Son, o deben ser, simplemente políticas. Igual que los hombres. Una de las manifestaciones primarias del machismo es diferenciar por el sexo en aquellas cuestiones, labores, personales o cualquier otra en las que el sexo no tiene nada que ver, en las que no es relevante. Y una de ellas, por supuesto, es la actividad política.

Es cierto que en este país se ha avanzado bastante al respecto, lo cual tampoco era tan difícil. De una situación en la que la mujer era prácticamente invisible en política, casi inexistente salvo para ser objetivo de estudios de mercadotecnia política para conseguir su voto, se ha ido pasando por diversas fases en las que su presencia ha ido creciendo. De empezar a ver algunas mujeres en listas electorales, e incluso algunas pocas como cabezas de lista, luego alcaldesas, a listas paritarias, a corporaciones como alcaldías, diputaciones y parlamentos con un número muy parecido de mujeres que de hombres. Pero aun queda mucho camino por recorrer.

Ciertamente, la apariencia física, no solo de la mujer, sino también del hombre, juega su papel. Porque no es solo la estética, sino también la información y la imagen global que proyectan lo que vemos. Si nos parece más o menos creíble, activo, beligerante o mesurado, si es magnético o insulso y muchas otras cuestiones de las que recibimos la mayor parte de datos con los que nos hacemos una idea de cada uno. En la comunicación con imagen, sea personal o a través de medios de comunicación, mayormente televisión, vídeos y otros, solo un 30% aproximadamente de la imagen que nos hacemos de alguien, no solo en política, es verbal. El resto, sobre un 70%, proviene de lo que vemos de sus gestos, de su altura, de su expresión facial y corporal, de su olor, del timbre y tono de su voz...

En otros ámbitos, pero ciertamente también en la política, hay una discriminación clara entre hombres y mujeres. Muy difícilmente se comenta, se lee, se habla o se opina, sobre si uno u otro político lleva un traje, una corbata, unos zapatos bonitos, horrorosos o cursis. Y no se hace porque lo que importa de su actividad pública muy poco tiene que ver con eso. Son sus políticas, sus acciones, sus decisiones, sus omisiones, las que son relevantes de su actividad política para los ciudadanos. ¿Por qué es relevante entonces si el bolso, el vestido, el escote o los pendientes de una política son adecuados, demasiado atrevidos o no le pegan ni con cola? ¿Qué tiene de importante que una política no tenga, o sí, un cuerpo de modelo, que tenga barriga, sea rubia, morena o pelirroja, joven o mayor? ¿Qué tiene eso de relevante, que no lo tenga para los hombres? La respuesta debería ser la misma en ambos casos, pero la realidad política y social nos dice que no obtienen esa misma respuesta. Cuestión de mentalidad, bastante anticuada y equivocada en mi opinión. Y muy difícil de cambiar. No lo será a corto plazo. Este tipo de cuestiones necesitan de mucho tiempo para mejorar. Pero ha de ser ineludible.

Sin embargo este país, adorador de soluciones mágicas, de gordos de la lotería para hacerse rico instantáneamente (y sin esfuerzo), debe comprender que para muchas cosas importantes no existen tal tipo de soluciones. Que muchas cosas necesitan tiempo y trabajo, que la mejor y probablemente única solución es ir dando pasos pequeños, pero constantes. Que se tardará en llegar a un punto bastante más satisfactorio. Pero que desistir porque no se vaya a lograr mañana, esta semana, este año, es el camino seguro para seguir en la misma insatisfactoria mentalidad actual.

Hay dos cosas básicas que, desde un punto de vista jurídico, no entiendo.La primera es que ante una cuestión prejudicial de posible inmunidad que el mismo TS suscita ante el TJUE, el TS continúe con el procedimiento sin esperar al resultado de dicha cuestión. Que una cuestión sea prejudicial significa que ha de resolverse antes de continuar con el procedimiento al que puede afectar. Los resultados posibles son obviamente dos: que no haya inmunidad o que el TJUE dictamine que sí la hay. En el primer caso se continua con el juicio y en el segundo habría que solicitar la decisión del Parlamento Europeo sobre si levanta dicha inmunidad. Ante la eventualidad de cualquiera de las dos posibilidades, el TS debía haber esperado al resultado. Caso contrario, se permitiría enjuiciar y/o condenar a cualquier persona que formase parte de un cuerpo legislativo soslayando su posible inmunidad. Es lo que hizo el TS español en este caso.

La segunda es que si una persona está en plena facultad de sus derechos políticos y puede ser elegible, significa necesariamente que si es elegido, ha de poder formar parte del cuerpo legislativo correspondiente. Lo contrario sería vaciar de contenido aquellos derechos políticos. Ser elegible, pero no poder ser electo es un absurdo jurídico. Es lo que ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo que contravino el TS al no permitir a Oriol Junqueras acudir a recoger su acta de europarlamentario.

Resulta cuando menos chocante que el Tribunal Supremo haya dictado sentencia obviando algo tan ineludible, básico y claro como la cuestión prejudicial de inmunidad parlamentaria sustanciada ante el TJUE y habiendo sido elegible no le permita ser elegido.

Estas dos cosas básicas no deberían ser objeto de controversia entre Tribunales, más aun en tan altas instancias, sino meramente preguntas de examen en la carrera de derecho. Por eso, se me antoja que las motivaciones del TS en este caso no son jurídicas, sino políticas. Es la politización de la Justicia que mencionaba. Una intolerable degradación del Estado de Derecho por parte de uno de los Tribunales que más han de velar por dicho concepto.

Será interesante observar ahora las decisiones que se tomen en el TS al respecto, pero visto los antecedentes, mucho me temo que de alguna forma no cumplirán con las consecuencias lógicas de la citada sentencia del TJUE, pues supondría reconocer los errores cometidos. La humildad de reconocer los propios errores no suele verse en las altas instancias del sistema judicial español, sino por el contrario la soberbia de saberse parte importante de un Poder, que en realidad debería ser Servicio Judicial. El Servicio de impartir Justicia.

Se construye, con mano de obra esclava de adversarios políticos, un mausoleo faraónico a la “gloria” del dictador genocida, enterrando además en el mismo a los esclavos fallecidos sin identificación alguna.

Localizar esos cientos de miles de tumbas no es reabrir heridas. Las heridas se produjeron a los familiares de asesinados, y no han cerrado pues no saben donde están enterrados. Lo que se reabriría sería la conciencia culpable de los asesinos y sus partidarios.

También cerrar heridas es que la tumba del dictador no siga en el mausoleo, trasladando su tumba a un lugar normal. Los genocidas deben estar enterrados en un lugar común, como cualquier otra persona, no en uno diseñado para su devoción.

¿Es así como algunos en la iglesia entienden el mandato de su Dios misericordioso? ¿Glorificando a una persona responsable del asesinato de cientos de miles de personas?

Píquemelo menúo, que es para cachimba.

Las críticas han sido similares desde ambos lados, si bien por ideas distintas.

No dudo que la adquisición se haya hecho de forma legal, proveniente de sus ingresos de diputados, de los libros que han escrito y otras fuentes lícitas, además de un crédito hipotecario. Lo que ha suscitado polémica es la conveniencia o no de que líderes de un partido de izquierdas compren una casa considerada «burguesa».

Desde las propias filas se les ha criticado por no ser coherentes con los propios valores. Entiendo que, tras tanto criticar a la «casta», ahora parezca se se suman a ella con una vivienda que no está al alcance de la mayoría de sus votantes ni de la mayoría de la población. Aunque ha sido hecha cumpliendo los principios del partido en cuestiones de sueldos e ingresos. No creo que ni Iglesias ni Montero hayan incumplido las normas internas de su partido en cuestión de limitación de sueldos, ni obtenido ingresos contrarios a esas normas. Entre herencias e ingresos por la autoría de libros, parece claro que entre ambos pueden tener nivel adquisitivo para una vivienda así. Por lo tanto, es más una cuestión de coherencia política entre sus filas, más que cualquier otra cuestión.

Así lo señala el Alcalde de Cádiz, José María González “Kichi”, opinando que se debe vivir entre el pueblo y como el pueblo. Pero esta postura contraria, a mi modo de ver adolece de una ausencia. En los antiguos regímenes comunistas, sus líderes, efectivamente, predicaban la igualdad... para los demás, viviendo ellos de una forma completamente distinta, burguesa, a costa del Estado. Y no solo de una forma inalcanzable para sus súbditos, sino que tampoco querían que sus súbditos la alcanzaran. En el caso presente, no se ha hecho a costa de nadie, sino de sus propios y lícitos ingresos, sin vulneración de las normas internas del partido. Y no creo que el objetivo político de Podemos sea que los ricos sean pobres y que los pobres sigan siendo pobres, sino que haya más igualdad en la calidad de vida para todos y que dicha calidad sea la mejor posible. Pero entiendo que chirríe que sus líderes vivan de una forma mucho mejor que la mayoría de la población.

La derecha, y la mayoría de los medios de comunicación, que son suyos, se han apresurado a editar portada tras portada, magnificando estas aparentes incoherencias. Y a acosarlos con propuestas de «marchas» a la casa adquirida y ofertas económicas buscando información de sus vidas privadas. En la conciencia social española, asentada por casi 40 años de dictadura y más de 40 posteriores con la propiedad de la mayoría de los medios de comunicación en manos de las élites del poder, se considera que el comunismo o lo que se presenta como «izquierda radical», persigue el objetivo principal de hacer pobres a los ricos y rebajar su nivel de vida al correspondiente a la mayoría de la población, bastante precario. Lo cual es una falacia, pues al menos expresamente, esta «izquierda radical» promueve tanto la mayor igualdad como la mejora de la calidad de vida de toda la población. Y mientras critican que los líderes de un partido adquieran una vivienda de unos 600.000€, con fondos propios, sujetos a limitación de sueldo público por su propio partido, y de forma totalmente legal, callan frente a la enorme e injusta diferencia de salarios e ingresos que la derecha no solo permite, sino que promueve. Y no solo callan, sino que, en más de 800 casos, defienden a ultranza presuntos enriquecimientos ilícitos en las filas propias, algunos no tan presuntos habiendo condenas de cárcel, a costa del trabajo de la mayoría de españoles, que es de donde provienen los fondos del erario público.

No sé si ha habido falta de previsión por parte de Montero e Iglesias o si habían previsto la polvajera que se iba a montar y aun así decidieron no renunciar a algo lícito.

En cualquier caso, la polémica ha puesto en evidencia una vez más el populismo y los estereotipos falsos e interesados de la derecha y la falta de definición en la coherencia de la izquierda. Si este debate se hiciese razonando, serviría para formar opiniones fundadas. Pero mucho me temo que se está haciendo más con el estómago y con ideas preconcebidas y prejuicios, que solo producirán enconamiento y estupidez.

Para que sea efectivo necesita una serie de condiciones o circunstancias imprescindibles, que no se recogen en ningún texto legal. Una ciudadanía preparada para poder ejercer sus derechos y elecciones con libertad. Aquí reside un obstáculo, pues ni en nuestro país ni en casi ningún otro, se prepara a los ciudadanos para que tengan espíritu crítico, para que sepan analizar la realidad política y social con los conocimientos y la mayor objetividad posible. Unos medios informativos veraces y que no estén dirigidos a manipular la opinión pública, para que su elección no esté condicionada por propaganda, márketing e información sesgada, falsa o alejada de la realidad. Una cosa es la subjetividad inevitable en la interpretación de la realidad política, social y económica, que tiene como resultado la manifestación de distintas opiniones y representaciones de esa realidad, y otra cosa bien distinta es dirigir la información con el propósito de representar un panorama tergiversado, falso, manipulado, que dificulte o impida al electorado poder ejercer ese análisis y crítica libres para optar, tomar decisiones y votos que posibiliten la aplicación real de los principios democráticos fundamentales.

La libertad de empresa, en el marco de una economía neoliberal de mercado, ha supuesto que muchos de los medios de comunicación más importantes sean propiedad de grandes capitales y empresarios. El llamado cuarto poder. Que no siendo uno de los tres poderes del estado formalmente, tiene una influencia crucial en ellos. Este cuarto poder, dominado por la élite económica y financiera, tiene sus propios fines, que no son los de la ciudadanía. Y sus empresas están dirigidas a conseguir estos fines propios. Incluyendo sus importantes medios de comunicación.

Como resultado, tenemos un cuerpo electoral en su mayoría no preparado para obtener una representación de la realidad política y social que responda a un mínimo de objetividad y muchos importantes medios informativos que dirigen sus informaciones en búsqueda de obtener una respuesta ciudadana que satisfaga las pretensiones de los propietarios de dichos medios. Para la consecución de estas pretensiones, en lugar de informar verazmente, razonar y explicar, recurren a la propaganda, el márketing, muy eficaz sobre personas que no tienen la preparación suficiente para elegir con libertad con base en argumentos, consiguiendo convencer en política del mismo modo que se hace con cualquier producto de consumo. Se busca un envase bonito, atrayente, sugerente, ocultando de forma intencionada las cualidades reales del producto. De forma que se produce una desconexión casi completa entre forma y materia. Al tiempo, se procura dar la imagen de que el “envase” de los adversarios es horroroso, ofreciendo todo tipo de noticias, reales, falsas, inventadas e incluso fabricadas, para que las personas decidan, de forma emocional, no razonada.

Así, se puede tener una buena imagen del impacto real que tiene este tipo de representación de una realidad aparente, que no real, sobre un cuerpo electoral no preparado, pues es mucho más sencillo saber en qué medida se influye en forma emocional que sobre un conjunto grande de personas que toman sus decisiones de manera realmente libre y, por lo tanto, menos previsible.

Los partidos políticos actuales, en mayor o menor medida, también aplican estos planteamientos, participando en este “juego”, con el fin de imponerse unos sobre otros, dejando en el mejor de los casos en un segundo plano que la acción política responda a los intereses de la ciudadanía.

Como conclusión, el sistema democrático termina siendo ineficaz, pervertido por unos grupos de poder con unos métodos y fines propios y un pueblo al que intencionadamente no se le dan los conocimientos y herramientas necesarios para no verse subyugado por su falta de preparación.

Es una democracia de derecho y una dictadura de unos pocos de hecho. Oligarquía, que le llaman.

La tortura, las barras de hierro candentes para hacer confesar, cortar la mano y similares, son animaladas, en el sentido que están dictadas por la naturaleza animal, no racional, del ser humano. Por desgracia, muchas prácticas de este estilo aun perviven en muchos países. Y aun en Occidente sucede a veces, si bien son contrarias a la legislación.

Una de las manifestaciones de la aplicación del raciocinio humano en el campo penal es el estado de derecho. Básicamente significa que el Estado, en la lucha contra los delitos, se ciñe a normas preestablecidas, que procuran evitar la comisión de delitos, la atenuación de sus daños si se cometen, la detención de los (presuntos) delincuentes, puesta a disposición judicial y proceso con todas las garantías, fundamentalmente la presunción de inocencia y el derecho de defensa. De esta forma se intenta evitar que personas inocentes se vean sancionadas, y que quienes son penados lo son porque con seguridad han cometido infracciones penales.

Pero la delincuencia es un fenómeno y los delincuentes las personas que lo practican. Y la forma de enfrentarlos debe ser distinta.

En aplicación de los principios y valores del Estado de Derecho, no se puede entrar en un barrio donde la delincuencia sea muy alta y someterlos a represión policial. Eso significaría someter a penas a muchos inocentes, vulnerar el principio de presunción de inocencia, el derecho de defensa y a un juicio justo. Y convertiría al Estado en delincuente, al infligir daños a personas sin estar legitimado ni justificado, prescindiendo de todo procedimiento judicial. Justo lo que hacen los delincuentes. La consecuencia sería la contraria a la que se debe buscar. Muchos inocentes y sus familiares, al verse sometidos a represión, podrían convertirse en delincuentes como forma de defensa frente a un estado opresor. Los delincuentes se reafirmarían en su delincuencia. Y el Estado sería también en parte del problema, de la delincuencia. Como resultado final, los delincuentes lo serían más, se propiciaría que personas inocentes se convirtieran en delincuentes y el Estado cometería delitos, en lugar de luchar contra ellos.

En lugar de ello, hay que buscar las causas por las que surge la delincuencia, que facilitan que las personas se dediquen a delinquir y procurar eliminar aquellas causas.

La posibilidad de subsistir legalmente, con un trabajo remunerado que dé para vivir sin pasar necesidades vitales, en su defecto con algún tipo de ayuda estatal sobre todo en casos de alta tasa de paro, el acceso universal a la educación, no solo como suma de conocimientos, sino en valores, en libertad, con conciencia crítica racional, la existencia de oportunidades para vivir de forma digna y constructiva y garantizar los derechos humanos fundamentales, se convierten así en las mejores herramientas para luchar contra la delincuencia y disminuir el número de delincuentes. La represión consigue justamente lo contrario, como se ha expuesto.

Los terroristas son delincuentes, y el terrorismo un tipo de delincuencia. Por lo que lo anteriormente expuesto le es plenamente aplicable. Tanto en la lucha contra los terroristas como personas como el terrorismo como fenómeno.

Desgraciadamente, bien por no ser racionalmente civilizados bien por buscar un interés distinto, hay muchas personas y gobiernos que frente al terrorismo cometen los errores citados por un Estado policial represivo, a nivel internacional. Y los resultados son los ya citados.

Los terroristas, sus centros, sus arsenales, están en medio de ciudades, no aislados en el campo o en un desierto, poco menos que expuestos a un bombardeo limpio. Por muy dirigidas que sean las armas, al bombardear ciudades en poder de terroristas, se matan inocentes, y los supervivientes se verán fuertemente inclinados a sumarse al terrorismo como forma de defensa frente al opresor. Se matan personas que es posible que sean terroristas, delincuentes, pero vulnerando completamente el principio de inocencia, el derecho de defensa y a un juicio justo y con garantías. Por lo que el Estado comete lo que debe combatir: matar a personas de forma indiscriminada, justo lo que hacen los terroristas.

Hay personas y gobiernos que, a las críticas a esos bombardeos, a esa forma salvaje, incivilizada, contraproducente, de actuar, le llaman con desprecio “buenismo”, ser tontos, poner la otra mejilla, no hacer frente al terrorismo. Pero lo contrario de ser terrorista, represor, de ir a la guerra, no es ser tonto. Es ser racional, constructivo, eficaz, ir a la paz.

Ciertos gobiernos y personas lo hacen como reacción puramente animal y ciega, sin darse cuenta de que su proceder contribuye a alimentar el mal que quieren combatir, al punto de convertirlos a ellos en parte de ese mismo mal.

Y otros en realidad no buscan combatir el terrorismo, sino beneficiarse. Beneficiarse con la venta de armas a esos terroristas, o a países que apoyan el terrorismo con financiación y venta de armas, muchas veces armas que fabricamos en nuestros estados y vendemos sabiendo que acabarán sirviendo al terrorismo. Beneficiarse financiando al terrorismo, comerciando con ellos, comprando su petróleo, esclavizando a sus ciudadanos en la fabricación de bienes de consumo a cambio de un salario mísero, sin derechos laborales ni aun humanos.

Una vez más vemos que las decisiones del Ministerio de Soria coinciden con el interés de las grandes empresas energéticas y, como casi todas, lesionan gravemente los intereses de los ciudadanos

Recientemente se ha sabido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado la propuesta del Ministerio de Industria de incentivar el uso del carbón nacional para producir energía eléctrica. Junto con el llamado “impuesto al sol”, que impone de forma absurda el pago de impuestos por el autoconsumo eléctrico proveniente de fuentes limpias, más eficientes y sostenibles, se ofrece un panorama peor aun que descorazonador: injusto para la ciudadanía en provecho de unas pocas empresas de gran capital.

Una vez más vemos que las decisiones del Ministerio de Soria coinciden con el interés de las grandes empresas energéticas y, como casi todas, lesionan gravemente los intereses de los ciudadanos:

Todos estos hechos en los que salen siempre beneficiados las grandes empresas energéticas (y el capital propietario de las mismas) y perjudicados los ciudadanos, los consumidores, el bien común, dejan en evidencia qué intereses se defiende desde la Administración. Este absurdo desatino es imposible hacerlo por desconocimiento ni por desinterés. Teniendo lo contrario, conocimiento e interés, que lo debe haber por obligación en el Ministerio, sobre todo en las altas instancias, la realidad expone con bastante claridad que no son los intereses nuestros, de los consumidores, de los ciudadanos, los que se buscan.

Y hay algunas preguntas sobre sus propuestas que me gustaría que respondiera. Básicamente, sobre esos índices de criminalidad que esgrime entre los inmigrantes, la construcción del muro en la frontera de México con USA (que además dice que hará pagar a los mexicanos), la expulsión de 11 millones de indocumentados y la creación de empleo.

Primero, es cierto que desconozco el índice de criminalidad relativo entre la población inmigrante ilegal, mayormente mexicana, la americana y la procedente de otros países. Y lo sigo desconociendo porque Trump no ha razonado con datos reales esas afirmaciones. Por la experiencia que tenemos en Europa y España, me extrañaría mucho que fuera así. Quienes emigran lo hacen buscando un lugar mejor para vivir y además para sacar adelante a las familias que han dejado atrás, por lo que en general su absentismo laboral es menor y su eficiencia laboral es mayor que la población nacional. Si sus afirmaciones fueran tan ciertas, estaríamos inundados de las reales y verdaderas estadísticas que estaría pregonando todos los días.

Además, los millones de esos indocumentados que trabajan sin contrato cometen una ilegalidad motivada por necesidad vital, para comer y vivir, simplemente, en una gran mayoría de casos. Pero quienes los emplean, casi siempre norteamericanos y empresas norteamericanas, pues hablamos de USA, también vulneran la leyes laborales y fiscales de USA, por no hablar de que están realmente aprovechándose de la pobreza de otras personas para esclavizarlos con tal de aumentar sus beneficios. ¿Cual es su propuesta sobre estos empleadores? ¿Los sancionará según sus propias leyes, o también hará las afirmaciones sin base ni datos que les interese?

Asimismo me gustaría preguntar ¿como hará para ponerle esas puertas al campo, ese muro fronterizo?. No es tan sencillo como levantarlo y ya está. También luego habrá de vigilarse desde el lado americano, con los consiguientes e ineficientes gastos. En dos países fronterizos con mucha desigualdad económica, es imposible cerrar la frontera. En Europa tenemos mucha experiencia. Y más aun en el Guetto de Varsovia que levantaron los alemanes en la segunda guerra mundial, en el que había gente que pasaba de un lado a otro con frecuencia, sobre todo niños. Igual que al campo, al hambre tampoco puede ponérsele puertas.

¿Como hará para hacerles pagar a los mexicanos la construcción del muro? Cualquier medida, como subir el coste de visados, como propone, puede ser contestado de la misma forma por Mexico, con lo cual quedará en nada. En Varsovia se hizo pagar a los propios judíos la construcción del muro que delimitó el guetto, despojándoles incluso de sus joyas y bienes particulares ¿Planea algo similar?

Expulsión de 11 millones de indocumentados. ¿A donde expulsará aquellos de los que no pueda demostrarse su nacionalidad? ¿Qué países aceptarán la deportación de personas desde USA que no son nacionales suyos? ¿Abrirá un nuevo “Guantánamo” capaz de unas decenas de miles de personas? ¿Donde se erigiría, quien sufragaría su coste y su mantenimiento? ¿También México?

Cuando logre expulsar a esos 11 millones de indocumentados, ¿como cubrirá todos los puestos de trabajo que dejarán vacantes varios millones de entre esos 11, que actualmente trabajan sin contrato, sin derechos laborales ni sociales, por un salario de miseria que no les permite casi ni comer? ¿Degradará los derechos laborales, sociales y salariales de los norteamericanos hasta igualarlos con los que actualmente sufren esos millones de indocumentados? ¿Qué medidas tomará para sofocar las revueltas, incluso levantamientos, que ello produciría? En caso de no cambiar la legislación laboral y social para los norteamericanos ¿Como hará frente a la brutal inflación que supondrá el aumento repentino y altísimo del coste de la mano de obra?

Ese aumento de empleados que pregona ¿también pasará por la degradación de derechos laborales, sociales y laborales, de forma que supondría una bajada del número de desempleados, pero no de los índices de pobreza? Caso contrario, con el coste de mano de obra disparado ¿Quien pagaría ese abrupto incremento de empleados y salarios, sin que ello supusiera una inflación fuera de control, con el rápido deterioro que produciría de la capacidad económica de Estados Unidos de América?

El odio se puede predicar sin razonarlo y se propaga fácilmente en pueblos que no están preparados para analizar por si mismos las realidades políticas, sociales, laborales, etc. Que son casi todos las del mundo. Aquí, sin ir más lejos, tenemos un sistema educativo que cada vez degrada más el nivel de preparación y autosuficiencia lógica y analítica de los individuos. Por eso, en las elecciones no se razona ni argumenta, sino que se gastan millones en posters en todas las farolas y muros, con foto de photoshop y eslóganes, en anuncios en radio y televisión con promesas siempre incumplidas, pero brillan por su ausencia las rendiciones de cuentas, la honestidad en las políticas y los razonamientos sinceros.

El odio que se focaliza en un grupo que se presenta como enemigo común, al que se echa la culpa de todos los males, arde como la yesca. Este enemigo común sufrirá muchísimo y será la principal víctima. Pero los odiadores, lo quieran o no, como siempre en la historia, se encontrarán con que no se resuelven sus problemas e incluso añadirán otros más que tendrán que afrontar y cargar.

Es lo que inexorablemente pasaría en USA si se eligieran las políticas y desatinos de este indeseable.

Desde el comienzo de nuestra Autonomía ya empezó a hablarse del absurdo sistema de la triple paridad, debiendo tener el mismo número de diputados cada una de las dos provincias, cada una de las dos islas mayores, y las islas menores en relación con las mayores. 

De esta forma, los 643.521 electores de Gran Canaria eligen a 15 diputados, teniendo una relación de 42.901,4 electores por cada diputado. Mientras en el Hierro, con 3 diputados, la relación es de 2718,3.  Esto significa que, aproximadamente, cada voto en El Hierro tiene el valor de 15,78 votos en Gran Canaria.

Se pueden hacer muchas otras comparaciones que también ofrecen resultados bastante similares, entre islas mayores y menores. 

Además de lo anterior, también el sistema electoral canario tiene unos mínimos para obtener representación parlamentaria que beneficia de forma muy acusada a las formaciones políticas que tienen más alta implantación insular, perjudicando a las que obtienen resultados más homogéneos en todo el Archipiélago. 

Actualmente la Ley Electoral Canaria exige cumplir alguno de los siguientes mínimos:

Esta ha sido la razón de que Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria, con 53.981 y 32.701 votos, respectivamente, no hayan obtenido representación parlamentaria, al no haber cumplido ninguno de los 3 criterios anteriores. Al tiempo que CCa-PNC obtiene 2 parlamentarios por El Hierro con 2.503 votos y la Asociación Socialista Gomera 3 con 5.089. O que Ciudadanos no haya obtenido ningún diputado en Gran Canaria habiendo obtenido más votos que CCa-PNC. 

Asignando un mínimo de 1 representante por Isla, repartiendo de forma proporcional a la población de cada isla los otros 53, y rebajando los mínimos para obtener representación al 15% insular o 3% regional, los resultados varían de forma sustancial. Y sobre todo, los canarios seríamos bastante más iguales ante la Ley...electoral. 

La comparación de resultados sería como sigue: 

CIRCUNSCRIPCIONES INSULARES

RESULTADOS ELECCIONES 2015

CIRCUNSCRIPCIÓN REGIONAL

Como se ve, hay algunas diferencias, siendo las más acusadas el descenso en 4 diputados de CCa-PNC, la entrada de Ciudadanos y Unidos en el Parlamento y el descenso de 3 a 1 diputado de la ASG.

El mayor cambio, sin embargo, sería la representación proporcional más equilibrada entre todos los electores canarios y, por lo tanto, su mayor igualdad ante la Ley y en el ejercicio de la soberanía autonómica. 

* Los datos censales han sido obtenidos en internet, del INE, y de los resultados provisionales publicados en diversos medios de comunicación. No debería haber variaciones tomando datos de otras fuentes y resultados definitivos.

Yo estoy en contra de los terroristas y a favor de las víctimas. Pero eso no significa que defienda su línea editorial.

Vaya por delante, negro sobre blanco para que se pueda leer cuantas veces se quiera, que no hay justificación alguna para el terrorismo. Para ningún terrorismo. Nunca. Ni para el terrorista que empuña un arma, ni para el terrorista que comercia con armas, ni para el terrorista que decide hacer la guerra, ni para el terrorista que especula con los precios de alimentos básicos condenando a la muerte por hambre a millones de personas. Ni para el que está en el frente de batalla, ni para el que pone bombas en ciudades, ni para el que está bien vestido tras un despacho, sea de una empresa o de un gobierno.

Aunque no sigo a la Iglesia Católica, siempre me pareció perfectamente acertado el quinto mandamiento tal como está expresado: “No matarás”. Porque es así de categórico. No hay excepciones ni excusas. No matarás. Nunca y a nadie. Por eso tampoco considero acertadas las frases que hablan de víctimas inocentes o víctimas civiles. Las víctimas son víctimas todas. Las inocentes y las culpables, las civiles y las militares, las de cualquier persona. Matar a alguien es malo, sea inocente, culpable, civil, militar, blanco, negro, chino, rubio, moreno, musulmán, judío, católico, ateo o de cualquier país.

La pena de muerte supone condenar a alguien después de un juicio justo a que pierda la vida en nuestras manos. Y si estamos en contra de la pena de muerte, que es una salvajada y para los católicos un pecado mortal, ¿como vamos a estar a favor de matar a alguien sin juicio, sin acusación, sin abogado, sin juez imparcial, sin garantías de ningún tipo?

El odio es su propia semilla y cosecha. Quien actúa con odio promueve el odio y recoge odio. Por eso, quien crea que el odio es malo, debe tener claro que el odio no es ni la afirmación ni la respuesta a nada. Si quien se declara civilizado y frente a la barbarie actúa con odio o venganza, se ha convertido en un vengativo, se ha sumado a los que siembran odio y no civilización, cultura, educación.

Por supuesto que frente a lo que nos ofende, como puede ser una revista satírica o cualquier otra cosa, la respuesta no puede ser el terrorismo, ni la violencia ni el odio. Por que esa no es nunca la respuesta positiva. Si odiamos a quien nos odia, hemos dejado de ser civilizados. Hemos perdido, por que nos hemos convertido en lo que decimos detestar. Y los terroristas han ganado, por que nos han convertido a su bando, por que nosotros también odiamos, aunque sea a personas como ellos.

Por lo que he podido ver de esa revista satírica francesa, creo que su línea no me gustaría nada. Una cosa es la crítica constructiva, incluso el humor y la risa, que debe empezar por uno pero también llegar a los demás. Y otra cosa es el escarnio y la mofa, tanto de personas como de pueblos. Por que eso siembra odio y recoge odio. Con lo civilizados que nos decimos en occidente, ¿nos parecería bien que una revista satírica hiciese esas burlas sobre Jesús y los símbolos cristianos, o judíos, con viñetas en las que se les corta el cuello?

Entiendo el sentido de decir ahora “Je Suis Charlie”. Es ponerse del lado de las víctimas y en contra de los verdugos. Por supuesto que hay que defender siempre a cualquiera frente a asesinos. Y yo también lo hago. Distinto es identificarse con la línea editorial de una revista, que tengo la impresión es desacertada.

Entre las reacciones que han provocado estos ataques terroristas he encontrado algunas especialmente desafortunadas. Quien aprovecha para promover otra vez el debate sobre establecer sobre la pena de muerte. Si queremos perder frente al terrorismo, hay un camino directo y sencillo: ser como ellos, actuar como ellos, convertirnos en ellos. Y el paso es muy fácil: matar. Sea con armas, con la horca o con inyección letal estableciendo la pena de muerte. Quien promueve el establecimiento de la pena de muerte promueve la violencia y el terror contra otras personas. Y eso es igualmente terrorismo.

También es muy desafortunado quien en este momento se centra en otros a quien llama terroristas, acertadamente o no. Porque el centro de este debate está en los sucesos de Francia en estos días. Cambiar ahora el centro de las discusiones supone una especie de cortina de humo o justificación a una de las clases de terrorismo o violencia. No diré que las comparaciones entre terrorismos son odiosas, por que está servido el chiste fácil sobre no usar el odio. Pero si son una estupidez. El terrorismo es terrorismo, sea de la clase que sea. No se puede justificar uno por la existencia de otro. El terrorismo es tan malo como principio como malo por respuesta. Por eso se deben condenar todos, uno por uno. Pero no mezclarlos ni justificar uno con otro.

Por último, resulta vergonzoso ver condenando ataques a la libertad de expresión, una libertad de expresión cercana al odio y escarnio como dije, a quienes por otro lado promueven leyes que la mutilan gravemente, imponiendo normas con infracciones y sanciones que la coartan y la impiden, como en una dictadura policial. Y a quien condena el fanatismo religioso cuando acaba de condecorar con una distinción del Estado a uno de los símbolos de otra religión, en un estado no confesional y que debe el mismo respeto a todas las religiones y por tanto la misma neutralidad frente a todas.

Yo estoy en contra de los terroristas y a favor de las víctimas. Pero eso no significa que defienda su línea editorial.

Yo estoy en contra de todos los terrorismos. Pero hoy toca hablar de estos. Los demás tendrán su artículo propio.

La soberanía nacional residente en el pueblo ha de ser real. Real de cierta, no de reyes

En las actuales circunstancias, era inevitable que la abdicación de Juan Carlos I provocase la efervescencia del debate entre monarquía y república. Y por esas mismas circunstancias, también era inevitable que el debate no fuese entre dos formas de estado, sino que contrapusiese la idea de república tal como fue la IIª y la monarquía actual.

De manera que con la idea de república se identifica en buena medida a la IIª que tuvimos en España, y la idea de monarquía con la que actualmente tenemos y las personas que la ostentan.

Siendo formas de estado que hacen referencia a la forma de provisión de la Jefatura del Estado, y no a un sistema democrático, parlamentario o cualquier otro, no deberían tener ese sesgo de ideología política. Al menos en lo que respecta a la República. Que un país con soberanía nacional que reside en el pueblo elija a su Jefe de Estado es una consecuencia natural y necesaria de esa proclamada soberanía nacional. El sistema de designación propio de la monarquía es una tradición de siglos, por lo que es bastante probable, y cierto en nuestro caso, que sea aceptado sobre todo por personas de ideología conservadora.

El sistema hereditario de designación es antiquísimo. Y abandonado desde hace siglos para la mayor parte de las ocupaciones profesionales y selecciones políticas. En la práctica es un sistema de azar en lo que respecta a las capacidades de la persona designada. Y siendo necesario elegir a los más capaces, tanto para el ejercicio de las profesiones como para el desempeño de cargos públicos, este sistema hereditario en la Jefatura del Estado no solo no lo garantiza, sino que podemos tener la seguridad de que más pronto que tarde, llegará a ellos alguna persona con capacidades muy pobres o inexistentes para el desempeño del mismo, más grave aun siendo la institución cumbre del sistema de Estado. Además, tiene el agravante de que el cargo es vitalicio, lo cual significa que la soberanía nacional residente en el pueblo ha de estar a la suerte de que el Jefe del Estado, durante toda su vida, ni siquiera pase por fases en las que tenga una actuación mala o simplemente que no sea la que la soberanía desee.

Es obvio que los mejores médicos no son simplemente los que sean hijos de médicos, sin más. Sino aquellos que han adquirido los conocimientos necesarios a través de una instrucción idónea. Por esas mismas razones, para casi todas las ocupaciones profesionales, existen planes de estudios oficiales y las titulaciones correspondientes que se obtienen tras los exámenes y pruebas pertinentes.

Siendo la política cuestión de opinión y de ideología, las democracias modernas establecen sistemas electivos, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, para el acceso a los cargos de representación política de la soberanía nacional, como los diputados, concejales, etc. Y esa es la razón por la que la Constitución Española actual, al igual que las contemporáneas europeas, existe este sistema electivo. Lo cual no es más que la aplicación, en la medida de lo posible, del sistema de selección por preparación e idoneidad.

Y ello está plasmado en el artículo 1.2 de la Constitución Española, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. En el artículo 14, que propugna que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y en el 23: 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

El Fiscal General del Estado, Torres Dulce, dice que la Constitución es la que es, dando a entender que en ella se recoge la Monarquía parlamentaria como forma de Estado, y se regula la Corona (en el título II).

Efectivamente, la Constitución es la que es. Contradictoria. Por que además de la Corona, también recoge los tres artículos citados. Y el artículo 57.1 es palmariamente contradictorio con estos tres artículos: “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.” Nada que ver con los principios de igualdad de acceso a las funciones y cargos públicos, con el principio de no discriminación por razón de nacimiento o sexo, ni con el de soberanía popular, que reside en el pueblo.

Siendo los principios, derechos y deberes fundamentales citados recogidos en la Constitución el reflejo de lo que las sociedades actuales, también la española, tienen por justo, razonable e imprescindible, y la sucesión hereditaria expresión de un sistema desfasado hace siglos, por ineficaz, injusto y perjudicial, en principio es obvia la solución de la contradicción.

Pero esa contradicción, en la legalidad vigente, ha de resolverse conforme a lo recogido en la propia Constitución para su reforma, artículos 166 a 169, que establece un sistema en el que es la soberanía nacional la que expresa su voluntad o no de reformarla.

La Constitución actual fue expresión de la soberanía nacional residente en el pueblo de 1978, que en buena medida ya no es el mismo que 36 años después, 2014, por que han cambiado muchísimas personas y la sociedad en sí misma. ¿Por qué ese empeño en que las decisiones que actualmente se debaten sean tomadas por unos pocos, decenas todo lo más, que dirigen los dos grandes partidos políticos, y no sea consultado el pueblo para que exprese su voluntad, ejerciendo así la soberanía que tiene?

Es lo que refleja a los dos grandes partidos como lo que son: partitocracia conservadora de su statu quo, alejados de la ciudadanía y sus intereses. La política antigua, anclada en el pasado. En cuestiones monárquicas el pasado de hace siglos. En cuestiones de partidos, el presente sistema de partidos corrompido.

La soberanía nacional residente en el pueblo ha de ser real. Real de cierta, no de reyes.

Una pregunta importante, pero que su respuesta es bastante obvia, es de donde va a sacar la banca española los fondos para pagar esos muy onerosos intereses del 8,5%. Teniendo en cuenta que los bancos no tienen una máquina de imprimir dinero ni crearlo por arte de magia, que no pertenecen al sector primario que crea bienes, ni al secundario que los transforma y, en ambos casos, aumentan la riqueza, la respuesta es clara: de los sectores que la crean. Cuando un banco hace un préstamo, el prestatario debe devolver el capital más intereses. Lo que significa que debe trabajar o crear riqueza de la forma que sea para devolver el capital prestado más intereses. Pues en España tendremos que trabajar para pagar a la banca unos 25.000 millones.

Hemos pasado a más de 5 millones de parados y llegaremos a 6, dicho por el mismo gobierno, por lo que me temo que serán más. Se ha reducido muy considerablemente los servicios básicos que presta el estado, sobre todo en educación, en sanidad y en servicios sociales. Han subido prácticamente todos los impuestos. Todo ello significa que a pesar de un empobrecimiento muy considerable de los ciudadanos españoles, sufrimos una presión fiscal mucho mayor y además debemos pagar con nuestros fondos privados esos servicios básicos que el estado ya no presta. Y con este panorama ahora debemos sufragar todos los ciudadanos esos 25.000 millones de euros en intereses.

Otra pregunta que considero importante es ¿Surtirá de verdad efecto ese préstamo de 100.000 millones de euros? Se dice que irán destinados a que fluya el crédito, para reactivar la economía. Es cierto que actualmente las condiciones para conceder un crédito son normalmente muy duras. Pero no creo que sea por falta de garantía de las empresas o personas con respecto a la situación anterior a la crisis. Más bien lo es por el exceso de desconfianza de la banca a hacer fluir esos créditos, por el batacazo en impagados que ha sufrido, provocados en parte por la crisis, aumento del desempleo y estallido de la burbuja inmobiliaria y, sobre todo, en la inconsciencia de la propia banca en la concesión de préstamos de forma demasiado alegre y atolondrada, cuando no fraudulenta en algunos casos.

Como podemos ver, con lógica ante el panorama esbozado, una de las causas de que el crédito no fluya es la falta de demanda de los mismos. Debido al gran aumento de la presión fiscal y preocupante disminución de ingresos, cuando no cese de los mismos, tanto las personas como las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no disponen de capacidad ni las enormes garantías exigidas para solicitar estos créditos. Entonces ¿Donde colocará, a quien prestará la banca española esos 100.000 millones de euros, debiendo tener además la certeza de obtenerlos de vuelta con un plus de 25.000 millones más?

Se insiste hasta la saciedad en que hay que reducir el déficit público, por que no se puede gastar más de lo que se tiene. Lo cual a nivel de cuentas públicas es falso, pues hay que invertir en lo que haga crecer la economía y mañana, con una economía saneada y en aumento gracias a esas inversiones, se podrá recuperar ese déficit. Pero es que tanto es contraproducente, como vemos, la lucha feroz y ciega contra el déficit público, como disparate aumentar el déficit privado en 100.000 millones. ¿No acabamos de ver que el sector privado, tanto los ciudadanos como las empresas y sobre todo el sector financiero son los que más ahogados están por la crisis?

Antes estábamos en manos de una clase política que no hacía maldito caso al interés público, obcecados en el interés partidario como estaban. Ahora ya ni siquiera eso: estamos en manos del capital que nos prestan.

Ave, Cesar. Morituri te salutant.

Tony González

No sé si ese nombre será el real, “ordenanza antivandalismo”. Espero que no, por que eso equivaldría a llamar vándalos, en su mala acepción, a quienes piden para no morir de hambre, en muchísimos casos. En cualquier caso, con ese o con otro nombre, multar a personas que no tienen recursos, hasta el punto de tener que pedir limosna para comer, y precisamente por ese hecho, me parece no solo lamentable e injusto, sino además, estéril. Quien no puede perder nada por que nada tiene no se detendrá por una multa que ni podrá pagar ni le podrán cobrar. ¿Multará reiterativamente el Ayuntamiento a los mendigos, de forma que personas que son insolventes, que no tienen nada, acumulen una deuda de miles de euros con su administración local? Es un resultado absurdo, triste e injusto.

Me pregunto en qué ciudadanos piensa el alcalde al decir que mejorará su calidad de vida. Supongo que a los que tienen casa, trabajo y dinero para comer, vestir y pagar sus impuestos locales. Y que la mejora supondrá que no tendrán que verse en la “desagradable” situación de que un mendigo mal vestido y sucio les pida dinero. Porque desde luego con esas multas no solo no mejorará, sino que agravará todavía más la calidad de vida de los mendigos. Que también son personas y ciudadanos, independientemente de cualquier otra condición o situación.

Que esa medida de imposición de multas permita al Ayuntamiento luchar contra las mafias de la mendicidad es tan desatinado que no acierto a ponerle un calificativo que no suene excesivamente ofensivo. Multar a las personas que, según el alcalde, son usadas por mafias es sancionar a la víctima en esos presuntos delitos. Además de una forma harto estéril, por que sabiendo que no pueden pagar, nada les compele a no seguir pidiendo al día siguiente. Y más ineficaz aun, por que no se persigue a los responsables, a los culpables, de esas prácticas al parecer mafiosas.

Estas medidas no solo son ineficaces, como se ha expuesto, sino que pueden producir incluso un empeoramiento en la calidad de vida del resto de ciudadanos si se producen enfrentamientos entre la policía local y los mendigos, como es previsible que alguna vez suceda.

Si se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual no solo es loable, sino que debe ser uno de los objetivos principales e irrenunciables de todas las administraciones públicas, habría que combatir el origen de la mendicidad, que no es otro que la extrema pobreza de algunas personas. Suministrándoles lo básico para que al menos vivan, como comida y alojamiento nocturno. Mejores oportunidades en la vida, mejor preparación. Reintegración en condiciones dignas al funcionamiento normal de una comunidad en mutuo provecho.

Y si es cierto que existen esas mafias que usan la mendicidad, contra ellas se lucha persiguiendo a sus responsables y poniéndolos a disposición judicial, por que esa actividad tiene todos los visos de ser delictiva. Y por parte del Ayuntamiento, prohibiendo la actividad de dichas mafias y combatiéndolas en la medida que puedan, no persiguiendo a sus víctimas. Pero no quitando lo que queda feo o desagradable de la vía pública, por que son personas, no un estorbo.

Tony González

Esta es una situación que está sucediendo miles de veces al año en España. Con el aumento de 3 millones de parados, muchísimas familias se quedan sin ingresos y no pueden hacer frente a las cuotas de la hipoteca. Terminan perdiendo su casa y se ven en la calle. ¿Y qué hacen estas medidas? Veamos.

Comencemos con que no serán, al parecer, medidas obligatorias. Para los bancos, claro. Con lo que se da a los bancos opciones entre las que elegir. Por supuesto, elegirán la que más beneficiosa les sea, la que les reporte más dinero. ¿Y de donde saldrá ese dinero que obtienen los bancos? Pues de los mismos particulares o del Estado, en forma de beneficios fiscales. Empezamos bien dando a los bancos la opción que nos es más cara..

La delimitación de los casos en los que puede aplicarse es injusta. En aquellos en los que no haya ningún ingreso en la unidad familiar. ¿Y en los casos en los que había tres ingresos, por poner un ejemplo, y ahora solo hay uno, por que dos han perdido el empleo? También se ven en la imposibilidad de hacer frente al crédito, también perderán la vivienda, también se verán en la calle y posiblemente debiendo todavía al banco. No solo las medidas se podrán aplicar en pocos casos. Además es injusta la selección de los casos a los que se puede “beneficiar” con estas medidas.

¿Quién salía realmente perdiendo en los casos en los que una familia pierde la vivienda y además sigue manteniendo una deuda importante con el banco? Pues tanto el banco, que posiblemente no podría cobrar esa deuda, como, y es más importante, las personas que se veían privadas de una vivienda. ¿Como se les llama a estas medidas? Dación en pago. ¿Que intentan solventar? Pues que los bancos cobren también las deudas que hasta ahora no podían, al dejar a gente sin vivienda y sin recursos, pudiendo elegir entre cobrar si pueden toda la deuda en buena parte injustamente generada por intereses de demora muy onerosos o acogerse a beneficios fiscales.

¿Por algún lado de estas medidas hay alguna tendente a proteger o garantizar el derecho constitucional a la vivienda?

También se habla de mantener en la vivienda a los propietarios que no puedan pagar las cuotas a cambio de una renta. ¿Que los propietarios paguen a un tercero una renta por vivir en su propia casa? ¿Se quiere establecer que se pague a los bancos por residir en casa propia y que además este dinero no vaya destinado a disminuir el capital o los intereses del crédito hipotecario? No solo es posiblemente ilegal. Peor aún: es absurdo y tremendamente injusto. Más que una medida fiscal, casi merecería ser un caso delictivo.

Transparencia en las subastas. No solo es una medida inútil, sin casi una burla sangrante . En las subastas de estas viviendas no se obtiene casi nunca una cantidad que pueda cubrir todo o buena parte del crédito, pero no se solventa con más transparencia, por que esos bajos precios se producen debido a que el mercado inmobiliario hoy es mala inversión. Siguen bajando los precios, la demanda ha bajado muchísimo y la concesión de nuevos créditos también. No se venden por que casi nadie los quiere comprar. Lo que habría que hacer es suprimir los privilegios de las tasaciones, en manos de entidades dependientes de los propios bancos, y eliminar la legislación que adjudica al banco el inmueble por el 50% del valor. Si el banco quiere adjudicársela, que lo haga en plano de igualdad con cualquier otro particular o empresa.

El derecho a una vivienda digna está recogido en la Constitución Española. Y frente a la falta de esas viviendas dignas para muchas personas en esta situación de crisis, el gobierno arbitra medidas... ¡para que los bancos no se queden sin cobrar!

Si las medidas las propusiese el propio sector bancario, no serían apenas distintas a las que ha expuesto el gobierno.

Tony González

Por otro lado, lo que se ha resuelto en este caso es archivar por haber prescrito el presunto delito. En los medios ha aparecido que el Juez Instructor decía que el delito se había cometido pero había prescrito. Espero que sea un fallo de los medios, por que un Juez Instructor de un procedimiento jamás puede decir ni declarar que considera cometido un delito. Eso solo lo puede hacer un Juez o Tribunal tras el pertinente juicio oral. Más importante aun es que la prescripción es algo claro, el simple transcurso del tiempo entre la presunta comisión de un delito y su denuncia, querella o perseguimiento. Y en este caso es sencillo: transcurrieron tres años y 25 días desde su presunta comisión hasta que se interpuso la querella. Lo que debía haber dado lugar no al archivo otros tres años después, y en un momento de curiosa coincidencia estratégica con los otros dos procesos, como se apunto, sino al archivo inmediato, tras verificar esta prescripción.

También se investigaba en este procedimiento si Garzón había prevaricado al absolver a directivos de uno de los bancos que presuntamente habían sufragado aquellos cursos dados por Garzón en Nueva York. En esta resolución que archiva el procedimiento se dice que no hay datos sobre los que basar una acusación así. ¿Es causa de abstención en un procedimiento en el que hay directivos de un banco que ha sufragado cursos en los que ha intervenido el Juez? De ser así, los magistrados del Tribunal Supremo apenas podrían conocer en las causas en las que intervienen empresas de las que promueven dichos cursos y jornadas, debiendo abstenerse. Y del mismo modo, entonces sería delito también que los funcionarios dieran una adjudicación a una empresa que también ha sufragado cursos para funcionarios en los que han participado, o que les hayan hecho algún regalo. En ejemplo claro: contrastado que los trajes de la trama Gúrtel fueron regalados a Camps, Costa y varias personas más, no habría que haber probado más que estas personas adjudicaron contratos a esas empresas, sin tener que argumentar ni probar otro tipo de irregularidad, ni siquiera intencionalidad. ¿Por qué sí se exige en este caso?

Tony González

El hecho delictivo que se le imputa es haber ordenado la intervención de las comunicaciones entre unos detenidos en el llamado caso Gúrtel y sus abogados, entendiendo el supremo que con ello vulneró y “laminó” (es decir, desfondó o hizo inútil) el derecho a la defensa de los imputados.

La resolución que ordena la intervención de las comunicaciones es recogida en la sentencia. En ella se hace referencia a que se ordena dicha práctica al amparo del artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuyo punto segundo regula estas escuchas particulares entre imputados y abogados. La motivación de dicha intervención, que siempre debe constar en la resolución que las ordena, aparece también recogido como hecho probado en la sentencia del Tribunal Supremo, y es la información policial suministrada al magistrado acusado de que los acusados de la trama Gürtel podrían estar continuando con delitos de blanqueo de capitales a través de varios abogados, tanto defensores de los imputados como otros, dando órdenes e informaciones a los mismos en las visitas que los letrados les hacían en la cárcel.

En esta resolución también se ordena, por parte de Garzón, que se prevenga, es decir, se proteja, el derecho de defensa.

Ante esta resolución, que en principio parece realizada de forma jurídicamente correcta, para imputar un delito de prevaricación, es decir, que sea injusta y el Magistrado lo sepa, o debiera saberlo, habría que demostrar que la motivación, los fines o su intencionalidad son injustos, ya sea por hechos, anteriores, coetáneos o posteriores, por declaraciones de testigos o documentales de los que quepa deducir, sin lugar a dudas, dicha intencionalidad.

Ni en el procedimiento de la trama Gúrtel, en el que se produjeron estas escuchas, ni en la Sentencia del Tribunal Supremo, se hace referencia a que se haya utilizado información referente a estrategias o ejercicio de la defensa obtenida en las mismas para ordenar actuaciones, dirigir interrogatorios o preguntas ni orientar la instrucción de modo diferente al que se habría hecho de no haberlas obtenido. Es más, consta que se ordena suprimir todas aquellas conversaciones en las que no se observe que puede haber presunta comisión de delitos de los que motivaron las escuchas. Y además, alguno de los abogados cuyas conversaciones con los imputados se intervino terminaron siendo imputados en la misma causa. Asimismo, varios de los testigos declararon que incluso verbalmente Garzón les ordenó que había que tener especial cuidado con respetar el derecho de defensa.

Lo que significa que las escuchas ordenadas tenían en principio amparo legal y al final dieron como resultado que los indicios delictivos policiales que motivaron al Magistrado a ordenarlas se demostraron, al parecer, pues está aun sub iudice, ciertos.

Por lo que hace a la motivación subjetiva, ese injusta “a sabiendas”, me resulta bastante inverosímil. En un procedimiento como el de la trama Gúrtel, que afecta a la financiación casi general del principal partido político en España, que tiene una atención y seguimiento mediáticos como ningún otro, en el que se utilizan casi todo tipo de estrategias de defensa, jurídicas, mediáticas y de otros tipos, en el que cualquier cosa que suceda o pueda suceder en dicho procedimiento es seguida con minuciosidad por multitud de personas, resulta inconcebible que un Magistrado de amplia experiencia y formación pueda pensar en realizar una acción de la gravedad de la que se le imputa y que la misma pueda no ser detectada, de forma que la injusticia cometida por él pueda tener algún objeto, éxito o resultado.

Las escuchas fueron aceptadas con normalidad por los Fiscales que han intervenido en ese procedimiento, y el Magistrado que sustituyó a Garzón en la tramitación del mismo las ha mantenido como válidas. Tanto que el Fiscal solicitó la absolución ante el Supremo y no formuló acusación en ningún momento.

No es el único caso en que se ordena intervenir comunicaciones de abogados con imputados en visitas a prisión. Tanto es así que existe una norma que las regula y se ha usado en muchos otros procedimientos. Desgraciadamente para mi profesión de abogado, hay algunos que también cometen delito. E incluso están en la cárcel. No somos inmunes a los mismos.

Los hechos dicen que la actuación de Garzón fue por los motivos jurídicos y justos que ha articulado en sus resoluciones. Y están amparados por la legislación vigente.

En resumen, las resoluciones dictadas fueron injustas ni aun por negligencia o deficiencia profesional. Fueron ajustadas a derecho.

Yo no puedo tener certeza sobre la motivación de los Magistrados que lo han condenado. Su motivación debería ser la aplicación del derecho. Pero hay muchos hechos, circunstancias y antecedentes en este procedimiento que indican que puede no ser así. Los instructores en algunos de los tres casos en los que está imputado Garzón forman parte de la sala que juzga uno de los otros dos. Es pública y evidente además, la animadversión que existe en varios de ellos hacia él. En uno de los procedimientos, el llamado de los crímenes franquistas, la acusación se ejerce únicamente por “Manos Limpias”, un sindicato ultraderechista, como acusación popular, sin que haya acusación pública por el Fiscal ni tampoco acusación particular, de perjudicados directos. Y que curioso que Magistrados que han sostenido personalmente la doctrina Botín, que dice que no se puede ordenar juicio únicamente con dicha acusación popular, sin que haya pública ni particular, en este procedimiento ahora admiten todo lo contrario.

Garzón se ha destacado como Magistrado independiente a lo largo de su trayectoria. Los Gal, casos de terrorismo, Pinochet, Trama Gúrtel... Ha sido uno de los ejemplos de que nadie está por encima de la Ley y no puede ser enjuiciado. Pero eso es peligroso, pues la independencia choca con los poderes establecidos. Ejecutivo y Judicial, fundamentalmente. Para mí, es un caso efectivo del peligro que supone esa independencia. La Verdad y la Justicia son subversivas cuando no interesan a los poderes.

Tony González

En el actual sistema penal español las penas impuestas a la mayoría de los tipos delictivos son bastante apropiadas. Incluso para muchos delitos prescribe penas de prisión más bien largas en relación a países de nuestro entorno. Entonces ¿Por qué endurecerlas, y además de esta forma?

Los delitos graves, como asesinatos, violaciones, terrorismo y similares siempre crean mucho revuelo. Evito conscientemente el término “alarma social”, pues esta última no me parece relevante. También alarma social la puede crear la muerte del protagonista de una telenovela. Pero no hay que confundir lo que es de interés público y tiene trascendencia para la vida pública de un país que lo que es de interés del público, pero no tiene trascendencia material alguna. La confusión entre ambos conceptos conduciría a la subvención estatal de los culebrones y la televisión basura.

Pero no es el revuelo, el escándalo o la indignación social motivos para acortar o alargar las penas para tipo de delito alguno. En Justicia hay que obrar aplicando la razón, y no la emoción. La primera conduce a un sistema que siempre tendrá subjetividades, que siempre será mejorable, que será una mejor o peor solución. Pero es que la segunda nos llevaría a un sistema vengativo, injusto, ineficaz y que no sería siquiera una mala solución, sino parte del problema.

La experiencia penal del Siglo XX en los países de nuestro entorno nos dice que el endurecimiento de las penas para los delitos que ya tienen una duración de prisión larga no cambia el nº de delitos cometidos. Pasar de una pena de prisión de 3 meses a otra de 20 años si cambia la sensación de casi impunidad a una pérdida de libertad y de vida muy severa. Pero por ejemplo, el cambio de la pena de un delito grave de 15 a 20 años no tiene significación alguna a la hora de su comisión. El conocimiento o representación de la pena que nos puede caer al cometer ese delito no se ve alterada de forma que nos haga desistir por ser 5 años mayor la pena de prisión. Si nos dirigimos a las emociones, parece mucho más satisfactorio y contundente sancionar con 50 años de cárcel un asesinato en lugar de con 20. Pero esto ni es disuasorio de forma que disminuya el número de asesinatos, ni es una pena proporcionada, ni cumple ninguna función positiva, ni social ni personal, sino en todo caso un mero afán de venganza que nos rebaja y degrada como humanos.

Otro de los significados de las penas de prisión es su legitimación y función. Cierto es que en parte las penas se imponen para pagar con pérdida de libertad el delito cometido, pero no tienen una intención de venganza. La venganza es social y humanamente inútil y no tiene cabida en un sistema penal justo. También como disuasión para la comisión de delitos, por que si no se castigasen las conductas penalmente reprobables daría lugar a una sensación de impunidad que produciría un aumento en la comisión de los mismos. Estas funciones, en mayor o menor medida, están contempladas en el sistema penal español actual. La que no se lleva a cabo es la función de redención, de reeducación. No solo desde un punto de vista humano, sino desde un punto de vista de egoísmo inteligente, la prisión debería ir dirigida también a reinsertar en la sociedad a los que han cometido delitos, procurando que se superen y remuevan las circunstancias personales, sociales, legales o de cualquier otro tipo que llevaron a delinquir, de forma que se produzca el mejor de los resultados del derecho penal: que se castiga menos veces por que se comenten menos hechos delictivos. A este respecto es muy significativo el nº de personas con problemas de drogadicción severa que se rehabilitan en la cárcel en contraposición con los que lo hacen en un centro de desintoxicación. En la cárcel, como es bien sabido, las drogas duras tienen una presencia indudable y prácticamente nadie es capaz de desengancharse, sino más bien lo contrario: cae en ella más gente. En los centros de deshabituación o desintoxicación el % de personas que consiguen superar las adicciones es cada vez esperanzadoramente mayor. Con lógica concluiremos que la mejor forma de proteger a la sociedad de los deltios cometidos como consecuencia de los problemas derivados de las drogadicciones sería, en la medida de lo posible teniendo en cuenta el tipo de delito y demás circunstancias, enviar a los delincuentes adictos a centros de desintoxicación en lugar de a la cárcel.

Un avance más, usando la razón aplicada al concepto de Justicia, seria aumentar el nº de delitos perseguidos y penados. La sensación de impunidad también puede provenir de que la mayoría de las acciones penalmente ilegales no se persigan o no se sancionen. Como ocurre en muchos países con fuerzas policiales exiguas o ineficaces, en los que vemos que se cometen muchísimos asesinatos que no se resuelven ni castigan.

Pero peor aun es imponer una pena de la que no se sabe su duración. Uno de los principios fundamentales en derecho penal es la seguridad jurídica: no se puede castigar ninguna acción que en el momento de su comisión no esté tipificada como delito y con una pena previamente establecida. En la aplicación de penas siempre debe haber un margen, para que, en la medida de lo posible, se adapten la las circunstancias de cada caso. Pero no un margen tan grande que pueda conducir a arbitrariedades. Un delito puede llevar una pena entre 2 y 4 años, por ejemplo, pero no entre 2 y 50, de forma que de un ilícito penal concreto se pueda salir medianamente bien librados o perder la vida entera en la cárcel. Un grado más en esta mala dirección es una pena de cárcel de la que ni siquiera se saben sus márgenes. Como la cadena perpetua o prisión permanente revisable. Eso significa que después de cumplir los años de cárcel que ahora conlleva un delito concreto, no habrá puesta en libertad posterior, sino que seguirá el encarcelamiento. ¿Con base en qué? ¿Para prevenir futuros delitos, para proteger a la sociedad? Es absurdo. En la cárcel se está para cumplir penas por delitos cometidos y, de forma excepcional, muy garantista y rigurosa, de forma preventiva mientras se investiga la comisión de un delito del que hay indicios racionales de su comisión y autoría. Pero no se está sencillamente para que no se delinca. Ello nos llevaría a tener en la cárcel a todas las personas que son reincidentes, sea por el tipo que sea. La prevención de delitos no se puede conseguir privando de libertad a quien ha cometido varios delitos anteriormente más allá del cumplimiento de las penas a las que ha sido condenado. O a suprimir la medida de alejamiento en casos leves de violencia de género por la de prisión. La prevención de la comisión de delitos se hace con medidas que eviten su realización. La más importante de las cuales es la educación. Usar la privación de libertad para prevenir delitos futuros conseguiría en muchos casos todo lo contrario: la sensación de injusticia de estar en la cárcel después de haber pagado por el delito cometido puede llevar a un desprecio por la administración de justicia penal y penitenciaria, más rebeldía contra las mismas y mayor enfrentamiento con el sistema.

Un motivo que en muchos casos está detrás del endurecimiento de las penas es la mala política: la política partidista por encima del interés ciudadano, el populismo, la captación de votos y de imagen. Del mismo modo que la televisión basura tiene unas audicencias enormes, pues se dirigen a las emociones de las personas, las maneja y las utiliza, la política basura hace lo mismo. Y muchas veces consigue esos mismos resultados, mayor audiencia de votos, mayor share de diputados. Pero igualmente un empobrecimiento humano, cultural y ético que en su análisis deja una gran sensación de tristeza.

En resumen, la duración de las penas no es un problema, o al menos no es uno de los principales en el derecho penal español actual. Los problemas principales son la baja eficacia en la persecución de delitos, las casi inexistentes medidas preventivas, el bajo nivel económico y educativo de parte de la población con la consiguiente falta de oportunidades y la inexistencia de la función de reeducación, reinserción y recuperación del sistema penitenciario actual.

Endurecer las penas es añadir un problema más al derecho penal español que además tendría como consecuencia enquistar y agravar los demás.

Tony González

En relación con la oportunidad de gastar unos 100 millones de Euros, muchos de ellos de dinero público en un estado aconfesional, se ha tildado de demagógica la actitud de señalar que estaría mejor empleado el dinero en la ayuda primaria, dar de comer a quien va a morir de hambre, que en celebraciones caras para el erario público, sin entrar en el privado, pues es eso, privado.

La visita del papa no es en su cualidad de Jefe de Estado del Vaticano, sino de jefe de la iglesia católica. Es una visita pastoral, un término más que significa adoctrinamiento.

En este caso, un estado constitucionalmente aconfesional como el nuestro debe respetar las creencias de todas las personas que no supongan delito. E incluso es inevitable que el Estado tenga que afrontar algunos gastos en el desempeño de las funciones que tiene atribuidas: orden público, sanidad, etc. Unas concentraciones con un número tan grande de personas en el ejercicio de sus derechos de libertad religiosa, de opinión y de reunión, significa una pequeña merma en los derechos de otras personas que no participan de tales eventos, como la de tránsito por donde transcurra o se celebren actos, etc. Ello significa que el Estado debe emplear recursos para ordenar el transcurso de ambos. Es normal. Sea de la religión, confesión o creencia ideológica que sea.

No lo es que el Estado desgrave por el empleo de fondos privados en sufragar los gastos que ocasionan esta visita pastoral, ni que destine otros medios públicos para la mencionada celebración. Eso supone facilitar el adoctrinamiento religioso con cargo a un Estado aconfesional. Lo cual, si bien es tradicional, es anticonstitucional.

Demagogia es exigir que no se gaste en algo concreto y totalmente necesario con el argumento de que hay otra cosa también concreta y necesaria que lo es más, o de forma más inmediata.

El caso es que la religión no es totalmente necesaria. Será necesaria para quien así lo asume y acepta, pero obviamente la vida es perfectamente posible sin ella. Es el motivo que subyace en la aconfesionalidad del Estado.

También sucede que ambas cosas se dan en países distintos, por lo que muchos creen perfectamente normal gastar aquí 100 millones de Euros en una visita pastoral y que no se destine nada a que decenas de personas en otros países mueran de hambre. Es una muestra palpable más de que los países en muchas ocasiones sirven para excluir y discriminar a las personas.

Sería inimaginable que la visita fuera en una comunidad autónoma española y la hambruna en otra. ¿Entonces no sería demagogia? ¿Qué se diría de un gobierno que permitiese tal cosa? Entonces ¿qué debemos decir de países que lo permiten?

Para acabar, dos frases de Albert Einstein:

“El comportamiento ético de un hombre debería basarse con eficacia en la compasión, en la educación, y en las relaciones sociales. Las bases religiosas no son necesarias.”

“Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos”.

Tony González

Si durante las elecciones no puede competir con las enormes maquinarias publicitarias de los partidos políticos dotadas de unos medios económicos imposibles de alcanzar por los partidos pequeños y menos aun por un movimiento ciudadano, es entonces ahora cuando deben agudizar su ingenio y persistir en su actividad para lograr un cambio político y social en un sistema obsoleto, antidemocrático y que ampara los abusos de la partitocracia y sus corruptelas.

Pero esto será una tarea muy ardua. Un sistema político actualizado, más justo, con mejor sistema electoral, más participativo y que establezca de una forma más decidida la soberanía popular y el control del poder por los ciudadanos no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Para ello se necesita un debate general constructivo, razonado y abierto.

Por el contenido de los dos anteriores artículos y por el comienzo de este es posible que dé la impresión que abogo por un sistema asambleario general. Pero eso no es cierto. En el mundo actual, salvo en pequeños colectivos, el sistema asambleario en mi opinión es inviable. Un sistema así necesita la concurrencia de tres factores, uno de los cuales no puede ya existir en nuestro sistema político y los otros dos estamos muy lejos de alcanzarlos. En un sistema asambleario, todos deben tener voz y voto. Y por encima de un número razonable, muy pequeño, es imposible que todos tengan voz, puedan exponer sus ideas, opiniones y decisiones. No ya en el conjunto del país, sino ni siquiera en una ciudad media es imposible que 100.000 personas puedan ejercer ese derecho de tener voz y que los otros 99.999 ciudadanos les oigan. Y que uno por uno ejerzan ese derecho de tener voz. Si se hacen asambleas de dos niveles, 100 asambleas de 100 ciudadanos, y luego una asamblea superior con 1 representante de cada una de las inferiores, empezamos a construir una democracia indirecta y a delegar el poder? lo cual conduce al sistema actual.

Además, se necesita una intención de participación y razonamiento en los ciudadanos que hoy no existe, por que no se les prepara para ello. La voluntad de participar y la capacidad de saber aprehender, comprender, analizar y asimilar la vida política y social del país y de tomar las decisiones propias de forma razonada. El sistema educativo y social actual no propicia esa clase de habilidades. Por eso, como hemos expuesto, las elecciones son una confrontación publicitaria que apela a las emociones e instintos de los ciudadanos para conseguir el voto, no a su razón y a su interés.

Y como tercer factor, se necesita una intención constructiva integradora. El ánimo de gestionar y administrar las instituciones contando con todos y buscando entre todos las mejores soluciones para el interés general. Con respeto por los demás y buscando el beneficio de todos, incluyendo los que opinan distinto, militan en otro partido, o votan diferente.

Tony González

La altísima visibilidad en los medios de los partidos políticos, ya sea comprada directamente en forma de anuncios, ya sea de forma indirecta con el uso de los medios públicos favoreciendo a ciertos medios a cambio de buen y frecuente trato, es imposible de competir por un movimiento ciudadano como el citado. Y eso es algo que tiene un resultado inexorable. Que los partidos se salen con la suya. Las campañas electorales son contiendas publicitarias entre los diversos partidos, que se libran de acuerdo a las reglas de la publicidad. Los programas, las propuestas y las ideas no cuentan para nada, salvo para hacer populismo fácil con la única intención de captar votos acríticos. Solo la imagen de los candidatos y de los partidos en sí es lo que importa y tiene consecuencias a la hora de votar.

El movimiento 15M no puede competir apenas con esa forma de hacer política. Ni tampoco debe.

Este movimiento tiene algunas grandes diferencias con respecto al desenvolvimiento cotidiano de la política actual. Y varias de sus reivindicaciones no pueden ser solucionadas con el sistema político que tenemos.

Una primera gran diferencia es la forma de abordar la política. El 15M es, en su ánimo, lo más parecido al espíritu de la Transición: ánimo de contribuir entre todos, de construir entre todos la política para convivir con los demás. La vida política actual es un salvaje enfrentamiento entre diversos partidos políticos para imponerse por casi cualquier medio. El interés general, la correcta gestión de los recursos públicos y la calidad de vida de los ciudadanos quedan en un segundo plano. Hundir, humillar, desacreditar y disminuir al adversario por medio de insultos, propaganda torticera, falta de respeto y todas las mentiras que hagan falta es el arma cotidiana de los partidos. Una concepción de la política radicalmente distinta que la que se está exigiendo ahora en cientos de plazas reales y virtuales.

La causa de esta gravísima enfermedad política no radica tanto en las personas que se dedican a la política, sino en las facilidades que da el sistema para que ello ocurra así. Como decía en el artículo anterior, nuestro sistema político y su funcionamiento pertenecen a principios del siglo XX. Los medios que hay hoy a disposición en relación con esa época son abrumadoramente distintos. Multitud de televisiones, radios, periódicos, teléfonos fijos y móviles, ordenadores personales, internet? En lugar de tener un vehículo cómodo, potente, económico, eficiente, de poco consumo, y con muchas prestaciones, seguimos políticamente con uno de 1930, incomodísimo, que gasta muchísima gasolina, que apenas alcanza 30 km/h? Y así seguiremos por que a los actuales partidos políticos les conviene.

Y les conviene por que ahora es cuando vamos a ver quien detenta realmente la soberanía y el poder en los Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones y Comunidades Autónomas. Durante los próximos cuatro años, los ciudadanos no contamos para nada a la hora de tomar las decisiones. Ni voz ni voto. El poder lo ejercerá, en cada Administración, apenas dos o tres personas de los partidos políticos que hayan alcanzado la Alcaldía o Presidencia. No nos van a consultar para nada. Pueden hacer la política que quieran, siguiendo su programa, sin seguirlo o en contra del mismo. Cualquier política mientras sea legal. Y a veces incluso aunque no lo sea.

Tony González