Los Presupuestos Generales del Estado son un territorio árido, plagado de cifras millonarias difíciles de ponderar y términos contables de complicado entendimiento.

Sin embargo, bajo su abrumadora acumulación de números se ocultan las claves que determinarán la vida cotidiana de los españoles durante el próximo año, desde el precio que pagaremos por el recibo de la luz al mantenimiento o no en la parrilla de TVE de nuestra serie favorita; desde la posibilidad de presentar la declaración de la renta desde nuestra casa a las exposiciones temporales que podrá traer el Museo del Prado durante 2017.

Estos son los conceptos básicos que se deben conocer para no perderse en el enrevesado lenguaje presupuestario:

Presupuesto del Estado

Es la previsión de gastos e ingresos que la Administración Central del Estado prevé gestionar en un ejercicio determinado. Se encuadra en el mismo, por una parte, los ingresos por impuestos, tasas y otras fuentes que el Estado pretende conseguir en un ejercicio determinado, y, por otro, los gastos tanto de funcionamiento como de actividad de los ministerios y también de los órganos constitucionales: la Casa del Rey, las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

Bajo este epígrafe se contabiliza también el coste en intereses de la deuda pública española, de la parte del Estado de la deuda pública española, lógicamente, si bien los Fondos de Liquidez Autonómica han supuesto un desplazamiento de hecho de deuda autonómica al Estado.

El saldo resultante entre los ingresos y los gastos mencionados anteriormente constituye el déficit del Estado.

Presupuesto consolidado

Este concepto define el agregado de los ingresos y los gastos de la Administración Central del Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos dependientes del Estado y el resto de entidades públicas del denominado sector público estatal.

Es el resultado de agregar al Presupuesto del Estado las cuentas de otros organismos de naturaleza también estatal, como la Seguridad Social, los organismos autónomos vinculados a la Administración del Estado (el Servicio Público de Empleo Estatal, Parques Nacionales o el Instituto de la Mujer), y el resto de entidades clasificadas como sector público estatal.

Dentro de éstas últimas entran: las agencias estatales (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), otros organismos públicos administrativos (Agencia Tributaria, Museo del Prado, Consejo Económico y Social), entidades públicas empresariales (ADIF, AENA, RTVE, Loterías y Apuestas del Estado), sociedades estatales de crédito (ICO), sociedades estatales de seguros (CESCE), fundaciones estatales (como la Carlos III, para la investigación cardiovascular) y órganos reguladores (Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de Telecomunicaciones).

Del saldo resultante de esta cuenta, que financia desde el mantenimiento del BOE a la política de espionaje del Estado (CNI), sale la cifra de déficit oficial del Estado, la que se enviará después a Bruselas.

Cuadro Macro

Es el conjunto de previsiones económicas que sustentan las cifras presentadas en los Presupuestos, de cuyo cumplimiento éstas dependen y que en gran medida determinarán que se pueden o no cumplir.

Refleja la estimación del Gobierno sobre cómo se comportarán las principales variables de la economía española; el comportamiento del empleo o la evolución de los precios, aspectos esenciales para determinar, por ejemplo, cuánto subirán los ingresos por impuestos o cuál será la evolución del gasto en las prestaciones por desempleo. El Gobierno estima también variables como el precio medio del barril de petróleo durante el año, la relación de cambio entre el euro y el dólar o el tipo de interés medio que se pagará por la deuda.

Ingresos no financieros

Computa, por una parte, los ingresos impositivos, que son los derivados de la recaudación de la parte del IRPF, el IVA o los Impuestos Especiales que le corresponden al Estado (ya que una parte importante de la recaudación gestionada por el Estado en estos ingresos acaba en las arcas de las comunidades autónomas vía transferencias) y la totalidad de lo ingresado por otros impuestos como el de Sociedades o Renta de no residentes.

Esta vía de ingresos explica alrededor del 90% de la recaudación no financiera del Estado. El 8% de lo restante viene de los ingresos por tasas (lo que se paga por un documento público, por registrar una empresa o un dominio de internet, por obtener una autorización de residencia en España o por conseguir una licencia para una embarcación de recreo), los fondos recibidos de la Unión Europea, los ingresos por ventas de edificios u otros bienes propiedad del Estado o las aportaciones a las arcas estatales de las Haciendas forales vascas y navarras.

Gastos no financieros

Es lo que se conoce como gasto público estatal, es decir, el conjunto de pagos que hace el Estado en un ejercicio determinado. Contempla desde la inversión en carreteras al pago de las pensiones; desde el sueldo de los funcionarios a la cooperación al desarrollo. Al cabo, este capítulo identifica la contribución del Estado al PIB nacional. En los últimos se ha situado en torno al 30% del PIB.

Se descompone en los siguientes componentes:

Gastos de personal. Son, principalmente, los salarios que se abonan a los empleados públicos (funcionarios, personal laboral, personal eventual...) dependientes del Estado, pero no sólo eso.

Las nóminas de los empleados del Estado explican el 56% de la partida de gastos de personal. El resto se debe a las pensiones que se pagan a las llamadas clases pasivas, los funcionarios que se han jubilado o están de baja temporal o permanente, y también al coste de la asistencia sanitaria de los empleados públicos a través de las Mutualidades.

Gastos corrientes. Son los gastos de funcionamiento de la Administración. Aquí se recogen los pagos del Estado por alquileres, costes de mantenimiento de equipos informáticos (la adquisición de los mismos entraría en el capítulo de inversiones reales), servicios de limpieza, material de oficina, servicios de menú...

Pese a centrar buena parte del debate político sobre los recortes, su incidencia en el presupuesto es marginal (apenas un 2%) y su ajuste, muy difícil. Desde 2008 apenas se han reducido en poco más de 400 millones, en torno un 10%, a golpe de medidas como hacer fotocopias por las dos caras, reducir los pedidos de material de oficina o minimizar el uso de alquileres a terceros para alojar dependencias públicas, un programa con el que según el Gobierno se han ahorrado en torno a 200 millones de euros.

Gastos financieros. Esta partida recoge el coste en intereses que tiene para el Estado pedir dinero prestado en los mercados, la amenazante y gravosa deuda pública.

Como desde 2008 la deuda del Estado se ha multiplicado y como el coste, medido por la prima de riesgo, también ha aumentado, esta partida ha pasado de suponer apenas un 8% del presupuesto en 2008 a absorber en torno al 20% del gasto disponible. La relajación de las tensiones en los mercados de deuda en los últimos meses está ayudando a compensar el peso de esta partida.

Transferencias corrientes. Son los recursos que el Estado transfiere a otros organismos y administraciones para garantizar la prestación de sus servicios o el desarrollo de sus políticas al objeto de cumplir con el marco regulatorio vigente. Son, por lo tanto, transferencias recurrentes en el tiempo, que se repiten todos los años.

¿Qué se paga con los fondos dispuestos en este capítulo? Las partidas más relevantes son la aportación de España a la UE y la transferencia de recursos al Servicio Público de Empleo Estatal para el pago de las prestaciones por desempleo, ya que desde hace algunos años ya no alcanza para ello con las cotizaciones que pagan en su nómina los afortunados que tienen un empleo.

Pero en este capítulo entran, además, las subvenciones para reducir los precios de los peajes en las autopistas, los pagos a partidos políticos que establece la ley para afrontar los gastos electorales, la subvención a Correos por repartir cartas en áreas no rentables o los recursos destinados a financiar las prestaciones asistenciales del sistema de protección social.

Transferencias de capital. Son los recursos que el Estado transfiere a otros organismos y administraciones para la realización de actuaciones concretas y puntuales, no recurrentes en el tiempo.

En esta cuenta se refleja, por ejemplo, el dinero que pone el Estado para el desarrollo de infraestructuras impulsadas desde las comunidades autónomas o los ayuntamientos (carreteras, centros de investigación, espacios culturales) o proyectos con el sector privado. El ejemplo más claro de su funcionamiento fue el controvertido Plan E de inversiones en ayuntamientos, pero desde este capítulo también se financian proyectos de investigación o programas educativos, como el Escuela 2.0 para el desarrollo de aulas digitales. En los últimos años, la partida más elevada de este capítulo ha sido la relacionada con la financiación del déficit de tarifa del sistema eléctrico.

Fondo de contingencia. Se trata de un mecanismo de seguridad creado por el gobierno de José María Aznar en 2001 para evitar que desviaciones presupuestarias imprevistas desequilibren el Presupuesto.

Con una dotación equivalente al 2% del Presupuesto del Estado, en principio fue creado para blindarse antes gastos no previstos en los Presupuestos, como operaciones militares en el extranjero, catástrofes naturales o casos como el hundimiento del Prestige, pero los aprietos presupuestarios de los últimos años han hecho que se utilice para cubrir gastos ya previstos en el Presupuesto que el Ejecutivo no fue capaz de controlar.

Inversiones reales. Aquí se recoge el gasto previsto en nuevas actuaciones por parte de los ministerios, todo aquello que hace años se publicitaba con esos grandes cartelones y que ahora apenas se ven en algunas líneas del AVE.

Hablamos de construcción de carreteras, vías férreas e infraestructuras hidrográficas, pero también de la instalación de desaladoras o de pasarelas en las playas, o del impulso de un nuevo centro tecnológico. Esta partida ha sido la gran pagana de los recortes estatales que la han reducido a menos de la mitad. Será uno de los epígrafes en que más se fijen analistas y organismos internacionales este año, ya que esperan que el Gobierno vuelque ahí sus políticas de estímulo de la actividad económica.

Activos financieros. Aquí se reflejan los créditos o préstamos concedidos por el Estado a terceros, sean éstos empresas públicas o agentes privados.

Entrarían, por ejemplo, bajo este epígrafe los recursos adelantados a promotores para la realización de carreteras o vías de AVE, las ayudas a empresas privadas para la reindustrialización de zonas deprimidas o la adquisición de acciones en empresas o sociedades estatales o mixtas, como por ejemplo las sociedades de gestión de aguas.

Pasivos financieros. Recoge los ingresos obtenidos por la Administración General del Estado por la emisión de deuda o la concesión de préstamos bancarios.

Suponen un ingreso coyuntural para el Estado, que se convertirá en gasto financiero en el momento en que corresponda la devolución de los préstamos. La evolución de esta cuenta refleja el incremento del volumen neto de deuda pública en un año. Tampoco se puede identificar con las emisiones totales del Tesoro, ya que muchas sirven para cancelar deuda del pasado.

En los últimos años, un nuevo concepto ha venido a enriquecer, y complicar, el lenguaje presupuestario.

Déficit estructural. Se trata de una construcción estadística que pretende limpiar el dato oficial de déficit de aquellos factores que lo agravan o lo suavizan como consecuencia del ciclo. Es decir, estima el déficit que tendría un determinado Estado en una situación de completo equilibrio del ciclo económico, sin los factores coyunturales que, por ejemplo, disparan el gasto en prestaciones por desempleo o reducen los ingresos por impuestos.

Se trata de un dato tremendamente discutible, porque la crisis ha demostrado que es casi imposible estimar cómo reaccionará una economía ante un determinado ritmo de crecimiento, pero según la metodología europea España ha conseguido una reducción fenomenal de este indicador y a ello se han agarrado las autoridades gubernamentales para justificar el éxito de su gestión.

Déficit cíclico. Aquí se enmarcarían los gastos adicionales, principalmente por cobertura del desempleo, debidos a la situación de recesión económica y también la pérdida de ingresos que se podría atribuir única y exclusivamente al anormalmente negativo comportamiento de la economía. Según la metodología europea, en el caso de España esa cifra rondaría los 35.000 millones de euros.

NOTA: Una versión anterior de esta información fue publicada en 2014.

Esperanza Aguirre fue la primera que se atrevió. Las comunidades autónomas disfrutaban de una cierta capacidad normativa sobre el IRPF desde la reforma de la financiación autonómica del año 2002, pero no fue hasta 2007 cuando se realizó el primer movimiento. Lo hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid y fue para establecer una bonificación de un punto en los tipos aplicables a los distintos tramos de la escala autonómica del impuesto.

El vértigo se impuso y nadie siguió el movimiento de Aguirre. Los 16 Gobiernos autonómicos restantes continuaron parapetados bajo la seguridad que les ofrecía la tabla estatal de toda la vida y se limitaron a incorporar deducciones por aquí o por allá para dar la sensación de que sí hacían uso de su corresponsabilidad fiscal.

Siete años después de aquel hito, se puede decir que ese vértigo se tornó en audacia. La principal prueba de ello es que por primera vez en la historia de España, el próximo año, 2015, no habrá ni siquiera dos comunidades autónomas que compartan la misma estructura de tipos y tramos en el IRPF. En otras palabras, podríamos escoger al azar a 17 personas que cobraran exactamente la misma nómina pero que residieran en cada una de las comunidades autónomas del país, y existiría una alta probabilidad de encontrarnos con que, a la hora de hacer la declaración de la renta, cada una de ellas tributase por un tipo diferente o estuviera encuadrada en un tramo distinto que sus vecinos.

Hasta este año, aragoneses, castellano-leoneses, castellano-manchegos y baleares estaban unidos por un hilo fiscal invisible, cuyo recorrido se definía por tributar el mismo tratamiento fiscal a los trabajadores con unas condiciones salariales similares.

El febril activismo autonómico de los últimos años en el Impuesto sobre la Renta, los primeros indicios de recuperación económica y, sobre todo, la proximidad de las elecciones autonómicas de la próxima primavera han terminado por arramblar con ese pequeño reducto de homogeneidad fiscal.

Vuelven las rebajas de impuestos

Solo Cataluña, Euskadi, Andalucía y Galicia, cuyos ciudadanos, curiosamente, no tendrán que acudir a las urnas el año próximo, han resistido la tentación de utilizar la baza de la rebaja de impuestos en sus proyectos presupuestarios para 2015.

Los trece Gobiernos regionales restantes no han perdido la oportunidad que les ofrecía su último presupuesto antes de las elecciones para comprometerse a bajar los impuestos a sus ciudadanos, a pesar de la amenaza más que probable de incumplir sus objetivos de déficit y… en la medida de sus posibilidades.

Como suele ser la norma, la Comunidad de Madrid ha sido la que con mayor entusiasmo se ha lanzado a reducir sus impuestos. El Ejecutivo de Ignacio González se ha asegurado de que Madrid sea la comunidad autónoma que mejor trato dispensa a las rentas más altas (tipo del 44,5%, el más bajo de España), dentro de la ya bien definida línea fiscal de hacer de la región un polo de atracción de capitales, y también la que tiene el tipo más bajo (9,5%), aunque ese lugar lo comparte con Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y La Rioja. Según sus cálculos, los madrileños se ahorrarán una media de 1.150 euros el año que viene con este nuevo marco fiscal.

En el otro lado de la balanza aparece la Comunidad Valenciana, que con un déficit público recalcitrante y grandes problemas para meter sus cuentas en vereda, ha planteado una rebaja fiscal de corto alcance que se traducirá, según los datos de la Generalitat, en un ahorro medio de entre 200 y 400 euros por contribuyente.

Otro caso singular es el de Asturias, donde el Gobierno del PSOE se ha puesto de acuerdo con el PP para incluir en los Presupuestos una rebaja fiscal para todos los asturianos. El PP ha conseguido que se rebaje en dos puntos el tipo del primer tramo del IRPF, en el que entran absolutamente todos los contribuyentes, y el Gobierno ha mantenido una estructura en siete tramos que presenta tipos incrementados para los contribuyentes con bases imponibles superiores a 90.000 y 175.000 euros.

El plan del Gobierno

El Gobierno central no ha sido ajeno a esta carrera por reducir impuestos, es más, la ha alimentado con su anuncio allá por el mes de junio de una rebaja fiscal cuyos efectos dependían al menos en un 50% de que las comunidades autónomas hicieran lo propio con la mitad del IRPF que les corresponde.

La jugada le ha salido a medias al Ejecutivo. Casi todas las autonomías, en efecto, han previsto una rebaja del IRPF de cara a 2015, pero la mayoría no han aceptado la escala de cinco tramos que proponía el equipo de Cristóbal Montoro.

La Región de Murcia es, hoy por hoy, la única que ha aceptado en todos sus términos el esquema del Gobierno. Aragón y Castilla y León han asumido el esquema de cinco tramos impositivos, pero han mantenido los rangos de bases imponibles anteriores a la reforma Montoro. Castilla-La Mancha y Cantabria sí han incorporado los tramos ideados por Hacienda, pero han decidido establecer sus propios tipos impositivos.

Otros Gobiernos regionales, como Baleares (PP) o Canarias (CC), han optado por diseñar su propio esquema de seis tramos al considerarlo más progresivo.

Conseguir uno de esos chollos que se encuentran con cierta frecuencia en el mercado inmobiliario posterior a la crisis puede tener también su reverso oscuro. Muchos compradores se están encontrando con que después de negociar con éxito la hipoteca con el banco y haber cumplido con las gravosas obligaciones fiscales asociadas a este tipo de operaciones –que han sido puestas en cuestión hasta por el FMI– reciben una carta de la Consejería de Hacienda de su comunidad autónoma exigiéndoles un pago extra por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en concepto de liquidación complementaria por comprobación de valores.

El asunto no es cosa de broma. Según los expertos consultados, estas liquidaciones paralelas que están cursando las Haciendas autonómicas fluctúan entre los 3.000 y los 6.000 euros para las operaciones más comunes del mercado, es decir, adquisiciones de inmuebles de entre 150.000 y 300.000 euros de precio.

Es decir, muchos compradores se están encontrando con que después de cerrar el mayor esfuerzo financiero de sus vidas, reciben una comunicación de sus gobiernos autonómicos exigiéndoles un pago que equivale a entre tres y seis mensualidades del sueldo más habitual en la España de 2014: en torno a 1.000 euros netos.

¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Porque al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) no se paga sobre el precio real que se ha abonado por la vivienda adquirida, sino sobre su presunto valor de mercado a ojos de la Administración. Y es aquí donde se producen las distorsiones.

Trampa fiscal

Según la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, el asunto no es debatible porque está claramente definido en la ley: no es lo mismo valor que precio. “En el ITP la base imponible del impuesto no es el precio, es decir, la cantidad efectivamente pagada, sino el valor real, que se define como el precio más probable que está dispuesto a pagar un comprador y a aceptar como contraprestación un vendedor, estando ambos debidamente informados”.

Aseguran que sus valoraciones se actualizan con carácter anual y que el riesgo de cobrar de más por el impuesto es mínimo porque el valor de referencia más reducido suele situarse un 30% por debajo del precio normal de mercado y si el precio pagado está dentro de los márgenes de referencia, no se suelen cursar paralelas.

Sin embargo, sucede. “El problema se da cuando el precio cae por debajo del valor de mercado o éste es inferior a lo que las comunidades autónomas entienden que es el valor de mercado”, asegura Luis del Amo, secretario técnico de Registro de Asesores Fiscales (REAF). “Y esto ha sido bastante habitual tras el estallido de la crisis inmobiliaria”.

Muchas comunidades autónomas ni siquiera han actualizado con una mínima regularidad esos valores de referencia; otras los vinculan al valor catastral, que puede llevar más de una década revisarse, lo que marca una distancia sideral entre el valor que la Administración considera normal y el que es normal en el mercado inmobiliario.

El resultado de este fenómeno es que se han incrementado las operaciones de compraventa de inmuebles que se sitúan fuera del rango que las comunidades autónomas entienden como normal y esto ha incrementado también los requerimientos de pagos extra por parte de las Haciendas autonómicas.

Algunos incluso entienden que esto no es casual. Carmen Giménez, abogada de G&G Abogados, escribió en la web especializada idealista.com que “una de las razones más poderosas para que las comunidades autónomas estén actuando de esta manera son sus necesidades recaudatorias”.

Se puede recurrir y se puede ganar

Pocos son, en verdad, los que se atreven a pleitear con Hacienda. La mayoría asumen el error mascullando entre dientes y abonan religiosamente las cantidades que se les exigen. Y, sin embargo, parece que no es tan difícil torcer el pulso a las Haciendas autonómicas en este asunto. Según Luis del Amo, de REAF, “muchas valoraciones de comunidades autónomas están siendo rechazadas en vía judicial por su falta de precisión y se está recurriendo a peritos para recalcular los valores y acomodar el pago del ITP al valor de mercado real, no al legal”.

“Si un comprador recibe un requerimiento de este tipo, debe saber que lo puede recurrir y que si lo recurre es muy probable que lo gane”, subraya Javier Martínez, gerente de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), miembro de CEOE.

Para el portavoz de los gestores inmobiliarios, el sistema de determinación de la cuota tributaria del ITP hace tiempo que dejó de responder a los valores reales del mercado inmobiliario y en su opinión ha conducido a una situación en que la Administración fija unos precios para el mercado que no responden a su realidad. “Por eso cada vez que llevamos un caso ante los tribunales, se gana”, asegura.

Aunque los responsables autonómicos de Hacienda consultados niegan el problema, algunas regiones ya han tomado cartas en el asunto ante la evidencia y el peso de las sentencias judiciales que les han quitado la razón.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha afinado el sistema de valoración de precio de los inmuebles y se ha establecido un sistema gratuito de tasación previa en el que el potencial comprador puede pedir a la Consejería de Hacienda una estimación del precio de su inmueble al efecto de abonar correctamente el ITP y evitar posteriores controversias.

En opinión de Luis del Amo, al resto de Haciendas autonómicas no les va a quedar más remedio que hacer lo mismo. “Este sistema de valoración se creó en los años de la burbuja inmobiliaria para evitar fraudes, para evitar que se escriturara por debajo del valor real de la vivienda para obtener una ventaja fiscal; ahora ese riesgo es menor y el espíritu de la ley es que el ITP se pague por el valor real”.

Una minipaga extra de 100 euros. Este es el inesperado regalo que han recibido hace unas semanas en sus cuentas los inspectores de Hacienda. No han sido los únicos. A los técnicos de Hacienda les han ingresado unos 75 euros y el resto de la plantilla de la Agencia Tributaria también ha recibido un premio proporcional a su rango salarial.

Según la explicación oficial de la Agencia Tributaria, se trata de una entrega a cuenta del Plan Especial de Productividad para este año, que por primera vez prevé la entrega secuenciada de una bolsa total de hasta 12 millones de euros al personal de la Agencia en función del cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento personal y de resultados recaudatorios.

Lo llamativo del caso es que el cobro de esa bolsa de productividad se vinculó desde el primer momento, y de forma inapelable, a la consecución de unos objetivos recaudatorios que, a dos meses largos de la finalización del ejercicio, todavía no está claro que se vayan a cumplir, según reconoce la propia Agencia.

¿Por qué se ha adelantado entonces su pago? Fuentes no oficiales de la Agencia Tributaria consultadas por eldiario.es interpretan que la dirección del organismo se ha animado a ofrecer este anticipo, a pesar de las restricciones al gasto aún vigentes, ante el inquietante escenario dibujado por dos factores clave: la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos de la Agencia para 2014 y el fiasco de la previsión de ingresos del Estado, que, según ha admitido el propio Gobierno, se quedará en 3.000 millones por debajo de lo previsto inicialmente.

El propio equipo directivo de la Agencia Tributaria admitió antes del verano, en una reunión con representantes de la plantilla, que si bien eran “moderadamente optimistas” respecto al primer objetivo del Plan Especial –que pasaba por alcanzar 9.600 millones de euros de recaudación en la lucha contra el fraude, un 4% por encima de la previsión presupuestaria, pero un 7% menos de lo realmente recaudado en 2013–, consideraban que a la vista de los resultados en la primera mitad del año sería difícil intentar llegar al segundo objetivo, que implica simplemente igualar los resultados obtenidos el año anterior: 10.400 millones de euros.

En esa misma reunión, incluso pidió “un esfuerzo extra” a la plantilla para tratar al menos de igualar la recaudación obtenida en 2013. Así se refleja en un acta de la reunión que con fecha 24 de julio remitió a sus afiliados una de las organizaciones presentes en ella y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

En dicha acta se precisa también que cerca del 90% de la plantilla de la Agencia Tributaria se ha acogido al Plan Especial, de adscripción voluntaria y al que se accedía siempre que se realizaran 12 horas extra en los siguientes seis meses a su puesta en marcha, lo que en una sencilla regla de tres arrojaría un saldo de dos horas extra al mes, media hora más a la semana o seis minutos más al día. 2.742 empleados se han quedado fuera de forma voluntaria o por no haber cumplido este requisito previo.

Objetivo: 11.000 millones de euros

La tensión en la cúpula de la Agencia Tributaria es evidente, según admiten las fuentes consultadas, inspectores de Hacienda que solicitan de forma explícita el anonimato. “Se ha creado una dinámica perversa en la lucha contra el fraude, según la cual hay que superar siempre los resultados del año anterior. Y si no se consigue, se interpreta como un fracaso”, explica uno de estos inspectores. “La obsesión es llegar a los 11.000 millones de recaudación y, si ves los resultados de años anteriores, es un objetivo casi imposible de conseguir”.

Un hecho parece atestiguar la tensión interna que provoca esta comparación. El año pasado la Agencia Tributaria agregó a los resultados de la lucha contra el fraude un nuevo concepto nunca antes contabilizado –la minoración de devoluciones derivadas de la rectificación de autoliquidaciones erróneas–, sólo para ofrecer un resultado final de 10.950 millones de euros que se pareciera siquiera lejanamente a la cifra récord de 11.517 millones obtenida en 2012.

Sin ese concepto, los ingresos se quedaban en 10.479 millones de euros, un gran resultado considerado con perspectiva histórica, pero que hubiera significado una caída del 9% frente al ejercicio anterior.

Lo que Hacienda ha pedido a sus equipos de lucha contra el fraude este año es alcanzar los 10.790 millones de euros de recaudación. Si se llega a esa cifra, accederán a la cuantía completa de la bolsa de productividad de 12 millones de euros del Plan Especial, si no, sólo ingresarán una parte proporcional de lo aflorado, siempre y cuando superen esos 9.600 millones de euros que se han establecido como objetivo base. Por debajo de esa cuantía, esa bolsa de productividad se quedaría en las arcas del Estado.

Para los trabajadores no es poca cosa lo que hay en juego. El complemento de productividad representa hasta el 40% de la nómina de muchos trabajadores de la Agencia y aunque este año sólo se ha vinculado al resultado un 10% de esta bolsa, según fuentes sindicales, cumplir el Plan Especial en su totalidad supondría, aproximadamente, un extra de 5.000 euros para un jefe de área, de 1.700 euros para un inspector o de 500 para un profesional de nivel técnico.

Menos litigio y más recaudar

La salarial no es la única palanca que ha activado la cúpula de la Agencia Tributaria en su afán por incrementar los ingresos de la lucha contra el fraude.

“Aumentar los ingresos provenientes del fraude no es tan sencillo como se asegura en los debates públicos. No hay recetas milagro. Lo que ocurrió en 2012, esas cifras récord de ingresos por lucha contra el fraude, se dio por un hecho puntual, porque el Tribunal Supremo se comprometió a sacar adelante una serie de expedientes fiscales que estaban embalsados y que se resolvieron entre finales de 2011 y 2012 generando unos ingresos extra muy elevados. Pero eso sólo puede ocurrir una vez”, señala otro de los inspectores consultados.

Agotada esa vía, la opción que ha elegido la actual dirección de la Agencia Tributaria es instar a los inspectores a que agilicen la resolución de los litigios fiscales con las empresas. Como ya publicó eldiario.es, los responsables de la lucha contra el fraude no dejan pasar la oportunidad de pedir a los inspectores que resuelvan las controversias con las empresas por la vía del acta con acuerdo, un cauce amistoso de resolución de conflictos tributarios por el que Hacienda renuncia a cualquier acción posterior contra la empresa a cambio de que ésta regularice una cantidad pactada y más reducida de la que exigió en un primer momento.

Perder los nervios y la educación ante el funcionario de turno puede dejar de ser en breve ese “desahogo” con el que muchos tratan de justificar su actitud para convertirse en una marca de la vergüenza.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se está planteando muy seriamente la idea de crear listas negras en todas las oficinas de atención al público de la Administración con el doble objetivo de tener fichados a los usuarios que se comporten reiteradamente de forma amenazante o directamente violenta, y de prevenir posibles agresiones a los funcionarios públicos.

De hecho, el último borrador del Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo en la Administración General del Estado en el que está trabajando la Dirección General de Función Pública, dependiente del Ministerio de Cristóbal Montoro, prevé el establecimiento de “sistemas internos de identificación de reincidentes en la realización de conductas violentas”.

Según el documento gubernamental, al que ha tenido acceso eldiario.es, estos registros únicamente tendrían como objetivo “poder dirigir a estas personas para que sean atendidas por empleados advertidos de antemano” y convenientemente preparados para actuar ante situaciones que puedan degenerar en violentas.

Sin embargo, Marian Mur, secretaria técnica de Igualdad de CSIF, sindicato promotor de este protocolo, considera que la Administración debería ser más ambiciosa y aprovechar esta información para llevar ante la instancia administrativa o judicial que corresponda a las personas que se comporten de manera violenta con los funcionarios públicos.

La violencia en el trabajo no es un riesgo laboral

Según la portavoz sindical, hasta ahora en la mayoría de los casos esta clase de actitudes no han acarreado ningún tipo de sanción, y cuando ha existido ha sido tan testimonial que su poder disuasorio es casi nulo.

“Es cierto que los propios funcionarios denunciamos poco, por miedo a represalias o incluso porque tramitar este tipo de denuncias es costoso económicamente y muchos consideran que no merece la pena, pero tampoco ha ayudado que la violencia sobre el personal público nunca se haya considerado como un riesgo laboral”, denuncia Mur.

Aunque no existen datos sistematizados al respecto, la sensación que se tiene en CSIF es que las agresiones y las amenazas han crecido exponencialmente con motivo de la crisis.

Trabajos particularmente expuestos, como los puestos de atención al público de las oficinas públicas de empleo, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria o los encargados de comunicar notificaciones de embargo o realizar registros han vivido un incremento de las tensiones con los usuarios que hasta ahora la Administración ha ignorado.

Hace un par de semanas, el Ministerio de Hacienda anunció su intención de poner en marcha un protocolo de actuación ante este tipo de situaciones. El sindicato CSIF lleva exigiendo ese protocolo más de dos años.

En el borrador en el que está trabajando Hacienda se recoge la creación de esas listas negras de usuarios violentos en las oficinas de la Administración, pero también otras medidas de carácter proactivo, reactivo y de apoyo a las víctimas de violencia.

Entre las primeras destacan la mejora de las medidas organizativas y la mejor distribución de los recursos humanos para prestar una atención lo más eficaz posible y evitar esperas innecesarias que degeneren en situaciones de tensión.

Entre las segundas, destaca la definición de un protocolo de actuación ante situaciones potencialmente violentas, que incide en que el funcionario mantenga la calma, avise al vigilante de seguridad que haya en la oficina y, si fuera necesario, reclame la presencia en la oficina de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Todas ellas son medidas necesarias que contribuirán a mejorar la situación”, asegura Marián Mur. “Pero nosotros nos daríamos por satisfechos con que, al menos, se cumpliera el principio de que hubiera algún vigilante de seguridad en todas las oficinas de atención al público. A día de hoy, sigue habiendo lugares donde no los hay”.

Los Presupuestos Generales del Estado son un territorio árido, plagado de cifras millonarias difíciles de ponderar y términos contables de complicado entendimiento.

Sin embargo, bajo su abrumadora acumulación de números se ocultan las claves que determinarán la vida cotidiana de los españoles durante el próximo año, desde el precio que pagaremos por el recibo de la luz al mantenimiento o no en la parrilla de TVE de nuestra serie favorita; desde la posibilidad de presentar la declaración de la renta desde nuestra casa a las exposiciones temporales que podrá traer el Museo del Prado durante 2014.

Estos son los conceptos básicos que se deben conocer para no perderse en el enrevesado lenguaje presupuestario:

Presupuesto del Estado

Es la previsión de gastos e ingresos que la Administración Central del Estado prevé gestionar en un ejercicio determinado. Se encuadra en el mismo, por una parte, los ingresos por impuestos, tasas y otras fuentes que el Estado pretende conseguir en un ejercicio determinado, y, por otro, los gastos tanto de funcionamiento como de actividad de los ministerios y también de los órganos constitucionales: la Casa del Rey, las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

Bajo este epígrafe se contabiliza también el coste en intereses de la deuda pública española, de la parte del Estado de la deuda pública española, lógicamente, si bien los Fondos de Liquidez Autonómica han supuesto un desplazamiento de hecho de deuda autonómica al Estado.

El saldo resultante entre los ingresos y los gastos mencionados anteriormente constituye el déficit del Estado, que para 2013 se estimó en el 3,7% del PIB, unos 38.000 millones de desfase negativo.

Presupuesto consolidado

Este concepto define el agregado de los ingresos y los gastos de la Administración Central del Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos dependientes del Estado y el resto de entidades públicas del denominado sector público estatal.

Es el resultado de agregar al Presupuesto del Estado las cuentas de otros organismos de naturaleza también estatal, como la Seguridad Social, los organismos autónomos vinculados a la Administración del Estado (el Servicio Público de Empleo Estatal, Parques Nacionales o el Instituto de la Mujer), y el resto de entidades clasificadas como sector público estatal.

Dentro de éstas últimas entran: las agencias estatales (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), otros organismos públicos administrativos (Agencia Tributaria, Museo del Prado, Consejo Económico y Social), entidades públicas empresariales (ADIF, AENA, RTVE, Loterías y Apuestas del Estado), sociedades estatales de crédito (ICO), sociedades estatales de seguros (CESCE), fundaciones estatales (como la Carlos III, para la investigación cardiovascular) y órganos reguladores (Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de Telecomunicaciones).

Del saldo resultante de esta cuenta, que financia desde el mantenimiento del BOE a la política de espionaje del Estado (CNI), sale la cifra de déficit oficial del Estado, la que se enviará después a Bruselas.

Cuadro Macro

Es el conjunto de previsiones económicas que sustentan las cifras presentadas en los Presupuestos, de cuyo cumplimiento éstas dependen y que en gran medida determinarán que se pueden o no cumplir.

Refleja la estimación del Gobierno sobre cómo se comportarán las principales variables de la economía española; el comportamiento del empleo o la evolución de los precios, aspectos esenciales para determinar, por ejemplo, cuánto subirán los ingresos por impuestos o cuál será la evolución del gasto en las prestaciones por desempleo. El Gobierno estima también variables como el precio medio del barril de petróleo durante el año, la relación de cambio entre el euro y el dólar o el tipo de interés medio que se pagará por la deuda.

Ingresos no financieros

Computa, por una parte, los ingresos impositivos, que son los derivados de la recaudación de la parte del IRPF, el IVA o los Impuestos Especiales que le corresponden al Estado (ya que una parte importante de la recaudación gestionada por el Estado en estos ingresos acaba en las arcas de las comunidades autónomas vía transferencias) y la totalidad de lo ingresado por otros impuestos como el de Sociedades o Renta de no residentes.

Esta vía de ingresos explica alrededor del 90% de la recaudación no financiera del Estado. El 8% de lo restante viene de los ingresos por tasas (lo que se paga por un documento público, por registrar una empresa o un dominio de internet, por obtener una autorización de residencia en España o por conseguir una licencia para una embarcación de recreo), los fondos recibidos de la Unión Europea, los ingresos por ventas de edificios u otros bienes propiedad del Estado o las aportaciones a las arcas estatales de las Haciendas forales vascas y navarras.

Gastos no financieros

Es lo que se conoce como gasto público estatal, es decir, el conjunto de pagos que hace el Estado en un ejercicio determinado. Contempla desde la inversión en carreteras al pago de las pensiones; desde el sueldo de los funcionarios a la cooperación al desarrollo. Al cabo, este capítulo identifica la contribución del Estado al PIB nacional. En los últimos se ha situado en torno al 30% del PIB.

Se descompone en los siguientes componentes:

Gastos de personal. Son, principalmente, los salarios que se abonan a los empleados públicos (funcionarios, personal laboral, personal eventual...) dependientes del Estado, pero no sólo eso.

Las nóminas de los empleados del Estado explican el 56% de la partida de gastos de personal. El resto se debe a las pensiones que se pagan a las llamadas clases pasivas, los funcionarios que se han jubilado o están de baja temporal o permanente, y también al coste de la asistencia sanitaria de los empleados públicos a través de las Mutualidades.

Gastos corrientes. Son los gastos de funcionamiento de la Administración. Aquí se recogen los pagos del Estado por alquileres, costes de mantenimiento de equipos informáticos (la adquisición de los mismos entraría en el capítulo de inversiones reales), servicios de limpieza, material de oficina, servicios de menú...

Pese a centrar buena parte del debate político sobre los recortes, su incidencia en el presupuesto es marginal (apenas un 2%) y su ajuste, muy difícil. Desde 2008 apenas se han reducido en poco más de 400 millones, en torno un 10%, a golpe de medidas como hacer fotocopias por las dos caras, reducir los pedidos de material de oficina o minimizar el uso de alquileres a terceros para alojar dependencias públicas, un programa con el que según el Gobierno se han ahorrado en torno a 200 millones de euros.

Gastos financieros. Esta partida recoge el coste en intereses que tiene para el Estado pedir dinero prestado en los mercados, la amenazante y gravosa deuda pública.

Como desde 2008 la deuda del Estado se ha multiplicado y como el coste, medido por la prima de riesgo, también ha aumentado, esta partida ha pasado de suponer apenas un 8% del presupuesto en 2008 a absorber en torno al 20% del gasto disponible. La relajación de las tensiones en los mercados de deuda en los últimos meses está ayudando a compensar el peso de esta partida, pese a que el volumen de la deuda estatal ha continuado creciendo: casi 50.000 millones de euros más en lo que va de año.

Transferencias corrientes. Son los recursos que el Estado transfiere a otros organismos y administraciones para garantizar la prestación de sus servicios o el desarrollo de sus políticas al objeto de cumplir con el marco regulatorio vigente. Son, por lo tanto, transferencias recurrentes en el tiempo, que se repiten todos los años.

¿Qué se paga con los fondos dispuestos en este capítulo? Las partidas más relevantes son la aportación de España a la UE y la transferencia de recursos al Servicio Público de Empleo Estatal para el pago de las prestaciones por desempleo, ya que desde hace algunos años ya no alcanza para ello con las cotizaciones que pagan en su nómina los afortunados que tienen un empleo.

Pero en este capítulo entran, además, las subvenciones para reducir los precios de los peajes en las autopistas, los pagos a partidos políticos que establece la ley para afrontar los gastos electorales, la subvención a Correos por repartir cartas en áreas no rentables o los recursos destinados a financiar las prestaciones asistenciales del sistema de protección social.

En 2014 se presupuestaron para estos fines cerca de 63.000 millones de euros y otros 31.000 millones para hacer frente a las obligaciones con las comunidades autónomas y ayuntamientos fijados en sus respectivos sistemas de financiación. Total: 94.557 millones.

Transferencias de capital. Son los recursos que el Estado transfiere a otros organismos y administraciones para la realización de actuaciones concretas y puntuales, no recurrentes en el tiempo.

En esta cuenta se refleja, por ejemplo, el dinero que pone el Estado para el desarrollo de infraestructuras impulsadas desde las comunidades autónomas o los ayuntamientos (carreteras, centros de investigación, espacios culturales) o proyectos con el sector privado. El ejemplo más claro de su funcionamiento fue el controvertido Plan E de inversiones en ayuntamientos, pero desde este capítulo también se financian proyectos de investigación o programas educativos, como el Escuela 2.0 para el desarrollo de aulas digitales. En los últimos años, la partida más elevada de este capítulo ha sido la relacionada con la financiación del déficit de tarifa del sistema eléctrico.

Fondo de contingencia. Se trata de un mecanismo de seguridad creado por el gobierno de José María Aznar en 2001 para evitar que desviaciones presupuestarias imprevistas desequilibren el Presupuesto.

Con una dotación equivalente al 2% del Presupuesto del Estado, en principio fue creado para blindarse antes gastos no previstos en los Presupuestos, como operaciones militares en el extranjero, catástrofes naturales o casos como el hundimiento del Prestige, pero los aprietos presupuestarios de los últimos años han hecho que se utilice para cubrir gastos ya previstos en el Presupuesto que el Ejecutivo no fue capaz de controlar.

Inversiones reales. Aquí se recoge el gasto previsto en nuevas actuaciones por parte de los ministerios, todo aquello que hace años se publicitaba con esos grandes cartelones y que ahora apenas se ven en algunas líneas del AVE.

Hablamos de construcción de carreteras, vías férreas e infraestructuras hidrográficas, pero también de la instalación de desaladoras o de pasarelas en las playas, o del impulso de un nuevo centro tecnológico. Esta partida ha sido la gran pagana de los recortes estatales que la han reducido a menos de la mitad. Será uno de los epígrafes en que más se fijen analistas y organismos internacionales este año, ya que esperan que el Gobierno vuelque ahí sus políticas de estímulo de la actividad económica.

Activos financieros. Aquí se reflejan los créditos o préstamos concedidos por el Estado a terceros, sean éstos empresas públicas o agentes privados.

Entrarían, por ejemplo, bajo este epígrafe los recursos adelantados a promotores para la realización de carreteras o vías de AVE, las ayudas a empresas privadas para la reindustrialización de zonas deprimidas o la adquisición de acciones en empresas o sociedades estatales o mixtas, como por ejemplo las sociedades de gestión de aguas.

Pasivos financieros. Recoge los ingresos obtenidos por la Administración General del Estado por la emisión de deuda o la concesión de préstamos bancarios.

Suponen un ingreso coyuntural para el Estado, que se convertirá en gasto financiero en el momento en que corresponda la devolución de los préstamos. La evolución de esta cuenta refleja el incremento del volumen neto de deuda pública en un año. Tampoco se puede identificar con las emisiones totales del Tesoro, ya que muchas sirven para cancelar deuda del pasado.

En los últimos años, un nuevo concepto ha venido a enriquecer, y complicar, el lenguaje presupuestario.

Déficit estructural. Se trata de una construcción estadística que pretende limpiar el dato oficial de déficit de aquellos factores que lo agravan o lo suavizan como consecuencia del ciclo. Es decir, estima el déficit que tendría un determinado Estado en una situación de completo equilibrio del ciclo económico, sin los factores coyunturales que, por ejemplo, disparan el gasto en prestaciones por desempleo o reducen los ingresos por impuestos.

Se trata de un dato tremendamente discutible, porque la crisis ha demostrado que es casi imposible estimar cómo reaccionará una economía ante un determinado ritmo de crecimiento, pero según la metodología europea España ha conseguido una reducción fenomenal de este indicador y a ello se han agarrado las autoridades gubernamentales para justificar el éxito de su gestión.

Déficit cíclico. Siguiendo la explicación anterior, se define así el tramo de déficit que se sitúa entre el déficit estructural (3,3% para España en 2013) y el déficit real (6,6%).

Aquí se enmarcarían los gastos adicionales, principalmente por cobertura del desempleo, debidos a la situación de recesión económica y también la pérdida de ingresos que se podría atribuir única y exclusivamente al anormalmente negativo comportamiento de la economía. Según la metodología europea, en el caso de España esa cifra rondaría los 35.000 millones de euros.

Se trata de una circunstancia tan conocida como controvertida. La normativa fiscal española exime de forma “total y permanente” a la Iglesia Católica de pagar siquiera un solo euro en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -la antigua Contribución Urbana- por los bienes de su patrimonio inmobiliario, en aplicación de lo que quedó reflejado de forma explícita en el anexo de condiciones económicas del Concordato suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede en enero de 1979.

En los más de 35 años que han transcurrido desde aquel acuerdo, las arcas de los ayuntamientos no han ingresado absolutamente nada por los miles de inmuebles (iglesias, sedes episcopales, monasterios, residencias, conventos…) que la Iglesia católica tiene repartidos por todo el territorio. Como tampoco ha recibido un solo euro de las sinagogas, mezquitas e inmuebles utilizados por otras confesiones religiosas para el desarrollo de sus cultos, según un régimen fiscal que el Gobierno español ha consolidado con sus decisiones.

El municipalismo español parece haberse hartado de esta situación. Así se refleja al menos en el amplísimo informe de recomendaciones (más de 100 medidas) elaborado por un grupo de expertos en fiscalidad local reunido por el Ayuntamiento de Málaga.

El informe, que lleva la firma de algunos asesores habituales de la Federación Española de Municipios y Provincias, reclama, entre otras medidas, que sea el Estado el que se haga cargo de la gravosa factura derivada de que la Iglesia Católica, el resto de confesiones religiosas y otros muchos colectivos no tengan la obligación de pagar el IBI como consecuencia de decisiones adoptadas unilateralmente por el Gobierno.

Y la ley, de algún modo, les asiste. Concretamente, la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que en su artículo 9 detalla que el Estado “quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación que procedan”, en los casos en que “otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de impuestos locales a cualquier entidad”.

Ese principio sí se ha cumplido en otras ocasiones, como cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, compensó con 1.100 millones de euros a los ayuntamientos por la decisión del Gobierno Aznar de suprimir el IAE para el 92% de los contribuyentes.

La exención no se cuestiona, sino la compensación

El informe de los expertos, que desde hace ya algunas semanas conoce el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no cuestiona la existencia de la exención fiscal a la Iglesia Católica, reconocida recientemente como constitucional por el Tribunal Constitucional, sino quién debe ser el pagano de la medida.

Javier Martín, socio director de F&J Martín Abogados y coordinador de esa parte del informe de los expertos, subraya que el sentido de la propuesta es “impedir que el Estado, pero también las comunidades autónomas, puedan aprobar medidas que deterioren la capacidad de ingreso de los ayuntamientos sin asumir luego el coste derivado de las mismas”.

“En el caso de la Iglesia, que goza del mismo privilegio fiscal que las organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, estamos ante una decisión adoptada por el Estado, pero cuyo coste soportan los ayuntamientos. Por eso se plantea que el Estado compense a los ayuntamientos por el coste en menores ingresos que les supone esta medida”, recalca.

La lista de contribuyentes que se libran de pagar el IBI en España por decisiones adoptadas por los gobiernos central o autonómico no es precisamente corta.

Solo la lista de colectivos exentos redactada en la Ley de Haciendas Locales libera de cualquier obligación de pago del IBI a todos los edificios públicos (cuarteles, bibliotecas, juntas de distrito…), a las embajadas o consulados de países extranjeros en España, a las estaciones de tren, a las concesionarias de autopistas, incluso abre la opción de aplicarla a los centros educativos que disfruten de alguna clase de concierto. La Ley de Mecenazgo, también estatal, amplió ese rango a todas las entidades sin ánimo de lucro: ONG, fundaciones vinculadas a partidos políticos…

No existe un cálculo sobre cuánto le cuesta a la planta municipal española semejante relación de vías de agua en el IBI, pero allá por 2009 el Ayuntamiento de Madrid estimó en más de 100 millones de euros el coste de las exenciones ajenas en su recaudación de IBI. Eso suponía alrededor de un 10% de sus ingresos reales por el impuesto. Si tenemos en consideración que los ingresos por IBI del conjunto de los ayuntamientos españoles superaron los 11.000 millones de euros en 2012, la cifra superaría los 1.000 millones de euros en exenciones.

Margen para política social

El informe de los expertos no sólo enarbola la bandera de la lealtad institucional para reclamar una compensación por los ingresos de los que otras administraciones privan a los ayuntamientos, también exige más atribuciones sobre el IBI.

En el marco actual, los ayuntamientos tienen cierta libertad para mover el tipo dentro de un rango preestablecido por el Estado y más bien poca para determinar la base del impuesto, que se vincula a la valoración catastral que se realiza desde el Ministerio de Hacienda.

El informe plantea que los ayuntamientos tengan más competencias en ambos ámbitos. Por un lado, para adaptar la base del impuesto en función de la realidad del municipio, de modo que los efectos de una actualización catastral no arrastren a todos los inmuebles por igual, sino que pueda modularse en función de la realidad socioeconómica de cada barrio y hasta de cada edificio.

La otra gran demanda es tener la capacidad de establecer tipos distintos del impuesto en su ámbito municipal, algo que ya fue exigido en su día por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón en la ciudad de Madrid.

“Se trataría, principalmente, de tener la opción de establecer tipos reducidos de IBI para colectivos especialmente expuestos como pueden ser los jubilados o los desempleados”, explica Javier Martín, coordinador de la parte del informe referida al IBI.

Las Áreas Comerciales Urbanas (ACU), la última idea del Ministerio de Economía para diversificar la oferta turística nacional y resituar a España como uno de los principales destinos mundiales, también en el ámbito del turismo de compras, se han topado con un importante escollo: la oposición frontal de los ayuntamientos a que se financie con cargo al IBI los servicios adicionales asociados a la puesta en marcha de estas zonas comerciales.

Las ACU o BID, Business Improvement District, según su denominación original en inglés, son una novedosa fórmula de gestión público-privada de espacios comerciales abiertos que permite a los comerciantes de un barrio determinado implicarse en la gestión y prestación de servicios del mismo para mejorar su imagen y resultar así más atractivos para los consumidores.

Este formato jurídico tiene importantes ventajas para los vendedores, ya que les permite impulsar la mejora de servicios que no son de su competencia, como la limpieza, el mantenimiento de las calles, la vigilancia y la seguridad, el diseño urbano o incluso la regulación del transporte público, en el ámbito en el que operan y sin tener que esperar a la acción de la iniciativa pública.

En los países anglosajones, donde empezó a utilizarse esta fórmula de colaboración público-privada, la dotación de estos servicios extra se ha venido financiando mediante el cobro de una tasa específica a los comerciantes agrupados en alguna de estas ACU, de forma que tienen derecho a unos servicios mejorados… a cambio de financiarlos.

Sin embargo, la versión española de este modelo, que el Ministerio de Economía ha plasmado en un borrador de proyecto de ley reguladora de centros comerciales abiertos, prevé un sistema de financiación algo diferente y, sin duda, más controvertido.

En concreto, prevé que las obras de acondicionamiento de los espacios públicos de esta suerte de ‘distritos de compras’ y la dotación de servicios extra sean financiados por las propias empresas, sí, pero con los recursos liberados por la aplicación de una bonificación del 95% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que les corresponde pagar por los locales que ocupan.

El sistema tiene la virtud de estimular la mejora de los principales espacios comerciales del país sin grandes sobrecostes para el castigado tejido empresarial… pero supone un importante rejón para las cuentas municipales, que tienen al IBI como su principal sostén.

No extraña, por tanto, que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la principal organización representativa de los ayuntamientos españoles, haya trasladado formalmente al Ministerio de Economía su absoluto rechazo a estos planes.

El problema: la financiación

La FEMP considera que el proyecto gubernamental ataca la autonomía municipal, entra en competencias que no le corresponden al Estado y modifica un impuesto radicalmente local, como es el IBI.

“Consideramos positivo y necesario el impulso a las Áreas Comerciales Urbanas entendidas como una forma de colaboración público-privada en el ámbito del Gobierno Local, pero cualquier modificación que afecte al IBI ha de analizada con detalle en la Comisión Nacional de Administración Local y contemplada en la normativa de Haciendas Locales, no en una ley sectorial”, ha recalcado el organismo a través de uno de sus órganos de expresión, la publicación 'Carta Local'.

El asunto de la financiación de las Áreas Comerciales Urbanas viene a alimentar el descontento existente con el Gobierno en el mundo del municipalismo por la ausencia total de medidas en su ámbito dentro de la reforma fiscal.

De hecho, la Federación de Municipios ha forzado al Ministerio de Hacienda a constituir un grupo de trabajo para analizar diferentes aspectos de la fiscalidad local.

Precisamente, una de las cuestiones en que hacen más hincapié los asesores de la Federación de Municipios en materia de fiscalidad es en limitar la acción del Estado y de las comunidades autónomas en la aprobación de incentivos y bonificaciones en impuestos locales, singularmente en el IBI, ya que se traducen en menos ingresos para las arcas de los ayuntamientos y, en muchas ocasiones, se orientan a aspectos que no son de competencia municipal.

No es la primera vez que ocurre. Una medida largamente esperada, cuya importancia se subraya durante años como crítica por unos y otros, acaba finalmente, tras mucho esfuerzo y no pocas tribulaciones, materializada de forma triunfal dentro de un proyecto legal. La decepción viene después, cuando resulta que su aplicación práctica está lejos de responder a las elevadas expectativas y termina revelándose como insustancial.

Algo así es lo que ha ocurrido con el célebre IVA de caja, aquel régimen fiscal especial que el Gobierno aprobó contra viento y marea a finales de 2013 para ‘salvar’ a pymes y autónomos de la ingrata obligación de tener que adelantar a Hacienda el IVA de facturas cuyo importe aún no habían cobrado y proporcionarles, de paso, un alivio fiscal a su apurada situación financiera.

Las estimaciones realizadas por organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos avalaban en un principio el compromiso gubernamental. Según sus cálculos, sólo en el segmento de autónomos, sin contar las pyme, el impacto de asumir el coste del IVA aún no habiendo cobrado la factura generaba un coste estimado de 1.900 millones de euros.

Bajo esta premisa, el Ministerio de Hacienda estimó en su momento, cuando la medida figuraba como mascarón de proa de su proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores, en 2,3 millones el universo potencial de beneficiarios del llamado IVA de caja y en 983 millones de euros el coste para las arcas públicas –ahorro para las empresas- que tendría la activación de la medida en el ejercicio de 2014.

Su aplicación práctica ha resultado ser mucho menos relevante. Según el Informe de Recaudación de la Agencia Tributaria correspondiente al mes de junio, que recoge cifras correspondientes al primer pago trimestral del IVA, el coste para las arcas públicas de la medida una vez consumido el ecuador del ejercicio asciende a 32 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda reconoce que el número de contribuyentes que se han acogido a este régimen especial de caja ni siquiera llega a 22.000, lo que supone menos de un 1% del universo potencial de beneficiarios definido por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Un resultado muy pobre para una iniciativa que estaba llamada a ser una de las principales palancas normativas para resolver los problemas financieras de autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Bueno para el déficit

Bueno para el déficitUn fiasco de la política económica que, sin embargo, tiene un reverso favorable desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas. A la espera de las cifras que arroje el próximo pago trimestral de IVA, que se conocerán a finales de este mes, si el comportamiento de esta variable evoluciona de forma estable –como cabría esperar dado que el 31 de marzo se cerró el plazo para acogerse a este sistema-, el coste de esta medida para el Gobierno apenas superaría los 100 millones de euros, lo que ‘liberaría’ cerca de 900 millones de euros que Hacienda daba por ‘perdidos’ en sus estimaciones iniciales y en sus cálculos presupuestarios.

Estamos hablando de cerca de una décima porcentual de déficit público, que se ajustaría de forma natural por la reducción de costes asociados a este incentivo fiscal o, de otro modo, de que más de una décima parte del ajuste necesario para llegar desde el 6,62% al 5,8% que corresponde hacer este año se habría cubierto ya gracias al fracaso del Régimen de Caja en el IVA.

Unos ingresos extra que no le vendrán nada mal a unas arcas públicas que no terminan de estar bien alimentadas. El diario Cinco Días revelaba hace poco más de una semana que las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo entre 2012 y 2013 para lograr reducir el déficit público recaudaron 9.000 millones de euros menos de lo inicialmente estimado, lo que habla bien a las claras del grave problema de ingresos con el que tiene que lidiar la Hacienda Pública.

Razones para un fracaso

Razones para un fracaso¿Por qué no ha funcionado el Régimen de Caja en el IVA? No faltan explicaciones para el fiasco. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), una de las organizaciones que más activas se mostraron en la demanda de este régimen fiscal desde el año 2010, ha atribuido la escasez de adhesiones al sistema a las amenazas de las grandes empresas de no contratar con los proveedores que operaran bajo este régimen.

El motivo es que, en efecto, el régimen de caja permite a las empresas que han prestado el servicio no ingresar en Hacienda el IVA de las operaciones que no hayan cobrado de manera efectiva, pero por la misma razón priva a las empresas que lo han recibido de la posibilidad de deducirse el impuesto, una operación bastante común en la gestión financiera de las empresas de mayor tamaño y que les reporta importantes beneficios.

Al escaso interés de las grandes empresas por contratar proveedores en ese régimen hay que añadir las complejidades de gestión que la asunción del régimen especial implicaba. Había que actualizar los programas informáticos de llevanza de la contabilidad, llevar una suerte de doble registro tributario en los libros porque Hacienda pedía registrar por separado las facturas cobradas en tiempo y forma y las pendientes de tramitación fiscal por una demora en el pago. Además, en estas últimas había que consignar, por un parte, la fecha de emisión de la factura y, por otra, la de cobro, especificando además que la operación estaba sujeta al régimen de caja, un buen lío de papeleo, en suma.

Nada, por otra parte, que no hubieran advertido expertos, fiscalistas o asesores fiscales desde el momento mismo en que el Gobierno manifestó su intención de poner en marcha el régimen, del mismo que había sucedido con resultados dispares en otros países europeos como Alemania, Reino Unido o Francia.

A última hora, casi sobre la bocina, el Gobierno se decidió finalmente a incluir en su propuesta de reforma fiscal una medida largamente esperada por los afectados por alguna clase de problema hipotecario e incluso recomendada encarecidamente por el propio equipo de asesores del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: la exención de las cargas fiscales asociadas a la transmisión de una vivienda para las personas y familias afectadas por una ejecución hipotecaria o una dación en pago.

El Ejecutivo no se limitó a enunciar la medida sino que días después de presentar al escrutinio público su propuesta de Reforma Fiscal aprobó un Real Decreto que eximía de cualquier obligación fiscal en el IRPF y en el Impuesto local sobre el Incremento del Valor en Bienes de Naturaleza Urbana –conocido como impuesto sobre la plusvalía- todas las operaciones de transmisión de de vivienda por estas causas acaecidas desde el inicio de 2014.

La principal consecuencia de esto es que, al contrario de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, las eventuales ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en las transmisiones de vivienda fruto de ejecución hipotecaria o dación en pago ya no se traducirán en una penosa y carísima factura fiscal para los particulares y familias insolventes que pierdan su vivienda.

La segunda derivada del asunto tiene que ver con la gestión de los ingresos públicos. Al haber decidido el Ministerio de Hacienda la exención total de impuestos para estos casos serán las arcas del Estado –en el caso del IRPF– y las de los ayuntamientos de turno –en el caso del impuesto sobre la plusvalía– los que se verán obligados a absorber el impacto recaudatorio de la medida.

No renunciar a los ingresos

¿Había alternativa? Hay quién cree que sí. Un informe elaborado recientemente por una veintena de expertos en fiscalidad local, y que ya ha sido enviado tanto al Ministerio de Hacienda como a la Federación Española de Municipios y Provincias, aboga por cargar a la entidad financiera que se haga con el inmueble la factura fiscal derivada de su transmisión.

Según el economista y profesor de la Universidad de Málaga, Juan Manuel Ruiz Galdón, que ha coordinado los trabajos de este grupo de expertos –la primera propuesta sistematizada de reforma de las Haciendas Locales que se presenta en los últimos años–, la lógica de su propuesta es “eximir del pago a los afectados por una ejecución presupuestaria, pero no eliminar la sujeción al impuesto de estas operaciones”.

“Resulta incomprensible cómo se ha podido obligar a sujetos que, por no cumplir con el pago de una hipoteca, han tenido que entregar su vivienda a tributar por los impuestos derivados de esa transmisión”, subraya el profesor Ruiz Galdón.

“Sin embargo, eso no quiere decir que el impuesto no se deba cobrar”, recalca. Frente a la exención total establecida por el Ministerio de Hacienda, que desprende por completo de carga fiscal este tipo de operaciones, este grupo de sabios de la fiscalidad local aboga por prever “la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, y por tanto obligado al pago, a la entidad financiera que adquiera el inmueble”.

Es decir, que sea la entidad financiera la que asuma el coste fiscal de la operación, dada la probada situación de insolvencia de los particulares o familias que se han tenido que desprender de ella para poder hacer frente a sus deudas con el banco.

De este modo, entienden los expertos, se respetarían las “razones de equidad y cohesión social” que justificó la inclusión de esta exención de impuestos en la Reforma Fiscal, y además se preservarían también los derechos del Estado y los ayuntamientos que, bajo los parámetros establecidos por Hacienda, están condenados a perder varios cientos de miles de euros en recaudación.

La propuesta de reforma fiscal aprobada hace apenas tres semanas por el Consejo de Ministros y diseñada por el equipo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esconde una carga de profundidad disimulada entre los mensajes de rebaja de impuestos y mejora del trato a las familias: una fenomenal subida de la factura fiscal asociada a la venta de la vivienda.

El texto elaborado por Hacienda pretende acabar a partir del 1 de enero de 2015 y de una sola tacada con los dos instrumentos que históricamente han permitido reducir la carga impositiva sobre las plusvalías generadas por la revalorización de los bienes inmobiliarios en el momento de su venta: los coeficientes de abatimiento y el coeficiente de actualización. La desaparición del primero de estos coeficientes reductores (cuya operativa se explica con detalle más adelante) afecta a las viviendas compradas antes de 1994. El segundo, singularmente a las adquiridas antes de 2008, ya que es el último año en el que se revalorizó la vivienda y además se registraron fuertes subidas del IPC. Con todo, si se vende más caro de lo comprado en años posteriores, también se habría dado una corrección que ahora se elimina.

Pero, ¿qué son y cómo funcionan estos dos conceptos tributarios? En primer lugar, los coeficientes de actualización fueron la solución ideada por las autoridades para evitar que las altas tasas de inflación que fueron norma en España durante lustros inhibieran la inversión inmobiliaria en el país. Se decidió crear unos coeficientes reductores que se actualizan anualmente en los Presupuestos del Estado para corregir el efecto de la inflación sobre los precios inmobiliarios. La idea era que a la hora de tributar se hiciera únicamente por la revalorización real del inmueble y no por la subida total de su precio, muchas veces impulsado por la inflación de la economía.

Por su parte, los coeficientes de abatimiento también operan reduciendo la cuantía sobre la que se tributa, pero, al contrario que el de actualización, no son tanto un factor de corrección como una iniciativa de política fiscal orientada a estimular el ahorro a largo plazo, no sólo en vivienda sino en todo tipo de activos.

En 2006 se decidió eliminarlo para las nuevas plusvalías que se generaran a partir de entonces, pero se mantuvo un régimen transitorio que permitía reducir las generadas hasta el 20 de enero de ese año por los activos que ya existieran en el patrimonio del contribuyente desde antes del 31 de diciembre de 1994. En el caso de las viviendas, la reducción aplicable es del 11,1% por cada año que el activo haya estado en el patrimonio del contribuyente siempre que ese periodo exceda los dos años, de modo que si llevara tres, la reducción sería del 11,1%, si llevara cuatro, del 22,2%, y así sucesivamente.

Efecto brutal en ejemplos

Efecto brutal en ejemplos

El efecto agregado de desactivar ambos dispositivos al mismo tiempo “sería brutal”, según admite el secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, y se traduciría en diferencias de miles de euros entre la factura fiscal que se derivaría de vender una vivienda el 31 de diciembre de 2014 o no cerrar esa operación hasta el 1 de enero de 2015, en un ejemplo extremo. Con todo, cabe recordar que este efecto opera para las viviendas compradas antes de 1994.

La mejor forma de verlo es con un ejemplo. Imaginemos una vivienda de 80 metros cuadrados adquirida en 1990 al precio medio que tenía el metro cuadrado en ese ejercicio (933 euros), es decir, por unos 75.000 euros. Atendiendo al último dato oficial sobre el precio del metro cuadrado ofrecido el pasado mes de mayo por el Ministerio de Fomento (1.459 euros), esa vivienda tendría hoy un valor de 116.000 euros, por lo que habría acumulado una revalorización en estos 24 años de 41.000 euros.

Con la normativa actual en la mano, esa plusvalía se vería reducida en primer lugar por el coeficiente para ‘limpiar’ el efecto de la inflación sobre la revalorización de esa vivienda, que según lo establecido en los Presupuestos de 2014 es del 1,3299 para bienes adquiridos antes de 1994. Además, al tratarse de un activo adquirido antes del 31 de diciembre de 1994, también se aplicaría el coeficiente de abatimiento, que según la regla antes mencionada reduciría la cuantía gravable en un 22,22%.

Tras realizar estas dos operaciones, la plusvalía gravable en el IRPF se quedaría en 10.459 euros –poco más de una cuarta parte de la inicial- y la factura fiscal final derivada de la operación en 2.375 euros, tras aplicarle el tipo del 21% para las ganancias patrimoniales.

La cosa cambiaría diametralmente con la reforma fiscal del Gobierno. Pongamos que esa vivienda se vende en enero de 2015, ya con el nuevo escenario operativo. Las reducciones aplicadas en el caso anterior desaparecerían y el contribuyente tendría que tributar por los 41.000 euros que se ha revalorizado su vivienda en el curso de los últimos 24 años. La factura fiscal ascendería en este caso a 8.900 euros, 6.525 euros más que en el marco tributario actual y cuatro veces más que en el otro escenario, según refleja la calculadora diseñada por el REAF para calcular este efecto fiscal.

“El efecto va a ser muy apreciable”, confirma Santiago Díaz de Sarralde, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, “especialmente en el caso de los inmuebles adquiridos hace 25 años o más, cuya revalorización estaría prácticamente exenta de tributación con el marco actual por el efecto de los coeficientes de abatimiento y que van a pasar a tributar por toda la plusvalía acumulada en estos años con la reforma del Gobierno”.

Las consecuencias del movimiento

Las consecuencias del movimientoLas autoridades gubernamentales han apelado a la necesaria neutralidad del marco fiscal frente a las diferentes fórmulas de ahorro que ofrece el mercado y a la simplificación del marco tributario para defender este ajuste de fondo sobre la fiscalidad de la vivienda. Es una de las pocas ideas que se ha tomado del informe de la Comisión de Expertos­.

Menos convencido con el movimiento está el sector inmobiliario, que teme que la medida fuerce una recaída de los precios en el mercado, ahora que parecían haber tocado suelo, ante la certeza de que el coste fiscal de cerrar la venta de un inmueble se va a incrementar sensiblemente a partir del próximo 1 de enero si prospera la reforma del Gobierno en los términos actuales. Además, sacará al mercado vivienda usada y no nueva, que es la que urge liberar a las inmobiliarias.

El asunto tiene también una derivada socioeconómica importante, ya que impacta de lleno sobre el valor real del activo sobre el que descansa el 79% de la riqueza de las familias españolas, según subraya un informe reciente de la Fundación de Estudios Financieros, a partir de los datos oficiales manejados por el Banco de España.

El ajuste no va a variar esa realidad estadística, salvo que desencadene un hundimiento de los precios de la vivienda algo que parece poco probable, pero sí va a reducir el colchón de seguridad que este activo supone para las familias. En caso de verse obligadas a vender su vivienda, el beneficio económico real que obtendrían de esa operación se vería significativamente mermado por su coste fiscal.

Un reciente informe de la OCDE asegura que los pensionistas españoles son, sólo por detrás de los noruegos, los que están más asegurados de todos los países desarrollados frente a una eventual situación de pobreza. La razón no reside, evidentemente, en la cuantía de sus pensiones, sino en la renta inducida que podrían obtener de la venta de sus propiedades inmobiliarias en caso de necesidad. Tal vez el próximo informe no llegue a las mismas conclusiones.

La Agencia Tributaria ha llegado a la conclusión de que cuando se trata de litigar con una gran empresa y todo su preparadísimo ejército de asesores fiscales vale más “un mal acuerdo que un buen pleito”, como dice el refrán. Pero como no basta con la convicción de la cúpula del organismo para llevar a cabo esta estrategia, sino que hay que contar con el respaldo de las tropas que a diario libran la lucha contra el fraude –los inspectores de Hacienda– en los últimos tiempos se ha ido tejiendo un esquema de incentivos salariales orientado a premiar la resolución amistosa de las controversias con contribuyentes (principalmente empresas) con elevadas cuentas pendientes con el Fisco.

En concreto, y según confirman hasta tres inspectores de Hacienda consultados por eldiario.es, lo que está haciendo la Agencia Tributaria es estimular la tramitación de los principales expedientes abiertos en el ámbito de la Inspección por la vía del acta con acuerdo, una herramienta amistosa de resolución de conflictos fiscales por la que el Fisco renuncia a cualquier actuación posterior contra el contribuyente investigado. A cambio, se realiza el cobro inmediato de una cantidad acordada en compensación por las supuestas obligaciones fiscales no atendidas.

No sólo eso. También se están primando las actas en conformidad, es decir, aquellas en las que la empresa se muestra de acuerdo con las conclusiones del inspector de Hacienda, por delante de las firmadas en disconformidad, en las que la empresa rechaza las conclusiones de la Inspección y decide ir a defender sus derechos a los tribunales.

Incentivos al 'pronto cobro'

Incentivos al 'pronto cobro'¿Cómo se está incentivando esta estrategia? En primer lugar, desde el plano salarial. El pasado mes de marzo Hacienda anunció la puesta en marcha de un Plan Especial de Intensificación de Actuaciones que, con un aumento de 12 millones de euros en la bolsa de productividad a repartir entre los trabajadores de la Agencia, pretendía que estos prolongaran su jornada laboral con el objetivo de aflorar 1.568 millones de euros extra respecto a lo previsto inicialmente en la lucha contra el fraude.

La clave del plan no estaba, sin embargo, en ese peculiar llamamiento a la prolongación de la jornada laboral, ya que apenas se les pedía hacer seis minutos más al día para entrar en el reparto de ese extra, sino en la vinculación estricta del cobro del plus (el 10% de la bolsa total de productividad a cobrar en 2014) a la consecución de determinados objetivos recaudatorios.

“Es absolutamente imposible mejorar significativamente los resultados de la lucha contra el fraude trabajando media hora más a la semana”, aclara uno de los inspectores consultados, que entiende que el mensaje que se estaba enviando es que si se aspiraba a ese extra se iba a tener que ingresar más por las actuaciones ya en curso. Sin más personal, sin más medios técnicos y con la certeza de que la complejidad de las actuaciones que implican mayores cuantías no declaradas impide una resolución rápida de los expedientes, el cauce para lograr ese objetivo parece apuntar nuevamente a la resolución amistosa de controversias como solución más rápida y eficiente.

También señala hacia esa solución el sistema de evaluación del desempeño vigente en la Agencia Tributaria, que puntúa especialmente la regularización de deudas tributarias por la vía del acta con acuerdo, de forma más generosa si más del 50% de la deuda se sustancia por ese cauce y algo menos, aunque igualmente positiva, si ese porcentaje es menor. Del mismo modo, la regularización de deudas mediante actas en conformidad se puntúa más que las resueltas con firma en disconformidad de la empresa. Según fuentes de la Agencia Tributaria, ese criterio de evaluación se implantó en 2010, pero también es cierto que en 2012 el nuevo equipo decidió elevar ligeramente su ponderación respecto al esquema anterior.

Las fuentes de la Inspección consultadas subrayan, además, que no es solo la política de incentivos salariales la que ha primado esta figura, sino que las instrucciones y los mensajes enviados por los responsables del Departamento de Inspección en las reuniones regulares que mantienen con los inspectores para coordinar criterios o definir parámetros de actuación se menciona, “hasta, en ocasiones, insistentemente”, la recomendación de hacer uso de la vía del acta con acuerdo.

Esta escala de evaluación de la productividad valora, no obstante, más circunstancias aparte de la firma de acuerdos amistosos con los contribuyentes. De hecho, según fuentes de la Agencia Tributaria, la comprobación de sociedades con un elevado volumen de ventas o la eventual identificación de un delito fiscal en la inspección ponderan por encima de la firma de actas con acuerdo en esta escala.

Una estrategia controvertida

Una estrategia controvertidaAunque la principal organización representativa del colectivo, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, rechaza valorar un asunto que considera de orden interno de la Agencia, la estrategia ha levantado no pocas ampollas en el seno de la entidad y más específicamente en el Cuerpo de Inspectores. La principal crítica que se hace a esta estrategia es que se insta la utilización más o menos sistemática de una herramienta cuyo uso debería ser limitado por su propia concepción legal.

La Ley General Tributaria establece que el acta con acuerdo solo puede utilizarse en determinados casos: cuando el trabajo de inspección ponga de manifiesto la existencia de conceptos jurídicos indeterminados o se deban realizar estimaciones y valoraciones subjetivas de determinadas cuestiones para determinar la eventual cuota fiscal a pagar. Lo que se responde desde la Agencia Tributaria a esta crítica no puede ser más razonable: no se incentiva que se resuelvan por ese cauce expedientes que no quepan en su definición legal, sino que se use el instrumento cuando exista esa posibilidad.

Por los motivos que sea, el acta con acuerdo ha sido una herramienta muy poco utilizada desde su entrada en el ordenamiento tributario en 2003. La infrautilización también sorprende no sólo por la acumulación de sentencias contrarias a las actuaciones más agresivas de la Agencia en ámbitos poco regulados (precios de transferencia, valoración de intangibles), sino también por el embalsamiento masivo de controversias en el ámbito judicial, que mantiene cobradas solo en el Supremo deudas fiscales por unos 6.000 millones de euros, según lo reconocido por las propias empresas del Ibex en sus resultados anuales.

Desde el entorno de la cúpula de la Agencia se destaca que las actas con acuerdo, a diferencia de las actas en disconformidad, que acaban en una interminable batalla judicial que se puede prolongar por más de diez años, o de las actas en conformidad, en que la empresa acepta la existencia de una deuda pero tiene escapatorias legales para no abonarla, implican el depósito inmediato y previo a la firma del acuerdo de una cantidad en garantía de la deuda tributaria reconocida. Es decir, implican un ingreso inmediato en las arcas públicas.

Además evitan los costes administrativos y de tramitación de un duro trámite judicial, que no solo requiere tiempo de los servicios jurídicos sino también de los inspectores de Hacienda que tienen que argumentar la causa contra los gabinetes fiscales de las principales empresas del país.

A juicio de uno de los inspectores consultados, esos argumentos de orden práctico tienen un reverso tenebroso en el juego de incentivos perversos que se puede generar. “Si las empresas se dan cuenta de que la Agencia prefiere un acuerdo, aunque éste minore la presunta deuda tributaria, a un litigio que le obligue a abonar hasta el último céntimo no pagado, van a tener un poderoso incentivo para defraudar”, advierte uno de los inspectores consultados.

Un juego de incentivos perversos que también puede alcanzar a los propios profesionales de la Inspección. “El Plan Especial de este año premia únicamente la obtención de resultados y una buena actuación inspectora no depende únicamente de eso. Un equipo de inspectores puede desmontar una sofisticada trama de fraude y que el contribuyente firme en disconformidad y lleve el asunto a la vía judicial. No se ingresa nada ese ejercicio y con los parámetros del Plan Especial de este año ese equipo no tendría derecho a un solo euro, pese a haber realizado una actuación modélica. Por contra, otro equipo que opte por la vía fácil y se dedique a firmar acuerdos con empresas, sin inspeccionar a fondo ni hacer bien el trabajo sí tendría derecho a ese incentivo”.

Sin olvidar otra cuestión y no menor, que recuerda otro de los inspectores consultados. “Las actas con acuerdo implican una reducción de la deuda tributaria del presunto defraudador. Se renuncia a un potencial ingreso mayor por el cobro inmediato de una cantidad inferior. ¿Se defienden mejor así los intereses de los contribuyentes?”.

450 euros. Esta será la cuantía que tributará al tipo mínimo del 19% en el IRPF de prosperar en los términos que fue presentada este viernes la propuesta de Reforma Fiscal planteada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. No existen precedentes en la historia tributaria española y no parece haberlos tampoco en la fiscalidad internacional sobre un tramo de esta naturaleza, que abarque una cantidad tan ridícula de afectados por un impuesto.

En el esquema actual del Impuesto sobre la Renta, el primer tramo de ingresos, el que tributa a un tipo impositivo más bajo, que en la actualidad es del 24,75%, se extiende entre los 0 euros y los 17.770,20 euros. Esto no significa que una persona que en un año tenga unas rentas de 8.000 euros esté obligada a entregar a Hacienda el 24,75% de sus ingresos, sino que una vez superados los rendimientos del trabajo mínimos a partir de los cuales la ley entiende que hay obligación de aportar recursos al bienestar común esos primeros 17.770,20 euros de ingresos pagarán al Fisco un 24,75%.

“A día de hoy los contribuyentes que ganan menos de 11.100 euros al año no pagan ya prácticamente IRPF por el efecto conjunto de los mínimos personales y familiares”, explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Santiago Díaz de Sarralde.

En función de las circunstancias familiares y personales que pueden ampliar aún más la parte de los ingresos que está exenta, por encima de esa cuantía y hasta los 17.770,20 euros sí se aplica ese tipo del 24,75%. Es decir, que el tipo acaba aplicándose de forma más o menos automática a los primeros 6.000 euros de rendimientos que superen esos mínimos vitales, una circunstancia en la que se encuentran más de cuatro millones de contribuyentes, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda.

Este es el modo en que ha venido funcionando el IRPF desde hace lustros. Hasta la Reforma Fiscal de Cristóbal Montoro. Según la presentación realizada en el Consejo de Ministros, la intención del ministro de Hacienda es crear un nuevo tipo mínimo del 19%, al que tributarían las rentas del trabajo inferiores a 12.450 euros.

Se podría pensar que se trata de una potente rebaja de impuestos para las rentas más bajas y así se proclama en la presentación entregada a los medios por el Ministerio de Hacienda, que subraya que el tipo mínimo se reduce del 24,75% al 19% en 2016, por debajo también, recalca la nota de prensa, del 24% al que tributaban esas rentas en la era Zapatero.

El caso es que el asunto tiene truco. Según ya anunció el Gobierno y confirmó el ministro Montoro en la presentación de este viernes, la intención del Ejecutivo es elevar los mínimos personales y familiares para que los contribuyentes con una base imponible inferior a 12.000 euros no tengan que pagar ni un solo céntimo por IRPF.

“Nos encontramos, por tanto, con un tramo de impuesto que sólo se aplicará a 450 euros”, señala Santiago Díaz de Sarralde. Un truco que parece únicamente ideado para poder incluir un párrafo en una nota de prensa pues su efectividad real será inapreciable. En la nota, Hacienda señala que el tipo medio aplicable a las rentas de 12.000 euros pasará del 2,27% al 0%. Una rebaja nimia.

Díaz de Sarralde matiza que la efectividad real de ese tramo dependerá también de la decisión que finalmente adopte el Gobierno en relación a la reducción por rendimientos del trabajo, aunque su recorrido sería en todo caso más bien limitado

Las rentas altas, beneficiadas

Las rentas altas, beneficiadasSin duda, incomparable en su cuantía con la que disfrutarán, por ejemplo, las rentas superiores a 300.000 euros, que si la reforma del Gobierno continúa adelante sin enmiendas pasarán en los próximos dos años de tributar al 52% a hacerlo al 45%. Si tenemos en cuenta que la liquidación media en este tramo está en el entorno de los 100.000 euros, el ahorro fiscal podría rondar los 3.000 euros.

Prácticamente todas las rentas que presentan una base imponible superior a los 60.000 euros obtendrán una cuantiosa ventaja fiscal en el nuevo marco ideado por el Ministerio de Hacienda respecto al inmediatamente anterior, que el Ejecutivo aprobó con vocación de suprimirlo a los dos años de vigencia.

Si echamos la vista un poco más atrás, a la última etapa de la era Zapatero, es cierto que las rentas de entre 53.000 y 120.000 euros, que en 2011 tributaban al 43% y al 44%, van a acabar este vorágine de cambios fiscales en el IRPF con un tipo superior: del 45%.

Ganadores y perdedores

Puestos a buscar ganadores y perdedores. Entre los primeros, además de las rentas altísimas, que dejarán de soportar uno de los tipos de Impuesto sobre la Renta más elevados del mundo -entiéndase aquí sobre las rentas del trabajo- nos encontramos a los contribuyentes con bases imponibles de entre 53.000 y 60.000 euros, un segmento formado por poco más de 300.000 contribuyentes al que ahora correspondía un tipo marginal del 47%, que en 2011 ya pagaba un tipo del 43% y al que la reordenación de tarifas propuesta con Cristóbal Montoro dejaría ahora con un tipo impositivo del 39% en 2015 y del 37% en 2016.

¿Qué tiene de especial este segmento? Que en él se mueve buena parte de los altos cargos de Gobierno, comunidades autónomas y grandes municipios, así como diputados y senadores, salvo que acumulen un segundo sueldo por funciones en el partido u otro tipo de actividades.

Se beneficia, asimismo, a las rentas mileuristas, las más habituales en los nuevos puestos de trabajo que ofrece hoy día el mercado laboral español, que si en 2011 se movían en un tipo impositivo del 28% a partir de 2016 disfrutarían de un tipo del 24%.

El palo, como ha recordado la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, viene para el núcleo central de contribuyentes que sostienen la recaudación del IRPF. Ese 20% de declarantes que suponen el 25% de las bases imponibles del impuesto y también una cuarta parte de la recaudación real por IRPF.

Se trata de los trabajadores con una nómina de entre 30.000 y 45.000 euros brutos, que prácticamente no verán rebaja alguna respecto a los impuestos que pagan ahora y que verán como su fiscalidad se incrementa del 28% al 30% como consecuencia de la crisis. Es posible que ese efecto subida se vea matizado por el ensanchamiento de los mínimos personales y familiares y las reducción por rendimientos del trabajo que prevé el Ejecutivo, pero en cualquier caso volverán a ser los maltratados de la rebaja fiscal del Gobierno.

Seis años después de que Washington decidiera dejar caer a Lehmann Brothers desencadenando el peor shock financiero de los últimos 70 años y condenando al paro y la pobreza a millones de ciudadanos, los principales índices bursátiles del planeta coquetean con sus máximos históricos, los fondos de inversión presumen de billetera, las grandes empresas globales –también las españolas- vuelven a hablar de beneficios, la banca se felicita de la eficacia con que ha saneado sus balances en tiempo récord e incluso los gobiernos no tienen empacho en declarar oficialmente inaugurado un nuevo periodo desarrollo económico.

Desde abajo la imagen que se aprecia es bien diferente. Muy pocos de los que perdieron su puesto de trabajo han logrado recuperarlo y los que lo han hecho ha sido en unas condiciones significativamente más precarias, cada vez son más las personas que viven bajo el umbral de la pobreza y que se ven obligadas a apagar la luz o reducir la compra mensual para llegar a fin de mes y la supuesta recuperación económica no parece ser más que un titular en un periódico.

Llegados a este punto es difícil no hacerse preguntas. ¿Por qué unos han pagado la crisis más que otros? ¿Era tan esencial salvar a la banca aún a costa de recortar servicios básicos como la sanidad o la educación? En Crisis S.A. El saqueo neoliberal (Colección A Fondo, Ediciones AKAL) la periodista Ana Tudela Flores ofrece un relato descarnado, lúcido y documentado de lo ocurrido en los últimos años. Un “juego de trileros”, denuncia, en el que la crisis económica no ha sido tanto la causa como la excusa para un abordaje calculado y sistemático del Estado del Bienestar, que ha pasado a convertirse en el nuevo campo de juego del mundo del dinero, el último objeto de deseo del capital.

No busquen un manifiesto ideológico. Crisis S.A. es un fenomenal esfuerzo periodístico que no se limita a presentar cifras estadísticas parciales y opiniones de expertos de cabecera para reforzar una tesis fijada de antemano, hábito del que pecan muchas obras hermanas en el subgénero libros-para-explicar-la-crisis, sino que se afana en ofrecer al lector la mayor cantidad de evidencias documentales, estadísticas y testimoniales posible para sustentar sus afirmaciones.

La principal es que la crisis no ha sido otra cosa que un inmenso negocio que ha servido para trasvasar recursos desde la clase trabajadora hacia las elites económicas.

Un minucioso plan de trabajo que tendría a la ideología neoliberal dominante como autor intelectual y a los obedientes organismos económicos multilaterales (FMI, OCDE, Banco Mundial) como obedientes brazos ejecutores, y que se habría iniciado aún bajo los efectos del shock financiero global de finales de 2008 y 2009 con la socialización de las pérdidas de la banca por la vía de cargar al erario público los millonarios agujeros generados por las desmadradas estrategias de inversión de las entidades financieras.

Un movimiento audaz que tuvo el singular efecto de absorber en gran medida las potenciales pérdidas que se habrían visto obligados a asumir los inversores que apostaron por estos activos tóxicos (grandes bancos del centro y el norte de Europa) bajo el pretexto de salvar a las castigadas economías del sur y a costa de rebosar de deuda los balances de las economías periféricas, que se han visto de repente condenadas a un futuro de austeridad, cuentas por pagar y pérdida de derechos.

Una vez sentadas las bases del nuevo modelo sólo quedaba, en el lenguaje de las escuelas de negocios, implementarlo, poner en marcha las medidas necesarias para esa transfusión masiva de recursos desde los trabajadores a las elites dominantes.

Tudela detalla minuciosamente cada uno de los pasos de esta minuciosa estrategia de saqueo. Los recortes de derechos laborales y sociales para mejorar la competitividad de las economías… y los balances de las empresas a costa del salario o incluso el mismo empleo de los trabajadores; las reformas fiscales orientadas a elevar la presión sobre los impuestos que paga de igual toda la ciudadanía (IVA, IBI, impuestos especiales) y aligerarla sobre los más progresivos (IRPF) o los que afectan de forma directa a las empresas o las grandes fortunas (Impuesto de Sociedades, Sicavs, Patrimonio); la ausencia total de controles sobre cientos de inversiones públicas injustificables desde un punto de vista económico o social que, eso sí, alimentan las cuentas de resultados de las grandes empresas a costa de presionar al límite las finanzas públicas y restar recursos a políticas sociales; o la imparable, y muchas veces fronteriza con la ilegalidad, estrategia de privatización de los servicios públicos desarrollada con persistencia en los últimos años por los dos grandes partidos, y que se ha dado con especial virulencia en el ámbito de la Sanidad.

Lo preocupante, y lo que convierte Crisis S.A. en una obra necesaria, es que la deriva ha tenido consecuencias, y que éstas han sido demoledoras. Tudela lo acredita con cifras del INE. “Si se hubiera mantenido el reparto (entre la remuneración de los asalariados y el beneficio empresarial) como estaba antes de la crisis, los trabajadores habrían percibido 39.854 millones de euros más y las empresas habrían ganado 27.406 millones. Es decir, se ha producido un trasvase que se acerca a los 30.000 millones del trabajador al empresario”.

Si quieren terminar de indignarse lean este último párrafo también extraído por la autora de fuentes oficiales. Entre 2008 y 2013, la riqueza destinada a pagar sueldos a los trabajadores ha caído en 71.685 millones de euros; los beneficios empresariales, por el contrario, ya están prácticamente al mismo nivel que en 2008.

Ya saben quién ha pagado la crisis.

La “equitativa y proporcional” reforma fiscal que anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que el Gobierno tiene previsto desvelar la próxima semana no resolverá uno de los aspectos más desproporcionados que sobreviven en el actual marco tributario: el pago de impuestos que la Administración exige a posteriori a las familias e individuos que han perdido su vivienda como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria o de una dación en pago.

Según la actual normativa, la evidente situación de insolvencia que fuerza a un particular a entregar su vivienda de residencia al banco no le exime de hacer frente a las obligaciones fiscales que se derivan de las plusvalías que puedan existir en la operación. Surgen de la diferencia entre el valor al que se compró la casa y el precio al que se transmite la operación.

“La legislación española es tan perversa que no distingue ninguna situación y, aunque hayamos perdido el piso por un estado de quiebra económica, la Administración puede reclamar como mínimo el pago de dos impuestos”, recalca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en su página web. Son el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Plusvalía Municipal, y el Impuesto sobre la Renta (IRPF).

El primero, de competencia municipal, grava el eventual incremento de valor experimentado por el inmueble entre el momento de su adquisición y el momento de su venta. La fórmula para estimar la factura fiscal es compleja y varía según el municipio, pero viene a suponer entre el 1% y el 3% del valor catastral del suelo sobre el que se asienta la vivienda por año de permanencia. Si la vivienda se adquirió en 2004 y el terreno en cuestión se ha revalorizado en estos diez años en 30.000 euros, la cuota a pagar oscilaría entre los 3.000 y los 9.000 euros, resultado de aplicar un tipo del 10% o del 30%.

Pago exigido en 30 días

La fiscalidad en este impuesto es particularmente dañina para las personas o familias víctimas de un desahucio. En primer lugar, porque no se pueden beneficiar de la exención que libera de tributación por este impuesto cuando la ganancia obtenida se destine a la adquisición de otra primera vivienda en los tres años posteriores a la operación.

En segundo lugar, porque los ayuntamientos exigen su pago en los 30 días posteriores a la transmisión del inmueble, lo que deja al antiguo propietario muy poco margen de recuperación financiera y, por tanto, muy expuesto a un potencial embargo de sus bienes por impago del tributo y a las correspondientes sanciones, que lo único que harían sería elevar su deuda con el Fisco.

Después será la Agencia Tributaria la que exija su parte. Las ganancias patrimoniales (el valor de la transmisión menos el valor de la adquisición actualizado mediante un coeficiente) que se pongan de manifiesto en la operación, aunque terminen en manos del banco, deben declararse en Renta y tributarán a un tipo impositivo del 21%.

Pero el castigo fiscal puede no terminar aquí. Como denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la entrega de la vivienda puede dar todavía lugar al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e incluso puede verse obligado a hacer frente al recibo del IBI o los gastos de la comunidad después de haber perdido la vivienda a poco que la entidad se demore un tiempo en inscribir su nuevo activo en los registros.

Esperando una solución

Esperando una soluciónPese a la dramática situación a la que esta distorsión condena a miles de familias, el asunto ni siquiera aparece mencionado en el extensísimo documento de propuestas de 460 páginas planteado por la Comisión Lagares. Según fuentes del área económica del Gobierno, tampoco formará parte de la reforma que propondrá el Ejecutivo, al menos en la primera fase de la misma, la que se activará a más corto plazo.

La decisión llama la atención porque el Ejecutivo sí se ha mostrado más sensible a la hora de aliviar o incluso eliminar las cargas fiscales que agravaban la situación de las empresas en concurso de acreedores.

También es llamativo porque desde hace más de un año el Ministerio de Hacienda cuenta con un diagnóstico técnico de su think tank, el Instituto de Estudios Fiscales, que concluía: “Hay que liberar de las cargas fiscales por plusvalías a los desahuciados y a los que han dacionado su vivienda”. En la mayoría de los casos, “nos hallamos ante economías domésticas en situación de desempleo, en los que a la falta de ingresos y a la pérdida de la vivienda se va a sumar una deuda con el Fisco por una ganancia patrimonial por la que no se ha producido ningún ingreso”.

La única reacción del Gobierno ante esta situación se ha limitado, hasta ahora, al Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que declaró la exención de cargas fiscales en estos casos… pero únicamente para las daciones en pago que se realizasen dentro del marco que definía los ‘deudores hipotecarios sin recursos’.

El problema es que propio Real Decreto restringe en extremo esa posibilidad, ya que sólo la contempla como último recurso y, además, limita el universo de potenciales beneficiarios hasta el extremo.

La prueba de ello es que según los últimos datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Economía desde la puesta en marcha de este decreto se han producido 1.006 daciones en pago bajo estos requisitos, mientras que en el mismo periodo el Banco de España ha identificado nada menos que 13.178 daciones en pago. Es decir, que el 92% de las mismas no se habrían beneficiado de la exención. Por no decir que este alivio fiscal ni siquiera es una opción para las ejecuciones hipotecarias, que constituyen más del 60% de las entregas totales de vivienda.

Un problema para miles de familias

Un problema para miles de familiasEl año pasado 38.961 hogares españoles –familias o individuos- se vieron obligados a abandonar su vivienda de residencia y a entregársela al banco que les había financiado la hipoteca ante la imposibilidad manifiesta de hacer frente al pago de las mensualidades pactadas. En el mejor de los casos, la entrega de la vivienda al banco sirvió a los antiguos propietarios para saldar la deuda pendiente que mantenían con el mismo.

Este parece no ser el caso más habitual, a juzgar por lo que dicen no sólo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sino también los despachos de abogados especializados en asesorar a familias amenazadas de desahucio, como El Negociador Bancario. El caso es que aún en ese supuesto optimista el hecho de haber saldado la deuda con el banco no significa que uno se pueda olvidar ya de su fallida aventura inmobiliaria. Hacienda acecha.

Posibles soluciones

Posibles solucionesEl caso es que se han puesto soluciones encima de la mesa. Algunos ayuntamientos como los de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Torrejón o Logroño, según una lista realizada por la PAH, han aprovechado sus competencias sobre la Plusvalía Municipal para declarar la exención total del pago del impuesto a las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias o daciones en pago.

Otros ayuntamientos, limitados en su margen de maniobra fiscal por los controles presupuestarios del Ministerio de Hacienda, han optado por aprobar subvenciones para aliviar el coste derivado de la factura fiscal a los afectados por hipotecas. Una vía que desde algún ámbito del municipalismo ya se ha tachado de ilegal.

Para Consuelo Fuster, profesora del Departamento de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia y autora del informe sobre el particular para el Instituto de Estudios Fiscales, la solución es más directa y pasaría por declarar la exención total de impuestos tanto municipales como estatales para las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una ejecución hipotecaria o una dación en pago.

“Ya hemos comenzado el camino de la recuperación: está a la vuelta de la esquina un nuevo escenario de crecimiento que posibilitará que España sea uno de los países líderes de la escena internacional. Nuestro país estará pronto entre las siete u ocho grandes potencias económicas del mundo. España ha vuelto y esta vez para quedarse”.

Este párrafo no está sacado de una intervención del presidente del Gobierno o del ministro de Economía ante un foro de empresarios o un grupo de potenciales inversores a los que hay que ‘vender’ optimismo para convencerles de que invertir en España es un buen negocio. No. El extracto puede encontrarse en uno de los últimos trabajos publicados por el Instituto de Estudios Fiscales, un organismo autónomo del Estado de carácter eminentemente académico, que funciona a modo de think tank del Ministerio de Hacienda y que tiene como principal misión surtir de análisis e informes técnicos en materia fiscal y presupuestaria al Gobierno para facilitar su toma de decisiones en estos campos.

El trabajo en cuestión se titula La eficacia de la política fiscal y presupuestaria en la consolidación del crecimiento económico, está firmado por el director del Instituto, José Antonio Martínez Álvarez, y se ha llevado por delante la larga tradición de “investigación con independencia de criterio científico”, de la que presumía el propio director del organismo en su última memoria, para deslizarse de un modo inédito por la pendiente del partidismo.

Más que aportar cifras y evidencias sobre la eficacia de la política fiscal y presupuestaria para impulsar el crecimiento económico, como ha venido haciendo el Instituto desde su creación en 1961, lo que hace el informe es condenar la llevada a cabo por el Gobierno socialista y ensalzar la llevada a cabo desde la llegada al poder del PP.

La herencia envenenada

La herencia envenenadaAl Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero le atribuye, por ejemplo, el haber más que duplicado el nivel de endeudamiento público del país, poniendo para dicho cálculo como punto de inicio el año 2007, cuando la deuda pública era del 36,3% del PIB, y como fecha de referencia final… el año 2013, en que cerró en el 93,7%.

Los datos dicen que cuando los socialistas dejaron el poder en 2011 la deuda pública estaba en el 69,3% del PIB, aunque para el profesor Martínez Álvarez la evolución seguida por el endeudamiento de las administraciones públicas españolas durante la crisis “es el fiel reflejo de los errores que hasta 2011 se cometieron en cuanto a la política fiscal se refiere”.

Los datos dicen también que entre el cierre de 2011 y el final de 2012 el endeudamiento público experimentó un incremento sin precedentes –desde el 69,3% al 84,2% al PIB- al calor de medidas como el rescate bancario, el fondo para dotar de liquidez a las comunidades autónomas y el plan de pago a proveedores. El autor se muestra más comprensivo en este caso. “Teniendo en cuenta que, desde nuestra inmersión en la moneda única no podemos emitir moneda para financiarnos, los únicos ingresos extra que nuestro gobierno puede percibir provienen de la emisión de deuda pública”.

Y, de hecho, resalta que “las reformas llevadas a cabo durante los últimos dos años y la imagen de disciplina fiscal y presupuestaria que la política económica de nuestro país está mostrando, han supuesto una importante reducción del coste de financiación extraordinaria para España”. Y es cierto que ha bajado la prima de riesgo y el interés que le piden al Tesoro para colocar sus títulos, pero también lo es que el coste presupuestario de atender la deuda pública en circulación no ha parado de crecer, que se mueve en máximos históricos y que se come una tercera parte del presupuesto.

El informe también atribuye en buena medida a “la peligrosa pasividad del Ejecutivo (socialista) ante lo que consideraba un simple retroceso del crecimiento económico” el hecho de que “la crisis se ensañara con nuestro país” y trajera consigo el desplome del PIB, “el empeoramiento de todas las variables económicas” y el “aumento desorbitado de las cifras de desempleo”, “el mayor problema al que se enfrenta ahora España”, remacha.

Y no se olvida del Plan E y los estímulos puestos en marcha en la primera fase de la crisis. “Además, el Ejecutivo decidió articular un plan de estímulo económico que ascendió a 42.000 millones de euros entre 2008 y 2009, lo que nos llevó a incrementar el déficit público hasta niveles desconocidos en nuestra historia reciente”, que, además, recuerda, llevó a que Europa nos abriera un expediente.

También hay un recuerdo para la reforma de la financiación autonómica que “no ha solucionado ninguno de los problemas y ha creado un sistema muy confuso y poco práctico”.

“España ha vuelto”

“España ha vuelto”El tono del informe cambia radicalmente cuando pasamos a 2012 y se promulga la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, “absolutamente necesaria para tomar las riendas de la situación”. El director del IEF recalca que ya no es solo que la estabilidad presupuestaria y el proceso de consolidación fiscal llevado a cabo en estos dos últimos años hayan actuado “como un ancla, impidiendo que la corriente nos arrastrase a las profundidades”, sino que “las medidas implementadas desde el Gobierno y el ministro Montoro (sic) han creado las condiciones necesarias para iniciar la senda de crecimiento”.

Uno podría rebuscar en los cientos de informes técnicos y documentos de trabajo publicados por el Instituto de Estudios Fiscales desde su creación en 1961 y tendría serias dificultades para encontrar un elogio tan directo y evidente a una política gubernamental.

Y por mucho que lo intentara también tendría difícil encontrar una conclusión tan pintoresca como ésta en un informe del IEF: “Lo primero que debemos tener claro es que nuestra situación es claramente mejor que la que existía hace dos años”.