La sequía, que sigue entre nosotros a pesar de las últimas lluvias, ha sido siempre un rasgo consustancial de las áreas de clima mediterráneo. No obstante, en las últimas décadas está cambiando su fisonomía, afectando también a las áreas de clima continental. Además, ahora los periodos de sequía son más recurrentes que antes (cada cuatro años, las lluvias suelen reducirse en un 80%) siendo interrumpidos bruscamente con imprevisibles tormentas de una intensidad inusitada, acompañadas, en ocasiones, de granizo y pedrisco de extraordinaria virulencia. 

Algunos expertos ven en ello síntomas del cambio climático, otros lo achacan a fenómenos más coyunturales, como el del calentamiento de los océanos producido por la corriente marítima conocida como “El Niño/Oscilación del Sur” (ENOS). Sea como fuere, debemos adaptarnos a estas situaciones, buscando fórmulas que nos permitan minimizar sus efectos. 

No obstante, es un hecho que, cuando comienza a llover, dejamos de hablar de la sequía y aparcamos las posibles soluciones. Por eso, al igual que solemos decir, sin mucho éxito, que los incendios forestales deben apagarse en invierno con políticas preventivas, de la sequía hay que hablar también cuando llueve. Y es buen momento hacerlo en estos días de lluvia de finales de primavera, que están aliviando la situación en algunas zonas de nuestro país, aunque no en todas, pero causando también graves daños en otras. 

No debe olvidarse que, a día de hoy, y aún con las últimas lluvias caídas, nuestros embalses continúan estando muy por debajo de su capacidad, al igual que ocurre con el estado de los acuíferos que almacenan las aguas subterráneas. Si excluimos los pantanos destinados a la producción de energía, el agua media embalsada es hoy inferior al 40% de su capacidad (veinte puntos por debajo de la media de las dos últimas décadas por estas fechas), existiendo, no obstante, grandes variaciones entre cuencas (80-90% en la cornisa cantábrica, frente al 25-30% en las cuencas mediterráneas). Respecto a los acuíferos, más del 40% de las masas de agua subterránea está sobrexplotado (extraemos mediante pozos más de lo que repone el ciclo natural), teniendo mucho que ver en ello la situación de sequía que atravesamos. 

Mayor consumo general de agua 

Es verdad que, con el actual nivel de la tecnología, aún no podemos provocar las lluvias, pero sí paliar los efectos de la sequía, anticipándonos a ellos mediante una gestión más eficiente de los recursos hídricos. Hay que tener en cuenta, además, que las sequías de ahora vienen cada vez más acompañadas de altas temperaturas. Ello hace que, unido al aumento de las extracciones para satisfacer la demanda general de agua, dure menos el volumen embalsado, debido a su evaporación, y que sean más dañinos sus efectos al aumentar la evapotranspiración de las tierras agrícolas. Ello tiene además evidentes resultados negativos en el estado de los acuíferos al ser mayor el nivel de concentración de residuos minerales en las filtraciones subterráneas. 

Gracias a los avances tecnológicos, sobre todo en los electrodomésticos, y también a las campañas de sensibilización, se consume ahora menos agua por habitante que hace dos décadas. Por ejemplo, el consumo de agua en los hogares españoles ha disminuido en los últimos veinte años, pasando de los 171 litros por habitante y día en 2001, a los 139 litros en 2023. Lo mismo sucede en la agricultura de regadío, cuyo consumo de agua por hectárea se ha reducido un 25% en los últimos diez años. 

Sin embargo, es un hecho innegable que globalmente consumimos más agua que antes, no sólo porque se ha incrementado la población, sino también porque nuestro actual modelo de desarrollo, basado sobre todo en la concentración urbana y el consumo ilimitado de bienes y servicios, es cada vez más dependiente de los recursos hídricos. Ello hace que extraigamos un 2% anual más de agua de los embalses que la que éstos reciben por el ciclo natural de lluvias, al igual que ocurre con la ya comentada sobreexplotación de los acuíferos. 

Recordemos, además, que hoy se concentra ya el 80% de la población española en núcleos urbanos, lo que exige mayor volumen de abastecimiento de agua, tanto para consumo doméstico, como para los diversos tipos de servicios asentados en las ciudades (comercio, hostelería, industria, servicios de lavacoches o lavanderías…) Además, esa concentración requiere un suministro de alimentos a precios asequibles, que sólo es posible satisfacer gracias al aumento de la producción agrícola, en especial la agricultura de regadío. Hoy, casi la cuarta parte de la superficie agrícola está regada, absorbiendo casi el 80% del agua disponible, pero produciendo dos tercios de la producción vegetal, que es la base de muchos de nuestros alimentos. 

Todo esto significa que, además de por las razones ya citadas de las altas temperaturas que acompañan a las nuevas modalidades de sequía, es un hecho que el elevado consumo global de agua vacía nuestros embalses y acuíferos a mayor velocidad que antes. Los embalses ya ni siquiera soportan cuatro años continuados de escasez de lluvias, y en los pozos cada vez hay que profundizar más para extraer el agua subterránea de los acuíferos. 

Esto hace que, en fechas cada vez más tempranas, se produzcan situaciones de déficit hídrico en las que la demanda de agua no puede ser asegurada a todos los tipos de usuarios. Ello exige un replanteamiento tanto de las políticas hidráulicas, como de las políticas de gestión de los recursos hídricos. 

La política hidráulica 

El balance histórico de la política hidráulica española es positivo. Se han hecho grandes inversiones, construyéndose embalses y pantanos para regular el caudal de nuestros ríos y acumular agua en periodos de abundancia de lluvias para así afrontar los tiempos de escasez. Hay 372 grandes y medianos embalses, con una capacidad total de almacenamiento de 56.000 hm³ de agua, además de gran número de presas y azudes. Ello significa que aproximadamente el 50% del caudal fluvial de nuestro país está regulado, siendo el primer país de la UE en este tema. Algunos de esos embalses se remontan a los años 1950 e incluso más atrás, otros son más recientes, y la mayor parte de ellos han sido financiados con recursos públicos, produciendo energía, abasteciendo de agua nuestras ciudades y posibilitando el desarrollo de una potente agricultura de regadío. 

En lo que se refiere a las aguas subterráneas, España almacena unos 30.000 hm³ al año en más de 700 masas de agua (MASub), que cubren casi el 80% de territorio nacional y que abastecen a más del 20% de la población (en algunas cuencas, ese porcentaje se eleva al 60%). No obstante, sólo se aprovecha una quinta parte (6.000 hm³) de las masas de agua subterránea, lo que abre un gran potencial de utilización si se gestionan adecuadamente nuestros acuíferos. 

En este sentido puede decirse que nuestro país está bien preparado para afrontar los periodos tradicionales de sequía en lo que respecta al agua acumulada en embalses y acuíferos, haciendo frente a las necesidades de la población y de los distintos sectores económicos (agricultura, industria, turismo…) Pero debe prepararse mejor para los nuevos tipos de sequía que, al ser más recurrentes e ir acompañados de altas temperaturas, hacen que los embalses y acuíferos se vacíen con más rapidez. 

Dada la imposibilidad por razones políticas y de confrontación entre Comunidades Autónomas de aplicar el tantas veces aplazado Plan Hidrológico Nacional, sólo cabe seguir aplicando los trasvases entre cuencas ya aprobados (como el Tajo-Segura), implementar algunos proyectos pendientes de ejecución y poner en marcha algunas pequeñas y medianas obras hidráulicas para trasvasar agua dentro de una misma cuenca (en el marco de los correspondientes planes hidrológicos de tercer ciclo). Además, no parece que tenga mucho sentido ampliar la capacidad de agua embalsada mediante la construcción de nuevos embalses, ya que, debido a las exigencias de la Directiva Agua en materia de preservación y restauración del caudal ecológico de los ríos y a la estrategia “Biodiversidad” del Pacto Verde Europeo (que insta al cierre de presas y azudas infrautilizadas), no encontrarían financiación en los fondos de la UE. 

Pero sí se pueden emprender otras acciones en materia de infraestructuras hidráulicas. Me refiero, por ejemplo, a la modernización de los actuales embalses, que, por la obsolescencia de algunos de ellos, presentan importantes pérdidas, tanto en el propio embalse, como en las conducciones que llevan el agua a las explotaciones agrarias o a los núcleos de población (se pierde en torno al 20% de agua en fugas por el deficiente estado de la red de conducción). Se sabe, además, que hay pantanos de más de 50 años que tienen un alto nivel de colmatación, acumulando tan grandes masas de lodo, que en muchos casos reducen más del 30% el agua real embalsada (algunos embalses están incluso inutilizados por ese motivo). Creo que en el tema de la modernización de nuestros embalses debería concentrarse gran parte del esfuerzo de la política hidráulica, además de en la mejora de las redes urbanas de distribución. 

Además, y como ya se está haciendo con financiación de los fondos Next Generation de la UE, la política hidráulica debe ser una palanca para avanzar en la construcción de plantas depuradoras de agua en los núcleos urbanos para su posible reutilización o para su retorno en buen estado a los ríos. Asimismo, debe impulsarse en zonas costeras de baja pluviometría la construcción de plantas desaladoras, que permitan asegurar, primero, el abastecimiento de agua a la población, y luego, el suministro a los sectores económicos (industria, agricultura y turismo), algo que ya está promoviendo el gobierno de la nación (ver algunas de las medidas del último decreto de sequía). 

La gestión de los recursos hídricos 

Pero más allá de la política hidráulica, basada en las grandes y medianas infraestructuras, se puede hacer mucho en el ámbito de la política de gestión de los recursos hídricos para que sea más eficiente. En este sentido, se debe seguir avanzando en el uso de la tecnología para lograr un mayor nivel de ahorro en el consumo de agua. En el medio urbano, reformas como el cambio del tipo de grifería en los hogares o la mayor eficiencia de los electrodomésticos han tenido un efecto importante en el ahorro. Ahora toca aplicar los nuevos programas smart cities (ciudades inteligentes) en la detección automática de las posibles fugas, así como en la reutilización de las aguas depuradas para la limpieza de las calles y el riego de parques y jardines (economía circular). 

En lo que se refiere al sector agrario, las tecnologías han tenido un efecto directo en la reducción del consumo de agua por hectárea, al sustituir los riegos por gravedad o superficie por los riegos localizados (por goteo). Hoy, más de la mitad de la superficie de regadío utiliza eficientes sistemas localizados. A ello se le añade ahora el uso de las nuevas tecnologías de precisión, posibilitando que sólo se rieguen aquellas parcelas que realmente lo necesiten (riegos deficitarios). 

Si todo eso se acompaña de impulsar la investigación para crear variedades vegetales menos exigentes en agua y por ello mejor adaptadas a entornos secos, podemos ir avanzando hacia sistemas de gestión más eficiente de los recursos hídricos, y por tanto mejor preparados para afrontar los periodos de escasez. Esto hará, además, que la capacidad de almacenamiento de nuestros pantanos pueda ser mejor aprovechada por la agricultura, aumentando la duración del agua embalsada e impulsando fórmulas innovadoras de gestión como los “bancos de agua”. No se trata de reducir la superficie de regadío, pero sí de limitar, e incluso congelar, su expansión, para evitar el “efecto rebote”, debiendo tener un papel fundamental en ello las comunidades de regantes y las asociaciones en que se integran. 

Asimismo, queda mucho por hacer en lo que respecta a la gestión y conservación de las aguas subterráneas. Es prioritario intensificar el control e inspección de las extracciones para evitar la sobreexplotación de los acuíferos, además de acelerar el cierre de los pozos ilegales que existen en amplias zonas de nuestro país y que amenazan la supervivencia de humedales de alto valor ecológico. Asimismo, es necesario avanzar en la depuración y reciclaje, tanto de los residuos agrícolas (fertilizantes y pesticidas) y ganaderos (purines y deyecciones de los animales), como de los domésticos e industriales (aguas residuales, fugas de colectores, vertidos de gasolineras y talleres…), al ser todos ellos, fuente importante de contaminación de las aguas tanto de las superficiales como de las subterráneas, habiendo sido objeto ya nuestro país de expedientes sancionadores por parte de la UE. 

Y por último queda el reto del ahorro energético. Se sabe que hoy cada vez pesa más el coste de la energía en el coste del agua, por lo que la transición energética tiene que llegar al ámbito del consumo de los recursos hídricos, sobre todo, aunque no sólo, en el sector agrario (el consumo energético en la agricultura representa un 4,5% del total del consumo de energía en nuestro país). El uso de energías renovables está siendo un elemento fundamental para la extracción de agua subterránea en las explotaciones agrarias, así como en la utilización por parte de los agricultores de las aguas superficiales procedentes de los canales de riego, además de la utilidad que están teniendo estos tipos de energía en la ganadería intensiva. 

Conclusiones 

De todos estos temas hay que hablar también cuando llueve, y no sólo cuando estamos en el momento álgido de un periodo de sequía y la ansiedad nos nubla la razón. En estas situaciones extremas sólo queda acudir a las medidas restrictivas para asegurar al menos el consumo de agua de la población, y a las medidas paliativas (como los decretos nacionales y regionales de sequía) para mitigar los daños que provoca a los productores afectados por ella (principalmente, los agricultores). El tema de la sequía hay que tratarlo con calma, con sentido de Estado, y con un horizonte de medio y largo plazo. 

Hay amplio margen para emprender acciones que mejoren nuestras infraestructuras hidráulicas, algunas ya obsoletas, así como para buscar otras fuentes de recursos, como la desalación o la reutilización de las aguas depuradas. También hay margen para realizar trasvases entre ríos dentro de la misma cuenca hidrográfica, así como para impulsar bancos de agua o para avanzar en el ahorro usando las nuevas tecnologías, tanto en el medio urbano e industrial, como en la agricultura. Asimismo, hay espacio para mejorar el conol y los sistemas de gestión de los acuíferos para asegurar su buen estado de conservación. Finalmente, hay que apostar por estas nuevas tecnologías para avanzar en la transición energética, haciendo más eficiente el consumo de energía tanto en el sector industrial, como en el agrícola y ganadero. 

Y todo ello, sin abandonar el mensaje de que es necesario tanto en los hogares, como en los distintos sectores económicos, ajustar nuestros hábitos de consumo a la oferta real de los recursos hídricos, unos recursos siempre limitados.

Después de sesenta años, la PAC (Política Agraria Común) sigue siendo una desconocida para el conjunto de la opinión pública. Prueba de ello es la buena valoración que ha recibido, por necesaria, la excelente campaña de comunicación emprendida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en TV y otros medios, sobre esta política europea. 

Obviamente, la PAC es bien conocida por los agricultores, que son sus principales destinatarios y los que se benefician de sus distintos programas de ayuda. Aunque suelen quejarse de la elevada carga burocrática que conlleva y muestran su descontento con la cuantía de las ayudas (siempre les parecen escasas), los agricultores son también conscientes de que la PAC es una importante red de seguridad, representando por término medio un tercio de sus ingresos anuales, algo inaudito en otros sectores económicos. 

Baste recordar que, para el conjunto del periodo 2021-2027, España recibirá de la PAC alrededor de 50 mil millones de euros (en torno a 7.000 millones anuales) en forma de pagos directos, ayudas de desarrollo rural, medidas de mercado y grandes proyectos de inversión, beneficiando de forma directa a unos 650.000 agricultores (más del 70% del total de titulares de explotaciones). 

Pero la realidad es que la PAC es poco conocida por el conjunto de la sociedad, siendo por ello necesario hacer mucha pedagogía sobre su significado y sus efectos. Hay que señalar, por ejemplo, que la PAC es mucho más que una política de transferencia de rentas a los agricultores. Es una política que regula un sector esencial para toda la sociedad, como el de la producción de alimentos, y que gracias a ella los consumidores europeos tienen garantizado el abastecimiento alimentario en cantidad, calidad y seguridad, y a precios asequibles. La PAC es también un instrumento de cohesión de los territorios rurales, de tal modo que, sin ella, los desequilibrios territoriales se habrían ampliado aún más. 

Además, es una política muy eficiente, ya que, con sólo un coste de 0,31 euros al día por ciudadano, la PAC reporta importantes beneficios a la sociedad europea, no sólo en materia de producción de alimentos, sino también de protección del medio ambiente y de preservación del paisaje, los recursos naturales y la biodiversidad vegetal y animal. 

Una historia de reformas 

La PAC ha demostrado ser una política sensible a los cambios experimentados por el sector agrario y a las demandas de la sociedad europea. Eso explica que, cada siete años, haya ido reformando sus programas de ayuda y los mecanismos de intervención para adaptarse a esos cambios y a las nuevas demandas de la ciudadanía. 

En una etapa inicial, hasta final de los años 1980, el principal objetivo de la PAC era incentivar la modernización productiva de la agricultura europea mediante la innovación tecnológica (mecanización), el regadío y el uso de fertilizantes y pesticidas, según los principios de la entonces hegemónica “revolución verde”. Para ello, utilizó instrumentos tales como los precios garantizados, las compras centralizadas por los organismos públicos de intervención, los incentivos a la modernización de las explotaciones, el fomento de la vertebración asociativa de los productores, los programas de apoyo al relevo generacional y la instalación de jóvenes… 

Ello permitió aumentar la producción agraria hasta límites insospechados, asegurando en veinte años la suficiencia alimentaria de los países que iban conformando el proyecto de integración europea.

Sin embargo, ese indudable éxito tuvo como contrapartida que comenzara a producirse excedentes en algunos subsectores (cereales, leche…) y que surgieran externalidades negativas sobre el medio ambiente, además de algunos desequilibrios territoriales. Ello dio origen a los primeros desajustes y a las primeras grandes reformas de la PAC (como la emprendida por el comisario MacSharry en 1992 para limitar la producción, reducir la intensificación, afrontar reformas estructurales y controlar el gasto). 

La inclusión real y efectiva de la agricultura en la OMC (Organización Mundial del Comercio)  a mediados de los años 1990, significó, además, que la PAC quedara sometida a los principios que regulan la liberalización del comercio internacional, perdiendo así el carácter de excepcionalidad que los temas agrarios habían disfrutado hasta entonces por su valor estratégico en la producción de alimentos. La PAC se vio obligada, ante la presión de la OMC, a reformar sus instrumentos de intervención en los mercados y a modificar sus tradicionales programas de apoyo a las rentas agrarias (vía precios de garantía), con el argumento de que distorsionaban el libre comercio de los productos agrícolas y ganaderos. 

Ello dio lugar a un nuevo periodo de reformas, con la aprobación de la llamada “Agenda 2000”, cuyo objetivo sería adaptar la PAC a las exigencias de la OMC, pero también al aumento de la diversidad agrícola ocasionada por la ampliación de la UE a nuevos países (UE-28). 

Esa reforma propició la división de la PAC en dos pilares, cuya estructura se mantiene hasta hoy. El primer pilar es el encargado de asegurar las rentas de los agricultores mediante ayudas directas, siendo financiado totalmente por el presupuesto común europeo a través del fondo FEAGA. 

El segundo pilar de la PAC es cofinanciado entre los Estados miembros y la UE mediante el fondo FEADER. Está formado por diversos programas de ayudas: unos, para incentivar la modernización de las explotaciones agrarias; otros, para promover modelos más respetuosos con el medio ambiente (programa agroambiental, red Natura 2000…); otros, para compensar a los agricultores de territorios con dificultades estructurales, y otros para impulsar la diversificación de actividades en el medio rural (a través de la metodología participativa LEADER). 

Sucesivas reformas, como la de los comisarios Fischler en 2003 y Ciolos en 2014, han ido orientando la PAC en una doble dirección. En primer lugar, desvinculando de la producción las ayudas directas a los agricultores (hasta dejarlas asociadas sólo al número de hectáreas o al número de cabezas de ganado) y manteniendo como algo excepcional las ayudas acopladas a la producción en algunos sectores por su importancia social y ecológica (como las proteaginosas o el olivar tradicional). 

Y en segundo lugar, incorporando en un sentido amplio la dimensión medioambiental en los programas de la PAC para así condicionar el cobro de las ayudas directas por los agricultores a la adopción en sus explotaciones de prácticas que minimicen las externalidades negativas sobre el medio ambiente, además de cumplir con las nuevas exigencias en materia de bienestar animal. 

La última reforma 

La reforma que entrará en vigor en enero de 2023 significa un importante giro en la orientación de la PAC, viéndose afectada por la necesidad de racionalizar el gasto agrícola tras el Brexit y por las nuevas prioridades estratégicas de la UE. También por los compromisos con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con el Acuerdo de París sobre cambio climático (plasmados en el Pacto Verde Europeo aprobado por la Comisión en 2019). Y todo ello en el marco de la crisis provocada por la pandemia Covid-19 y la guerra de Ucrania. 

Los dos principales elementos de la actual reforma son los siguientes. El primero es la elaboración por cada país de un Plan Estratégico Nacional, en el que, a partir de unos objetivos generales (comunes a toda la UE), poder definir su propia política agraria. Con ello, los Estados disponen de un amplio margen de autonomía para la definición de la política agraria que más se ajuste a las características de su propio sector agrario, admitiéndose así la dificultad de regular sólo desde Bruselas un sector cada vez más diverso y heterogéneo. 

El segundo elemento a destacar es la intensificación de la dimensión ambiental (“arquitectura verde”) de la PAC para elevar su contribución a la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Con ese objetivo, la nueva PAC incentiva los proyectos de innovación tecnológica y digitalización (para un uso más eficiente de los recursos naturales: energía, agua…), intensifica las condicionalidades para el cobro de las ayudas directas, mantiene los anteriores programas agro-ambientales e incluye un nuevo programa (ecoesquemas) para seguir impulsando en las explotaciones agrarias el cambio hacia prácticas que propicien una reducción de las emisiones de CO2 y reduzcan la erosión de los suelos. 

Junto a ello se añade una nueva condicionalidad para el cobro de las ayudas directas (dimensión social) con objeto de asegurar unas buenas condiciones sociales y laborales a los trabajadores en el ejercicio de su actividad. Además, se incorpora por primera vez en la PAC, y por influencia española, la dimensión de género en los programas de ayuda a los agricultores, con importantes suplementos en el caso de que sean mujeres los beneficiarios. 

Reflexiones finales 

La PAC es la más importante de las políticas comunes de la UE, tanto en términos presupuestarios (recibe un tercio del presupuesto europeo), como en relevancia política. 

El avance del proceso de construcción de la UE debe mucho a la dinámica institucional desarrollada en torno a la PAC. Por ejemplo, el desarrollo de las directivas y reglamentos asociados a esta política, son hoy una pieza clave en la formación del derecho comunitario europeo. Asimismo, la consolidación, dentro de la Comisión Europea, de una estructura especializada para la definición y gestión de la PAC ha posibilitado el desarrollo de una administración común en materia de agricultura y desarrollo rural. Finalmente, la cultura de la concertación y el diálogo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos, y de éstos con los representantes del sector agrario (a través del COPA y COGECA en los distintos comités consultivos), es un elemento fundamental del engranaje que hace mover hoy a la UE.  

Sin embargo, como toda política pública en un contexto de economía de mercado, el alcance de la PAC tiene sus limitaciones en lo que respecta a la eficacia de los instrumentos utilizados. A veces, se le pide a la PAC más de lo que, como política de naturaleza económica, puede dar. La PAC no puede, ni debe, abarcar toda la casuística (social, territorial, laboral, ambiental…) que acontece en un sector tan complejo y diverso como el de la agricultura europea. Tampoco se le puede pedir que resuelva por sí sola los problemas asociados al cambio climático o a la biodiversidad, ni que solucione el tema del bienestar animal o las deficiencias de la cadena alimentaria, ya que son problemas que trascienden el ámbito de la política agraria y que requieren de la implicación de todos los agentes económicos y sociales. Tampoco se le puede juzgar como si fuera una política redistributiva,  porque la PAC no lo es. 

Es, sin duda, un valioso factor de cohesión económica y social, gracias a las ayudas directas a los agricultores. Y también es un instrumento de acompañamiento, junto a las políticas nacionales y regionales, a los cambios que experimenta el sector agrario, así como de impulso y apoyo a las iniciativas de los propios agricultores. 

La PAC es, en definitiva, un medio esencial para asegurar el abastecimiento alimentario en la UE, y para orientar las prácticas agrícolas y ganaderas hacia modelos de agricultura más eficientes y sostenibles. Sólo así recibirá la legitimidad necesaria de la ciudadanía europea para seguir siendo financiada por el presupuesto común de la UE.

La política está para resolver los problemas de los ciudadanos, no para crearlos ni agravarlos. También está para gestionar asuntos de interés general buscando los consensos necesarios cuando hay grupos con intereses diversos e incluso enfrentados.

El asunto del lobo es ejemplo de cómo un tema complejo y polémico puede exacerbar el conflicto entre los grupos implicados (ganaderos y conservacionistas) si no se gestiona mediante la cooperación. Analicemos los elementos que componen el escenario del conflicto y veamos si hay o no posibilidades de encontrar soluciones consensuadas. 

El compromiso ambiental, una “religión civil” 

Hay un atinado proverbio que dice que es más fácil gestionar intereses que creencias. Y no le falta razón, ya que los intereses pueden cuantificarse y negociarse transformando un conflicto “suma cero” en otro “suma positiva” (win-win) si las partes están dispuestas a renunciar a algo a cambio de obtener todas ellas algún beneficio. Eso ocurre en las negociaciones salariales, o incluso en las negociaciones políticas, y es lo habitual en las negociaciones de carácter económico.

Con las creencias es diferente, ya que no se fragmentan ni cuantifican, sino que se aceptan en su totalidad. En temas de medio ambiente es habitual la existencia de creencias, ancladas en tradiciones, leyendas y saberes, que se aceptan como verdades y que son movilizadas desde compromisos éticos y morales. En torno a cada creencia surge un halo de conocimiento que sus fieles consideran verdadero, y que es excluyente respecto a otras. Por eso, el sociólogo Salvador Giner calificó el compromiso por el medio ambiente como una “religión civil”, por su similitud con las creencias religiosas. El conocimiento verdadero que emana de ellas es muy difícil de contrarrestar ni siquiera con la información que brota de la ciencia. Las creencias de esta naturaleza suelen ir acompañadas de un activismo militante con el objetivo de defenderlas como si de un fortín asediado se tratara. 

El lobo, entre dos creencias 

Recientemente, el tema del lobo se ha situado en el centro del debate público, al menos en lo que respecta al sector ganadero y al movimiento conservacionista. También en lo que se refiere a las relaciones entre los dos ministerios implicados: el MAPA (Agricultura, Pesca y Alimentación) y el MITERD (Transición Ecológica y Reto Demográfico).

En ese debate pueden observarse dos creencias firmemente asentadas, si bien cada una de ellas con sus propias variantes. Simplificando el análisis, encontramos, de un lado, los ganaderos, que, por lo general, creen, y están convencidos, que la protección del lobo supone una seria amenaza para el ganado. Y de otro lado, los conservacionistas, que creen, y también están convencidos, de que el lobo es una especie en peligro de extinción, o al menos amenazada, que debe ser por ello incluida en la lista de especies silvestres en régimen de protección especial. Ambas partes se basan en informaciones más o menos parciales que seleccionan según sirvan o no para confirmar sus propias creencias.

Como suele ocurrir en la práctica, hay posiciones intermedias entre esos dos polos del debate: ganaderos que están a favor de la protección del lobo y que creen posible la coexistencia con este gran carnívoro; y conservacionistas que no lo consideran una especie en extinción, pero sí amenazada, y que abogan por una gestión integral de las poblaciones de lobo, no excluyendo recurrir a la caza para controlarlas en casos excepcionales.

De hecho, hay informes (como el de la UICN) que demuestran que, si bien el lobo es una especie amenazada, no está en peligro de extinción, habiendo incrementado su población en los veinte últimos años. Al mismo tiempo, otros informes demuestran lo contrario, dependiendo de donde se ponga el punto de mira y la región de referencia. También hay informes que indican que allí donde el lobo está incluido en la lista de especies protegidas no sólo no se produce un aumento de los daños contra la cabaña ganadera, sino que hasta puede regularse mejor su población que allí donde se considera especie cinegética.

El último documento de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de Mamíferos (SECEM) publicado el pasado 19 de febrero se hace eco de esta confusión, reclama una mayor clarificación y alerta del riesgo que supone aprobar programas de protección no consensuados. En dicho informe, la SECEM indica, además, que el límite del Duero como divisoria entre zonas donde es especie cinegética y donde no lo es, “carece de sentido hoy”, ya que se refiere a una época (hace treinta años) que no se corresponde con la situación actual de la extensión del lobo en la geografía española. Por eso, la SECEM considera una buena noticia que la gestión del lobo sea reactivada y afrontada a escala nacional desde el MITERD. 

De creencias a intereses 

Dada la evidente complejidad de este asunto, y los sentimientos, prejuicios y malos entendidos que confluyen en este debate, el reto consistiría en convertir las creencias en intereses y empezar a negociar sobre ellos. En el caso del lobo, sería lograr que las creencias asentadas en ambos lados del debate se fueran diluyendo para, sin renunciar a ellas, salir al menos del terreno de las emociones y adentrarse en el de las razones, transformándolas en intereses susceptibles de ser negociados. Aportemos algunas ideas.

En primer lugar, habría que considerar como punto de partida que la protección del lobo es un objetivo que se marcan los grandes organismos internacionales, al igual que se hace con otros grandes mamíferos, y que España no puede estar al margen de ello. Por lo tanto, no es una opción, sino una obligación.

En segundo lugar, sería necesario y urgente revisar los actuales informes sobre el lobo por reconocidos expertos científicos, con objeto de evaluar la actualidad, el rigor y la veracidad de la información que circula respecto a su población y al riesgo real de extinción en determinadas áreas.

En tercer lugar, sería también necesario actualizar los daños reales provocados por el lobo sobre la cabaña ganadera, evaluando las circunstancias que hacen que sus ataques tengan como resultado daños irreversibles en el ganado (por ejemplo, el estado de las defensas de los rediles, la eficacia de los sistemas de alerta, la presencia de mastines bien adiestrados…) y comprobando, además, si esos daños son realmente causados por el lobo o por otros depredadores.

En cuarto lugar, sería perentorio generar sinergias entre ganaderos y conservacionistas en foros participativos de encuentro y debate, al estilo de los que promueve la plataforma europea de los grandes carnívoros, y que en España viene llevando a cabo el grupo Campo Grande con presencia de expertos, dinamizadores y profesionales de la mediación. En esa misma línea cabe destacar el documental “¿Convivencia? Ganadería y lobos”, patrocinado por la organización agraria UPA.

En quinto lugar, sería conveniente abordar el tema del lobo como un programa de gestión integral a escala nacional, en el que su inclusión en el listado de especies protegidas no excluya la posibilidad de actuar contra él para reducir su población en caso de que se superasen determinados umbrales. Tal programa debería hacerse también con la implicación del MAPA y de las consejerías de agricultura de las CC.AA., incluyendo acciones formativas de los ganaderos en materia de prevención y defensa frente al lobo, además de ayudas públicas específicas para financiar las inversiones que fuesen necesarias en las explotaciones.

Fruto de esa dinámica de cooperación y racionalización, las creencias sobre el lobo podrían transformarse en intereses cuantificables y negociables. Del lado de los ganaderos se podría cuantificar el coste de las citadas medidas de prevención, el valor económico de los daños si los hubiere y las correspondientes indemnizaciones, que deben ser de rápida ejecución. Y del lado de los conservacionistas, se podrían impulsar desde el poder público nuevas investigaciones que actualicen la información sobre las poblaciones de lobo y que permitan encontrar el umbral que sería deseable desde el punto de vista de la conservación. 

Se necesita tiempo, sobran improvisaciones 

Todo eso lleva su tiempo, ya que la cultura cooperadora no se puede improvisar ni la confianza construirse en cuestión de días. El poder público debe evitar la confrontación e impulsar la cultura cooperadora buscando la colaboración de las organizaciones ganaderas y de las asociaciones conservacionistas de defensa del lobo. Por eso, una acción coordinada entre el MAPA y el MITERD sería deseable.

Hay que tener en cuenta que, en las políticas ambientales, no basta con los buenos deseos, sino que hay que ser eficaces a la hora de diseñar los programas de actuación si se quiere alcanzar los resultados esperados. Sin consensos será muy difícil lograr el objetivo de la protección de un animal con tanta carga simbólica y emocional como el lobo. Por eso sería un error aplicar “desde arriba” una política como ésta de protección del lobo, que, tal como se ha demostrado en el modo tan ajustado como se acordó la propuesta dentro de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, no cuenta con la aquiescencia de las CC.AA. donde vive la práctica totalidad de los lobos en España.

Tampoco cuenta con el apoyo de un sector, como el ganadero, que se ha unido en contra de ella y que está dispuesto a emprender movilizaciones de protesta de consecuencias políticas imprevisibles. No puede olvidarse que el sector ganadero está sometido a una grave crisis de rentabilidad como consecuencia de la pandemia y la volatilidad de los precios de sus productos, y que se siente “despreciado y ninguneado” por otros sectores de la sociedad (agribashing). Por eso hay que ser cautos con este asunto, pues se podría ir de las manos si no se aborda con la prudencia y el temple necesarios, y ser caldo de cultivo de los populismos rurales. 

No, sin consenso 

La inclusión del lobo en la lista de animales en régimen de protección especial puede esperar hasta que los poderes públicos dispongan de información rigurosa sobre su situación real y hasta lograr el consenso adecuado entre ganaderos y conservacionistas. Es deber del poder público facilitar la cooperación, no exacerbar la confrontación.

Tampoco es un asunto que debiera demorarse sin límite, por lo que sería conveniente que el MITERD “parara el reloj” y estableciera un plazo razonable (por ejemplo, un año) para la aprobación de la orden ministerial, abriendo así una nueva dinámica en busca de un consenso hoy inexistente. La importancia del tema merece el esfuerzo de impulsar una cultura de cooperación, que sería muy necesaria en asuntos complejos como éste tan asentados en creencias milenarias y en posiciones ideológicas.

Los avances tecnológicos permiten establecer buenos sistemas de alarma, así como eficaces sistemas de protección de la cabaña ganadera para minimizar los daños. Asimismo, sería necesario que la actividad cinegética fuera valorada no sólo por su función recreativa, sino también por su contribución al control de las poblaciones de determinadas especies animales. Finalmente, habría que poner en valor lo que podría significar para algunos territorios la presencia controlada del lobo como atractivo turístico en los programas de desarrollo rural, como ha ocurrido con la conservación del oso pardo.

Sólo así, convirtiendo las creencias en intereses se podrían alcanzar consensos. No hacerlo, e imponer políticas de conservación como si de “trágalas” se tratasen, sólo conducirían a reacciones de protesta por parte de los ganaderos, y finalmente al fracaso de los objetivos planteados por dichas políticas. Un ganadero cabreado será siempre un cazador en potencia (con la escopeta, el veneno o el cepo), aunque se decrete oficialmente la prohibición de cazar al gran depredador que es el lobo.

Una imagen vale más que mil palabras. El asalto al Capitolio por hordas jaleadas por el propio presidente Trump, quedará grabada en nuestra retina y registrada en todas las televisiones del mundo. Sin embargo, no basta con contemplar una y otra vez el grotesco espectáculo del pasado 6-E, y despacharlo como la excentricidad de unos exaltados. Es necesario ir más allá de una imagen esperpéntica, pero no menos real, que refleja el malestar que, desde hace algún tiempo, corroe la democracia norteamericana y que se extiende por otros países. El asalto al Capitolio es un síntoma de ese malestar, y hay que reflexionar sobre sus causas y sobre los motivos de haberse llegado a tan grave situación en una de las más antiguas y robustas democracias del mundo. No es sólo Trump, sino lo que hay detrás de él.

Lo ocurrido en los EE.UU. nos debe invitar, además, a reflexionar sobre los sistemas democráticos y las amenazas que suponen los populismos de diverso signo, que no respetan las instituciones y que utilizan las normas de la democracia a su conveniencia y en beneficio propio. Tenemos numerosos ejemplos de cómo se pueden destruir los pilares de la democracia desde dentro. Ese fue el caso en los años 1930 del ascenso del nazismo en Alemania mediante elecciones, y es ahora el caso de la deriva autoritaria de las llamadas “democracias iliberales” (Polonia, Hungría, Turquía, Brasil, Rusia, Venezuela...).

La confianza en las instituciones

La democracia es un sistema político que se legitima por la legalidad de sus procedimientos, pero también por los resultados de sus políticas. Si esos resultados no son percibidos como positivos por la ciudadanía, la democracia no funciona, y se buscan alternativas fuera del sistema institucional. Es lo que explica en gran medida el fuerte liderazgo de un político antisistema como Trump (que ha obtenido más de 75 millones de votos en las pasadas elecciones), reflejando la falta de confianza en las instituciones democráticas de buena parte de la población norteamericana.

En su artículo “Bowling alone” (Jugando en la bolera, solo), publicado en 1995, el sociólogo Robert Putnam ya advirtió del declive de la confianza social (llamada “capital social”) que venía produciéndose en los EE.UU. desde los años 1950. Y alertaba de que ese declive socavaba las bases de la democracia, al disminuir el compromiso cívico de los ciudadanos.

Más recientemente, el enfoque del capital social ha acuñado los tipos bonding y bridging para analizar las diferentes formas de confianza que pueden observarse en la sociedad. El capital social tipo bonding se basa en las emociones y expresa la confianza de los individuos en sus grupos de referencia primarios por encima de la confianza en las instituciones, produciéndose, en consecuencia, un repliegue comunitarista (en la familia, el grupo étnico, la comunidad religiosa…). Por el contrario, el capital social bridging se basa en la confianza que uno tiene en individuos pertenecientes a grupos distintos al suyo (desde el punto de vista político, racial, cultural, religioso…) estableciendo puentes entre ellos y mostrando actitudes cooperadoras. La confianza en las instituciones sería una variante del capital social bridging, mientras que la desconfianza institucional y la fe ciega en un líder sería el resultado del tipo bonding.

Si analizamos la situación de los EE.UU. desde este enfoque, podemos señalar que en la sociedad norteamericana se ha ido produciendo en las últimas décadas un desequilibrio entre esos dos tipos de capital social, predominando el bonding (la pasión y las emociones) en detrimento del bridging (la razón y el raciocinio). La consecuencia es el cierre de filas de cada grupo en su propia trinchera, el frentismo, dando lugar a la polarización existente y su reflejo en el terreno político.

Los retos de la administración Biden

De ahí que el principal reto del presidente Biden sea restablecer la confianza institucional de los ciudadanos contribuyendo a equilibrar esos dos tipos de capital social. Su dilatada experiencia como senador y su estilo moderado, respetuoso y dialogante, tan distinto a la soberbia y arrogancia de Trump, puede ayudar, pero no será suficiente. Hará falta que, en la acción política, Biden logre resultados tangibles que mejoren el bienestar de todos los norteamericanos y les hagan confiar de nuevo en las instituciones.

La grave crisis provocada en EE.UU. por la pandemia COVID-19 es la principal tarea de la nueva administración, y en su gestión se juega mucho Biden. Si es capaz de controlar la expansión de un virus que no entiende de frentes ni de trincheras políticas, y consigue una rápida vacunación de los ciudadanos, la administración Biden lograría que la sociedad norteamericana recuperase la confianza en sus instituciones y en quienes las gobiernan.

A escala internacional, la administración Trump ha deteriorado mucho la confianza en los EE.UU. de sus socios tradicionales (en especial, la UE) al romper algunos de los grandes acuerdos multilaterales, como en el área de las relaciones comerciales o el cambio climático, e imponer el discurso “America first”. El retorno al multilateralismo por parte de Biden, ayudaría a mejorar la imagen externa de los EE.UU. y a recuperar la confianza de sus aliados, en un momento clave en que se dirime la hegemonía mundial, con China avanzando de forma irresistible y ocupando espacios de influencia.

La fragilidad de las democracias

Cuesta mucho esfuerzo construir una democracia, pero más aún cuesta conservarla viva y pujante. A veces, la democracia se valora cuando se pierde, lamentándonos de no haber hecho todo lo posible por mantener vivo el espíritu de cooperación y tolerancia que debe ser la esencia de todo sistema democrático.

Las democracias son sistemas de una gran fragilidad, ya que descansan sobre los pilares de la libertad y el pluralismo político. Su robustez depende del buen funcionamiento de las instituciones que las componen y de su utilidad para la ciudadanía. Las instituciones tienen que ganarse día a día el respeto y la confianza, respetando las reglas de juego, funcionando de forma transparente y mostrando voluntad de cooperación y de alcanzar acuerdos entre todos los partidos políticos en ellas representados. En definitiva, la democracia se legitima por el cumplimiento de las normas, pero también por su utilidad para la resolución de los problemas de los ciudadanos y la mejora de sus condiciones de vida, cosa cada vez más difícil de lograr en esta fase de capitalismo global marcada por la desigualdad.

Las emociones y la confianza en los grupos de pertenencia (capital social bonding) forman parte de la naturaleza humana y son un elemento constitutivo de la identidad y la cohesión social. Por eso deben tenerse en cuenta y ser objeto de respeto y consideración. Pero una democracia no puede construirse sólo a partir de las emociones, sino también de la razón encarnada en las instituciones y en la voluntad de cooperar con los demás (capital social bridging).

Como ocurría con los espejos cóncavos del madrileño Callejón del Gato, la imagen que han visto los norteamericanos de su propia democracia el pasado 6-E, ha sido la de un esperpento valleinclanesco. Para el resto de las democracias es una lección de la que aprender. Es un aviso de lo que puede ocurrir si, por abandono de los objetivos de igualdad y cohesión social, se deja que los populismos impregnen la cultura política con actitudes frentistas y excluyentes, con sus líneas rojas, con sus constantes llamadas a las emociones y el corazón de los ciudadanos, enarbolando supremacismos trasnochados o falsos victimismos al amparo de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Una de las cosas que hemos comprobado durante el estado de alarma decretado por el gobierno para controlar la pandemia COVID-19 es la solvencia de nuestro sistema agroalimentario asegurando el abastecimiento de alimentos de la población. Es toda la cadena alimentaria en su conjunto (producción, trabajo agrícola, transporte, comercio minorista y mayorista, gran distribución…) la que ha superado la importante prueba de stress a que ha estado sometida en estos meses, desempeñando la empresa pública MERCASA un papel fundamental en todo ello.

Se ha demostrado algo que, en épocas de normalidad, se nos olvida. Me refiero a la importancia estratégica que tiene para la seguridad alimentaria de cualquier país disponer de un sector agroalimentario capaz de abastecer los mercados internos cuando se cierra el flujo de las importaciones.

En situaciones de mercados abiertos, el abastecimiento de alimentos se garantiza a través de los intercambios comerciales entre países. Nuestras tiendas de barrio y los supermercados están bien abastecidas de productos procedentes de todo el mundo. Son momentos en los que el consumidor no valora, o valora poco, si el origen del producto que compra es nacional o foráneo, ya que lo que le importa es la relación calidad/precio. Tampoco se interesa por los problemas del sector productor, tan alejado como está del mundo de los consumidores, un mundo mediado, salvo excepciones, por el pequeño comercio o por la gran distribución.

Sin embargo, en situaciones de excepcionalidad, como la del actual estado de alarma, la sociedad toma conciencia de la importancia de contar con un sector agroalimentario que funcione con eficacia. Ésta ha sido una de las enseñanzas de la pandemia del coronavirus, junto a la importancia de disponer de un eficiente sistema público de salud. Pero esa toma de conciencia no debe quedar sólo ahí, olvidando, cuando se vuelva a la normalidad, los problemas pendientes que tiene el sector agrario. Son problemas que se pusieron de manifiesto en las grandes movilizaciones de protesta que se extendieron por toda España en los últimos meses del año pasado y primeros de este 2020.

Una agenda de problemas pendientes

Entonces, los agricultores revindicaban precios justos, eliminación de la venta a pérdidas y control de las importaciones; protestaban por la subida arancelaria impuesta por la administración Trump a las exportaciones de aceite de oliva, y denunciaban el elevado coste de la energía y de los insumos agrícolas (fertilizantes y pesticidas). Protestaban por las exigencias cada vez más duras que les imponen los departamentos de medio ambiente, y se rebelaban contra el desprecio y escaso reconocimiento (agribashing) recibido por su actividad.

Pero la realidad es que esas reivindicaciones seguirán estando presentes cuando finalice el estado de alarma, y que volverán a ser planteadas por las organizaciones profesionales agrarias (OPAs). El problema es que esas demandas son de difícil solución, ya que se refieren a cuestiones que escapan al control del propio sector agrario, y al ámbito competencial del Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, en un mercado de libre competencia los precios no pueden ser fijados por las autoridades públicas; tampoco se puede fijar el coste de la energía, ni el precio de los insumos agrícolas o de los piensos para el ganado; la venta a pérdidas es un asunto a perseguir por la inspección de comercio y siempre que suponga competencia desleal. El tema de las importaciones de terceros países es un asunto incluido en los acuerdos bilaterales de la UE, y que tiene su contrapartida, permitiendo la exportación de los productos europeos a esos otros países, algo de lo que se beneficia una parte de la agricultura española de vocación exportadora.

En cuanto a las exigencias medioambientales, forman parte de los compromisos internacionales de la UE en la lucha contra el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero (Acuerdo de París). Además, todo esa “ola verde” está en sintonía con la creciente conciencia ambiental de la población europea en pro de una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Es una conciencia proambiental, que se refleja en el nuevo Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y, dentro del mismo, en las Estrategias sobre “Biodiversidad” y “De la granja a la mesa” (Farm to Fork) recientemente presentadas por la Comisión Europea.

Nuevos retos

En ese contexto de restricciones y condicionalidades, el sector agrario debe ser más eficiente y competitivo, reduciendo los costes de producción y mejorando su posición negociadora en los mercados si quiere dar un salto cualitativo y seguir teniendo un valor estratégico. Y para ello tiene por delante unos retos concretos y factibles, que pueden resumirse en los siguientes: digitalización, relevo generacional, eficiencia energética, interacción con los consumidores, vertebración profesional, e investigación y transferencia.

La diferencia con respecto a los problemas citados en el apartado anterior (los relativos al comercio, los precios y los mercados, muy condicionados por el contexto internacional y la libre competencia), es que el logro de estos otros retos que estamos comentado ahora no depende de factores externos, sino exclusivamente de la capacidad del sector agrario para afrontarlos y de los recursos financieros a los que pueda acceder.

Respecto a la digitalización, cabe señalar que, así como en los años 1950-1960 la electrificación rural fue uno de los grandes desafíos de los poderes públicos, es hoy un reto de similar envergadura que la banda ancha de las telecomunicaciones llegue a cualquier rincón de los territorios rurales. Y eso por tres motivos: i) por un derecho de ciudadanía (todo ciudadano, viva donde viva, tiene derecho a acceder a las nuevas fuentes de información); ii) para que los territorios rurales estén interconectados y puedan ser atractivos a la instalación de pequeñas empresas, neutralizándose así el problema de la despoblación“, y iii) para que la agricultura pueda afrontar el reto de la transición energética, utilizando las nuevas tecnologías para permitir a los agricultores ser más eficientes en la utilización de los recursos hídricos y los insumos.

Pero la digitalización, siendo necesaria, no es suficiente. Es preciso que haya agricultores dispuestos a utilizar las ventajas que les ofrecen las nuevas tecnologías digitales. Y ahí nos encontramos con el problema del envejecimiento de la población agraria española (el 60% de los titulares de explotaciones tienen más de 55%). Por eso, es urgente afrontar este problema impulsando el relevo generacional mediante la instalación de jóvenes agricultores con proyectos innovadores de desarrollo.

Respecto al tema del relevo generacional, cabe añadir que no es necesario sólo para asegurar la sucesión al frente de las explotaciones y afrontar el reto de la transición energética y la modernización (digital) dada la mejor formación de los jóvenes en la cultura de la digitalización, sino también por otros motivos. Son los jóvenes los que tienen más capacidad y actitudes para diseñar estrategias innovadoras en la relación con los consumidores (mercados de proximidad, tanto físicos, como virtuales; plataformas inspiradas en los principios de la agroecología…). Son también ellos los que pueden implicarse en proyectos novedosos de vertebración económica, impulsando nuevas formas de asociacionismo cooperativo e implicándose en fórmulas de vertebración interprofesional. Sin embargo, la magnitud y complejidad de los problemas de la agricultura del siglo XXI exige que los agricultores innovadores encuentren un sistema adecuado de investigación, transferencia, formación y asesoramiento (público/privado), que los informe, guíe, forme y asesore en el camino de la sostenibilidad, la digitalización y la transición energética.

La PAC en el horizonte

Pero para que puedan lograrse todos esos retos, es necesario que se avance en el escenario político de la negociación de la PAC post-2020, y, dentro de ella, en la elaboración de los “planes estratégicos nacionales”. No olvidemos que los temas agrarios están integrados en la política común europea PAC) y depende financieramente de sus fondos (FEAGA y FEADER).

Es éste un escenario incierto por dos razones: las restricciones presupuestarias ocasionadas por el Brexit, y las inversiones que tendrá que hacer la UE para la recuperación de la economía europea después de la pandemia COVID-19. Difícilmente se podrán abordar los retos agrarios antes mencionados si la PAC no dispone de recursos suficientes para financiarlos (al menos similares a los de la programación que ahora termina).

Por eso es necesario disponer de una PAC 2021-2027 bien dotada financieramente, tanto para mantener la posición competitiva de la agricultura europea, como para que el sector agrario siga teniendo el valor estratégico que ha demostrado en estos meses de estado de alarma. La agricultura no sólo es importante para la seguridad alimentaria, sino también para el desarrollo de los territorios rurales.

El coronavirus se extiende como una pandemia por todo el planeta. Los gobiernos decretan el cierre de fronteras, la suspensión de los intercambios comerciales, el cierre total o parcial de fábricas y comercios, y el confinamiento obligado de las poblaciones en sus casas. Son decisiones que socavan los pilares básicos del proceso de globalización. Por ahora, son medidas temporales, pero hay tal incertidumbre sobre la fuerza expansiva del virus, que nadie se atreve a pronosticar cuánto durará el periodo de excepcionalidad.

En ese contexto, se están cuestionando muchas cosas del actual orden social y económico, sin afectar todavía al orden político, a la espera de los resultados de la gestión de la crisis sanitaria por parte de los gobiernos. Algunos analistas hablan incluso de si estamos en la antesala de la desglobalización o al menos de una globalización más controlada que la de ahora. Es un debate interesante y complejo, con muchas aristas y sobre el que merece la pena aportar algunas reflexiones, tanto sobre sus efectos en el proceso globalizador, como sobre la capacidad de los sistemas de salud para hacer frente a situaciones de emergencia.

Una globalización económica cuestionada

Es un hecho que la globalización económica favorece los intercambios comerciales de bienes y servicios, así como la libre circulación de bienes y personas a escala planetaria. También lo es que, en ese contexto de sociedades abiertas, se propagan enfermedades a través de los intercambios de insumos agrícolas y ganaderos y de productos alimentarios, causando daños de mayor o menor virulencia. La enfermedad de las vacas locas (EEB), la gripe aviar o la gripe porcina fueron casos de epidemias zoonóticas, al transmitirse a los seres humanos a través de los animales, al igual que el coronavirus de ahora.

Son epidemias que cuestionan el actual modelo de desarrollo, basado en la explotación sin límites de los recursos naturales, en la utilización de la biotecnología para el logro de los máximos rendimientos productivos y en la búsqueda desaforada del beneficio, sin parar mientes en sus efectos sobre el medioambiente y el cambio climático. Además, se atribuye a la apertura total de los mercados y la consiguiente relajación de los controles sanitarios, una parte causal muy importante de la propagación de las enfermedades víricas.

En el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus aumenta, por tanto, la crítica del proceso de globalización, y ahora no sólo desde las filas del populismo de diverso signo, sino también desde círculos políticos más amplios al comprobarse que sus efectos no son tan beneficiosos como se creía. Además, en cada país se ponen en valor las producciones nacionales, especialmente la agricultura, como garantía del abastecimiento alimentario.

El protagonismo de los Estados-nación

Es indudable el destacado papel de los gobiernos nacionales en la lucha contra la pandemia, algunos de ellos con bastante eficacia (caso de China o Corea del Sur). Tal protagonismo refuta la tesis tan aceptada de que sólo una gobernanza supranacional puede hacer frente a problemas globales, como es el caso de las pandemias. Es un hecho que son los Estados-nación y no los grandes organismos internacionales los que están asumiendo el liderazgo ante sus correspondientes poblaciones.

El caso de la UE es paradigmático, sin una estrategia coordinada desde Bruselas para afrontar la crisis sanitaria, y en la que cada Estado se está enfrentando a ella por separado, en un sálvese quien pueda. La incapacidad de los países de la UE para ni siquiera comparar los resultados del contagio por coronavirus debido a que utilizan diferentes criterios de medición, es sintomático de todo esto. Sólo en la dimensión económica de la emergencia sanitaria es donde el Banco Central Europeo está adoptando medidas razonables para mitigar los previsibles efectos de la pandemia en la economía europea.

Las limitaciones de los sistemas de salud

Con motivo del coronavirus, los sistemas de salud están siendo sometidos a una prueba de stress. Al sector sanitario se le elogia de manera enardecida por su encomiable dedicación, pero al mismo tiempo se denuncian sus carencias en personal, UCI y camas hospitalarias. Es innegable que los sistemas públicos de salud están siendo desbordados por la situación de excepcionalidad que representa la expansión del coronavirus. Se polemiza, al menos en España, sobre si esas carencias son debidas a los recortes previos realizados en la sanidad pública por los gobiernos de derecha o si se deben a la incapacidad de los gobiernos de izquierda para movilizar los recursos disponibles en el sistema público de salud.

Plantear así el debate es, en mi opinión, quedarse en la superficie del problema, circunscribiéndolo a sus aspectos coyunturales. Es necesario plantear el debate en los siguientes términos: ¿se diseñan los sistemas públicos de salud calculando las necesidades previstas en situaciones de excepcionalidad o de normalidad? ¿están los sistemas públicos de salud capacitados para hacer frente por sí mismos a las emergencias sanitarias que surgen en situaciones de excepcionalidad?

Es un hecho que, en los países de nuestro entorno, los sistemas públicos de salud son diseñados para que puedan atender las necesidades que se generan en estados de normalidad. Y esto es así porque si se tomaran como referencia las situaciones de excepción (guerras, pandemias, desastres naturales, emergencias climáticas…), muchos de los ingentes recursos con los que se les tendría que dotar, estarían sin utilizar en las más habituales situaciones de normalidad.

No tiene sentido, por tanto, polemizar sobre la capacidad de los sistemas públicos de salud para atender por si mismos situaciones de excepcionalidad como la del coronavirus, ya que está claro que sus recursos son limitados. La cuestión clave es si el Estado tiene o no capacidad para reaccionar en circunstancias excepcionales y movilizar los recursos necesarios para complementar los disponibles en los sistemas de salud, tanto en el sector público, como en el privado.

Lo importante es que los Estados dispongan de sistemas flexibles de gobernanza que les permitan aumentar los recursos siempre limitados de sus sistemas de salud, mediante eficaces protocolos de emergencia cuando la situación de emergencia sanitaria lo requiera. Como se está viendo, en estas situaciones es fundamental la coordinación entre los departamentos ministeriales (sanidad, transportes, defensa, interior, agricultura…).

En definitiva, la pandemia del coronavirus puede verse como un subproducto de la globalización, que paradójicamente está contribuyendo a que los Estados-nación pongan freno, al menos temporalmente, al proceso globalizador y recuperen el protagonismo que habían perdido como instituciones de regulación. No obstante, al ponerse al frente de la lucha contra la pandemia, los gobiernos nacionales asumen un elevado riesgo, ya que serán juzgados por su capacidad para movilizar recursos adicionales que complementen los sistemas públicos de salud, y por los resultados que tengan las medidas adoptadas.

A falta de un mes del 10-N, la incertidumbre marca la convocatoria electoral. Habrá que esperar un par de semanas a que las encuestas ofrezcan datos más fiables, estimando dos elementos importantes: el nivel de abstención y el efecto de la irrupción de “Mas País” (el partido creado por Errejón). A día de hoy, los escenarios postelectorales son, por tanto, imprevisibles, y todas las combinaciones son posibles.

De toda esa variedad de escenarios, cabe mencionar tres de ellos, aunque con diferente grado de probabilidad: i) que se mantengan las cosas como ahora, con una ligera diferencia de escaños en favor del bloque de la izquierda (donde el PSOE continúe como partido hegemónico), pero insuficiente para armar una mayoría parlamentaria; ii) que sea el bloque de la derecha (con hegemonía del PP) el que supere en escaños al de la izquierda, pero que tampoco alcance la mayoría suficiente para formar gobierno; y iii) que uno de esos dos bloques supere de forma clara al otro y tenga el número suficiente de escaños para gobernar con cierta estabilidad.

Dado que el tercer escenario, el menos probable, conduce sin dificultad a la formación de un gobierno (de izquierda o de derecha), analizaré los otros dos, que son más complejos en cuanto a la gobernabilidad.

Respecto al primer escenario (un reparto de escaños entre bloques similar al de las pasadas elecciones), muchos analistas opinan que nos adentraremos de nuevo en un difícil proceso de negociación en el bloque de la izquierda, esta vez con la presencia del nuevo partido “Más País” de Errejón, que puede o no facilitar el acuerdo de gobernabilidad. A ello habría que añadir la complejidad de apoyarse en los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Sólo una abstención de PP y Cs podría romper un nuevo bloqueo, lo cual parece ahora menos improbable a la vista de los cambios de estrategia que se están produciendo en la dirección de ambos partidos. Pero en todo caso daría lugar a un gobierno de gran inestabilidad.

Respecto al segundo escenario, una victoria de la derecha (PP, Cs y Vox), pero sin mayoría suficiente también conduciría a una situación de bloqueo, igual o incluso más difícil de solventar que la anterior, dado que habrá más dificultad para obtener el apoyo del PNV y la abstención del PSOE ante la presencia de Vox en la combinación. También en este caso, sería una situación inestable para afrontar la legislatura.

¿Una gran coalición?

En esta situación, algunos analistas contemplan otra posibilidad ante la difícil coyuntura económica de la próxima legislatura (Brexit, desaceleración, guerra comercial EE.UU.-China, aranceles…) y la no menos difícil coyuntura política (con el “procés” como tema central). Opinan que es el momento de ensayar por primera vez en España una “gran coalición” entre PSOE y PP (una “coalición incómoda” la han llamado Rajoy y Felipe González en el Foro Atlántico de A Toxa). El orden variaría según cual fuere el partido con más escaños después del 10-N.

De las experiencias de “grandes coaliciones” cabe deducir dos condiciones para su éxito: que los partidos coaligados no estén sumidos en crisis internas, y que sumen en torno a dos tercios de la representación parlamentaria.

En el caso español, la propuesta que hizo Rajoy en 2016 al PSOE de formar una “gran coalición” no era viable, porque no reunía ninguna de esas dos condiciones. Tanto el PP como el PSOE pasaban entonces por profundas crisis internas después de haber perdido muchos votos en beneficio de los partidos emergentes Cs y Pdms. Además, la suma de escaños estaba por debajo de los dos tercios de la representación política. Ello hubiera dejado la oposición parlamentaria en manos de vigorosos partidos en ascenso (Cs y Pdms) con capacidad suficiente para interferir la acción de gobierno e incluso, en el caso de Pdms, con una fuerte capacidad de movilización en la calle.

Después del 10-N, algunos analistas se atreven a pronosticar que nos podemos encontrar con un panorama cercano al recomendable para las “grandes coaliciones”: un PSOE internamente cohesionado; un PP recuperado y de nuevo liderando con holgura la derecha española; una representación conjunta de ambos partidos sobre los dos tercios en el Congreso de los Diputados (233 escaños); unos partidos (Cs y U-Pdms) debilitados y en descenso a ambos lados de la gran coalición. Y todo ello con el incentivo de tener que afrontar una legislatura complicada en términos económicos y políticos.

Son escenarios menos inverosímiles de lo que lo eran hace cuatro años o sólo tres meses. ¿Habrá gobierno de coalición o cooperación de Pedro Sánchez si gana el bloque de la izquierda después del 10-N? ¿Gobernará la derecha reeditando los acuerdos entre PP, Cs y Vox, ya vigentes en algunos grandes ayuntamientos y algunas Comunidades Autónomas? Y lo que sería la auténtica novedad, ¿habrá por primera vez un gobierno de “gran coalición” entre PSOE y PP?

Todo está abierto, y todo puede ocurrir. Nada está escrito de antemano, y ésa es la grandeza de la democracia.

¿Quién no tiene un familiar o un amigo que esté trabajando o buscando empleo en algún país de la UE? Es algo habitual, como lo prueba el hecho de que haya casi un millón de jóvenes españoles fuera de nuestro país, muchos de ellos en países europeos.

Por lo general, cuando sale este tema en las conversaciones o tertulias radiofónicas, suele acompañarse del lamento por la pérdida que supone para España la salida de nuestros jóvenes mejor preparados. Se habla de fuga de talentos, de inversión desaprovechada, de la falta de oportunidades que se les ofrece en nuestro país. Al final se mezcla todo, y se acaba afirmando un plan de retorno para recuperar a todos los que se han ido en los años peores de la crisis económica.

Pero si analizamos las cosas con algo de sosiego el punto de mirada puede que sea diferente. Hagamos algunas reflexiones sobre este asunto.

a) Los jóvenes españoles que están hoy trabajando en países de la UE son por lo general jóvenes bien preparados y con formación superior. Tras superar las dificultades típicas del periodo de adaptación, han encontrado un puesto de trabajo en sectores de su formación o afines a ella. Sus decisiones las tomaron libremente, si bien impulsados por la necesidad ante la falta de oportunidades para desarrollar sus proyectos profesionales en nuestro país. Sin embargo, nadie los obligó a marcharse de España. Ha habido de hecho otros jóvenes que, valorando otras cosas, decidieron quedarse en nuestro país. Otros incluso han retornado después de hacer una valoración coste/beneficio de su experiencia.

b) En la experiencia de nuestros jóvenes en Europa hay, sin duda, historias duras, no exentas de fracasos, pero también hay historias de éxito en las que se ha demostrado el valor de la formación recibida y la capacidad de los jóvenes españoles para adaptarse a un mercado de trabajo tan competitivo como el europeo. Hoy muchos de nuestros jóvenes desarrollan sus carreras profesionales en áreas como la salud (medicina y enfermería), donde son muy valorados, en áreas técnico/científicas (telecomunicaciones, informática, ciencias ambientales) o en el sector financiero, trabajando en grandes multinacionales de la categoría de Amazon, Facebook, Google y Airbus, o en la banca internacional.

c) Esta diáspora de nuestros jóvenes por Europa es calificada desde algunos círculos de opinión como nueva ola migratoria, hasta el punto de que, en los programas electorales de los partidos políticos de cara a las elecciones del 28-A, se propongan planes de retorno para recuperarlos.

d) Cabe preguntarse, no obstante, si tiene sentido considerar emigrantes a los jóvenes que trabajan hoy en los países europeos comunitarios. Mi respuesta es no, ya que están trabajando en una UE de la que España y los españoles forman parte. Sería como considerar inmigrante a un joven de Nantes, Hamburgo o Larissa que trabaja en una ciudad española. La realidad de la Europa de hoy no es la del blanco y negro de los años 1960, cuando muchos españoles marcharon, entonces sí como emigrantes, a países de una recién creada CEE de la que España no había sido miembro fundacional.

e) La realidad actual es la de una UE de la que España es un estado miembro. Por tanto, es todo el territorio europeo el que se le abre a nuestros jóvenes como oportunidad de empleo y desarrollo personal. Los jóvenes españoles tienen hoy ante sí un horizonte mucho más amplio que el que representa España para desarrollar sus capacidades. Para aprovecharlo, se necesita tener una buena actitud y estar bien cualificado.

f) Es bueno recordar en este debate el significado del Programa Erasmus de movilidad de los estudiantes europeos. Este programa, premiado con el Premio Príncipe de Asturias 2004, ha permitido el intercambio de estudiantes entre los distintos países de la UE, y muchos de los jóvenes que están hoy fuera de España pasaron por la experiencia del programa Erasmus cuando fueron estudiantes universitarios, teniendo la oportunidad de ampliar sus relaciones más allá de sus reducidos círculos familiares y/o locales. La consecuencia lógica del Programa Erasmus es que los jóvenes europeos, una vez finalizados sus estudios universitarios, vean en la UE un horizonte de oportunidades donde desarrollar sus proyectos profesionales. Y los españoles no son una excepción.

Por eso, no se debe tratar como un problema la situación de los jóvenes españoles que están hoy en Europa desarrollando sus proyectos profesionales. En ese contexto no tiene sentido hablar de planes de retorno. Tendría más sentido ver a estos jóvenes como nuestro mejor capital relacional, como el mejor puente de conexión de España con el resto de Europa, y como vía por la que lleguen a nuestra tierra jóvenes de otros países de la UE buscando oportunidades para desarrollar sus carreras profesionales. Es así como se hace Europa, y bueno es recordarlo ahora que estamos ante un nuevo proceso electoral en la UE.

Es un hecho evidente la mejora de las comunicaciones viarias y de los equipamientos, así como la extensión de la red de servicios básicos (educación, salud,...) por todo el territorio español. Asimismo, es también evidente la creciente interacción rural-urbana que ha acompañado al fuerte proceso de cambio ocurrido en nuestro país en los últimos cincuenta años.

Todo ello ha dado lugar a una mayor convergencia entre el medio rural y el medio urbano, hasta el punto de que, en muchas zonas, no es posible distinguirlos. Es verdad que aún existen zonas con problemas de infraestructuras, así como con escasas dotaciones en equipamientos y con dificultades para acceder a los servicios básicos, pero la realidad es que pueden ser identificadas y registradas como casos que se alejan de la tendencia general de mejora generalizada del medio rural, y que, precisamente por eso, llaman más la atención.

Nuevos discursos sobre el mundo rural

Los cambios y mejoras experimentados por el mundo rural han tenido sus efectos en el ámbito de las ideas y los discursos, dejando obsoleto el tradicional discurso ruralista que mostraba el contraste entre una España rural (símbolo del atraso, la pobreza y el aislamiento) y una España urbana (símbolo de la modernidad y el dinamismo cultural), discurso que dominó la escena política y cultural española durante gran parte del pasado siglo XX.

En ese contexto de cambios, están surgiendo desde hace varias décadas nuevos discursos sobre el mundo rural, que enfatizan su singularidad, si bien desde puntos de vista diferentes. Unos son discursos construidos “desde dentro” de la sociedad rural, mostrando las dificultades de vivir en el campo y en los pequeños núcleos rurales, pero mostrando con orgullo el hecho de resistir y mantener vivos los pueblos mediante proyectos de desarrollo local definidos desde abajo (discurso del “orgullo rural”). Otros, por el contrario, son discursos definidos “desde fuera”, generalmente por la población urbana, bien en forma de denuncia por el abandono de los pueblos (discurso de la “España vacía”) o bien apelando a las bondades de la vida rural (discurso del “idilio rural”).

El discurso del “orgullo rural”

Este discurso, protagonizado por la propia población rural, apela con orgullo al valor de la vida en los pequeños pueblos, mostrando la importancia de lo local y del territorio como símbolo de calidad diferenciada, promoviendo relaciones directas entre agricultores y consumidores y reivindicando un lugar digno en el conjunto de la ciudadanía.

Movimientos como el de “Orgullo Rural”, protagonizado por el sindicato agrario UPA, es un ejemplo de esto, al igual que las campañas organizadas por la organización FADEMUR en pro de la visibilidad del trabajo de las mujeres rurales. La plataforma ARCO (Agricultura de Responsabilidad Compartida) promovida por COAG para impulsar la interacción rural/urbana mediante circuitos cortos de comercialización, es otro buen ejemplo, al igual que los amplios programas de movilización y sensibilización social organizados por Vía Campesina o por el CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional).

El discurso de la “España vacía”

Entre los discursos construidos “desde fuera” del mundo rural, destaca el que denuncia el abandono que sufren algunos territorios y que se expresa en forma de lamento por un mundo rural desaparecido o en trance de desaparición, visto como víctima de la indolencia y el desinterés de los poderes públicos. Esta lectura del nuevo ruralismo va de la mano de algunos trabajos periodísticos (como el de Sergio del Molino con su libro “La España vacía”), así como de reportajes televisivos (como el titulado “Tierra de nadie” del programa “Salvados” de Jordi Evole) o de algunas obras literarias (como las novelas de Julio Llamazares, la de Francisco Cerdá “Los últimos” o la de López Andrada, “El viento derruido”), que están teniendo un impacto cada vez más fuerte en los medios de comunicación.

Este discurso del vacío y la desolación del mundo rural español encuentra fácil eco en una población urbana que, en su gran mayoría, salió hace décadas de sus pueblos rurales de origen y que vuelve en ciertas épocas del año a sus lugares de nacimiento o a las casas de sus ancestros (es el “turismo paisano”, término acuñado por el sociólogo extremeño J.A. Pérez Rubio para denominar este fenómeno social y cultural, y de fuerte impacto económico local).

El discurso del “idilio rural”

La otra lectura del discurso ruralista construido “desde fuera”, y que he denominado del “idilio rural” (término acuñado hace años por los investigadores K. Hoggart y H. Buller), apela a las bondades del medio rural (sosiego, calma, paisaje, patrimonio cultural, estilo de vida slow-slow, interacción social, autenticidad, cercanía entre vecinos,…), y sobre ellas construye un escenario con el que se pretende seducir a la población urbana a vivir de forma permanente en los pequeños pueblos.

En el marco de esa lectura idílica del medio rural, se enfatiza la importancia de la instalación de nuevos pobladores como vía para neutralizar la tendencia a la despoblación de nuestros pequeños pueblos y comarcas, y se resaltan los casos de profesionales, intelectuales, artistas,… o de personas ya jubiladas, que, procedentes del medio urbano, deciden irse a vivir a las áreas rurales, rehabilitando casas abandonadas y dinamizando la vida en esos territorios. Son, ciertamente, casos dignos de ser destacados por su excepcionalidad, y por ello han sido objeto de interesantes estudios (como el de M.J. Rivera publicado en 2008 con el título “La ciudad no era mi lugar”).

La despoblación rural entra en la agenda política

Desde hace unos años, el problema de la despoblación rural, enmarcado en el más amplio del declive demográfico, ha entrado también en la agenda política, y con un amplio consenso entre todos los partidos. De hecho, el Alto Comisionado para el Reto Demográfico, creado por el gobierno Rajoy, ha sido ratificado recientemente por Pedro Sánchez poniendo al frente del mismo a la diputada socialista Isaura Leal.

Ese interés político por el problema de la despoblación rural viene avalado por estudios demográficos solventes que han medido su magnitud y mostrado el abandono que sufren los pequeños núcleos rurales y el envejecimiento de la población que reside en ellos. Ya, en 2007, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) identificaba 105 comarcas “a revitalizar” por tener serios problemas reales de despoblación, y otras 84 comarcas calificadas de “intermedias” por estar en evidente riesgo de abandono. Asimismo, el informe de la FEMP de 2016, situaba en 4.000 el número de municipios en peligro de extinción a corto y medio plazo, lo que significa casi la mitad del total de municipios españoles.

Asimismo, proliferan artículos en los medios de comunicación y se organizan jornadas sobre este tema, así como comparecencias de los responsables políticos reclamando atención al problema del abandono de los pequeños pueblos, como la de hace unas semanas de los presidentes de varias CC.AA. (Asturias, Galicia, La Rioja, Aragón, Castilla y León, y Castilla-La Mancha). El propio Ministro de Agricultura, Luis Planas, en el acto de presentación del Informe del Consejo Económico y Social sobre la despoblación rural en España, señalaba que este problema debe ser tratado como una cuestión de Estado y que exigiría una estrategia de medio y largo plazo.

El de la despoblación rural es, por tanto, un tema que interesa y que preocupa, lo que es un primer paso para poder actuar intentando aportar algunas solucione, siempre que tengamos en cuenta algunas evidencias y admitamos algunas dudas y certezas.

Algunas dudas y certezas en el diagnóstico y tratamiento

Respecto al diagnóstico, se reconoce que el medio rural español es de una gran diversidad territorial, con su consecuente diversidad social y económica, lo que hace que el problema de la despoblación se manifieste de forma muy diversa en las distintas regiones y territorios.

El estudio de Fernando Molinero (Universidad de Valladolid), publicado el pasado año 2017 en el Anuario de la Fundación de Estudios Rurales con el título “La España profunda”, divide los espacios rurales españoles en cuatro categorías: i) “rural profundo” (menos de 5 hab/km2); ii) “rural estancado” (entre 5 y 15 hab./km2); iii) “rural intermedio” (entre 15 y 25 hab./km2), y iv) “rural dinámico” (entre 25 y 50 hab./km2). Las dos primeras categorías, que agrupan a la mayor parte del territorio rural español (328.845 km2), corresponderían a municipios rurales regresivos, ya sea estancados o en claro retroceso, y es en estos dos tipos de espacios rurales donde puede situarse el problema del abandono y riesgo elevado de despoblación, al tener poblaciones envejecidas y en regresión. Los otros dos espacios rurales (intermedios y dinámicos) son considerados viables, aunque necesitados de intervenciones para que no caigan en el estancamiento.

Dada la evidente diversidad del medio rural español, no es lo mismo hablar del problema de la despoblación en regiones donde existe una densidad demográfica por debajo de 15 hab./km2, como es el caso de Aragón, Asturias, Castilla y León o las comarcas septentrionales de Extremadura y Castilla-La Mancha, que hacerlo en regiones como Andalucía donde existe una estructura de medianos y grandes municipios con poblaciones superiores a los 15.000 habitantes. No es que el problema del declive demográfico no afecte a estas otras regiones más pobladas, sino que se manifiesta de distinta forma y, por tanto, exige un tratamiento diferente.

También se admite la dificultad de mantener viable una estructura de más de 8.000 municipios que proviene de la Edad Media, y que apenas ha sufrido cambios desde entonces, lo que plantea la necesidad de o bien reducirla favoreciendo la concentración municipal o bien abordar el problema desde la escala comarcal, buscando sinergias y economías de escala en materia de servicios y equipamientos y apostando por modelos flexibles de poblamiento.

Asimismo, se considera necesario distinguir entre “despoblación” y “abandono”. Puede haber comarcas en declive demográfico, pero en las que sus campos están bien cultivados, sus bosques cuidados y sus pequeños pueblos limpios, aseados y bien atendidos. Son comarcas “despobladas”, pero no “abandonadas”. Mas también puede haber comarcas que no pierden población, sino que incluso la incrementan, pero que tienen mal cultivadas sus tierras y mal cuidados sus espacios naturales, estando mal atendidos sus núcleos rurales del interior al concentrarse los servicios en las cabeceras de comarca y no existir un sistema en red para que lleguen al conjunto del territorio. Son éstas, comarcas “no despobladas”, pero sí “abandonadas”.

Sin duda que la inversión en infraestructuras y equipamientos y la extensión de los servicios básicos al conjunto del territorio rural es positiva para la calidad de vida en el medio rural. Sin embargo, no parece que eso haya contribuido a frenar la despoblación, ya que, a pesar de las inversiones que se han hecho en el medio rural desde la entrada de España en la UE gracias a los fondos estructurales, muchas áreas rurales siguen perdiendo población. Incluso la creación de empleo en el medio rural (sea en la industria, en la agricultura o en los servicios públicos de salud o educación), no evita ese problema, ya que muchas de las personas que ocupan esos empleos no residen en los pueblos donde trabajan.

El irresistible proceso de concentración urbana

El problema de fondo de todo este complejo asunto radica en el atractivo que sigue teniendo la vida en los núcleos urbanos, atractivo que siempre ha existido, pero que se acentúa con el actual modelo de desarrollo económico basado en la producción y el consumo, y con el sistema de valores asociados al mismo.

No es banal que sean más las personas que, a nivel mundial, viven ya en el medio urbano que las que residen en el medio rural, porcentaje que en el caso español es abrumador en favor de la vida en los núcleos urbanos (más del 80% de la población española vive ya en municipios de más de 30.000 habitantes). Invertir esa tendencia es una tarea hercúlea, ya que el problema del declive demográfico forma parte de un proceso más amplio de cambios culturales, sociales y económicos que difícilmente las políticas pueden detener, aunque sí tratar de paliar sus efectos mediante programas que eviten el deterioro de la calidad de vida de las personas que, en uso de su libertad de elegir, deciden vivir en pequeños núcleos rurales.

Por todo ello, la estrategia para afrontar el reto demográfico tiene que plantearse como algo más que el problema de la despoblación rural, y debe ser afrontado como una cuestión de Estado, pero no sólo porque afecta a amplias áreas de nuestros territorios, sino porque la disminución de la tasa de natalidad y el creciente envejecimiento de la población española es un problema que, si no se aborda, tiene implicaciones en la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar.

Debe ser, por ello, una estrategia integral y transversal de medio y largo plazo, y dirigida al conjunto de la sociedad española, ya que el problema no sólo afecta al medio rural; debe ser, además, una estrategia en la que se impliquen todos los departamentos ministeriales (educación, sanidad, cultura, fomento, agricultura, economía y hacienda,…) y todas las administraciones (europea, central, autonómica y local).

Pero tiene que ser también, en el caso concreto de la despoblación rural, una estrategia diferenciada y flexible adaptada a las características de cada comarca (agrícolas, ganaderas, forestales, periurbanas,…) y en la que se combinen políticas a nivel macro y a nivel micro. Debe ser, además, una estrategia que ponga en marcha sistemas eficaces de gobernanza territorial para impulsar dinámicas de concertación en el medio rural y de participación de las poblaciones locales en la definición de sus programas de desarrollo.

Las diputaciones provinciales han saltado a la actualidad política de nuestro país al haberse incluido, de forma precipitada, su disolución en el pacto PSOE-Cs, provocando un fuerte rechazo tanto en las filas socialistas, como en las filas del PP. Dada la magnitud económica y la extensión territorial de estas instituciones, quizá habría sido necesario algo más de debate ante de hacer una propuesta de ese calado.

Es una realidad que estas instituciones bicentenarias gozan de mala fama al haber sido objeto de utilización política por todos los partidos desde el comienzo de la transición democrática. En vez de suprimirlas entonces, como muchos proponían, las cúpulas dirigentes decidieron mantenerlas como entidades intermedias entre el nivel autonómico y el nivel municipal quedando así enquistadas en la nueva arquitectura institucional sancionada por la Constitución de 1978.

Pero también es una realidad que la población tiene escaso conocimiento sobre el papel que realmente desempeñan las diputaciones en la política local al mezclarse e incluso solaparse algunas de sus funciones con las de los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Esto hace que una gran mayoría de los ciudadanos las valore negativamente y las vean como agencias de colocación de los dirigentes de los partidos políticos para contratar a su antojo a los asesores que quieran, y para cobrar enjundiosos salarios. Eso es parte de la realidad, pero no toda la realidad de las diputaciones. En este breve texto procuraré informar sobre lo que son las diputaciones y dar alguna opinión sobre la actual propuesta de disolverlas.

Instituciones bicentenarias y diversas

Lo primero que hay que señalar es que las diputaciones son instituciones con más de 200 años de historia, ya que su creación se remonta a la Constitución de 1812, cuando se organizó el Estado sobre bases territoriales de ámbito provincial, siguiendo el modelo francés. Desde entonces, y tras haber pasado por diferentes regímenes políticos, se han ido consolidando como entidades públicas encargadas de gestionar determinadas funciones relacionadas con las provincias, si bien variando en competencias y modelos de organización según los diversos territorios. Ello ha dado lugar a tres tipos de entidades políticas de ámbito provincial: las “diputaciones provinciales” (DP), las “diputaciones forales” (DF) y los “cabildos” y “consejos insulares”.

Las más extendidas son las “diputaciones provinciales” (DP), que en número de 38 están distribuidas en diez CC.AA. (Andalucía, las dos Castillas, Cataluña, Valencia, Galicia, Aragón y Extremadura). En las autonomías uniprovinciales (Rioja, Murcia, Cantabria, Madrid y Asturias) sus antiguas diputaciones provinciales fueron subsumidas por las instituciones de las Comunidades Autonómas cuando se puso en marcha el Estado de las Autonomías. La principal función de las “diputaciones provinciales” (DP) es colaborar con los ayuntamientos en la gestión municipal, teniendo bastante limitadas sus competencias fuera de ese ámbito de gestión. Respecto a su organización política, en cada DP hay un Presidente, una Junta de Gobierno y un Pleno. La elección de los miembros del Pleno es por vía indirecta entre los concejales de los ayuntamientos de la provincia, y su número oscila entre 51 y 25 según el tamaño de la población residente en ese ámbito territorial. La elección se hace agrupando en circunscripciones (coincidentes con los “partidos judiciales”) a los concejales elegidos en las elecciones municipales. A cada circunscripción le corresponde un determinado número de diputados según su población, y es el Pleno el que elige al Presidente de la DP.

El segundo tipo es el formado por las “diputaciones forales”, que en número de cuatro existen en las tres provincias del País Vasco y en la uniprovincial de Navarra (donde la diputación foral coincide con las instituciones del gobierno autonómico, conservando en la comunidad navarra su histórica denominación, algo que no ocurre con las demás comunidades uniprovinciales). Los miembros del Pleno de las DF se eligen por sufragio directo, y tienen competencias mucho más amplias que las diputaciones provinciales (incluyendo la de recaudación fiscal).

El tercer tipo de entidades provinciales está formado por los 7 “cabildos” de Canarias y los 4 “consejos insulares” de Baleares, que tienen también un amplio conjunto de competencias en materia de gestión del correspondiente territorio insular y sus miembros son también elegidos por sufragio directo.

Desde el punto de vista constitucional, la protección jurídica de estos tres tipos de entidades provinciales varía de unos a otros. Así, mientras que las DF y los “cabildos” y “consejos insultares” gozan de una elevada protección, no ocurre lo mismo con las DP. En el caso de las 38 DP, el art. 141 de la Constitución sólo establece que “el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo”. Ello abre la puerta a que, sin reformar la Constitución, se puedan disolver las DP y pasar sus tareas de gestión a otro tipo de entidades corporativas (como consejos de alcaldes o algo parecido). Por el contrario, para disolver las forales y los cabildos y consejos insulares, sería necesaria una reforma constitucional. Esta ha sido, entre otras, una de las razones por las que sólo se ha incluido la disolución de las DP en el pacto PSOE-Cs.

Aspectos económicos de las Diputaciones Provinciales

Centrándonos sólo en las “diputaciones provinciales”, que son las que están siendo objeto de debate político en estos días, cabe señalar, en cuanto a su coste y financiación, que las 38 DP disponen de un presupuesto anual de 6.400 millones de euros para 2016 (algo menos del 0,7% de nuestro PIB), y que la media del gasto de cada DP es de 130 millones de euros al año. No obstante, hay una gran heterogeneidad entre ellas en cuanto a su coste: por ejemplo, la de Barcelona, que es la más grande, tiene un presupuesto de gasto de 820 millones para el año 2016, seguida de la de Valencia (449 millones) y Sevilla (437 millones). Las que menos gastan son las de Segovia (53 millones) y la de Soria (48 millones). En lo que se refiere al personal que trabaja en ellas, asciende a algo más de 60.000 personas (un 45% funcionarios y un 55% contratados), siendo muy variables de unas a otras. Ese personal representa algo más del 2,4% del total de funcionarios existente en todas las administraciones públicas en España (que como se sabe está en torno a las 2,5 millones personas).

Respecto a la financiación de las DP, procede en un 70% de su participación en los tributos recaudados por el Estado (sobre la base de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las CC.AA.), y el 30% restante proviene de los ingresos por los servicios que prestan a los ayuntamientos, y del Fondo Complementario de Compensación. Los ingresos que reciben por la participación en los tributos estatales están regulados por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo) y proceden de tres fuentes: el 0,9936% de la cuota líquida del IRPF; el 1,0538% de la recaudación líquida por el IVA imputable a cada provincia o ente asimilado, y el 1,2044% de la recaudación líquida imputable a cada provincia o ente asimilado por algunos Impuestos Especiales que recaen sobre determinados productos (cerveza, vino y bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos y labores del tabaco).

Aunque con menos competencias que las DF o los “cabildos” y “consejos insulares”, las DP desempeñan importantes funciones en la prestación de diversos servicios a los municipios que por su pequeño tamaño no tienen capacidad para ofrecerlos por sí solos. Servicios de saneamiento, agua, recogida de residuos, asistencia social, educación, extinción de incendios, arreglo de caminos,… forman parte de las funciones que ejercen las diputaciones. Algunas de esas funciones son residuos de su larga historia y se solapan con las que desempeñan los gobiernos autonómicos en las provincias (como los centros educativos o de servicios sociales, y las fincas experimentales que aún gestionan algunas DP), pero otras funciones ocupan un espacio de prestación de servicios que, hoy por hoy, no es cumplimentado por otras instituciones.

Como es obvio, unas DP prestan esos servicios con más eficiencia y son mejor gestionadas que otras, pero lo que es indudable es que muchas de esas funciones son necesarias y que si no existieran las diputaciones provinciales tendrían que ser desempeñadas por entidades de naturaleza intermedia similar. Quizá podrían ser desempeñadas por los gobiernos autonómicos en CC.AA. de reducida extensión, pero en las de grandes extensiones y gran número de municipios sería lógico que hubiera algunas entidades intermedias encargadas de esas funciones (bien de ámbito comarcal, como ya ocurre con las mancomunidades de municipios, o de ámbito provincial). Si hoy se tuviera que decidir sobre la constitución de las DP tal como las conocemos, lo más probable es que no se crearían, pero la realidad es que ya existen, disponen de personal técnico y administrativo y la mayor parte de los servicios que prestan son necesarios. Por ello, más que eliminarlas, lo que hay que procurar es introducir reformas que mejoren su funcionamiento.

Su reforma: menos coste político y económico

Mientras que no se reforme la Constitución, el nivel provincial está reconocido como parte de la estructura territorial del Estado, por lo que tendrán que seguir existiendo entidades públicas si no idénticas, sí de características similares a las DP. Su disolución es una propuesta legítima, pero también lo es su reforma, opción que me parece más razonable y la que menos coste político y económico tendría.

En el sentido de la reforma, lo primero que habría que hacer es vaciarlas de contenido político, y convertirlas en organismos exclusivamente dedicados a la gestión y prestación de servicios a los municipios de menor tamaño. Esa tarea podría seguir siendo desempeñada por las actuales DP con el personal técnico-administrativo con que cuentan, adaptado a sus nuevas funciones y organizado mediante el sistema habitual en la administración pública. Vaciarlas de contenido político significaría que sus órganos de gobierno fueran meras agrupaciones de alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes, sin recibir remuneración económica alguna por formar parte de esos órganos ni tener ninguna cohorte de asesores y demás personal de libre designación. De ese modo, las diputaciones dejarían de ser feudos de determinadas familias políticas y no habría tentación alguna de utilizarlas como plataformas de ascenso político o de compensaciones en las luchas internas de los partidos.

Otra tarea a realizar sería redefinir sus funciones, eliminando aquéllas que se solapan con las que ejercen las CC.AA. y coordinando sus actividades de prestación de servicios con las desarrolladas por las distintas consejerías del gobierno autonómico en cada provincia. Finalmente, habría que descentralizar sus tareas de manera que las DP se conviertan en estructuras descentralizadas de entes comarcales (mancomunidades o similares), en estrecho contacto con los que ya existen a ese nivel (oficinas comarcales agrarias, grupos de desarrollo rural,…)

En definitiva, la disolución de las DP no parece que vaya a tener efectos positivos en la organización territorial del Estado, por cuanto que muchas de sus funciones son necesarias para la cohesión de los pequeños municipios. Tampoco significaría un importante ahorro de gasto público como muchos ciudadanos creen, ya que el actual personal funcionario que trabaja en esos organismos tendría que ser mantenido en sus puestos o trasladado a otras entidades públicas de naturaleza similar con el salario que ahora reciben. Sin duda que hay que reformarlas, y por eso bienvenido sea el debate en torno a las DP.

La producción de alimentos ha dejado de ser un asunto sectorial (de la agricultura) para convertirse en un asunto de ciudadanía. También el consumo de alimentos ya no es un asunto privado del consumidor, puesto que sus decisiones tienen efectos en otros ámbitos, entre ellos el medio ambiente.

Por eso, autores como los españoles Cristóbal Gómez Benito y Carmen Lozano (UNED) o el holandés Henk Renting, hablan de “ciudadanía alimentaria”. Por ese concepto, entienden el derecho de los ciudadanos a una alimentación sana y de calidad, pero también el deber y la obligación de realizar un consumo responsable, valorando los efectos que tiene lo que comemos sobre las generaciones futuras, sobre otras poblaciones (de nuestro entorno más cercano, y del resto de mundo), sobre el entorno natural y el medio ambiente, sobre el bienestar de los animales,…

Es un concepto que supera el de “seguridad alimentaria”, y que se define desde un enfoque integrador y multidisciplinar. Con el concepto de “ciudadanía alimentaria” se pretende superar los enfoques simplistas sobre el hambre que han dominado la agenda política y social desde 1945 hacia acá. Es un enfoque que parte de aceptar que el problema de la seguridad alimentaria es un problema de gran complejidad, admitiendo que no es sólo un problema de producción de alimentos, sino de pobreza y de inadecuadas condiciones de vida, de infraestructuras deficientes, de malnutrición y de modelos de desarrollo en los que están implicados tanto las sociedades del Norte como las del Sur.

El problema del hambre y la inseguridad alimentaria no es, por tanto, un problema de los países pobres a los que se les debe ayudar desde el Norte por razones morales, sino un problema global que tiene sus manifestaciones (diferentes bien es cierto) en los países desarrollados y en los países en desarrollo.

Reorientar los modelos de producción y consumo

La “ciudadanía alimentaria” implica, entre otras cosas, convertir a los consumidores de alimentos en sujetos activos con derecho a participar en el ámbito público para reorientar los modelos de producción y consumo (esto se plasma en la creación de movimientos sociales en los que se integran productores y consumidores promoviendo experiencias de cooperación: canales cortos, mercados locales, slow food,…).

Hablar hoy de “seguridad alimentaria” es hablar de un tema multidimensional. Es un tema que tiene evidentes proyecciones locales (regiones con problemas crónicos de hambre, pobreza y malnutrición) sobre las que, sin duda, se debe actuar con los programas adecuados de ayuda humanitaria. Pero no se pueden reproducir los esquemas simplistas y sectoriales, que no han conducido a resolver estos problemas.

Es necesario comprender que el problema del hambre, de la inseguridad alimentaria y de la malnutrición es un problema global que se manifiesta con sus especificidades en todas las regiones del planeta (no sólo en los países pobres) y que afecta a toda la población mundial. Los sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos están interrelacionados, y su implementación se produce en espacios concretos donde el acceso de los ciudadanos a la satisfacción de sus necesidades alimentarias se ve afectado por las condiciones económicas y sociales en que viven (condiciones de pobreza y desnutrición en unos espacios, y condiciones de abundancia y malnutrición en otros). Si no se toma conciencia de esa complejidad, el problema del hambre y de la inseguridad alimentaria seguirá presente en toda su crudeza por muchos recursos que se destinen a su resolución.

El interés por el tema del bienestar de los animales lleva planteándose a nivel europeo desde mediados de los años 70, cuando, a raíz de la entrada del Reino Unido en la UE, asociaciones británicas de defensa de los animales comenzaron a realizar campañas en los medios de comunicación y a desarrollar actividades de lobby en el seno de las instituciones europeas. Ese interés no es sólo por razones éticas, sino también por razones sanitarias (propagación de enfermedades), ambientales (contaminación del suelo por purinas) y económicas (costes producidos por altos niveles de mortandad en las granjas y en el traslado a mataderos).

El interés y preocupación por este tema ha ido creciendo en la opinión pública europea, tal como se pone de manifiesto en los Eurobarómetros de 2005 y 2007. Estas dos encuestas muestran, no obstante, las variaciones existentes entre países y la influencia de los factores sociodemográficos, educativos y culturales.

Por ejemplo, según el Eurobarómetro de 2007, dos tercios de los consumidores europeos se manifiestan dispuestos a cambiar sus hábitos de compra a fin de adquirir productos que sean más respetuosos con el bienestar de los animales. Además, el 43% declara haber tenido en cuenta este tema alguna vez cuando compran carne. Los consumidores se muestran convencidos de que pueden lograr que las cosas cambien: el 74% de los consumidores de la UE opina que sus decisiones de compra pueden repercutir de manera positiva en el bienestar de los animales.

La inmensa mayoría de los consumidores de la UE muestra su deseo de que en el etiquetado de los alimentos figuren indicaciones más visibles sobre buenas normas de bienestar animal. Los consumidores consideran también que existe una clara correlación entre el bienestar de los animales y la calidad de los alimentos. Casi la mitad percibe que los alimentos producidos con normas elevadas de bienestar animal son de mejor calidad.

Tomando como referencia al consumidor español, más de la mitad de los españoles (52%) reconoce que, cuando hacen sus compras de alimentos, no se fijan en aspectos relativos al bienestar de los animales, mientras que ese porcentaje es mucho menor en Dinamarca o Reino Unido (en torno al 15%). En esa misma encuesta se comprueba que el interés y preocupación por el bienestar de los animales depende del grado de conocimiento de la población, de tal modo que está relacionado con el hecho de que los ciudadanos conozcan los sistemas de producción utilizados en las granjas. Así, mientras que algo más de un 90% de daneses y un 70% de británicos dicen haber visitado alguna vez una granja, sólo un 50% de españoles reconocen haberlo hecho.

El mencionado Eurobarómetro de 2005 también muestra que dicho interés y preocupación depende del tipo de animales. Así, mientras que dos de cada tres encuestados (66%) valoran como positivo el sistema de producción de las granjas de vacuno de leche y casi la mitad (46%) el de las granjas de porcino, ese porcentaje desciende al 22% en el caso de las granjas avícolas (en este caso, el 64% lo valoraban como negativo). Casi la mitad de los ciudadanos de la UE mencionan a las granjas de gallinas en batería, de pollos y de cerdos en estabulación, como las que más necesitan mejorar sus sistemas de producción en lo que respecta al bienestar de los animales, lo que confirma que es en estos sectores donde hay mayor preocupación ciudadana.

En definitiva, el tema del bienestar animal es un tema de indudable interés público a nivel europeo, pero su concreción en la conciencia ciudadana varía de unos países a otros (más interés en los nórdicos y centroeuropeos), y es más intensa en ciertos tipos de animales, estando influida positivamente por el nivel de estudios y por el grado de información que tienen los consumidores sobre los sistemas de producción en las granjas.

Coautor del post: Rafael Villafuerte.

El Día Mundial del Medio Ambiente es una buena ocasión para plantear cómo aumentar la conciencia ambiental de los ciudadanos. Para responder a esta cuestión tenemos ya suficiente información de cualificados estudios que nos indican varias cosas. La primera es que los problemas ambientales no son todos iguales y que su percepción e impacto en la vida de los ciudadanos varían según sean problemas macroecológicos (cambio climático, agujero de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad…) o miocroecológicos (sequía, incendios forestales, contaminación, falta de zonas verdes en las ciudades, polución…). Es verdad que unos y otros están relacionados, pero el ciudadano los suele percibir de forma separada.

Estos trabajos nos dicen también que es necesario distinguir entre los problemas del medio ambiente “verde” (naturaleza, medio rural, agricultura), “gris” (ciudades y medio urbano) y “marrón” (industria), que, si bien son problemas interrelacionados, responden a lógicas distintas que conviene separar a efectos de analizarlos desde la perspectiva de la conciencia ambiental.

Lo tercero que nos indican es que la conciencia ambiental es el resultado conjunto de varias dimensiones: afectiva (preocupación), cognitiva (conocimiento) y conductual (comportamiento). Y nos dicen que, sobre cada una de esas dimensiones, pueden actuar las políticas públicas con medidas sancionadoras, sensibilizadoras o incentivadoras.

La conciencia ambiental puede aumentar por la vía de campañas de sensibilización organizadas por los poderes públicos en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (plataformas ciudadanas, asociaciones profesionales, movimientos ecologistas…). Estas campañas son útiles para mejorar el conocimiento de los ciudadanos y sensibilizarlos sobre la importancia de preocuparse por el medio ambiente.

Pero en muchas ocasiones son insuficientes para modificar el comportamiento, siendo entonces necesarias medidas punitivas que obliguen a los ciudadanos a modificar su comportamiento por miedo a ser sancionados (vertidos, recogida selectiva de residuos sólidos urbanos…) o medidas incentivadoras sobre la base de obtener alguna recompensa (pensemos en la instalación de paneles solares en los edificios o en la introducción de prácticas agrícolas sostenibles…).

En definitiva, para seguir avanzando en la conciencia ambiental de los ciudadanos, es necesaria la complicidad entre ciudadanía y poderes públicos. Pero es igualmente necesario que las campañas de sensibilización se hagan de manera diferenciada según el tipo de problema ambiental de que se trate, y según también el público objetivo al que vayan dirigidas.

No es lo mismo educar en temas ambientales a niños en edad escolar, que a jóvenes adultos o a mayores. Tampoco es igual sensibilizar sobre el ahorro de agua en el hogar, que hacerlo sobre el consumo en la agricultura o la industria. Como también es diferente concienciar a la población sobre los problemas del cambio climático o hacerlo sobre la contaminación atmosférica, los incendios forestales, el deterioro de los espacios naturales o la extinción de especies y la pérdida de la biodiversidad. Cada problema requiere un tipo de acción, y cada público exige un lenguaje diferente de comunicación.