En aquel año, cada Comunidad Autónoma española fijó unos objetivos para 2015 y 2020. En nuestro caso ambos porcentajes deberían reducirse al 23,2% y al 15,1% respectivamente. Partíamos, según las cifras iniciales del MEC para 2011, de una tasa del 30,9%. La tasa final para 2015 ha quedado en 21,9%. En cuatro años esta reducción de nueve puntos constituye un logro que si bien no implica cifra ideal alguna, sí que supone un avance muy considerable.

Cualquier experto en el análisis de sistemas educativos puede ponderar que dicha bajada porcentual no es nada sencilla de obtener en el curso de una sola legislatura. Teniendo en cuenta el intencionado desprestigio a que se ha venido sometiendo al sistema educativo español -idea fuerza que ha ido calando en la práctica totalidad de los medios de comunicación- y que se ha utilizado por la derecha política a modo de coartada, para legitimar sus reformas legislativas y sus políticas de recortes en los presupuestos educativos, la anterior cifra demuestra que es posible, pese a esas políticas regresivas, vetustas y que lastran la igualdad de oportunidades mejorar la educación. También comentamos hace algún tiempo que la fórmula no tiene secretos: diálogo, consenso, perseverancia en procurar ir en dirección opuesta al retroceso impuesto por la derecha que tan bien representó Wert y una estrategia adecuada para lograr la máxima eficacia en la gestión de los recursos públicos. Una estrategia que se resume en cuatro líneas de actuación: sensibilización ante el problema, prevención de las causas, ampliación de la oferta educativa y facilidad en el acceso.

La primera reacción del los representantes ministeriales del PP ante estos nuevos datos en España ha sido, como no, la de apuntarse el tanto. “Gracias a la LOMCE”, se han apresurado a colocar con claro objetivo manipulador. Pero, como cualquiera podrá comprobar fácilmente, el calendario de implantación de dicha ley no ha finalizado. Todavía no se han modificado las condiciones que afectan a la población que define la tasa de abandono escolar temprano.Para ser más preciso, no ha llegado aún a concluir ciclo alguno de la ESO, ni tan siquiera han podido terminar el segundo curso los estudiantes de la modalidad de FP básica, los cuales podrían al menos servir de base para aquella falsa afirmación. ¿Qué ha provocado por tanto esa mejora en las tasas?.

Las explicaciones tienen mucho que ver con razones muy distintas al supuesto efecto de la Ley educativa del Partido Popular. Confluyen dos factores en la reducción del abandono temprano. Por un lado, el interés creciente de todas las personas por seguir formándose y la incapacidad del mercado laboral para acogerlas. Por otro, las oportunidades que se ofrecen (tanto desde el sistema educativo -con el incremento de la oferta, y esto depende de las Comunidades Autónomas, no de los lastres que les ha venido imponiendo el actual MEC- como desde otros sistemas de formación) para satisfacer el deseo y la necesidad de mejorar permanente la cualificación.

Siempre reiteramos que el elevado valor de este logro se debe a que mejora a las personas, pero también a que se alcanza gracias al trabajo conjunto de todos y cada uno de los centros educativos así como de las familias, los agentes sociales y la administración educativa. Ahora podemos comprobar, junto a la comunidad educativa de Canarias, la importancia que tenía actuar a modo de verdadero “parachoques” ante las envestidas de los recortes y de las normas estatales.

A finales de 2014, cuando las cifras de la EPA nos indicaban qué estábamos a punto de lograr el objetivo fijado para 2015, señalamos que en el peor momento de la educación, cuando desde las instancias del ministerio que dirigía Wert se había pretendido estrangular la educación pública, la comunidad educativa ha respondido obteniendo los mejores resultados. Ahora que se confirman los resultados previstos y también el éxito de una estrategia educativa muy distinta a la que ha seguido el Gobierno de Rajoy, es muy importante no descuidar dos objetivos primordiales. No bajar la guardia para lograr el cumplimiento de las cifras comprometidas para 2020 y mantener en todo lo alto el empeño para que la mejora del derecho a la educación en España base sus cimientos en un auténtico acuerdo social y político por la Educación.

Desde el momento en que se modifica el sistema impositivo, reduciendo la contribución de las empresas o de las familias con mayores rentas, no sólo se crea una grave injusticia sino que se corre el riesgo de hacer insostenibles los servicios públicos.

Hace pocos días el Ministerio de Educación planteó la conveniencia de abrir un “debate razonable” sobre la introducción del copago educativo en los niveles de la enseñanza no obligatoria. A la vista de lo que ha hecho su Gobierno en materia de copago en Sanidad, considero que no estaría nada mal prevenir antes de que nos cuelen un nuevo virus para complicarnos aún más las cosas. Para ello, sería bueno atajar desde los primeros síntomas esa nueva pretensión y manifestar nuestra firme oposición a la misma.

Por mi parte, nunca rechazaré de entrada un debate que se plantee en términos razonables y sinceros, pero lo que nos están tratando de colocar ahora en nuestro país y para su sistema educativo tiene muy poco de ello. Se trata de la vieja pretensión del conservadurismo radical de corte anglosajón cuyo rancio fondo clasista tiene ya bastantes lustros. Que se lo pregunten al ex Presidente Clinton, que lo vivió en propias carnes en su etapa de Gobernador de Arkansas. La derecha neocons, que se incrustaba en el republicanismo a pasos agigantados, le cuestionó la financiación para el sistema educativo público en su Estado. No lo lograron y ello permitió a Arkansas pasar de ser uno de los peores Estados en materia educativa a convertirse en uno de los mejores referentes de la misma en los Estados Unidos.

Un nuevo intento para socavar la igualdad de oportunidades

La sociedad española concibe la educación como un derecho esencial, cuyo ejercicio efectivo deben garantizar los poderes públicos mediante un adecuado sistema impositivo. Esta concepción, que forma parte del consenso constitucional, no puede ni debe ser puesta en duda aprovechando las dificultades que están pasando las familias como consecuencia de la crisis económica. Un eficaz sistema impositivo debe garantizar la prestación de aquellos servicios públicos que permiten hacer efectivos los derechos básicos de todos los ciudadanos. Desde el momento en que se modifica el sistema impositivo, reduciendo la contribución de las empresas o de las familias con mayores rentas, no sólo se crea una grave injusticia sino que se corre el riesgo de hacer insostenibles los servicios públicos.

El derecho a la educación supone obligaciones para las administraciones públicas que deben atender mediante una financiación adecuada del sistema educativo. Por eso, consideramos injusto que se pretenda modificar el sistema impositivo reduciendo los impuestos para las mayores rentas y, simultáneamente, se obligue a las familias a pagar dos veces por el servicio educativo o se favorezca el negocio particular a costa de los Centros públicos.

¿Qué persigue esta derecha del PP?

Queremos recordar que esta legislatura se inicia con un recorte de 9.000 millones de euros de inversión en el sistema educativo. El gobierno del PP empieza a comprobar que con este recorte el servicio público de la educación no es sostenible y busca otras vías que no le obliguen a rectificar. El PP prefiere que las familias paguen dos veces por el mismo servicio educativo antes que reconocer su error.

La iniciativa del Ministro surge en el marco de un Informe sobre la reforma tributaria que no compartimos y en el cual se pretende que las familias españolas paguen doblemente por unos servicios esenciales que permiten el ejercicio efectivo de derechos esenciales. Este sencillo razonamiento se opone al principio que orienta la reforma fiscal que propone el PP: pagar por los beneficios privados que cada uno recibe de la administración. Este principio, que ya viene orientando, como hemos señalado, las reformas neoliberales en los países anglosajones ha contribuido decisivamente al aumento de la desigualdad. Se fundamenta en el principio de que el hecho de recibir la prestación educativa con fondos públicos supone un beneficio privado para el estudiante y, por lo tanto, debe pagar directamente por ella. Sustituyen así el principio de un derecho fundamental por el de un beneficio privado.

Nuestra conclusión después de las razones expuestas es la siguiente: son el Partido Popular y su ministro los que deben reflexionar sobre la injusticia que supone modificar el sistema impositivo actual para hacer insostenible el sistema educativo y provocar que las familias paguen doblemente por el ejercicio efectivo de un derecho que la educación garantiza a todos.

Por todo ello, el Gobierno de Canarias ha manifestado su rotunda oposición al intento de introducir un nuevo sistema de copago educativo. Rechazáremos su introducción en la educación española y, en cualquier caso, impediremos su implantación en nuestra Comunidad.

La propuesta ministerial define siete objetivos que se pueden dividir en dos categorías (aunque en el documento no se hace esta distinción y se sitúan todos en el mismo nivel): objetivos finalistas y objetivos instrumentales. Los cambios más importantes que el Partido Popular quiere introducir en el sistema educativo son los siguientes:

? Simplificar el currículo reduciendo materias optativas y modalidades, a la vez que se aumenta el horario lectivo de materias instrumentales.

? Fomentar el agrupamiento homogéneos de los alumnos creando tres vías alternativas: la vía normalizada, los programas de mejorar y los programas de cualificación profesional.

? Mejorar la empleabilidad facilitando el acceso temprano a la formación profesional, a través de programas de cualificación profesional y la promoción a los distintos niveles de FP mediante pruebas de acceso realizadas en el propio centro.

? Controlar exhaustivamente los rendimientos obtenidos en los aprendizajes incorporando exámenes de revalida al finalizar la etapa primaria y secundaria.

? Conferir más autonomía a los directivos de centros y facilitar la especialización de los centros según el currículo, según su funcionamiento o “tipología de los alumnos”.

? Reducir la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros, convirtiendo los consejos escolares en órganos consultivos.

? Potenciar el uso de las TIC para el reforzar y apoyar el aprendizaje.

? Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras utilizando el propio idioma como lengua vehicular y creando una especialización en los centros.

Tiempo habrá para analizar con detenimiento cada uno de estos cambios, por eso quiero centrar mi atención en uno de ellos: los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). A mi juicio este cambio ilustra mejor que ninguno, el terrible dilema en el que quiere encerrarnos el Partido Popular: calidad o equidad.

Esta es la cuestión: el Partido Popular se propone como objetivo aumentar la tasa de alumnos excelentes del 3% al 8%, aunque para ello haya que excluir a miles de alumnos de la posibilidad de obtener el título de graduado en educación secundaria y segregar a otros tantos a través de grupos que cursan programas de mejora.

Los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) no conducirán en ninguno de los casos a la obtención del título de la ESO, pese a que todos los estudiantes deberán permanecer en ellos dos años (14-16).

Diferentes apartados del documento ayudan a comprender mejor el razonamiento que justifica esta decisión y que deja en evidencia, como nunca hasta ahora, el modo en que el nuevo sistema educativo castigará a los más desfavorecidos.

1.- En el documento s e reconoce que la población que abandona el sistema educativo sin nivel de educación secundaria obligatoria, se enfrenta a graves dificultades para incorporarse y mantenerse en el mercado de trabajo así como a limitaciones para desarrollarse en la sociedad como ciudadanos con plenas posibilidades (pág. 8)

2.- Sin embargo, se propone la creación de programas de cualificación profesional de 2 años (14-16) para alumnos con dificultades de adaptación o situación socioeconómica desfavorable (pag.9). Esta última circunstancia (la condición socio-económica) fue suprimida del texto el mismo día 12 a instancias de diferentes responsables autonómicos ante la gravedad de lo que implica. Supone que a un alumno de 14 años se le cierran las puertas para acceder al título de la ESO por las dificultades que se derivan de la posición económica desfavorecida de su familia. Esto supondría retrotraernos a sistemas anteriores a los de la Ley de Villar Palasí de 1970, en pleno franquismo.

3.- La finalidad de los programas de cualificación profesional ya no es obtener el título de ESO sino preparar al alumno para el mercado de trabajo y ofrecerle una mínima cualificación profesional. (pág. 13)

Con estas premisas es fácil concluir lo siguiente:

4.- Los nuevos programas de cualificación profesional condenarán a miles de estudiantes, con dificultades y/o pertenecientes a sectores sociales desfavorecidos, a ser mano de obra barata durante la mayor parte de su vida.

Pues bien, si tenemos en cuenta que en Canarias cerca de 4.000 alumnos cursaron PCPI en este curso escolar 2011/2012 parece evidente que los cambios que anuncia el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes sólo pueden ser considerados como una verdadera contrarreforma educativa: las dificultades de los más débiles alimentarán las ventajas de los más fuertes.

Es muy significativo que se pretenda esta clase de contrarreforma en un contexto de enorme desplome de los recursos para educación. El Real Decreto de pasado mes de abril supuso para el Ministerio una disminución de más de 3900 millones de euros para la educación en España. Se puede calcular que el conjunto de la disminución prevista se salde con un punto menos del PIB para el peso presupuestario del sistema educativo. El propio Ministro afirma que la reforma no tendrá coste en los tres primeros años de su implantación. A partir del cuarto y tuviera éxito el coste total sería de unos 300 o 400 millones de euros. ¿Alguien puede creer en serio que una reforma sólida se acometa con estas cifras?.

En el documento se hace patente que el Gobierno carece de una sólida alternativa al actual sistema educativo que nos permita mejora su eficacia combinando calidad y equidad. Todo parece indicar que el Gobierno de Rajoy pretende utilizar su mayoría parlamentaria para darle una segunda oportunidad a medidas que se incluyeron en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002) y que fueron rechazadas por la ciudadanía. No hay voluntad de resolver los problemas ni mejorar nuestro sistema educativo. Lo que se pretende es imponer una concepción de la educación que ya obtuvo el rechazo de toda la sociedad.

José Miguel Pérez

El informe incluye algunos hallazgos muy significativos sobre nuestro sistema educativo junto con ejemplos de buenas prácticas instauradas en otros países, pero, sobre todo, incluye dos elementos de gran valor: un modelo explicativo que puede ayudarnos a entender los resultados obtenidos por nuestros estudiantes y unas orientaciones fruto del conocimiento adquirido sobre la educación en Canarias y de la amplia experiencia internacional del equipo revisor. En esta breve reflexión personal sobre el informe me gustaría detenerme en estos contenidos.

El modelo explicativo del Informe

Empezando por los hechos más significativos, me gustaría destacar tres. En primer lugar, Canarias padece un status socioeconómico muy bajo que nuestros centros educativos no logran compensar eficazmente. En segundo lugar, nuestro sistema educativo es muy equitativo pero los rendimientos se distribuyen de una forma preocupante, con muchos estudiantes en los niveles más bajos y pocos estudiantes en los niveles más altos. En tercer lugar, nuestro sistema educativo soporta una tasa de repetición que entraña unos costes sociales, económicos y personales que resultan excesivos.

Pero estos hechos, con ser importantes, perderían buena parte de su significado si no estuvieran conectados a un modelo explicativo que a mi juicio, resulta muy verosímil. Los resultados se explican por los cambios asociados a distintos factores, externos e internos al centro escolar, y al efecto conjunto que producen cada uno de ellos. Así, por ejemplo, el 9% de la variabilidad en el rendimiento entre los estudiantes canarios es atribuible a su entorno socioeconómico. Mientras que los factores relacionados con el clima escolar representan un porcentaje similar: los factores asociados a las características del alumnado dan cuenta del 9% de la variación del rendimiento escolar en Canarias (muy por encima de la media de la OCDE (6%) y superior a todas las demás regiones españolas), los factores asociados al profesorado, al liderazgo de los equipos directivos o la calidad de la enseñanza, explicarían otro porcentaje de las variaciones en el rendimiento.

Así pues, son muchos los factores que interaccionan para que nuestro alumnado alcance unos determinados logros académicos. Ninguno de ellos por separado puede dar cuenta de la totalidad de los resultados, pero todos y cada uno de ellos interviene en su consecución. Si aceptamos este modelo explicativo deberíamos compartir una conclusión: sólo mejoraremos nuestros resultados si todos los agentes educativos actuamos responsablemente y orientamos nuestras acciones en la misma dirección. Este es, al menos para mí, el sentido que tienen las numerosas orientaciones prácticas que aparecen en el informe y de las que sólo mencionaré algunas.

Las orientaciones del Informe

El equipo revisor de PISA nos aconseja adoptar medidas que mejoren la gestión del sistema educativo (potenciar la autonomía de los centros, impulsar una cultura de evaluación, definir un patrón de gasto más eficaz, modificar la estructura retributiva del profesorado estableciendo más incentivos vinculados a la mejora?), medidas destinadas a mejorar el aprendizaje (fomentar una mayor participación familiar, evitar la repetición de los estudiantes, modificar el currículo de secundaría haciéndolo menos académico, estudiar el impacto de la jornada escolar y las vacaciones de verano sobre el aprendizaje, fomentar los programas de atención a la infancia?), medidas que contribuyan a mejorar la enseñanza (mejorar la estructura de la carrera profesional docente, impulsar una formación inicial y continua del profesorado actualizada, promover una estrecha relación entre las universidades y los centros educativos?) y medidas que podrían mejorar el funcionamiento de los centros educativos (aumentar su nivel de autonomía, potenciar el liderazgo de los equipos directivos y la capacidad ejecutiva de los consejos escolares, reforzar la funciones de apoyo y de rendimiento de cuentas que ejerce la inspección educativa...)

Todas y cada una de las medidas enumeradas podrían contribuir a mejorar nuestro sistema educativo pero ninguna de ellas lo hará por sí misma, ni tampoco lo harán si no forman parte de una propuesta armonizada que contribuya a multiplicar los efectos positivos de cada una de ellas. Por eso necesitamos, ahora más que nunca, un gran acuerdo social que nos permita construir un sistema educativo de éxito para Canarias.

José Miguel Pérez

Empecemos por lo que ya tenía que haber quedado atrás. Se trata de una manera de concebir la educación muy extendida pero profundamente inservible para nuestros días. La define como una simple divulgación de conocimientos de forma rutinaria más o menos superficiales, en un clima dominado por la figura de una persona que sólo puede alcanzar su cometido de forma autoritaria y cuyos actores quedan recompensados con amplios periodos de vacaciones.

Ese retrato sigue aún dominando en muchas mentes. Lo peor de esta imagen decimonónica y distorsionada no es que haya impedido reconocer adecuadamente la tarea que llevan a cabo los profesionales de la docencia y los estudiantes. Lo malo es que está sirviendo aún para justificar decisiones en políticas educativas muy desatinadas y que van en dirección inversa al mundo en que nos hemos adentrado desde fines del siglo XX.

Frente a esta manera de concebir la Educación existe otra que llevan a cabo miles de profesionales cada día. Se concibe en ella al quehacer educativo como una tarea cuyo fin principal se centra en contribuir al desarrollo humano, entendido éste en la triple dimensión de educación personal, educación ciudadana y educación profesional, cualquiera que sea el ámbito y el nivel de su desarrollo. En esa tarea, los profesionales de la docencia se dedican a transformar la cultura y el conocimiento que consideramos necesarios socialmente en capacidades y competencias que, a su vez, permiten a las personas ampliar el saber y su poder para lograr dignidad y autonomía.

Los investigadores y especialistas en los procesos educativos nos vienen informando en los últimos cuarenta años acerca de la complejidad que entraña el trabajo que, cada día, se lleva a cabo en cualquier aula. Lo experimentan y lo saben muy bien los maestros y las maestras, los profesionales de la docencia de todas las áreas y niveles educativos. Sin embargo, apenas se conoce bien desde fuera. Nos parece que como es una actividad cuya práctica se hunde en la noche de los tiempos, apenas entraña dificultad. No es así. Al principio de este Curso, pedí a una profesora que me permitiese observar como abordaba el primer control que puso a sus estudiantes. Se trataba de una clase especial, que reunía a alumnos con dificultades de aprendizaje. Los estudiantes tenían que componer un texto sobre una fiesta principal a la que la mayoría acudieron durante el verano. Tras cerca de 4 horas de corrección de los textos, vimos dos elementos que ofrecían conclusiones muy importantes para la tarea que aguardaba durante el resto del curso. Lo primero era fácil de intuir. Ningún estudiante escribía correctamente el nombre de los lugares cuando se refería a los mismos en la escritura. Era muy sencillo pero el nivel de dificultad para expresar bien los términos era para ellos extraordinario cuando se trataba de redactar el texto. ¡No te queda nada! le comenté. No obstante, a esos alumnos se les pidió que dibujaran un gráfico con el nombre del lugar de la fiesta que tantas veces vieron en la publicidad. ¡Todos, sin excepción, escribieron correctamente el nombre!. Tranquilo me dijo la profe, como ves aquí tengo una oportunidad. Su memoria visual es perfecta. Lo que líneas atrás escribieron fatal y sin fijarse, ahora cuando dibujaban el recuerdo visual, ni un fallo.

Después de 4 horas averiguó que hay un recurso poderoso para su trabajo. Se trata de utilizarlo integrándolo en sus estrategias didácticas. No le será sencillo. No sólo tiene que poseer la preparación adecuada sino aplicarla a una situación concreta en la cual cada persona, cada alumno o alumna es un mundo. Pero ese es su trabajo y aunque tiene experiencia y preparación adquirida durante años debe enfrentarse cada curso a un proceso nada simple. Vamos a ver como lo describen los investigadores de la educación y el aprendizaje. Afirman que esa profesora debe trabajar en condiciones complejas debido a la incertidumbre, ya que nunca podrá tener plena seguridad de acertar; debido también a la inestabilidad, ya que nunca podrá tener control total de las condiciones y disposición de quienes aprenden puestos que ésas se modifican continuamente; debido a la singularidad de las personas y de las situaciones porque nunca podrá hacer lo mismo y esperar automáticamente los mismos resultados y, por último, debido a los propios conflictos de valores entre todos los agentes educativos que intervienen sobre los mismos sujetos que hacen que cada palabra y cada acción pueda ser interpretada de forma diferente y nunca se pueda dar por supuestas las razones que justifican la acción. ¿Cómo podemos explicar a un alumnos que integre como valor el respeto a la intimidad de los demás si, por la tarde, buena parte de su familia y de la sociedad se engancha a la telebasura donde la intimidad personal no vale un pimiento y se vende al mejor postor?.

Como vemos no es trabajo simple, pero es un gran trabajo. ¿Cómo se hace? Seguro que a muchos les suena lo siguiente: Una persona (hombre o mujer), con una o más carreras universitarias, prepara con cuidado en colaboración con otros compañeros y compañeras las tareas y actividades que propondrá a sus estudiantes, ya sea para llevarlas a cabo dentro o fuera del recinto escolar. Selecciona los recursos que tendrá que utilizar procurando que sean variados y que se presenten en distintos soportes. Atiende a las consultas generadas en la realización de las actividades, presta especial atención a la presentación de los trabajos propuestos para valorar el alcance del aprendizaje adquirido e investigar estrategias que, para cada caso, logren el éxito en el aprendizaje. También, informa al estudiante y a sus familias de los progresos realizados. Para esa persona el trabajo académico, su actividad profesional no consiste sólo en estudiar, sino que requiere una práctica continuada del conocimiento en contextos reales para alcanzar un dominio suficiente en las distintas competencias básicas o profesionales.

Es una extraordinaria dedicación que de forma callada, haciendo frente a mil desánimos afrontan cada día muchos profesionales de la docencia. Contribuyen casi sin darse cuenta al crecimiento personal de miles de jóvenes que tal vez algún día vuelvan su vista atrás y les devuelvan una mirada de gratitud. Se sintieron acompañados en un tiempo de su vida, cuando más les hizo falta.

Por mi parte no quisiera esperar tanto. Cada jornada me gustaría expresar ese reconocimiento a quienes contribuyen al progreso de la educación.

José Miguel Pérez

Debemos favorecer el desarrollo económico, sin desproteger a los más débiles. Sin embargo, todo el mundo quiere que su aportación a esos costes sea la menor posible.

Sabemos que, para superar la situación actual, tendremos que apostar por la innovación y el desarrollo de nuevos productos y sabemos que esa apuesta entraña riesgos derivados de la globalización de la economía (nuestro acierto depende de factores que no podemos controlar), pero todo el mundo quiere apostar sobre seguro y quiere disponer recursos públicos que reduzcan la totalidad o parte de ese riesgo.

Claro que, si finalmente elegimos bien y logramos superar la crisis, podremos beneficiarnos individual y colectivamente, podremos disfrutar de unas condiciones de vida dignas para todas las personas. Sin embargo, no faltan personas ni instituciones que aspiran a lograr el mayor porcentaje de los beneficios potenciales, ignorando el bien común.

Sabiendo todas estas cosas, la sociedad canaria tendrá que elegir entre dos formas, claramente diferenciadas de superar la situación actual:

a) Una forma superar la situación basada en la socialización de los costes y de los riesgos y en la privatización de los beneficios.

b) Una forma de superar la situación basada en la socialización tanto de los costes como de los riesgos y de los beneficios.

Personalmente creo que la segunda forma, es la forma justa de superar la situación actual. Pero no ignoro que hay fuerzas políticas que harán lo posible para lograr que la ciudadanía elija la primera forma. Por eso pondré todo mi empeño, como lo harán todos los hombres y mujeres del Partido Socialista, en mostrar las ventajas que tiene para la sociedad canaria elegir la forma más justa de superar la situación crítica en la que estamos viviendo.

Creo, sinceramente, que lograr una distribución equitativa de los costes, los riesgos y los beneficios, es la opción que elegiría cualquier padre o madre responsable, es la opción que cualquier abuelo o abuela elegiría para sus nietos, es la opción que la juventud más fácilmente entendería y asumiría como propia. En definitiva, superar la situación actual distribuyendo equitativamente los costes, los riesgos y los beneficios es la única forma de lograr que Canarias sea la auténtica ganadora en las próximas elecciones.

Estoy seguro de que en una confrontación electoral limpia, en la que nadie recurriera a la desinformación, ni a los prejuicios, ni a la descalificación del adversario, la segunda opción sería la opción de la mayoría. Sin embargo, no tengo la menor duda de que, tanto las personas como las organizaciones que están beneficiándose de esta situación, harán lo posible para defender la primera opción. Por eso, todos los hombres y mujeres progresistas debemos estar preparados, debemos cargarnos de razones y de ilusión para hacer frente a la sinrazón, para poner en evidencia las falacias de quienes pretenden hacer pasar por sentido común los dogmas de su catecismo económico.

José Miguel Pérez

En primer término ¿de dónde extrae el Gobierno canario las cifras del supuesto éxito contra el abandono? Las obtiene de una EPA (Encuesta de Población Activa). Cualquier evaluación sobre los sistemas educativos que se efectúe en la actualidad no considera esta variable como válida para llegar a ninguna conclusión. Aparte del difícil contraste de datos obtenidos de la mera encuesta, sabemos también que una tasa que mide así el nivel de permanencia en cualquier tipo de actividad formativa de los jóvenes de entre 18 y 24 años, aunque no se hayan titulado, se ha convertido en un aumento engañoso de personas graduadas. Muchas de estas personas a la pregunta de si realizan algún tipo de actividad formativa (sea cual sea ésta) responden afirmativamente. Por tanto, esta variable no sirve para llegar a la conclusión de que disminuye o no el fracaso escolar.

Hay otras variables que utilizan quienes evalúan los sistemas educativos y que ofrecen resultados válidos para conocer la situación de tales sistemas. Disponemos por ejemplo de tres muy significativas. Veamos la situación de Canarias según el informe Ministerial (2010-2011) que incluye procedimientos de evaluación habituales en cualquier otro país. Primero, en relación a los índices de fracaso escolar, la evolución de la tasa bruta de población que se gradúa en ESO por Comunidades Autónomas: Canarias en los últimos 7 años ha aumentado en tres puntos el fracaso. Si comparamos el porcentaje de graduados en el curso 1999-2000 con el de 2006-2007 (último año analizado) se pasa de 68% a 65%, o sea, aumenta el número de no graduados del 32% al 35%.

En segundo término, el rendimiento académico. El resultado que ofrece este dato en Canarias la primera Evaluación de Diagnóstico Nacional que valoró recientemente el rendimiento en cuatro competencias básicas (4º de Primaria), sitúa a nuestro Archipiélago por debajo del nivel mínimo deseable en tres de las cuatro. Quedan por debajo sólo Ceuta y Melilla.

En tercer lugar, veamos lo que ocurre con el índice de idoneidad a los 15 años en Canarias entre los cursos 1999-00 y 2007-08. Se trata del porcentaje de alumnos que estudian en el nivel que les corresponde a su edad. Pues resulta que se pasó de un 58% de alumnos para la primera fecha que estaban en el curso que les correspondía por edad al 49,5% en la segunda fecha. Un retroceso de 8,5 puntos, lo que nos lleva a la cola de la Comunidades españolas sólo por encima de Ceuta y Melilla.

Con estas tres variables, desde luego mucho más certeras para evaluar y diagnosticar el estado de nuestro sistema educativo, parece poco serio afirmar que se ha producido “un salto espectacular” en la educación obligatoria de las islas. En los últimos años lejos de mejorar, hemos retrocedido. ¡Ojalá no fuera así!

El denominado informe PISA confirmó este diagnóstico nada positivo. En las últimas fechas hemos visto algunas paradojas que son impropias del rigor científico pero, al parecer, suelen admitirse por razones de oportunidad electoral o para disimular la realidad de un fracaso severo. Con motivo de la reciente estancia en las islas del responsable del mencionado informe PISA, el actual Gobierno de Canarias informó que encargará a la OCDE (responsable del Informe PISA) un análisis sobre el estado del sistema educativo de las islas para mejorar la calidad en las aulas. Al mismo tiempo, el Ejecutivo afirma que no es preciso invertir más recursos en la mejora del sistema.

Esta declaración supone reconocer que se ha fijado un techo al presupuesto en educación en el peor de los momentos posibles. En realidad no estamos en un presupuesto de circunstancias, obligados por la crisis, sino que estamos en el presupuesto deseado por Coalición Canaria y el Partido Popular. Estas declaraciones suponen reconocer que el recorte continuado del presupuesto en educación que hemos vivido en las tres últimas legislaturas obedece a una estrategia consciente y no obligada por las circunstancias.

Todo esto ocurre mientras el responsable del informe PISA, Andreas Schleicher, reconoce literalmente en los medios locales que “hace falta aquí más inversión en educación”. La verdad es que encargarle al experto un estudio y asegurar ya de entrada que hay que hacer lo contrario a lo que éste experto aconseja, no deja de ser toda una operación fallida de lavado de cara. Pero hay algo peor.

Schleicher sostuvo también en sus declaraciones a la prensa isleña que gran parte del problema lo constituye “una elevadísima tolerancia al fracaso”, que hace que el nivel de expectativas de padres y de profesores sea bajo. Esa tolerancia se sostiene en negar los hechos, en ocultar la realidad de un fracaso al que apuntan los análisis más elementales. Sin embargo, el Gobierno canario centra aquella negativa tolerancia en la actitud de padres y profesorado. Sin que esto pueda descartarse del todo, ¿no corresponde la mayor responsabilidad a quienes gestionan en los últimos 18 años el sistema educativo? Hay miles de educadores y de familias en las islas que tratan de mejorar las cosas cada día. Ya les gustaría que los resultados fueran otros, pero se niegan, porque los viven directamente, a ocultarlos.

Por mi parte, me cuesta mucho resignarme a que se esté legando a las nuevas generaciones de jóvenes unas condiciones educativas peores que las disfrutadas por quienes les precedimos. No debe ser así. Y para cambiarlo, hace falta valentía y empezar por lo más difícil: aceptar lo que nos pasa, los errores cometidos y cambiar el rumbo. Yo no lo dudaría.

* Presidente del Cabildo de Gran Canaria

José Miguel Pérez*

En estos años ha estado siempre ahí. “Sin molestar”, “yo no te llamo”, “tú hazlo cuando te haga falta”. Esa actitud la mantuvo siempre y sin embargo, en cada ocasión que nos encontramos nunca faltó un consejo, una sugerencia. Todas pensando en la isla, en Gran Canaria, en el Cabildo.

Porque fue cabildista de corazón y de argumentos, tenía en alta estima a esta administración casi centenaria. Cuando estuvo al frente de la misma (el primer presidente socialista tras la recuperación de las libertades democráticas y digno heredero de aquel primer socialista que presidió nuestro Cabildo, Francisco García) le tocó lidiar con retos muy complicados.

Los sanitarios fueron asuntos que cargaban costes importantes sobre las arcas insulares. Al margen de su posterior adscripción ministerial, todavía hoy muchos profesionales de nuestros hospitales y centros recuerdan aquel buen hacer del Cabildo.

En la política cultural grancanaria la presidencia de Carmelo Artiles y el trabajo de su equipo de Gobierno, dejó fundamentos primordiales y obras muy notables de las que ahora nos sentimos orgullosos.

Hoy una gran cantidad de personas, vinculadas al Cabildo por su trabajo o por cualquier otra razón, me han transmitido su sentir de tristeza y su admiración por quien nos acaba de dejar.

Y es que Carmelo Artiles fue un buen presidente del Cabildo. Persona honesta y sencilla, pero grande en ambiciones para nuestra isla. Como siempre, un abrazo. Tu ejemplo sigue ahí, sin hacer ruido y sin alardes artificiales, pero queda aquí. Por eso seguiremos mirándonos en él.

* Presidente del Cabildo de Gran Canaria

José Miguel Pérez*

Esta situación nos ha llevado a ser tristes protagonistas de las mayores tasas e índices de paro de todas las comunidades autónomas. Sin embargo, la muy negativa coyuntura actual no nos debe hacer perder la perspectiva. En Canarias la creación de empleo y la bajada del paro siguen siendo asignaturas pendientes, incluso en etapas de crecimiento económico importante. En los mejores tiempos de nuestra economía, el Gobierno de Canarias siempre obtuvo datos negativamente comparativos con otras comunidades y ello no obstante los cuantiosos fondos destinados tanto a la formación como a la inserción laboral de los parados que la Comunidad ha recibido.

¿Qué hacer? Desde luego en ningún caso cabe la resignación o las medidas para la galería con la que actúa el gobierno de Canarias PP-CC.

El Gobierno de Paulino Rivero se ha rendido ante la crisis. Sus enfrentamientos internos y su falta de capacidad gestora, lo colocan en una situación de espera paciente, en la idea de que si mejora el entorno mejoraremos nosotros. Los socialistas proponemos:

- Coordinación efectiva y eficaz de los programas y planes de acción de las instituciones canarias: Gobierno, cabildos y ayuntamientos. Produce más eficacia y mejora la lucha contra el paro.

- Apostar institucional y socialmente por la economía sostenible y el empleo, priorizando las energías limpias, desarrollando la Ley de Dependencia y apostando por el turismo sostenible como nuevas fuentes de empleo

- Mejorar sustancialmente la formación de los jóvenes y los parados, con medidas, entre otras, como la el desarrollo real del Plan de Formación Profesional de Canarias.

José Miguel Pérez

2º.- La primacía del interés público. Esta será la brújula que debe guiar todas las acciones del Gobierno. Ese interés debe dar seguridad a todos los operadores económicos por igual y enterrar las prácticas corruptas que han oscurecido el nombre de Canarias en los últimos años.

3º.- El Gobierno no se entretendrá en declaraciones y códigos de intenciones. La aplicación estricta de la Ley y el principio de mérito y capacidad deben ser garantía del correcto funcionamiento de la administración.

4º.- Recuperar el papel del Parlamento como centro de la actividad política y de esta manera colocar los problemas de la ciudadanía en tiempo real. Se trata de acabar con las preguntas y los debates trucados en la cámara regional, que están dirigidos a mayor gloria del Gobierno. Se debe reconstruir el parlamento para que cumpla con su importante trabajo en una sociedad democrática. El Gobierno Socialista propondrá ser controlado en más plenos, en más comisiones. Se creará el Consejo Audiovisual Canario; el Director de la RTVC será nombrado por el Parlamento. Se crearán las comisiones para abrir cauces a la participación ciudadana. Más protagonismo y actividad al Parlamento, es más democracia para Canarias.

Regenerar la Democracia y reconstruir Canarias está a sólo seis meses.

José Miguel Pérez

Cuando propuse a la Comisión Ejecutiva Regional abrir el proceso de primarias, teníamos plena confianza en nuestros compañeros y compañeras. No fallarían ni al Partido ni a la sociedad. Estaba seguro, pese a muchas opiniones diferentes, que este proceso fortalece a nuestra organización pero, sobre todo, envía un mensaje directo al corazón de la sociedad en las islas: para cambiar las cosas a fondo en ellas es necesario el compromiso y la participación de cada persona. No es una tarea que pueda delegarse. Es preciso intervenir y ser protagonista de las decisiones. Algunos nos dijeron que era un suicido político, que no valía la pena asumir esos riesgos. Con todo el respeto a esa opinión, creemos que sucede todo lo contrario. Lo creemos porque ha sido un proceder que cuenta no sólo con muchos precedentes en la historia de nuestro partido, en la acción de sus militantes a lo largo de muchos años, que dieron lo mejor de sí por el compromiso democrático. Tenemos también ahora la misma confianza en quienes militamos en nuestras Agrupaciones. La realidad lo ha vuelto a plasmar.

A lo largo de estos días hemos escuchado toda clase de mensajes. Desde fuera hay hasta quien se permite dar lecciones sobre participación interna. Curiosamente aquéllos en cuyos partidos uno piensa por todos los demás. He escuchado también que procedíamos a una especie de farsa, de puesta en escena en la que no sería posible poner en paralelo palabras y hechos. Hemos escuchado críticas fáciles orientadas a desacreditar nuestras normas y a los órganos que hemos elegido democráticamente. Forman parte de eso que se llaman riesgos, pero no forman parte de lo que constituye, con hechos y realidades, la vida de un partido cuyos integrantes lo forman por principios y convicciones de compromiso social y avance democrático. Lo importante, lo relevante es que le hemos dado la vuelta, otra vez, a los agoreros y a quienes sólo aspiran a que el Partido sea una mera referencia sin fuerza para obtener el máximo apoyo ciudadano.

Quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a esa gran cantidad de compañeras y compañeros que han trabajado estos días en nuestros municipios, en las islas, en cada agrupación para que la democracia crezca un poco más en Canarias. Sólo por esto valía la pena aquella decisión de abrir las primarias. Siempre me ha admirado la entrega personal de mucha gente que no busca reconocimiento alguno y sí un espacio para desplegar su compromiso político. Son nuestros militantes los que tomas las decisiones en primera línea, sabiendo que mucha gente mira con expectación su tarea. Creí desde el principio que para representar a nuestro Partido era preciso ese refrendo de toda su base. Sólo desde ella, desde ese ejemplo de trabajo en cada rincón de nuestro Archipiélago, puede obtenerse la confianza para iniciar un cambio profundo en la política canaria.

Esta experiencia ha tenido un componente esencial: la libertad. Cada persona ha podido decidir lo que ha querido libremente. Hemos construido nuestro Partido con estas premisas y así debe continuar siendo en cada ocasión. No se trata sólo de las normas y las formas, se trata de una práctica que hemos sabido hacer cotidiana. Es posible porque aceptamos las reglas democráticas y las ejercemos.

Es probable que todas estas palabras no den titulares a los medios. Que no produzcan el escándalo y el ruido suficiente para ser noticia. Pero tienen un valor enorme, sobre todo, porque constituyen, desgraciadamente, la excepción en las organizaciones políticas.

De nuevo gracias desde la convicción firme de que ahora la decisión la tienes tú. Tuya es la responsabilidad. Sea cual sea, será la mejor para toda la sociedad.

José Miguel Pérez

Las elecciones para el Gobierno de la Comunidad serán en pocos meses y, consciente de la difícil situación que atraviesan los Municipios y los Cabildos, tenemos como una de nuestras premisas dar un giro real y absoluto en el papel de las administraciones públicas locales e insulares en la acción del nuevo Gobierno en Canarias. Quiero manifestar una vez más mi especial sensibilidad para con los Ayuntamientos y Cabildos, la crisis no pueden pagarla ni las personas más débiles de nuestra sociedad, ni tampoco las instituciones más sufridas, las que se encuentran en la primera línea, las que están más cerca de los ciudadanos.

Mientras llega ese momento no dudemos en apoyar el trabajo de nuestros hombres y mujeres, que desde esas instituciones, en el gobierno o en la oposición, dan una lección diaria a todo el Partido de compromiso y dedicación solidaria.

La Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales serán los ejes del próximo Gobierno que queremos para Canarias, junto con las políticas de creación de empleo, que diferencian claramente las prioridades de un gobierno progresista frente a la derecha nacional y la derecha nacionalista. Son nuestra marca, creemos en ellas.

Una apuesta decidida por los servicios públicos y la creación de empleo desde un gobierno estable, sin espectáculos, apoyado por una mayoría socialista en el Parlamento. Hemos propuesto desde la oposición un programa y una estrategia común coordinada entre todas las administraciones canarias, para estimular el empleo y paliar los efectos del paro. Desde el Gobierno la pondremos como eje básico de nuestros objetivos.

La actual Ley Electoral, que siempre hemos querido cambiar -con la oposición de CC y PP-, impide en la práctica el acceso al Parlamento a otras fuerzas políticas minoritarias. Circunstancia que nos confiere una especial responsabilidad: representar a muchos sectores que ven en nosotros la única esperanza de cambio. Y, desde esa mayoría, reformaremos la Ley electoral para democratizar el Parlamento.

Cuando en el mes de julio del presente año propuse a la Dirección Regional la celebración de primarias, estaba convencido de que eran una oportunidad más de movilizar a nuestros hombres y mujeres y “sacar nuestro proyecto a la calle”, recordar a todos los canarios que hace tiempo que estamos preparados para dar respuesta a sus demandas.

Estamos cubriendo esos objetivos. Canarias tiene un mal gobierno en su peor momento, pero existe una alternativa dispuesta y preparada. Aspiramos a ser el mejor instrumento de los Canarios/as para cambiar el rumbo y el estilo de la política en esta tierra, nuestra gente merece ese compromiso.

Ahora tú tienes la primera decisión.

José Miguel Pérez

Las pruebas realizadas por los estudiantes tratan de valorar el dominio alcanzado en cuatro competencias básicas: comunicación lingüística, competencia matemática, conocimiento e interacción con el medio físico, y competencia social y ciudadana. La muestra total de estudiantes ha sido de 28.700 alumnos, de los cuales 1.626 cursaban sus estudios en Canarias, y de 887 centros de los cuales 46 estaban localizados en Canarias.

Los resultados de las pruebas ponen de manifiesto que los estudiantes de Canarias alcanzan en tres de las cuatro las competencias una puntuación inferior a 480 puntos, mientras que en la otra se sitúan cerca de los 490 puntos siendo el promedio establecido de 500 puntos. Atendiendo a estas puntuaciones Canarias obtiene resultados similares a Baleares y a la Comunidad Autónoma de Valencia y muy por debajo de los obtenidos por La Rioja, Asturias, Madrid o Extremadura.

La raíz del problema en Canarias

El informe nos proporciona algunos datos complementarios que pueden ayudarnos a entender las causas de nuestros malos resultados. Sin lugar, a dudas, el principal factor para entender estos resultados es el bajo Índice de Desarrollo Social, Económico y Cultural de Canarias (ISEC). Canarias ocupa el cuarto lugar por la cola en este índice, sólo por encima de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Pero siendo muy importante esta relación entre el rendimiento en las pruebas y el ISEC, no lo es menos que la relación entre el rendimiento y el índice de idoneidad del sistema educativo. En esta relación Canarias sólo tiene por debajo a Ceuta y Melilla, mientras que se encuentra muy lejos de Andalucía o Extremadura.

La conjunción de estas dos relaciones, nos deja una evidencia: el mal funcionamiento del sistema educativo en Canarias no permite compensar las diferencias sociales, evidenciadas en el ISEC, como ocurre en Andalucía o Extremadura. De hecho, cuando se traza la recta de regresión que relaciona los resultados con el ISEC, Canarias siempre aparece muy alejada del promedio que le correspondería, salvo en la competencia social y ciudadana.

He aquí nuestro principal problema, la idea sobre la que deberíamos construir una nueva política educativa: el sistema educativo en Canarias funciona peor que en el resto del Estado de modo que no es posible superar las desigualdades sociales, económicas y culturales que afectan a nuestros estudiantes.

Centrado el problema y establecidas sus causas principales, no está de más recordar lo que nos indican las estadísticas comparadas de la inversión educativa.

Si para la etapa 1992-1999 Canarias experimentó uno de los mayores crecimientos en inversión educativa de España y Europa, a partir de aquellas fechas sucede lo contrario: en el Archipiélago Canario se produce en la siguiente década un proceso creciente y sostenido de intensa desaceleración de la inversión educativa, de tal forma que la sitúa a la cola de las Comunidades Autónomas españolas. Todo ello, paradójicamente, en un tiempo de fuertes crecimiento del PIB canario, por encima de la media española.

Por tales razones, trasladar las responsabilidades principales fuera de quien tiene el gobierno del sistema educativo no sólo constituye una falsedad sino que opera en dirección opuesta a las soluciones necesarias. Que se persista en ello se comprueba con el examen de prioridades escogidas para la presente legislatura en materia de educación: entre aquéllas no se encuentra en ningún caso la que debería ser principal y que con rigor se describe como el más destacado de los problemas educativos en las islas: la baja idoneidad del sistema educativo.

¿Es posible cambiar las cosas?

¿Llegamos todavía a tiempo para dar otra salida al panorama que el informe nos describe, especialmente para los estudiantes evaluados de 4º de Primaria?

Sí, si se actúa de otra forma y sin dilación. Afortunadamente los resultados obtenidos por nuestros estudiantes todavía pueden ser mejorados. Se trata de estudiantes de cuarto curso de enseñanza Primaria y, por tanto, con cuatro cursos académicos por delante para que sean objeto de una nueva evaluación, que tendrá lugar en segundo curso de la ESO.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, debería aprovechar la oportunidad abierta por el Ministerio de Educación a través de los catorce programas que se van a poner en marcha, dotados con más de 300 millones de euros, para elaborar un plan que permita utilizar esos recursos eficazmente en la mejora de la idoneidad del sistema educativo. Un plan que, a mi juicio, debería contar con la colaboración de las administraciones locales y, especialmente, con los Cabildos.

* Presidente del Cabildo de Gran Canaria y Secretario General de los Socialistas Canarios.

Jose Miguel Perez*