La película acaba de cumplir 20 años, pero tiene mucho que ver con otra muy reciente. La de 1994 es de Disney y comienza así: sobre una roca que domina una gran planicie, un mono sacerdote eleva al aire a un cachorro de león. Bajo la mirada satisfecha de su padre y de su madre, la reina, las manadas de animales clavan la rodilla en el suelo en señal de vasallaje. Ha nacido el rey león. Su mensaje es claro: en el orden natural de las cosas o eres león, o eres mono o clavas la rodilla. Si naces antílope, nunca serás rey. Eres señor, clero o vasallo, per natura, por la fuerza de la sangre. Si eres jirafa o jabalí, si eres rana o cebra, no arguyas capacidad o mérito. Limítate a rezar.

La película reciente comienza así: por la puerta grande del templo de la soberanía popular ha entrado el nuevo rey con su esposa y sus hijas; diputados y senadores han entrado por los laterales. Esta vez, el obispo estaba en la tribuna de invitados, pero en la colina estaba el presidente del poder legislativo que ha actuado como el mono-sacerdote de la película. En la planicie, sentados aunque deseando clavar en el suelo sus rodillas en señal de vasallaje, los representantes elegidos por el voto de la ciudadanía, el pueblo de la selva con sus diferentes facciones o especies: neoliberales y nacionalcatólicos del PP, neofalangistas de UPyD y tribunos de la plebe del PSOE, barones de la izquierda desde tiempo inmemorial, republicanos de boca chica.

Curioso que tengamos que ir a Hollywood en busca de referentes culturales monárquicos. Y curioso también que habiendo cada vez menos reyes de sangre en el planeta, la sociedad civil se nos esté llenando de nuevos dioses, reyes y tribunos. Los señores del Gobierno, de las administraciones públicas o de la banca –ésos grandes hombres que llevan una gran mujer detrás o debajo– heredan, con naturalidad, las jefaturas de servicio, las cátedras universitarias, las embajadas, los generalatos, e incluso los ministerios. ¿Quién puede escandalizarse por estas pequeñas dinastías cotidianas, si así se accede a la mismísima jefatura del Estado? ¿Quién se escandalizará de que un día nuestros hijos claven la rodilla ante el patrón, si eso es lo que hacen nuestros alcaldes ante los reyes cada vez que los dejan y porque no los dejan más?

La Segunda República no fue sólo un cambio en la forma del Estado, si hubiera sido sólo esto aún perduraría. Significó sobre todo la abolición del vasallaje y el nacimiento consiguiente del estatuto de la ciudadanía. El contrato social –ese expediente imaginario que rige de forma previa a la constitución histórica– cambió su enunciado. Ya no decía: “A partir de ahora te someterás a la voluntad de Dios, del Rey o de los tribunos civiles o militares de la Nación”. Decía: “Sobre todo lo que afecta a mi estatuto de ciudadano, mi libertad, mi vida, mi memoria, mi nombre... no decidirás ni por la fuerza de las armas, ni por la gracia de Dios, ni siquiera por el poder de los votos”. Decía, por decirlo de otra manera, que sólo yo tengo derecho a equivocarme en lo que más quiero y más me concierne, y que ni reyes, ni tribunos, ni Dios, decidirán sobre lo que sólo yo puedo decidir.

Este estatuto de la ciudadanía, que es el reflejo del paradigma democrático, no soporta la monarquía. Y no es porque el rey mande más o menos, no es porque sea cara o barata, bella o fea; es por la herencia. A la jefatura se accede por sangre, por especie, por ser león, no por capacidad o mérito. Es verdad que en las repúblicas perduran las clases sociales, pero siempre habrá alguien que empezó vendiendo periódicos. En las monarquías, si naciste para vasallo del cielo te caerán los clavos. Lo mejor que puedes hacer no es mejorar tus capacidades y desarrollar tus méritos, sino acercarte a la corte, buscar a un sapo, besarlo y si es príncipe casarte con él.

Lo grave no es tanto que nuestras hijas quieran ser como Letizia –eso es un problema estético–, sino que un día doblen la rodilla ante Leonor –eso es un problema ético y político–. Si lo hacen, si la película de la historia termina como la de Disney, habremos perdido la Razón con mayúscula –la que atruena en marcha, la que nos acompaña al reivindicar el estatuto de ciudadanía y la abolición del vasallaje– y las razones con minúscula: la memoria de cada uno de los muertos en las cunetas por este orden laico, de la libertad, la igualdad, la ley y la república federal.

“S. M. el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica”. Treinta palabras que pueden reducirse sin violencia a tres: el rey abdica. Esto es lo que ley dice.

“El rey abdica” es una proposición que describe un hecho, no es una norma. La insalvable diferencia entre normas y hechos está en lo siguiente: los hechos se describen con proposiciones cuya estructura es S es P (sujeto es predicado, Sócrates es mortal, Juan Carlos abdica la corona); las normas también describen hechos, pero sólo para enlazarlos a consecuencias (Si se da un hecho, entonces debe de darse una consecuencia. Por ejemplo: “Si el rey abdica entonces debe de abrirse el proceso sucesorio en los siguientes términos...”).

Los hechos en cuanto acaecidos son inmutables, mientras que a la misma naturaleza de la norma pertenece la posibilidad de su contravención. Si una norma no se puede violar no es norma. Tan estúpida sería la norma que prescribiese algo imposible, como la que prescribiese algo que necesariamente va a suceder. El enunciado “mañana no amanecerá” es tan estúpido como el que dijera “mañana amanecerá”. La norma, en todo caso, diría: “Si mañana amanece [hecho] entonces deben apagarse las luces [consecuencia]”. O: “Si el rey abdicara [hecho], entonces se abre el proceso sucesorio [consecuencia jurídica]”.

La ley orgánica que el miércoles aprobará el Parlamento podía haber dicho (y no dice) otra cosa: que las Cortes Generales aceptan la abdicación del rey. Añadiendo tres o cuatro palabras (las Cortes Generales aceptan...) la ley orgánica sería norma y no hecho, sería coherente con la Constitución. ¿Por qué no lo dice? Descartada la ignorancia de los redactores, me parece que la respuesta sólo puede ser la siguiente: porque esas pocas palabras indicarían la posibilidad de que las Cortes Generales no aceptasen la abdicación de un rey. Y, al hacerlo, colocarían al Parlamento por encima del rey, situarían la soberanía (superiorem non recognoscens) donde la Constitución de 1978 quiere que esté: en el pueblo representado en el Parlamento. Así que lo que tan escueta redacción pretende es dejar claro que el rey abdica cuando quiere y ante quien quiere, y que el Parlamento no es nadie para aceptar o rehusar una abdicación. Por eso, el rey abdicó ante Mariano Rajoy. Es verdad que no está hecha la ley orgánica prevista en el artículo 57 de la Constitución, pero el Tribunal Constitucional está cansado de decir que cuando la Constitución dice “la ley regulará...” y la ley no ha regulado, se aplica directamente la Constitución. Y esta Constitución de 1978 exigía al monarca abdicar ante el pueblo, ante el pueblo en Parlamento, ante el pueblo soberano, pero no ante el presidente del Gobierno.

Contaba López Rodó en sus memorias que los juristas que prepararon la entronización de Juan Carlos, después de la muerte de Franco, le atribuían tres legitimidades: la del Movimiento Nacional, cuyas Leyes Fundamentales lo convertían en rey; la legitimidad dinástica o histórica, la que su padre, el conde de Barcelona, le transmite en 1977, en un acto semipúblico que se celebró en la Zarzuela; y la legitimidad constitucional: el rey es rey porque así lo dice la Constitución de 1978. El problema es que esta tercera legitimidad no acepta las otras dos: una constitución democrática no puede admitir ningún poder que no provenga de la Constitución: “La soberanía, dice el artículo 1.2, ”reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado“. Todos los poderes del Estado, incluido el del rey. ¿No sabían esto los juristas que prepararon la sucesión de Franco? Claro que lo sabían. Pero también sabían que las constituciones cambian y que todo lo que cambia la Constitución es Constitución. Tenían que dejar puertas abiertas, fuentes de legitimidad alternativas por si, algún día, el pueblo decidiera reformar la Constitución de 1978 e instaurar la república, sin golpes de Estado, sin violencia, por el tortuoso mecanismo del artículo 168.

El rey manda y esto es un hecho. El rey abdica y esto es un hecho que está por encima de la Constitución. Esto es lo que de verdad dice la ley. De manera que los diputados que el miércoles voten a favor deben saber que le dan un golpe al republicanismo, pero también al constitucionalismo. Y ello porque el Parlamento no describe hechos, sino que promulga leyes que expresan la soberanía popular. Cuando un hecho se pone por encima de la Constitución, se convierte en constituyente: el decreto de Burgos, sin ir más lejos.