En ese entonces, era imposible imaginar que fuera posible arrebatarle el poder a ese ser siniestro, y aún menos, pensar que algún día tendría que rendir cuentas por sus crímenes. Sólo gracias a la persistencia de la oposición, especialmente la movilización de los sectores más pobres de Santiago de Chile y el exitoso plebiscito contra el dictador en 1988, fue posible dar paso a un período más democrático en Chile. Sin embargo, mediante leyes de amnistía y reformas constitucionales, Pinochet y sus secuaces supieron protegerse contra cualquier intento de enjuiciamiento penal. De hecho, el ex dictador siguió siendo durante varios años comandante en jefe de las fuerzas armadas, y en octubre de 1998 estando de vacaciones en Londres gozaba de ser senador vitalicio.

Entonces ¿cómo fue posible darle un giro a esta situación? En 1996, el abogado progresista Carlos Castresana presentó en España una denuncia en virtud del principio de Jurisdicción Universal de tan sólo diez páginas inculpando a los generales argentinos Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera por genocidio y otros delitos. Siguiendo este ejemplo varios abogados y activistas en el exilio interpusieron una demanda penal contra Pinochet. Las investigaciones fueron ganando importancia a medida que los afectados aportaban nuevas pruebas y traían nuevos testigos a Madrid, hasta que finalmente algunos de los jueces de instrucción, entre ellos Baltazar Garzón, quien luego se hiciera conocido mundialmente, pusieron en marcha verdaderas investigaciones.  Así, un caso que parecía no tener importancia y repercusión, se convirtió en un asunto de Estado.

Cuando los activistas de derechos humanos se enteraron del viaje de Pinochet a Londres, inmediatamente se pusieron en contacto con los abogados españoles y éstos a su vez con jueces de instrucción. El juez Garzón emitió una orden de detención internacional y la policía británica arrestó a Pinochet. En una decisión histórica, la Cámara de los Lores confirmó, en noviembre de 1998, el arresto de Pinochet y aclaró que ni siquiera los altos funcionario de Estado gozan de inmunidad si se trata de graves violaciones de los derechos humanos. Esta parte de la historia jamás será olvidada por los abogados y abogadas.

No obstante, este caso abrió otra arista interesante en cuanto al rol de la sociedad civil. Hasta ese entonces, los crímenes de lesa humanidad habían sido asuntos de Estado, y de no ser porque los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial y el Estado de Israel, llevaron adelante el caso de Eichmann y Göring, nadie hubiese asumido ese papel. En el caso de Pinochet, las cosas fueron distintas. En cambio el proceso en España fue impulsado por la sociedad civil, quienes además aportaron pruebas contra Pinochet. Ya en tiempos de la más dura represión, los grupos de derechos humanos, especialmente dentro de la Iglesia, habían recopilado datos, documentos y testigos de los crímenes del régimen, y habían sacado estas pruebas de Chile a riesgo de vida. Estas informaciones y pruebas fueron clave para la acusación contra Pinochet en las décadas siguientes, y especialmente, en la situación que se presentaba a finales de 1998

Es bueno ver que incluso en los tiempos en los que las relaciones de poder están cimentadas y cuando es inimaginable que quienes gobiernan con brutalidad puedan ser enjuiciados algún día, vale la pena  prepararse para futuros procesos judiciales. Y es que la historia, incluyendo la historia jurídica, es un proceso abierto. No se sabe qué va a suceder, ni qué medios jurídicos conducirán al éxito.

Tras el arresto de Pinochet, se formó rápidamente una red de abogados de derechos humanos y de defensores de los derechos humanos en Inglaterra y España, que luego presentarían cargos contra otros dictadores y torturadores de Latinoamérica y del mundo entero. En España y en Bélgica, donde el marco legal era entonces favorable, este movimiento celebró algunos éxitos prometedores, como algunas órdenes de detención y condenas iniciales.

Poco antes, a inicios del verano de 1998, una coalición de Estados y de organizaciones no gubernamentales se había reunido en la Conferencia Estatal de Roma para crear el estatuto de un tribunal histórico, justo 50 años después de los tribunales militares de Nuremberg y Tokio. Crearon un tribunal penal permanente, independiente del Consejo de Seguridad de la ONU y con una fiscalía fuerte, aunque sin la participación de Estados poderosos como China, India, Rusia y los Estados Unidos. Así, en julio de 2002 se inauguró la Corte Penal Internacional en La Haya.

Fue una temporada en la que tras el fin de la Guerra Fría muchos creían que los derechos humanos podrían ser aplicados universalmente. Pero la historia se desarrollaría de manera distinta. En Bélgica los cargos penales contra el ex primer ministro israelí, Ariel Sharon, por una masacre de palestinos, y la denuncia contra el mando supremo de  Estados Unidos, Tommy Franks, en la primavera de 2003, llevaron a que el parlamento den Bruselas cambiara las leyes favorables al procesamiento de crímenes internacionales de tal forma que impidieran futuros procedimientos.

En España se restringió a base de reformas la competencia de los tribunales españoles para perseguir crímenes extraterritoriales. El principal protagonista entre los jueces, Baltasar Garzón, se vio enfrentado a una serie de demandas totalmente arbitrarias. Sus investigaciones lo convirtieron en el blanco de críticas de gobiernos extranjeros.

Información publicada por WikiLeaks muestra cómo el fiscal general español urdió una trama completa con diplomáticos de la embajada de Estados Unidos con el fin de impedir los procedimientos por tortura en Guantánamo que había iniciado Garzón. Al final su investigación por corrupción en el Partido Popular (partido conservador de España) y la investigación de los crímenes del franquismo, le costaron el puesto a Garzón.

La evidente presión política por parte de los estados y actores poderosos condujo en pocos años a serios contragolpes al enjuiciamiento transnacional de crímenes internacionales. También la Corte Penal Internacional se vio fuertemente criticada por juzgar sólo a los sospechosos procedentes de África.

Sin embargo, existen buenas razones para llevar ante la justicia a los sospechosos de cometer crímenes en el Congo, en Sudán y en la República Centroafricana. En la década de 2000, África vivió a algunos de los peores crímenes de la historia reciente. Además, la mayoría de los países africanos ha firmado el estatuto de la Corte Penal Internacional, sometiéndose así a su jurisdicción.

No obstante, el enjuiciamiento de delitos internacionales no es (aún) una práctica universal, y la ley no se aplica a todos por igual. Sólo en los casos en que el procesamiento penal no conlleva costos políticos, se llevan adelante juicios penales, como el enjuiciamiento de criminales nazis, o de quienes cometieron crímenes en la ex Yugoslavia y África. No es de extrañar pues, que los representantes africanos que a menudo son acusados de tales delitos, critiquen este doble estándar y argumenten que los órganos de persecución penal internacional son simples instrumentos neocolonialistas de Occidente.

Aun así, vale la pena mirar atentamente la historia legal desde el año 1998, porque ha ocurrido más de lo que muchos escépticos quieren admitir. Los casos contra Pinochet, Videla y todos aquellos que aparecían en las órdenes de detención emitidas por jueces europeos no acabaron con el final de los juicios en Europa. Los procedimientos legales en Europa debilitaron tanto la posición de estos sospechosos criminales en su propio país, que al final allí fue posible llevarlos ante la justicia. Así sucedió en Chile, donde algunos oficiales de inteligencia y militares de alto rango fueron condenados y encarcelados, y así también fue el caso de Argentina, donde 500 sospechosos de alto rango fueron condenados a prisión. En mayo de 2016, 15 altos cargos militares fueron condenados en Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la operación Cóndor, plan de coordinación transnacional de acciones y mutuo apoyo entre los servicios de inteligencia del Cono Sur y Estados Unidos.

Este fenómeno es conocido como efecto Pinochet-Videla: si en el país donde se cometieron los delitos, no es posible el enjuiciamiento de los sospechosos por razones políticas, entonces los afectados acuden a otros foros legales: ya sea a tribunales regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Europea de Derechos Humanos, o bien a países terceros en los que es posible aplicar el principio de jurisdicción universal. Se puede decir que la justicia penal internacional está organizada y juega por bandos.

La pregunta es ¿por qué no debemos subestimar estos esfuerzos? El mejor ejemplo es Brasil. En dicho país no hubo un tratamiento jurídico de los crímenes de la dictadura militar y ahora el ganador de las elecciones presidenciales Jair Bolsonaro, propaga la tortura y asesinatos y vende la dictadura militar renovada como opción política. También en Colombia o en México han quedado impunes muchos crímenes cometidos desde los años 60 contra opositores y disidentes. Esa impunidad todavía repercute hasta el día de hoy en el comportamiento violento de la policía y los militares, como ocurrió en el caso Ayotzinapa en México, o el caso de los llamados “falsos positivos” en Colombia.

Por lo tanto, la persecución penal del personal militar, especialmente en América Latina y América Central, no debe considerarse simplemente como el sacrificio de los esbirros que han pagado sus culpas, sino como el resultado de luchas políticas y sociales y el trabajo de superación de los crímenes de la época, lo cual puede contribuir a comprender el presente y a prevenir conductas similares en el futuro.

Es gratificante ver que en los últimos años en Francia, los Países Bajos y Suecia  se hayan creado unidades y departamentos de investigación especializados y dirigidos específicamente a delitos genocidas. Así mismo la Corte Penal Internacional, tiene en curso investigaciones preliminares (preliminary examinations) por presuntos delitos de tortura cometidos por las Fuerzas Armadas británicas en Iraq y por delitos cometidos por diversos actores en Afganistán. Incluso en Alemania, la Fiscalía Federal está cada vez más interesada en los crímenes internacionales cometidos ya sea en Sri Lanka, Gaza o  Estados Unidos.

Y hay que hacer una mención especial a la investigación estructural de la situación en Siria que está llevando a cabo el Fiscal Federal y sobre todo la orden de detención emitida por el Tribunal Federal de Justicia contra Jamil Hassan, jefe del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea siria. El presidente Bashir al-Assad, uno de los mayores criminales de nuestro tiempo, no parece que pueda ser llevado ante la Corte Penal Internacional ni ante algún tribunal especial en un futuro cercano. Sin embargo, su círculo cercano de inteligencia, el personal militar y aún él mismo ya no son intocables, como parecían ser los dictadores hace unas décadas. De hecho, ahora tienen que pensar con mucho cuidado dónde viajan y qué les depara el futuro, porque varios de los ministros de Assad se enfrentan hoy a procedimientos penales y podrían ser arrestados sí que viajan a Europa o Latinoamérica.

Pero el principio de la Jurisdicción Universal no sólo rige en Europa. El caso más importante en África es el caso contra el ex dictador del Chad, Hisséne Habré. Inspirados por el éxito en el caso Pinochet, los sobrevivientes y sus abogados llevaron adelante la lucha en los tribunales de Chad, Senegal, Bélgica y a nivel internacional, incluso ante la Corte Internacional de Justicia. En un veredicto histórico, un tribunal especial especialmente formado en Dakar / Senegal condenó a Habré a cadena perpetua, entre otros delitos, por la tortura masiva cometida durante su régimen a partir de 1982.

En resumen, lo que vemos es menos de lo que esperaban muchos en medio de la euforia tras el arresto de Pinochet. Sin embargo, el movimiento en favor de los derechos humanos cuenta hoy con muchas más herramientas jurídicas que hace 20 años. De esta manera el papel de las organizaciones no gubernamentales, pero en especial el de las personas victimizadas y sus familiares es determinante, pues es su compromiso el que permite impulsar la investigación y documentación de los delitos de derechos humanos.

Por supuesto, todos anhelamos un mundo distinto, mejor y más justo. Un mundo en el que no se cometan crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, masacres ni graves violaciones de los derechos humanos. Procesos como los que hubo contra Eichmann o Pinochet siempre llegan tarde, a menudo demasiado tarde y siempre son un medio bastante limitado; pero se trata de delitos que trascienden cualquier sistema jurídico, lenguaje, entendimiento humano o sentimiento. Por eso cuando luchamos por  superar de forma política o jurídica los crímenes de Estado y la injusticia de los Estados, no debemos hablar de victoria o de derrota, sino que debemos moderar las expectativas a veces demasiado altas y reconocer que la ley, así como también otros medios utilizados para aproximarse a estos crímenes siempre serán mucho mejores que guardar el silencio y la incredulidad.

Además, hay que decirles a los cínicos que el hecho de luchar por esclarecer la verdad, por rechazar socialmente estos delitos, por superarlos y condenarlos por medio de la justicia, siempre es una ayuda a las víctimas y a la sociedad entera, para superar los traumas del pasado y luchar aquí y ahora por un mundo más justo y mejor. 

Sólo mediante un trabajo práctico de solidaridad ayudaremos verdaderamente a las víctimas de la represión de Erdogan en Turquía o a quienes sufren debido a la guerra y estaremos contribuyendo a una sociedad más segura para todos

Parece que en abril de 2014 tuve un momento de gran esperanza, cuando comencé mi primera entrega a mi blog semanal con las siguientes palabras:

Nos servimos de la ley, de sus mecanismos y utilizamos su lenguaje, para apoyar la lucha por algunos cambios en el mundo.

¿Qué sucede hoy, dos años después? En el semanario alemán Der Spiegel Mathieu von Rohr acaba de publicar un ensayo titulado 'Apocalipsis ahora'. El apocalipsis podrá ser real o producto de nuestra imaginación, pero de todos modos las reacciones no se han hecho esperar: unos países declaran el estado de emergencia (Francia y Turquía), ribeteando su decisión con argumentos legales; otros ni siquiera se molestan en revestir de legalidad su proceder. Y los terceros quieren abolir los derechos de -a eligir- criminales, terroristas, enemigos del Estado, musulmanes, no-creyentes, homosexuales, migrantes o refugiados.

Se puede decir mucho para rebatir a los apocalípticos de todos los colores políticos y también a quienes aplacan como pueden su inseguridad: el mundo no era un lugar mejor hace cinco, veinte o treinta años. A decir verdad, las ideas de tortura (del candidato a la presidencia de EE.UU. Donald Trump), de intervenciones militares con participación de Alemania (del columnista del diario Bild Julian Reichelt) y hacer de Alemania un Estado policial (de la parlamentaria alemana del partido La Izquierda, Sahra Wagenknecht), que encuentran cada vez más adeptos desde del 11 de septiembre de 2001, sólo han demostrado ser ideas ineficientes y hasta contraproducentes, como lo demuestra claramente la historia tras la invasión ilegal a Irak, en el año 2003.

Antes de una pausa

Un minuto de silencio y reflexión sería más que conveniente en este momento de locuacidad sin sentido. De hecho, este blog también se tomará un descanso hasta finales de año. Sin embargo, antes de la pausa quiero recalcar que la ley y el derecho, al menos como fueron establecidos en los derechos humanos y civiles, siguen teniendo poder persuasivo y pueden influir en los debates actuales. Si prestáramos atención a la esencia de las declaraciones de derechos humanos, recordando que toda persona tiene dignidad y es titular de una serie de derechos universales, el mundo sería definitivamente un lugar mejor. Aún más: recordemos que no es suficiente haber plasmado en un papel todos estos derechos, debemos luchar día a día, resistiendo a los poderosos, para que esos derechos se hagan realidad. Sólo mediante un trabajo práctico de solidaridad ayudaremos verdaderamente a las víctimas de la represión de Erdogan en Turquía, a quienes sufren debido a la guerra, la tortura o los desplazamientos forzados y estaremos contribuyendo a una sociedad más segura para todos.

Prestar atención sólo a la ley no es suficiente, pues no tiene poder absoluto, pero es un buen comienzo. Es crucial atenernos a principios jurídicos básicos si queremos buscar soluciones a largo plazo para las políticas exteriores, de seguridad y migración tanto en Alemania como en Europa y además construir con una sociedad firmemente enraizada en la democracia y el Estado de derecho.

Entre los refugiados sirios que buscan asilo en Europa hay cientos de víctimas de todo tipo de violaciones de los derechos humanos cometidas por todos los actores del conflicto armado, y Alemania ha recibido a la mayor parte de ellos

Cuando comenzó la revolución popular del año 2011 en Siria contra el régimen de Bashar Al-Assad, la mayoría de la población estaba de acuerdo en la protesta. Participé desde el inicio en un movimiento pacífico y en las manifestaciones pacíficas y protestas, así como en la tarea de proveer ayuda médica, comida y humanitaria. Pero lo más importante, fue trabajar voluntariamente como abogado en la Comisión siria por la defensa de los prisioneros de opinión y conciencia. Ahí, representé gratuitamente a los prisioneros ante las cortes sirias, especialmente ante la corte de terrorismo, que fue creada en el año 2012 con el fin de oprimir a los oponentes de Assad. Ahí documenté muchos casos de violaciones de derechos humanos en materias de género, especialmente violencia sexual contra las mujeres.

A causa de esta labor, la Agencia de Inteligencia Siria me detuvo durante varias semanas. En ese período fui objeto de ataques y maltratos, además de amenazas de muerte. Al final, hasta tuve que hacer frente a una acusación pública ante las cortes de terrorismo, por trabajar voluntariamente en la Comisión.

Por eso huí al Líbano, donde estuve casi dos años. Seguí documentando las violaciones de los derechos humanos en Siria y preparé a abogados en áreas de derecho internacional humanitario, derechos humanos y derecho penal internacional. Además di talleres sobre los posibles mecanismos para acusar a los responsables por violaciones graves de los derechos humanos en Siria. Hace dos meses, llegué al European Center of Constitutional and Human Rights (ECCHR) en Berlín para aprender más y ganar experiencia en el ámbito de la litigación en derechos humanos.

Sin texto no hay delito ni castigo

Mis colegas sirios y yo enfocamos los posibles mecanismos jurídicos para perseguir a los responsables por las atrocidades cometidas en Siria, sin importar el bando político de los perpetradores. Queremos utilizar el principio de Jurisdicción Universal ante las cortes nacionales europeas, con el cual sería posible juzgar casos de tortura y crímenes contra el derecho internacional ante los tribunales europeos, aún si fueron cometidos por sirios en Siria.

Dependemos principalmente de la aplicación del principio de Jurisdicción Universal, porque, entre otras razones, los otros mecanismos para perseguir y acusar a los responsables de crímenes no están disponibles de momento. Las cortes sirias no cumplen con su compromiso de llevar a las justicia a los criminales y el régimen sirio desde luego que no tiene intención política de hacerlo. En las últimas décadas se ha creado una dictadura totalitaria que goza de impunidad, porque se vale de leyes y de una constitución que impiden cualquier persecución de los miembros de la seguridad, quienes cometen crímenes en beneficio del gobierno.

Aún más, siguiendo la máxima “no se considera crimen ni se aplica castigo sin un texto”, nadie puede perseguir criminalmente a los perpetradores según las leyes penales sirias, simplemente porque éstas no contemplan ningún texto sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, entre otros.

Además, los organismos judiciales sirios no tienen experiencia con este tipo de demandas. La judicatura siria nunca ha sido testigo de persecuciones penales por esos crímenes, por lo que abogados, fiscales y jueces tampoco tienen pericia al respecto.

Todo se complica si recordamos que Siria no ha aprobado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo que la única posibilidad de que la Corte investigue los delitos cometidos, es mediante una remisión de la situación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso se intentó en mayo del 2014, pero el Consejo demostró no ser capaz de investigar debido al veto de China y Rusia. En consecuencia, esta no es una opción viable.

La clave: Jurisdicción Universal ... en Europa.

Los tribunales especiales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, o los tribunales penales internacionales híbridos, como el Tribunal Especial para El Líbano (creado para juzgar el asesinato del ex primer ministro Rafiq Al-Hariri), creo que no son confiables dada la postura de países como China y Rusia.

Por todo lo dicho, los abogados que trabajamos por la causa siria, creemos que se debe utilizar el principio de Jurisdicción Universal ante las cortes nacionales europeas, pues ellas tienen la experiencia necesaria. Los fiscales y jueces deben enfocarse en los crímenes de tortura y castigos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en las prisiones sirias, pues los responsables pueden ser juzgados en virtud de la Convención contra la Tortura, firmada por todos los países de Europa, incluso por Siria en el año 2004.

En julio del 2016 el European Center of Constitutional and Human Rights (ECCHR) organizó un taller, en el que participaron muchas organizaciones europeas e internacionales, así como organizaciones sirias que trabajan documentando las violaciones y los testimonios de prisioneros. Se discutió la posibilidad de iniciar acciones en virtud del principio de Jurisdicción Universal ante los tribunales europeos, analizando sus posibles ventajas, riesgos y desafíos.

Europa: Que avance, pero sin sesgos

Entre los refugiados sirios que buscan asilo en Europa hay cientos de víctimas de todo tipo de violaciones de los derechos humanos cometidas por todos los actores del conflicto armado sirio, y Alemania es quien ha recibido a la mayor parte de ellos.

Ahora, el desafío más importante es la voluntad de los países europeos de perseguir a los criminales mediante el principio de Jurisdicción Universal, sin ningún sesgo selectivo, pues hasta ahora se concentran en los extremistas islámicos, quienes pueden ser perseguidos por las leyes anti-terrorismo, pero no se han esmerado en castigar a los principales responsables por la atrocidades cometidas en Siria. Mientras ellos no sean sancionados, la impunidad en Siria seguirá igual.

La unidad de delitos internacionales de la Fiscalía General Federal está en buen pie para tomar la iniciativa e investigar los delitos en Siria. Alemania es uno de los pocos países de Europa que tiene un código especial para juzgar crímenes internacionales y aplica verdaderamente el principio de Jurisdicción Universal, no siendo necesario un vínculo entre Alemania y los crímenes cometidos en Siria. Por eso, mis colegas sirios y yo tenemos esperanzas en que Alemania avance en la materia.

Desde el inicio de este blog mi idea era incluir en este espacio las contribuciones de colegas a quienes debo inspiración y motivación. Este blog fue escrito por Ibrahim Alkasem, abogado sirio que escapó de su país y trabaja por el momento en Berlín. Ibrahim, entre otros, apoyan el trabajo del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).Este blog fue escrito por Ibrahim Alkasem, abogado sirio que escapó de su país y trabaja por el momento en Berlín. Ibrahim, entre otros, apoyan el trabajo del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).

La invasión a Irak liderada por EE.UU. y Gran Bretaña a inicios del año 2003 es un crimen. Durante más de trece años de conflicto armado han muerto cientos de miles de personas. Todos los actores involucrados, incluyendo a EE.UU. y Gran Bretaña, han cometido crímenes de guerra, masacres, torturas y otros delitos. No esperamos ninguna autocrítica por parte del ex primer ministro británico Tony Blair y el informe publicado el pasado miércoles por la comisión investigadora británica (Irak Inquiry) –presidida por Sir John Chilcot– tampoco cambia para nada las cosas. No obstante, las conclusiones de Chilcot son muy claras: la decisión de Gran Bretaña de participar en la invasión fue prematura pues no se habían agotado todas las otras opciones. El Gobierno de Blair actuó sobre la base de información falsa; no sólo en cuanto a la información manejada por la inteligencia, sino que la guerra misma carecía de justificación jurídica.

Al mirar en retrospectiva la decisión de ir a la guerra, hay que recordar que tanto Saddam Hussein como su vecino sirio Baschar al-Assad cometieron gravísimas violaciones de los derechos humanos. Hussein es responsable por crímenes de lesa humanidad cometidos contra los kurdos y el pueblo chiíta en su país, además de la tortura sistemática en la cárcel de Abu Ghraib, décadas antes de que lo hiciera EE.UU. De modo que sería injusto culpar sólo a las potencias occidentales por la inestabilidad de la región. Pero de todos modos, la guerra e invasión de Gran Bretaña y EE.UU. ha contribuido mucho al debilitamiento de Irak y al surgimiento del “Estado Islámico”.

El informe de Chilcot no puede ser lo único

Es importante y está bien que Gran Bretaña –a diferencia de muchos otros– discuta y enfrente los errores políticos cometidos en este período y las violaciones de los derechos garantizados por la carta de las Naciones Unidas. En este sentido, el largo informe requerirá de una cuidadosa evaluación. Uno esperaría que luego de estas violaciones y delitos, los políticos y militares responsables fueran llevados ante la justicia, pero el problema es que el informe de Chilcot no es vinculante jurídicamente. La única opción sería –tal como dice el propio Chilcot– constituir un tribunal reconocido internacionalmente para juzgar y aplicar sanciones.

Podríamos pensar en la Corte Penal Internacional de La Haya que es la continuadora de los tribunales militares de Nuremberg, creados para juzgar a los criminales nazis responsables por la guerra de agresión alemana, llamada “la madre de todos los crímenes”. Pero la verdad es que sólo a partir de 2017 será posible conducir investigaciones o presentar demandas contra estos delitos en La Haya, además las investigaciones no serán aplicadas retroactivamente y sólo regirán para los países que decidan someterse a la corte.

Hoy en Gran Bretaña, los políticos y juristas piensan en aplicar una antigua ley para hacer una acusación pública (impeachment proceedings en inglés) contra Blair. Pero siendo sinceros, creemos que falta sustento jurídico para eso.

El trabajo de mi organización, el European Center for Constitutional and Human Rights, se limita a los casos de torturas y malos tratos cometidos por los militares británicos y agentes de inteligencia contra los prisioneros de guerra iraquíes. A inicios del año 2014 las autoridades de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya iniciaron investigaciones preliminares al respecto y esperamos que el secretario de defensa de Blair, Geoff Hoon, sea citado a declarar. Pero para saber si Blair es responsable penalmente por las torturas se requerirían más diligencias de investigación. Se debiera ejercer presión para realizar mejores investigaciones en La Haya e idealmente también en Londres, pues hasta ahora, la impunidad reinante en relación con la invasión a Irak nos deja insatisfechos. Del informe de Chilcot se pueden tomar bastantes lecciones políticas para evitar una nueva guerra, lo mínimo sería reformar el derecho penal.

Es hora de que la Unión Europea ponga en práctica la Resolución del Parlamento Europeo, del 29 de octubre del 2015, que ordena proteger jurídicamente a los informantes

Quien haya visto el documental ganador de los premios Oscar, Citizenfour, tiene buena idea de los hechos ocurridos en junio del 2013, en un hotel de Hong Kong, cuando Edward Snowden entregó al periodista Glenn Greenwald y a la cineasta Laura Poitras, toda la información recopilada sobre la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA). Ha pasado tiempo y más de uno se pregunta hoy: ¿qué ha sucedido, qué ha cambiado desde entonces?

Cuando el mundo se fue enterando de la arrolladora vigilancia por parte de los servicios de inteligencia y empresas transnacionales, algunos simplemente quedaron atónitos. Muchos sintieron sólo impotencia y culparon al cinismo de los políticos. Cuando describían la situación de Snowden en Rusia, diciendo que no le quedaría otra que aguantarse. Pero a pesar de lo que se murmura, Edward Snowden no está encerrado en una cárcel en Siberia, ni es perseguido las 24 horas por agentes de inteligencia de Putin para que les revele información secreta. De hecho, vive sin ser molestado en Moscú y participa de distintas formas en el debate que él mismo inició hace tres años.

En Alemania con el tiempo, la discusión sobre Snowden se ha ido apagando. En parte, porque después de haber brindado bastante atención a los medios y a la parte de la sociedad alemana que lo apoya; Snowden ahora se comunica más con audiencias en España, India y Nueva Zelanda, algo que pasa inadvertido en Alemania.

¿Y qué pasa en Alemania?

El debate en Alemania nunca se enfocó en el hecho de si se le debe o no otorgar asilo a Snowden, sino más bien en si éste puede viajar y declarar en forma segura a Alemania, para ser oído como testigo por la comisión del Parlamento alemán (Bundestag) que investiga a la NSA. Al final, la discusión quedó en nada, pues el gobierno federal –utilizando argumentos jurídicamente dudosos- rápidamente dejó claro que no apoyaría el procedimiento. Por su parte, la mayoría de la comisión de investigacón no tuvo el valor suficiente para oponerse a lo dicho por el gobierno, y peor aún, su presidente, Patrick Sensburg, respondió – sin tener la menor idea de lo que decía - al artículo publicado por el periódico alemán FAZ diciendo que “Snowden sólo puede hacer lo que le dicen los líderes rusos”. Tambien el jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), el servicio de intelegencia nacional alemán, Hans-Georg Maaßen, insistió últimamente en esta acusación. En su comparecencia ante als comisión de investigación, Maaßen declaró que a él le resultaba “verosímil” que Snowden trabajara para el servicio de intelegencia ruso.

Ni EE.UU. había llegado tan lejos. Hace poco, el ex ministro de justicia, Eric Holder, dijo que Snowden había prestado un servicio público a la nación con sus revelaciones. Asimismo, un ex representante de la NSA aclaró públicamente, que Rusia o China no habrían sido las primeras opciones que tuvo Snowden para buscar asilo. De modo que, con semejantes declaraciones, Maaßen, Sensburg (del partido político CDU) y los cercanos a los círculos de inteligencia, sólo buscan despistar de sus propias obligaciones políticas y morales.

Es hora de que la Unión Europea ponga en práctica la Resolución del Parlamento Europeo, del 29 de octubre del 2015, que ordena proteger jurídicamente a los informantes, si existen fundamentos, además de evitar una posible extradición.

Dos casos reflejan la importancia de esa medida a todo nivel: John Crane era responsable de procesar los reclamos internos contra funcionarios del departamento de defensa de los EE.UU. –canal que según algunos, debió haber utilizado Snowden- y tuvo que convertirse el mismo en informante, para revelar irregularidades cometidas en su departamento. El segundo caso, es el del funcionario de Naciones Unidas que debió renunciar, por hacer públicas las masivas agresiones sexuales cometidas por tropas de Naciones Unidas en la República Centroafricana.

Mucho camino por recorrer

Respecto a la protección de datos y el control de los servicios de inteligencia, algo se ha avanzado en los últimos años. La Decisión de la Corte Europea sobre el Acuerdo de Puerto Seguro y las sentencias de los tribunales estadounidenses, que restringen la vigilancia de las telecomunicaciones por parte de las autoridades de los EE.UU. así lo demuestran.

Está claro que hay que controlar más los servicios de inteligencia en Alemania, sobre todo sabiendo los níveles de vigilancia ejercida por la NSA y otros organismos de inteligencia como la GCHQ (Reino Unido) y la BND (Alemania); además del escándalo en torno a los asesinos neonazis, donde al parecer había agentes alemanes involucrados de una u otra manera. Pero lamentablemente, no se ha logrado nada de la muy anunciada reforma a los servicios de inteligencia en Alemania. Aparentemente, aún debemos discutir, de forma sustantiva, sobre el futuro de la sociedad digital y sobre las presiones políticas, antes de poder controlar a quienes ejercen el control de vigilancia.

Hasta hoy no ha habido resultados concretos y tampoco esperamos grandes soluciones que rompan esquemas, pues con el modelo económico actual, con las políticas de precios y con las prácticas de compra de proveedores, es casi imposible asegurar horas de trabajo o un salario mínimo digno

Desde el inicio de este blog mi idea era incluir en este espacio las contribuciones de colegas a quienes debo inspiración y motivación. Este blog fue escrito por Miriam Saage-Maaß, quien dirige el área de “Empresas y Derechos Humanos” del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y trabaja, entre otros casos, en las violaciones de los derechos humanos cometidas en la producción y la cadena de suministro de la industria textil.

Han pasado casi cuatro años desde que ocurrieron tres graves tragedias de la industria textil en Paquistán y Bangladesh: Ali Enterprises, Tazreen y Rana Plaza. Estas catástrofes provocadas por el hombre, sin duda causaron gran revuelo en todo el mundo y crearon conciencia, como nunca antes, en gran parte de la opinión pública alemana y europea, sobre las condiciones de trabajo de la industria textil en Asia. Hoy nadie puede negar el sufrimiento humano y los enormes costos que conlleva el consumismo del mundo occidental.

Ahora cabe preguntarse ¿qué ha cambiado desde entonces? La presión ejercida sobre las empresas textiles compradoras ha sido tan grande, que éstas crearon un fondo de indemnizaciones, financiado por las mismas empresas europeas. Así, más de 100 empresas están obligadas, por contrato, a contar con edificios independientes y medidas de prevención de incendios en toda la cadena de suministro. Además, el Ministro Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Alemania, Gerd Müller, creó la “alianza textil”, para desarrollar normas para una industria textil sostenible. La alianza se reúne hace más de un año en una “mesa redonda” y agrupa a miembros de la política, la economía y la sociedad civil.

Hasta hoy no ha habido resultados concretos y tampoco esperamos grandes soluciones que rompan esquemas, pues con el modelo económico actual, con las políticas de precios y con las prácticas de compra de proveedores, es casi imposible asegurar horas de trabajo o un salario mínimo dignos. Por lo demás, las empresas desconocen su responsabilidad por las condiciones de trabajo en las cadenas de suministros del cono sur.

Pero eso es justamente lo que exigen los trabajadores, trabajadoras y sindicatos de Asia. Ellos se agruparon en la red internacional “Campaña Ropa Limpia” y se reunieron en marzo en Nepal. Durante tres días discutieron sobre lo ocurrido en Rana Plaza y en las otras tragedias de la industria textil. Lo más impresionante fue el testimonio de Saeeda Khatoon, quien es también vicepresidenta de la Asociación de Afectados por el Incendio de Baldia Factory (Baldia Factory Fire Affectees Association), que agrupa a los sobrevivientes y afectados por el incendio en la fábrica Ali Enterprices, en Karachi. En un relato conmovedor, dijo que todos los esfuerzos de las organizaciones internacionales o empresas, no valen de nada si los trabajadores y trabajadoras no son incluidos; y eso es precisamente lo que Khatoon y los otros miembros de la organización paquistaní quieren lograr. Yo misma asistí unas tres veces a las conferencias que ellos organizan. Recuerdo haber estado con cerca de 190 afectados del incendio de la fábrica. Había hombres y mujeres discutiendo temas que aún no logran consenso en Paquistán, como la demanda contra la empresa alemana KiK, el principal cliente de la fábrica y también sobre el juicio contra la empresa italiana de certificación RINA.

¿Sólo palabras?

El hijo de Khatoon murió en el incendio de las empresas Ali Enterprices el 11 de septiembre del 2012 en Karachi. Khatoon además es viuda y no ha superado emocionalmente el haber perdido a su hijo, que era la persona más importante en su vida y el único que llevaba sustento a la familia, pero a pesar de todo lucha por obtener justicia. Hoy ayuda a los miembros de otras organizaciones, por ejemplo, a dialogar con las autoridades paquistaníes. También acompaña a los sobrevivientes y afectados en el proceso de iniciar juicios contra el gobierno paquistaní, para así obtener pensiones de invalidez justas. Todos en la organización luchan porque KiK reconozca su responsabilidad ante las víctimas del incendio. De hecho, Khatoon presentó junto a otros tres miembros de la organización de afectados, una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra KiK, ante el Tribunal Federal de Dortmund, en marzo del 2015.

A inicios del 2016, y luego de las investigaciones del Ministerio de Desarrollo, Kik respondió a la demanda mostrando disposición para dialogar por una indemnización de perjuicios a causa de la tragedia de Rana Plaza. Pero al parecer todo quedó en las palabras, porque KiK detuvo las investigaciones y no volvió a hablar seriamente sobre la indemnización. Si de verdad queremos dar credibilidad a esto, el Ministerio debe ejercer más presión. Mientras KiK se presente en el marco de la “alianza textil” como el socio bueno del ministerio, se está quedando en las palabras pero desconoce sus responsabilidades concretas. Mientras el juicio en el tribunal federal de Dortmund siga pendiente veremos qué tan buenas son sus intenciones.

Cuando el mundo se fue enterando de la tremenda vigilancia por parte de los servicios de inteligencia y empresas transnacionales, no pocos se quedaron atónitos. Muchos sintieron impotencia y lamentaron el cinismo de los políticos cuando describían la situación de Snowden en Rusia

Quien haya visto el documental ganador de los premios Oscar, Citizenfour, conocerá bien los hechos ocurridos en junio del 2013, en un hotel de Hong Kong, cuando Edward Snowden entregó al periodista Glenn Greenwald y a la cineasta Laura Poitras toda la información recopilada sobre la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA). Ha pasado tiempo desde entonces y hoy más de uno se pregunta: ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Cuando el mundo se fue enterando de la tremenda vigilancia por parte de los servicios de inteligencia y empresas transnacionales, no pocos se quedaron atónitos. Muchos sintieron impotencia y lamentaron el cinismo de los políticos cuando describían la situación de Snowden en Rusia, diciendo que no le quedaría otra que aguantarse. Pero, a pesar de lo que se murmura, Snowden no está encerrado en una cárcel en Siberia, ni tampoco perseguido las 24 horas por agentes de inteligencia de Putin para que les revele información secreta. De hecho, vive sin ser molestado en Moscú y participa de distintas formas en el debate que él mismo inició hace tres años.

En Alemania, con el tiempo, la discusión sobre Snowden se ha ido apagando. En parte, porque después de haber brindado bastante atención a los medios y a la parte de la sociedad alemana que lo apoya, Snowden ahora se comunica más con audiencias en España, India y Nueva Zelanda, algo que pasa inadvertido en Alemania.

¿Y qué pasa en Alemania?

El debate en Alemania nunca se enfocó en el hecho de si se le debe o no otorgar asilo a Snowden, sino más bien en si este puede viajar y declarar allí de forma segura, para ser oido como testigo por la comisión del Parlamento alemán (Bundestag) que investiga a la NSA. Al final, la discusión quedó en nada, pues el Gobierno federal -utilizando argumentos jurídicamente dudosos- rápidamente dejó claro que no apoyaría el procedimiento. Por su parte, la mayoría de la comisión de investigación no tuvo el valor suficiente para oponerse a lo dicho por el Gobierno. Incluso peor, su presidente Patrick Sensburg respondió -sin tener la menor idea de lo que decía- al artículo publicado por el periódico alemán FAZ diciendo que “Snowden solo puede hacer lo que le dicen los líderes rusos”. También el jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz), el servicio de inteligencia nacional alemán, Hans-Georg Maaßen, insistió últimamente en esta acusación. En su comparecencia ante la comisión de investigación, Maaßen declaró que a él le resultaba “verosímil” que Snowden trabajara para el servicio de inteligencia ruso.

Ni EEUU había llegado tan lejos. Hace poco, el exministro de Justicia, Eric Holder, dijo que Snowden había prestado un servicio público a la nación con sus revelaciones. Asimismo, un exrepresentante de la NSA aclaró públicamente que Rusia o China “no habrían sido” las primeras opciones que tuvo Snowden para buscar asilo. De modo que, con semejantes declaraciones, Maaßen, Sensburg (del partido político CDU) y otros dirigentes cercanos a los círculos de inteligencia solo buscan despistar de sus propias obligaciones políticas y morales.

Es hora de que la Unión Europea ponga en práctica la Resolución del Parlamento Europeo del 29 de octubre del 2015 que ordena proteger jurídicamente a los informantes, si existen fundamentos, además de evitar una posible extradición. Dos casos reflejan la importancia de esa medida a todo nivel: John Crane era responsable de procesar las reclamaciones internas contra funcionarios del departamento de defensa de EEUU -canal que, según algunos, debió haber utilizado Snowden- y tuvo que convertirse él mismo en informante para revelar irregularidades cometidas en su departamento. El segundo caso es el del funcionario de Naciones Unidas que debió renunciar por hacer públicas las masivas agresiones sexuales cometidas por tropas de Naciones Unidas en la República Centroafricana.

Mucho camino por recorrer

Respecto a la protección de datos y el control de los servicios de inteligencia, algo se ha avanzado en los últimos años. La Decisión de la Corte Europea sobre el Acuerdo de Puerto Seguro y las sentencias de los tribunales estadounidenses, que restringen la vigilancia de las telecomunicaciones por parte de las autoridades de los EEUU, así lo demuestran.

Está claro que hay que controlar más a los servicios de inteligencia en Alemania, sobre todo sabiendo los níveles de vigilancia ejercida por la NSA y otros organismos de inteligencia como la GCHQ (Reino Unido) y la BND (Alemania); además del escándalo en torno a los asesinos neonazis, donde al parecer había agentes alemanes involucrados de una u otra manera. Pero, lamentablemente, no se ha logrado nada de la muy anunciada reforma de los servicios de inteligencia en Alemania. Aparentemente, aún debemos discutir mucho sobre el futuro de la sociedad digital y sobre las presiones políticas, antes de poder controlar a quienes ejercen el control de vigilancia.

Cadena perpetua para las violaciones, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la tortura. Así hicieron historia las Salas Extraordinarias Africanas en Dakar, condenando al ex presidente de Chad, Hissène Habré.

Se trata además de la culminación de 25 años de lucha de los supervivientes de una tiranía por lograr justicia.

Varias organizaciones de derechos humanos de Chad y de todo el mundo documentan que, entre los años 1982 y 1990, Hissène Habré torturó y asesinó a más de 40.000 opositores y prisioneros de guerra, además de haber esclavizado sexualmente a muchas mujeres.

Como aliado clave del gobierno de Estados Unidos contra la Libia de Muammar Gaddafi, Habré pudo mantener a partir de 1990 una lujosa vida como exiliado en Senegal. Sin embargo, Souleymane Guengueng -superviviente de tortura- consiguió, junto a un grupo de activistas, declaraciones de testigos a partir de 1990. Con los antecedentes recopilados acudieron a los tribunales de justicia en Bélgica, luego a la Corte Penal Internacional (CPI) y finalmente a los tribunales en Dakar, sobreponiéndose así a la falta de voluntad política de las autoridades en Chad y en Senegal para castigar estos delitos. Lucharon no solo por obtener justicia para las víctimas de Habré, sino que además despertaron el interés en todo el mundo por el caso y lograron poner en marcha un juicio de gran importancia e impacto más allá de las fronteras de Chad y Senegal.

Por otra parte, la esclavitud sexual a la que fueron sometidas muchas mujeres en el régimen de Habré -esta vez fue puesta en el tapete- es un tema que suele permanecer en el silencio. En un inicio, los cargos no incluían estos delitos, pero las mujeres se atrevieron a declarar y relataron el daño causado. Una testigo, violada por el mismo Habré, habló abiertamente sobre la vergüenza que había sentido, pero que ya nada le impediría hablar. Así, su testimonio, junto con el de muchas otras víctimas, es prueba fehaciente de la importancia de prestar declaraciones abiertamente en un tribunal, de enfrentarse al torturador y reconocer tanto la propia historia como el dolor sufrido. De ese modo, una víctima aparentemente pasiva deja de ser objeto de violencia y comienza a tener un rol activo.

Sin duda que una sentencia dictada 25 años después de cometidos los crímenes viene un poco tarde, pero de todos modos tiene mucho sentido, porque los juicios en los que los supervivientes participan activamente tienen una importante función simbólica en el proceso de una sociedad completa por superar una etapa oscura y violenta.

Este es el primer juicio a un exjefe de Estado africano en otro país de África, por lo que es una importante señal en el proceso de superación de los delitos de derechos humanos en todo el continente. Hace mucho que la elite africana tilda a la justicia penal internacional de neo-colonialista, como sucedió, por ejemplo, en el caso del presidente keniata Uhuru Kenyatta, investigado por la CPI. Es cierto que hasta el momento solo africanos han sido demandados ante la CPI y los juicios penales nacionales basados en el principio de jurisdicción universal solo han condenado a miembros de los llamados “países frágiles”, mientras que los crímenes de occidente siguen impunes. Pero el valor de la crítica es dudoso si quienes se quejan son los mejores “candidatos” a ser acusados por delitos de violaciones de los derechos humanos.

El caso Habré, apoyado por la Unión Africana, le resta importancia a este argumento, porque demuestra que buscar justicia por violaciones de los derechos humanos no es algo impuesto por occidente, sino el deseo cumplido por los activistas de Chad y sus colaboradores en todo el mundo tras muchos años de lucha.

• Desde el inicio de este blog mi idea era incluir en este espacio las contribuciones de colegas a quienes debo inspiración y motivación. Este post ha sido escrito por Eva Bitrán, quien trabaja en el Área de Crímenes Internacionales y Responsabilidad del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), especialmente en el Proyecto de Migración. En las últimas semanas la autora ha estado dos veces en el campamento de refugiados de Idomeni, ubicado en la frontera greco-macedonia.

Desesperación y desconcierto: así se percibía y así se percibe hoy la vida en Idomeni, un pequeño pueblo griego ubicado cerca de la frontera con Macedonia. Con el tiempo, este pequeño pueblo ha pasado de ser una parada en la ruta hacia Europa Occidental a un campamento semi permanente donde durante varias semanas (mal)vivieron más de diez mil refugiados, que quedaron ahí, atrapados, en la mitad de su viaje. La semana pasada la situación en Idomeni volvió a cambiar, dado que la policía griega desalojó el campamento.

Ya desde el verano pasado varios países de Europa habían cerrado, uno tras otro, sus fronteras a migrantes y refugiados. En noviembre de 2015 los gobiernos de Eslovenia, Serbia, Croacia y Macedonia comenzaron a negar el paso a cualquiera que no tuviera papeles de Siria, Irak o Afganistán. La frontera greco-macedonia fue cerrada el 8 de marzo de 2016, tan solo horas después de la cumbre de Bruselas e inmediatamente después del cierre de fronteras entre Serbia a Austria. Así, miles de solicitantes de asilo no tuvieron oportunidad alguna de obtener reparación por las violaciones de sus derechos humanos. En otras palabras, la Unión Europea y sus países vecinos lograron, de forma bastante efectiva, dejar de aplicar derechos fundamentales.

Como resultado, Europa vivió y vive hoy una catástrofe humanitaria, evidente al llegar a Idomeni. Lo primero que impactaba era el número de niños en el lugar: miles de pequeños corriendo en el barro, a punto de salir volando con el viento que azota. Como refugio, lo más común era ver carpas o tiendas improvisadas que no estaban preparadas para la lluvia o el viento de inicios de primavera. Las filas para obtener alimentos, ducharse u obtener atención médica de urgencia eran interminables. La lumbre se prendía con lo que hubiera a mano, porque al menos así se soportaba la enorme humedad del lugar. Todos tosían.

La primera vez que visité el campamento, en marzo, con mi colega del ECCHR de Berlín, fue justo dos semanas después de que la frontera fuera formalmente cerrada y una después de la llamada “Marcha de la Esperanza”, del 14 de marzo de 2016. En esa marcha, más de dos mil refugiados ingresaron a Macedonia bordeando la valla y vadeando un río, llegando a un pequeño pueblo llamado Moin. Ahí los esperaba la policía antidisturbios de Macedonia en vehículos blindados. Los activistas y periodistas que estaban allí fueron arrestados y separados del grupo, mientras que a los migrantes y refugiados (después de pasar varias horas a la intemperie) les trasladaron en camiones y les obligaron a cruzar la frontera griega (algunos lo hicieron por un agujero en la alambrada hecho especialmente para este efecto). Esta fue la expulsión colectiva más grande de los últimos años en Europa, pero no es un hecho aislado: las violentas devoluciones en caliente son el pan de cada día en Idomeni, así como en otros puntos de la frontera exterior de la Unión Europea.

Los migrantes y refugiados son expulsados sumariamente, violando de forma evidente la Convención Europea de los Derechos Humanos y sin oportunidad alguna de acudir a algún tribunal europeo. Es simplemente una privación de derechos que pocos están en condiciones de contestar. Sin embargo, en febrero de 2015, dos hombres de Mali y Costa de Marfil presentaron una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el apoyo del ECCHR, por la devolución en caliente de la que fueron víctimas en la frontera hispano-marroquí.

Volvimos al campamento seis semanas después, a mediados de mayo. El ánimo de la gente era distinto, pero el desconcierto seguía. Los migrantes y refugiados son familias enteras, con niños, abuelos, etc. Son familias con arquitectos, ingenieros y abogados, que hoy re-evalúan sus posibilidades e intentan buscar la ruta más segura (o menos mortal) para seguir adelante. Conversamos con una familia de cuatro personas que había intentado cinco veces pasar la frontera y entrar a Macedonia. Las cinco veces pagaron a un contrabandista de personas y las cinco veces fueron devueltos a Grecia. Muchos vuelven golpeados y hasta con quemaduras infligidas por la policía de Macedonia. Otra pareja -también devuelta en caliente desde Macedonia- perdió a dos de sus hijos a manos de las fuerzas de Baschar al-Assad, pero logró escapar junto a su hija. “No podemos continuar, no podemos volver, pero tampoco podemos quedarnos acá”, dijo el padre.

Las cifras confirman la frustración de estas personas. Con el acuerdo entre la UE y Turquía, quienes hayan llegado a Grecia antes del 20 de marzo y quieran solicitar asilo, pueden hacerlo, pueden ser reubicados dentro de Europa y pueden pedir la reagrupación familiar, pero para ello tienen que contactarse por skype con un usuario determinado, disponible sólo a determinadas horas, dependiendo del idioma y ubicación del solicitante. Obviamente, también necesitan tener una cuenta de skype, conexión a internet y, lo que es trascendental, deben lograr comunicarse. Ninguno de los solicitantes de asilo que conocimos ha podido comunicarse, de forma que en realidad se les niega de forma sistemática su derecho a tener derechos. Lo que es peor aún es que, en el caso de lograr comunicarse, sus perspectivas no son mucho mejores, pues según lo señalado por Welcome to Europe, “de los 66.400 migrantes y refugiados que la Unión Europea planeaba sacar de Grecia y reubicar en otros países de la UE durante los próximos dos años, sólo 584 personas fueron reubicadas entre noviembre del 2015 y marzo del 2016 y sólo otras 208 después de que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía entrara en vigor”.

Desde el cierre de fronteras, las autoridades han intentado reubicar a quienes permanecen en Idomeni -entre diez mil y catorce mil personas- en campamentos administrados por el Gobierno, que generalmente son antiguas cárceles u hospitales psiquiátricos. El día de nuestra visita, un grupo de migrantes -que voluntariamente aceptó ser trasladado al campamento administrado por el ejército griego- era trasladado en autobuses cubiertos de publicidad de una agencia de viajes, que promocionaba: “Toma hoy tus locas vacaciones”.

Hoy las fronteras siguen cerradas y quienes logran cruzar la valla son objeto de las ya comunes “devoluciones en caliente”. La ilusión de la reubicación y reunificación parece imposible y la sombra de la expulsión es una amenaza constante que pende sobre sus cabezas.

Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Michael Ratner, el pasado 11 de mayo de 2016. Con su muerte, el ECCHR pierde a un importante amigo de muchos años, a un compañero y a un mentor

Michael Ratner fue uno de los cofundadores del European Center for Constitutional and Human Rights y durante años apoyó, con impulso inconmensurable, el trabajo de la organización. En el último tiempo presidió además la junta directiva del ECCHR. Estamos profundamente agradecidos por todo el tiempo que pudimos compartir con él, así como por su incansable y valiente aporte al mundo de los derechos humanos.

Durante el verano del 2004 tuve la fortuna de conocer a Michael Ratner, en ese entonces Presidente del Center for Constitutional Rights; al vicepresidente, Peter Weiss, así como a toda la organización. Trabajamos juntos en una denuncia penal - presentada luego en Karlsruhe en noviembre del 2004 - que se dirigía contra el ex ministro de defensa Donald Rumsfeld, así como contra otros miembros del gobierno, militares y juristas, por las torturas sistemáticas cometidas contra los prisioneros en la cárcel estadounidense de Abu Ghraib (Irak). En un comienzo, no logramos nuestro objetivo concreto: llevar a la justicia a los “arquitectos de la tortura”; sin embargo, pudimos dar algunos pasos adelante en esa tarea y otros países han seguido avanzando, como es el caso de Francia, España, Bélgica y, después de la publicación en diciembre del 2014 del informe del Senado estadounidense sobre las torturas cometidas por la CIA, también Alemania. Desde entonces no hemos cejado en nuestros esfuerzos.

Michael fue y es una persona clave en esta lucha constante y paciente contra la tortura, pero para nosotros fue mucho más: éramos amigos. Él nos inspiró y nos dio la valentía necesaria para que creáramos en Alemania una organización similar al CCR. Así se fundó el ECCHR en Berlín, el año 2007. Sin embargo, no queremos compararnos con la larga tradición del CCR, fundado en 1966: el centro de Nueva York brinda apoyo desde hace varias décadas a numerosos movimientos sociales que luchan contra la discriminación en Estados Unidos y la guerra propugnada por ese país.

Con los bolsillos llenos de vivencias

Las historias que vivió Michael durante más de cincuenta años son fascinantes: una y otra vez hablaba sobre la gran esperanza que tenía en los cambios sociales, con ideas que se habían impregnado en el espíritu de muchos ya en el año 1968. Describía también la enorme violencia que Estados Unidos desplegó contra los movimientos de la Rebelión Negra en Estados Unidos, así como contra los movimientos de liberación en Centro y Sudamérica.

A diferencia de muchos de sus colegas en Estados Unidos, Michael era internacionalista, para nada dogmático y alguien que sabía, por experiencia propia, cuán importante es oponerse de alguna manera al poder y la dominación ejercida por su propio país. No obstante, no hizo la vista gorda ante los errores cometidos también por la izquierda en el poder: Ratner apoyaba la independencia de Cuba y a la Nicaragua post sandinista. También utilizó diversos medios jurídicos para poner coto a las intervenciones militares de Estados Unidos en Granada, El Salvador, Haití y Nicaragua; además de reunirse en numerosas oportunidades con representantes de diversos movimientos sociales, por ejemplo, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra en Brasil. Durante los últimos años, fueron los hijos de Michael quienes recibieron el importante apoyo y compromiso de su padre, un padre, por cierto, profundamente orgulloso: Jake trabaja actualmente en Bolivia con los activistas contrarios a la privatización del agua en El Alto; Ana, por su parte, se desempeña en la ciudad mexicana de Oaxaca.

Éstas y otras experiencias, que son parte de este trabajo, las cuales conllevan casi inexorablemente reveses y derrotas, trajeron a Michael a Berlín. Hasta el verano del 2015, cuando detectaron su enfermedad, no se perdió ninguna de las reuniones de la Junta Directiva del ECCHR y asistió a todas las reuniones anuales con nuestras organizaciones colaboradoras y con los antiguos alumnos. Siempre fue nuestro apoyo y un importante guía.

Incansable a pesar de la adversidad

Michael estaba muy conectado con nuestra causa común y siempre tendía a posponer sus propios intereses; tenía un gran sentido de la responsabilidad y por eso le era totalmente natural dar un gran consejo de forma muy humilde. Cuando ya estaba enfermo en su cama, me transmitía las enormes ganas que tenía de venir a Berlín. Pero en esas oportunidades, no hablaba tanto de nuestras reuniones - por supuesto siempre productivas y en un ambiente amistoso - sino que le gustaba mucho más conversar sobre las exposiciones que teníamos en el ECCHR y sobre nuestras fiestas. Ahí, se le podía encontrar pasada la medianoche conversando animadamente con muchos de nuestros compañeros, así como con los abogados y abogadas más jóvenes. En fin, era lo opuesto al típico abogado arrogante.

Hasta su muerte Michael fue presidente emérito del CCR. Como abogado, asesoró entre otros a Julian Assange, quien inició Wikileaks y representó a varios prisioneros de Guantánamo.

Recuerdo también cómo siempre había algo de amargura en sus palabras cuando opinaba sobre la prisión estadounidense de Guantánamo – la cual, tras siete años de gobierno de Barack Obama, aún no se ha cerrado – o sobre los fracasos políticos de la izquierda. Y a pesar de que toda esta situación era conocida para él, continuaba con sus esfuerzos, con nuestros esfuerzos. No actuaba ciegamente; siempre miraba a su alrededor para no olvidar a quienes estaban junto a él.

A mí y a todos nosotros, Michael nos hará mucha falta. Por eso acompañamos en estos difíciles momentos a su mujer, Karen, a sus hijos Ana y Jake, y a todos sus familiares y cercanos, quienes en estos últimos ocho meses lo rodearon de cariño e intentaron rescatar a Michael de esta terrible enfermedad.

Hace unos días se publicó una edición especial de la revista Kritische Justiz con reseñas sobre algunos juristas alemanes que lucharon por la defensa de los derechos, como lo fueron los escritores Franz Kafka y Kurt Tucholsky, quienes habían estudiado Derecho. Aparecen también algunas pioneras en la lucha por los derechos de las mujeres, como Margarete Berent y Marie Munk. Todos representan lo que el subtítulo denomina “La otra tradición”, en cuanto son abogados y abogadas que se “pusieron del lado de los perseguidos” y de aquellos que sufrieron injusticias a causa de la supuesta “justicia” reinante en ese tiempo.

Los mencionados en el artículo encarnan la antítesis del “temible jurista”. Un concepto plasmado por Ingo Müller en su libro del mismo nombre donde describe a este tipo de juristas como personas que solo están a servicio del poder autoritario y totalitario. También incluye en esta categoría a muchos juristas nazis que, hasta bien entrados los años setenta, desempeñaron funciones decisivas en el aparato judicial de la República Federal de Alemania (RFA).

Junto a Hannes Honecker, de la asociación de abogados Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV), tuve el privilegio de trabajar la edición especial de Kritische Justiz Eine andere Tradition (en español, “La otra tradición”). Ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a abogados muy experimentados e igualmente militantes, como Hans-Christian Ströbele, Rupert von Plottnitz y Heinrich Hannover. Con todos ellos sostuvimos largas conversaciones sobre sus actividades en las primeras décadas de la RFA.

Heinrich Hannover relató su trabajo como defensor de comunistas y la profunda impresión que le causó ver que en los años 50 la justicia alemana acusaba a gente “que ya se había manifestado contra Hitler, que había estado encerrada y maltratada en campos de concentración y cárceles sólo a causa de sus convicciones políticas”.

Hans-Christian Ströbele, por su parte, habló de la indignación que sintió cuando el Tribunal Regional Superior de Berlín indultó, en 1968, al único juez acusado de pertenecer al Tribunal Popular de la Alemania nazi.

Y Rupert von Plottnitz describió el dilema que al que se enfrentaban los abogados defensores en los procesos a la Fracción del Ejército Rojo alemán, cuando “con el fin de resguardar lo más posible los intereses de sus clientes (...) se podía llegar incluso a enfrentamientos verbales con el tribunal”. Además del dilema que vivían los clientes, quienes consideraban que el Estado de Derecho existente era más bien un proyecto ficticio al servicio del encubrimiento de conductas represivas y de control.

Conversar con estos tres abogados nos hizo ver claramente cuán difícil fue su posición en estos juicios políticos. Sobre todo, el desafío de utilizar la Ordenanza Procesal Penal en el interés de sus representados, especialmente teniendo en cuenta que la fiscalía de la RFA había quedado diezmada después de haber asesinado o expulsado a judíos y compañeros de izquierda. Todos estos abogados y abogadas, que son nuestro modelo a seguir, no podían “venderse” a una especie de servicio público para la derecha. Tampoco se pusieron del lado de lo que “convencionalmente se entendía como el derecho”, porque esto únicamente les habría llevado a iniciar, otra vez, un proceso “a la manera convencional”.

Para nosotros los jóvenes (y también aquellos ya no tan jóvenes) abogados y defensores de los derechos, Ströbele, von Plottnitz y Hannover son gestores de una nueva generación de luchadores por esta “cultura de la defensa militante de los derechos de los años sesenta y setenta”.

¿Por qué repito esto hoy? Porque en la actual biografía Ströbele, de Stefan Reinecke, ya no se tiene en cuenta este contexto histórico ni el impacto que tuvo esta generación de abogados. De hecho, en una de las valoraciones psicológicas el autor señala que Ströbele sentía fascinación -común entre los abogados- por esos clientes militantes y que fuman porros, porque “estos hicieron lo que él nunca se atrevió a hacer, rebelarse”. Para nosotros, sin embargo, la construcción de un colectivo de abogados socialistas como el que montó Ströbele y el hecho de volver a encontrar en Alemania gente comprometida con la defensa de derechos políticos sí que fue una rebelión, pero no sólo eso. Fue también una ruptura definitiva con el concepto de abogado convencional: autoritario y sumiso a la autoridad.

Los periodistas que han escrito reseñas de dicha biografía no entienden el importante papel de Ströbele en la creación de una cultura (jurídica) militante siendo defensor de los prisioneros de la Fracción del Ejército Rojo alemán o de los ocupas. Basta con ver cómo la mayor parte de la opinión pública lo criticó por ejercer su papel y trabajo de abogado.

Reinicke reconoce, al menos, el importante rol que cumplió como abogado penal, pero asimismo lamenta que “la mayor parte de los defensores (....) utilizan el deber de guardar secreto profesional de los abogados, con el fin de sacarse de encima cualquier pregunta incómoda”. Naturalmente, el exabogado y luego neonazi Horst Mahler y los miembros de la Fracción del Ejército Rojo fueron debidamente criticados en su momento. Los demás abogados, desde nuestro punto de vista - como abogados de hoy- no merecen críticas. Es más, las acusaciones tan solo demuestran una total incomprensión de la tarea que desempeñan los abogados defensores. Es hora de que se reconozca esta cara de la historia y los antagonistas en los procesos penales. Estos abogados no solo estaban sirviendo a sus clientes, sino que además luchaban por una sociedad con una nueva cultura jurídica y política.

Con motivo del día de la libertad de prensa 2016, Reporteros sin Fronteras resaltó las lamentables condiciones bajo las que actúa el periodismo en muchas partes

“¿Por qué una fiscalía tarda cinco años y medio en presentar una acusación contra una empresa fabricante de armas, pero cuando se trata de iniciar juicios penales contra los periodistas que desenmascaran el negocio de armas, actúa rápidamente y despliega todos sus esfuerzos?” Esta es la pregunta que con razón planteó el abogado, investigador de la industria de armas y activista por la paz, Jürgen Grässlin, quien participó en la realización del premiado documental Meister des Todes (“El Maestro de la Muerte”), en el que se explica y detalla el envío ilegal de fusiles de asalto de la empresa alemana Heckler & Koch a México.

Esta semana, y con motivo del día de la libertad de prensa 2016, Reporteros sin Fronteras resaltó las lamentables condiciones bajo las que actúa el periodismo en muchas partes. Para ello, ilustraron en un mapa la situación de la libertad de prensa en el mundo, señalando como los mejores lugares a Alemania y a los países escandinavos. La diferencia es considerable en comparación a países como Afganistán, Irak, Rusia o México, donde los periodistas de investigación temen por su vida e integridad física cuando ejercen su oficio.

Es verdad. La situación en Alemania es bastante mejor que en países como Turquía y Hungría, pero, de todos modos, el país no es inmune al virus de la represión, que afecta a periodistas considerados indeseables. Una y otra vez hay intentos de intimidar a los periodistas; sobre todo en materias de seguridad nacional, un aspecto especialmente sensible. Muestra de ello fue el juicio por alta traición seguido el verano pasado contra netzpolitik.org, un blog alemán en defensa de los derechos y libertades, así como los intentos -menos conocidos- por perseguir penalmente a periodistas del diario Süddeutschen Zeitung.

Buscando una “cabeza de turco”

Ahora, tras las revelaciones sobre las prácticas de exportación de armas de Heckler & Koch, la fiscalía de Munich activa todas sus fuerzas, pero -y ahí viene lo gordo- para iniciar investigaciones contra los periodistas que colaboraron en el documental. Esto resulta, por decirlo en términos suaves, totalmente absurdo. Los fiscales están aplicando el controvertido parágrafo 353d Nr. 3 del Código Penal alemán, según el cual está penada la divulgación de documentos que sean parte de una acusación o de documentos oficiales utilizados en procesos penales. El hecho de que la fiscalía utilice este parágrafo sumamente criticado contra quienes investigaron durante años, con el único fin de desenmascarar el negocio de armas y alertar a la propia fiscalía de que debía ponerse en acción, es un recurso barato que ni siquiera logra intimidar a los periodistas honestos.

De hecho, el grupo investigado por la fiscalía de Munich hizo posible que se recopilaran antecedentes para acusar a algunas empresas fabricantes de armas. Gracias a ellos, se descubrió que Heckler & Koch despachaba armas al corrupto y violento sistema policial mexicano, pero además -¡oh sorpresa!- que esas mismas armas probablemente fueron utilizadas en la matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) en septiembre de 2014, la que sin duda es la peor masacre de la reciente historia mexicana. Y ahora resulta que la fiscalía no persevera en sus investigaciones, sino todo lo contrario: echa mano del parágrafo 353d Nr. 3 contra periodistas que considera “políticamente incorrectos”, en vez de hacer frente a las “respetables y poderosas” empresas que fabrican y venden armamento.

PD. En Luxemburgo, señalado normalmente como un lugar propicio para ejercer la libertad de prensa, se está llevando a cabo el juicio Lux Leaks contra los dos informantes, Antoine del Tour y Raphaël Halet, y el periodista Edouard Perrin. Se les imputa haber publicado documentos del “esquema de optimización fiscal”, planificado en Luxemburgo, el cual conlleva una pérdida de 65 a 70 mil millones de euros en ingresos fiscales cada año. En todo el continente los gobiernos se quejan de la carga que significa recibir a refugiados, pero no se hace nada por poner fin a las prácticas de quienes realmente hacen un daño grave y sostenido a nuestra sociedad.

Otro caso tiene que ver con lo acontecido en los últimos años en España, donde el gobierno de derechas del Partido Popular ha promovido reformas legislativas para intentar reducir la competencia de la justicia española en los crímenes cometidos en el Tíbet o en las torturas cometidas por Estados Unidos contra prisioneros en Guantánamo o Latinoamérica. Con esos intentos el gobierno de Madrid logró abolir de facto la hasta entonces exitosa práctica del principio de jurisdicción universal. En virtud de dicho principio, la justicia de terceros países tiene la posibilidad de sancionar penalmente los delitos de tortura, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, aun sin ser necesario que la víctima o el autor sean nacionales o que el delito se haya cometido dentro del territorio de dicho país.

Y ahora estamos todos de acuerdo

Teniendo en cuenta este contexto, en principio resultó positivo que Alemania dictara en 2002 un Código penal internacional, basado en el principio de jurisdicción universal, y que hasta el día de hoy nadie ponga en duda su aplicación. De hecho, a inicios de esta semana se reunió un comité de expertos de la Comisión Jurídica del Parlamento alemán y todo transcurrió de forma bastante tranquila. En esa reunión varios diputados y expertos en Derecho hicieron un balance sobre la aplicación práctica del Derecho penal internacional, enfocándose principalmente en los grandes costos económicos que significó para el Tribunal Superior Regional de Sttutgart el juicio seguido en Alemania contra dos líderes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda por su participación en crímenes cometidos en la región oriental de la República Democrática del Congo; líderes que fueron finalmente condenados en septiembre de 2015.

Aun cuando las personas propuestas para integrar esa comisión -entre las cuales me encuentro yo mismo- provienen de distintas facciones del Parlamento, prácticamente todos estábamos de acuerdo en los mismos puntos. Este consenso es notable no solo comparado con la situación en otros países, sino también porque en 2007 en la última reunión similar el clima estuvo cargado de confrontación. La razón principal era que entonces quienes representábamos a diversas organizaciones de derechos humanos criticábamos este Código de Derecho penal internacional, considerando que no tenía mayor aplicación. Creíamos que para superar ese obstáculo faltaba crear una división especializada en la fiscalía competente. De este modo, la fiscalía sólo entraría en acción cuando un sospechoso de un delito permaneciera en Alemania. Actualmente existe una unidad -aunque demasiado pequeña- en la Oficina Federal de Investigación Criminal, que agrupa a fiscales e investigadores y, al igual que la Corte Penal Internacional, actúa de forma proactiva cuando existen evidencias que proteger; por ejemplo, declaraciones de testigos.  

¿Todos en la mira?

Entonces, ¿qué es lo que aún criticamos? Los afectados deben recibir apoyo de abogados y abogadas de forma más rápida e intensiva. Se requiere algo así como un órgano de apoyo a testigos. Además, hay que contar con mejores posibilidades de protección jurídica para evitar el sobreseimiento de los juicios, así como también la falta de iniciativa de las fiscalías para ordenar diligencias de investigación.

Pero, sobre todo, debe asegurarse que los juicios penales en Alemania no solo se dirijan contra los sospechosos de delitos que provienen de “países pequeños”. También deben dirigirse contra los violadores de derechos humanos que provienen de países que gozan de poder; por ejemplo, Rusia o Estados Unidos. Los dobles estándares en el Derecho penal internacional deben llegar a su fin. Asimismo, las empresas transnacionales deben estar en la mira cuando haya sospechas de que han participado en delitos, ya sea en África o Latinoamérica. Hasta hoy, solo se han iniciado procesos contra ciudadanos provenientes de “países pequeños”; nunca contra militares de alto rango del mundo occidental o contra directivos de conglomerados multinacionales. Mientras la situación siga así, la afirmación del principio de jurisdicción universal no será un medio creíble para hacer valer los derechos humanos de manera verdaderamente universal, valga la redundancia.

Esto podría ocasionar conflictos políticos en ciertos casos. Sin embargo, ese proceder es la forma correcta de conducir una política exterior informada y orientada en los derechos humanos, tal como exige actualmente Alemania.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, se ha pronunciado sobre el rol que jugó su Ministerio en los delitos cometidos en Colonia Dignidad

Más vale tarde que nunca. Por fin, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, se ha pronunciado sobre el rol que jugó su Ministerio en los delitos cometidos en Colonia Dignidad. Desde el año 1961, Paul Schäfer -líder y fundador de la mencionada colonia, ubicada en un enorme terreno ubicado en el sur de Chile- sometió a muchos niños de la misma secta y también de pueblos vecinos a drogas para luego abusar sexualmente de ellos. Por si fuera poco, desde el año 1973 la colonia colaboraba con la dictadura de Pinochet y servía de lugar para torturar para opositores políticos.

Es lógico entonces Steinmeier ahora haya generado grandes expectativas. De hecho, después de que en 2010 el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán lanzara la histórica obra El Ministerio y el pasado. Diplomáticos alemanes en el III Reich y en la República Federal de Alemania, la vara quedó bastante alta. En esa oportunidad, por iniciativa del exministro de Asuntos Exteriores Joschka Fischer -del Partido Verde- una comisión de científicos investigó no solamente el rol del Ministerio en la estructura de poder de los nazis, sino también su continuidad personal e ideológica en la República Federal Alemana. Ya entonces, yo hubiese querido leer también un capítulo sobre la diplomacia alemana durante las dictaduras militares en Chile y Argentina. Creo que hay razones de sobra para esperar ahora algo similar.

El exembajador en Buenos Aires, Jörg Kastl, en febrero de 1976 -poco antes del golpe militar- recomendaba “trabajar conjuntamente con el nuevo régimen”. Asimismo, recalcaba la importancia de Argentina como “la piedra angular en un sistema de seguridad, en el mercado y el suministro de materias primas a nivel transatlántico; es el hogar de muchos colonos y capitales alemanes, e incluso un fiel amigo de nuestro pueblo”. En el fondo, es una muestra de la mentalidad de la guerra fría en su máxima expresión: ver al comunismo como enemigo y valerse de todos los medios posibles para combatirlo.

¿Y qué hicieron políticos y diplomáticos alemanes?

Durante años, el Estado Nacional de Santiago de Chile funcionó a la vista de todos como un lugar de tortura para los opositores al régimen de Pinochet. En Argentina sucedió lo mismo, pero de una forma más oculta. Sin embargo, los secuestros y torturas de muchos ciudadanos alemanes después de que los militares tomaran el poder eran hechos sobradamente conocidos en Alemania. A pesar de ello, los diplomáticos alemanes no solo hicieron poco al respecto, sino que hasta ayudaron a divulgar las falsedades que presentaban los militares. Por ejemplo, en el caso del asesinato de la ciudadana alemana Elisabeth Käsemann. Los militares la torturaron terriblemente en “El Vesubio” y luego la asesinaron, haciendo creer que había sido en combate. Para ello, colocaron armas cerca del cadáver de Käsemann y de otros prisioneros, haciendo pasar a las víctimas por guerrilleros.

Es más, a partir de mediados de los sesenta hubo diplomáticos y políticos que visitaron Colonia Dignidad. A pesar de que -gracias a los informes de Amnistía Internacional y a los relatos de testigos y residentes que escaparon de allí- se sabía que era un lugar de tortura y violación de los derechos humanos, los funcionarios alemanes decidieron no tomar cartas en el asunto sino hasta mediados de los ochenta. Estaban obligados a enfrentar el problema, pero hicieron justamente lo contrario. Las pocas personas que lograron escapar de Colonia Dignidad no solo no recibieren ninguna ayuda por parte de la embajada alemana en Santiago de Chile, sino que fueron incluso devueltos a dicho lugar, donde eran castigados duramente por fugarse.

Por si fuera poco, el médico de la secta y mano derecha de Schäfer, Hartmut Hopp, compareció ante el Comité de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Parlamento Alemán y fue interrogado por las acusaciones de tortura que pesaban contra Colonia Dignidad. Pero tampoco esto fue suficiente para que las autoridades competentes de la Fiscalía de Bonn iniciaran una investigación seria.

En el año 2011, por fin, la Fiscalía de Krefeld inició una investigación contra Hopp, pues este huyó de la justicia penal en Chile. Concretamente, se escapó a Alemania tras haber sido condenado a cinco años de prisión por complicidad en abuso sexual de menores. Hopp vive hasta el día de hoy en Krefeld (Alemania) sin cumplir su condena.

Son muchos más los involucrados

Pero decimos que hay que analizar el rol de Alemania durante las dictaduras en Chile y Argentina. No basta con hablar solamente de fallos de las autoridades diplomáticas, también fue importante el papel de otros actores: la industria alemana vendió armas y desarrolló la industria nuclear en las dictaduras. Mercedes Benz participó en la desaparición de muchos sindicalistas opositores a la dictadura. Los esbirros de los regímenes criminales no solo fueron instruidos en las técnicas de uso de armas, sino que también fueron recibidos con todos los honores en Alemania. Miembros del partido de la CSU (Unión Social Cristiana) apoyaron verbalmente a las dictaduras, mientras que la mayor parte de la sociedad alemana simplemente hizo la vista gorda.

De modo que más vale tarde que nunca. El papel de los diplomáticos alemanes en las dictaduras en Chile y Argentina, así como el de autoridades como el BND (Bundesnachrichtendienst o Servicio de Inteligencia de la RFA) y el Ministerio de Defensa debe ser investigado a fondo. Las víctimas deben ser compensadas. Además, se deberán adoptar consecuencias, ya sea disciplinarias y penales, como también políticas, con el fin de garantizar que en el futuro los derechos humanos cuenten en la política exterior de Alemania.

• Desde el inicio de este blog, mi idea ha sido que participen colegas a quienes debo motivación e inspiración. Hoy escribe Andreas Schüller, director del área de Crímenes Internacionales y Responsabilidad del European Center for Constitutional and Human Rights, quien trabaja, junto con otras personas, en temas de violencia sexual contra mujeres en Colombia.

12 de abril de 2016. Gran salón en el Planetario de Bogotá. Poco antes de Semana Santa, el Grupo de Trabajo de las Organizaciones para la Vigilancia y Aplicación de Sentencias del Tribunal Constitucional sobre Violencia Sexual en Colombia presentó su nuevo informe. Según sus estadísticas, en los últimos quince años la justicia colombiana no ha condenado a los autores de violaciones ni siquiera en el 3% de los casos. La sala estaba repleta, con más de cien mujeres asistiendo a la reunión desde todas partes del país. Estas mujeres representan la diversidad, pero también la desunión de Colombia. Algunas de las participantes vinieron de regiones lejanas: indígenas, afrocolombianas, mujeres que han sufrido desplazamientos forzados internos, campesinas y activistas de regiones rurales, así como también mujeres que trabajan a nivel político en Bogotá.

El foco de la discusión se centró en la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de enero de 2015, en la cual se analizaron cientos de casos de violencia sexual en zonas de conflicto. Casos que aún no han sido juzgados por la justicia colombiana, a pesar de que el tribunal máximo del país ordenó explícitamente su investigación y juzgamiento ya en 2008. Esta resolución -entonces pionera- analizó casi 200 casos de violencia sexual cuyos autores pertenecían a diversos grupos; sobre todo, miembros de las fuerzas armadas, de la guerrilla y paramilitares. La Corte exigió al Estado colombiano tomar medidas y dar prioridad a la lucha contra la violencia sexual. Sin embargo, poco se ha avanzado en ese respecto.

Lo que realmente les importa

El actual proceso de paz entre el gobierno y las FARC -objeto de mucha atención y ampliamente discutido- es en realidad secundario para estas mujeres. Para las participantes en la reunión, es más importante el hecho de que el Estado colombiano haya negado durante años a las víctimas de violencia sexual un centro adecuado donde puedan presentar sus denuncias, así como la debida protección individual y asesoría psicológica.

Las mujeres y activistas critican los pocos casos en los cuales los autores de violencia sexual son castigados, además de señalar que el Estado hace muy poco para prevenir que se sigan cometiendo estos delitos. En definitiva, el Estado carece -también a los ojos de la Corte Constitucional- de una estrategia para combatir, hacer frente y superar efectivamente la violencia sexual relacionada tanto con el conflicto como con los desplazamientos forzados dentro del país. Por el contrario, desde 2015 ha aumentado fuertemente la represión, especialmente contra activistas y defensores de derechos humanos, lo que nos remite otra vez al acuerdo de paz. En Colombia todavía existen algunos grupos paramilitares y criminales que solo buscan imponer su dominio ejerciendo violencia sobre los actores sociales, aun cuando ni siquiera se ha concluido el proceso de paz, y así, finalmente, entorpecer dicho proceso.

Un nuevo inicio

Pero el grupo de trabajo contra la violencia sexual no ha perdido una pizca de coraje, incluyendo en el plano jurídico. Hace casi un año, las organizaciones Sisma Mujer y CAJAR -participantes activas en este grupo- presentaron, en conjunto con el European Center for Constitutional and Human Rights, una denuncia (comunicación) ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Mediante la exposición de casos paradigmáticos de violencia sexual, la comunicación demostraba que en el sistema judicial colombiano, ni los políticos, ni el ejército colombiano, han hecho lo suficiente como para detener y prevenir estos casos, para investigarles o para darles un tratamiento jurídico adecuado.

Así, la Corte Penal Internacional determinó en investigaciones preliminares que las acciones que tome la justicia, la clase política y los militares en relación con la violencia sexual permanecerán en observación por parte de las autoridades internacionales. Para las mujeres afectadas y las activistas reunidas en el Planetario de Bogotá no hay duda alguna. La decisión de la Corte Constitucional, el proceso de paz y la presión internacional son herramientas para exigir al Estado que cumpla con su deber de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia.

• Este artículo, junto con el publicado ayer, forma parte del homenaje de Contrapoder a las víctimas de la dictadura argentina. 

Hace 40 años en Argentina, el 24 de marzo de 1976, una junta militar dirigida por el general Jorge Rafael Videla tomó el poder tras un golpe de Estado. Hacía años que los esbirros de Videla venían torturando y ejecutando extrajudicialmente a cientos de opositores políticos. Pero ese día, en nombre del anticomunismo y de la lucha contra la guerrilla, comenzó una de las más sangrientas dictaduras militares del siglo XX, que dejó hacia fines de 1983 un saldo de 30.000 personas asesinadas o “desaparecidas”.

Cuando ocurrió el golpe de Estado, la guerrilla se había rendido hacía años, de modo que la represión afectó a estudiantes, abogados y periodistas. Sin embargo, quienes pagaron el precio más alto en sangre fueron los entonces fuertes movimientos laborales y sindicales argentinos, pues ellos se opusieron a la reforma neoliberal del país propulsada por la junta militar argentina en conjunto con la elite económica.

Los que dieron “el espaldarazo” a la dictadura

Las potencias occidentales y sus empresas jugaron un papel funesto en esta y en otras dictaduras sudamericanas, como lo demuestra por ejemplo el reciente debate que gira en torno a la secta chileno-alemana Colonia Dignidad. Así, el entonces embajador alemán en Buenos Aires, Jörg Kastl, comentó en un telegrama dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores cómo y cuánto se mezclaban las ideologías autoritarias con “el Ministerio” desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese documento el embajador señala que la “toma” del poder por parte de los militares en Argentina es “la piedra angular de un sistema de seguridad, de un mercado y de un suministro de materias primas a nivel transatlántico; es el hogar de muchos colonos y capitales alemanes, y hasta un fiel amigo de nuestro pueblo. El que ofrece el único camino para abandonar este callejón sin salida”.

Por su parte, el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung y otros medios alababan a la dictadura militar, porque era un aliciente para el ingreso de nuevos capitales. Incluso el presidente de la industria alemana y de la cámara de comercio, Otto Wolff von Amerongen, consideraba que el ministro de Economía de la junta era digno de elogios, admiración e imitación.

Aún queda mucho por ver

Mucha agua ha pasado bajo el puente y Argentina ha hecho mucho desde el fin de la dictadura. Debe reconocerse lo hecho por los Gobiernos peronistas de izquierda de Néstor y Cristina Kirchner: en lo relacionado con la superación de las violaciones de los derechos humanos, la sociedad y el propio Estado argentino han sido un ejemplo para el mundo. No solo se ha juzgado a muchos militares, policías y agentes de inteligencia desde el año 2005, sino que además gran parte de la sociedad buscó diversas formas de superar la sangrienta violencia de Estado de los años setenta: a través de la literatura, el arte, las películas o el teatro. Para eso, los académicos, artistas y activistas utilizan el material documentado y seleccionado en los procesos judiciales de derechos humanos, como por ejemplo los testimonios de sobrevivientes de tortura, de familiares de “desaparecidos” y otros testigos. Está claro que si hubiese habido más recursos se habría podido hacer más, pero en cualquier caso el trabajo de superación de la dictadura arroja un balance positivo.

Aún no sabemos si con el nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, los tribunales podrán seguir con la tarea de investigar las torturas y las desapariciones, pero los jueces y fiscales están preparados para seguir con el trabajo. Cabe esperar algunas maniobras de los círculos ideológicos de derecha, pero no intromisiones en los procesos democráticos o hacer fracasar el discurso de la protección de los derechos humanos, pues esos serían ataques demasiado directos. Lo que es menos alentador son los despidos masivos y la reducción de personal en áreas como los derechos humanos, afectando justamente a la gente que ha trabajado de forma más intensa por la superación social de la dictadura.

Por mi parte, estoy muy expectante para ver cómo será la respuesta de los movimientos de derechos humanos y qué ocurrirá con las numerosas exposiciones y manifestaciones que se realizarán en las semanas venideras en Buenos Aires.

Hay personas que hasta celebran la aplicación -cabe señalar inédita- de penas de cárcel sumamente largas a quienes delinquen por primera vez. Véase, por ejemplo, el comentario de la renombrada periodista de tribunales del diario Der Spiegel, quien se refiere a la condena de seis meses de cárcel que impuso un tribunal de Colonia a un joven de 19 años por haber robado un par de calcetines. Dijo, “él no tiene lazos familiares en Alemania, se pasa el día vagando por las calles y no busca trabajo. ¿Qué motivos tenemos para creer que cumplirá la ley en el futuro?”. Pero, claro, supuestamente no hay nada personal contra su país de origen.

Creando más injusticia

¿Cómo acaba una sociedad en la cual la justicia penal se vuelve racista y clasista, y termina dirigiéndose directamente contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad? Basta con ver lo que sucede en Estados Unidos desde hace ya varias décadas. Quien esté interesado en las raíces del problema, puede leer a Loic Wacquant, quien escribe sobre la “industria carcelaria”, o el clásico de Otto Kirchheimer y Georg Rusche, Pena y Estructura Social. Si se prefiere un texto más concreto, con un enfoque más práctico, vale la pena leer Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, de Bryan Stevenson. El autor es un profesor de Nueva York, pero además participa como abogado en numerosos proyectos; entre ellos, la Equal Justice Initiative. En su último libro reflexiona sobre “cómo en ese país se condena con tanta facilidad y se crea mucha injusticia cuando tratamos con miedo, distancia o rabia a los más vulnerables de nuestra sociedad”.

Pero no se trata de apuntar con el dedo acusando a Estados Unidos o a otros países aún más “ávidos de cárcel”, como Rusia, Vietnam o China, sino de aprender de sus errores, como muestra Stevenson. Los problemas comienzan ya en la etapa de investigación, en la que la policía, debido a prejuicios y conclusiones apresuradas que recaen en personas determinadas, termina dañando a inocentes y demorando o impidiendo que se descubra la verdad. Pero, además, está la idea errónea de que teniendo penas más duras es más fácil combatir ciertos problemas sociales.

Así, Stevenson nos relata su compromiso contra la pena de muerte, incluyendo uno de sus primeros casos como abogado. Se trata de Walter McMillian, un chico de Alabama condenado a muerte en 1998 por el asesinato de una mujer, a pesar de que en el momento del crimen se encontraba en una barbacoa organizada por su iglesia. Los familiares y abogados llevaron a cabo una lucha de años hasta que McMillian fue liberado en 1993, quien de todos modos moriría después en situación de pobreza y con serias perturbaciones mentales.

Quizás el caso de McMillian sea el más conocido, pero Stevenson demuestra con su valioso trabajo que lamentablemente es uno de entre muchos otros.

Las investigaciones que realiza Francia desde hace más de 10 años se refieren justamente a los malos tratos y abusos cometidos en Guantánamo contra los ciudadanos franceses Nizar Sassi y Mourad Benchellali, mientras Miller dirigía dicha prisión. Al igual que en los procedimientos seguidos en Alemania, España y el Reino Unido, no hay duda de que los tribunales europeos están facultados y, de hecho, obligados a ocuparse de los delitos de tortura cometidos por el Ejército estadounidense y la CIA.

Como era de esperar, Miller no se presentó ante el tribunal. Pero esto no significa que se vayan a cerrar los procedimientos en Francia. Al contrario. Los abogados franceses que trabajan con los integrantes del European Center for Constitutional and Human Rights se encargarán de que el caso continúe.

De todos modos, los abogados y las organizaciones de derechos humanos en Francia tienen bastante de lo que ocuparse con la situación de su país. Desde que, tras los atentados de noviembre de 2015, se declarase el estado de emergencia y más tarde, en febrero de 2016, se decidiera su prórroga, ya no se puede hablar de un problema abstracto: mientras que cientos de personas han sido detenidas o están sometidas a arresto domiciliario, todos los días se tacha de “terrorista” a algún manifestante. Recordemos, por ejemplo, el caso de París en diciembre del 2015, donde veintiséis personas -entre ellas, el activista sobre cambio climático Joel Domenjoud- fueron arrestadas y obligadas a presentarse tres veces al día ante la policía.

Guantánamo ha sido otro de los temas más nombrados en las últimas semanas. Ahora que se acerca el final de su mandato, Obama dice de nuevo intentar cerrar el centro de detención. Para los 34 prisioneros que no representan peligro alguno, según señaló incluso el propio Gobierno estadounidense, esto puede significar el fin de más de diez años de detención arbitraria. Pero, solo si hay Estados dispuestos a recibirles. Para los otros 57 internos, el cierre de Guantánamo no conlleva grandes esperanzas de cambio si son trasladados a Estados Unidos, pues serán transferidos a prisiones de alta seguridad donde, según organizaciones de derechos humanos y numerosos abogados, sus derechos humanos serán violados igual o más brutalmente que en la cárcel situada en Cuba.

Pero mientras la opinión pública parece prestar atención tan solo a los prisioneros de Guantánamo, el destino de muchos otros detenidos es igualmente grave. Basta recordar el caso del militante del Partido de los Panteras Negras, Albert Woodfox, quien fue liberado en el verano de 2015 tras 43 -sí, leyó bien, 43- años de confinamiento solitario. Woodfox había sido condenado solo sobre la base de los testimonios de otros tres prisioneros.

Este es un simple ejemplo de los otros tantos que sirven para demostrar que la máxima “el fin justifica los medios” conduce a la injusticia. Cientos de personas inocentes están en prisión y sufren abusos sin tener derecho a un procedimiento debido, mientras son tildados de terroristas, criminales, enemigos del Estado o todo ello a la vez. Cuando las personas afectadas por estas injusticias son cientos, o hasta miles, se puede hablar de verdaderos “Estados sin ley”, pero claro está que esa etiqueta sólo se usa para los Corea del Norte de este mundo.

¿Por qué en Europa tenemos que prestar atención a esto? Porque, a día de hoy, las víctimas de torturas cometidas por Estados Unidos o sus aliados no han logrado obtener justicia. Porque todos los candidatos republicanos parecen estar en una competencia por proponer la peor y más horrenda forma de lidiar con los sospechosos por terrorismo. Porque, por diversas razones, en Francia, Suiza y el Reino Unido se habla de abandonar o deshacerse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por si fuera poco, porque cuando se trata de migrantes y refugiados en Alemania y Europa, el Derecho parece aplicarse tan solo cuando resulta conveniente.

• Desde el inicio de este blog, mi idea era incluir contribuciones de colegas a quienes debo mucha inspiración y motivación. El blog de hoy fue escrito por Andreas Schüller, quien dirige el área de trabajo de Crímenes Internacionales y Responsabilidad jurídica del European Center for Constitutional and Human Rights, además de trabajar en los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en Sri Lanka.

La semana pasada en Berlín se celebró el Foro Empresarial entre Sri Lanka y Alemania; un foro repleto de compañías y asociaciones comerciales. La delegación de Sri-Lanka está compuesta por el presidente, Maithripala Sirisena, y por tres de sus ministros. De forma enérgica, Sirisena y su equipo hacen propaganda de su país, donde en 2009 terminó de forma sangrienta una guerra civil que duró más de una década. Ante la pregunta de cómo sobreponerse al conflicto y lograr la reconciliación, el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka esgrime el argumento de las promesas que su país ha hecho al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: la constitución de una omisión por la verdad y la reconciliación (recordemos que ya hubo una comisión en el año 2011, pero que no se pronunció sobre las violaciones más graces de los derechos humanos), la creación de un tribunal especial (que no incluirá jueces y fiscales internacionales, porque el Gobierno los quiere mantener bien lejos de este tribunal) y la creación de una comisión para los desaparecidos de la guerra civil.

Quien, al igual que el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), haya trabajado algún tiempo en el problema de Sri Lanka, solo puede mostrarse escéptico ante estas promesas. ¿Esta vez Sirisena y sus ministros hablan en serio? ¿Finalmente serán sometidos a la justicia todos los responsables por los crímenes de guerra? Todo parece indicar justo lo contrario: el Partido Nacional Unido -que es el partido político más importante del país y además apoya al presidente- ha admitido hace poco en el Parlamento a Sarath Fonseka, quien fue comandante en jefe del Ejército durante la guerra civil.

¿Y que pasa con la economía? Sirisena y su delegación ni siquiera mencionan a las fuerzas armadas de Sri-Lanka, que actualmente son los actores económicos más importantes del norte y noreste del país, zonas hoy enormemente militarizadas y que fueron el centro del conflicto. ¿Cómo podemos estar seguros de que las inversiones económicas y los negocios no terminarán beneficiando a la milicia, fortaleciéndola en las zonas más afectadas y arrebatándole a la minoría Tamil una oportunidad de desarrollo? La fuerte presencia militar desde que acabó el conflicto es un importante problema de seguridad, especialmente para las viudas de la guerra. De hecho, ellas denuncian una y otra vez ser víctimas de violencia sexual. Este tipo de acuerdos deberían beneficiar y ser una oportunidad de empleo justamente para las viudas y los huérfanos de guerra, quienes hasta hoy no han visto un euro de los beneficios que produce el turismo, la pesca o el comercio.

Además, tras la visita de Sirisena a Berlín da la impresión de que estos problemas no son parte de las prioridades de los ministros de Economía y Asuntos Exteriores de Alemania. La próxima visita que realizarán representantes de la patronal alemana está prevista para mayo y parece poco probable que empresas y negocios se ocupen de las consecuencias del conflicto que aqueja al norte de Sri Lanka. En ese sentido, las actuales negociaciones sobre concesiones arancelarias (GSP+) entre Sri Lanka y la Unión Europea ofrecerían la posibilidad de exigir ciertos estándares y de evaluar los resultados de las últimas negociaciones de 2010. Pero, sin un análisis verdadero de las causas del conflicto se corre el riesgo de que las inversiones alemanas y de otros países europeos terminen fortaleciendo la discriminación en Sri Lanka y, así, que el proceso de reconciliación se dificulte todavía más.