La crisis ha puesto en evidencia no sólo las carencias de la gobernanza económica europea sino también las contradicciones de su gestión. La preservación a ultranza del euro y el mercado interior parecen haber dejado a un lado, o al menos así lo entienden los ciudadanos europeos, el análisis del impacto social de la crisis. Concretamente, en la encuesta Eurobarómetro del Parlamento Europeo “A un año de las elecciones europeas de 2014”, para tres europeos de cada cuatro se debía conceder prioridad absoluta al empleo y la lucha contra el paro.

Las elevadas tasas de desempleo en algunos Estados miembros, junto con las decisiones adoptadas desde el espacio supranacional europeo, y al margen del derecho de la Unión (rescates con duras condiciones de ajuste estructural en términos de reducción del gasto social, constitucionalización de la estabilidad presupuestaria), han incrementado las críticas de la ciudadanía sobre el papel de la Unión en la gestión de la crisis.

Sin embargo, estos reproches no deben entenderse como un ataque a Europa. De hecho, la desafección hacia el proyecto europeo encierra una paradoja. En particular, la respuesta ciudadana a la crisis ha de interpretarse en términos de resistencia a la pérdida de las conquistas sociales adquiridas. Las reivindicaciones de los ciudadanos europeos van más allá de la a menudo simplista visión de una pérdida de confianza en la Unión y sus instituciones. Sobre todo, porque lo que se demanda es la recuperación de la política como espacio de debate público, de establecimiento de controles a los mercados, de construcción de un espacio de regulación del sistema económico y de ordenación de las relaciones sociales, en el que la participación ciudadana trascienda la mera democracia representativa para adquirir los perfiles de una democracia más participativa.

Expectativas que reflejan, en general, la exigencia de “más Europa”, de la idea política de Europa. Y, en particular: 1. La necesidad de un reforzamiento de los mecanismos democráticos en el espacio europeo que permitan la reorientación de una dimensión social europea, capaz de imponerse a un orden económico global cada vez más injusto y desigual. 2. La armonización de los sistemas sociales de los países miembros sobre la base de la promoción de un nivel de empleo elevado y digno, y de la garantía de una protección social adecuada.

Estas demandas de renovación de la agenda política europea que abra el debate sobre el proyecto de igualdad en materia social y económica que reivindica la mayoría de la ciudadanía europea convergen en la urgencia de un gobierno público de la economía en la Unión. No obstante, esto implica algo más que una mera reforma de la gobernanza económica europea. Fundamentalmente, porque el gobierno económico se define como una institución que responde a sus electores, la ciudadanía de la Unión, y no a las autoridades monetarias y sus interlocutores políticos.

De ahí la necesidad de una reforma del propio Tratado de Lisboa en la que se constitucionalicen los principios de la redistribución basada en la solidaridad y la justicia social. El establecimiento de un gobierno de la economía articulado en torno a estos elementos implicaría la ruptura de la primacía absoluta de los principios jurídicos fundamentales en torno a los que se articula el proyecto europeo, mercado interior y economía de mercado abierta y de libre competencia. Esta quiebra pondría fin al doble condicionamiento a nivel europeo y nacional de la gobernanza económica y sus mecanismos de saneamiento de las finanzas públicas, centrados exclusivamente en la reducción del gasto social.

Desde esta perspectiva, si el factor detonante de la crisis ha sido la propia crisis de la gobernanza económica europea, su solución no puede pasar por un reforzamiento del mismo marco teórico que ha generado la crisis. Esto es, si la alternativa a la actual gobernanza económica europea en crisis es una gobernanza reforzada, la unión bancaria y la futura unión fiscal serán insuficientes para paliar el gran déficit social por el que atraviesa Europea. De tal forma que identificar a Europa sólo con el euro es poner en peligro la propia identidad del proyecto europeo.