La secretaria general del Ayuntamiento de Arona informó sobre la incompatibilidad del exalcalde para continuar en el cargo “porque estaba muy presionada por la oposición y por los medios de comunicación”. Este fue uno de los argumentos que esgrimieron este martes en los juzgados aroneros los concejales Ramón García Hernández y Eva Luz Cabrera (responsables de Obras y Mantenimiento, y de Patrimonio Histórico y Participación Ciudadana, respectivamente) para tratar de defenderse de la imputación por prevaricación continuada que pesa sobre ellos y sobre otros 14 políticos de este municipio del Sur de Tenerife por las tretas que urdieron durante cuatro meses para desobedecer el articulado de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), que establece el cese automático de los cargos públicos en cuanto son condenados por delitos de corrupción, aunque su sentencia no sea firme.

José Pérez Ventura, uno de los dos abogados personados en representación de Ciudadanos por Arona (CxA) y de Izquierda Unida Canaria (IUC) como acusación popular en el llamado caso del alcalde okupa, explica que las declaraciones de estos dos concejales y las prestadas el lunes por otros dos imputados en esta causa (Marta Melo y Miguel Ángel Méndez) –los cuatro del equipo de gobierno municipal de Coalición Canaria (CC)– “están cortadas con la misma tijera; son prácticamente idénticas”.

Añade que “esto evidencia que son teledirigidos por su abogado defensor”, Esteban Sola Rech, para que den “respuestas preparadas y enlatadas”, y que se confirma la impresión de Felipe Campos, su compañero de acusación popular en esta causa, de que los 15 protagonistas de la crisis institucional que vivió Arona desde agosto hasta el 30 de diciembre de 2012 “van a declarar todos lo mismo”.

Sin embargo, en su opinión, esa estrategia de defensa “compromete bastante su credibilidad” al parecer “poco sincera”. Ello, unido a que los imputados rehúsan responder a las preguntas de la acusación popular, a que “carecen de argumentos sólidos” para fundamentar su defensa y a que solamente están esgrimiendo “excusas” sin validez jurídica que “en absoluto desautorizan las contundente pruebas” que pesan en su contra, ha llevado a Pérez Ventura a terminar de convencerse, también al igual que Campos, de que “es totalmente improbablemente que puedan para librarse del banquillo”.

Presión política y periodística sobre la secretaria

Cita al respecto que uno de sus alegatos para justificar el caso omiso que hicieron al contundente informe en el que la secretaria concluyó que el exalcalde José Alberto González Reverón debía ser cesado en pleno por causa sobrevenida de incompatibilidad a cuenta de su condena a 4,7 años de inhabilitación por el enchufe de dos trabajadoras municipales fue que la funcionaria “tenía muchas dudas” sobre esa obligatoriedad de cese, y que si informó en ese sentido fue “porque estaba muy presionada por la oposición y por los medios de comunicación”. Recuerda que esta funcionaria actuó en sintonía con lo marcado por la legislación vigente y por la Junta Electoral, así como que sus informes coinciden con los que habían emitido los secretarios de dos ayuntamientos de Galicia (Val do Dubra y Sada).

Pérez Ventura añade que, “como para tratar de desacreditar la validez” del informe de la secretaria general, los imputados declararon que su pronunciamiento no fue solicitado por el grupo de gobierno de CC, sino por la oposición de PSOE, PP y Ciudadanos, “con lo que lo que están logrando en realidad es dejar clara la inactividad y desinterés del alcalde y del gobierno local por aclarar si el exalcalde incurría o no en causa de incompatibilidad para el ejercicio de su cargo”.

Interpretación errónea de la principal defensa de los 15 imputados

Sobre los dos informes externos en que están apoyando su defensa, el letrado de la acusación popular manifiesta que, aparte de no tener peso a los que fueron emitidos en favor del cese del exalcalde por los órganos competentes, es decir, la Junta Electoral Central y la secretaria general del Ayuntamiento aronero, los mismos ni siquiera apuntalan el argumento de constitucionalidad esgrimido por los imputados contra de la ley que obligaba al exalcalde a dejar el cargo (en concreto, los artículos 6.2 b y 178 de la Loreg).

Explica además que el informe al que más importancia están dando los imputados que han prestado declaración por esta causa, el elaborado por el catedrático de la Universidad de Navarra Juan Carlos Cavara de Cara, “concluye algo muy distinto a lo que ellos interpretan o argumentan” en cuanto a la inconstitucionalidad de la parte de la Loreg que les perjudicaba “y sus recomendaciones se alejan mucho” de lo que hizo la mayoría del pleno municipal para mantener a González Reverón en el cargo en contra de la legalidad vigente. El autor del citado informe “hila muy fino” y lo que en realidad les recomendó, manifiesta Pérez Ventura, fue “que se declararan incompetentes para declarar la incompatibilidad” de su exalcalde. En cambio, resalta, lo que hicieron los querellados por Fiscalía fue arrogarse competencias para declarar la compatibilidad del inhabilitado González Reverón para continuar ejerciendo de alcalde.

Añade que este catedrático también recomendó al gobierno local plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la parte controvertida de la ley orgánica que no querían acatar, “algo que tampoco hicieron”.

En cuanto al otro informe, el que encargaron al letrado tinerfeño Rolando Rodríguez, Pérez Ventura dice que, al centrarse “en el absurdo” de atacar y cuestionar a la secretaria diciendo que no era quien para determinar si el alcalde incurría o no en causa de incompatibilidad, “los imputados apenas lo nombran porque ni pueden apoyarse en él para defenderse”.

Consenso con “soga al cuello” para los imputados

Otro hecho de la estrategia de defensa de los imputados que le ha llamado la atención, es que “nunca responden quién llevó la voz cantante de todo el tema, quién propuso o tomó la decisión de encargar los informes”, sino que reiteran que actuaron “con total consenso, que no obedecieron ninguna disciplina de voto y que nadie les obligaba a votar” en contra de acatar esta ley orgánica. Lo cual, para Pérez Ventura, “es ponerse todos la soga al cuello en vez de intentar quitarse responsabilidad con argumentos del tipo yo no lo leí, entonces no entendí la gravedad de lo hice o no fue mi intención desobedecer la legislación vigente”.

Nuevas citaciones a partir del 21 de julio

Las comparecencias judiciales de los otros 12 imputados de CC y CAN-CCN este caso continuarán entre el 21el 29 de julio. La ronda de declaraciones de los testigos, en concreto, de los 10 concejales del pleno aronero que no están imputados y de la secretaria general del Ayuntamiento, han sido fijadas para el mes de septiembre.

Los primeros en prestar declaración por el caso del Alcalde Okupa –en el que está imputado por presunta prevaricación la mayoría del pleno municipal del Ayuntamiento tinerfeño de Arona–, los concejales Miguel Ángel Méndez y Marta Melo (de Coalición Canaria), manifestaron este lunes en sede judicial que votaron en contra de que el exalcalde José Alberto González Reverón acatara la ley orgánica que le obligaba a dejar el cargo desde que fue condenado en primera instancia por un delito continuado de prevaricación, porque esa novedad legislativa de espíritu anticorrupción que había entrado en vigor justo antes de las elecciones municipales de 2011 les parecía “anticonstitucional”. Según ambos ediles, esa obligación de dejar el cargo por mandato legal vulneraba la presunción de inocencia del regidor municipal porque su condena no era firme y porque había sido recurrida por considerarla “injusta”.

En total, González Reverón ejerció de alcalde alegal o ilegal entre el 12 junio y el 30 de noviembre de 2012, si bien su causa de incompatibilidad recogida en los artículos 6.2 b y 178 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) trascendió públicamente durante el mes de agosto de ese año. A partir de ese momento, el ex primer edil aronero, sus 12 concejales de CC y otros dos de la oposición del CAN-CCN hicieron cuanto se les ocurrió para esquivar la obligación legal de cese que afecta automáticamente a los cargos municipales condenados por delitos de corrupción. La crisis institucional que desató esa desobediencia legal y hechos surrealistas como que un pleno derogara municipalmente una ley orgánica, derivaron en una denuncia del Ministerio Fiscal por presunta prevaricación continuada contra los 15 cargos públicos que protagonizaron esa desobediencia (14 de los cuales siguen formando parte de la corporación municipal integrada por 25 concejales).

Los dos imputados que comparecieron ayer ante el juez titular del juzgado número 3 de Arona, ante la fiscal anticorrupción María Farnés y ante el letrado de la acusación particular Felipe Campos, declararon que secundaron dos acuerdos plenarios para “declarar la compatibilidad de José Alberto González Reverón” y evitar así que dejara la alcaldía, porque estaban convencidos de la anticonstitucionalidad de la parte que les incomodaba de la Loreg, paradójicamente, la misma ley que habilita a los elegidos en las urnas para desempeñar cargos públicos.

Cuatro meses de alcaldía ilegal zanjados por la Audiencia Provincial

Esa fue una de las tretas que Marta Melo, Miguel Ángel Méndez y los demás imputados en esta causa llevaron a cabo durante cuatro meses para obviar la obligación de cese del exalcalde. Su desobediencia legal terminó cuando la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ratificó la sentencia de primera instancia y condenó en firme al entonces regidor a una pena de 4,7 años de inhabilitación por haber enchufado a dos trabajadoras municipales en 2003 (una de ellas miembro de la plancha electoral aronera de CC en las pasadas elecciones).

El pronunciamiento de la Audiencia se adelantó varios meses como solución salomónica para zanjar la crisis institucional que protagonizó durante esa etapa el Ayuntamiento de Arona, en la cual se vieron involucrados el fiscal general del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Junta Electoral Central y la Delegación del Gobierno. Además, se involucraron en contra de la permanencia de González Reverón al frente de la Alcaldía los grupos municipales de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos por Arona, así como Izquierda Unida Canaria y su grupo parlamentario, que fue finalmente el que logró la activación de la Fiscalía General del Estado en esta crisis política. Sin embargo, los dos primeros partidos (PSOE y PP), rehusaron participar en la denuncia penal por el presunto delito de prevaricación del alcalde y de los concejales que le apoyaron en su negativa a dejar el cargo.

Desobedecieron la ley escudándose en informes pagados por CC

Los dos concejales admitieron ayer que conocían los pronunciamientos de la Junta Electoral Central y de la secretaria general del Ayuntamiento sobre la causa de incompatibilidad en que incurría el exalcalde de este municipio de Tenerife Sur y sobre su obligación de dejar la alcaldía aunque su sentencia no fuera firme. Pero se escudaron en dos informes externos “encargados por Coalición Canaria” para saltarse la Ley Orgánica de Régimen Electoral y para hacer caso omiso a la Junta Electoral y de la funcionaria encargada de velar por la legalidad consistorial.

Fuentes del caso señalan que ambos ediles afirmaron que esos informes fueron pagados por Coalición Canaria de Arona a través de una derrama de 100 euros de sus concejales, por lo que no parece que fueran sufragados con fondos públicos (como sí ocurre con el pago de abogados de la defensa en varias causas penales que afectan a los gobernantes aroneros).

“Miedo” a responder a la acusación particular

Ambos imputados se negaron a responder a las preguntas de la acusación particular que representa a Ciudadanos por Arona y a Izquierda Unida. El letrado Felipe Campos estima que esa actitud es síntoma de que “temían ser acorralados por mis preguntas y caer en algún renuncio que demostrara su culpabilidad” ya que, en su opinión, “una persona que se cree inocente no tiene ningún problema en argumentar esa inocencia frente a todas las acusaciones”, en sede judicial o donde sea. “Cuando no se atreven, por algo será”, concluye.

La curiosa enfermedad del olvido de Marta Melo

Aunque eludió dar detalles sobre las preguntas formuladas por juez y fiscal, Campos sí ha explicado a Tenerife Ahora que le impresionó “el papel que representó la concejal Marta Melo” durante su comparecencia judicial “aludiendo continuamente a su enfermedad”. “Dijo que le han diagnosticado parkinson, que no oye bien, que se cansa, que no aguantaba estar sentada tanto rato” en la sala y, además, por momentos “casi se desvanecía”, aunque cuando hablaba de lo que le venía bien “mostraba una recuperación asombrosa”. En conjunto, le pareció “un teatro absurdo y exagerado que no se cree nadie”.

Sus enfermedades, comenta el abogado que protagoniza la lucha anticorrupción aronera desde 2006, “no le impidió acordarse de lo que le interesaba durante su declaración, pero curiosamente le hizo olvidar todo lo que no le convenía”. Cuando Tenerife Ahora le planteó que la edil contrajo matrimonio hace dos semanas y que acaba de terminar su luna de miel, el abogado se mostró aún más perplejo con tan “curioso” estado de salud “que afecta solamente a lo que no le gusta”.

Un mes de excusas y pretextos en sede judicial

En cuanto al contenido y consistencia de los argumentos que tanto ella como el otro imputado esgrimieron en su defensa frente a las preguntas del juez y de la fiscal, Felipe Campos indica que “todo fueron pretextos” y que viendo la línea de defensa, está claro que durante este mes en el que tienen que declarar los 15 imputados en este procedimiento “solo oiremos excusas y pretextos”.

Para este martes están citados a declarar en calidad de imputados los ediles Ramón García y Clari Pérez, también de Coalición Canaria. Las comparecencias del resto de imputados de CC y CAN-CCN están previstas entre el 21 y el 29 de julio. La ronda de declaraciones de los testigos, la secretaria general y 10 concejales aroneros de PSOE, PP y Ciudadanos, ha sido fijada para el mes de septiembre.

La declaración más relevante, considera el letrado, “sin duda será la de la secretaria general”, citada como testigo para el mes de septiembre al igual que los 10 concejales de la oposición de PSOE, PP y Ciudadanos por Arona que se ausentaron de las cuatro sesiones que presidió como alcalde alegal José Alberto González Reverón. Aunque resalta que en este proceso, en realidad, los hechos y documentos municipales que acreditan que el exalcalde se negó a entregar su sentencia a la secretaria para que ésta no pudiera informar de su incompatibilidad, o que prueban que no la dejó hablar en pleno cuando la oposición le pidió que aclarara si era o no compatible para presidir los plenos, así como el “rotundo” informe en el que la funcionaria determinó que debía dejar el cargo cuando la oposición le aportó la sentencia condenatoria del alcalde, “están ahí, son claros y hablan por sí solos”.

Probable inhabilitación por una “prevaricación de libro”

“El tema está jurídicamente claro; es una prevaricación de libro”, reseña mientras recuerda que la secretaria había informado que bastaba tomar conocimiento plenario de esa sentencia para el cese del exalcalde, tal y como había ocurrido en el municipio gallego de Val do Dubra. “Y los imputados lo sabían, como quedó claro” en los testimonios de ayer, “pero antepusieron su voluntad a la ley y optaron por actuar a su entera conveniencia en base a informes pagados por ellos mismos ”que no tienen validez jurídica porque sus autores, al contrario que los funcionarios, no tienen ninguna responsabilidad; el papel lo aguanta todo en un informe privado“. El letrado de la acusación particular apunta también que ”por mucho que un catedrático de derecho haga elucubraciones por escrito de que una ley es anticonstitucional, eso no le quita vigencia a esa ley“.

“Sería el fin del Estado de Derecho que un político decidiera si acata o no las leyes por motivaciones e intereses personales”, destaca para concluir que su sensación es que los 15 imputados en el caso del Alcalde Okupa “irán al banquillo” y que entonces “el tribunal decidirá si los condena”, aunque le “sorprendería mucho que no fuera así”, por lo que augura la probable inhabilitación de casi todos los integrantes del pleno de este municipio del Sur de Tenerife de 80.000 habitantes.

¿Dimisión en el grupo de gobierno aronero?

Durante la tarde-noche del lunes empezó a sonar con fuerza en los mentideros municipales que se avecina una dimisión en el grupo de gobierno aronero. Unos apuntan a la edil Marta Melo, que está de baja desde hace aproximadamente un año, y otros a la de Deportes, Mónica Sierra, también imputada en esta causa.

Los concejales del Ayuntamiento de Arona Marta Melo y Miguel Ánguel Méndez, ambos de Coalición Canaria (CC), serán los encargados de abrir la ronda de declaraciones del denominado caso Alcalde Okupa, en el que están imputados de un delito de prevaricación continuada 15 políticos de este municipio del Sur de Tenerife por las artimañas que realizaron durante cuatro meses para intentar evitar que el exalcalde del municipio (José Alberto González Reverón) dejara el sillón de mando consistorial tras incurrir en causa de incompatibilidad tras ser condenado en primera instancia a una pena de inhabilitación de 4,7 años por el enchufe de dos trabajadoras.

Marta Melo, concejal de Vivienda y de Zona Oeste (Los Cristianos y Playa de Las Américas) lleva de baja más de un año, casi desde que el exalcalde fue obligado a dejar el cargo al ser ratificada su condena por prevaricación continuada desde la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Así todo, ha protagonizado recientemente un escándalo: a pesar de estar de baja ha seguido usando su teléfono móvil institucional y ha cargado a las arcas públicas con facturas desorbitadas por sus llamadas. La edila contrajo matrimonio recientemente y la semana pasada se encontraba de luna de miel.

Miguel Ángel Méndez, concejal de Cultura, es uno de los tres ediles del grupo de CC que aspira a hacerse con la candidatura a la alcaldía de su partido para las próximas elecciones.

Para mañana martes han sido citados a prestar declaración en los juzgados aroneros otros dos imputados en este caso: Ramón García y Eva Luz Cabrera, también de Coalición Canaria. Las comparecencias judiciales de los imputados serán retomadas el día 21 y, si no hay nuevos aplazamientos, terminarán el día 30 del presente mes de julio.

La previsión inicial era que abrieran la ronda de declaraciones el pasado lunes el exalcalde inhabilitado y su sucesor, Francisco Niño. Sin embargo, su abogado alegó que ni él ni el alcalde podían acudir ese día y estas comparecencias fueron fijadas para el 21 de julio, día en el que también están citados las ediles Mónica Sierra (responsable de Deportes) y Clari Pérez (concejal de Servicios Sociales). La falta de disponibilidad del mismo abogado desencadenó también el aplazamiento de las tomas de declaración previstas para el pasado martes 1 de julio: las del primer teniente de alcalde y la concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa, y de la segunda teniente de alcalde y responsable municipal de Hacienda, María Candelaria Padrón. Los dos han sido nuevamente citados para el 22 de julio. Ese día también prestarán declaración Carmelo García (concejal de Urbanismo) y Marcos Esquivel (Empleo y Fiestas).

El día 28 le toca el turno al concejal de Seguridad, Manuel Reverón, y al concejal de la oposición del CAN-CCN Manuel Barrios. El segundo concejal aronero del CAN-CCN cerrará el turno de comparecencias judiciales de los en esta causa el 29 de julio.

El motivo de dos concejales de la oposición secundaran los acuerdos plenarios con los que los 15 imputados intentaron evitar el cese del exalcalde inhabilitado fue el acuerdo de pacto que sellaron con Coalición Canaria a cambio de ese apoyo. La inhabilitación definitiva del alcalde mucho antes de lo que tenían previsto tiró por tierra sus intenciones de entrar a formar parte del gobierno municipal de este controvertido ayuntamiento de Tenerife Sur. En concreto, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife adelantó varios meses la resolución del recurso que había presentado González Reverón contra su condena por la profunda crisis que desencadenó al negarse a dejar el cargo. La movilización del sector crítico a su permanencia ilegal en el cargo desencadenó que tuvieran que involucrarse en esta crisis la Junta Electoral Central (que hizo varios pronunciamientos sobre la causa de incompatibilidad que afectaba al ocupante de la alcaldía aronera, pronunciamientos que fueron ignorados por todos los imputados). También se vieron involucrados el fiscal general del Estado (Eduardo Torres Dulce-Cifuente) a raíz de una denuncia que le remitió el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares y la Delegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.

Entre los días 1 y 23 de septiembre han sido citados a prestar declaración en calidad de testigos del denominado caso del Alcalde Okupa los concejales de la oposición de Ciudadanos por Arona, PP y PSOE, así como la secretaria general del Ayuntamiento de Arona.

Los abogados de la acusación particular liderada por Ciudadanos por Arona e Izquierda Unida, Felipe Campos y José Pérez Ventura, están convencidos de que este caso se resolverá antes de final de año y que acabará en condena. De ser así, acabarían inhabilitados e incurrirían en causa de incompatibilidad la mayoría de los integrantes del pleno municipal: 12 de los 13 concejales del grupo de gobierno de CC (solo escapa de las imputaciones la edil que sustituyó al exalcalde cuando éste acató su cese) y, además, los dos ediles de la oposición del CAN-CCN. En total, se juegan la inhabilitación antes de las próximas elecciones 15 de los 25 concejales de la corporación.

Carmen Dolores González Francisco, una entusiasta aficionada a la naturaleza, la etnografía y historia de las Islas Canarias, asegura que ha descubierto una cueva funeraria que contiene más de 700 momias guanches, así como multitud de textos en pieles y lajas de piedra, dibujos rupestres, lanzas, vasijas con semillas y numerosos utensilios de este pueblo aborigen de las Islas Canarias, todo ello en magnífico estado de conservación.

Sitúa este insólito hallazgo cuyo origen se remontaría a antes de la conquista hispánica del Archipiélago (siglo XVI) en el Paisaje Protegido de Ifonche, municipio de Adeje, en el Sur de Tenerife.

Sin embargo, se niega a desvelar “de momento” la ubicación exacta del supuesto hallazgo “para proteger” los restos arqueológicos del expolio que ha caracterizado hasta ahora a la mayoría de yacimientos descubiertos en Tenerife incluso cuando los mismos han sido puestos en conocimiento solo de los responsables de los organismos competentes. Tampoco aporta fotografías ni pruebas de su insólito descubrimiento alegando que mientras no haya pruebas de que lo que dice es cierto, podrá guardar el secreto sin riesgo de ser denunciada. Por ese mismo motivo, cuenta detalles del sepulcro colectivo como si estuviera escribiendo una novela. Pero asegura que ha logrado ayuda de fuera de España que le inspira confianza y que permitirá que en breve todos los canarios puedan visitar la cueva y contemplar todo su contenido tal cual ella lo encontró y sin peligro alguno para su conservación.

Para colmo del desconcierto, su descripción de la cueva y de su contenido funerario contradice en muchos aspectos todo lo conocido hasta ahora sobre enterramientos guanches, como por ejemplo, que los menceyes y sus familias están enterrados juntos por comarcas (la de Ifonche sería el sepulcro de los Menceyatos del Sur tinerfeño), que las momias tienen la boca cosida; que están enterrados hombres, mujeres y niños juntos junto a pieles escritas que relatan sus vidas y cómo murieron; que las pinturas de las paredes relatan historias que enlazan unas con otras y que representan animales salvajes, o que cada cueva sepulcral aborigen tiene mapas que ilustran donde están todas las demás y que, aunque solo se han descubierto unas 300, en total habría unas 3.000 cuevas funerarias en Tenerife.

Afirma incluso que su descubrimiento demostrará que todo lo contado hasta ahora sobre el pueblo guanche es una burda mentira, un engaño: desde su procedencia y antigüedad, hasta su nivel de organización y nivel técnico o científico. “No eran salvajes en absoluto”, sostiene.

No obstante, algunas de sus revelaciones y datos resultan fascinantemente verosímiles, especialmente los relativos a la descripción del interior de la cueva (cómo son las paredes, el suelo, la mesa de preparación de los cadáveres, etcétera), a su ubicación (por dónde se entra, su salida taponada que da a un precipito) y, entre otras cosas, a la colocación de las momias o al hecho de que aluda a un enterramiento colectivo que enlaza con alusiones históricas y legendarios cuentos que se han transmitido por tradición oral. Otro hecho que le otorga credibilidad es la transparencia con la que realizado durante todo un año su loable labor de recuperación de las fuentes de Las Pilas y del Chorrillo, así como lo ofendida que se muestra cuando la tildan de fantasiosa o mentirosa.

Una novela interactiva a través de Facebook

Otro hecho que impregna de asombro esta historia: su pintoresca manera de narrarla a través de la red social Facebook, en abierto, por capítulos y en formato de crónica novelesca. Y el remate que siembra confusión o incredulidad: a medida que avanza esa novela interactiva supuestamente basada en hechos reales, el relato va adquiriendo tono psicótico/paranoide como consecuencia de las críticas y presiones que recibe por parte de quienes comentan sus post y de quienes la abordan a través de mensajes privados para intentar sonsacarle la ubicación de la cueva y, en el extremo opuesto, para intentar disuadirla de provocar la profanación de un lugar sagrado. Asimismo, la autora va cayendo presa de un halo entre mesiánico y místico al considerar que no es casual que fuera ella “la elegida”.

“La civilización guanche está pidiendo su lugar, ya no quieren permanecer más en silencio, ni ser utilizados. Esa civilización ya no quiere ser más ignorada, y menospreciada”, señala. Y atribuye el privilegio de haber sido ella quien se topara accidentalmente con la cueva funeraria al destino, a la voluntad de los ancestros canarios e incluso del Santo Hermano Pedro, descendiente de guanches y repobladores castellanos que pudo nacer en Ifonche y al que Carmen Dolores rinde gran devoción. En su opinión, la clave para ser la elegida está misteriosamente conectada con dos fuentes y caminos de Ifonche de unos 300 años de antigüedad que ha rescatado del olvido de forma desinteresada durante el último año, la Fuente de Las Pilas y la Fuente del Chorrillo. Tal y como ha ido relatando en su muro de Facebook, ese proceso de recuperación ha sido para ella algo mágico, una especie de travesía que le ha ido cambiado la vida.

Controversia y fascinación

El resultado de todo ello es que esta vecina natural de La Palma y residente en Arona casco desde hace 28 años tiene en vilo y hasta desnerviados a numerosos arqueólogos, historiadores y, en general, a cientos de personas que se debaten entre si creerla o no. Parte de sus seguidores, sobre todo sus amistades, la creen y apoyan sin reservas tildándola de “heroína” y “valiente”. Otra parte la tilda de chiflada, se burla de ella y le dedica calificativos como “profeta”, “iluminada”, “cateta” o “mentirosa”. Hay quienes creen que todo esto es un montaje para promocionar un libro, obtener notoriedad o beneficios económicos, aunque ella insiste en que no quiere “ni un duro” ni tampoco un empleo. Y también quienes objetivamente no terminan de creerla, pero quieren hacerlo por las ganas a que su espectacular historia sea cierta y que la cueva exista. Sin embargo, la mayoría están tan perplejos, que no saben qué pensar.

Eso sí, casi todos sus seguidores 'feisbuqueros' tienen algo en común: llevan meses enganchados a los relatos de Carmen Dolores sobre lo que ella define como el hallazgo “del Santo Grial de los guanches”, el descubrimiento que “cambiará la historia de Canarias” y que dará trascendencia mundial al Archipiélago. Llega a comentar que los expertos que la asesoran le han dicho que este es “el mayor descubrimiento del mundo”, que “no existe en ningún lugar de la Tierra tanta información encontrada en un mismo lugar”.

Como conclusión, una novela fascinante, llena de intriga, que da datos y pistas sin decir diciendo, que resulta tan difícil de creer como difícil negar a ciencia cierta, cuya autora está absolutamente metida en su papel y proyecta ficción real o realidad ficticia. La guinda la ponen quienes comentan sus post, pues en su conjunto imprimen aún más atractivo e intensidad a la historia.

Carmen Dolores González asegura que su historia es cierta, que pronto lo demostrará y reta a quienes le reclaman pruebas que busquen ellos la cueva, convencida de que no la hallarán por mucho que batan Ifonche (y hace meses que se ha incrementado el número de curiosos que van en su búsqueda).

Inquietud por posibles daños al paraje protegido de Ifonche

Esa es la parte que más inquieta a la población y a los enamorados del espectacular paraje protegido de Ifonche, pues la ambición de muchos por hacerse con el tesoro de los menceyatos del sur de Tenerife aludido en este libro 2.0 puede provocar auténticos desastres en la zona. Ante ello, ya ha sido requerido mayor celo y presencia policial de unidades de la Guardia Civil como el Servicio de Protección de la Naturaleza.

Comienzo del relato de la cueva de las 700 momias

Inició el relato hace algo más de dos meses lanzando un curioso guante a los responsables públicos: si acondicionan y ponen personal a cargo de la protección y mantenimiento de los caminos y de las dos fuentes del Chorrillo y de Las Pilas, ella a cambio les correspondería desvelando dos “tesoros” de trascendencia “mundial” que se encuentran ocultos en el mismo entorno que acoge esas fuentes, el bellísimo paraje de Ifonche. El primer tesoro, la localización de un “alucinante” pasadizo subterráneo de más de un kilómetro de largo. Y el segundo, la citada cueva con restos funerarios aborígenes.

Su gran ofensa es que durante el año que estuvo restaurando esas fuentes y sus accesos, ninguno de los responsables de la protección de ese importante patrimonio ni quienes la seguían en Facebook le ofrecieron apoyo a pesar de que ha pedido ayuda muchas veces. Por el contrario, reitera Carmen Dolores, ha recibido presiones, amenazas de multa y denuncia y críticas por su labor.

Y su mayor indignación, que ni cuando ha rescatado dichas fuentes y caminos sin coste alguno para las administraciones públicas y ha ofrecido dos impresionantes tesoros a cambio de su cuidado, ha logrado que los políticos y técnicos competentes mostraran el más mínimo interés de hacerse cargo de la salvaguarda de dichas fuentes y, en cambio, pretendan que ella les entregue sin más “el Santo Grial de los guanches”, “uno de los mayores descubrimientos de la historia”, como ella define “su” cueva de las 700 momias. Les reprocha con ira la omisión de sus responsabilidades históricas y patrimoniales, que solo busquen la foto, lo poco fiables que son en materia de conservación y que hayan “mentido y engañado” a los canarios “sobre su verdadera historia”.

Dichas ofensas se entremezclan en sus post con una llamativa singularidad: su veneración por la transparencia, por que el legado del pueblo guanche esté al alcance gratuito de todos los canarios “y no solo de dos o tres”, como suele ser habitual (la mayoría de los restos aborígenes encontrados en Canarias acaban en paradero desconocido, presa del saqueo y el mercadeo arqueológico, ocultos en los sótanos del Museo Arqueológico de Tenerife o en colecciones privadas que muchos sitúan en manos de los propios responsables de los museos y de la Universidad.

Ante la avalancha de peticiones de información y fotografías por mensaje privado, reitera que todo lo que cuente lo hará públicamente en su página de Facebook y que cuando llegue el momento ella misma convocará a los medios de comunicación.

El ayuntamiento tinerfeño de Arona está pujando fuerte por hacerse con el récord estatal de escándalos de corrupción. La cantidad y nivel de competidores complica bastante el triunfo en ese ranking, pero los políticos y técnicos de este municipio del Sur de Tenerife se están aplicando a conciencia: el caso Arona 2, que va ya por 22 imputados de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, está a punto de salir de su letargo para unirse a otras ocho mega querellas y causas que protagonizan los gobernantes municipales y ediles de la oposición aronera de los tres últimos mandatos.

Esta mega querella estrechamente ligada al Plan General de Ordenación (PGO) anulado el mes pasado y al caso Arona 1 (pendiente de fecha para juicio) incluye entre sus imputados a la diputada del Partido Popular Águeda Fumero y al consejero de Innovación Tecnológica del Cabildo de Tenerife Antonio Miguel Marichal (a punto de ser proclamado candidato de CC a la Alcaldía aronera para las elecciones municipales de 2015).

Citación de nuevos imputados y testigos

En representación del bloque anticorrupción liderado por Ciudadanos por Arona, el abogado Felipe Campos instó el martes por escrito al titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Arona a realizar varias diligencias probatorias que incluyen, entre otras propuestas, la citación en calidad de imputados de dos ex secretarios generales del Ayuntamiento (Cristian Marcelino Represas y Javier García Doncel) y del redactor del PGO tumbado hace unas semanas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por ocho motivos distintos de nulidad que coinciden en gran medida con los presuntos delitos que se investigan en el Caso Arona 2).

Además, Campos ha propuesto la citación en calidad de testigos de cinco funcionarios de este Ayuntamiento: las dos responsables del servicio jurídico de Urbanismo, Manuela Melo y Carmen Ana Díaz ; la jefe de Recursos Humanos, Carmen Teresa Hernández; el coordinador del Plan de Modernización, Juan Pedro García y, por último, el arquitecto Damián García.

Falsificación documental y grabaciones sobre pelotazos

En ese escrito Campos plantea en primer lugar “fijar el objeto” de este complejo procedimiento penal que aúna cinco denuncias presentadas ante Fiscalía entre 2008 y 2011 por presuntos delitos relacionados con el controvertido urbanismo de este municipio turístico, residencial y agrícola.

Al parecer, la instrucción del caso Arona 2 se había centrado solo en una de las denuncias (la relativa a la aprobación plenaria del PGO) y había pasado por alto la parte de la causa referida a la presunta falsificación documental del planeamiento urbanístico aprobado en pleno, así como la relativa a las grabaciones en las que se oye al entonces alcalde y al redactor del PGO reconociendo irregularidades y pelotazos en el planeamiento que intentaban aprobar.

Asimismo, parece que en esta instrucción también se habían obviado las denuncias contra las argucias desarrolladas por los gobernantes y técnicos municipales para seguir concediendo licencias al margen de la legalidad a pesar de que ya estaba en marcha una investigación judicial por esa práctica (el caso Arona 1, que arrancó a principios de 2007).

Para poner la instrucción al día, además de las nuevas imputaciones y testificales, el letrado de la acusación particular ha requerido la aportación documental de expedientes de licencias urbanísticas “que no han sido aportadas a la presente causa” a pesar de formar parte de la misma.

Aparte de todo ello, está buscando una parte de esta causa a la que ha perdido la pista: la denuncia de un pelotazo relativo a la recalificación de 152.000 metros cuadrados de suelo rústico..

¿El motivo de semejante desbarajuste en esta instrucción penal?

Por una parte, la saturación de los juzgados aroneros (uno de los más atascados del país) y la inestabilidad de su plantilla: por esta instrucción que arrancó en 2008-2009 han pasado ya al menos tres magistrados y tres fiscales. Por otra parte, la complejidad de esta causa que incluye una parte escindida del caso Arona 1 (mega querella que fue dividida en dos para evitar que se eternizara su instrucción) y cinco denuncias de Felipe Campos y José Antonio Reverón (concejal de Ciudadanos por Arona). Influye también que están imputados gobernantes de dos mandatos distintos (los siete integrantes de la Junta Local de Gobierno de 2003-2007 –de CC, PP y CAN-CCN–, y los siete de 2007-2011, todos de CC), así como concejales dos partidos de la oposición (PP y CAN-CCN). Algunos acumulan imputaciones como gobernantes de dos mandatos distintos y otros como gobernantes en la primera etapa y como ediles de la oposición en la segunda etapa política investigada en este caso.

Además, ha complicado esta investigación el elevado número de empresarios aludidos en las licencias concedidas con informes jurídicos desfavorables (a mediados de 2012 declararon ocho titulares de licencias, pero faltarían varios más). Sin olvidar que forma parte de estas diligencias previas también el inmenso Plan General que comenzó a tramitarse en Arona en 1997, que se rehizo entre 1999-2003, que volvió a rehacerse de nuevo entre 2003-2006 y que, una vez aprobado definitivamente en pleno, sufrió transformaciones secretas hasta su nueva aprobación definitiva en diciembre de 2012 (con lo que no es de extrañar que se hayan emitido en su contra 16 sentencias de nulidad tanto totales como parciales).

Un año de atasco por la imputación de una aforada

Y lo que más ha demorado esta instrucción, aparte de las tácticas de dilación de la defensa de los imputados, ha sido la presencia de una aforada entre los imputados. Desde que en noviembre de 2012 fue citada a declarar la diputada Águeda Fumero por haber apoyado la entrada en vigor de un PGO con indicios de ilegalidad cuando era concejal de la oposición, este caso quedó estancado. Ella impugnó la citación alegando que le correspondía comparecer ante el Tribunal Supremo, el magistrado instructor aprovechó ese fuero para intentar deshacerse de esta complicada causa enviándola íntegra al Alto Tribunal; la fiscal y el abogado Felipe Campos recurrieron esa decisión y el Supremo les dio la razón indicando que no era razonable enviar toda la instrucción a Madrid cuando la aforada solo estaba implicada en una cuarta parte de la causa. La abogada de los imputados recurrió sin éxito para intentar que la instrucción se llevara a cabo fuera de la Isla (lo que hubiera imposibilitado la presencia de acusación particular) y, desde entonces (marzo de 2013), el caso Arona 2 no había vuelto a dar señales de vida.

Fuentes judiciales apuntan que al fin está despertando y que está previsto que haya citaciones de imputados y testigos durante el próximo mes de octubre. Con lo cual, teniendo en cuenta las otras causas protagonizadas por responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Arona, toca un calendario judicial de lo más apretado para ello.

Calendario judicial de los políticos aroneros

Resumiendo ese calendario, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife está pendiente de fijar fecha para el mega juicio del caso Arona 1, que aglutina a 16 acusados de delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, malversación, extorsión, tráfico de influencias y prevaricación (entre ellos, ocho imputados de CC, PP y CAN-CCN, el exarquitecto jefe y un exaparejador del área de Urbanismo). Uno de los acusados, Antonio Sosa, aún forma parte del gobierno aronero de Coalición Canaria y está compitiendo por ser candidato a la alcaldía.

Durante el presente mes de julio han sido citados a declarar 15 políticos municipales imputados por prevaricación en el caso del Alcalde Okupa por las tretas que urdieron entre agosto y noviembre de 2012 para mantener en la Alcaldía a un alcalde que incurría en causa de incompatibilidad a raíz de una condena de inhabilitación (las imputaciones que pueden derivar en la inhabilitación de la mayoría del pleno aronero aluden al actual alcalde, al exalcalde y a 11 ediles del grupo de gobierno de CC, así como a dos de la oposición del CAN-CCN). En esta causa también han sido citados en calidad de testigos los 10 ediles de la oposición de PSOE, PP y CxA, así como la secretaria general del Ayuntamiento.

También está previsto que entre este mes y septiembre presten declaración en calidad de imputados el exalcalde, el anterior y el actual concejal de Urbanismo por el caso Relinche (permitir la construcción de un chalé en suelo rústico bajo licencia para una cuadra de caballos) y por el caso Capitel (reapertura irregular de un pub mientras los tribunales investigaban su licencia de actividad a raíz de una denuncia vecinal).

A todo ello se unen el caso Arona 3 (de tal magnitud que el fiscal ha planteado dividirlo en cinco causas), el caso Arona 4 (centrado en el gasto presuntamente ilegal de casi 100 millones de euros de dinero público durante la última década, 15 de los cuales fueron gastados el pasado 2013), el caso Enchufe 2 (imputado el exalcalde inhabilitado en el caso Enchufe 1) y varias causas más cuyo contenido no ha trascendido aún. Según un documento emitido por los juzgados aroneros al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, el exalcalde José Alberto González Reverón está acusado e imputado en nueve causas penales distintas.

Sin terminar de digerir la anulación del Plan General de Ordenación vigente en Arona, el ayuntamiento de uno de los principales municipios turísticos de Tenerife está temblando ya por otra sacudida judicial: el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona ha remitido ya las citaciones a los quince imputados del conocido como caso del alcalde okupa, consistente en burlar entre todos una sentencia que condenaba al ya exalcalde, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, a dejar el cargo tras ser condenado a cuatro años y medio de inhabilitación por haber enchufado a dos trabajadoras en la corporación.

La situación de burla a la sentencia se alargó durante cuatro meses de alcaldía ilegal que vivió este municipio del Sur de Tenerife entre agosto y noviembre de 2012 por las tretas urdidas por los quince imputados para intentar evitar que González Reverón acatara el cese por incompatibilidad tras su condena por prevaricación.

En concreto, están a punto de ser citados en calidad de imputados el actual alcalde aronero, Francisco Niño, el exalcalde inhabilitado José Alberto González Reverón, doce de los trece concejales de Coalición Canaria (se salva solo la concejala que sustituyó al exalcalde inhabilitado) y los dos ediles del CAN-CCN. Los demás integrantes de la corporación municipal (seis concejales de PSOE, cuatro de PP y uno de Ciudadanos por Arona), así como la secretaria general del Ayuntamiento, comparecerán en calidad de testigos. Al parecer ninguno de ellos ha recibido aún la notificación, aunque la noticia del estallido de esta causa está corriendo como la pólvora por el consistorio.

Abrirán la ronda de declaraciones judiciales el próximo 30 de junio el alcalde y el exalcalde, mientras que el resto de imputados se sentará ante el juez durante el mes de julio. Los testigos prestarán declaración en septiembre. Si este procedimiento acabara en condena, sería inhabilitada por incompatibilidad para el ejercicio de cargo público casi toda la corporación municipal.

El caso del alcalde okupa se encuadra en una de las etapas más surrealistas y rocambolescas tanto de Arona como de la historia democrática del país. José Alberto González Reverón fue condenado a cuatro años y medio de inhabilitación en junio de 2012 por enchufar a dos trabajadoras (una de ellas la número 14 de su plancha electoral de las últimas elecciones). Recurrió la sentencia y siguió gobernando como si nada grave hubiera ocurrido. Pocas semanas después, en agosto, comenzó a trascender que una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) hacía incompatible que los condenados por delitos contra la administración pública pudieran continuar en el cargo desde la sentencia de primera instancia, aunque no fuera firme.

Pero los ahora imputados interpretaron la ley a su manera y acordaron en un pleno que no acatarían la obligación de cese automático recogido en la LOREG para los condenados por delitos de corrupción “por ser anticonstitucional y violar los derechos fundamentales del alcalde”.

Para los quince políticos municipales que van camino del banquillo como imputados por presunta prevaricación (adoptar resoluciones injustas a sabiendas), esa causa de incompatibilidad legal que entró en vigor justo antes de las elecciones de 2011 en base al pacto antiterrorismo de PP y PSOE y a una cuña anticorrupción de última hora de UPyD, era “manifiestamente injusta” porque la condena que afectaba al entonces alcalde aún no era firme y porque la mayoría absoluta que había sacado en las urnas (13 de 25 actas de concejal) le legitimaba para continuar en el cargo.

Tretas y argumentos contra el cese del exalcalde

Por ello, como recoge la denuncia firmada por la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, pusieron todas las trabas posibles para mantener oculta la sentencia condenatoria del alcalde y evitar que la secretaria general del Ayuntamiento de Arona pudiera informar sobre su incompatibilidad legal para seguir ejerciendo el cargo.

Cuando la oposición de PP, CxA y PP consiguió hacerse con la sentencia y la secretaria confirmó que González Reverón tenía que dejar la Alcaldía, los quince querellados ignoraron su informe y embistieron contra ella. También ignoraron los pronunciamientos de obligatoriedad de acatar el cese que fueron emitidos desde Madrid por la Junta Electoral Central.

Los responsables de esa etapa de alcalde al margen de la legalidad fundamentaron la negativa del pleno del Ayuntamiento de Arona a acatar la parte incómoda de la misma Ley Electoral que les legitima para ejercer como cargos públicos electos en dos informes externos de pago encargados a un catedrático catalán y a un letrado tinerfeño.

La crisis democrática instaurada en Arona llevó incluso a que el grupo parlamentario de Izquierda Unida tomara cartas en el asunto dirigiendo al fiscal general del Estado un escrito de denuncia y petición de auxilio democrático en favor de este municipio del Sur de Tenerife caracterizado desde 2007 por los escándalos de corrupción (en realidad desde mucho antes de 2007, pero ese año comenzó el estallido de las megacausas penales contra políticos y técnicos municipales).

Aunque IU no tiene representación en este Ayuntamiento, la denuncia fue preparada por José Pérez Ventura y presentada por el diputado Gaspar Llamazares en respuesta al llamamiento realizado desde el Harismo, movimiento anticorrupción del municipio. La reacción del fiscal general fue inmediata: contactó en cuestión de días con la fiscal jefe provincial tinerfeña y activó definitivamente el semáforo rojo anticorrupción en Arona.

La Audiencia Provincial zanja la crisis

A pesar de todo ello, el exalcalde y los catorce concejales ahora nominados penalmente se mantuvieron en sus trece. Fue tal el estupor del aparato judicial autonómico y estatal, de la prensa y de buena parte de la ciudadanía al encarar un Ayuntamiento dirigido por un alcalde ilegal, que se optó por una solución de emergencia: adelantar varios meses el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el recurso que había presentado González Reverón contra su condena por enchufe.

El veredicto de la Audiencia Provincial logró poner fin a esa esperpéntica etapa política: desestimó el recurso del entonces alcalde y dio firmeza a la condena y a su pena de cuatro años y seis meses de inhabilitación. Solo entonces acató su cese, aunque públicamente lo llamó “dimisión”. Eso sí, tras verter públicamente un arsenal de críticas contra la Justicia y contra sus denunciantes. En su opinión y en la de sus seguidores (el denominado bertismo), su líder está siendo víctima “de una persecución”.

Los únicos sancionados hasta ahora por ese desplante a la legalidad en materia de corrupción, han sido los concejales de la oposición de CxA, PP y PSOE que se negaron a tener un alcalde ilegal: la secretaria general del Ayuntamiento se negó a pagarles las dietas de los cuatro plenos que abandonaron durante esa etapa.

Los imputados de Coalición Canaria son el actual alcalde, Francisco Niño; el exalcalde, José Alberto González Reverón, y los concejales Antonio Sosa Carballo, María Candelaria Padrón, Marta Melo, Carmelo García, Marcos Esquivel, Manuel Reverón, Ramón García, Eva Luz Cabrera, Miguel Ángel Méndez, Clara Pérez y Mónica Sierra. Del Centro de Arona-Centro Canario Nacionalista, Manuel Barrios y José Antonio Fuentes.

Entre los imputados hay tres políticos que han ocupado la alcaldía, el actual titular, Francisco Niño, el polémico González Reverón y Manuel Barrios, alcalde con el PSOE entre 1983 y 1995, hoy en el Centro Canario Nacionalista.

El edil de Ciudadanos por Arona plantea dimisiones y hace un guiño político a Podemos.

La burbuja inmobiliaria de Arona ha terminado de saltar por los aires: su gallina de los ladrillos de oro ha muerto intoxicada de ilegalidad. La última sentencia contra el Plan General de Ordenación (PGO) “es firme”, aseguró ayer el abogado Felipe Campos, autor del recurso que ha tumbado el planeamiento ante el TSJC por ocho motivos distintos de nulidad, durante la rueda de prensa que ofreció junto al concejal denunciante del documento, José Antonio Reverón (de Ciudadanos por Arona). Los incumplimientos de normativa autonómica del documento, afirmó Campos, “no admiten recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, con lo que “por mucho que el Gobierno de Canarias maree la perdiz”, esta sentencia “ha puesto punto final” a este controvertido Plan. Por tanto, Arona pasará a estar regida en breve por su planeamiento de 1987 “mientras inicia un nuevo planeamiento desde cero”.

En cuanto al plazo que llevará sacar adelante una nueva ordenación territorial para este municipio turístico, residencial y agrícola de 80.000 habitantes, dijo que “si se actúa dentro de la senda de la legalidad, podría aprobarse un nuevo Plan en dos años”. Los planeamientos que tardan muchos más años en aprobarse, aseveró, “es que fallan legalmente”. La única salida del municipio, reiteró, es recobrar la seguridad jurídica, meta que confió a la toma de conciencia del empresariado aronero, al que dirigió varios llamamientos para que presionen en pro de un nuevo Plan que cumpla la Ley. “Todos los que han luchado por defender el actual han hecho un esfuerzo baldío”.

El Gobierno de Canarias recurrió el año pasado ante el Tribunal Supremo la primera sentencia de anulación del PGO con el respaldo del Ayuntamiento de Arona (ambos capitaneados por CC, en el primer caso en pacto con el PSC-PSOE). Sus responsables políticos defendieron que aunque este planeamiento fuera “un yogur caducado”, el de 1987 era peor. Pero según Campos, ahora ya no queda más remedio que volver a ese planeamiento del siglo pasado y empezar a redactar un Plan totalmente nuevo. El motivo de que no se pueda salvar casi nada del Plan vigente desde 2011“es que el TSJC ha emitido otras 16 sentencias que lo anulan total o parcialmente”, reveló el abogado.

Dimisiones y guiño de Reverón a Podemos

“Esperemos que la ciudadanía aronera valore el daño causado y no permita que los responsables de todo esto vuelvan a ocupar cargos públicos”, añadió José Antonio Reverón, el concejal de Ciudadanos por Arona (CxA) que impugnó el documento ante los tribunales en el marco de la lucha anticorrupción que emprendió en 2003. El edil de la oposición incidió en la necesidad de que políticos, ciudadanos y empresarios se den cuenta de que para salvar Arona es imprescindible retornar a la senda de la legalidad. “Podemos salvar Arona, claro que podemos”, dijo al final de su intervención en un claro guiño al movimiento ciudadano que pugna por acabar con las castas políticas y con sus manejos en pro del interés general.

El edil comenzó su intervención con palabras de apoyo a todos los que le han prestado ayuda durante la larga y difícil travesía que ha tenido que sufrir hasta demostrar que tenía razón: el abogado Felipe Campos, sus excompañeros del PSOE aronero “expulsados del grupo municipal socialista por atreverse a denunciar la corrupción”, los integrantes y simpatizantes de su actual partido (Ciudadanos por Arona), Sí se Puede, Izquierda Unida y el Harismo (movimiento de risastencia anticorrupción). También agradeció el apoyo de los periodistas que han dado cobertura a sus denuncias “a pesar de las presiones de los poderosos” afectados por las mismas.

“Siempre pensamos que lo de Arona era grave”, pero resultó ser “un infierno”, dijo en alusión a las críticas y “persecución” emprendida estos años por quienes querían “que nada cambiara”. “El clientelismo, la corrupción y la especulación han traído graves consecuencias y nos han perjudicado a todos”, concluyó poniendo sus esperanzas en que lo ocurrido valga al menos “para tomar conciencia de que ese no es el camino”.

El Gobierno canario admite motivos de nulidad

Campos, por su parte, puso en la diana de sus críticas al Gobierno de Canarias: “Es impresentable que los mismos que dieron el visto bueno a la entrada en vigor de este Plan me dieran la razón en muchos de los motivos de nulidad que planteé en el recurso”. También criticó a los políticos municipales y autonómicos que han defendido a capa y espada este documento “arbitrario, injusto y lleno de ilegalidades” y que, aún después de saber que era inservible y que caería en los tribunales, siguieron defendiéndolo y atacando a sus detractores “solo para sacarse la foto”. “La clase política montó en un caballo de Troya cabalgando enloquecida hacia no se sabe dónde, y se ha pegado el tortazo”, comentó el abogado.

En cuanto al equipo redactor del PGO anulado (encabezado por Jorge Coderch), recalcó que lo ocurrido demuestra una vez más que documentos de tal importancia no deberían correr a cargo de técnicos externos a la administración, ya que ni siquiera tienen responsabilidades ante fracasos como el que ha condenado al urbanismo aronero.

Llamamiento empresarial

El abogado se mostró poco esperanzado con el sistema político y con que la conciencia de voto de la ciudadanía permita un cambio de timón en ese sentido. Pero se mostró esperanzado con el papel que pueden jugar los empresarios en el retorno a la legalidad urbanística aronera. “Los empresarios son los primeros interesados en que esto cambie”, pues son “los primeros que han perdido” apoyando un Plan sin garantías jurídicas.

Eso sí, aunque muy crítico, Felipe Campos fue mucho más moderado que de costumbre. Concluyó que la sentencia que ha terminado de invalidar el PGO “cierra el círculo con el Caso Arona”, saga de causas penales que arrancó junto a José Antonio Reverón y al exportavoz socialista Paco García Santamaría por la concesión masiva de licencias urbanísticas ilegales. Además de los 17 acusados pendientes de ir a juicio en el Caso Arona 1, recordó que en el Arona 2 están imputados, entre otros, todos los concejales de CC, CAN-CCN y PP que votaron a favor de la aprobación y entrada en vigor del plan finalmente anulado, incluida la diputada popular Águeda Fumero. Agregó que aportará esta sentencia urbanística al Caso Arona y que, probablemente, complicará la situación de los acusados e imputados.

Pero, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados, en la rueda de prensa de ayer, Campos no citó términos como “corrupción” ni metáforas tipo “la Marbella canaria”. Y al plantearle la extrañeza ante su moderación, hasta diluyó la gravedad extrema de la corrupción aronera indicando que “aunque se presuponga que si hay ilegalidades es porque algo hay por detrás”, en realidad “es un problema general” del país que en el caso del municipio aronero se ha hecho más patente por acciones inusuales como la de haber presentado un recurso global contra la nulidad del documento, “algo que no se suele hacer”.

Entre los motivos de nulidad del PGO, mencionó la incorporación de modificaciones sustanciales después de su aprobación definitiva, la omisión de trámites de información pública, la ubicación de alrededor de un millón de suelo para equipamientos y espacios libres en suelos protegidos, la reclasificación de unidades de actuación no gestionadas o el incumplimiento de los ratios mínimos de viviendas de promoción pública.

El Ayuntamiento, también expuesto a indemnizaciones millonarias por autorizar edificaciones en unidades de actuación no gestionadas.

Los apaños del Ayuntamiento y del Gobierno canario para regularizar ese caos, uno de los motivos de la anulación del PGO.

Los centenares de licencias ilegales concedidas durante las dos últimas décadas por los responsables políticos del Ayuntamiento de Arona (la mayoría a partir del año 2000, a cargo de CC, CCN-CAN y PP) empiezan a pasar factura a la población: los propietarios de miles de viviendas y locales construidos al amparo de esas autorizaciones ilegales tendrán que asumir cargas urbanísticas, costear cesiones de suelo y hasta devolver al consistorio el dinero público ilegalmente gastado en su entorno. La mayoría de estos afectados por licencias tóxicas ignora la que se les viene encima, pues adquirieron sus pisos, garajes y locales a promotores creyendo que todo era legal.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de este municipio del Sur de Tenerife queda expuesto al pago de indemnizaciones millonarias por la nulidad de esas licencias repartidas entre los núcleos de Valle San Lorenzo, Cruz del Guanche, Guaza, La Camella, Buzanada, El Bebedero, Las Galletas, La Estrella, La Rosa, El Fraile y Guargacho. En total, la problemática de las unidades de actuación aroneras afecta a unos 700.000 metros cuadrados de suelo.

Así se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha tumbado el Plan General de Ordenación vigente en Arona desde finales de 2011 por ocho motivos distintos de nulidad, uno de ellos, la arbitrariedad en la reclasificación urbanística de los ámbitos calificados como unidad de actuación en el planeamiento de 1987.

Los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento aronero y del Gobierno de Canarias intentaron solucionar el descalabro urbanístico generado con esas licencias ilegales a través del Plan General de Ordenación (PGO) vigente, por ejemplo, recalificando las unidades de actuación ilegalmente desarrolladas como suelo urbano consolidado. Pero no ha colado.

La citada sentencia señala al respecto que “los propietarios de suelo urbano incluidos en unidades de actuación por el planeamiento anterior, no pueden ser excluidos de dichas unidades por el planificador con ocasión de la revisión del planeamiento, aunque hubieran obtenido licencia y hubieran edificado sus parcelas y éstas cuenten con servicios urbanísticos, porque no han participado en todas las cargas urbanísticas previstas para el ámbito en el que de manera natural se incluyen y de cuyos servicios están en disposición de disfrutar”.

Revisión y anulación de licencias

Las licencias concedidas sin condicionar el derecho al cumplimiento de los deberes urbanísticos, “deberán ser revisadas”, puntualiza la sentencia. “Siendo el cumplimiento de estos deberes un requisito esencial para la adquisición del derecho, las mismas pueden ser revisadas mediante la acción de nulidad”, concreta abriendo la puerta al pago de indemnizaciones a los afectados de esas licencias (ya que algunas se concedieron de forma condicionada al pago de dichas cargas cuando se ejecutaran esos ámbitos, pero otras no dicen nada de tal condición).

Además de dejar clara la inviabilidad de categorizar como suelo urbano consolidado parcelas en las que no se ha gestionado la unidad de actuación y en las que no se acredita que los propietarios hayan participado en el proceso urbanizador, la sentencia recoge que esas recalificaciones parecen haber beneficiado “incluso a viviendas sin licencia” (construcciones clandestinas). Entre las irregularidades detectadas, el auto del TSJC menciona también que en varias unidades de actuación el PGO anulado incorpora irregularmente suelo que no era urbano en el planeamiento anterior, que se aumenta la edificabilidad por encima de lo permitido y que se reduce la superficie destinada a espacios libres.

Licencias ilegales y corrupción urbanística

La concesión masiva de licencias ilegales en unidades de actuación es parte del denominado Caso Arona 1, causa en la que 17 gobernantes y exgobernantes municipales, técnicos, una jefa de Policía Local y un cabo de la Guardia Civil se reparten acusaciones de delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

Uno de los testigos clave de esa megacausa de corrupción relató y aportó pruebas del cobro de comisiones urbanísticas que se repartían el aparejador, el arquitecto jefe, el secretario general y políticos de la Junta de Gobierno a cuenta de la concesión de licencias ilegales en unidades de actuación no gestionadas. Las actas de las Juntas de Gobierno aportadas como pruebas principales de esa causa que está pendiente de que la Audiencia Provincial tinerfeña fije fecha para juicio dejan claro que las licencias edificatorias en unidad de actuación se concedían a unos sí y a otros no, así como que determinados promotores tenían gran facilidad para beneficiarse de esos permisos edificatorios ilegales.

La primera sentencia que anuló este PGO en septiembre del año pasado por carecer de evaluación de impacto ambiental (recurrida por el Gobierno de Canarias ante el Tribunal Supremo) fue desencadenada precisamente por un vecino al que intentaron endosarle prácticamente todas las cesiones de suelo de una unidad de actuación que había sido edificada en su mayor parte por un conocido promotor.

La bomba de relojería de las unidades de actuación de este municipio del Sur de Tenerife saltó por primera vez después de las elecciones de 2011, cuando el Ayuntamiento reclamó 1.200.000 euros a un centenar de vecinos de Valle San Lorenzo en concepto de cargas urbanísticas. La mayoría no sabía ni que tenía propiedades en una unidad de actuación. La algarabía de algunos afectados logró paralizar los cobros, pero el problema sigue sin solucionarse.

Hoy, rueda de prensa

El concejal de la oposición y el abogado que han tumbado el Plan General de Arona en el TSJC por ocho motivos de nulidad –José Antonio Reverón, de Ciudadanos por Arona, y el abogado Felipe Campos, respectivamente–, han convocado rueda de prensa de valoración de la sentencia a las 11.30 horas de hoy en el Hotel Reverón Plaza (Los Cristianos). La misma es abierta al público. Entre quienes han confirmado asistencia, varios empresarios señalan que, además de entender la situación urbanística del municipio, van a intentar abrir debate sobre las opciones que hay para solucionar la parálisis urbanística de este municipio de 80.000 habitantes que lleva casi una década saltando por los aires por el estallido de su inmensa burbuja inmobiliaria.

Mientras, los responsables municipales y del Gobierno de Canarias siguen actuando como si la anulación del PGO no fuera con ellos y como si no pasara nada.

Esta nueva anulación da la razón al concejal y el abogado que lideran la lucha judicial contra la corrupción aronera

El Plan vigente en Arona sitúa casi todos los parques urbanos del municipio en suelos protegidos: volcanes, barrancos, laderas y la Reserva Natural Especial de Rasca

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tumbado el Plan General de Ordenación (PGO) vigente en Arona, municipio del Sur de Tenerife, tras concluir que incurre en ocho motivos de nulidad diferentes. Tales incumplimientos guardan relación tanto con la tramitación como con la ordenación territorial de este controvertido planeamiento que empezó a tramitarse en 1997 y fue aprobado el 15 de julio de 2011 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Esta demoledora sentencia que deja por los suelos al Ayuntamiento aronero y al Gobierno de Canarias da la razón al concejal de la oposición José Antonio Reverón (de Ciudadanos por Arona) y al letrado Felipe Campos en la mayoría de las causas de nulidad que alegaron en el recurso con el que, aparte de tumbar el documento, querían probar que es un PGO plagado corrupción.

De hecho, esta demanda está estrechamente ligada a las denuncias penales con las que ambos han desencadenado el Caso Arona 1 (con 17 acusados de delitos de corrupción a punto de ir a juicio) y, entre otros, el Caso Arona 2 (con más de 20 políticos y técnicos imputados).

Por algo Arona, el tercer municipio en peso poblacional y económico de la provincia tinerfeña y uno de los imperios turísticos del Archipiélago canario, es considerado como una de las mayores burbujas inmobiliarias del país.

Ocho motivos de nulidad

La Sección Segunda de la Sala de Contencioso Administrativo del TSJC ya había anulado este planeamiento en septiembre de 2013 por carecer de evaluación ambiental estratégica, si bien ha seguido en vigor porque el Gobierno de Canarias recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo. Ahora, además de ese motivo de nulidad, en esta nueva sentencia fechada el 25 de abril de 2014 y que aún no había trascendido públicamente, la misma sala del Tribunal Superior de Justicia canario también tumba el Plan porque durante su tramitación se incorporaron modificaciones sustanciales que no fueron sometidas a consulta ciudadana.

Otro motivo de nulidad recogido en este nuevo auto es el incumplimiento del estándar o cantidad de suelo que debía destinar el PGO a equipamientos y espacios libres, desajuste que ronda el millón de metros cuadrados al haber situado casi todos los parques urbanos del municipio en suelos protegidos (como volcanes, barrancos, laderas de montaña, zonas con protección arqueológica y la Reserva Natural Especial Malpaís de Rasca).

También forman parte del listado de vicios de nulidad referidos en esta sentencia el incumplimiento del modelo territorial establecido en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, clasificar como suelo urbanizable parcelas que habían sido objeto de parcelaciones urbanísticas irregulares y recalificar terrenos incluidos en ámbitos de referencia turística sin el correspondiente plan especial de ordenación.

La vulneración del porcentaje mínimo de viviendas destinadas a promoción pública (VPO) y la reclasificación arbitraria de unidades de actuación no gestionadas, eximiendo a determinados propietarios de las cargas urbanísticas que les corresponde asumir, son otros de los motivos que han llevado al TSJC a determinar que el PGO de Arona es contrario a derecho.

Arona cae al abismo de la inseguridad jurídica

Arona cae al abismo de la inseguridad jurídicaDesde su entrada en vigor, a finales de 2011, ya han sido estimados varios recursos que lo anulan parcialmente y uno que lo tumbó íntegro a mediados del año pasado. Pero la nueva sentencia deja una cosa clara: aunque el Gobierno de Canarias vuelva a recurrir esta anulación, su contundencia termina de precipitar a Arona al abismo de la inseguridad jurídica en la que comenzó a caer en picada libre desde 2007, cuando comenzó a estallar su burbuja inmobiliaria. Si el Ejecutivo regional optara por acatar la sentencia, este municipio de 80.000 habitantes pasaría a estar regido en pleno siglo XXI por un PGO del año 1987.

Más de 15 infracciones legales

Más de 15 infracciones legalesAparte de la cantidad de motivos de nulidad de este planeamiento tinerfeño, también resulta llamativo el tipo y número de incumplimientos legales que le atribuye esta sentencia: un total de 15 infracciones aún a pesar de que la sala especifica que deja varias presuntas infracciones sin analizar por estar claro que el documento impugnado es nulo. La mayoría de infracciones legales son de tipo ambiental y afectan a suelos protegidos.

En concreto, la sentencia determina que el PGO de Arona incumple la Disposición transitoria primera, apartado segundo, de la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; el artículo 7.2 de la Ley del Suelo; el Artículo 63 de la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias; tres directrices de Ordenación General de la Ley 19/2003 por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias y, por otra parte, el Anexo del Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento urbanístico.

Bate de récord con cuatro infracciones el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. Y por último, el auto recoge también varios incumplimientos del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).