Sólo puedo sentirme furiosa al recordar mi experiencia personal, como presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas de Canarias, con la primera firmante de dicho manifiesto, entonces miembro de la Comisión de Garantías Democráticas estatal. Es increíble la osadía para deslizar críticas y reivindicar independencia por parte de quien fue la causante directa, expresa y personalmente de la dimisión de varios miembros de la Comisión de Garantías de Canarias y su posterior disolución, por falta de quorum, a través de una actitud de intolerable acoso y presión para que dimitiera, dado que las resoluciones que esta Comisión había dictado parece ser que no eran acordes con las directrices para Canarias de la Secretaría de Organización estatal de entonces.

Además de faltarme al respeto a mí directamente con diferentes amenazas y acusaciones falsas, llegó al extremo de defender, promover y apoyar ella misma una denuncia contra esta presidenta y el secretario de aquella Comisión de Garantías canaria. La denuncia no prosperó, pero cumplió su objetivo de bloquear y evitar varios expedientes abiertos en Canarias, como ha reconocido la denunciante.

Veo que situaciones similares se han ido sucediendo en otros lugares. Veo en la propia página Web de Podemos una nota de protesta de la también presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas, en este caso de la estatal, contra el acoso en redes llevado a cabo por ese sector del anterior Secretario de Organización, acoso orquestado en redes sociales contra otra resolución que parece ser que no fue de su agrado.

Y veo ahora mismo disolverse a la Comisión de Garantías de la Comunidad Valenciana, que parece haber osado criticar la política de contrataciones de la dirección política de esa Comunidad, curiosamente afín también al sector de la primera firmante del manifiesto, y sólo puedo preguntarme ¿habrán dimitido a base de las mismas presiones que yo recibí, o haciendo dimitir a sus afines?

Quien dice la verdad y nada espera no les tiene miedo. Sus campañas de acoso, público y privado, no pueden esconder el atrevimiento de reclamar independencia para las Comisiones de Garantías Democráticas sólo cuando les interesa. ¿Es eso lo que pretenden? Parece ser que las Comisiones de ahora no les gustan. Por eso las critican, las presionan y las disuelven. ¿Pero es eso lo que entienden por independencia?

Porque a lo mejor es precisamente ahora, visto desde fuera como una simple inscrita en Podemos, cuando hace falta subrayar la importancia que tiene para la marcha y consolidación de PODEMOS unas Comisiones de Garantías Democráticas con un funcionamiento ético y responsable, independientes y protegidas de las presiones, ajenas a las directrices políticas y a las guerrillas de redes. Sólo así se tomarán decisiones que unas veces gustan y otras no en un trabajo complejo e ingrato que necesita del respeto y la colaboración de todos los miembros del partido; que debe contar con un presupuesto para desarrollar su trabajo; que necesita mejorarse, pero no desde el reclamo de una supuesta “independencia”, que aunque sólo sea por las críticas que recibe de un grupo tan sectario, parece ser que existe más de lo que les gustaría, y que –desde luego- si personas como la principal promotora de ese manifiesto quieren cambiar, entonces debemos entre todas y todos defenderlo, con sus errores y aciertos, hasta que den cuentas de su trabajo a la ciudadanía que las ha elegido, que es lo fundamental.

Espero que, después de Vista Alegre, las Comisiones de Garantías Democráticas puedan seguir siendo independientes.

La democratización de la democracia implica un trabajo de la ciudadanía para superar obstáculos subjetivos y la "desobediencia civil" es uno de los criterios positivos de la ciudadanía.

Desde hace unos años asistimos a una deslegitimación de los partidos políticos, de todos por igual, tengan el poder o no, y se proclama la necesidad del “empoderamiento de la ciudadanía”. Es más, se llega a considerar por algunos que “ciudadanía” y “militancia en un partido político” son conceptos enfrentados, y que el partido político representa todo lo malvado y negativo. Se le atribuyen a los partidos prácticas de “confabulación”, “manipulación”... todo un rosario de perversidades, que recuerda la denominación de “secta judeomasónica” con la que el franquismo señalaba a cualquier oposición a su política. La ciudadanía, en cambio, que se supone es toda aquella población que no forma parte de ningún partido, por el mero hecho de existir representa lo positivo, lo auténtico, es la verdadera depositaria de la democracia. Incluso, a veces, para oponerse a los partidos políticos se utiliza la demagogia, la manipulación fácil..., justo de la que se acusa a los partidos.

Creo que tratar a todos los partidos por igual no solo es simplificar la realidad sino que es un planteamiento de la extrema derecha. Lo que no excluye la crítica a los partidos que pongan sus intereses internos, o personales de sus miembros, por delante de los de la ciudadanía.

Es necesario ir más allá de este fenómeno, analizar qué hay en el fondo y tener en cuenta dos conceptos: ciudadanía y democracia, que están íntimamente relacionados. Además del hecho de que los partidos son la vía principal de participación democrática formal.

El concepto de ciudadanía ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde el “ciudadano” de la antigua Atenas, donde era una minoría de la población la que ostentaba ese nombre (sólo hombres, nacidos en Atenas y libres), pasando por el concepto liberal de la ciudadanía, donde lo que se defendían eran los derechos individuales del hombre ciudadano. Sin olvidar la contribución feminista a partir de la Ilustración, contraria a la diferenciación entre la esfera pública y la privada que situaba a la mujer en la privada, al margen de los derechos que se ejercían en la esfera pública, y se reivindican los derechos de los cuidados, de la esfera privada.

En época reciente, frente al antiguo liberalismo reductor del papel del Estado surge el neoliberalismo, donde ya no hay oposición a la intervención del Estado sino todo lo contrario. En él se combina la desregulación del mercado y la intervención permanente del Estado en el campo de la sociedad civil, tendiendo a crear una nueva ciudadanía desde cero, gobernada únicamente por la lógica del cálculo económico, que considera que cuando se salga de ahí es paternalismo generador de falta de productividad. El Estado se desentiende de la producción, del cuidado de las infraestructuras, de los servicios sociales, incluso de la investigación científica, pero interviene para extraer rentabilidad de cualquier actividad, privada y pública: la educación, la investigación, la sanidad, la calidad de los servicios, la función judicial... No es sólo una ideología, sino una forma de ejercer la actividad política. Y no sólo pretende eliminar cualquier signo de conflictividad, lo que es esencial para sus objetivos, sino que convierte las acciones de las personas y los grupos en dependientes de un criterio único: la utilidad cuantificable. No pretende desmantelar el gobierno, sino desarrollar una técnica de gobierno, en que el Estado orienta sus funciones a empujar a los individuos a convertirse en “emprendedores”, lo que, en principio, no estaría mal si no fuera porque el concepto implica la exclusión de quienes no lo sean y de los que sean considerados improductivos. Una concepción que, para imponerse necesita de una paralela desvalorización de la democracia, lo que se llama la “a-democracia”, donde la reivindicación de los derechos universales ya no desempeña ningún papel. Y se promueve una ética individualista: lo que vale es el “cuidado de sí mismo” y comportarse como un “emprendedor de sí mismo”, con autonomía del conjunto de la ciudadanía. Es un individualismo destinado a destruir las instituciones sociales y cualquier noción de solidaridad. Surgen, entonces, comunidades que se proyectan en un espacio mundial a través de las redes sociales.

Esto ha ido acompañado de una progresiva crisis del parlamentarismo o, más apropiado, una crisis del concepto mismo de representación: la ciudadanía rechaza la “delegación de poder” y reclama el “control” de esa delegación. La crisis de la institución política, la “desdemocratización”, no consiste en una desvalorización de determinada representación sino de la representación misma. En este contexto al gobierno neoliberal no le interesa la ausencia absoluta de conflicto, sino su instrumentalización: se utiliza para su desvalorización, descalificación y represión. Juegan con fuego.

Frente a este panorama es necesario lo que se denomina “democratizar la democracia”, hacer que funcione la democracia. Este enunciado incorpora una concepción crítica de la ciudadanía, una dimensión de ciudadanía reflexiva. Encierra una serie de características, (como propone Étienne Balibar en Ciudadanía): La democracia siempre está por venir y su agente es la ciudadanía activa; un dispositivo constitucional nuevo lo será realmente y tendrá un contenido cívico si aporta más derechos, participación, más representación de las opiniones de la ciudadanía y haga entrar en la “política” los problemas de la población; invención democrática con un sentido positivo afirmativo frente al concepto de resistencia y oposición. Una lucha por la democracia es al mismo tiempo una experiencia de ciudadanía democrática. La democratización de la democracia implica un trabajo de la ciudadanía para superar obstáculos subjetivos y la “desobediencia civil” es uno de los criterios positivos de la ciudadanía, por más que los voceros la tilden de “antisistema” para que no se note demasiado que son ellos los destructores del sistema democrático, que ya peligra lo suficiente como para que nos dejemos de paños calientes. Esta democratización es una lucha en muchos frentes y hay que tener en cuenta que todos los movimientos son constituyentes en la medida en que sean insurgentes. La insurrección es la modalidad activa de la ciudadanía en defensa de sus derechos.

La dicotomía no es, pues, ciudadanía-partido político, sino ciudadanía crítica y democratización de la democracia frente a la desdemocratización neoliberal.

Sin embargo, esto hace tiempo que ha dejado de ocurrir. ¿Qué pasa con nuestra democracia?

Hay todo tipo de obstáculos y cortapisas de la mayoría de los medios de comunicación con la connivencia y “apoyo” de los grandes partidos. No aparecen noticias equilibradas ni la menor referencia a las actividades de los diferentes partidos. No se da ninguna información, ni siquiera de los actos desarrollados en los propios medios. En las radios y televisiones públicas no se respetan los tiempos electorales; para conseguirlo hay que librar auténticas batallas para que se respete el hueco, y no digamos en las privadas.

Se cobran, incluso, las entrevistas a candidatas y candidatos.

En Canarias, para los medios sólo existen cuatro partidos, PP, PSOE, CC y NC, que son los que pagan. Hasta tal punto que, en determinada prensa, se prefiere dedicar páginas enteras a los últimos de las listas de esos cuatro que dar información sobre las principales candidaturas de otros.

En cuanto al reparto de papeletas hay grandes dificultades para conseguir los sobres -que son específicos y sólo los tienen unas pocas empresas- por las “reservas” y controles de cantidad de ellos que hacen los grandes partidos para impedir a los pequeños disponer de ellos.

Esto sólo por poner unos pocos ejemplos.

No es nada nuevo que, lentamente, se pretende que sólo haya dos grandes partidos (tres en Canarias) que se repartan el poder y se alternen de forma segura sin que ningún otro “intruso” venga a molestarlos. Eso es, precisamente, lo que pretendemos romper desde Alternativa Ciudadana Sí Se Puede

Para hacer llegar propuestas e ideas nuevas a la población se está empleando mucho dinero, y sin embargo en España no está clara la legislación para saber quién y con qué cantidad se ayuda en las campañas y cómo consiguen el dinero los partidos. La legislación lo que marca es un tope, sin más. El oscurantismo es total. En muchos casos son las empresas quienes “pagan” los gastos de campaña de determinados partidos. En otras democracias es obligatorio publicar los datos de las empresas que ayudan con el fin de que se sepa qué empresa colabora con qué partido y con cuánto dinero, para que el lector sepa qué intereses están detrás.

Esto provoca desconocimiento, sospechas y desconfianzas de la población, lo que hace que se desvalorice la democracia. La reacción intuitiva de la población es “no me fío”, “paso de votar”, “son todos iguales”, “no sirve para nada”... Con esta actitud se hace un favor a quienes desean que todo siga igual, que no se cambien las reglas del juego. Progresivamente estamos perdiendo la esencia de la democracia.

Esto sin entrar en las consecuencias del voto en Canarias, las enormes diferencias de valor del voto según la isla a la que pertenezcas, y la práctica inexistencia de posibilidad de cambios políticos. Para ello, la única salida, ya indispensable, es el cambio de la Ley Electoral en Canarias y el control del cumplimiento de la normativa sobre financiación e igualdad de acceso a la comunicación

Para ello es necesario reaccionar y, por el bien del futuro democrático, es necesario asegurar la equivalencia entre todas las candidaturas, mantener el principio de información y que ésta sea objetiva. Ese es uno de nuestros objetivos básicos.

*Candidata al Cabildo de Gran Canaria por Alternativa Ciudadana Sí Se Puede.

Isabel Suárez Manrique de Lara*