En un archipiélago como el canario, en el que su folclore está tan especialmente arraigado en cada una de sus islas, independientemente de las ricas y variadas especificidades que proliferan en cada una de ellas, ha sido muy recurrente, sobre todo en los últimos años -se opina y debate ostensiblemente-, poder fijar un centro en torno al cual se pueda gestionar todo lo inherente a la música popular de nuestra tierra, más allá de lo estrictamente indicado al respecto desde las administraciones públicas.

Disponer de un centro dedicado a dirimir las diferentes cuestiones relacionadas con el apasionante mundo de la cultura folclórica canaria posibilitaría su propio impulso y fortalecimiento, procurando la defensa de su identidad, sus peculiaridades e historia, de manera que su contexto no pueda someterse a ningún posible riesgo de desafección o pérdida progresiva de actividad o interés. Ese centro servirá para la investigación, la conservación y la difusión de la cultura tradicional.

Para alcanzar el objetivo que se plantea -la creación de la sede de nuestro folclore- hay que observar la oportunidad que ofrece la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2026, es decir, el último año completo de la actual legislatura, puesto que las cuentas que apruebe el Parlamento a finales del próximo año para el curso de 2027, a todas luces no lo contemplarán, ya que, tal y como suele ser habitual, el medio curso final de mandato tiende a someterse a la incertidumbre política de la convocatoria electoral, prevista, en este caso, para el mes de mayo de ese año, en tanto que iniciativas de la naturaleza que planteamos se pueden ver comprometidas y condicionadas por ese marco especulativo.

Siendo así, la participación compartida entre varias administraciones -Cabildo, Ayuntamiento y, sobre todo y principalmente, el Gobierno de Canarias-, propiciaría la disposición de una partida económica conjunta impulsada por el Ejecutivo regional, con la que habilitar la adquisición de un inmueble -como fórmula más viable desde la óptica administrativa, si bien se podría optar por cualquier otra alternativa posible- que albergue la tan ansiada sede para la gestión de lo comprendido en nuestra música popular. En tal sentido, se emprendieron gestiones conducentes a ese fin con la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias a finales de 2019, para lo que se estableció el principio de acuerdo de que el pueblo de Tetir (Fuerteventura) fuera, igualmente, la sede permanente del Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias, que ese año se celebró en dicho pueblo a finales de noviembre, como una suerte de introducción a los trabajos para la cristalización de que fuera allí donde se implantara la sede del folclore canario. Tengamos en cuenta que, para 2026, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias presenta un presupuesto de 424,5 millones de euros, reservando específicamente para el área de Cultura y Patrimonio Cultural un montante de 46,79 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,76 % respecto a 2025, todo ello sin incluir la depuración resultante de la fase de enmiendas que presumiblemente no modificarán las cifras expuestas.

El Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias de 2019, celebrado durante las tetireñas fiestas de San Andrés con el propósito de promover decididamente el folclore de las Islas, que reunió a varias agrupaciones de todo el Archipiélago, con la dirección artística de Domingo Rodríguez el Colorao, para destacar la identidad cultural canaria en Tetir, se lanzó como un evento que acompañara, al mismo tiempo, los trámites pertinentes que desembocaran en la fijación de la sede allí mismo. No obstante, se iniciaron por entonces las gestiones para la adquisición de un inmueble de marcado tipismo en el centro de Tetir que sirviera a esa empresa cultural con rango autonómico.

Desde la apuesta que al respecto se hizo por Tetir, se tuvieron y tienen en cuenta todos aquellos aspectos que refuerzan su candidatura como centro administrativo del folclore isleño, desde la constatación de una señera agrupación folclórica que ha superado el medio siglo de productiva vida creativa con una solera ampliamente reconocida, el tradicional y prestigiado Encuentro Regional de Solistas cada mes de agosto, una añeja romería referencial organizada por la propia agrupación folclórica a principios de cada diciembre, o uno de los pocos ranchos de ánimas actualmente activos en Canarias, todo ello en el entorno de un pueblo con un marcado tipismo tradicional canario. Más allá de lo anteriormente descrito, se debe considerar esa posibilidad como viable necesidad de que finalmente Canarias dé el paso institucional que su folclore le pide.

Fuerteventura, la isla más vieja del Archipiélago, es una tierra orgullosa de su historia, de quienes le han puesto cara durante siglos y de cada una de las huellas de su volcánica piel. Fuerteventura es, además, cuna de nuestra música popular, de nuestro folclore. Tanto es así que la isla congrega habitualmente las esencias de los ecos que han ido conformando esa esencial parte de nuestra identidad cultural.

Fuerteventura sabe a folía en el abrazo, resuena a parranda en las luces lejanas y se encuentra en las palabras sentidas de una copla que busca quien la escuche. Los días que hoy nos dan sentido parecen situarse lejos de los candiles que antaño alumbraban la alegría de lo sencillo. Sin embargo, siempre hay un momento para reclamar el sentido de lo que una vez empezó. Así, impelidos por esa obligación cultural del tiempo que siempre será nuestro, ahora celebramos la necesidad de preservar las glorias del pasado, por lo que debemos evocar la manera en que la vida se cantaba, para cantar y bailar en torno a la tradición. Ha llegado el momento, pues, de hacer sonar lo que nos mueve y de bailar al son de las cuerdas de los timples y de las guitarras que han labrado nuestra historia musical.

Canarias necesita visibilizar permanentemente nuestra cultura musical tradicional como fundamento de una identidad que debe luchar por su pervivencia y promoción, en torno a un centro irradiador especialmente vinculado con la historia de nuestras esencias folclóricas.

La aridez requiere legislarse, necesita una norma legal que equipare las islas orientales a las del extremo occidental respecto a sus características distintivas geográficas y socioeconómicas: Fuerteventura necesita una ley sobre lo que es, para preservar su identidad por lo que aún es reconocible.

La realidad de un territorio normalmente es inherente a su evolución geológica y habitualmente meteorológica, que, en la medida de lo posible, siempre deberían ajustarse a una serie de normas mediante las cuales sus habitantes pudieran obtener la mayor estabilidad posible en diferentes ámbitos de la vida que desarrollan en ese espacio.

En un mundo en el que grandes masas humanas se mueven de un lado para otro buscando el ocio o el conocimiento, cuando en determinados puntos del Globo se concentran objetivamente flujos turísticos por el interés que generan, las administraciones públicas que rigen la gestión de esos territorios harían bien en legislar sobre la necesidad de armonizar, en tanto que reducirlo, el impacto de la actividad humana no habitual y, por tanto, sobrevenida, en un suelo que sufre por esa presión demográfica sobre impuesta.

Ese es el caso de la ley que el Gobierno de Canarias promulgó en 2019, conocida como Ley de Islas Verdes, que engloba a La Palma, La Gomera y El Hierro, mediante la cual se procura un desarrollo sostenible de su actividad turística, de manera que sus poblaciones puedan compatibilizar equilibradamente sus empeños sociolaborales, la propia economía emanada de sus espacios, la profusión de sus distintos sectores productivos y profesionales, así como su identidad cultural, aumentando incluso la protección de sus entornos naturales, aunque se pudiera creer que esto es una tramposa paradoja. Sin embargo, la norma referida, al menos de momento, está estableciendo esa dinámica prescrita.

Todos esos principios rectores deben inspirar la articulación de una nueva ley, en este caso adaptada al contexto de las islas áridas, Fuerteventura y Lanzarote, máxime cuando ambas soportan una creciente presión turística que requiere aliviaderos en forma del cumplimiento de condiciones y requisitos similares a la Ley 14/2019 de Ordenación Territorial de la Actividad Turística -‘Ley de Islas Verdes’- para lo que ya es una advertida necesidad al respecto en las dos islas más orientales.

Salvando las diferencias de contexto insular que definen la aridez majorera y conejera del verdor de las islas así tipificadas, hay una serie de objetivos troncales que se deben alcanzar sine qua non, entre los que se encuadra tener en cuenta esencialmente el modelo territorial de ambas islas y sus recursos naturales, así como la valoración de la actividad turística desde la óptica que ofrece la incorporación de los suelos rústicos a sus desarrollos económicos y sociales. Igualmente, el sesgo identitario de cada ente insular debe ser respetado, incluso desde la perspectiva que ofrece poder consolidar sus capacidades económicas para lograr indicadores de distribución que contribuyan a erradicar los factores de desigualdad en los parámetros sociales y económicos. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que se debe considerar una óptima vertebración de las diversidades insulares, en tanto que se puedan integrar las distintas y posibles actuaciones edificatorias, mediante la adopción de las tipologías más adecuadas a cada una de las realidades paisajísticas.

Si para algo podría servir el pretendido y consabido eje oriental de los dos cabildos -el majorero y el conejero- es precisamente para impulsar una iniciativa de esta naturaleza, de manera que alcance el trámite parlamentario en pos de su cristalización legislativa. Hasta hoy ese frente institucional no ha sido más que una interesante declaración de intenciones sin utilidad aparente. Es, pues, el momento de formalizar la propuesta para que Fuerteventura y Lanzarote se constituyan legalmente como islas áridas en una norma que les garantice un estatus al nivel de las que conforman la Ley de Islas Verdes.

Siempre ha sido una idea recurrente en el colectivo imaginario la supuesta y aparente fragilidad defensiva del Archipiélago canario, y concretamente de Fuerteventura, cuestión especialmente señalada cuando acaecen conflictos bélicos, como la Guerra del 98, la Guerra Civil española o la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, en Fuerteventura existen elementos y vestigios de su pasado reciente que nos ofrecen el testimonio de ciertos indicios conducentes a establecer la defensa de la isla ante posibles e hipotéticas invasiones de su territorio. Lo cierto es que, no habiéndose producido en ninguna de las ocasiones anteriores lo previsto, no se descartó de manera certera que ello pudiera haber ocurrido en 1943, a partir del interés que el bloque aliado, sobre todo el Reino Unido, mostró para con el Archipiélago, lo que desencadenó la habilitación de un gran contingente militar en Fuerteventura para contener esa hipótesis militar.

Por ello, en dicho año se definió un Plan de Defensa Militar de Fuerteventura, que dispuso en el frágil y limitado espacio de la isla un reseñable volumen de recursos materiales y un importante destacamento militar, que contrastaba en número con la población total de la isla, aunque finalmente dicha operación no se desarrolló debido a una serie de circunstancias, entre las que se alineaban la escasez de provisiones de supervivencia y el propio devenir de la contienda militar.

Todos estos avatares forman parte de la obra La defensa Militar de Fuerteventura en la Segunda Guerra Mundial (Ministerio de Defensa, 2022), en la que Juan José Díaz Benítez, Jesús Martínez de Merlo y José Romero Serrano plantean un apasionante escenario en el que Fuerteventura iba a convertirse en primordial pieza de acatamiento territorial en el discurrir de la conflagración bélica.

Lo cierto es que la mera mención a dicho plan de defensa insular nos sitúa en un marco realmente inesperado, incluso desde la perspectiva temporal que nos ofrece el análisis histórico, puesto que la gran mayoría de la población existente en la isla desde la década de los años ‘40 del siglo XX en adelante ni siquiera han sospechado sobre las previsiones militares para con dicho territorio.

Considero de gran relevancia la obra -de la que tuve el honor de prologar siendo alcalde de Puerto del Rosario- a la que aquí hago referencia, ya que viene a mostrar claves sumamente apasionantes sobre la historia reciente de Fuerteventura, cuyo destino pudo cambiar en 1943 en función de la evolución de la Segunda Guerra Mundial.

Hay que recalcar que la Ley 20/2022, de Memoria Democrática (LMD), tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, entendida como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales, tal y como se va a llevar a cabo en Tefía, por lo que es importante luchar siempre por hacer justicia histórica, como cuando se promovieron las retiradas de la presidencia honorífica del Cabildo a Francisco Franco, en 2015 -tras habérsele concedido en 1945-, y de la alcaldía honorífica de Puerto del Rosario a García Escámez, a finales de 2024, cuando se le impuso en 1944. A este respecto, no debemos olvidar que nuestro legado histórico tiene que tener muy en cuenta las legítimas y justas reivindicaciones de familiares y asociaciones que luchan por dignificar la memoria de personas desaparecidas y potenciar iniciativas que promuevan el conocimiento de la verdad y divulguen la Memoria Democrática, como en Tefía, donde hay que estar presentes junto a quienes reclaman ese justo derecho y reconocimiento. 

En consonancia con el marco anteriormente descrito, no se entiende la reciente retirada, por parte del Gobierno de Canarias, a instancias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que venía oponiéndose a su aprobación, del Catálogo de Vestigios Franquistas, promulgado en la anterior legislatura, lo que pone de manifiesto que nuestra Comunidad Autónoma carece de un documento crucial para que las Islas no caigan en un limbo legal en el que cada administración pública pueda obrar según le venga en gana en relación a tan importante cuestión que entronca con nuestro pasado reciente y sus consecuencias no convenientemente resueltas en su totalidad. 

Entiendo que esta medida coercitiva denosta las medidas contempladas en la Ley de Memoria Democrática, que marca políticas públicas claras que den cumplimiento a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, como herramientas esenciales en la construcción de una memoria democrática compartida que, no solo supere las heridas causadas por la Guerra Civil y la Dictadura de Franco, sino que además sirva de sólido fundamento a una verdadera cultura democrática. 

Por ello, un solo ayuntamiento de los 88 canarios no puede condicionar la aplicación preceptiva legislativa sobre la memoria democrática del Archipiélago entero, por lo que la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias avala la querencia de un Ayuntamiento por mantener a buen recaudo vestigios vergonzosos de nuestro pasado reciente, tratando de evitar la necesaria eliminación de los vestigios franquistas, que hay que barrer de toda Canarias.

Es importante tener en cuenta que, a pesar de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha esgrimido la omisión del trámite de audiencia en este proceso administrativo, hay que recordar que el Gobierno de Canarias publicó en mayo de 2024 los primeros pasos para la derogación de dicho Catálogo, por lo que sí se dio el preceptivo trámite de audiencia, al que recurrieron para presentar alegaciones algunas asociaciones de Memoria Histórica de Tenerife y La Palma, por un lado, y la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que es uno de los colectivos que pretende que quede en pie el monumento a Franco en la capital tinerfeña, por el otro extremo. Por ello, el andamiaje de defensa de la presencia de las huellas franquistas en algún punto de nuestras Islas carece de la base suficiente que lo sustente. 

La reparación histórica, que está perfectamente reflejada en la Ley de Memoria Democrática, no debe hacer concesiones a caprichos irreverentes que, como estamos viendo, ignoran las atrocidades cometidas en los años oscuros que supusieron la Guerra Civil y la Dictadura franquista. No se pueden permitir veleidades ilícitas que edulcoren el daño que se hizo a miles de canarios que dieron su vida durante décadas por la libertad en nuestras Islas. 

Nuestro país vivió, durante casi cuarenta años, bajo el yugo de una dictadura atroz que sometió irredentamente a millones de personas que no tenían otra opción que asumir un destino que no deseaban, arriesgándose a perder la libertad y, en muchos casos, la vida, si no aceptaban lo que se les imponía. Así actuaba un régimen que masacraba cualquier intento de cambio en una España que vivió años de negrura, en los que los derechos humanos fueron aniquilados. 

El general Francisco Franco gobernó a machamartillo, sin mostrar piedad ni ofrecer perdón a los que le mostraban disconformidad en sus postulados, como lo hace quien no admite la libertad de expresión y de pensamiento, mucho menos cualquier tipo de disidencia. Así, el dictador dispuso diligentemente a sus paladines fascistas en los distintos territorios del país, en tanto que, más allá de asegurarse un férreo control de los mismos, igualmente proponía cierto desarrollo económico. 

Franco, al que le fue retirada la presidencia honorífica del Cabildo de Fuerteventura en 2015 -se le había concedido en 1945-, confío al general Francisco García Escámez la jefatura del Mando Económico de Canarias en 1943, desde el que llevó a cabo ciertas obras encaminadas a garantizar el sostenimiento del escaso desarrollo socioeconómico de la región, con lo que García Escámez obedeció un mandato de la superioridad militar del régimen. En todo caso, el objeto del establecimiento de esa jefatura en el Archipiélago era la unificación de las tres armas del Ejército del régimen, entre otras variables, para reforzar y evitar la sospechada invasión de las Islas por parte del eje aliado, extremo que se temía sobremanera por su fragilidad territorial.

En ese contexto histórico, García Escámez recibe la condición de alcalde honorario de Puerto del Rosario, hecho que se recoge en el acta del Ayuntamiento del 16 de marzo de 1944, así como en una página del 2 de julio de ese año en el periódico Falange, reseñado con un texto y la foto de un pergamino, con un buen número de escudos y blasones en los que se realza la figura del general. 

La figura a la que aquí se hace referencia, una vez que se hubo dado el golpe de Estado, comandó una columna de hombres que partió de Navarra para aprestarse a blindar dicha sublevación en Guadalajara, para marchar desde esa plaza a Madrid con una columna formada por soldados y voluntarios requetés y falangistas. Esa fuerza militar intervino brutalmente en La Rioja y Soria, provincias en las que debía imponer la presencia de quienes se debía anunciar que eran los que mandaban, desatando una ofensiva represiva con 2.585 víctimas. Una vez domeñadas las anteriores provincias, García Escámez se reservó posteriores intervenciones en numerosas operaciones de acción directa en diferentes frentes, como el de Madrid, Aragón o Extremadura, en las que selló su ya conocida impronta.

No se pueden edulcorar las trayectorias a lomos del terror por determinadas labores que enmascaran las acciones de sus autores. La reparación de la memoria democrática y la justicia histórica requieren de gestos que dignifiquen los errores del pasado. Ese nombramiento institucional ha permanecido en un limbo social durante ochenta años, salvando los consabidos filtros de la Ley de Memoria Histórica, quizás por no ser un aspecto palpable y manifiestamente constatable, oculto en las catacumbas administrativas durante décadas de general desconocimiento. 

García Escámez no es un padre al que se le pueden perdonar los pecados veniales, ni siquiera es una figura que testimoniara una adhesión afectuosa a nuestra isla. Fue un general que cubrió un expediente relacionado con los años especialmente importantes para la consolidación del franquismo -la década de los ‘40-, en este caso, en Canarias. Se trata de un militar que tuvo un papel determinante en el golpe contra el régimen democrático, a las órdenes del general Mola; participando decisivamente en batallas como la del Jarama en 1937, uno de los impactos más duros y sangrientos de la Guerra Civil. 

El historiador Ricardo Guerra Palmero reflexiona acerca de este tipo de reconocimientos, cuestionando si “realmente merece la pena en una sociedad democrática honrar a los personajes y políticas hechas durante un régimen dictatorial, realizadas tras un golpe de Estado que derivó en una guerra civil bastante larga y que provocó la represión”, abundando en que “una cosa es el conocimiento de la historia derivado de la investigación, que en Canarias aún presenta numerosas lagunas, otra la existencia de memorias individuales y colectivas, o usos públicos de la historia favorables o no a ciertos personajes e ideologías, y otra muy distinta que las administraciones de un estado democrático europeo sigan rindiendo honores y distinciones oficiales a aquellos que propiciaron la guerra y la dictadura”.

Alguien que formó parte del directorio franquista no puede ser alcalde honorífico de Puerto del Rosario. Hay que borrar cualquier rastro de apología franquista, en todo espacio y lugar. 

El escaso tiempo que Unamuno pasó en Fuerteventura dejó una honda huella en él, como así se atestiguaría en el resto de su vida a través de su testimonio y de su obra. La figura del escritor vasco ocupó el centro social de Puerto Cabras durante su corta estancia en la Isla, en la que trenzó sólidas amistades, entendiendo perfectamente la idiosincrasia majorera, integrándose plenamente en la realidad que conoció, trazando un mapa sentimental que uniría para siempre a Fuerteventura y al propio Miguel de Unamuno.

Desde entonces hasta hoy, no han dejado de celebrarse continuos homenajes a un intelectual que vinculó su nombre al de una isla que lo enamoró por su sencillez, la humildad de sus gentes y la paradójica crudeza de sus días con una quietud que lo cautivó. En 2024 se cumplen cien años del confinamiento de Miguel de Unamuno en Fuerteventura, por lo que estamos en un momento idóneo para que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario adopte un acuerdo que refuerce los lazos de unión con el escritor que acogió en 1924.

 Por todo lo anterior, creo que Miguel de Unamuno debería ser considerado hijo adoptivo de Puerto del Rosario a título póstumo, ya que Fuerteventura se asomó a uno de los grandes autores e intelectuales del pasado siglo cuando Unamuno unió su destino a nuestra isla en un momento crucial de su vida e insospechado para el devenir de este rincón atlántico de inspiración. La corta estancia del escritor en nuestra isla plasmó una senda muy profunda en ella, fruto del afecto que profesó por la inspiradora tierra que pisó.

A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, aun no ha sido suficientemente ponderada la figura de Unamuno para el porvenir cultural de Fuerteventura, en tanto que espacio vital donde reinan las melancolías por esta roca milenaria del corazón que siempre le acompañaría hasta su muerte. El destino indeleble que lo unió a este lado del Atlántico tiene una hondura poética insondable en su totalidad. Por todo ello, creo que hay que rendirle homenaje con la consideración de hijo adoptivo de la capital.

Unamuno es Fuerteventura y nosotros somos deudores de su dedicación y devoción, que nos situó para siempre en la ruta de los sueños que las palmeras señalan en el firmamento, una figura determinante para nuestra cultura, porque Unamuno y Fuerteventura son dos destinos en uno.

Puerto del Rosario reclama al Gobierno canario volver al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria

Nunca he creído realmente en esa vieja teoría de la constante discriminación de Fuerteventura en cualquier institución supra insular, pero cuando asistimos a decisiones tan peregrinas como la anulación taxativa de Puerto del Rosario en el órgano de la toma de decisiones sobre el desarrollo portuario de nuestra isla, en el provincial y en el autonómico, empiezo a creer en oscuros intereses económicos que nos son manifiestamente adversos, por palpables evidencias. 

La sorprendente decisión del Gobierno de Canarias de dejar fuera del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a Fuerteventura resulta, a todas luces, absolutamente injusta e incomprensible, porque cuando hablamos de Puerto del Rosario hablamos, por extensión, aún más en este caso, de la isla, ya que la referencia portuaria preeminente se halla en la capital.

No es, pues, una cuestión de quien gobierne, o no, en la comunidad autónoma canaria; es una cuestión de necesidad y de justicia, de saber que se comete un atropello cuando se aparta el conjunto de los intereses comerciales y económicos de una de las tres islas de la provincia al desdeñar su puerto, el germen en torno al cual toma forma el desarrollo de gran parte de sus pistas de futuro.

Tengamos en cuenta que el puerto de Puerto del Rosario es el único de interés del Estado en nuestra isla y uno de los cuatro en nuestra provincia. Es absolutamente necesario que Puerto del Rosario tenga una plaza en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, tal y como ha venido siendo en los últimos lustros, sustanciada en la representación que ostenta su alcalde y así recogido en sus estatutos.

Dicha forzada ausencia no solo es una ofensa a Puerto del Rosario, sino a toda Fuerteventura, puesto que nuestro puerto es uno de los cuatro de interés del Estado en toda la provincia y, obviamente, el único con esa consideración en nuestra isla, razón por la cual también se establece la presencia en el órgano oficial -Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria- que rige los destinos de las principales plataformas portuarias de Las Palmas, entre las que figura la capital majorera.

En los últimos años se han llevado a cabo diversas inversiones de distinta índole en nuestro puerto, síntoma inequívoco de la importancia y de la proyección que se le da, así como de su creciente volumen de movimiento comercial y económico. No obstante, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha cubierto el 85% de lo invertido en Fuerteventura, variable que indica su estatus y potencial. Así, el desarrollo y mejora de nuestras infraestructuras son un síntoma de que tenemos un puerto vivo y activo con el que atraer nuevos flujos económicos. 

Por ello, dentro del ambicioso ‘Plan de Empresa 2020-2024’, está en proceso de evaluación ambiental el dique del muelle comercial (32 millones de euros) en nuestro puerto. Igualmente, a modo de ejemplo, la obra del acondicionamiento de la zona de operaciones de la terminal del muelle comercial comenzó el 19 de febrero de 2021 y finalizó el 13 de diciembre de 2021. Otra muestra de esa pujanza es el proyecto 'Suministro e instalación de luminarias LED con sistema de telegestión para la renovación energética de la infraestructura del alumbrado exterior del Puerto’, que ha recibido una financiación Feder de 533.787,21 euros.

Por otro lado, como plasmación de todo lo argumentado, no podemos obviar la posición geo estratégica de nuestro puerto, que lo sitúa entre los más importantes del Estado en relación a su situación fronteriza y de expansión económica, razón por la que, entre otros motivos relacionados con su crecimiento y actividad, ostenta la condición que lo sitúa entre los cuatro más importantes de la provincia.

No vamos a parar hasta lograr obtener la representación que Puerto del Rosario y Fuerteventura han mantenido y merecen como uno de los puertos más importantes y de mayor proyección, en relación a su posición dentro de nuestra provincia, en el contexto de Canarias y en el conjunto estatal. 

En los últimos años he representando a nuestro municipio, a la capital de la isla, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, defendiendo sus intereses y los de Fuerteventura. Hoy debe hacerlo el alcalde que me ha sucedido en la responsabilidad institucional. Lo hemos reclamado y lo seguiremos exigiendo hasta lograr dicha condición. 

Ya está bien de discriminar a Puerto del Rosario y a Fuerteventura. No vamos a permitir un atropello a los intereses de Puerto del Rosario, a los intereses majoreros, puesto que la decisión que lo ha provocado es absolutamente inadmisible. 

Ante la tramitación de las numerosas autorizaciones administrativas por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias relativas al establecimiento de parques energéticos en Fuerteventura, resulta pertinente poner de manifiesto una serie de consideraciones que es procedente establecer ante el evidente impacto medioambiental que dichas instalaciones están suponiendo para nuestro territorio.

Parece resultar obvio el cambio de paradigma energético en Fuerteventura, de tal manera que en los últimos años existe un cambio incondicional a favor de la implantación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 

Son incuestionables las ventajas que ofrece este tipo de instalaciones frente a las denominadas ‘de régimen ordinario’: una prácticamente inexistente contaminación y los consecuentes efectos en la salud humana, animal y vegetal, el coste nulo de la materia prima utilizada o los efectos positivos que tiene sobre la economía. Sin embargo, debe entenderse que el fomento de estas energías debe ajustarse a un desarrollo sostenible y equilibrado, acorde a una realidad territorial y social concreta para Fuerteventura. 

Dicho desarrollo equilibrado implica la necesidad urgente de un Plan Territorial Especial que ordene las infraestructuras y los equipamientos del sector eléctrico en la Isla y evite una proliferación indiscriminada de los parques energéticos. 

La Administración Autonómica, mediante la declaración del interés general de las obras y argumentando, en principio, razones de urgencia o excepcional interés, ha permitido la autorización de parques eólicos y fotovoltaicos en nuestra isla. Pero este procedimiento especial no debe utilizarse para sustituir las obligaciones que en materia energética ostentan las diferentes administraciones públicas y cuyo primer punto no debe ser otro que una planificación integradora de las instalaciones energéticas, ordenando el conjunto de intereses legítimos de un modo racional y sostenible. Todo esto parte de la anterior legislatura, con el gobierno de Coalición Canaria (CC).

Para ello, de acuerdo a la clasificación del sistema de planeamiento de Canarias, los planes territoriales se articulan como los instrumentos de ordenación insulares adecuados para concretar y definir este tipo de infraestructuras y equipamientos, tal y como dispone la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Estos planes deben señalar los suelos aptos para la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos bajo criterios de ordenación equilibrados, igualitarios y respetuosos con la calidad del medio y su paisaje, y fomentando las energías renovables en combinación con la conservación de los recursos naturales y de los suelos de interés agrario, litorales y de valor paisajístico y cultural. Es evidente que no se está actuando según esos parámetros.

Esta planificación, a diferencia de las autorizaciones discrecionales, obedece, entre otros, a los principios de equidad intra e intergeneracional, precautorio y de incertidumbre, e integra la participación ciudadana.

Los citados principios velan por la utilización sostenible del medio ambiente, de manera que las posibilidades y oportunidades de su uso se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad, presentes y futuros, con especial precaución en los casos en lo que no se conozca con suficiente detalle sus consecuencias y posibles daños irreversibles. Siendo así, toda instalación energética, fundamentalmente de los parques, debe atender a criterios de concentración territorial y eludir la dispersión como norma fundamental en este contexto. Una vez más, aquí se ha obviado esa idea: nada de concentración y sí dispersión.

En tal sentido, en relación a las autorizaciones que se vienen otorgando desde la pasada legislatura (CC), obviándose así el planeamiento insular y el municipal y sin una evaluación conjunta de sus repercusiones, se puede considerar que las declaraciones de interés tramitadas por la mencionada Dirección General no son el instrumento ordinario adecuado con el que habilitar la instalación de parques eólicos o fotovoltaicos en un territorio limitado y frágil como son las islas, y que en ningún caso ha llevado aparejado un proceso de participación ciudadana que recabe la opinión de las personas y de las organizaciones, asociaciones y colectivos potencialmente afectados acerca de la necesidad y oportunidad de regulación y sus posibles alternativas, remitiéndose exclusivamente a una necesidad originada a solicitud de intereses legítimos aunque particulares.

Ciertamente, el conflicto del Sáhara ha ido conquistando palmo a palmo, en toda su arenosa extensión, la sensibilidad de gran parte del Magreb, para que puedan activarse todos los resortes, todos las posibilidades que tenemos para buscar una solución lo más rápida posible a un asunto que parece haberse dejado por décadas a la providencia de la comunidad internacional, quizás más preocupada por no dejar entrever una posible injerencia que se ha considerado poco beneficiosa para cualquier otro interés que no fuera el de ganarse a un influyente enemigo en el norte de África.

A pesar de todo ello, hay que ser conscientes de que es un tema extraordinariamente sensible y no fácilmente resoluble más allá de los cauces que marcan las riberas de la consabida resolución al respecto de la ONU. Así, aludir a la constante preocupación por lo que está sucediendo en estos momentos en El Aaiún ya es un repetido capítulo de un conocido relato, más aun en Canarias, y no por ello más crecientemente exigible una solución al conflicto cada día más perentoria.

Por ello, hay que demandar el estricto cumplimiento de los Derechos Humanos a Marruecos en la zona y que cesen de inmediato sus hostilidades y agresiones. Por ende, está resultando también llamativo el hecho de que muchos periodistas no puedan realizar su trabajo ni que puedan informar sin cortapisas y con plena seguridad sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el Sáhara Occidental. 

Desde hace once años he tenido la impresión de que la lucha por la autodeterminación del Sáhara Occidental, después del conocido caso de la activista Aminatou Haidar, paradójicamente se había debilitado, resultando incluso curiosa esa percepción, pues su ejemplo de entrega denodada había simbolizado el sufrimiento de todo un pueblo. Hoy, sin embargo, creo que vuelve a resplandecer de nuevo esa posibilidad.

A este respecto, entiendo que igualmente puede ser ilustrativo sobre la especial adhesión de Canarias sobre todo lo que acaece en el Sáhara, que el 20 de marzo de 2017 defendí en el Pleno del Cabildo de Fuerteventura una moción institucional que reiteraba el apoyo al derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui, en la que se recogía que corresponde a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización, y al Consejo de Seguridad la máxima responsabilidad en la búsqueda de una solución justa y definitiva, acorde con la Carta fundacional de las Naciones Unidas y las múltiples resoluciones en las que el Pueblo Saharaui tiene reconocido dicho derecho.

Imprimo aquí nuevamente mi compromiso con la justa causa saharaui y su pueblo.

En pocas ocasiones se torció determinación por tal causa, por amor tan férreo, a pesar de que en multitud de ocasiones se ha anunciado la defunción de un hábito milenario, un ejercicio que ha posibilitado que se arroje un poco de luz sobre el mundo y la vida misma. Al contrario. Muy posiblemente, y en contra de lo que se nos pretende hacer creer con frecuencia, no disminuye el número de quienes deciden sumergirse en las balsámicas páginas de cualquier historia que en algún momento necesitó ser alumbrada.

A pesar de que las amenazas que se le han venido anunciando y enumerando al libro son muchas y variadas, éste ha venido aguantando los embates estoicamente, abrazando a los suyos, susurrando humildemente que conoce los caminos y las veredas seguras. Y, ciertamente, el fondo de los versos de nuestra adolescencia era un refugio cálido, una atalaya defensiva para tan turbulenta etapa.

El 23 de abril coincidimos en cantar a una necesidad, a una manera de entender la evolución humana. Ese día se hace públicamente visible lo que construimos el resto del año. Para sustanciar esa conmemoración, el Día Internacional del Libro, hemos querido celebrarlo como se debe celebrar cada día.

 José afrontaba el último curso de Filosofía y sentía que, al tiempo que incrementaba más y más teorías de pensamiento alineadas en su cerebro, crecía la confusión acerca de cómo encaminar su propia vida en relación a todo eso que años antes le había impulsado a leer a los clásicos con los que creía entender el mundo. Sin embargo, a pesar de ello, cada día se sentía más desorientado. Quizás, por esa razón, aunque no estaba tampoco seguro de ello, un extraño pálpito le llevó a unirse aquella tarde al bullicio que inundaba varias calles circundantes desde aquella plaza que, por momentos, le pareció a él que emanaba un suave aroma a despertar con ventanas abiertas. 

 Cuando pudo atisbar los primeros brazos en alto que le animaban a unirse a la concentración, comprobó que muchos de los rostros que aceraban su mirada hacia unos cerrados balcones altos de uno de los edificios que abrigaban la plaza, afilaban sus rasgos ungidos por una suerte de rencor que no reconoció entre las vivas emociones que unos minutos antes albergaba en su discurrir por las callejuelas que desembocaban en aquella olla de encontrados sentimientos, tantos como personas se apelotonaban, más unidas por el tono de sus voces que por lo que se acertaba a entender de ellas.

 Tímidamente, se pudo colar entre dos individuos que se mantenían firmes e incólumes, como soldados de infantería, ante los muros desnudos de aquel edificio del que colgaban, enhiestas, varias y diferentes banderas. Avanzó unos metros y pudo comprobar que el frío inclemente no era el causante de la exasperación de aquella turba. Cuando se disponía a preguntar a cualquiera de las personas que tenía más próximas, le sorprendían reiteradamente los ecos de los chillidos de los que competían entre sí por hacerse oír más estruendosamente. Resuelto por fin a vencer su timorata presencia, José sujetó por el brazo a un muchacho que no llegaba a la veintena para tratar de averiguar qué empujaba a tanta gente a coincidir en la desordenada rabia que allí se cocía. “¡Abajo la inteligencia!”, gruñó aquel que portaba un brazalete negro cuándo José le requería. Paralizado por el horror ante la barbaridad que Millán Astray hizo conocida ante Unamuno en 1936, entendió que no estaba allí por una causa digna y loable, como él creyó adivinar inicialmente, sino ante la evidencia de muchos años de pública demonización de la cultura.

Comprendió, también, que siempre estaría condenado a preguntar, aunque sólo fuera para sentirse más solo, en un mundo que ya había decidido entronizar la cólera ante la necesidad de saber.

Este nuevo cuaderno de bitácora para conducir el oportuno desarrollo del Archipiélago nos sitúa como una real comunidad ultraperiférica, con todo lo que ello implica a la hora de acceder al conjunto de derechos y ayudas que esa determinación tiene en Europa, si bien ese contexto ya nos venía dado, aunque ahora se debe consolidar la visibilidad para la proyección en muchos ámbitos de obvia necesidad. No obstante, veremos como se abrirá un campo inexplorado de determinados derechos, como el del acceso a una renta básica ciudadana en aquellos casos de evidente exclusión social, de manera que, puesto que en Canarias ese escenario es realmente sufriente, estamos ante uno de los preceptos más enérgicos de esta nueva norma.

Es especialmente reseñable también que se establezca de manera clara que indefectiblemente se debe contar con buenas administraciones públicas, es decir, con buenos y sanos gobiernos, lo que engarza, en definitiva, con la lucha contra la corrupción que se ha anclado en ciertas capas de la administración. En esa misma línea de actuación se inscribe el hecho de que el Gobierno regional, en caso de imperiosa necesidad, pueda impulsar decretos con rango de ley que puedan solventar situaciones de emergencia. Como curiosidad baste decir también que el propio Gobierno tendrá amplias prerrogativas competenciales en cuanto a los planes territoriales de ordenación y a los usos permitidos generalmente en costas y particularmente en playas, y muy concretamente en la dirección que se debe dar a la gestión de los títulos de ocupación y usos del dominio público marítimo-terrestre.

Por otro lado, en lo que es uno de los aspectos sustanciales del nuevo Estatuto de Autonomía, el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario adquiere gran entidad desde la perspectiva que ofrece su desvinculación de la financiación autonómica relacionada con el gobierno central respecto a las compensaciones que Canarias recibirá al margen de ella. Es aquí donde también adquiere preponderancia nuestra situación geográfica y lo que ella repercute en el equilibrio socioeconómico de las Islas en relación al resto del Estado. Así, ahora, más allá del papel que hoy tiene la Federación Canaria de Islas (Fecai), que aglutina a los cabildos y su rango de acción conjunta para con el Gobierno regional, los propios gobiernos insulares se alinearán en lo que se llamará la Conferencia de Presidentes, un ente que asumirá la responsabilidad de impulsar con el Gobierno autonómico todo lo que se pueda entender de interés general para quienes aquí vivimos.

A pesar de que nuestra historia reciente siempre ha ponderado los vínculos culturales y económicos con América -sobre todo el cono hispano- y África, ahora, en virtud de nuestra consideración de región ultraperiférica, el concurso canario podrá ser determinante en la cooperación internacional en estos ámbitos, de manera que el propio Estado habrá de reconocer esa interlocución como propia en asuntos como el comercio exterior. Igualmente, cuando en ciertas ocasiones se ha aludido a la posibilidad de asumir ciertas responsabilidades sobre las denominadas ‘aguas canarias’, éstas serán estimadas competencialmente por primera vez desde un plano isleño con el obvio paraguas estatal.

Normalmente se ha relacionado la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias con una aparejada reforma electoral que buscara más proporcionalidad entre islas y densidades poblacionales. De hecho, así será, pues, en tanto que, en función de dicho cambio, se operará un incremento de escaños parlamentarios y el implemento de una lista regional, para redefinir esa justicia distributiva que habría de facilitar el acceso al Parlamento como principio rector de esa corrección. Se trataría, por tanto, de tratar de alcanzar el mayor equilibrio posible en nuestro sistema electoral, que traería también la desaparición del aforamiento para los diputados regionales.

El Estatuto de Autonomía de Canarias podrá servir de mucho si consideramos que necesitamos muchos cambios. Si pensamos, por el contrario, que las mejoras siempre se podrán postergar, no habrá posibilidad de crecimiento. Aun así, creo que algo cambiará porque algo está cambiando.

Fuerteventura actualmente es la cuarta isla más habitada del Archipiélago canario, con una población que ronda los 110.000 habitantes. Este incremento poblacional siempre ha ido acompañado de un aumento proporcional de los servicios públicos en general. No obstante, en materia educativa, la oferta formativa existente en la isla se ha venido considerando insuficiente en lo que a Enseñanzas Profesionales se refiere.

En cuanto a los estudios relacionados con las Artes Plásticas, no resultaba comprensible cómo aún Fuerteventura no disponía de su propia Escuela de Arte y Diseño. Esto viene obligando al alumnado que desea formarse en el mundo artístico al terminar la ESO a abandonar la isla con apenas dieciséis años, realidad que condiciona notablemente tanto al estudiante como a su familia, que han de afrontar los gastos de desplazamiento y alojamiento en otra isla, además del temor legítimo al abandono del hogar a tan temprana edad. Aún así, muchos estudiantes de las Escuelas de Artes y Diseño de Canarias proceden de Fuerteventura, sobre todo las existentes en Lanzarote y Gran Canaria, islas que cuentan además con Residencias Escolares.

Tradicionalmente, las Escuelas de Arte ofrecen al estudiante, para que desarrolle su potencial creativo, la posibilidad de trabajar varias disciplinas artísticas. Esto es posible porque las artes plásticas parten de principios y conceptos comunes a todas la disciplinas artísticas, como los elementos del diseño, las teorías del color y su psicología, las teorías de la percepción, los conceptos de proporción y composición, entre muchos otros; todo ello aplicado al aprendizaje del manejo de las técnicas con las que el artista realizará su trabajo. Así, aumentar las oportunidades de adquirir experiencia profesional y mejorar las habilidades y la formación para el empleo en los jóvenes son algunos de los compromisos adquiridos por los países europeos para cumplir con los objetivos de la Estrategia Europea 2020.

Tanto es así que en lo que se refiere a las especialidades de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Fuerteventura presenta amplias posibilidades laborales dentro de la familia de la Comunicación Gráfica y Audiovisual, orientada a la utilización de las nuevas tecnologías y el tratamiento de la imagen digital en toda la amplitud que ello conlleva. De esta manera se puede potenciar un determinado sector de trabajo, dada la importancia y las potencialidades que genera el sector turístico en la isla en materia de creación de empleo.

En este sentido, Fuerteventura cuenta con una planta hotelera moderna y de calidad, con más de doscientos establecimientos hoteleros, sin contar apartamentos y casas rurales. Esta cantidad de camas turísticas, por encima de cien mil, genera un volumen de negocios importantísimo, que demanda profesionales relacionados con publicidad, diseño gráfico, decoración en establecimientos, organización de espectáculos audiovisuales, reportajes gráficos, fotografía de eventos sociales, culturales o deportivos, rodaje de cortos, etc., con lo que se abrió la posibilidad de solicitar títulos de grado medio y superior pertenecientes a la Familia Profesional de Artes Plásticas y Diseño.

Entre los títulos a implantar pertenecientes a la familia de Artes Plásticas se incluyen los ciclos formativos de Grado Superior de Fotografía, Gráfica de Impresión, Gráfica Publicitaria e Ilustración, y el Ciclo de Grado Medio de Asistente al Producto Gráfico Interactivo. Asimismo, resulta también determinante valorar que la implantación de las enseñanzas artísticas en Fuerteventura favorecerá la continuidad escolar y evitará el abandono escolar temprano, objetivos igualmente recogidos dentro de la Estrategia Europea 2020.

Por todo ello, y con la convicción de que la implantación de estudios relacionados con las Artes Plásticas y el Diseño en la Isla constituirían un salto cualitativo en la oferta formativa actual, el Cabildo de Fuerteventura encaminó sus pasos por esta senda en 2015, con una iniciativa que fue apoyada unánimemente, expresando su consideración y su firme apoyo a la implantación y desarrollo en la isla de dichos estudios, comprometiéndose a impulsar la creación de la mencionada Escuela, de manera que los jóvenes que deseen cursar estos estudios no deban trasladarse a otras islas del Archipiélago.

Fuerteventura avanza así, inexorablemente, con la implantación de esta Escuela -un nuevo hito educativo en la isla-, hacia la progresiva cobertura de sus necesidades formativas.

En dicha tarea fagocitadora estaba esta industria, en distintas partes el cuerpo del gato del mundo, cuando comenzó a palpitar insistentemente una lucecita roja en las cercanías de Fuerteventura, un aparentemente insignificante trozo de pellejo que latía anunciando un inminente proceso febril en el agitado cuerpo gatuno. Como quiera que los mosquitos se guían por impulsos térmicos para localizar la sangre con la que atiborrarse, la industria petrolera sigue un patrón similar para situar un abrevadero en el que seguir perpetuando la misma grasienta dieta de nuestro sistema energético. Y en estas, efectivamente, detectó a Fuerteventura, cuyos anticuerpos comenzaron de inmediato a tratar de rechazar los amenazantes aguijoneos que enfilaban su inmaculada piel.

Sin embargo, ya se sabe que, como todos los zancudos, los mosquitos son muy pertinaces, y no cejan en su empeño, aunque en ello perezcan. Esa manera de valorar la tarea de proporcionarse la pervivencia tiene algo de suicida, como de temeraria es la actitud de la industria petrolera en su incansable acometida en los territorios vírgenes que no conocen las punzadas de las prospecciones en pos del crudo.

La salud y la vida de nuestro gato aún son una incógnita, ya que nadie, ni siquiera los mosquitos petroleros, conocen la eficacia repelente de los anticuerpos del animal, cuya sangre enfebrece ante las maniobras de aproximación de los insectos, de manera que el punto de piel elegido para la picadura, Fuerteventura, puede hacer estremecer al gato y ahuyentar los oscuros zumbidos.

Fuerteventura es, ciertamente, un espacio propicio para los soñadores de confines invisibles, para los que se retienen en su más lejana imaginación.

Muchos de los que nacimos aquí, incluso aunque pasamos años universitarios entregados a la disciplina académica, supimos que parte de la roca ínfima que sustenta la vida en este trozo atlántico está abocada a la lucha continua contra la especulación. Ayer y hoy discernimos sobre unos estrechos horizontes espaciales, como si en ellos manejásemos, desde aquí, las claves del desarrollo occidental.

Esta Isla es un símbolo de la evolución humana, en todos sus ámbitos. Nos hemos dotado orgullosamente de unos estandartes muy crudos, muy vivos, propios de una tierra reducida y concentrada, de la que podemos oír sus latidos si pegamos la oreja a su milenaria piel polvorienta. Hemos enarbolado viejas banderas que cantan a la cabra, al agua y al sol, que nos han amamantado y sostienen las columnas majoreras que se hunden hasta el centro mismo del planeta, unos sostenes eternos que desconocen las diferencias que nos empeñamos en levantar entre nosotros mismos.

En ese encono estamos ahora, desde hace bastante tiempo, y, en un afán muy humano, levantando invisibles muros cada día que solo resguardan orgullos infructuosos. El Atlántico nos forjó un carácter que, a veces, también hoy, se confundió con un vacuo reflejo de faro universal.

Sí, irradiamos una luz única desde nuestra atalaya, como muchas otras lo hacen, aunque necesitemos alimentar constantemente esa incandescencia cuando es preciso, en el momento oportuno, cuando la suerte de los desheredados se torna sombría en esta vieja Isla.

No concibo otra manera de lucha justa que la reposición permanente de las dignidades quebradas y la eliminación de los ánimos apagados.

El escritor y tú es hoy, posiblemente, el encuentro literario entre autores/as que actualmente aúna trayectoria consolidada y fidelidad a un criterio de selección, así como el añadido del éxito de la propuesta, más señalado en este momento. Esa circunstancia nos obliga a tratar de mantener un impulso contínuo con cada una de las entregas, de manera que cada una de ellas siga siendo un hito cultural, tal y como ha venido ocurriendo desde noviembre de 2013, cuando iniciamos esta enriquecedora andadura cultural.

De Juan Madrid -el primer escritor que puso una muesca en nuestra aventura- a David Trueba -que estará presente el 19 de diciembre-, han desfilado por el Centro Bibliotecario Insular toda una pléyade de creadores que han contribuido a convertir a nuestra isla en un destino de primer orden para quienes deseen disfrutar de la mejor literatura en nuestro país. Este fenómeno ha traído aparejado, curiosamente, consecuencias muy beneficiosas para nuestra cultura, más allá de las inherentes al propio ciclo, como la proliferación de los clubes de lectura, por ejemplo, lo que redunda, sin duda, en una tendencia creciente en Fuerteventura: el amor por los libros y la cultura libresca.

Escuchar, contrastar, descubrir y compartir experiencias, curiosidades, deleites, todo en torno a quien tenemos enfrente, interpelado y entrevistado por alguien que conoce su obra, para, posteriormente, convertirnos nosotros mismos en quienes podemos preguntar, indagar o reflexionar sobre lo anteriormente expuesto. Ese es el proceder habitual descrito desde el principio para El escritor y tú, capítulo a capítulo. Vamos a seguir construyendo este relato.

El largo periodo que supuso la Dictadura puso a los cabildos insulares ante una tesitura, teniendo en cuenta su corta vida, en la que se cuestionaba su función inicial, pues durante cuarenta años apenas eran centros de gestión de la beneficencia, la salud pública, vías, caminos y montes. Esta disminución de su proyección histórica no fue más que su sometimiento a las circunstancias en las que se vio sumido el país. Sin embargo, tras la ceniza de esos años, también se esclareció el panorama para el influjo de los cabildos sobre quienes habrían de percibirlos como las administraciones más solventes en las décadas posteriores.

Hoy, a pesar de que se les considera, de facto, los gobiernos insulares, lo cierto es que esta faceta político administrativa está sujeta a su relación respecto de la capital provincial y del Parlamento de Canarias, así como, paradójicamente, del número de ayuntamientos que alberga cada isla y de la entidad de los más grandes municipios de nuestra Comunidad Autónoma, radicados en las dos islas capitalinas.

En tal sentido, a pesar del diferenciado volumen presupuestario que gestionan los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, lo cierto es que la preponderancia de estas dos instituciones respecto a sus ayuntamientos es mucho menor que la del resto de cabildos para con los suyos, precisamente porque los cabildos de las cabeceras provinciales se ven diluidos ante el propio Gobierno de Canarias, que tiene sedes en esas islas, así como porque existe un evidente contrapeso presupuestario y político de ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde o La Laguna. Ese contraste entre cabildo y ayuntamiento rico y populoso no existe en las otras cinco islas, reflejándose este cariz en un fenómeno que advierte grandes diferencias entre sus habitantes respecto de sus cabildos.

Así, según la valoración de los anteriores extremos, la percepción del cabildo como gobierno insular es mucho más patente en Fuerteventura o La Palma que en Tenerife y en Gran Canaria, y mucho más palpable en La Gomera y El Hierro que en Lanzarote. Ello conlleva una serie de variables sociológicas que encuentran su germen en la relación entre cada isleño y su cabildo, pues para un majorero -Fuerteventura tiene seis municipios- su Cabildo es su centro institucional preferente, mientras que para un tinerfeño -Tenerife, al margen de la sede del Parlamento, ostenta treinta y un municipios- es más una institución someramente suprainstitucional que el verdadero gobierno insular.

Ante ello, las propias competencias que cada cabildo ostenta, por mor de su propia naturaleza administrativa, parecen percibirse más claras en los cabildos no capitalinos que en los de Gran Canaria y Tenerife, cuya ascendencia política sobre sus administrados es menor que en la de los otros cinco, con lo que incluso el nivel de exigencia y reclamación ciudadana es más estrecho en los cabildos de islas no capitalinas que en los de las otras dos.

Seguramente Manuel Velázquez Cabrera no pensó en la deriva diferencial que ciento cuatro años después de la creación de los cabildos habría de establecerse entre estas siete instituciones que, con obvios contrastes entre cada una de ellas, se aprecia cuando se atraviesan sus respectivos umbrales.

Hasta hace bien poco, las imágenes de personas vagabundeando, arrastrando cartones o carros de supermercado con las pocas pertenencias materiales que se poseen, era típica de grandes urbes, y solíamos verlas en reportajes de televisión o en grandes producciones cinematográficas ambientadas en ciudades muy populosas. Ese fenómeno, en parte expandido por las consecuencias de experiencias globalizadoras, ya se puede ver en latitudes de menos presión demográfica como en la que vivimos. Si esto está ocurriendo aquí, como es obvio, tenemos que empezar a pensar que el ilusorio reparto de la riqueza y de los recursos se está polarizando de manera extremadamente progresiva y evidentemente acelerada.

Siendo así, y teniendo en cuenta que venimos considerando a Fuerteventura como un territorio de relativa bonanza económica desde hace años -dentro de la innegable crudeza y de las consecuencias que la crisis económica sella también aquí-, quizá habría que valorar que en esta isla el progreso social se mueve únicamente en una dirección, dejando en la cuneta a muchas personas que, por diversas razones de índole, por lo general, personal, se han despeñado por la pendiente de la exclusión social. Insisto, en Puerto del Rosario, así como en otras zonas de la isla, ya hay un considerable número de personas que viven bajo el umbral de la estricta pobreza.

Ante esta realidad, es loable la labor que están llevando a cabo muchas ONG, con el apoyo de las instituciones públicas, que trabajan directamente con estas personas, aportando los medios necesarios para mitigar la fatiga y el abandono al que están siendo condenadas. No se trata tanto de ofrecer dinero hoy y más dinero mañana para poder comer tres veces al día, sino de dotar de medios y recursos de autonomía individual con los que incursionar en el mercado laboral, superar las adicciones o mejorar las actividades diarias y la inserción social. En definitiva, abrazar un poco, si cabe, la felicidad en el entorno en el que se desenvuelven. Estoy seguro de que el abandono al que se han visto sometidas estas personas tiene un origen, en muchos casos, más sentimental que un requiebro económico en algún momento de sus vidas. Y es ahí donde deben incidir las instituciones a la hora de ofrecer las soluciones a esas situaciones.

Nuestro cielo es muy bonito, pero seguramente para muchas personas es cruel y no tiene el brillo que muchos vemos en él.

Hay que entender que también en estos momentos esas boyas no son, en absoluto, vasos necesariamente comunicantes. Todo ello nos viene a indicar que puede resultar un claro error estratégico tratar de asimilar los terrenos trillados en todo el país tras las elecciones primarias con muchos de los inexplorados senderos en el socialismo canario ante el futuro inmediato que inminentemente se le viene encima. Es decir, el puzzle regional ha cambiado de piezas que ya no encajan en los moldes que presentaron los contendientes al liderazgo federal.

Sin embargo, por aquí se están escuchando voceros que no han entendido ese simple esquema, que configura nuevos surcos cuyos bordes y suturas han recibido nuevos fuegos templados que distorsionan claramente los reconocibles rostros del sanchismo y del susanismo, sobre todo porque entienden, erróneamente, que las grupas de esos recios corceles les pueden llevar a atravesar la cordillera de las elecciones primarias canarias, distintas, obviamente, en forma y fondo, a la nodriza federal.

De hecho, la mayor distorsión que se vislumbra en este trance que el partido afronta en las Islas tiene que ver con la supuesta identificación de los presumibles paladines de la tropa local con lo que hasta hace muy poco tiempo defendían, máxime cuando las filas de aquella no se mantienen prietas, sino atribuladas, al menos con dispares alineamientos según la ínsula sobre la que se aplique la lente.

En todo caso, más allá de las bravas lavas que siempre alimenta el partido bajo la roca de su aparato, sobre todo cuando ha de exteriorizar las esquirlas de su ardiente rugido de mil demonios, el río incandescente que discurre por varias lechadas sociales mantiene el calor que le sigue dando vida como transformador de su paisaje.